jueves, 20 de junio de 2019

Pedro Malagón y Elda Milena Malagón


20 de Junio de 1996 

Pedro Malagón creció en Meta, presenciando todos los cambios organizativos de los movimientos agrarios, por eso desde su juventud se interesó por las luchas de la tierra y su comunidad, logrando ganarse el afecto de las personas que lo rodeaban. 

Como militante y defensor viajó de un lado a otro, entre los municipios de Granada, El Castillo, Lejanías y Mesetas. Tiempo después de nacer la Unión Patriótica, fue elegido como diputado a la asamblea del Meta y posteriormente Concejal del Castillo.

La familia Malagón siempre fue perseguida por amenazas de muerte, por lo cual se vieron obligados a huir de los caseríos de Viotá, en Cundinamarca, para refugiarse en el Ariari, explorando otros horizontes donde existiera menos violencia. Desde ese entonces Pedro siendo menor de edad se consagró al campo con sus padres.

Conocido por ser un campesino sin temor a tomar nuevos riesgos en medio de los crímenes cometidos contra la Unión Patriótica, comenzó con su vida política en 1984, siendo reelegido nuevamente a la Asamblea de la región del Castillo en 1996.

Para ese entonces ya habían más de 500 asesinados todos miembros de la Unión Patriótica en el departamento del Meta, entre estos 500 se encontraba el diputado Rafael Reyes Malagón, hermano de Pedro, el senador Pedro Nel Jiménez, varios alcaldes, decenas de concejales y cientos de activistas.

Pedro Malagón fue diputado a la Asamblea Departamental del Meta por la Unión Patriótica, integrante del comité cívico de Derechos Humanos del Meta y un reconocido dirigente del Partido Comunista Colombiano (PCC), muchos de los miembros ya habían sido asesinados, y él ya había recibido diversas amenazas de muerte y varios atentados, uno de ellos fue organizado por Pedro Bárreto, comandante del puesto de policía de Medellín del Ariari en conjunto con los paramilitares bajo el mando de Víctor Carranza.

Pedro, cada vez que iba a su oficina de diputado en Villavicencio recibía amenazas. Y unos días antes de su muerte, el Ejército allanó la casa del partido comunista. Decomisando varios accesorios de seguridad como revólveres chalecos antibalas pertenecientes al servicio de seguridad de Pedro.

El 20 de junio de 1996, sintiéndose más seguro en casa y agobiado por un dolor de ojos, decidió no ir a su oficina. A las 6 de la tarde salió al antejardín de su casa para examinar unas reparaciones que adelantaba.

Pedro se encontraba en el antejardín de su vivienda en el barrio “El Paraíso”, cuando aparecieron en su residencia un grupo de hombres armados de la estrategia militar encubierta del Batallón 21 Vargas de la Brigada séptima del Ejército y dispararon en contra de Pedro. Elda Milena quien tenía 17 años de edad, intentó proteger a su padre abrazándolo, pero murió en el intento.

Dos sicarios atentaron contra su vida y la de su hija. Los asesinos habían rentado una habitación en la casa de enfrente. Pedro recibió un disparo en la cabeza y Elda queriendo proteger a su padre, recibió dos disparos que también acabaron con su vida.

El jueves 20 de junio de 1996, perdieron la vida Pedro Malagón y a su hija Elda Milena Malagón en la ciudad de Villavicencio.

El esmeraldero Víctor Carranza es uno de los principales autores intelectuales de las muertes de los militantes de la UP en el Meta.

El día del sepelio, acudieron miles de campesinos, recordando a Pedro como un acompañante excepcional en la lucha por la tierra, el que siempre estuvo presente por la defensa de los derechos de su comunidad, el que tenía un carisma que los envolvía de alegría, el “viejo Peter” así lo llamaban de cariño, asesinado a sus 60 años de edad. Obligado a dejar a su familia de siete hijos y su esposa.

Protegiendo a su padre con un abrazo, Elda Milena también perdió la vida, ambos, padre e hija, asesinados por la estrategia militar encubierta de la Brigada VII del Ejército.

El recuerdo de Pedro y Elda queda en la memoria de los familiares, de los campesinos de la región, de los sobrevivientes que tienen la posibilidad de terminar los sueños, las afirmaciones de derechos sobre la tierra, la verdad y la justicia.

La Comisión interamericana de Derechos Humanos culpó al Estado por negligencia en la protección de Pedro Malagón, la Fiscalía General de la Nación declaró este como un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, no hay investigados, no juzgados, ni condenados, este crimen continuo en la impunidad, los asesinos materiales e intelectuales de Pedro y Elda gozan de libertad.

Pedro Malagón y Elda Milena Malagón en la Memoria.
Pedro Malagón y Elda Milena Malagón Sin Olvido.

martes, 11 de junio de 2019

Masacre de La Granja


 11 de junio de 1996

La Granja es un corregimiento ubicado en el municipio de Ituango, al norte del departamento de Antioquia. En junio de 1996, un martes 11, incursionaron aproximadamente 30 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) obligando a que la población cerrara los establecimientos y que salieran todos de sus casas.

Cuando reunieron a toda la población torturaron en frente de todos los pobladores, a cinco campesinos, algunos de ellos líderes sindicales, acusados de ser auxiliadores de la guerrilla de las FARC. Los familiares de William de Jesús Villa García, Graciela Arboleda, Jairo de Jesús Sepúlveda y Héctor Hernán Correa García vieron sufrir y morir a sus familiares en manos del grupo paramilitar al mando de Carlos Mauricio García alias “Doble Cero”, asesinado en 2004 y por ordenes de los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso, quienes serían también los presuntos autores intelectuales del crimen. 

Junto a la Masacre de El Aro y San Roque la población abandonó su tierra, más de 700 personas fueron desplazadas forzosamente y perdieron sus cosechas de pancoger, sus viviendas y los espacios comunitarios se deterioraron, el puesto de salud, la institución educativa, el tejido social fue afectado, se dio una desintegración familiar e incluso perdida de sus costumbres. Los hechos ocasionaron graves daños individuales y colectivos.

Esta masacre fue promovida por un grupo de comerciantes y ganaderos que tenían de referente esta zona como un territorio controlado por las FARC, los patrocinadores era supuestas víctimas del grupo guerrillero y por ello promovieron la masacre, ofrecieron 300 millones de pesos a los paramilitares para asesinar a los campesinos, además se contó con la complicidad del Ejército, siendo señalado el general Monsalva.

Luego, el 27 de agosto de 2001, la población volvió a escuchar un rumor que decía “Ya vienen los paras." Los pobladores comenzaron a huir, algunos se encerraron y a las 6 de la tarde comenzó un enfrentamiento entre las Autodefensas y las FARC, por segunda vez, se dio otra masacre dejando a seis personas muertas y nuevamente la comunidad fue desplazada.

La Fiscalía general de la Nación determinó que las víctimas eran solo campesinos y que estos nada tenían que ver con los grupos subversivos.

Años más tarde durante la desmovilización de los paramilitares con la Ley de Justicia y Paz,  Salvatore Mancuso y Franciso Villalba vincularon a Álvaro Uribe de ser uno de los autores intelectuales de la masacre, junto a los hechos ocurridos en El Aro, quien para aquel entonces era gobernador de Antioquia e indicaron que este tenía conocimiento de las incursiones armadas, Mancuso confesó que las campañas presidenciales de Álvaro Uribe en 2007 fueron financiadas por paramilitares en ciertas regiones del país y además se afirmó que se buscaba mantener el control de estos corregimientos por ser parte de un corredor estratégico para la circulación de narcóticos.

En 2015, la magistrada María Consuelo Rincón reiteró investigar a Uribe por acción u omisión en esta masacre y el Tirbunal Superior de Medellín también ordenó que se le investigara por el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien habría advertido de la llegada de los paramilitares a El Aro, La Granja y San Roque, en Ituango.

En las acciones armadas se vinculó al comandante de la IV Brigada, el general Carlos Alberto Ospina,  el comandante de la Policía de Antioquia, Carlos Emilio Gañán, al exgobernador y a Pedro Juan Moreno exsecretario de la gobernación de Antioquia. En 2011, un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos profirió resolución de acusación en contra del Mayor de la Policía, José Vicente Castro, quien era comandante de una subestación de policía, la cual figura como cómplice de lo ocurrido.  

El 1 de julio del 2006 a través de la sentencia “Las Masacres de Ituango VS. Colombia” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se condenó al Estado por la masacre y ordenó pagar una indemnización de 3.400 millones de pesos a los familiares de las víctimas.  En 2018, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaro el homicidio de Jesús María Valle, la masacre de la Granja, El Aro y San Roque como Crímenes De Lesa Humanidad.

Pese a las acusaciones, testigos, testimonios, sentencias y demás pruebas, la impunidad persiste y el silenciamiento de la verdad ha sido uno de los limitantes principales para la reparación de las víctimas y para una verdadera paz. Hoy los jóvenes del corregimiento luchan por mantener viva la memoria de quienes fueron torturados y asesinados para que la historia nunca más se repita.

Víctimas de Masacre de La Granja en la Memoria. 
Víctimas de Masacre de La Granja Sin Olvido. 

Imagen: Luis Benavides. El Espectador. 

sábado, 8 de junio de 2019

Uriel Gutiérrez - Día del estudiante caído

8 y 9 de junio 1929 y 1954

“Que vivan los estudiantes - que marchan sobre las ruinas - con las banderas en alto - va toda la estudiantina” Mercedes Sosa

Porque somos la levadura del pan, los pajaritos libertarios dispuestos con su ciencia a transformar el corazón colombiano. Hacemos memoria porque es una necesidad para saber quienes somos, porque las paredes de la universidad gritan  lo que los medios de comunicación callan, en los pasillos se oye la voz de Gonzalo Bravo Pérez y Uriel Gutiérrez.

El espíritu estudiantil es una historia con muertos  y torturados, de  las clases en las calles. Cada caído es una razón mas de seguir siendo un frente por la educación publica y la paz. Luego de 60 años, seguimos conmemorando en medio de la censura y el orden, el día del estudiante caído.

El día del Estudiante caído se remonta al 7 de junio de 1929, fecha en que los estudiantes se tomaron las calles para manifestar su repudio a la masacre de las bananeras y el nombramiento del General  Cortez Vargas durante el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez.

Durante la protesta es asesinado Gonzalo Bravo Pérez,  estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, quien se dirigía hacia un café cuando fue alcanzado por un disparo de la Guardia Presidencial. El 9 de Junio de 1929, gran cantidad de personas asisten a su entierro y la Universidad Nacional se mantiene en paro exigiendo investigación sobre los hechos.

25 años después,  en medio del conflicto bipartidista, se impone la dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla ; el 8 de Junio de 1954, nuevamente los estudiantes en un acto de sin olvido, deciden protestar en las calles recordando a Gonzalo Bravo Pérez, el saldo fue de una arremetida violenta por parte de la fuerza publica.

Cuando los estudiantes se devolvían hacia la institución universitaria, llego la policía y  dio orden de desalojo, a lo cual la comunidad universitaria se rehusó a acatar, minutos después llego un camión del ejercito y disparo una ráfaga sobre los estudiantes acabando con la vida del compañero Uriel Gutiérrez.

El cuerpo de Uriel fue llevado a la Facultad de Derecho, donde los estudiantes solicitando una investigación del caso por el gobierno, la destitución de las directivas de la Universidad.

Al día siguiente,  mas de 10000 estudiantes de distintas universidades sin ningún temor frente a lo ocurrido, volvieron a las calles en respuesta del asesinato, deciden tomar la calle 26, luego la carrera séptima y llegar a la actual avenida Jiménez.

El entonces Batallón Colombia del ejercito, reconocido por haber participado en la guerra de Corea, detiene la marcha y comienza a abrir fuego contra el movimiento estudiantil, asesinando 11 personas, entre ellas los compañeros Álvaro Gutiérrez, Elmo Gómez Lucich, Hernando Morales, Rafael Chaves Matallana, Jaime Moure Ramírez, Hernando Ospina López, Hugo león Vásquez y Jaime Pacheco.

Luego de lo sucedido, Gustavo Rojas Pinilla declara Estado de Sitio y prohíbe cualquier tipo de movilización, se declara el cierre de la Universidad Nacional y se detienen a mas 500 personas.

Desde entonces los Movimientos obreros, campesinos indígenas y juveniles nombraron el 8 y 9 de Junio como el día del estudiante revolucionario caído.

Esa misma tarde, Luciano Pabon Nuñez, ministro de la dictadura, afirmo que lar marchas habían sido infiltradas y supuestamente los tiros iniciaron contra los soldados dejando dos muertos y siete heridos. El 9 de Junio de 1954, marco el inicio de un Movimiento estudiantil aguerrido que seria protagonista de la caída de Gustavo Rojas Pinilla.

Hechos como el de esta fecha, o como el 16 de Mayo de 1984, quedan escritas en todas las universidades, en cada pupitre del territorio nacional, aquellos tristes hechos no pueden seguir a la sombra deshonesta del Gobierno, sin investigaciones realmente exhaustivas,  la única forma de no olvidar es la movilización social, seguir en la pelea por una educación digna, por un país en paz.

Por nuestros muertos ni un minuto de silencio!!!

Uriel Gutiérrez y los estudiantes caídos en la memoria.
Uriel Gutiérrez y los estudiantes caídos sin olvido.

viernes, 7 de junio de 2019

Gonzalo Bravo Pérez

8 y 9 de junio 1929 y 1954

Desde el 7 de junio de 1929 estudiantes se tomaron las calles para manifestar por la Masacre de las Bananeras y el 8 de de junio de 1929 quedaron marcadas en la historia las huellas de sangre de Gonzalo Bravo Pérez, estudiante de derecho de la Universidad Nacional quien fue asesinado durante una movilización estudiantil, que él lideraba, para protestar por el gobierno de ese entonces en cabeza de Miguel Abadía Méndez. 

Gonzalo, junto a un grupo de estudiantes, ese 8 de junio de 1929, marchaban en protesta por la crisis que se estaba viviendo en el país a raíz de la violencia que estremeció a un centenar de campesinos y trabajadores y que se manifestó en diferentes hechos atroces contra la población civil, uno de los más recordados fue la masacre de las bananeras. 

Los estudiantes apostaron sin miedo a exigir justicia y reparación por los daños causados a sectores sociales campesinos, obreros y estudiantiles ocasionados por las políticas de opresión.  

Su recorrido terminó en la casa de Nariño, en ese entonces, conocido como Palacio de la Carrera, cuando la Policía intentó disolver la concentración con disparos a los manifestantes, esparciendo en el ambiente el miedo, pretendiendo silenciar las exigencias: el fin de la “rosca”, término usado por los estudiantes, para definir al régimen que estaba incautando la justicia.  

Gonzalo Bravo Pérez, estudiante comprometido con su carrera, fue la víctima fatal de las balas de la Policía. 

Gonzalo, pertenecía a una familia de tradición en la vida política del país, él comprometía su futuro con miras a ser el símbolo de la unión a nivel nacional en contra de la dictadura. Su sepelio movilizó a miles de ciudadanos. 

En menos de un año del asesinato de Gonzalo, el gobierno de Miguel Abadía Méndez se vino abajo debido a las graves situaciones de orden público que a raíz de las actividades de opresión y persecución a los sindicalistas y una aguda crisis económica, obligaron a Abadía a dejar su cargo como mandatario en 1930.  

Desde el asesinato de Gonzalo en 1929, el 8 de junio, los estudiantes universitarios acostumbran conmemorar este día, en sus inicios preparaban dos momentos de conmemoración, la primera parte consistía en movilizarse al cementerio central de la calle 26 al sepulcro de Gonzalo Bravo Pérez y posteriormente, regresar a la universidad a realizar actividades deportivas. 

Veinticinco años después, un 8 de junio pero esta vez de 1954, durante la conmemoración acostumbrada, después de la visita a la tumba de Gonzalo y al regreso de la movilización a las instalaciones de la Universidad Nacional, por la calle 26, la paz del evento fue quebrada por la presencia de un grupo de la policía nacional quienes ordenaban el despeje y la disolución de los estudiantes que se encontraban en el acto conmemorativo. 

Ante la presión de la policía los estudiantes se opusieron rotundamente a su presencia y decidieron resistir liderados por un estudiante de medicina y filosofía, de nombre Uriel Gutiérrez. 

Uriel, con un alambre de púas bloqueó el paso de la Policía en la entrada de la universidad que colinda por la calle 26, pero una ráfaga de disparos de la policía cegaron su vida, su muerte fue a causa del impacto de una bala en su cerebro. 

De inmediato los estudiantes organizaron una protesta masificada, que saldría el 9 de junio, hacia el palacio presidencial, En ese entonces bajo el mando del General Rojas Pinilla, quien llevaba un año en la presidencia. 

Eran 10.000 estudiantes de diferentes universidades, la Nacional, la Javeriana, el Externado, los Andes, la Libre, el Rosario, la Gran Colombia y algunos estudiantes de bachillerato, quienes se movilizaron, pero nuevamente los agentes del Estado les impidieron el paso en la calle 13 con octava y séptima, sin embargo, la marcha estudiantil optó por sentarse en los andenes de la calle, coreando consignas de justicia y condena a los asesinos de Uriel Gutiérrez.

Ese mismo día, 9 de junio de 1954 siendo las 11 de la mañana, tropas del Ejército Nacional de Colombia, irrumpieron la concentración estudiantil con una ensordecedora ráfaga de balas de fusil disparando en contra de los estudiantes, esta vez dejando nueve muertos y 25 heridos. 

Nueve estudiantes, nueve seres humanos, nueve jóvenes que reclamaban justicia por la vida de Uriel, cayeron sin vida ese 9 de junio en el centro de Bogotá, sus nombres y sus cuerpos eternizaron el recuerdo amargo de ese día.

Ellos, símbolo que se mantiene en la memoria del movimiento estudiantil, quedaron inmortalizados a través de sus nombres: Álvaro Gutiérrez Góngora, Hernando Ospina López, Jaime Pacheco Mora (quien fue perseguido y asesinado a dos cuadras al norte de la Av, Jiménez), Hugo León Velázquez, Hernando Morales, Elmo Gómez lucich (de nacionalidad peruana, activista de la juventud comunista), Jaime Moore Ramírez, Rafael Chávez Matallana y Carlos Grisales. 

El General Rojas Pinilla, en ese entonces presidente de Colombia, a través del ministro de Gobierno, Lucio Pabón y el general Duarte Bum, comandante del ejército, acusaron por el asesinato de los estudiantes a los conservadores que no habían apoyado el llamado Golpe de Opinión contra Laureano Gómez que se dio el 13 de junio de 1954.

Los ministros bajo el mandato del General Rojas Pinilla, afirmaron que vieron disparos desde uno de los edificios cercanos al sitio de la manifestación y que dichos disparos dieron en el cuerpo del sargento que comandaba la tropa. El ministro de Justicia, Gabriel Paris afirmó: “Los soldados cayeron primero, yo lo vi” quien seguía los hechos desde una ventana de su oficina. 

Sin embargo meses después en una de las investigaciones oficiales se demostró que los autores materiales del crimen no eran los que habían sido acusados por el gobierno del General Rojas Pinilla y tampoco iniciaron más investigaciones para apresar a los responsables de los asesinatos, por lo que tampoco hubo una condena. 

Estos crímenes han quedado en la impunidad, el recuerdo de los estudiantes que exigieron sus derechos se mantiene en la actualidad en cada aula universitaria, en cada grupo estudiantil, en cada expresión de rebeldía y libertad, aún sin que la justicia haya llegado.

Estos hechos violentos han atravesando la historia de Colombia y desde ese 8 de junio de 1929, se repiten una y otra vez, en cada primero de mayo, en cada marcha reivindicativa, en cada expresión social que cuestione, que se vea y se sienta diferente a lo establecido, cada expresión de repudio y exigencia de justicia, cada asomo de inconformidad intentará ser oprimido, por las fuerzas estatales, callado por el terror, invisibilizado y deslegitimado por los medios masivos de información. 

Esta es la realidad de las luchas y de las reivindicaciones sociales. Pero que ante la opresión hoy se construye memoria, la memoria de los que han sido desaparecidos y asesinados, son el legado para las nuevas generaciones que hoy con más fuerza abanderan las mismas luchas, la memoria, un impulso para seguir caminando por la justicia, por la verdad, por la igualdad. La historia también muestra que no podrán parar los sueños de millones de estudiantes, campesinos, trabajadores, mujeres y hombres que apuestan la vida por un país mejor. La historia muestra que somos más. 

En memoria de Gonzalo, Uriel y todos los jóvenes asesinados, el 8 y 9 de junio de 1929 y 1954 inmortalizados hoy día del Estudiante caído en Colombia.

Gonzalo Bravo Pérez en la Memoria.   
Gonzalo Bravo Peréz Sin Olvido.


Ana Fabricia Córdoba

                                                          Junio 07 2011 


Ana Fabricia Córdoba lideresa del Urabá, reclamante de tierras, miembro del Movimiento de Mujeres de Negro Contra la Guerra de la Ruta Pacífica de las Mujeres en Colombia, organización que se pronuncia ante las situaciones de violencia que afrontan niñas, jóvenes y mujeres, en el marco del conflicto armado, lideresa de Latepaz (Lideres Adelante por un Tejido Humano de Paz) y de la Mesa Interbarrial de Desconectados.

Desde muy joven padeció la violencia bipartidista y el destierro por la misma, luego, debido a su activismo y compromiso con la comunidad, desde los 51 años de edad, Ana, empezó a sufrir los atropellos cometidos por paramilitares en contra de su familia por el Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia al mando de Ever Velosa alias “HH” y tras la muerte de su primer esposo se vio obligada a huir del Urabá Antioqueño y luego del asesinato de unos de sus hijos de 13 años de edad paso a refugiarse en la ciudad de Medellín, en el barrio La Cruz, Comuna 3, en 2001.

Desde el año 2002 se intensifico la estrategia paramilitar en los barrios de Medellín especialmente en La Cruz y La Honda y Ana Fabricia valientemente denunció los abusos cometidos por parte de la Policía de la Estación de San Blas (Manrique), quienes torturaban y le dé daban tratos crueles a los jóvenes del barrio entre ellos sus propios hijos.

Sus denuncias también ponían al descubierto la connivencia de la fuerza pública con grupos paramilitares siendo clara en señalar a miembros de la Policía pertenecientes dicha estación, de apoyar la estructura paramilitar en la zona.

Dos años después, fue acusada de ser colaboradora de la guerrilla de las FARC, por lo que estuvo dos meses en la cárcel del Buen Pastor. Ana Frabricia responsabilizó a la Policía del barrio La Cruz debido a las persecuciones y malos tratos de los que sus hijos habían sido víctimas. Seguido de esto, recibió reiteradas acciones de allanamiento sin orden judicial e intimidaciones acusándola nuevamente de ser colaboradora de las FARC.

La persecución nunca cesó y el 7 de julio de 2010 su hijo Jonatan Arley Ospina de 19 años de edad fue asesinado, Ana encontró el cuerpo de su hijo sin vida en el sector de La Honda, contiguo al barrio La Cruz. Jonatan antes de su muerte se comunicó con Ana y le indicó que lo tenía la policía los agentes Carmelo y Osorio y que lo iban a matar.

A partir de este trágico hecho Ana Fabricia denunció con más insistencia la culpabilidad de la policía, que provocó múltiples amenazas contra su vida y su familia. La Policía Metropolita del Valle del Ubarrá le propuso la práctica de un análisis de riesgo, pero la lideresa la negó debido a que sus denuncias eran contra esta entidad del Estado.

En abril de 2011 denunció públicamente la situación de riesgo, las amenazas y hostigamientos durante la sesión del Comité Metropolitano de Derechos Humanos y aun así, el 7 de Junio de 2011 fue asesinada, un hombre le disparó en su cabeza con un arma con silenciador mientras se movilizaba en un bus público de la ruta Santa Cruz. Por temor, sus conocidos, familiares y compañeras del movimiento comunitario de Medellín se desplazaron de la ciudad o se exiliaron.

El caso fue asignado a la Fiscalía número 37 de derechos humanos de Medellín, pero la Fiscal asignada se ha encargado de frenar el proceso para que lo abogados de las víctimas no conozcan ni hagan seguimiento al caso en la fiscalía.

Luego de la muerte de Ana sus familiares continuaron siendo perseguidos, amenazados e incluso asesinados. Más tarde el 1 de febrero de 2014 fue asesinado su hijo Carlos Arturo Ospina, recibió cuatro disparos en su cuerpo en el sector conocido como Naranjal.

El Asesinato de Ana Fabricia evidencia la constante persecución contra los y las líderes comunitarias que trabajan en las diferentes regiones del país y pese a todas las denuncias es clara la negligencia y omisión de parte de las autoridades que no le garantizaron la vida.

En junio de 2018 se dio la captura de Carlos Mosquera Moreno alias “Batei” señalado como responsable del asesinato de la lideresa.  Batei es acusado del crimen, líder de una banda delincuencial denominada los Triana, un grupo sicarial de Medellín.

Desde el 2010 se han intensificado las agresiones individuales contra defensores y defensoras de derechos humanos, siendo asesinatos, organizaciones sociales o de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo la vida e integridad de sus miembros, la omisión, ineficacia, negligencia se constituyen en elementos de impunidad que obstaculizan la labor legítima y legal de defensa de los derechos humanos.

Seguimos esperando a que el Estado Colombiano brinde garantías reales a los líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto armado en Colombia.


Ana Fabricia Córdoba, en la Memoria
Ana Fabricia Córdoba, Sin Olvido


miércoles, 5 de junio de 2019

Gonzalo y Humberto Zarate Triana

    Junio 05 2001

Gonzalo y Humberto Zarate Triana fueron asesinados el 05 de Junio de 2001, por “civiles” armados de la estrategia militar encubierta de tipo paramilitar de la Brigada número VII del ejército.



Sus familiares y conocidos recuerdan con tristeza, pero también con dolor, aquel 5 de junio cuando a las 7:00 a.m. ingresaron por la fuerza dos “civiles” armados a la casa de Gonzalo, ubicada en el barrio Manantial, en la ciudad de Villavicencio, disparando indiscriminadamente contra Gonzalo y Humberto en presencia de su esposa y sus dos hijos menores de edad. Seguido de esto los dos victimarios salieron caminando del lugar, pasando junto a una patrulla de la policía, y ésta sin impedir la acción de escape permitió que siguieran su camino. Pocos minutos después, varios organismos de seguridad del Estado Colombiano, allanaron la casa de Gonzalo llevándose consigo varias de sus pertenencias, como documentos de identidad y una agenda de anotaciones. Durante el allanamiento los agentes interrogaron a los familiares.


Tiempo después del sepelio y sin respeto alguno, varios hombres armados continuaron hostigando a diferentes familiares, entre ellos a la esposa de Gonzalo, quien recibió una amenaza telefónica, su vivienda fue rondada por estos hombres armados, obligándola a ella y a sus hijos a irse de Villavicencio.


La investigación adelantada por la Fiscalía Octava Delegada ante los jueces Penales del Circuito de la Unidad de Vida e Integridad Personal de Villavicencio fue archivada. Sus familiares y amigos esperando resultados en Ley 975 se entrevistaron el 08 de Agosto de 2008, con una delegación compuesta por la Fiscalía, Acción Social, Defensoría del Pueblo y la MAPP-OEA en Villavicencio. 


Las hermanas de Gonzalo y Humberto acudieron a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía de Bogotá, donde fueron informados, que el autor material del crimen fue el paramilitar desmovilizado de nombre Benjamín Parra Cárdenas, conocido como “El Flaco”, “Visajazo”, “Duvan Felipe” o “Cony”, quien se acogió a la Ley 975 Para la Justicia y la Paz con la estructura del bloque “Héroes del Llano y Guaviare”.


Este paramilitar se reconoció como autor de éste y 96 crímenes más, de los cuales la Fiscalía solo asumió 56 casos, entres ellos el de Gonzalo y Humberto.


En la tercera audiencia, donde se iba a juzgar a Benjamín Parra sólo se abordaron siete casos de los 56 asumidos, quedando una audiencia aplazada para el 27 de mayo de 2009, la cual fue cancelada por inasistencia del abogado defensor. 


A la fecha, debido a la verdad adulterada por el paramilitar que se reconoció como el único responsable del crimen, la fiscalía se ha negado a investigar los autores intelectuales quienes han orquestado la persecución a los miembros del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta, miembros de la Unión Patriótica.


Gonzalo y Humberto permanecen en la memoria de sus familiares, de sus amigos y conocidos. Se mantienen en la memoria colectiva de los sobrevivientes de los llanos orientales, luego de años de exterminio. Sus familiares hoy siguen esperando el esclarecimiento de la verdad, que se haga justicia y se generen garantías de no repetición de nuevos crímenes en el Meta.


Gonzalo y Humberto Zarate Triana en la Memoria
Gonzalo y Humberto Zarate Triana Sin Olvido


martes, 4 de junio de 2019

IV Masacre de Caño Sibao

3 de junio de 1992

Un 3 de junio, en el departamento de Meta entre los municipios de Granada y El Castillo, se vivió uno de los capítulos más tristes de su historia, cuando un grupo de paramilitares asesinó a 5 militantes de la Unión Patriótica, en lo que se conoce como la masacre de Caño Sibao.

Una delegación de la Alcaldía del municipio El Castillo, integrada por María Mercedes Méndez de García, alcaldesa saliente de El Castillo por la Unión Patriótica, William Ocampo Castaño, alcalde electo de El Castillo por la Unión Patriótica, Rosa Peña Rodríguez, tesorera municipal, Ernesto Sarralde, coordinador de la Umata y Armando Sandoval, conductor de la alcaldía fueron víctimas de una masacre perpetrada por un comando paramilitar en connivencia con la VII Brigada y el Batallón Vargas del Ejército Nacional de Colombia, en el contexto del genocidio político contra la Unión Patriótica.


En Caño Sibao, sobre la vía que del municipio de Granada conduce a El Castillo, a 10 minutos de una base militar, eran esperados por un grupo combinado de militares y “civiles” armados de la estrategia paramilitar, al parecer al mando de un teniente de apellido Rojas, quienes al paso del vehículo lanzaron varias granadas y los ametrallaron, asesinando a María Mercedes, William, Rosa, Ernesto y Armando.


Dos horas antes, María Mercedes y el alcalde entrante, William, habían estado en la Brigada 7 del ejército en Villavicencio, reclamando condiciones de protección al ejercicio político de la Unión Patriótica y al trabajo en la región. 


El gobernador del Meta, Armando Baquero, una vez enterado de la masacre solicitó a la Policía y al Ejército acantonado en El Castillo dirigirse a Caño Sibao para atender a los posibles sobrevivientes. Ni la policía ni el ejército se hicieron presentes, posteriormente dijeron que no fueron, porque posiblemente era una emboscada de la guerrilla.

En las investigaciones posteriores a la masacre, se pudo establecer que entre los autores se encontraban: Arnulfo Castillo o Hermes N. alias “Rasguño”, “Puntillón”, los hermanos Silva, paramilitares de El Dorado, que luego de la masacre se refugiaron en el Batallón 21 Vargas en Granada.

Víctor Carranza Niño, fue acusado de la masacre de Caño Sibao y de 18 procesos más y la Fiscalía lo detuvo. Fue juzgado, pero al final, salió exonerado con el argumento de que tales crímenes –sentenció la Juez Cuarta de Villavicencio, “eran imposibles de cometer por algún ser humano”. Se le acusaba también de dirigir en la región el genocidio de la UP en colaboración con altos mandos militares como el general Gil Colorado. 

Posteriormente, el Tribunal Superior de Villavicencio confirmó la condena a 30 años de cárcel contra Manuel de Jesús Pirabán, conocido como “Pirata”, como responsable por la masacre de Caño Sibao, a partir de declaraciones rendidas por uno de los paramilitares que participó en los hechos. 

“Pirata” se desmovilizó en Casibare (Meta) en abril del 2006 como comandante del “Bloque Héroes del Llano” y a partir de ese momento se acogió a la Ley 975 conocida como la “ley de Justicia y Paz”, con la cual no puede pagar penas mayores a 8 años de cárcel.

Los magistrados encontraron que el alcalde electo se encontraba en riesgo y que la reacción de las autoridades fue precaria, pese a haber conocido de las amenazas de muerte y la solicitud de dos escoltas presentadas con anterioridad.

Un fallo del Consejo de Estado condenó a la Nación y a la Policía Nacional por su responsabilidad en esa masacre que demostró la culpabilidad oficial por el exterminio de ese movimiento político de izquierda.

Han sido años de impunidad, de ausencia, de investigaciones imparciales. Años sin investigar la responsabilidad del Estado colombiano por Acción y Omisión. Años del asesinato de María Mercedes, William, Rosa, Ernesto y Armando. Años del exterminio de un sueño, de centenares de crímenes de lesa humanidad en la región del Alto Ariari.

La familia de María Mercedes y varias víctimas de de crímenes de Estado se reunieron en El Castillo para renombrar el parque de esa localidad, como Parque de La Memoria, en homenaje a las víctimas del conflicto armado en el Ariari e hicieron un rito que denominaron, ¡Nunca más!

Homenaje, afirmando el derecho a la memoria, expresado a través de un monumento en Caño Sibao, donde se juntaron las manos y fueron plasmadas junto a una placa conmemorando las vidas y sueños de los que han sido asesinados en este lugar.

“La Memoria es un derecho que nadie nos puede quitar, negar, manipular o utilizar… la Memoria es tan nuestra, como la raíz a la planta, como el tallo a la flor, y así igual de bella y frágil… la Memoria se debe cuidar, consentir, mimar… la memoria es parte de tu ser, esencia de tu vida… es de dónde vienes, donde estás y la que te acompaña en el andar… la Memoria no precisa de leyes o reglas, más que un que ya es tuya… prohibido OLVIDAR! Porque la Memoria evoca y convoca… mueve y conmueve… la memoria es resistencia al olvido, afirmando el derecho a saber, el derecho a la verdad, el derecho a exhumar los sueños.

Víctimas de la Masacre de Caño Sibao en la Memoria.

Víctimas de la Masacre de Caño Sibao  Sin Olvido.

domingo, 2 de junio de 2019

KIMY PERNÍA DOMICÓ


JUNIO 2 DE 2001


La muerte del líder del grupo Embera Katío del alto Sinú, Kimy Pernía, es la memoria la que abandera la milenaria lucha indígena, en nombre de las víctimas y de la madre tierra. Hoy Kimy Pernia es un símbolo de la organización popular en contra de las locomotoras minero energéticas que buscan desangrar nuestra naturaleza y con ella culturas ancestrales enteras que habitan en nuestro país.

Kimy Pernia nació a orillas del río Kuranzado, en la comunidad de Bengido del municipio de Tierralta, Córdoba en 1950. Su padre llamado Manuelito Domicó, era el Noko (jefe) de los Emberas, y por esa época nombró a su hijo como Juan Domicó. Posteriormente, este siendo adulto adoptó como nombre Kimy, que significa punta de lanza.

Sus primeros años los vivió en el resguardo indígena, donde conoció a el ex misionero Gordon Hamilton, quién le enseño a leer y escribir el castellano, lo cual le permitió comprender y transmitir los derechos indígenas a todos los habitantes en su territorio.

Durante los años 70s, el recién creado Ejército Popular de Liberación (EPL) guerrilla que operaba en la región, asesino a cuatro ambientalistas que realizaban un estudio cerca al río Esmeralda, fueron llevados en una lancha por el grupo guerrillero y luego abatidos con armas de fuego.

Un día junto a su padre y su tío, Kimy viajaba en la misma lancha en que fueron llevados los ambientalistas, y por esto fueron encarcelados injustamente por señalamientos del gobierno en los que supuestamente colaboraban con la guerrilla, pero sin pruebas ni argumentos, fue probada su inocencia y liberados posteriormente. 

Luego de salir de la cárcel, Kimy decidió irse a vivir solo a orillas del río Esmeralda, para alimentar su espíritu y su conexión con la naturaleza. Allí, conviviendo en armonía con su amada selva como fiel compañera, comprendió el sentido de ser un indio, de que su mundo son los animales, los ríos, las plantas, y que el Kampunia (hombre blanco) quiere apoderarse con su avaricia capitalista del territorio y sus creencias.

Siempre fue un hombre de voz pausada, pero también muy reflexivo y comprometido con la defensa de su territorio. Llegada la década de los 90s, apareció la amenaza multinacional del proyecto hidroeléctrico Urra I. Kimy, junto al mayor Alonso Domicó y el joven Lucindo Domicó se colocaron en la tarea de frenar el proyecto multinacional, así que en 1995, organizaron el Do Wambura (adiós río), movilización de 1000 indígenas desde el resguardo de karagabi, hasta el municipio de Santa Cruz de Lorica.

La segunda movilización fue la toma de la embajada de Suecia en 1996, para denunciar los incumplimientos de la empresa tras el Do Wambura. Posteriormente en 1998, Kimy Pernia, presento una acción de tutela contra la empresa Urra, cuyo fallo fue a favor de los indígenas.
Luego del auge de la lucha indígena contra Urra I, comenzaron los asesinatos, cuya primera víctima fue el compañero Alonso Domicó en 1999, lo cual obligo a que Kimy se trasladara a la ciudad de Bogotá. En noviembre de ese mismo año, viajo a Canadá, invitado por la Comisión de Derechos Humanos de las Iglesias Canadienses, y ante el parlamento de ese país, expuso la situación de su comunidad indígena.

Al volver a su resguardo, protagonizo el 29 de noviembre de 1999, la Gran Marcha Embera hacia Bogotá, que culmino frente al Ministerio de Medio Ambiente el 26 de Abril del año 2000.

Los grupos paramilitares de la zona, sabían que Kimy era un fuerte líder en contra de la guerra y las multinacionales, y por ello fue declarado objetivo militar. El 2 de junio del año 2001, recién entrada la tarde, a unos 50 metros de la casa de los cabildos Indígenas de la comunidad Embera Katío del río Sinú, tres hombres que se movilizaban en dos motocicletas se llevaron forzadamente al líder indígena. Desde ese momento no se volvió a saber nada de él.

En una entrevista el 16 de mayo de 2007, el ex Comandante paramilitar Salvatore Mancuso, confeso que la orden de asesinar a Kimy fue de Carlos Castaño. Según este ex comandante paramilitar, el líder indígena fue asesinado en el nudo de Paramillo, en Córdoba, y luego arrojado al rio Sinú.

La muerte de Kimy es impune al igual que la de Lucindo Domicó y Domingo Domicó, líderes de su comunidad asesinados por los paramilitares. Tampoco se ha dado una reparación al Cabildo Mayor del Alto Sinú.

Kimy Pernia es recordado en su comunidad, como el líder que revivió la lucha indígena Embera Katío, que enseño a su familia y amigos a organizarse para defender sus derechos, a no retroceder ante el modelo de desarrollo neoliberal que quiere imponer devastación, secar los ríos, ofertar la muerte a las comunidades indígenas.

Kimy Pernia en la memoria.
Kimy Pernia sin olvido.


Armando Cerón, Elder Daza, Henry Gaviria y Gerardo Hoyos

Familiares de desaparición forzada Argelia Cauca

2 de junio de 2008 

En la madrugada del 2 de junio de 2008 hombres fuertemente armados, pertenecientes a la estructura paramilitar de Los Rastrojos irrumpieron simultáneamente en las casas de habitación de los campesinos Armando Cerón, Elder Daza, Henry Gaviria y Gerardo Hoyos en el corregimiento San Juan de la Guadua, municipio de Argelia, Cauca.

Con insultos y amenazas obligaron a abrir las puertas de estas casas, posteriormente sacaron a los cuatro campesinos de sus viviendas, los amarraron y los llevaron con rumbo desconocido. Según se conoció posteriormente uno de ellos fue incinerado y los demás fueron asesinados con impactos de bala. Saquearon las pertenencias de las familias, intimidaron a las esposas y los hijos que se encontraban juntos a sus esposos.

Esta acción paramilitar, se dio en un escenario de militarización y control policial sobre el municipio de Argelia, departamento de Cauca, los paramilitares tomaron control de la zona desde el mes de abril de 2008. En su macabro transito asesinaron y desaparecieron campesinos en otros caseríos de este municipio sin ningún tipo de impedimento por parte de autoridades militares, policiales y civiles.

Fueron años en que el terror paramilitar generó un desplazamiento masivo de más de 300 familias del municipio de Argelia. Armando, Elder, Henry y Gerardo son cuatro de las víctimas de desaparición forzosa que ha dejado esta actuación paramilitar, además de años de impunidad, años de incertidumbre por desconocer el paradero de estos cuatro campesinos, años de sufrimiento para sus esposas e hijos.

La comisión Interamericana de derechos benefició con medidas cautelares en julio de 2010 a 29 familias víctimas de desplazamiento forzado, asesinato y abuso sexual, pero frente a las recomendaciones hechas por esta instancia internacional, el proceso de investigación sobre estos hechos no avanza, las familias no han sido reparadas moral, ni materialmente. Los paramilitares que han sido detenidos por algunas autoridades no son investigados por estos hechos.

Los familiares de estas víctimas esperan que se haga justicia en este caso, que se dé celeridad al proceso de ubicación de los sitios donde se presume fueron asesinados y estarían los restos de los cuatro desaparecidos.

Ellos están vivos y presentes en la memoria de sus familiares, ellos como el resto de víctimas de esta actuación paramilitar, esperan un avance en el proceso de investigación por parte de las autoridades competentes para ser encontrados. Aún sus familias esperan que se conozca la verdad, que se sancione a los responsables, que haya resarcimiento de los daños causados. Ellos esperan que se haga justicia sobre este episodio.

Armando Cerón, Elder Daza, Henry Gaviria y Gerardo Hoyos en la Memoria 
Armando Cerón, Elder Daza, Henry Gaviria y Gerardo Hoyos Sin Olvido