viernes, 21 de septiembre de 2018

Jhonny Silva Aranguren


22 de Septiembre de 2005

Cuando a Wilman Silva se le pregunta sobre los recuerdos que guarda de su hijo, su voz se quiebra. “Es muy duro, porque otra vez tengo que revivir mi dolor”, confiesa. No es para menos. Ese hijo, Jhonny Silva Aranguren, fue asesinado el 22 de septiembre de 2005 en medio de fuertes disturbios registrados dentro del campus de la Universidad del Valle donde estudiaba quinto semestre de Química. Solo tenía 21 años.

Los hechos de su muerte contrastan con lo ocurrido casi 10 años después, el 31 de agosto de 2015, cuando José Libardo Martínez, un subintendente del Esmad, falleció también durante desórdenes en el centro de educación superior. El deceso de Martínez se debió a un disparo que impactó en su cabeza y que fue descerrajado, presuntamente, desde el campus universitario.
El también execrable crimen mereció un gran despliegue mediático y anuncios de recompensas hechos por las autoridades para dar con los responsables. La muerte de Jhonny, en contraste, parece hundirse en la impunidad., y su recuerdo sufre el acoso del olvido.
¿Quién era Jhonny?
Wilman describe a su hijo como “una excelente persona” cuya afición era el estudio. “Recuerdo  que yo los fines de semana quería irme para un río o un paseo y él me decía: ‘no, papá, yo tengo que estudiar, no puedo ir’”, relata. Esa devoción de Jhonny por su preparación académica quizás se vio influida por la presencia de varios químicos en la familia. “Él quería superarlos –explica su padre–, él soñaba con ser un Einstein”.
Era muy casero, molestaba a su mamá por su baja estatura –él medía más de 1.75–. Le encantaban los fríjoles. Wilman no da más detalles. Como él mismo lo aclaró desde el principio, prefiere no remover recuerdos dolorosos. Sin embargo, a través de uno de los libros que ha escrito para contar la historia de su hijo –y preservar así su memoria–, se descubre que la vida de Jhonny estuvo marcada por grandes pruebas.
Nació con atresia biliar, esto es, obstrucción de los conductos que transportan la bilis desde el hígado a la vesícula biliar, enfermedad que superó “a punta de tratamientos y remedios caseros, como la raíz de azafrán con cimarrón”. Creció en Nariño y la Bota Caucana. Alguna vez quedó atrapado junto con su mamá y su hermana en medio de ráfagas de fusil y gritos de angustia tras la toma del peaje de Tunía, en Cauca.
Tan cruda experiencia le dejó como secuela un problema de lenguaje del que se pudo recuperar en un 95 %. Años después sufriría una lesión de cadera que le impediría caminar con facilidad. 
El proceso judicial
Jhonny Silva pudo sortear los obstáculos que la vida puso en su camino, pero aquel 22 de septiembre le fue imposible escapar de las garras de la violencia y la injusticia.
Era jueves, día en que casi que por tradición suelen ocurrir las manifestaciones que culminan en enfrentamientos entre encapuchados y miembros del Esmad. Pero aquella vez los desórdenes tuvieron un desenlace macabro: una bala  se alojó en la humanidad del estudiante de quinto semestre de química, cegándole la vida.
Desde ese momento inició un proceso judicial accidentado y lleno de dilaciones. Documentos oficiales consultados por EL PUEBLO dan cuenta de que la primera decisión de importancia en el caso fue tomada el 12 de septiembre de 2007, por la Fiscalía 41, adscrita a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Cali.
Dicha Fiscalía ordenó escuchar en indagatoria a quien se desempeñaba en ese entonces como comandante del Esmad, el Capitán Gabriel Bonilla, y a dos intendentes del órgano policial. El ente investigador tomó la decisión, basándose en testimonios según los cuales efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios habrían ingresado en el campus universitario alrededor de las 6:45 p.m., aquel 22 de septiembre de 2005.  Durante la incursión uno de los uniformados le habría presuntamente disparado a Jhonny Silva.
En 2008, la Fiscalía 41 se abstuvo de ordenar la privación de la libertad de los miembros del Esmad, pero posteriormente acusó al capitán Bonilla por los delitos de homicidio culposo, lesiones personales culposas y prevaricato por omisión. De acuerdo con informes de prensa de la época, el fiscal del caso concluyó que el oficial “violó el deber de cuidado al permitir el ingreso de sus subalternos a las instalaciones de la universidad, sin previa autorización”.
Asimismo, declaró que Bonilla “omitió la requisa del personal a su mando, lo que habría facilitado el accionar del arma de fuego, la cual fue disparada en la humanidad del estudiante”.
Sin embargo, el caso dio un nuevo giro en 2009 cuando la Fiscalía 55 especializada en Derechos Humanos reverso la acusación contra el oficial, presentando un recurso de apelación en efecto suspensivo. Con esa decisión la Fiscalía libró de responsabilidad al uniformado por la muerte de Jhonny.
Por su parte, la Policía Nacional siempre ha negado su ingreso al alma máter aquel fatídico día y su participación en el deceso del joven. La Institución ha manifestado que “es imposible responsabilizarla por ese crimen pues fue realizado por terceros […]  ya que […] el grupo Esmad […] no porta ni utiliza armas de fuego”.
Un caso en impunidad
Después del asesinato de Jhonny, los autores del homicidio siguen sin recibir castigo.  “El caso de nuestro hijo pasó por once fiscales, miles y miles de hojas en su expediente y no ha sido posible que haya justicia”, anota Wilman al respecto. El hombre de mirada cansada señala, además, que en varias oportunidades buscó a los fiscales a cargo de la investigación para saber por qué no había resultados.
“Cuatro meses después de la muerte de mi hijo fui a hablar con la directora seccional de fiscalías de la época. Ella me dijo: ‘Don Wilman, no se le haga nada raro que el caso de su hijo termine en la impunidad. Aquí el 99 % de casos queda impune’. Tiempo después otro de los fiscales del caso me aconsejo esperar la justicia divina”, afirma.
Cansados de lo que para ella era una falta de respuesta de la justicia colombiana, la familia del joven universitario decidió acudir a instancias internacionales. “Nuestro caso lo llevamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2008 –cuenta Wilman–. De parte de la Comisión siempre nos han contestado que ellos manejan muchos casos a nivel latinoamericano y que nosotros estamos en turno… por eso se han retrasado las cosas”.
Para Wilman, la muerte de su hijo fue un golpe muy bajo del que nunca se va a reponer. “Yo sé que moriré con esa angustia, con ese dolor, con esa rabia de saber que no hay justicia”, sostiene con tristeza. Por eso hace un llamado no solo a la comunidad universitaria, sino también a los medios: “No olviden a las víctimas. Que se siga exigiendo justicia porque mañana –ojalá no sea así, lo que me paso a mí les puede pasar a ustedes”.

Jhonny Silva Aranguren, en la memoria
Jhonny Silva Aranguren, Sin Olvido


Texto original extraído de El pueblo "Siete años sin Jhonny" con modificación Sin Olvido 


jueves, 20 de septiembre de 2018

Arnoldo Muñoz Ferreira

20 de septiembre de 2014 
“Una mano servil y cobarde disparó contra su integridad, asesinaron su cuerpo, pero su espíritu y sus sueños caminan con nosotros”

En medio de la lucha incansable por la defensa de su territorio, un día como hoy partió de nuestro lado Isais Arnoldo Muñoz Ferreira, un joven luchador de vida, quien hasta el último momento batalló por ella, después de permanecer varios días en cuidados intensivos; nos dejó el vacío, la rabia y la impotencia de presenciar una vez más las manos asesinas del Estado Colombiano y la impunidad escalofriante de su justicia.

En el marco de la movilización por la defensa del territorio, la vida y el agua y contra la derogación de la Ampliación de la Licencia Ambiental Global concedida a través de la Resolución 0551 del 31 de Mayo de 2014, otorgada por el ANLA al Consorcio Colombia Energy, para un campo operado por Vetra Exploración Colombia, las comunidades del corredor Puerto Vega-Teteye, en Puerto Asís, adelantaron por más de 70 días una resistencia con la fuerza de la razón, la dignidad de los oprimidos y excluidos por este Estado y el corazón de quienes sienten y piensan más allá del dinero de hoy, protegiendo la vida del mañana.

En esta movilización se destacó la presencia de Arnoldo Muñoz, un líder social miembro de Marcha Patriótica y de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), un joven de lucha y resistencia, de alegrías y sueños, que entrego su vida por la defensa de los derechos y de su territorio, lleno de esa increíble biodiversidad que hoy está siendo atacada por un modelo extractivista que solo deja una huella de destrucción.

El 14 de septiembre las manos asesinadas de integrantes del Esmad continuaban con su accionar sistemático de ataque indiscriminado contra los manifestantes, un artefacto impactó la cabeza de Arnoldo quien cayó de inmediato inconsciente y de gravedad, rápidamente fue auxiliado por quienes estaban cerca, en medio del dolor y el desespero fue trasladado hacia el Hospital de Cotocollao en Quito, Ecuador, tristemente no podía ser conducido a Puerto Asís por el profundo temor a las represalias. Durante varios días permaneció en cuidados intensivos, las noticias de los médicos por esos días fueron desalentadoras y nos aferrábamos a la esperanza y la fuerza de Arnoldo, a sus ganas de vivir, seguir soñando y construyendo.

Hoy hace un año, sobre las 10:20 a.m., las comunidades del corredor recibieron la triste noticia de su muerte; hoy recordamos, como aquel día que la vida de Arnoldo fue cegada por la criminalidad del Estado.

Aquel 20 de septiembre estará presente para siempre en nuestra memoria y nuestros corazones. Continuaremos con la exigencia de justicia, contra la impunidad imperante del Estado. Por la reivindicación de nuestros derechos y la defensa de la vida y el territorio.

Arnoldo Muñoz Vive en la Memoria
Arnoldo Muñoz Sin Olvido

miércoles, 19 de septiembre de 2018

Yolanda Cerón Delgado



Septiembre 19 de 2001



La Hermana Yolanda Cerón nació en Berruecos, Nariño, creció en el seno de una familia humilde. Estudió Ciencias de la Educación y Religión en la Universidad Mariana de Pasto, en 1992,a los 24 años ingresó a la Compañía de María Nuestra señora. 

Su trabajo inició a mediados de los años 80, con las comunidades Afro de Nariño enseñando en la Escuela de Salahonda, en el municipio de Francisco Pizarro; desde allí empezó a conocer la realidad Afro y se propuso luchar en contra de la pobreza y en especial en el tema de la falta de tierras encargándose de la titulación de 550 mil hectáreas. 

Desde su trabajo Pastoral Social de Tumaco acompañó a los Afrodescendientes de los Concejos Comunitarios de la ACAPA, del Alto Mira, Frontera, Rosario e Imbilpi Del Carmene, donde desarrollo un gran afecto hacia estas comunidades. Allí trabajaron juntos y juntas por la comprensión de sus derechos, el uso de Derechos de Petición y de Tutela para la defensa de ellos y sobre todo por el arraigo a la su cultura. 

El trabajo de la Hermana Yolanda de reunir a las comunidades y orientarlas para que se agruparan en una sola organización defendiendo sus territorios y costumbres, permitió la titulación de tierras baldías como territorios comunitarios en la Constitución Política de 1991.

La Hermana Yolanda junto con organizaciones no gubernamentales ayudaron a difundir la Ley 70 de 1993, que permitió que las comunidades étnicas iniciar el proceso de organización y de creación de concejos comunitarios. A partir de este acontecimiento Yolanda a través de talleres, y conferencias contribuyo para que los concejos comunitarios, la conservación de los recursos naturales, los proyectos productivos fueran los soportes económicos de los territorios colectivos. 

Además, denunció de manera contundente los abusos y violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente contra la población de Tumaco, acciones que eran cometidas por agentes del Estado y por fuerzas paramilitares. Por estas y muchas más labores de educación y empoderamiento de las comunidades de base con las que trabajo, Yolanda Cerón fue asesinada un miércoles 19 de septiembre de 2001, a las 12:15 de la tarde.

Yolanda se encontraba frente a la iglesia La Merced, ubicada en el Parque Nariño de la ciudad de Tumaco, al salir de la sede de su trabajo acompañada de su sobrino fue asesinada por hombres de la estrategia militar encubierta de tipo paramilitar, tres impactos de bala cegaron la vida de esta pequeña mujer de corazón grande, inmensamente afro en medio de su ser mestizo.

Personas que estuvieron cercana a ella aseguran que la causa de su muerte, fueron las múltiples denuncias que hizo durante un Concejo Extraordinario de Seguridad en Tumaco, el 30 de Abril de 2001, denuncias sobre violaciones de derechos humanos que implicaban la responsabilidad por acción y omisión de Militares de la Brigada de Infantería N 2. 

Debido a la investigación del caso, se conoció que estas denuncias llegaron a Guillermo Pérez Alzate, alias “Pablo Sevillano” del Bloque Central Bolívar de las AUC, quien ordenó matar a la Hermana Yolanda Cerón después de leer las denuncias y acusarla de ser guerrillera del ELN. 

En materia de investigación Santos Martínez Cáceres, uno de los responsables materiales del asesinato, manifestó al Juzgado Segundo Especializado de Pasto estar en un grave estado de salud por lo que fue dejado en libertad. El segundo actor material, Jorge Enrique Ríos, estuvo en la cárcel de Palmira de allí se fugó luego de engañar a los guardias del centro penitenciario, mostrando una orden de libertad falsa. Sin embargo, en octubre de 2006 fue capturado nuevamente y llevado al centro especial de La Ceja, Antioquia y luego a la cárcel de Itagüí, en 2008 se dio una ruptura procesal puesto que se había acogido a sentencia anticipada. 

Santos Martínez y Jorge Ríos fueron paramilitares que actuaron bajo el mando de Guillermo Pérez Alzate, alias “Pablo Sevillano”, éste también estuvo preso en la cárcel de La Ceja, en la de Itagüí, y en el año 2006 se dicto medida de aseguramiento por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. En Julio de 2010, otros ex paramilitares confesaron el asesinato ante un Fiscal de justicia y paz, aún así no propiciaron más información de la que en la actualidad se tiene. Hasta el año 2014 se adjudico al paramilitar Guillermo Pérez una sentencia de 8 años por el homicidio de la hermana Yolanda y otros crimenes. 

Ningún agente del Estado ha sido vinculado por el homicidio de y los paramilitares que han sido llamados a juicio se han acogido a la Ley de Justicia y Paz, manteniendo la impunidad. 

A pesar de su vil asesinato las enseñanzas de Yolanda se convirtieron en semillas que otros líderes continuaran usando en la lucha por sus tierras. Yolanda sigue viva, su memoria, su historia hizo y hace parte de las luchas de las comunidades negras que ella acompañó. En su memoria el hecho mas reciente fue el homenaje que realizó la periodista María Teresa Ronderos en el libro Guerras Recicladas en 2014. 

Yolanda Cerón Delgado en la Memoria.

Yolanda Cerón Delgado Sin Olvido

lunes, 17 de septiembre de 2018

Masacre de Puerto Triunfo 1982



Septiembre 17 1982

En la vereda Santa Rita, del corregimiento Estación Cocorná, municipio Puerto Triunfo, Antioquia, fueron asesinados 5 catequistas cristianos, Carlos Augusto Buitrago Ramírez, Alirio Buitrago Ramírez, Fabián Buitrago Zuluaga, Giraldo Ramírez y Marcos Marín, quienes fueron presentados por el Ejército ante los medios de comunicación como guerrilleros de las FARC-EP muertos en combate, luego de alterar la escena del crimen.

Los 5 catequistas cristianos, realizaban un trabajo como misioneros en las Comunidades Cristianas Campesinas, buscando desde el evangelio, y a través de cooperativas, de grupos de salud, de deportes y alfabetización la construcción de vida digna y justicia para los y las campesinas.

El 17 de Septiembre de 1982 los catequistas se reunieron para jugar fútbol y luego se dirigieron a la casa de los hermanos Carlos y Alirio Buitrago, ubicada en la vereda Santa Rita, alrededor de las 6:30 pm 5 militares, uno vestido de civil y los demás con los uniformes oficiales del Ejército Nacional, rodearon la casa, preguntaron por Don Manuel Buitrago, padre de los hermanos y al darse cuenta que no se encontraba allí; los militares obligaron a salir de la casa a los catequistas y los llevaron un árbol donde fueron asesinados. La madre de los hermanos Carlos y Alirio al escuchar los disparos decidió salir de su casa junto a sus 2 hijos menores para ocultarse en el bosque. Luego de un tiempo llegaron los demás vecinos para revisar que había sucedido, al llegar se dieron cuenta de que los 5 cuerpos, 2 de ellos de menores de 10 años de edad yacían debajo del árbol bañados en sangre.


El inspector de la policía de Cocorná se negó a realizar el levantamiento de los cadáveres, y en la morgue de Puerto Triunfo se negaron a realizar la necropsia, obligando a los familiares y vecinos a llevarse los cuerpos sin vida para ser sepultados en Cocorná, y así manteniendo este crimen en la totalidad impunidad.


Posteriormente se conoció que el grupo de militares estaba dirigido por Matías Suárez, terrateniente de la vereda Santa Rita, y que fue comandado y financiado por Enrique Gómez y Carlos García, conocido con el alias “El Gordo”. Los militares que participaron en esta masacre huyeron del pueblo y el Ejército presentó a los catequistas como guerrilleros muertos en combate. Para el 23 de Septiembre de 1982 el periódico El Tiempo de circulación nacional afirmo que: " el pasado 17 de los corrientes en la vereda Santa Rita, jurisdicción de Estación Cocorná. Enfurecidos campesinos por la persecución de que han sido víctimas por parte de la guerrilla, enfrentaron a una cuadrilla de las FARC y dieron de baja a Carlos Augusto Buitrago Ramírez, Fabriciano Buitrago Zuluaga, Aliño Buitrago Ramírez, Marcos Marín y Gildardo Ramírez”.


Hoylas palabras de doña Herlinda Buitrago, madre de 2 de los 5 catequistas asesinados siguen teniendo vigencia e importancia para la comunidad: “Ellos siguen vivos en el corazón del pueblo y su sangre le da vitalidad a la comunidad


Augusto Buitrago Ramírez, Alirio Buitrago Ramírez, Fabián Buitrago Zuluaga, Giraldo Ramírez y Marcos Marín en la Memoria.

Augusto Buitrago Ramírez, Alirio Buitrago Ramírez, Fabián Buitrago Zuluaga, Giraldo Ramírez y Marcos Marín, Sin Olvido.

martes, 11 de septiembre de 2018

Luciano Enrique Romero Molina

Septiembre 11 de 2005 

Luciano integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario, SINALTRAINAL, defensor de derechos humanos de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos fue secuestrado, torturado y asesinado con múltiples puñaladas en desarrollo de operaciones paramilitares con cuatro integrantes del Bloque Norte y dos funcionarios adscritos a la Subdirección Antisecuestro del DAS, hace nueve años.



En 2002 Luciano había sido despedido arbitrariamente de la multinacional Nestlé ejerciendo sus derechos laborales gestionaba por vía judicial su reintegro, este hecho y su trayectoria sindical fue su sentencia de su muerte.

Desde muchos años atrás, las estructuras estatales encubiertas paramilitares le presionaron y le amenazaron de muerte lo que llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, adoptará medidas cautelares. Como ha ido sucediendo con este y muchos casos, la única respuesta estatal a las medidas de prevención fue un teléfono celular.

En 2004 Luciano fue acogido por un programa de protección en Asturias, España, poco tiempo después de su regreso fue desaparecido y luego asesinado. El 10 de septiembre de 2005 sus familiares denunciaron su desaparición y el 11 de septiembre lo encontraron atado y su cuerpo con signos de tortura de arma blanca.

El ex jefe paramilitar extraditado a EU, Salvatore Mancuso, en su versión libre en 2007, aseguró que Cicolac empresa de Nestlé era una de las empresas financiadoras de las AUC. 

En un intento de desviar la investigación el múltiple crimen de Luciano quiso presentarse como un atentado pasional, los articuladores de esta estrategia de encubrimiento poco a poco fueron descubiertos. La impunidad no ha sido total debido a la presión internacional. Han sido detenidos y condenados 4 paramilitares del Bloque Norte y se han adelantado investigaciones contra dos funcionarios adscritos a la Subdirección Antisecuestro del DAS, Norberto Sotomayor González y José Antonio Riaño Noriega, que se entregaron voluntariamente ante el CTI de la Fiscalía en Valledupar.

Este crimen del nefasto período de la seguridad "democrática" fue cometido mediante una alianza criminal del DAS estructura dependiente del primer mandatario, Álvaro Uribe Vélez y los grupos paramilitares.

Los autores intelectuales y beneficiarios del asesinato de Luciano Enrique Romero Molina, siguen libres amparados por la impunidad sociopolítica, judicial y mediática. A pesar que el Juez 2 Penal del Circuito especializado de descongestión ordenó la investigación de los directivos de la multinacional Nestlé – Cicolac, no existen mayores avances. En 2014 el asesinato de Luciano fue denunciado en Suiza, sede la multinacional.

Luciano este hombre de las tierras de la Ciudad de los Santos Reyes del Valle de Upar, sigue siendo parte de la memoria, no solo de las luchas sindicales en Colombia, de la solidaridad con los detenidos políticos si no de la construcciones de fraternidad entre europa y Colombia, entre Asturias y Valledupar.


Luciano Enrique Romero en la Memoria
Luciano Enrique Romero Sin Olvido

lunes, 3 de septiembre de 2018

Oswal Moreno Ibague



Septiembre 3 de 2002


Defensor de los Derechos Humanos Miembro del Comité de Derechos Humanos del Alto Ariari, Presidente de ASCODAS - Meta

El martes 3 de septiembre del 2002, aproximadamente a las 7:00 am fue asesinado Oswal Moreno Ibague, en el barrio "Ay, mi llanura", en Villavicencio, departamento del Meta, a través de una acción militar encubierta y clandestina.

El crimen fue cometido por cuatro hombres vestidos de civil, corte de pelo -"estilo militar" vestidos con chaquetas oscuras, que se movilizaban en dos motocicletas modelo TS 125, color gris y la otra marca Yamaha modelo Criptón 110, color rojo.

Los hombres se distribuyeron en dos parejas. Una pareja le disparó a Oswal cuando salía de su casa esquinera, quien intentó y logró huir, en un primer momento, pero fue a los pocos segundos, interceptado por el otro grupo de hombres, quienes le dispararon a la cabeza y al pecho. Oswal recibió 15 impactos de bala.

Una de las vecinas que intentó observar lo que sucedía fue abaleada por uno de los sicarios, quienes impactaron en la residencia en la que ella se encontraba.

Horas después, cuando se realizaban las diligencias del levantamiento del cadáver de Oswal, uno de los miembros de la Fiscalía, al parecer de apellido Aya, expresó, que haría un allanamiento a la residencia del defensor de derechos humanos, pues sus familiares no habían querido colaborar. Al mismo tiempo, otro funcionario quien participaba en el levantamiento del cuerpo de Moreno, recogió una de las vainillas de bala, y la colocó junto al cadáver.

Oswal Moreno integrante del Comité de Derechos Humanos del Alto Ariari, presidente de la Asociación Colombiana de Asistencia Social, ASCODAS, del departamento del Meta, recientemente estaba desarrollando acciones humanitarias con los habitantes del municipio de El Castillo, corregimientos de Medellín del Ariari, Puerto Esperanza, que desde mayo de este año ha sido víctimas de operaciones militares encubiertas y clandestinas, de "civiles armados" y abiertas a través de operaciones por aire y tierra por parte de unidades del Batallón 21 Vargas, adscrito a la 7 Brigada.

En dichas operaciones ha sido evidente la unidad de acción entre efectivos militares y los "civiles armados" en ametrallamiento, saqueos de bienes, bombardeos indiscriminados, retienes y bloqueo económico, el desplazamiento forzoso, amenazas y el asesinato de pobladores, que fueron denunciados por Oswal.

Teniendo 28 años de edad, era militante de la Unión Patriótica,  líder comunitario del barrio en el que fue asesinado y cursaba VII semestre de Administración Pública en la ESAP, seccional Villavicencio.

El crimen de este dirigente es una acción que pretende silenciar, ocultar las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se están presentando en la región del Ariari contra los habitantes del municipio de El Castillo, de manera mas intensa, desde la terminación de los diálogos entre el Gobierno Nacional y las FARC EP. Significa la negación de las posibilidades de atención humanitaria, defensa y denuncia de las violaciones a los derechos humanos de las comunidades campesinas, de su organización aún en situación de desplazamiento en la capital del departamento del Meta. Es finalmente una expresión de acciones de persecución y de eliminación sistemática contra los sobrevivientes o antiguos integrantes de la Unión Patriótica, que lograron permanecer con vida luego de la estrategia de exterminio en el departamento del Meta, que sufrió esta organización política entre 1.985 y 1996, entre ellos, su cuñado Evaristo Amaya Morales, asesinado por paramilitares (24 feb. 1994) y de Transito ibague, como el sucedido con Gozalo Zarate Triana y su hermano.

Es evidente la persecución sistemática, y el desarrollo extendido y cualificado del paramilitarismo en el Departamento del Meta, la impunidad en que se mantienen la totalidad de los crímenes y graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido y se continúan desarrollando; los procedimientos inadecuados en la recolección de pruebas, no solo las testimoniales; la ausencia de combate a los "civiles" armados y la destitución de militares que encubren y operan en la articulación de las acciones de represión contra la población civil. 


Oswaldo Moreno Ibague en la Memoria.
Oswaldo Moreno Ibague Sin Olvido.

Tulio Enrique Chimonja


3 de septiembre de 1983 

Tulio Enrique Chimonja, conocido como “TULIN”, campesino, labrador de la tierra, a sus 33 años de vida, padre de 7 hijos e hijas fue desaparecido forzadamente el 3 de septiembre de 1983, en la Vereda El Tabor, Municipio de Palestina, en el sur del Departamento del Huila, cuando hombres armados que se identificaron como miembros del 13 frente de las FARC, llegaron durante la noche hasta su vivienda, solicitando que debía acompañarlos para responder unas preguntas pero que al amanecer estaría de vuelta con su familia.

Hoy su esposa, sus 7 hijos e hijas, sus 5 nietas y 3 nietos, seguimos reclamando nuestro derecho a la verdad, nuestro derecho a saber qué pasó con nuestro padre, esposo y abuelo, nuestro derecho a la reparación integral.

A pesar del daño, a pesar del vacío, a pesar de la incertidumbre por nuestro ser querido desaparecido, hoy somos una familia que lucha por la paz con justicia social y ambiental, somos una familia de fe, una familia que lidera propuestas agroambientales, que protege la biodiversidad y que hacemos parte de CONPAZ, comunidades construyendo paz en los territorios, porque aportamos a una paz estable y duradera con propuestas concretas, porque seguimos afirmando el derecho a la memoria, el derecho a la tierra, el derecho a la vida como campesinos y el derecho que tenemos como humanidad para que crímenes como la desaparición forzada no se repitan nunca más.

Tulio Enrique Chimonja en la Memoria.

Tulio Enrique Chimonja Sin Olvido.