Toma y retoma del Palacio de Justicia

6 y 7 de Noviembre de 1985

Foto: Carlitos Mario

Se cumplen 33 años del Holocausto del Palacio de Justicia y de una lucha generacional por la verdad, la justicia y la reparación. Más de tres décadas de un capítulo que aun no se cierra en la historia de Colombia, manteniendo un manto de incertidumbre para los familiares que aún se preguntan ¿dónde están? y una sombra pasiva para la sociedad civil, que en su mayoría desconoce las motivaciones y responsables de los hechos.

El 6 y 7 de noviembre de 1985, la vida cambio para varias de las personas que se encontraban al interior del palacio y sus familias, y con la retoma, se inició un camino de incertidumbre, preguntas y dolor que no cesan, no solo por lo que representó ser víctimas de tortura, asesinato y desaparición forzada, también, por la impunidad, el incumplimiento de las sanciones internacionales, y por velar los restos de un extraño, en lo que se ha pretendido justificar como errores en la disposición de los cuerpos. 

A los 94 muertos y 12 desaparecidos que habían sido reconocidos inicialmente, sin contar las víctimas de tortura, se vienen sumando los nombres de quienes se creyó descansaban en las tumbas donde sus familiares los visitaron  por años, y que ahora, gracias a pruebas y videos como en el caso del Magistrado Julio César Andrade, se sabe que salieron con vida de la edificación, dando mayores argumentos para quienes consideran que allí se fraguo un "pacto de silencio" entre actores del Estado.

En lo que va corrido del año se han reconocido y/o entregado los restos de Carlos Horacio Urán, Jaime Benítez Prieto, Libardo Duran, Alfonso Jacquin, Noralba García y Héctor Jaime Beltrán en 2017. Mientras que la lucha para los familiares de Cristina del Pilar Guarín, Gloria Stella Figueroa, David Suspes Celis, Lucy Amparo Oviedo, Carlos Augusto Rodríguez, Bernardo Beltrán, Gloria Isabel Anzola, Norma Constanza Esguerra, Luz Mary Portela León y Ana Rosa Castiblanco, sigue a pesar que en algunos de los casos han sido entregados parte de los restos, insistiendo en que mientras no se conozca la verdad seguirán considerándolos desaparecidos.

Hechos 

El miércoles 6 de noviembre de 1985, inició la toma del Palacio de Justicia por parte del Movimiento 19 de abril M-19, cuando aproximadamente 35 guerrilleros liderados por Andres Almares, Alfonso Jacquin y Luis Otero,ingresaron al edificio en el marco de la operación denominada “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, con el que buscaban hacer un juicio político al presidente Belisario Betancur por incumplir las promesas de paz y los acuerdos suscritos en Hobo, Corinto y Medellín un año antes de la toma.

El M19 se tomó el edificio empezando por la cafetería que estaba ubicada en el primer piso del palacio, ingresando entre las 10:30 y las 11:00 a.m., a la que respondieron inicialmente hombres del batallón Guardia presidencial, para luego dar inicio a la retoma militar por parte de las Fuerzas Armadas alrededor de la 1:00 pm, operación que se adelantó a sangre y fuego sin discriminar quien estuviese dentro.

El gobierno encabeza de Betancur, no manifestó su intención de entablar una negociación o de ordenar un alto al fuego por parte de la Fuerza Pública para que se respetara la vida de quienes estaban dentro del edificio, ni siquiera las suplicas y los comunicados emitidos por el entonces presidente de la Corte Alfonso Reyes Echandía. A las 5:30 p.m. se inició un incendio y un enfrentamiento entre M-19 y el Ejercito que se extendió hasta las 2:00 a.m. del 7 de noviembre. 

Los sobrevivientes salieron en mayor número en la tarde del primer día y otros el 7, muchos pudieron sobrevivir y otros fueron llevados a La Casa del Florero que se usó como “puesto de mando avanzado” por agentes del Estado para coordinar la operación e identificar a los sobrevivientes, apartando a quienes consideraban sospechosos de tener algún vínculo con el grupo insurgente, algunos consiguieron salir vivos de la casa museo, pero otros nunca lograron volver al seno de sus familias.

Una vez consumada la retoma, las autoridades militares se encargaron del lugar, trasladaron todos los cuerpos al primer piso, despojándolos de sus prendas, sus pertenencias personales y lavándolos para eliminar evidencias frente a los hechos. Algunos cuerpos ni siquiera figuraron en el edificio, fueron encontrados en fosas comunes, tumbas de otras personas o aún no se sabe que paso con ellos.

El proceso de levantamiento fue controlado por jueces de Instrucción Penal Militar, las actas son inconsistentes, hay sexos mezclados, nombres que no coinciden, posiciones artificiales, toda una serie de irregularidades que han truncado todo el proceso de esclarecimiento de lo ocurrido; sin que se pueda dictaminar incluso el número total de victimas mortales y desaparecidos. 

A partir de 1996, inició la exhumación de los cuerpos que se encontraban en una fosa común del Cementerio del Sur, a donde fueron llevados algunos de los restos del Palacio de Justicia y de la tragedia de Armero ocurrida tan solo 7 días después. Desde entonces, la identificación de las víctimas y la búsqueda de los desaparecidos ha dado mayores resultados que en los años anteriores, aún se espera plena claridad y adjudicación de responsabilidad, puesto que hace más de tres décadas las víctimas han luchado de manera constante a pesar de que esto fue para muchos una fractura personal para su vida, así como lo es para toda la sociedad. 

El duro camino por la verdad

La búsqueda por verdad y justicia ha sido interminable y dolorosa con un sinfín de contradicciones en el camino. En ese escenario los protagonistas han sido miembros del M-19, si bien algunos militantes hoy hacen parte de otros escenarios políticos, quienes planearon y participaron en la toma del Palacio de Justicia no sobrevivieron; por otro lado, están los militares quienes pese a que han sostenido que actuaron siguiendo ordenes, no hubo consideración por la vida, ni los derechos de las personas que estaban al interior del Palacio.

En el marco de las investigaciones, se ha prestado especial foco en el Comandante de la Brigada XIII del Ejército, Jesús Armando Arias Cabrales, quien fue destituido en 1990 pero hasta el 2011 se imputo una condena de 35 años de cárcel; el Coronel en Jefe del B-2 Edilberto Sánchez Rubiano, quien, también fue destituido en 1990 y hasta diciembre de 2015 se le dio una condena de 40 años de prisión junto al mayor Oscar William Sánchez, que esperan casación por parte de la Corte Suprema de Justicia, que les proporcione la libertad. Por otro lado, en el marco del actual proceso de paz Arias Cabrales y Alfonso Plazas Vega negaron presentarte ante la Jurisdicción especial de Paz, solicitud que si fue hecha por el General Iván Ramírez Quintero.

El mismo comandante de la Escuela de Caballería, Coronel Plazas Vega, ha sido uno de los protagonistas principales del caso, no solo por presentarse como un héroe por los hechos ocurridos, siendo la imagen que se presentó ante los medios de comunicación en el momento. El 16 de julio de 2007 fue capturado iniciándose un proceso judicial en su contra por los desaparecidos y los hechos del Palacio, el 9 de junio de 2010 fue condenado a 30 años de prisión y el 16 de diciembre de 2015 fue absuelto de los cargos por parte de la Corte Suprema de Justicia, lo cual para los familiares significo un retroceso, una burla y la destrucción de esperanzas para hacer justicia. 

Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizo al Estado colombiano en 2013 por la desaparición de doce personas en el Palacio de Justicia, en 2014 condena oficialmente a Colombia y ordena continuar con la búsqueda, sentenciar a los responsables y reparar a las víctimas de forma simbólica y económica. En 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos se pidió perdón de manera pública por la responsabilidad estatal, sin embargo se desestimó cualquier tipo de investigación sobre el entonces presidente Belisario Betancur, e incluso Santos le pidió perdón por la solicitud hecha a la CPI por el Tribunal Superior de Bogotá. 

Muchos familiares de las victimas ya fallecieron sin conocer la verdad de los hechos o recibir justicia, hoy siguen otras generaciones emprendiendo la búsqueda, pese a que evidentemente los procesos han sido demasiado tardíos, un caso que en tres décadas no ha podido siquiera acercarse a un final, siendo los familiares revictimizados no solo por la impunidad sino que también, frente a el discurso creado sobre sus parientes, como si no merecieran la vida que se les arrebato y por el silencio que muchos han debido mantener por años dadas los hostigamientos para limitar cada paso hacia la verdad.

A pesar del tiempo transcurrido y que tenga que transcurrir, o de los obstáculos encontrados, las familias han manifestado que no renunciaran a la búsqueda de la verdad y la justicia, se persistirá por mantener la memoria de sus seres queridos, por una herida abierta que continuara así, hasta que no se hallen transformaciones mínimas en los horrores de la violencia y el conflicto estructural en Colombia. Hoy, y después de 33 años sigue viva la exigencia por los derechos de las víctimas y los familiares, porque esto nunca más se repita. 

Víctimas del Palacio de Justicia en la memoria

Víctimas del Palacio de Justicia Sin Olvido

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Eduardo Umaña Mendoza

18 Abril 1998 - 18 abril 2017

Maestro y amigo

Pasa el tiempo, pero no se borra, está en nuestra memoria. Pasa el tiempo y el vacío se experimenta. Pasa el tiempo volvemos a sus secretos, a los más humanos y los más profesionales. Pasa el tiempo y entre falsos profetas, le seguimos añorando, pero le seguimos honrando, hace poco lo hicimos, en un espacio de elaboración individual y colectivo, de lo no llorado, de lo a veces negado. 

No olvidamos sus secretos compartidos en su hogar que se convirtió en el recinto de una y decenas de víctimas; no olvidamos sus expresiones de tenacidad y sus llantos porque el mundo iba de mal en peor; no olvidamos su fumadera con ilusiones que iban como el humo formando una humareda; no olvidamos el café, un whisky o una cerveza; un viaje a Armero, un viaje a Chia, un viaje a las cárceles, un viaje a Medellín, unos viajes a Urabá; unas conferencias en la CRC, en la Universidad Javeriana, en El Externado, en la Nacional; una y miles de encuentros desde la 6 de las mañana pensando en como proteger los derechos de detenidos politicos, de desaparecidos forzados, de víctimas del paramilitarismo de Estado en fin.. Ese Eduardo humano, profundamente humano, tierno y radical, triste y lleno de alegría, analista y polémico, el jurista y el defensor de los derechos de los pueblos. 

La exhaustiva investigación de su asesinato no ha llegado a dónde es, o a procesar a quiénes se debe. Algunos de los secretos guardados los ha ido revelando Diego Murillo, extraditado en los Estados Unidos, pero el militar, el General que participó en su asesinato, sigue campante en libertad, incluso, hablando de paz. 

Esas verdades siguen ahí en expedientes, en computadores en los que el "delete" no es necesario porque esto que llamamos "justicia" es solo un nombre, una realidad. 

Hoy René, René Guarín comparte retazos de esa memoria, ese querido René, que nos trae en el recuerdo los múltiples diálogos en una banca enfrente de la oficina del extinto Telecom en el barrio Pablo VI, en la que nos habló de la vida de René. 

Aquí las palabras de René, las de la Memoria, de nuestro Maestro y Amigo.

Eduardo Umaña y Rene Guarin 

El mes de abril de 1994 fue particularmente difícil, el día 6 se mezclaron de manera trágica los cuerpos de mi papá y mi hermano en el mismo edificio de la Clínica San Pedro Claver, mientras mi papá salía de operación de cáncer de colón y lo instalaban en el piso 4, mi hermano Carlos moría después de 19 comas diabéticos en el pasillo de urgencias.

No sabía que hacer primero, si recoger el cadáver de Carlos o pasar a donde mi papá que aún estaba sedado y decirle que habláramos con el director de la clínica para que le permitiera una ambulancia que lo llevara a jardines del recuerdo a enterrar a su hijo mayor; no recuerdo que se hizo primero, pero las dos cosas tocó hacerlas en un solo día. 

Nunca he podido olvidar la mirada perdida y dirigida al horizonte de un Jose Eduardo que dio la espalda a todos los asistentes, tan pronto como sonó la cadena que bajaba el cadáver de Carlos y observabamos la imágen de mi papá en la silla de ruedas con el suero colgando viendo caer el cajón al sepulcro. 

Me acerqué a donde Eduardo a preguntarle qué sentía, qué pensaba de la escena que nos había puesto el destino de frente y sus ojos llorosos solo me permitieron escuchar un "hijueputa vida", mientras él, como ya era costumbre fumaba mirando al más allá pidiendo una respuesta. 

Unos meses después me acompañaría con Patricia y con su sonrisa en mi matrimonio , tres años después apagarían su voz e iniciarían una "exhaustiva investigación" de aquellas que todos conocemos. 

Un pequeño homenaje a un abogado que hasta sus últimos días acompañó la lucha de los familiares de desaparecidos de palacio. Hasta siempre amigo Eduardo 

Eduardo Umaña en la memoria 

Eduardo Umaña Sin Olvido 

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Eduardo Umaña Mendoza

Abril 18 de 1998 - Abril 18 de 2016

Los noventas huelen a humo de silenciador. Silenciador de bala, de calle, de pasamontañas, de orejas, sentidos, ojos, de niños y ancianos. Los dos mil, saben a lágrima salada, cansado desplazado, dormida conciencia.

Dieciocho años con humos que oscurecen los horizontes y sinsabores que apestan las voces. Dieciocho de nuevos viejos caminos a los olvidos. Nuevo siglo que no es el mismo pero es igual; nuevo siglo con más cruces, más agonías.

Eduardo Umaña Mendoza, amigo del alma, amigo de sueños, amigo de travesuras. Eduardo hijo del maestro Eduardo Umaña Luna, abogado penalista y de una bella mujer, Chely, su incansable cómplice.

Su incansable búsqueda de la verdad lo llevó a defender importantes casos en pro de los derechos humanos. Había seguido el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, defendió a sindicalistas y a numerosas víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Después de las múltiples amenazas que recibió en su vida, José Eduardo Umaña, fue asesinado, sus victimarios desarrollaron una acción encubierta dirigida desde una Brigada militar 20, luego de que dos hombres y una mujer al haberse hecho pasar por periodistas entraron a su oficina y trataron de secuestrarlo. Eduardo se negó a ser llevado a la fuerza. Siempre lo había dicho si vienen por mí y me pretenden desaparecer yo no me dejo llevar. Por eso, le dispararon.

Un sábado 18 de abril, antes del medio día, en su apartamento, lugar habitado por la búsqueda insaciable de la justicia, espacio pequeño que albergó grandes ideales, en que se dispersaron humaredas de cigarrillo para apaciguar la ansiedad, en que se esparció el aroma del café por todo rincón, en ese nicho de acogida, en donde el llanto de los excluidos encontraba reposo, los perseguidos judicialmente encontraban esperanzas, y las víctimas de Crímenes de Estado una mano amiga, en ese recinto fue asesinado José Eduardo Umaña.

Su opción por la vida, justicia real como democracia plena, derechos de los pueblos como concreción de los derechos humanos, lo llevó a asumir la posibilidad de saberse cierto de la tortura, la desaparición forzosa o de su asesinato del Estado, por eso prefirió morir enfrentando a sus victimarios, se enfrentó a aquellos que fueron a cumplir la misión que otros, diseñaron y definieron, esos otros que hoy siguen disfrutando de honerosas pensiones militares, usufructuando el poder político y económico en Colombia.

La primera orientación de la investigación permitió evidenciar el papel desempeñado por los miembros de las fuerzas armadas y del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía la que se fue diluyendo en medio de un montaje procesal con un falso "testimonio espontáneo" de un detenido de la prisión de Guaduas que dijo conocer los asesinos de José Eduardo Umaña Mendoza.

Once años después, Salvatore Mancuso confesó ante la Fiscalía que el asesinato de Umaña Mendoza se dió bajo la orden de las AUC, después de que se reunieran sus jefes, entre los que se encontraba Carlos Castaño, en una finca de nombre “La Marranera”. Su versión inicial y la forma como fue divulgada la noticia por las fuente oficiales ocultaron los nombres de los responsables en altos mando militares de su asesinato. En  2011, el caso fue llevado por la esposa Patricia y su hijo Camilo iniciaron una demanda al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dos días después de su asesinato, el 20 de abril cuando fue inhumado se experimentó como ese día gris, un gran llanto y un gran dolor, entre ellas se reflejó su gran compromiso con la gente, con la victimas, su ingenio para reivindicar los derechos humanos, su audacia para afirmar los derechos de los pueblos, su valentía para enunciar fuertemente lo que muchos temían decir, para construir una y otra vez un país donde fuera posible vivir.

Camilo Umaña Hernández, expresión del hijo, pero también de esa sensibilidad de la madre, la compañera, Patricia, la lealtad suprema, la incondicional: “Estos 15 años de injusticia e indignación no podrían ser subtitulados de muerte porque la vida de mi padre ha brotado en muchas partes, formas y personas. Estos son años de una profunda trascendencia que se siente en el colegio Eduardo Umaña Mendoza, en grupos de debate, universidades, activistas, defensores de derechos humanos y sindicatos. En estos 18 años bien vale hacer una acción de gracias. Con los pies firmes, agradecer a Eduardo Umaña Mendoza por no doblegarse, por insistir, por su ternura y solidaridad con los desaparecidos, con los muertos y torturados, con los puestos injustamente en prisión y con los que buscan otro futuro para su país. Quince años de “más vale morir por algo que vivir por nada”.

Esa es nuestra certeza, esa es nuestra experiencia, ese es nuestro sentir, en la memoria continuamos elaborando el duelo de aquel que nos inspiró, quien nos inspira a construir y a enfrentar, como el Quijote. A luchar y a imaginar un país alegre, bello, justo y en paz.

Recae en cada ser humano, entonces, la responsabilidad, no sólo de conmemorar su muerte sino de procurar siempre la verdad, la defensa de los Derechos Humanos, la justicia y la paz. Procurar que la memoria sea un paso más en la construcción de una nueva sociedad, que sus palabras sigan inspirando a muchos y muchas

José Eduardo Umaña Mendoza, en la Memoria.

José Eduardo Umaña Mendoza, Sin Olvido.

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Holocausto del Palacio de Justicia

Noviembre 06 de 1985 - Noviembre 06 de 2014

Holocausto del Palacio de Justicia

Hoy hace 29 años se marcó abruptamente la historia personal, familiar y colectiva de quienes coincidieron en transitar o estar en el interior del Palacio de Justicia en Bogotá. Durante la mañana del 6 de noviembre de 1985. Un hecho que transformó el curso de la vida de once desaparecidos y sus familias, y constató la débil democracia colombiana, su inexistencia o su imposibilidad de ser una realidad. A la vista de millares a nombre y en “defensa de la democracia” se cometieron actos deshumanizantes, crímenes de lesa humanidad que logran afectar profundamente la conciencia individual, colectiva del país y la humanidad, aunque nuestro país, siga dominado por la indiferencia. 

A pesar de que aún se mantiene el interés de amplios sectores del establecimiento, empresarios, políticos, militares, por perpetuar el silencio y la impunidad a través del olvido, los familiares de los desaparecidos, los familiares de los negados por haber optado por construir otro país con sus propias vidas, en el silencio del alma, en el encuentro de las soledades, en medio de las diferencias, ellos han persistido y han ido desmoronando la mentira y al país del olvido 

A la sede del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, a pocos metros del parlamento y de la casa presidencial, ingresaron 35 insurgentes del Movimiento 19 de Abril (M-19) que pretendían realizar un juicio político al entonces Presidente de la República Belisario Betancur debido al fracaso en el proceso de conversaciones de paz saboteado por un amplio sector de las fuerzas militares y del establecimiento colombiano.

A menos de dos horas de la incursión armada que cobró la vida de miembros del personal de seguridad del Palacio de Justicia y de algunos agentes estatales, se desató una retoma desproporcionada y excesiva, desconociendo el derecho d gentes por parte de las fuerzas militares con participación de la policía nacional y con el consentimiento del presidente Betancur. Para analistas, por más de 28 horas, tiempo que duró el operativo de tierra arrasada, el presidente Betancur tuvo que enfrentarse a un golpe militar. 

En menos de 2 horas el ejército logró derrumbar la puerta principal del Palacio y un fuego cruzado inundó el interior de la sede de las cortes.

Días antes, curiosamente, dos hechos que permite sostener que la contra toma militar estaba planificada fue el traslado a la capital efectivos militares de la brigada 7 con sede en Villavicencio para reforzar a la brigada 13 de Bogotá y, por otro lado, dos horas antes de la toma del M-19, la Casa del Florero, ubicada a menos de 50 metros de la sede del Palacio de Justicia, fue habilitada como centro de identificación y de tortura de presuntos integrantes del movimiento guerrillero. Evidentemente, la operación militar en defensa de la “democracia” había sido preparada y diseñada para extirpar todo lo que fuera en la concepción militar percibida como “enemigos, y los enemigos no tienen derechos, eran militantes del M 19, civiles, sean trabajadores o incluso, los propios Magistrados. 

Horas después del inicio de la retoma, las personas que lograban salir del Palacio eran dirigidas por el ejército hacia la Casa del Florero, donde eran identificados e interrogados, en este lugar algunos de ellos fueron torturados, ejecutados, y/o desaparecidos, 11 de ellos sin que los responsables hayan reconocido a dónde fueron trasladados y qué hicieron con ellos. 

Así como en la Casa del Florero se habilitaron cuarteles especiales, en las sedes militares también se cometieron torturas y asesinatos. En el desarrollo de estas operaciones, participaron como planificadores y ejecutores, el teniente coronel Alfonso Plazas Vega, el coronel Jesús Armando Arias Cabrales, Coronel Edilberto Sánchez.

Al interior del Palacio, los guerrilleros dirigieron a algunos sobrevivientes civiles a los pisos superiores. Los incendios y los hostigamientos en los primeros pisos los acorralaban cada vez más. Sesenta personas permanecieron desde la noche del 6 de noviembre hasta el final de la retoma en baños de aproximadamente 20m2.

Ese 6 de noviembre, la noche bogotana en pleno centro de la ciudad se convirtió en campo de batalla, un combate en el que los ataques militares propiciaron el incendio de expedientes en los que se les investigaba por diversos actos y conductas contra la ley, la cual aseguran proteger y defender. Desde esa noche el camino de la memoria se inició, aún sin que terminara la retoma de las fuerzas militares en medio del silencio forzoso institucional y mediático. 

Noemí Sanín, Ministra de Comunicaciones, ordenó a la radio parar las comunicaciones, en particular, aquella emisión radial de la cadena Todelar, en la que su director Germán Salgado, decidió repetir una y otra vez, el llamado de cese al fuego del magistrado, presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía. Esa emisora logró acceder a detalles del operativo gracias a un radioaficionado que logró casualmente acceder a las comunicaciones del ejército, las que a la postre se convirtieron en una prueba más de como los militares desarrollaron una estrategia de arrasamiento. La censura de la posterior candidata presidencial para dar paso en las cadenas a una emisión de un partido de futbol, de los equipos Millonarios – Magdalena, demostró la imposibilidad de garantías para la libertad de expresión, la banalización farandulera como sedante de la conciencia ciudadana.

El 7 de noviembre después de las cuatro de la tarde, entre ese olor del holocausto, de los huesos calcinados, del humo perdido de tanta bala, de tanta bomba, terminada la operación rastrillo, continúo el camino de la impunidad. Los militares tomaron control total de la edificación en ruinas, modificaron la escena del crimen, mientras quienes fueron llevados a la Casa del Florero, una vez más fueron trasladados al Cantón Norte, y sin ser registrados en los libros de control militar fueron nuevamente interrogados, torturados y algunos de ellos ejecutados en los días siguientes. 

Esta operación dejó como resultado la muerte de 43 civiles, 33 guerrilleros, 11 miembros de las fuerzas armadas y del DAS, así como 11 civiles desaparecidos entre empleados de la cafetería y visitantes ocasionales, y una militante del M-19, Irma Franco, desaparecida y dos estudiantes de la Universidad Externado torturados. 

Con el tiempo se conoció que algunas personas que salieron con vida del Palacio de Justicia, fueron ejecutados y posteriormente las fuerzas militares volvieron a ingresar sus cuerpos sin vida, como sucedió con el magistrado Carlos Horacio Urán. 

A pesar de los avances judiciales y de los reconocimientos jurídicos que permitieron identificar responsables de las fuerzas militares, todo en la justicia es endeble, es impunidad.

El 9 de Junio del año 2010, la juez Tercera del circuito Especializado de Bogotá María Stella Jara, sentenció a 30 años de prisión al Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega en primera instancia, decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá y que actualmente está en estudio de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, el ex general Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado en primera instancia por el Juzgado 55 penal del circuito, decisión que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificando la condena de 35 años de prisión por la responsabilidad de omisión en los casos de desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández, David Suspes, Luz Mary Portela León e Irma Franco, cinco de las once personas desaparecidas en la retoma del Palacio de Justicia. 

Sin embargo, a tan solo un día de que se ratificara la sentencia, el procurador Alejandro Ordoñez resolvió intervenir y anunció que la Procuraduría interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia argumentando que “no existen pruebas contundentes que demuestren la responsabilidad del ex militar”.

El Coronel (r) Plazas Vega, no parece en retiro, vive en una guarnición militar, dicta clases a nuevas generaciones de militares y abogados y además tiene el beneficio de asistir a reuniones y fiestas en clubes exclusivos de Bogotá.

Por su parte el ex general Jesús Armando Arias Cabrales al momento de ser notificado de la ratificación de la sentencia por parte del Tribunal Superior no se encontraba en su lugar de reclusión, según denunciaron los familiares de los desaparecidos que fueron notificados por el mismo Tribunal, lo cual demuestra que en realidad las dos condenas además de ser tardías son una formalidad más.

La justicia no existe, ¿por qué lo militares, se niegan a decir la verdad, no dicen qué pasó con los desaparecidos del Palacio de Justicia?

Esa es la justicia colombiana, injusticia, como decía, Eduardo Umaña Mendoza, siendo un brillante y humanista abogado que fue asesinado en medio del desarrollo de este proceso judicial, en el que él cimentó al lado de las familias la verdad que la memoria ha construido, muy distante de sentencias y de decisiones judiciales. 

Algunos militares implicados como el General Iván Ramírez continúan posando de prohombres y otros integrantes del B2 como Sánchez Rubiano por vencimiento de términos gozan de libertad. Sobre otros, no cursan órdenes de captura internacional como Bernardo Garzón, agente del Estado que sabe sobre lo sucedido con los desaparecidos. Pruebas y más pruebas, nunca reconocidas y otras desaparecidas en manos de los militares.

Pero la impunidad no solo ha sido para los militares sino también para responsables del poder ejecutivo, entre ellos ministros de la época que guardaron silencio ante el poder militar y que cohonestaron con el estado de barbarie. El propio presidente de la época ha dicho recientemente, que en un libro ha consignado la verdad de lo sucedido el 6 y 7 de noviembre de 1985, continúa pasando el tiempo, mientras tanto los padres y madres de los desaparecidos del Palacio de Justicia han ido muriendo, sin saber esa verdad, que quizás Betancur va a dejar ver cuando él muera, qué despropósito ante tanta indignidad.

Pero no se trata solo de la impunidad jurídica que se ha pretendido asegurar con la pérdida de pruebas, con la presión de testigos, con las amenazas a las familias, con el asesinato de Eduardo Umaña, con dilaciones injustificadas y con la falta de esfuerzos por recuperar los cuerpos de los desaparecidos, se trata de constatar el desmoronamiento de esa justicia, de sentencias judiciales que son un papel y que son adobadas con la impunidad jurídica y social.

Recientemente la Fiscalía General de la Nación pudo identificar, de los restos exhumados de una fosa ubicada en el Cementerio del Sur, los restos de Mónica Molina Beltrán y Carmen Cristina Garzón Reyes, dos guerrilleras del M 19, que todo indica fueron ejecutadas por los militares; estos hallazgos se dan como respuesta al fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá que ordenó adelantar las investigaciones necesarias para identificar a quienes fueron desaparecidos en los hechos del 6 y 7 de Noviembre de 1985.

Incluso, el propio presidente Santos que quiere pasar a la historia como el presidente de la Paz, el mismo presidente que sentenció la ley de víctimas, luego de conocer la decisión judicial de ratificación de sentencia del Teniente Coronel (r) Alfonso Plazas Vega pidió perdón al presidente Betancur y a los militares, descalificando el fallo judicial y ofendiendo la dignidad de las víctimas.

29 años después en medio de la impunidad ha sido la perseverante memoria de los familiares la que ha ido reconstruyendo la verdad histórica y la verdad judicial que los militares y el establecimiento colombiano se han negado a reconocer. Ellos continúan a la espera de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita la sentencia del caso, desde allí también alimentan su esperanza de justicia. 

Más y más palabrería, más retórica del silencio, pero más estrategia propagandística para promover las imágenes propias, los egos y protagonismos que se convierten en otra forma de propiciar la impunidad social.

Hoy después de 29 años amigos y familiares continúan buscando a los desaparecidos del Palacio de Justicia, luchando por la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la dignificación, porque ¿de qué sirven unas condenas, si los militares no reconocen lo qué hicieron? Y ¿de qué sirve una pena, si ésta es una nueva burla a las víctimas?

Son las historias de los desaparecidos, sumadas a las de los sobrevivientes de tortura Eduardo Matson, Yolanda Santodomingo y Orlando Quijano y sus familias, los que nos continúan inspirando en el camino de la memoria para no desfallecer a pesar de nuestras pequeñeces humanas, son ellos y sus familias, los signos de la imposibilidad del olvido cuando la impunidad reina. 

Impunidad terca decisión tejida de los poderosos que se desmorona con la dignidad que se expresa en la memoria, por eso, ellos somos nosotros, ellas somos nosotros

Los desaparecidos del palacio de justicia en nuestra memoria.
Ejecutados en el palacio de justicia sin olvido.
Ellas y ellos son parte de nuestra historia

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29 AÑOS SIN JUSTICIA ​¿​CUÁNTOS MÁS?

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS PALACIO DE JUSTICIA

6 Y 7 DE NOVIEMBRE DE 1985

Este jueves 6 de noviembre acompáñanos a conmemorar los 29 años de la desaparición de ​nuestros familiares ​d​el Palacio de Justicia.

2​9 años de impunidad en la memoria.

Estaremos ​en la Plaza de Bolívar​ desde las 1​1:00 a.m.​, tendremos ​toque con Cesar López, Reincidentes y la ​b​atucada la Tremenda Revoltosa.

​Sobre​ las 3​:00 ​p​.​m​.​ ​nos desplazaremos en bicicleta hacia el Cantón Norte​ y haremos un plantón allí mismo.​ ​T​rae tu bici​cleta​ y pedalea por la memoria.

JUEVES 6 DE NOVIEMBRE

¡¡¡​​NO OLVIDEN SUS BICIS!!!

​¡¡¡​LOS ESPERAMOS!!​

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Lanzamiento del libro "El suplicio de la larga espera"

El martes 19 de agosto se realizará el lanzamiento del libro de don Héctor Beltrán "El suplicio de la larga espera" en el que se hará memoria y homenaje a las madres y los padres que fallecieron buscando la verdad y la justicia de sus hijos e hijas desaparecidos del Palacio de Justicia. Así mismo se realizará un reconocimiento a los padres y madres que hasta el día de hoy han utilizado su fuerza y su vida en búsqueda de verdad y justicia. 

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Holocausto del palacio de justicia

Noviembre 6-7 1985- Noviembre 6-7 2013

Ayer hace 28 años, poco más de 20 minutos para el medio día, marcaron esta historia, familiar, colectiva, nacional, parte de los retazos de la memoria y de los desencuentros con el olvido, hoy a esta hora de la tarde, el camino de la memoria nos ha llevado a transitar los entuertos del silencio y de la mentira cuando el terror se encuentra descubierto.

A la sede del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, a pocos metros del parlamento y a unos pocos de la casa presidencial, ingresaron 35 insurgentes del Movimiento 19 de Abril, M-19, que pretendían realizar un juicio político al entonces Presidente de la República Belisario Betancourt debido al fracaso en el proceso de conversaciones de paz saboteado por un amplio sector de las fuerzas militares y del establecimiento colombiano.

A menos de dos horas de la incursión armada que cobró la vida de miembros del personal de seguridad del Palacio de Justicia y de algunos agentes estatales, se desató una retoma desproporcionada, excesiva, contra el derecho de gentes por parte de las fuerzas militares con participación de la policía nacional, y con el consentimiento, del presidente Betancour, quien asumió toda la responsabilidad, pero de quien muchos analistas afirmaron sufrió un golpe militar, por más de 28 horas, tiempo del operativo de tierra arrasada.

En menos de 2 horas el ejército logró derrumbar la puerta principal del Palacio y un fuego cruzado inundó el interior de la sede de las cortes.

Pero la operación militar estaba preparada. Días antes fueron trasladados a la capital efectivos militares de la brigada 7 con sede en Villavicencio para reforzar las operaciones planeadas en la brigada 13 de Bogotá. Todo estaba perfectamente planificado. La Casa del Florero a menos de 50 metros de la sede del Palacio de Justicia, dos horas antes de la toma del M 19, había sido habilitada como centro de identificación y de tortura de eventuales integrantes del M 19 o de sospechosos de ser para ellos integrantes del movimiento guerrillero. Todo esto ocurrió de forma premeditada horas antes que el Palacio de Justicia fuera tomado por el M 19, incluso antes que los tanques de guerra EE-09 Cascabel y Urutú ingresaran a la plaza de Bolívar.

Y efectivamente, luego del ataque por tierra, las personas que lograban salir del Palacio eran dirigidas por el ejército hacia la Casa del Florero en donde los identificaban e interrogaban, algunos de ellos allí fueron torturados, sometidos a presiones psicológicas y otros desaparecidos, 11 de ellos sin que los responsables hayan querido reconocer a dónde los trasladaron y qué hicieron con ellos, y otros ejecutados.

Esos cuarteles especiales estaban en el Casa del Florero y luego en las sedes militares a donde les llevaron, les torturaron y en algunos casos claramente les asesinaron. Ese tipo de operaciones contra la dignidad humana tuvieron como testigos y artífice entre otros, al Teniente Coronel Alfonso Plazas Vega, quién expresó que estaba “defendiendo la democracia”.

Al interior del Palacio, los guerrilleros dirigieron a algunos sobrevivientes civiles a los pisos superiores. Los incendios y los hostigamientos en los primeros pisos los acorralaban cada vez más. Sesenta personas permanecieron desde la noche del 6 de noviembre hasta el final de la toma en dichos baños de 20 m2.

Ese 6 de noviembre, la noche bogotana en pleno centro de la ciudad fue campo de batalla, un combate en el que los ataques militares propiciaron el incendió de expedientes en los que se les investigaba por diversos actos y conductas contra la ley, la que ellos dicen proteger y defender. Desde esa noche el camino de la memoria se inició, aún sin que terminara la retoma de las fuerzas militares en medio del silencio forzoso institucional y mediático.

Ese 6 de noviembre se demostró qué soporta y qué no, la democracia colombiana. Noemí Sanin, Ministra de Comunicaciones, ordenó a la radio parar las comunicaciones, en particular, aquella emisión radial que fue descubriendo detalles de las operaciones militares y la reiteración del cese al fuego clamado por Alfonso Reyes Echandía. La posterior candidata presidencial censuró las emisiones radiales, y ordenó emitir un partido de futbol, de los equipos Millonarios - Magdalena.

Es parte una imagen, entre otra memoria, la de un explosivo lanzado desde un tanque ubicado en la plaza de Bolívar, el que abrió un boquete e incendio el lugar en que se encontraban los pocos sobrevivientes, magistrados y guerrilleros del M 19, boquete que permaneció con una humareda hasta el 7 de noviembre, signo de las vidas extinguidas, de lo negado y que con el tiempo se ha develado.

El 7 de noviembre después de las cuatro de la tarde, entre ese olor del holocausto, de los huesos calcinados, del humo perdido de tanta bala, de tanta bomba, terminada la operación rastrillo, continúo el camino de la impunidad. Los militares tomaron control total de la edificación en ruinas, modificaron la escena del crimen, mientras los desaparecidos, que fueron trasladados a la Casa del Florero, una vez más fueron trasladados al cantón norte y sin ser registrados en los libros de control militar fueron nuevamente interrogados y torturados y algunos de ellos, asesinados en los días siguientes.

Al final la muerte de 43 civiles, 33 guerrilleros, 11 miembros de las fuerzas armadas y del DAS, 11 Civiles desaparecidos, la militante del M-19 desaparecida y 4 personas torturadas, entre ellas, dos estudiantes de la Universidad Externado.

Con el tiempo se conoció que algunos salieron con vida y sus cuerpos sin vida ingresados posteriormente por las fuerzas militares, como sucedió con el Magistrado Carlos Horacio Urán.

A pesar de los avances judiciales, de los reconocimientos jurídicos que identificó a responsables de las fuerzas militares, todo en la justicia es endeble, es impunidad.

Según investigaciones realizadas por varios juzgados, el Consejo de Estado y la Fiscalía General de la Nación, los desaparecidos del palacio en manos del Ejército son once personas entre empleados de la cafetería y visitantes ocasionales. Una más era guerrillera del M-19.

El 9 de Junio del año 2010, la juez Tercera del circuito Especializado de Bogotá María Stella Jara, sentenció a 30 años de prisión al Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega en primera instancia, decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá y que actualmente está en estudio de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, el ex general Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado en primera instancia por el Juzgado 55 penal del circuito, decisión que fue apelada ante el Tribunal de Bogotá.

Pero en realidad las dos condenas son una formalidad más, entre tantos expedientes. El Teniente Coronel Plazas Vega, no parece en retiro, vive en una guarnición militar, dicta clases a nuevas generaciones de militares y de abogados, tiene el beneficio de asistir a reuniones y ruidosas fiestas en clubes exclusivos de Bogotá. Ese es el gran hombre, el desaparecedor, que en su defensa pública, expuso una fotografía de gran hombre católico recibiendo una hostia supuestamente sagrada de manos de Juan Pablo II.

Jesús Armando Arias Cabrales con una hoja de vida tachada de cuestionamientos profundos por violaciones de derechos humanos vive su condena en libertad, en un apartamento en una guarnición militar, en el que habita con sus familiares.

Esa es la justicia colombiana, injusticia, como decía, Eduardo Umaña Mendoza, nuestro gran amigo, siendo un brillante y humanista abogado, nuestro amigo asesinado en medio del desarrollo de este proceso judicial, en el que él cimento al lado de las familias la verdad que la memoria ha construido, muy distante de sentencias y de decisiones judiciales…

Porque es bien cierto, que militares como el General Iván Ramírez continúan posando de prohombres. Otros por vencimiento de términos integrantes del B 2 como Sánchez Rubiano, gozando de libertad, por esa llamada justicia. Sobre otros, no cursan órdenes de captura internacional como Bernardo Garzón, agente del Estado que sabe sobre lo sucedido con los desaparecidos. Pruebas y más pruebas, nunca tomadas, otras desaparecidas en manos de los militares.

Pero no solo ha sido la impunidad para militares, también para responsables desde el ejecutivo, aquellos ministros de la época que guardaron silencio ante el poder militar, que cohonestaron con el estado de barbarie. El propio presidente de la época ha dicho recientemente, que en un libro ha consignado la verdad de lo sucedido el 6 y 7 de noviembre de 1985, continúa pasando el tiempo, mientras tanto los padres y madres de los desaparecidos del Palacio de Justicia han ido muriendo, sin saber esa verdad, que quizás Betancur va a dejar ver cuando él muera, qué despropósito ante tanta indignidad.

Pero no se trata solo de la impunidad jurídica, que se ha pretendido asegurar con la perdida de pruebas, con la presión de testigos, con las amenazas a las familias, con el asesinato de Eduardo, con dilaciones injustificadas, con la no recuperación de los cuerpos de los desaparecidos, se trata de constatar el desmoronamiento de esa justicia, de sentencias judiciales que son un papel y que son adobadas con la impunidad jurídica y social.

Incluso, el propio presidente Santos que quiere pasar a la historia como el presidente de la Paz, el mismo presidente de la ley de víctimas, luego de conocer una decisión judicial, pidió perdón al presidente Betancour y a los militares.

28 años después en medio de la impunidad ha sido la terca memoria de los familiares la que ha ido reconstruyendo la verdad histórica y la verdad judicial que los militares y el establecimiento colombiano se han negado a reconocer.

Más y más palabrería, más retórica del silencio, pero más estrategia propagandística para promover las imágenes propias, los egos e protagonismos que se convierten en otra forma de propiciar la impunidad social.

Hoy después de 28 años amigos y familiares continúan buscando los desaparecidos del Palacio de Justicia, luchando por la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la dignificación. ¿Porque, de qué sirven unas condenas, si los militares no reconocen lo qué hicieron? ¿De qué sirve una pena, si ésta es una nueva burla a las víctimas?, ¿De qué sirve esa forma de justicia que es una pena, si la pena es prolongada para los familiares de la víctimas?

Y esa verdad se mostrará, y se demostrará aún más, el próximo 12 y 13 de noviembre en la CORTE INTERAMERICANA DE DH

Ellas y ellos al lado del Magistrado Carlos Horacio Urán, ejecutado por los militares y los torturados sobrevivientes. Eduardo Matson, Yolanda Santodomingo y Orlando Quijano son sus nombres, sus historias al lado de sus familiares, los que nos continúan inspirando en el camino de la memoria para no desfallecer a pesar de nuestras pequeñeces humanas, son ellos y sus familias, los signos de la imposibilidad del olvido cuando la impunidad pretende reinar, cuando la democracia se viste de seda, cuando es un rostro de hierro y de terror, entre ellos, perfumado con la mentira.

Holocausto del palacio de justicia en la memoria.

Holocausto del palacio de justicia sin olvido.

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Desaparecidos del Palacio de Justicia

Noviembre 6 y 7 de 1985 - Noviembre 6 y 7 de 2012

Por favor que cese el fuego inmediatamente, divulguen, inmediatamente que cese el fuego...

Hace 27 años el Palacio de Justicia ubicado en la Plaza de Bolívar del centro de Bogotá, en Colombia, fue ocupado hacia el mediodía, un 6 de Noviembre del año 85, por el Movimiento 19 de abril, M 19. Cuatro horas después este era el grito del magistrado Alfonso Reyes Echandía, era el clamor en medio de condiciones de indefensión en la que se encontraba de clamar por una salida humanitaria

Ese medio día, la guerrilla pretendía realizar un juicio político al entonces presidente de la república Belisario Betancourt por el fracaso del proceso de negociación. Pero el uso de la fuerza no logró la respuesta deseada. Por el contrario la reacción de las fuerzas militares fue desproporcionada, excesiva, irracional, bárbara. Al fuego mucho más fuego. Signo de lo que la historia de violencia de Colombia se iba a vivir desde ese día hasta hoy.

Las Fuerzas militares de Colombia iniciaron la retoma de éste. Llegaron entonces los primeros tanques EE-09 Cascabel y Urutú. , poco a poco la voz de Reyes Echandía se iba ahogando

No pasaron más de dos horas cuando el ejército logró ingresar por la puerta principal del Palacio, dos horas antes que la voz de Reyes se convirtiera en un clamor nacional, nunca escuchado…. QUE CESE EL FUEGO

El tanque Cascabel irrumpió en el palacio luego de forcejear la puerta principal. Desde ese momento se intensificaron los ataques y contra ataques de unos y otros. Un combate en el propio centro de la ciudad, un combate a puerta cerrada del que solo se oían estruendos en la calle.

Los guerrilleros junto con algunos de sus rehenes se vieron obligados a dirigirse a los pisos superiores. Entre tanto, quienes iban recobrando su libertad iban siendo trasladados a la Casa del Florero para su identificación y realizarles una serie de preguntas. Algunos allá fueron torturados y otros torturados y desaparecidos, en cuartos especiales, en los que el Teniente Coronel Alfonso Plazas Vega, busca detener, arrasar con los guerrilleros, sin importar los civiles. “Era defender la democracia maestro, como respondió el oficial a periodistas.

Entre los desaparecidos se encontraban los trabajadores de la cafetería del palacio de justicia, algunos visitantes ocasiones del palacio y la guerrillera Irma Franco

Mientras algunos eran torturados y desaparecidos, algunos medios replicaban la voz de Reyes Echandía pidiendo CESE AL FUGO

En medio de la censura de prensa ordenada  por la ministra NOEMI SANIN,  y del golpe de facto negado aún por el presidente BELISARIO BETANCUR… terminado el partido de Futbol, mientras la ciudad dormía se produjeron ataques  con bombas que generaron un  incendio.

 Entre tanto el incendio tomaba fuerza los miembros del M-19 retenían a algunas personas que trataban de escapar del fuego y los llevaban a los baños del segundo y tercer piso. Sesenta personas permanecieron desde la noche del 6 de noviembre hasta el final de la toma en dichos baños de 20 m2.

El 7 de noviembre terminada la operación rastrillo, poco antes de las 2:00 p.m. continúo funcionando la maquinaria criminal del Estado. Los militares tomaron control total de la edificación en ruinas, modificaron la escena del crimen, mientras los desaparecidos se encontraban en el cantón norte, sin ser registrados en los libros de control militar. Otros de los que salieron con vida fueron  ejecutados  y sus cadáver vueltos a ingresar al Palacio de Justicia, como el magistrado Carlos Horacio Urán

Tiempo después se constató que los restos de Reyes Echandía, tenían balas oficiales, su vida fue segada por las fuerzas militares

Hoy los familiares de los desaparecidos siguen exigiendo justicia y verdad. ¿En dónde está Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Súspes Celis, Bernardo Beltrán H., Héctor Jaime Beltrán, Ana Rosa Castiblanco, Gloria Estela Lizarazo F., Luz Mary Portela León; Norma Constanza Esquerra, Gloria Anzola de Lanao, Luz Amparo Oviedo, Irma Franco Pineda…? Hoy la familia de Carlos Horacio Urán exige justicia ante la infame ejecución extrajudicial

“Según investigaciones realizadas por varios juzgados, el Consejo de Estado y la Fiscalía General de la Nación, los desaparecidos del palacio en manos del Ejército son once personas entre empleados de la cafetería y visitantes ocasionales. Una más era guerrillera del M-19.

Así mismo la Fiscalía General de la Nación en documento del 28 de Septiembre del año 2007, manifestó: “las personas que no murieron en el Palacio de Justicia fueron llevadas al Museo Casa del Florero y desaparecidas”

Una Comisión de la Verdad expresó “No hubo ningún plan dirigido a liberar rehenes (…) Desde cuando se dio por finalizada la recuperación del palacio, se empezó a enmascarar la verdad de lo ocurrido allí.” 

En el afán de los militares por "alterar o suprimir la evidencia llegaron a extremos insospechados: una vez llevados a la morgue para la correspondiente necropsia un juez de Instrucción Penal Militar que no cumplía ningún rol dentro de la investigación, el 9 de noviembre ordenó mediante oficio que el receptor de cadáveres del Instituto de Medicina Legal le entregara 23 cuerpos a un suboficial, nueve de personas reconocidas y el resto sin identificar para inhumarlos en el Cementerio del sur que efectivamente fueron sepultados en una fosa común".

La excusa a esta repudiable acción era que se trataba de guerrilleros cuyos cadáveres de seguro serian rescatados por el M-19, y por temor a un nuevo "ataque" se atendió a las órdenes del juez de Instrucción Penal Militar.

 El 9 de Junio del año 2010, la juez Tercera del circuito Especializado de Bogotá María Stella Jara, sentenció a 30 años de prisión al Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega en primera y segunda instancia y al ex general Jesús Armando Arias Cabrales en primera instancia. Aún se espera que la Corte Suprema de Justicia como el Tribunal Superior de Bogotá ratifique la condena del general, en medio de la crisis por la que hoy atraviesa el aparato de justicia con la injerencia uribista de la unidad nacional de Santos y del procurador Ordóñez. Porque 27 años después siguen construyéndose nuevos mecanismos de impunidad.  

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó continuar las tareas de búsqueda LOS FAMILIARES DESAPARECIDOS o sus restos, la realización por el Estado de actos de perdón a los familiares y a la sociedad, así como la solicitud a la CPI para que investigara el compromiso del ex presidente Betancur en la comisión de los crímenes.

Aquí solo hubo absolución del presidente Juan Manuel Santos que llevó más allá de otros mandatarios y pidió perdón a los militares usando el padre nuestro.

Las ambigüedades de la justicia son evidentes, el ex general Iván Ramírez Quintero (ex comandante del Comando de Inteligencia y Contra Inteligencia –COICI–) a pesar de la sentencia de primera instancia que lo responsabiliza en las desapariciones forzadas, una juez decidió absolverlo. Las actuaciones dilatorias del aparato judicial se develan en los cinco ex miembros del grupo de inteligencia del ejército (B-2), en cabeza del ex coronel Edilberto Sánchez Rubiano, gracias al favor de la Procuraduría General de la Nación y sus defensores.

A pesar de las condenas los familiares de los desaparecidos no saben el paradero de sus seres queridos y los condenados disfrutan de los privilegios de las instalaciones militares, clubes y universidades, aparentemente pagando su condena. El Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC) ha incumplido con el sitio de reclusión que corresponde de acuerdo a la ley en el caso de crímenes de lesa humanidad

Nuevas sombras de impunidad se ciernen. La ampliación del fuero militar a punto de ser aprobado en el congreso o un marco jurídico para la Paz demuestran las pretensiones de asegurar que los militares de este caso y de los pocos en que ha avanzado la justicia por otros crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos, aseguren su absolución. Incluso los diálogos con los movimientos guerrilleros para solucionar el conflicto quiere usarse por el establecimiento para crear una suerte de punto final como sucedió en Argentina y Chile.... pero ¿dónde están los desaparecidos? donde están los responsables de la ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán.

Hoy los familiares y amigos conmemoran 27 años de búsquedas, de afirmación de la memoria, de persistencia en la búsqueda de la verdad, de la justicia y la dignificación de la historia de sus seres queridos, de esos seres humanos con sueños, anhelos, con vidas en un porvenir.

Usted sabe dónde están? 

Si tienen información comuniquese a info@comisionbusqueda.com y exija a la Comisión de Búsqueda de personas desaparecidas apoyar un plan de búsqueda para su ubicación y entrega a sus familiares . Teléfono en Bogotá 2102329.

Desaparecidos y Desaparecidas del Palacio de Justicia en la memoria,

Desaparecidos y Desaparecidas del Palacio de Justicia Sin Olvido.

Sin Olvido 

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