jueves, 15 de diciembre de 2016

Masacre del Nilo



El 16 de diciembre de 1991, veinte indígenas entre hombres y mujeres fueron masacrados en la hacienda el Nilo, ubicado en Caloto –Cauca, luego de cuatro años de habitar 500 hectáreas de tierras las que tenían derecho, un derecho negado por el mismo Estado que parece pretender defender a terratenientes y grandes empresas.

El asesinato colectivo fue cometido por la fuerza pública en connivencia con paramilitares, mientras dichos indígenas recuperaban el territorio. Hace 25 años, entrada la noche en la Hacienda El Nilo se encontraban Darío Coicué Fernández, Ofelia Tombé Vitonas, Carolina Tombé Ñusque, Adán Mestizo Rivera, Edgar Mestizo Rivera, Eleuterio Dicue Calambas, Mario Julicue Ul, Tiberio Dicué Corpus, María Jesús Guetia Pito, Floresmiro Dicué Mestizo, Mariana Mestizo Corpus, Nicolás Consa Hilamo, Otoniel Mestizo Dagua, Feliciano Otela Ocampo, Calixto Chilgüezo Tocona, Julio Dagua Quiguanas, José Jairo Secué Canas, Jesús Albeiro Pilcué Pete, Daniel Gugu Pete, Domingo Cáliz Soscué y Jairo Ascué, ellas y ellos habían recuperado lo que les es propio, la tierra 

Su amor por la tierra les enfrentó al poder de los terratenientes, por eso, semanas antes sus ocupantes legítimos habían recibido amenazas de muerte. Las denuncias fueron públicas y nunca se adoptaron medidas efectivas para evitar que las amenazas se consumaran. 

En 1995, el Estado colombiano en cabeza del entonces presidente Ernesto Samper, reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  su responsabilidad en éste hecho y se comprometió con el pueblo indígena Nasa a unos acuerdos, dentro de los cuales se encontraban investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria, juzgar y sancionar a los responsables, adoptar medidas de reparación social a los familiares de las víctimas. 

En "el arreglo amistoso ante la Comisión Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado se obligó a entregar a título colectivo a las comunidades del pueblo Nasa del Cauca, 15 mil hectáreas de tierra, de las cuales aún faltan por entregar alrededor de 5 mil."  17 Cosas que no sabía sobre la Masacre del Nilo o Caloto

Con el tiempo poco se ha avanzado. Los problemas de la tenencia de la tierra se han profundizado. Las comunidades del Cauca se enfrentan a una definición de su uso por intereses privados nacionales e internacionales apoyados por el Estado. Allá en el norte del, Cauca sigue viva una deuda ancestral con los pueblos y comunidades que han afirmado su dignidad en el territorio. Allá en medio del desgarrador conflicto armado siguen construyendo experiencias de habitación del territorio y de re-dignificación de la madre tierra.

En materia de justicia, se inició la investigación en diciembre de 1991 por parte del Juzgado de Instrucción de Orden Público de Cali y vinculó a ella al Mayor de la Policía Nacional de Colombia, Jorge Enrique Durán Argüelles, entonces comandante del Distrito de Policía de Santander de Quilichao y al Capitán Fabio Alejandro Castañeda Mateus, Jefe Antinarcóticos de Santander de Quilichao. El 28 de enero de 1994 se decidió proseguir la investigación contra los oficiales de la Policía Nacional, Mayor Jorge Enrique Durán Argüelles y Capitán Fabio Alejandro Castañeda Mateus, y los civiles Orlando Villa Zapata, Leonardo Peñafiel Correa, Edgar Antonio Arévalo Peláez y Nicolás Quintero Zuluaga. Algunos de los civiles se acogieron a la opción de la sentencia anticipada y fueron condenados por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, incendio y porte ilegal de armas de uso privativo de la fuerza pública. 

Un juez regional de Cali condenó, a penas de entre 25 y 27 años de prisión, a Nicolás Quintero Zuluaga, Leonardo Peñafiel Correa y Edgar Antonio Arévalo por la masacre en la hacienda El Nilo. Los tres individuos aceptaron los cargos y se acogieron a la figura de sentencia anticipada de la pena. 

El 4 de septiembre de 1996 el Fiscal de conocimiento adscrito a la Unidad de Derechos Humanos acusó a los oficiales Jorge Enrique Durán Argüelles y Fabio Alejandro Castañeda Mateus de homicidio múltiple y como coautores responsables de los ilícitos de tentativa de homicidio, porte ilegal de armas de uso privativo de la fuerza pública y daño en bien ajeno. Dicha decisión fue apelada y fue cerrado el caso desde el año 1999 hasta el año 2014,  cuando  la Corte Suprema de Justicia decidiera avanzar en la investigación contra el general Castañeda y el mayor  Argüelles.

El 13 de abril de 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenó al Estado por la masacre de 20 indígenas en la hacienda el Nilo y pidió avanzar en la investigación, juzgar y sancionar a los responsables.


Durante los 25 años de este proceso en varias ocasiones el caso del Nilo fue cerrado, fueron asesinados varios abogados que acompañaban el proceso, entre ellos el abogado Oscar Elías López, en la sede del CRIC fue instalada una bomba para atentar contra las autoridades que promovían las investigaciones del Nilo, en la ONIC se extraviaron los expedientes de este caso. Ante estos hechos de negación y desconocimiento, el senador indígena Anatolio Quira realizó una huelga de hambre en los pasillos del congreso exigiendo reabrir el proceso del Nilo, lo que permitió que en el año 97 se diera la conciliación de acuerdo amistoso. 

Todos los responsables materiales e intelectuales de la masacre no han sido investigados, ni tampoco juzgados, al contrario muchos de ellos integrantes de la fuerza pública han sido ascendidos en sus cargos.

A pesar de las múltiples exigencias jurídicas y por vías de hecho no se ha hecho real el apoyo y financiamiento para el desarrollo pleno de los planes de vida. Frente a las garantías de no repetición de estos hechos violatorios de los derechos de los pueblos indígenas, después de la masacre del Nilo, aun el Pueblo Nasa sigue siendo perseguido y asesinado. 

Por si fuera poca la tragedia, la revictimización continúa. El programa Séptimo día, de Caracol  Televisión, emitió una serie de 3 capítulos en los que se dedicó a mancillar el buen nombre de las comunidades indígenas y sus autoridades tradicionales, los acusó de malgastar un supuesto dinero fruto de una indemnización del Estado. Así mismo señaló a los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo como auspiciadores de un desfalco a esas finanzas indígenas.  Tutela ordena a canal Caracol rectificar información falsa sobre ONIC

La reacción no se hizo espera y luego de varios meses de la emisión, la Corte Constitucional falló una tutela en la que ordena al conglomerado empresarial y de medios, ofrecer excusas y dedicar sendas partes de su programa a emitir las verdades que omitieron, como que el Estado nunca ha respondido en su totalidad con lo ordenado por la Corte Interamericana y a explicar las razones de las comunidades indígenas para seguir exigiendo verdad, justicia y reparación integral.

25 años después los y las indígenas de Caloto en el Cauca, siguen exigiendo que los acuerdos hechos con y por el Estado sean cumplidos, que la sentencia y demandas hechas por la CIDH sean igualmente efectuadas, pero sobre todas las cosas que exista verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 

Por eso hoy 25 años luego de la masacre del Nilo, ellos y ellas, los de allá pero también los de acá exigen: “Que las balas no acaben con la vida, ni con los sueños de los pueblos” 
Por eso hoy 25 años de cometida la masacre del Nilo ellos y ellas en la memoria, exigen justicia, habitación en el territorio 

Ellos y ellas, están en la memoria colectiva, en esa que hoy se exige como justicia en medio de la paz que se anuncia y se proclama… ellos están en nuestra memoria, sus nombre, su lucha, su dignidad viven Sin olvido. 

Masacre Nilo en la memoria, Masacre Nilo Sin Olvido 

jueves, 1 de diciembre de 2016

Masacre Páramo de La Sarna


1 de Dic 2001 

A las seis de la mañana del sábado 1 de diciembre de 2001, partió del Terminal de Sogamoso rumbo a Labranza Grande el bus Nº 339 de la Empresa Cootracero, un Chevrolet 600 identificado con las plazas JYG-137. Durante el recorrido el vehículo recogió 12 pasajeros y dos niños de 7 y 12 años el primero de ellos hijo del conductor, el segundo de una profesora que viajaba con su esposo, y una mujer de la tercera edad.

En el sitio conocido como “La Sarna”, sector Melgarejo, a unos 30 kilómetros de Sogamoso, un grupo de hombres armados detuvo la marcha del bus, obligando al conductor a atravesarlo en la carretera y a sus ocupantes a descender.

Acto seguido, separaron a los dos niños y a la anciana y obligaron a las restantes quince personas (12 hombres y 3 mujeres) a tenderse boca abajo sobre el asfalto procediendo a dispararles uno a uno, principalmente con tiros en de gracia.

Las victimas fueron:

Luís Ángel Gil Orduz de 30 años, ingeniero. Trabajaba como ayudante del ingeniero Gonzalo Rincón, con quien viajaba el 1 de diciembre a Labranzagrande por motivos de trabajo.

Tania Leonor Correa Pidiachi de 25 años, estudiante de Medicina de la Fundación Universitaria de Boyacá.

Mercedes Rivera, tenía 22 años de edad y trabajaba como empleada de la Administración Municipal de Paya.

Luis Arturo Cárdenas de 20 años, Zootecnista egresado de la UNAD, trabajaba como director de la UMATA en el municipio de Paya.

Isidro Alba Guío de 50 años, profesor, licenciado en Ciencias Sociales y Económicas de la UPTC.

Jonh Fredy Poveda Bayona, de 17 años de edad, estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en la Facultad de Ingeniería de Transportes y Vías.

Luís Miguel Melo Espitia, tenía 17 años de edad y en ese momento trabajaba como ayudante del bus.

Abel Cudris Rodríguez, procedente de El Banco (Magdalena)

Gonzalo Rincón Barrera, tenia 31 años de edad, Ingeniero Sanitario y Ambiental egresado de Uniboyaca, residente en Sogamoso.

Luís Alejandro Pérez Fernández, de 22 años de edad, era estudiante de cuarto semestre de Administración de Empresas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

José Antonio Mongui Pérez, de 52 años, comerciante, residente en Sogamoso.

Jairo Isidoro Peña de 42 años. Se dedicó toda su vida a la agricultura y la ganadería, y en varios momentos desempeñó cargos públicos en Labranzagrande, Tenia un almacén de víveres junto con su esposa Herminda Blanco. quien tambien fue víctima de esta acción paramilitar

Bertulfo Noa Rosas Arguello, agricultor de 50 años de edad.

Hernando Gómez Garavito, tenía 32 años de edad, era el conductor del bus.

Por varios años la masacre de La Sarna permaneció en total impunidad, hasta 2008 cuando algunos paramilitares, miembros del bloque Autodefensas Campesinas del Casanare, empezaron a hablar sobre lo que realmente ocurrió.

Ellos cuentan que esta masacre fue cometida conjuntamente con miembros de la fuerza pública quienes no solo facilitaron su paso, sino que además entregaron parte de las armas con las que ejecutaron a las víctimas. Estos hechos se encuentran aún en la impunidad, al no ser juzgados todos los responsables.

En un fallo del año 2015 el juzgado 56 de Bogotá condenó a 40 años de cárcel a Luis Afrodis Sandoval, señalado de hacer parte de las autodefensas del Casanare, por conseguir las armas y ocultar a los paramilitares que perpetraron la masacre del páramo de La Sarna 

Igualmente fue solicitada la investigación contra Jaime Esguerra Santos, excomandante del Batallón de Artillería n.° 1 Tarqui, por faltar a “sus deberes como garante de la seguridad de la región, al no adoptar los mecanismos correspondientes para perseguir a las autodefensas que se desplazaban libre y tranquilamente por la región”; y se ordenó investigar a policías y a un fiscal por recibir 15 millones de pesos para dejar en libertad a los responsables de la masacre.

Según el expediente, el hecho se cometió contra un profesor que viajaba en bus, integrante del sindicato de maestros del Casanare, quien, junto a los demás viajeros, fue señalado de ser auxiliador de la guerrilla.


Víctimas de la masacre La Sarria Sin Olvido
Víctimas de la masacre La Sarria en la memoria 

Con información Observatorio de derechos humanos y violencia política de Boyacá y Casanare - El Tiempo

viernes, 19 de agosto de 2016

Sin Olvido Diego Felipe Becerra

Agosto 19 de 2011 - Agosto 19 de 2016.

Diego Felipe Becerra Lizarazo tenía 16 años cuando fue asesinado por agentes de la policía. Diego era estudiante de último grado en el Colegio Bilingüe El Bosque de Bogotá, donde fue homenajeado y sus padres recibieron su grado póstumo durante una ceremonia. Para sus amigos y familiares era un joven talentoso, enérgico, inconforme, quién a través del grafiti y en compañía de sus amigos expresaba su sentir.

El 19 de Agosto de 2011 Diego junto con 3 amigos y una amiga decidió salir de su casa para pintar grafitis, al llegar al puente de la 116 con Boyacá fueron perseguidos por policías, sabiendo lo que sucedería al ser alcanzados por los efectivos empezaron a correr. En ese momento Diego nota que su amiga quedó atrás y decide devolverse para ayudarla, al ver que ella no es capturada por los uniformados sigue corriendo hasta llegar a una calle cerrada, allí se esconde detrás de un árbol, luego de un breve tiempo decide salir y es requisado por el patrullero Wilmer Alarcón. Posterior a la requisa, Diego decide salir nuevamente a correr, es en ese momento y en completo estado de indefensión, que Diego recibe un impacto de bala por la espalda, las investigaciones aseguran que el patrullero Wilmer Antonio Alarcón informó a la Central de los hechos sucedidos.

Posterior a esto en la escena, aparece un carro, según testigos de propiedad de un policía en retiro, allí Diego Felipe fue transportado hasta la Clínica Shaio ubicada al norte de Bogotá, sin embargo fue demasiado tarde. Diego, que luchó por aferrarse a la vida, para insistir desde sus sonrisas y los colores de sus grafitis en un mundo diferente, dio su último suspiro a las 10.30 de la noche, de ese viernes 19 de agosto.

En materia jurídica, el 29 de Noviembre de 2011 El Consejo Superior de la Judicatura trasladó el caso de la Justicia Penal Militar la investigación contra el patrullero Wilmer Alarcón por el asesinato de Diego Felipe, pasando a manos de la Fiscalía.

En febrero de 2012 la Fiscalía 13 imputó cargos al patrullero Wilmer Antonio por el delito de homicidio agravado y no por homicidio culposo, pues dicho funcionario tenía conocimiento previo, debido a la requisa practicada, que Diego no se encontraba armado. 

Durante la investigación se conoció la versión de un hombre que dice ser el conductor de la buseta que, según él, fue abordada por Diego y sus amigos. 

El conductor interpuso una denuncia por asalto, hecho que habría desencadenado la persecución policial en la que, según la versión de las autoridades, murió el joven. 

En declaraciones dadas a la prensa el conductor asegura que cuatro jóvenes ingresaron al autobús que conducía y lo asaltaron junto a los pasajeros que viajaban en el vehículo. Uno de los ladrones, según el testimonio, era Diego Felipe Becerra.

En Junio de ese mismo año fueron llamados a declarar el Subteniente Rosemberg Madrid Orozco, coordinador del CAI Andes, el Subteniente Juan Carlos Barrero, los patrulleros Nelson Castillo y Freddy Navarrete por mentir en sus primeras declaraciones y por ayudar en la alteración de la escena del crimen. Además se interrogó al entonces Subcomandante José Vivas y Jesús Arévalo, Comandante de la policía en Suba, quienes actualmente se desempeñan como Coroneles.

Dos meses después, testigos declararon ante la fiscalía 201 de Bogotá, que vieron al Comandante Francisco Patiño, quien hoy es General, y a 3 Coroneles hablando con el conductor Jorge Narváez de cómo debía denunciar y qué características debía dar para hacer parecer que Diego Felipe era un atracador de buses junto con sus amigos.

Además la fiscalía citó a interrogatorio al patrullero Wilmer Alarcón y a Héctor Hernando Ruíz, abogado de Wilmer Alarcón porque según testigos, Ruíz estuvo presente en la escena del crimen. 

Por su parte, la Procuraduría destituyó el 13 de junio de este año al patrullero Wilmer Alarcón por 10 años y ese mismo mes se conoció que el fiscal que lleva actualmente el caso recibió amenazas en contra de su vida por la investigación que se adelanta por manipulación de la escena del crimen.

Los padres de Diego Felipe Becerra a través de una carta enviada al presidente del Congreso, el senador Juan Fernando Cristo han pedido suspender el ascenso del general Francisco Patiño. En la carta los padres de Diego Felipe Becerra señalaron que sería una afrenta a la condición de víctimas que al general Patiño se le reconociera cuando está siendo investigado por la Fiscalía y otras autoridades por haber participado, posiblemente, en la manipulación de la escena del crimen. 

Durante el 2016 los patrulleros Fredy Sneyder Navarreta y Nelson Daniel Rodríguez aceptaron su responsabilidad en los delitos de favorecimiento en homicidio, alteración y destrucción de elemento material probatorio y falsedad ideológica en documento público, y señalaron que recibieron presiones de sus superiores, también continuaron las amenazas a los testigos del caso, a la familia de Diego y al fiscal encargado.

Igualmente en el transcurso del año, el subintendente de la Policía Nelsón Tovar fue condenado a ocho años de cárcel reconociendo su participación en el crimen al proporcionar el arma con la que se pretendía inculpar a Diego.

Son muchas las preguntas que aún están sin resolver, ¿por qué si el general Francisco Patiño estaba siendo investigado, recibió su ascenso a mayor general?, ¿Por qué continúan las amenazas  a la familia de Diego y al fiscal que lleva el caso?

Las preguntas son innumerables y mientras la Fiscalía intenta investigar éste caso, que se constituye en uno más de abuso policial, su familia, amigos, conocidos, jóvenes, mujeres, hombres y artistas recuerdan hoy la memoria viva de Diego Felipe, un joven que sólo pintaba grafitis en Bogotá.

Diego Felipe Becerra Lizarazo en la Memoria

Diego Felipe Becerra Lizarazo Sin Olvido.

jueves, 18 de agosto de 2016

Luis Carlos Galán

Agosto 18 de 1989 - Agosto 18 de 2016
Un Santandereano, liberal, que se hizo entre otras, con la protestas estudiantiles en contra del régimen de Gustavo Rojas Pinilla el 10 de mayo de 1957; ese fue el inició de Luis Carlos Galán.
Luis Carlos Galán nunca se imaginó que años después, las mentalidades de los sectores que le iniciaron en la vida política, como él lo expresó, con una detención y un golpe, fueran a asesinarle, pues reprimen de una y mil formas. Sí, esas estructuras del establecimiento, que se han forjado en la mentalidad de la doctrina del enemigo interno, que concibe a quienes mínimamente disienten, como sujetos por exterminar, fueron los responsables de su detención y luego de su asesinato.
Galán el egresado de la Universidad Javeriana, el periodista, consentido de sectores de poder, disiente del partido liberal, fundador del Nuevo Liberalismo. Galán se apartó del partido por la corrupción elevada a justas proporciones por Julio César Turbay, y se apartó de este gestor del Estatuto de Seguridad, con el que se legitimaron violaciones de derechos humanos entre 1978 y 1982.
Su asesinato, el 18 de agosto de 1989 fue el golpe certero del establecimiento criminal a quién disintió de la podredumbre de un partido. En su asesinato participaron integrantes de las fuerzas militares y un grupo de sus aliados los paramilitares.
Muchos mecanismos de impunidad han operado desde la consumación misma del crimen. Desde la penetración en su esquema de seguridad, desde el montaje contra personas inocentes para mostrar resultados, en realidad unos falsos positivos judiciales, y el asesinato de quiénes participaron en la comisión del crimen.
Por su asesinato se encuentra condenado el político Alberto Santofimio Botero, dada su cercanía con el narcotraficante Pablo Escobar. Algunos que ha leído el expediente, indican, que su cercanía con el capo de las drogas no prueba su responsabilidad en el homicidio.
En octubre del 2011, fueron vinculados al proceso el Coronel (r) Manuel Antonio González, y al mayor retirado Luis Felipe Montilla, y en Marzo de 2013, se les dictó orden de captura en por el delito de coautores de homicidio agravado.

En Julio del año 2014 el general en retiro Miguel Alfredo Maza Márquez fue llamado a juicio por su presunta responsabilidad en el magnicidio de Luis Carlos Galán.

27 años después, el asesinato de Galán sigue en la impunidad. Los beneficiarios del crimen, más allá de Pablo Escobar Gaviria, nunca han sido judicializados, los altos mandos militares que propiciaron la participación de mandos medios y bajos, algunos ya no viven, murieron de viejos, otros siguen vivos y usufructuando de sus pensiones.

Tremenda historia de impunidad, del olvido que incluso, se acuña en uno de sus herederos políticos, un senador, que por desconocimiento, por ignorancia o negación de la realidad, promovió, defendió a capa y espada, el privilegiado fuero militar, obviando que ese mismo privilegio, esa misma mentalidad es la que ha cobijado a agentes estatales responsables del asesinato de este hombre de ideas liberales.




Luis Carlos Galán en la Memoria
Luis Carlos Galán Sin Olvido.

viernes, 12 de agosto de 2016

Reinaldo Perdomo Hite

Agosto 12 2003 - Agosto 2016

Hoy hace 13 años el 12 de Agosto de 2003 fue asesinado el líder campesino Reinaldo Perdomo Hite, de 60 años.

Reinaldo perteneció al Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta y durante nueve años lideró el Comité de Derechos Humanos en varios municipios, entre ellos el del Alto Ariari.

Reinaldo no era de las personas que se levantaba ante los demás solo con un discurso; él era conocido por ser un excelente líder que con pocas palabras podía motivar a los campesinos a resistir. Su fortaleza interna y pasión por la reivindicación de cientos de campesinos y campesinas que vivieron en carne propia el rigor de la guerra y el terror Estatal, lo animaron a organizar a su comunidad a raíz de las graves violaciones a los derechos humanos y desplazamientos forzados cometidos por la estrategia Paramilitar y militar en la región del Ariari ocurridas en el año 2001. Desde el año 2000 la región del Alto Ariari, no solo sufrió las consecuencias de las incursiones paramilitares, estas estuvieron precedidas de amenazas a los pobladores y fue consolidada a través de reuniones comunitarias, bloqueos económicos, puestos de control y retenes, de asesinatos y de desapariciones forzadas, ofensivas armadas y saqueos, que originaron el desplazamiento de más de 750 familias de toda la región, todas estas actuaciones paramilitares fueron combinadas con actuaciones regulares del Batallón 21 Vargas, adscrito a la VII Brigada del Ejército Nacional, con el pretexto de perseguir a la guerrilla de las FARC EP.

Pero los desplazamientos forzados fueron una constante en la vida de Reinaldo, que desde pequeño tuvo que vivir las consecuencias del desplazamiento forzado llegando así del Cauca, a la zona del Alto Ariari a la Esmeralda en donde conformó su familia.

En el año 2002 tras la incursión paramilitar, nuevamente tuvo que desplazarse forzadamente, por lo que llegó hasta la ciudad de Villavicencio junto con otras familias. Desde ese entonces con trabajo, dedicación y la creación de comités, logró organizar a más de 35 familias en búsqueda de justicia, verdad, reparación y la firme convicción de regresar al territorio. Sin duda Reinaldo estaba dispuesto a todo por ver felices a las familias campesinas, así tu viera que entregar su propia vida para ello…

Hacia las 8 pm del martes 12 de Agosto de 2003, después de haber participado en una reunión del Comité de Desplazados y Víctimas de la Violencia del Meta; Reynaldo se encontraba es su casa ubicada en el barrio Ciudad Porfía, mientras cenaba, fue avisado de una llamada telefónica que debía contestar en el billar que quedaba en frente de su residencia; cruzando la calle recibió tres disparos en la cabeza, propiciados según testigos, por un joven alto de cabello claro, quien se alejó del lugar caminando tranquilamente con el arma en su mano y dirigiéndose hacia la calle principal de Ciudad Porfía. Irónicamente, a pocos metros del lugar donde fue asesinado REYNALDO, está ubicada una estación de Policía.

A las 11:30 p.m la fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo y durante la diligencia un miembro de la fiscalía preguntó por la agenda personal de Reynaldo, en la que había consignado algunos datos acerca de la búsqueda que los paramilitares de la zona del Alto Ariari, adelantaban contra personas que organizaban a los desplazados del municipio del Castillo Meta, debido a las denuncias e investigaciones que se adelantaban para determinar los responsables de los desplazamientos ocurridos en el municipio de El Castillo.

Días antes de su asesinato Reynaldo participó dando su testimonio en la Zona Humanitaria de CAVIDA en el Cacarica Chocó, con motivo de una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, donde presentó la situación de violación de Derechos Humanos del Meta en particular, la del Ariari. Acompañado por diversas organizaciones campesinas, y sociales venía adelantando una propuesta de protección y de animación de la Defensa de la Vida y del Territorio de los desplazados del Ariari que se encuentran en Villavicencio y en otras ciudades del país.

En la actualidad el caso se encuentra en la Fiscalía 08 Especializada de Villavicencio, sin ningún avance en matera jurídica, el asesinato de Reinaldo Perdomo Hite sigue en total impunidad.

Este crimen expresa la ausencia de voluntad política del Estado para posibilitar el derecho a la asociación, a la libre expresión, al derecho al retorno con dignidad. La consolidación de las estructuras militares encubiertas en el departamento del Meta, que al ser develadas o denunciadas, por las pocas voces aún existentes en el Meta son acalladas por la Fuerza; expresa la inacción de la Justicia que bajo supuestas investigaciones expía su responsabilidad en la ausencia de esclarecimiento y de sanción de los responsables de millares de crímenes cometidos desde la década de los 80.

El asesinato de Reinaldo exhuma la memoria de Delio Vargas, de Josue Giraldo, de Oswaldo Gonzalez, Gonzalo Zarate, Eder Castaño, Pedro Malagon del Meta, de cientos, de miles y miles de vidas desaparecidas, asesinadas, torturadas, obligadas al exilio, sometidas a la persecución, al exterminio, por la simple razón de apostar en un país distinto, sin exclusiones, con democracia, con pan y con libertad, un país donde el respeto a los derechos humanos integralmente concebidos sean la condición de la paz.

Hoy el Ariari sigue padeciendo, continúa llorando, creyendo en la esperanza de esas resistencias que anónimamente, que silenciosamente defienden la Vida y el Territorio a pesar del Terror del Estado, a pesar de las guerras. 

Ese Vendito Día solo Estaba su cuerpo; Su Alma ya Partía.

Con ello entendí la Injusticia que se Cometía con un Hijo; Esposo;Padre;Abuelo y hermano; y con ello toda una esperanza para toda una Comunidad que confiaban en ti.
Entendí porque lo Asesinaban.

Pero su partida es Símbolo de Esperanza y fe para los que construimos Memoria en Medio del Dolor.

Que el Apoyo al SI es para empezar a construir proyectos de Vida de las Comunidades y de todos los Actores Sociales que creemos que es necesario otra Democracia.
Si A la Paz. 
Deidania Perdomo Ojote

Reinaldo Perdomo Hite.
13 Años De Impunidad.

Reinaldo Perdomo Hite, En la Memoria.
Reinaldo Perdomo Hite, Sin Olvido.

martes, 19 de julio de 2016

Christian David Aragón Valenzuela y Sol Ángel Mina

Memoria ante la impunidad
19 Julio 2015 - 19 Julio 2016

Se conmemora un año sin  Christian David Aragon Valenzuela y Sol Ángel  Mina, jóvenes de 15 y 16 años, asesinados por  neoparamilitares, entre ellos, alias "Mongo", "Alipio", "Mono Cocha" integrantes de las estructuras "Gaitanistas" en la comuna 4 de Buenaventura. Hoy pasado un año los mandos de estas estructuras y sus beneficiarios gozan de la libertad y de sus negocios.

El crimen ocurrió en el 19 de Julio en la calle Matasiete, a unos 500 metros del Espacio Humanitario. Los paramilitares intentaron llevarse a la fuerza a Christian cuando transitaba por el lugar e ingresarlo a una casa a dónde pensaban "picarlo". Christian logró escapar para ir a su hogar, el único lugar de protección, pero recibió dos tiros mortales

Christian caminaba junto con Sol, quien resultó gravemente herido tratando de evitar que se llevaran a Christian. El paramilitar "Mongo" apuñaló a Sol Angel y luego le dispararon.

Muy cerca del lugar se encontraban unidades de la Infantería de Marina y unidades policiales, los policiales trasladaron a Christian al Hospital donde falleció minutos antes de ingresar, horas después la misma suerte corrió Sol.

Los responsables materiales de los asesinatos están vinculados en una investigación penal, otros están libres; los mandos medios de esta estructura "Gaitanistas" detenidos y uno de ellos desde la prisión amenazando de muerte.

Un año en que la investigación penal no ha identificado a sectores poderosos que se benefician de la violencia neoparamilitar. Un año en que empobrecidos enceguecidos con el poder local que le otorgan sus "Patrones armados", continúan sirviendo con la sangre y el terror a la seguridad de aquellos que acumulan riqueza, exterminando a los excluidos.

Christian y Sol viven en esa memoria familiar, en la pequeña memoria colectiva que va cimentando la justicia, más allá de una débil verdad procesal.

Sin Olvido

19 de julio de 2016

viernes, 15 de julio de 2016

Masacre de Mapiripan

Julio 15 de 1997 -Julio 15 de 2016



El hecho más notorio que inauguró el ingreso de Carlos Castaño a la zona del Guaviare y del sur del Meta, lo constituyó la masacre de Mapiripán, perpetrada entre el 15 y el 20 de julio de 1997:



Cuarenta y nueve campesinos y pobladores fueron torturados, desmembrados, eviscerados, degollados y arrojados al río Guaviare por un grupo cercano a doscientos hombres que permanecieron en la localidad por cinco días sin ser repelidos y perseguidos por la fuerza pública Colombiana y Estadounidense acantonada en la zona. Carlos Castaño, líder de los paramilitares aceptó públicamente la ejecución de 49 personas, pero la mayoría de ellos permanecen en la condición de desaparecidos.



En Mapiripán, Meta, viven unos 1.200 habitantes. Lo separa del departamento del Guaviare el río del mismo nombre que es su principal vía de comunicación con la inspección de Charras, a donde se puede llegar desde San José del Guaviare, a través de la trocha ganadera o por el río.

Todo este recorrido fue el que hicieron unos 200 paramilitares el 12, 13 y 14 de julio de 1997 hasta Mapiripán para cometer una de las masacres más escalofriantes en su lucha por conquistar las zonas cocaleras.

El recorrido criminal tuvo su inicio el 12 de Julio de 1997 cuando un grupo de paramilitares con material bélico fue transportado desde el municipio de Necoclí, en la zona del Urabá antioqueño a la población de San José del Guaviare en una aeronave comercial tripulada por los señores Juan Manuel Ortiz Matamoros y Pedro Zúñiga, quienes habían sido contratados en Medellín y Villavicencio.

Dicho recorrido se comprobó mediante el registro del itinerario de los vuelos, obtenido mediante inspección judicial practicada en los terminales aéreos de Carepa (Antioquia), Villavicencio (Meta), San José del Guaviare, Bogotá y Medellín. Además del testimonio de Mauricio Becerra, controlador aéreo del aeropuerto de San José del Guaviare y del confeso paramilitar Edison Londoño Niño, alias «Pasaje».

En este grupo de paramilitares que llegó vía aérea fueron identificados los hombres de Carlos Castaño conocidos como alias "El Percherón", "Mochacabezas" o el "diablo" y "Don Miguel". El sitio de aterrizaje de los aviones fue el aeropuerto llamado "Capitán Jorge Enrique González Torres" de San José del Guaviare, donde los esperaba otro grupo de paramilitares al mando de alias René, con unos camiones.

Desde San José del Guaviare los paramilitares arribaron a Mapiripán por vía terrestre y fluvial, pasando por los retenes instalados por la Policía Fluvial al salir de San José del Guaviare y el del Barrancón por personal del Ejército, donde también se encontraba en adiestramiento militar un grupo de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos.

Antes de llegar a Mapiripán entraron a la Inspección de Charras, donde reunieron a todos los pobladores en la plaza principal y repartieron una revista titulada «Colombia Libre», en la cual se anunciaba el origen del Frente Guaviare de las Autodefensas Unidas de Colombia. Pasaron también por Guanapalos. Caño Jabón y la inspección de La Cooperativa, del mismo municipio de Mapiripán, en donde asesinaron a una persona.

Desde el 15 de julio de 1997, la fuerza pública en San José del Guaviare, más concretamente el Batallón Joaquín París, y también la Policía Antinarcóticos, se enteraron de la presencia de los paramilitares en la Jurisdicción del municipio de Mapiripán, pero sobre el particular no realizaron ninguna actividad propia de su función con miras a contrarrestar lo sucedido durante los siguientes 5 días de su permanencia en el lugar.

Ese día en horas de la madrugada, el grupo, cercano a los doscientos hombres, quienes vestían uniformes de camuflaje y portaban armas de diversos calibres, corto punzantes y contundentes, arribaron al municipio de Mapiripán, sembrando el terror y la muerte entre campesinos y pobladores, quienes fueron sacrificados después de un desfile macabro en el matadero municipal.

A la llegada sacaron a los habitantes del pueblo, los hicieron poner en filas, luego los requisaron e inmediatamente seleccionaron de la fila a Alvaro Tovar, lo amarraron y le propinaron cinco disparos en la cabeza. A Antonio María Barrera lo sacaron de su vivienda y se lo llevaron a la fuerza para el matadero, donde lo sometieron a crueles torturas, lo descuartizaron, mutilaron y arrojaron su cuerpo al río Guaviare. Un joven de Pacho, una Señora de Charras y un Joven de raza negra fueron desaparecidos. Otra víctima fue Nelson sin identificar, quien había llegado recientemente a la población, lo interceptaron en cercanías al río, junto con su esposa e hijos, y luego de exigirle la documentación, la cual tenía incompleta, se lo llevaron al matadero de reses. Al día siguiente, su cuerpo sin cabeza fue hallado flotando en el río.

La misma mañana, del hotel residencias Guaviare sacaron por la fuerza a un joven e interceptaron a varias personas, entre ellas una pareja de campesinos jóvenes provenientes de la inspección departamental La Cooperativa, a una señora de tez blanca y a un señor de edad, quien se encontraba en la pista aérea y se disponían a viajar en avión. Estas víctimas fueron llevadas al matadero de reses, sometidas a torturas y en horas de la noche, mutiladas vivas, degolladas y sus cadáveres arrojados al río Guaviare, la mayoría con el vientre abierto con el fin de que no flotaran.

El 16 de julio, los paramilitares se ausentaron del casco urbano, ante este hecho los habitantes aprovecharon para salir de sus viviendas y dirigirse hacia el matadero de reses, donde encontraron la cabeza de Nelson y un saco de la señora de tez blanca.

Hacia el final de la tarde, encontraron flotando en el río el cadáver de uno de los jóvenes campesinos, procedentes de La Cooperativa. Cuando los pobladores intentaban rescatarlo, se hicieron presentes los paramilitares y lo impidieron, amenazando a la comunidad y a quien intentara sacar del río los cadáveres. Les dijeron: «¿les dolió mucho la muerte de él...?".

Ese mismo día interceptaron a un joven estudiante, quien por vía fluvial provenía de la inspección departamental Puerto Alvira, le exigieron los documentos de identidad y al no presentarlos lo acusaron de ser guerrillero y lo llevaron al matadero de reses.

Durante los días 17,18 y 19 de julio se desplazaban de día a las zonas rurales del municipio y en las noches regresaban al casco urbano de Mapiripán, ordenaban suspender el fluido eléctrico y a los pobladores no salir de sus viviendas.

Entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de julio y antes de abandonar el casco urbano del municipio para tomar rumbo a la inspección de policía La Cooperativa, ejecutaron a otros tres pobladores. Los paramilitares también incursionaron en la vivienda de Sinaí Blanco hacia las 9 de la noche y lo sacaron por la fuerza, en presencia de su esposa e hijos. Su cadáver degollado fue hallado al día siguiente en una calle de la población. Ese mismo caso fue cometido con otro poblador, quien fue sacado de su vivienda en presencia de su esposa e hijos, José Roland Valencia, despachador de aviones, empleado de la alcaldía, a quien degollaron vivo y arrojaron su cadáver en la pista de aterrizaje. El 19 de julio, a las 6 de la tarde, fue interceptado el Presidente de La Junta de Acción Comunal de La Vereda Caño Danta, a quien ejecutaron horas más tarde.

El domingo 20 de julio, al enterarse de las muertes ocurridas durante la noche y la madrugada anterior, y tras percatarse de la ausencia del grupo paramilitar que se dirigió hacia la inspección departamental La Cooperativa, los pobladores iniciaron el desplazamiento forzado por vía aérea y terrestre hacia Villavicencio y por vía fluvial hacia San José del Guaviare, quedando prácticamente desocupado el casco urbano, ya que se desplazó el 70% de la población.

Ante las autoridades que se hicieron presentes el 21 de julio, fue denunciada la desaparición de los hermanos Omar Patiño Vacca, Eliecer Martínez Vacca y Jaime Ríaños.

De los identificados se sabe que seis de ellos pertenecían a movimientos políticos diferentes a los del Alcalde quien pertenecía al partido conservador. José Roland Valencia meses atrás había denunciado la corrupción de la administración municipal, que en los contratos de obras municipales pretendía adueñarse de una suma superior a 10 millones de pesos; por ello había sido amenazado desde esa época por el Inspector municipal, Luis Hernando Prieto, y por el Director de la UMATA, Anselmo Trigos, ambos de filiación conservadora. También tuvo serios enfrentamientos con el Alcalde de la localidad por malos manejos de unos recursos de la Red de Solidaridad destinados a los ancianos.

La actitud de la mayoría de los miembros de la administración municipal fue muy sospechosa ya que no se encontraban el día de la llegada de los paramilitares y cuando se enteraron de los hechos no informaron a las autoridades competentes para que actuaran. El Alcalde llegó al municipio al segundo día de la incursión y tampoco actuó para preservar la integridad de los habitantes.

Se afirma por parte de testigos de los hechos, que varios miembros de la administración municipal y de la familia Trigos fueron informantes de los paramilitares; algunos aportaron mapas; otros señalaron personas; otros listas de personas a ejecutar. Se afirma también que la familia Trigos tenía vínculos con los paramilitares, razón por la cual fue obligada por la guerrilla a abandonar el pueblo.

Al día siguiente de salir el último miembro de los Trigos del municipio, se dio la incursión paramilitar.

Dentro de la investigación se pudo establecer que los altos mandos de la Séptima Brigada del Ejército habían tenido, desde antes de la incursión, comunicación con los paramilitares, desde varios meses antes del suceso, los paramilitares hicieron reuniones para organizar la incursión al municipio de Mapiripán en las que participó el Sargento Juan Carlos Gamarra Polo del batallón Joaquín París al mando del Coronel Carlos Eduardo Avila Beltrán, tal como lo declaró el paramilitar Pedro Alex Conde Anaya.

Para la ejecución del crimen, se permitió que los ocupantes de los vuelos irregulares procedentes de Necoclí y Apartado el día 12 de julio ingresaran a la plataforma del aeropuerto de San José del Guaviare, sin ningún tipo de registro ni anotación en los libros, sino abordando libremente los camiones que allí esperaban al grupo al mando del paramilitar Luis Hernando Méndez Bedoya, como si se tratara de una operación militar, exceptuada habitualmente de ese control.

Los militares que tenían el control del aeropuerto y que permitieron el acceso de ese personal y de las armas fueron el Sargento Segundo José Miller Urueña Díaz y el Cabo Leonardo Montoya Rubiana.

La agrupación paramilitar en su recorrido de San José del Guaviare a Mapiripán, transitó por lugares destinados al entrenamiento de las tropas de la Brigada Móvil 2, tal es el caso del sitio conocido como la isla de "El Barrancón", donde tiene asiento la tropa y se estaban efectuado entrenamientos del grupo de Fuerzas Especiales No. 7 del Ejército de los Estados Unidos, más conocidos como los "Boinas Verdes".

Solo para el día 21 de julio las tropas del Batallón Joaquín París hicieron presencia en Mapiripán, pues se devolvieron de Calamar, adonde habían sido enviadas antes de la masacre, posteriormente se pudo confirmar que no había una perturbación del orden público en esta localidad y no era necesaria la presencia de la tropa en Calamar. Paradójicamente los militares llegaron cuando el grupo armado ilegal había abandonado Mapiripán.

Según un informe de inteligencia de la Policía Antinarcóticos entregado a la Fiscalía, el Coronel Lino Sánchez Prado, comandante de la Brigada Móvil No. 2, promovió un plan para introducir paramilitares en las áreas fumigadas aledañas a Mapiripán en el marco del programa a desarrollar en conjunto con los Boinas Verdes.

Se informó, además, que este militar el 21 de junio de 1997 le solicitó colaboración a personal de la Policía Antinarcóticos para participar en una operación en la que, con ayuda de los instructores estadounidenses "le iban a dar una lección a la guerrilla". Este militar por mucho tiempo y en periodos de auge y desarrollo del paramilitarismo en Colombia estuvo prestando servicios en la sección de inteligencia del Batallón Junín y de la Brigada XI con sede en Montería, Córdoba, donde los paramilitares, han tenido más presencia criminal.

Investigadores del diario El Espectador, en el extenso informe que publicaron sobre la masacre de Mapiripán, llegaron a la conclusión de que el «séptimo grupo de operaciones especiales de los Estados Unidos (Boinas Verdes) realizó un entrenamiento en "planeación militar" con la tropa del Coronel Lino Sánchez, mientras éste planeaba la decapitación masiva de civiles en Mapiripán».

Así las cosas, el ingreso de las autodefensas unidas de Colombia al departamento del Meta, especialmente a la subregión conformada por los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y San Martín Granada Fuente de Oro, ya estaba asegurado por toda una estructura estatal, facilitadora del accionar de los grupos paramilitares y del negocio del narcotráfico, la cual se vio favorecida con el apoyo del Comandante de la VII Brigada del ejército, General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez de la manera en que quedó establecido con los hechos sucedidos en el municipio de Mapiripán desde el 15 al 20 de julio de 1997.

Pese a la gravedad y la magnitud de los hechos, el Estado Colombiano no sólo, no garantizó la vida, la libertad, ni la integridad personal de los habitantes de Mapiripán, sino que además no ha respetado los derechos a la justicia y al debido proceso de sus deudos y familiares, e incluso ha intentado que dicha investigación se adelante bajo los postulados de la Justicia Penal Militar.

Hernán Orozco y el general Jaime Humberto Uscátegui dos oficiales de más de 30 años de carrera militar sostuvieron bajo juramento que "importantes sectores del Ejército estaban íntimamente comprometidos con el paramilitarismo". Ambos fueron condenados inicialmente por la justicia penal militar a principios de 2001 por "deshonrar a su ejército", por haber sido negligentes en el ejercicio de sus funciones. Les impusieron una pena de prisión de 40 meses a Uscátegui y de 38 meses a Orozco. Pero la Corte Constitucional anuló la sentencia porque consideró que debía ser la justicia ordinaria la encargada de juzgarlos.

Cuando el caso llegó a manos de un juez los dos realizaron acusaciones muy graves. Uscátegui manifestó al juez en las declaraciones que contaría la verdad si llega a ser condenado a 40 años de prisión. "Si el alto mando militar no me ayuda, sacaré a relucir pruebas que no dejan duda sobre la cercanía del Ejército con las autodefensas", sostuvo el oficial en una conversación privada divulgada por la revista Cambio.

En noviembre de 2009, tanto Uscátegui como Orozco fueron condenados por la justicia colombiana a 40 años de prisión como responsables de la masacre. Desde entonces Uscátegui está detenido en una guarnición militar en Bogotá a espera de que la Corte Suprema de Justicia resuelva un recurso de última instancia para una eventual absolución; Orozco, en tanto, vive desde hace 10 años en Florida, Estados Unidos.

Recientemente el Juzgado Tercero Penal Especializado del Circuito de Villavicencio halló culpable y condenó a 26 años de cárcel, al ex jefe paramilitar Raúl Emilio Hazbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’ o ‘Pedro Hazbún’, quien entrenó durante 15 días a los paramilitares que participaron en esta masacre.

Dicho despacho halló a ‘Pedro Bonito’ responsable de los delitos de homicidio múltiple agravado y secuestro extorsivo agravado.

Según la sentencia, al exjefe paramilitar que se acogió a la Ley de Justicia y Paz le atribuyen los homicidios de José Rolando Valencia, el despachador del aeropuerto de Mapiripán; del comerciante Sinaí Blanco, así como de Álvaro Tovar Muñoz, ‘Tomate’, y de una mujer de nombre Teresa, a la que le decían ‘la Muerte’.

La herramienta paramilitar sigue activa, pese a las maniobras de propaganda del Gobierno Santos y Uribe, pero la realidad es que las masacres continúan, se han intensificado los asesinatos y desapariciones de manera vertiginosa.

En Junio del año 2014 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratifico la condena de 40 años de prisión contra el general (r) Jaime Humberto Uscátegui, como autor por omisión impropia de los homicidios agravados y secuestros simples durante la masacre.

Luego de 18 años de esta masacre, la impunidad continua, las víctimas no han tenido reparación integral frente a los brutales hechos que ocurrieron hace 19 años, los autores intelectuales que han sido vinculados con el estado, siguen siendo protegidos por el mismo, se niega la dignidad de las comunidades que hoy siguen pasando necesidades debido al desplazamiento forzado producto de la violencia.

Hoy en el municipio aun hay presencia de estructuras paramilitares y a causa de ellos  el silencio, el miedo y la injusticia  son latentes en sus pobladores, el control paramilitar y abandono estatal han permitido el desarrollo del proyecto palmero en la región por parte de la empresa POLIGROW apropiándose de tierras baldías y en algunos casos de territorios obtenidos bajo amenazas.

Hoy recordamos a las personas que fueron masacradas aquel día y hoy se grita por los familiares de estas víctimas.

Víctimas de la Masacre de Mapiripan en la Memoria.
Víctimas de la Masacre de Mapiripan Sin Olvido.

viernes, 10 de junio de 2016

Padre Sergio Restrepo Jaramillo



1 de Junio de 1989- 1 de junio de 2016.
“lo clavaron con balas en una cruz,
lo llamaron bandido, como a Jesus.” Victor Jara

Al igual que el Padre Sergio Restrepo Jaramillo, Camilo Torres Restrepo, o el Padre Domingo Laín Sáenz, son muestra del compromiso de vida, cambiar radicalmente la pobreza, de entregar la vida entera al Pueblo Colombiano.

El Padre Sergio, nació en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, el 19 de Julio de 1939. Su fe religiosa inicio antes de terminar el Bachillerato, ingresando al noviciado de la Compañía Jesus el 12 de Diciembre de 1957, se ordenó como sacerdote jesuita el 7 de Diciembre de 1970. 

El Padre Sergio Restrepo siempre fue conocido por ser un hombre sencillo, que ayudaba sin ningún problema a las personas que lo necesitaban, además fue amante del arte y la creatividad, su labor principal fue la comunicación popular. Su trabajo más destacado fue junto al padre Hernando Muñoz, en Tierra Alta, departamento de Córdoba, trabajo que se prolongó por 10 años y dejo entre sus frutos una biblioteca que cuenta con 9000 libros, llevando educación y la promoción de maestros en todas las veredas del este municipio.

Era un hombre que constantemente acompañaba y visitaba a las comunidades campesinas e indígenas de la zona, fue también amante de la botánica, 

los habitantes recuerdan que el padre Sergio, gustaba de recoger orquídeas en sus caminatas por la selva, y que tenía gran variedad de plantas en su lugar de residencia.

Tierra Alta es un Municipio de mas 5000 km2, en medio de una zona golpeada profundamente por el conflicto armado, donde el bloque dominante eran los paramilitares en alianza con el ejercito colombiano. Por su parte, los habitantes del municipio eran frecuentemente hostigados y en ocasiones señalados por supuestamente colaborar con la guerrilla. 

El padre Sergio, consciente de la situación del Municipio, emprendió la remodelación de la Iglesia de Tierra alta, donde fue bastante relevante el diseño de un mural, que representaba por un lado la fe religiosa, y por el otro la violencia haciendo semejanza a los asesinatos y torturas del municipio, denunciando especialmente el crimen realizado contra el ex sacerdote Bernardo Betancourt quien fue asesinado en Tierra Alta el 3 de Noviembre de 1988.

Para la base militar de la zona, comandada por el Capitán Cesar Augusto Valencia Moreno, la denuncia del padre Sergio, se interpreto como una ofensa, por lo cual exigieron en varias ocasiones a los sacerdotes de la iglesia, que modificaran el mural.

Finalmente, luego de que los sacerdotes de la parroquia se negaran valientemente a tapar la verdad, el Padre Sergio fue amenazado. En la mañana del primero de Junio de 1989, dos sicarios acabaron con la vida del padre Sergio a plena luz del día y en complicidad del Comando de Policía del municipio. El capitán Cesar Augusto Valencia se encontraba en la alcaldía en ese momento, y según los habitantes se veía muy nervioso, como esperando que sucediera algo.

En una de las declaraciones de un paramilitar ante el Departamento Administrativo de Seguridad ( DAS) el 4 de Abril de 1990, se dio testimonio de que los sicarios provenían de la Hacienda Las Tangas, propiedad del narcotraficante Fidel Antonio Castaño Gil, hermano de Carlos Castaño, antiguo jefe máximo del paramilitarismo. El declarante afirmo haber presenciado el asesinato. Sin embargo, en una entrevista con un medio de información, Fidel Castaño mintió sobre tener alguna relación con la muerte del padre Sergio.

Otro dato es que los jóvenes que prestaron el servicio militar de la región durante la época, afirmaron que recibían entrenamiento militar en la Hacienda las Tangas, y que los comandantes y oficiales entraban en la finca y luego salían con gaseosas, cigarrillos, licores para regalar a los soldados rasos.

La hacienda las Tangas, fue famosa por ser un centro de operaciones de grupos paramilitares, en ella se planeo las masacres de “honduras” y la “negra” (en el Urabá Antioqueño el 4 de Marzo de 1988) y la “de Mejor Esquina” (Buenavista, Córdoba, 3 de Abril de 1988).

El caso de la muerte del Padre Sergio es ejemplo de una modalidad de guerra en que ejercito realiza operaciones conjuntas con el paramilitarismo, vale anotar que estas alianzas son aún vigentes y siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. Como dice una arenga estudiantil : “militares y paramilitares la misma mierda son, matan al pueblo y dicen que no”

Padre Sergio Restrepo en la memoria.
Padre Sergio Restrepo Sin olvido.

viernes, 3 de junio de 2016

Desaparición forzada de 4 campesinos del municipio de Argelia Cauca, el día 02 de Junio de 2008

Familiares de desaparición forzada Argelia Cauca

En la madrugada del 2 de junio de 2008 hombres fuertemente armados, pertenecientes a la estructura paramilitar de los Rastrojos irrumpieron simultáneamente en las casas de habitación de los campesinos Armando Cerón, Elder Daza, Henry Gaviria y Gerardo Hoyos en el corregimiento san Juan de la Guadua, municipio de Argelia Cauca.

Con insultos y amenazas obligaron a abrir las puertas de estas casas, posteriormente sacaron a los cuatro campesinos de sus viviendas, los amarraron y los llevaron con rumbo desconocido. Saquearon las pertenencias de las familias, intimidaron a las esposas y los hijos que se encontraban juntos a sus esposos.

Esta acción paramilitar, se da en un escenario de militarización y control policial sobre el municipio de Argelia Cauca, los paramilitares tomaron control de la zona desde el mes de Abril de 2008, en su macabro transito asesinaron y desaparecieron campesinos en otros caseríos de este municipio sin ningún tipo de impedimento por parte de autoridades militares, policiales y civiles.

Han pasado 8 años desde aquel crítico momento, 8 años en que el terror paramilitar generó un desplazamiento masivo de más de 300 familias del municipio de Argelia Cauca. Armando, Elder, Henry y Gerardo son 4 de las víctimas de desaparición forzosa que ha dejado esta actuación paramilitar, 8 años de impunidad, 8 años de incertidumbre por desconocer el paradero de estos 4 campesinos, 8 años de sufrimiento para sus esposas e hijos.

La comisión Interamericana de derechos benefició con medidas cautelares en julio de 2010 a 29 familias víctimas de desplazamiento forzado, asesinato y abuso sexual y a frente a las recomendaciones hechas por esta instancia internacional, el proceso de investigación sobre estos hechos no avanza, las familias no han sido reparadas moral, ni materialmente. Los paramilitares que han sido detenidos por algunas autoridades no son investigados por estos hechos.

Los familiares de estas víctimas esperan que se haga justicia en este caso, que se dé celeridad al proceso de ubicación de los sitios donde se presume fueron asesinados y estarían los restos de los cuatro desaparecidos.

Ellos están vivos y presentes en la memoria de sus familiares, ellos como el resto de víctimas de esta actuación paramilitar, esperan celeridad en el proceso de investigación por parte de las autoridades competentes para ser encontrados. Ellos esperan que se conozca la verdad, que se sancione a los responsables, que haya resarcimiento de los daños causados. Ellos esperan que se haga justicia sobre este episodio.

Sin Olvido 


jueves, 2 de junio de 2016

KIMY PERNíA DOMICO


JUNIO 2 DE 2001- JUNIO 2 DE 2016.


Pasados 15 años de la muerte del líder del grupo Embera Katio del alto Sinú, Kimy Pernía, es la memoria la que abandera la milenaria lucha indígena, en nombre de las víctimas y de la madre tierra. Hoy Kimy Pernia es un símbolo de la organización popular en contra de las locomotoras minero energéticas que buscan desangrar nuestra naturaleza y con ella culturas ancestrales enteras que habitan en nuestro país.



Kimy Pernia nació a orillas del río Kuranzado, en la comunidad de Bengido del municipio de Tierra Alta, Córdoba en 1950. Su padre llamado Manuelito Domicó, era el Noko (jefe) de los Emberas, y por esa época nombro a su hijo como Juan Domicó. Posteriormente, este siendo adulto adopto como nombre Kimy, que significa punta de lanza.

Sus primeros años los vivió en el resguardo indígena, donde conoció a el ex misionero Gordon Hamilton, quien le enseño a leer y escribir el castellano, lo cual le permitió comprender y transmitir los derechos indígenas a todos los habitantes en su territorio.

Durante los años 70s, el recién creado Ejercito Popular de Liberación (EPL) guerrilla que operaba en la región, asesino a cuatro ambientalistas que realizaban un estudio cerca al rio Esmeralda, fueron llevados en una lancha por el grupo guerrillero y luego abatidos con armas de fuego.

Un día junto a su padre y su tío, Kimy viajaba en la misma lancha en que fueron llevados los ambientalistas, y por esto fueron encarcelados injustamente por señalamientos del gobierno en los que supuestamente colaboraban con la guerrilla, pero sin pruebas ni argumentos, fue probada su inocencia y liberados posteriormente. 

Luego de salir de la cárcel, kimy decidió irse a vivir solo a orillas del río Esmeralda, para alimentar su espíritu y su conexión con la naturaleza. Allí, conviviendo en armonía con su amada selva como fiel compañera, comprendió el sentido de ser un indio, de que su mundo son los animales, los ríos, las plantas, y que el Kampunia ( hombre blanco) quiere apoderarse con su avaricia capitalista del territorio y sus creencias.

Siempre fue un hombre de voz pausada, pero también muy reflexivo y comprometido con la defensa de su territorio. Llegada la década de los 90s, apareció la amenaza multinacional del proyecto hidroeléctrico Urra I. Kimy, junto al mayor Alonso Domicó y el joven Lucindo Domicó se colocaron en la tarea de frenar el proyecto multinacional, así que en 1995, organizaron el Do Wambura ( adiós río), movilización de 1000 indígenas desde el resguardo de karagabi, hasta el municipio de Santa Cruz de Lorica.

La segunda movilización fue la toma de la embajada de Suecia en 1996, para denunciar los incumplimientos de la empresa tras el Do Wambura. Posteriormente en 1998, Kimy Pernia, presento una acción de tutela contra la empresa Urra, cuyo fallo fue a favor de los indígenas.

Luego del auge de la lucha indígena contra Urra I, comenzaron los asesinatos, cuya primera víctima fue el compañero Alonso Domicó en 1999, lo cual obligo a que Kimy se trasladara a la ciudad de Bogotá. En noviembre de ese mismo año, viajo a Canadá, invitado por la Comisión de Derechos Humanos de las Iglesias Canadienses, y ante el parlamento de ese país, expuso la situación de su comunidad indígena.

Al volver a su resguardo, protagonizo el 29 de Noviembre de 1999, la Gran Marcha Embera hacia Bogotá, que culmino frente al Ministerio de Medio Ambiente el 26 de Abril del año 2000.

Los grupos paramilitares de la zona, sabían que Kimy era un fuerte líder en contra de la guerra y las multinacionales, y por ello fue declarado objetivo militar. El dos de Junio del año 2001, recién entrada la tarde, a unos 50 metros de la casa de los cabildos Indígenas de la comunidad Embera Katio del río Sinú, tres hombres que se movilizaban en dos motocicletas se llevaron forzadamente al líder indígena. Desde ese momento no se volvió a saber nada de el.

En una entrevista el 16 de Mayo de 2007, el ex Comandante paramilitar Salvatore Mancuso, confeso que la orden de asesinar a Kimy fue de Carlos Castaño. Según este ex comandante paramilitar, el líder indígena fue asesinado en el nudo de Paramillo, en Córdoba, y luego arrojado al rio Sinú.

Kimy Pernia es recordado en su comunidad, como el líder que revivió la lucha indígena Embera Katio, que enseño a su familia y amigos a organizarse para defender sus derechos, a no retroceder ante el modelo de desarrollo neoliberal que quiere imponer devastación, secar los ríos, ofertar la muerte a las comunidades indígenas.


Kimy Pernia en la memoria.
Kimy Pernia sin olvido.