viernes, 19 de agosto de 2016

Sin Olvido Diego Felipe Becerra

Agosto 19 de 2011 - Agosto 19 de 2016.

Diego Felipe Becerra Lizarazo tenía 16 años cuando fue asesinado por agentes de la policía. Diego era estudiante de último grado en el Colegio Bilingüe El Bosque de Bogotá, donde fue homenajeado y sus padres recibieron su grado póstumo durante una ceremonia. Para sus amigos y familiares era un joven talentoso, enérgico, inconforme, quién a través del grafiti y en compañía de sus amigos expresaba su sentir.

El 19 de Agosto de 2011 Diego junto con 3 amigos y una amiga decidió salir de su casa para pintar grafitis, al llegar al puente de la 116 con Boyacá fueron perseguidos por policías, sabiendo lo que sucedería al ser alcanzados por los efectivos empezaron a correr. En ese momento Diego nota que su amiga quedó atrás y decide devolverse para ayudarla, al ver que ella no es capturada por los uniformados sigue corriendo hasta llegar a una calle cerrada, allí se esconde detrás de un árbol, luego de un breve tiempo decide salir y es requisado por el patrullero Wilmer Alarcón. Posterior a la requisa, Diego decide salir nuevamente a correr, es en ese momento y en completo estado de indefensión, que Diego recibe un impacto de bala por la espalda, las investigaciones aseguran que el patrullero Wilmer Antonio Alarcón informó a la Central de los hechos sucedidos.

Posterior a esto en la escena, aparece un carro, según testigos de propiedad de un policía en retiro, allí Diego Felipe fue transportado hasta la Clínica Shaio ubicada al norte de Bogotá, sin embargo fue demasiado tarde. Diego, que luchó por aferrarse a la vida, para insistir desde sus sonrisas y los colores de sus grafitis en un mundo diferente, dio su último suspiro a las 10.30 de la noche, de ese viernes 19 de agosto.

En materia jurídica, el 29 de Noviembre de 2011 El Consejo Superior de la Judicatura trasladó el caso de la Justicia Penal Militar la investigación contra el patrullero Wilmer Alarcón por el asesinato de Diego Felipe, pasando a manos de la Fiscalía.

En febrero de 2012 la Fiscalía 13 imputó cargos al patrullero Wilmer Antonio por el delito de homicidio agravado y no por homicidio culposo, pues dicho funcionario tenía conocimiento previo, debido a la requisa practicada, que Diego no se encontraba armado. 

Durante la investigación se conoció la versión de un hombre que dice ser el conductor de la buseta que, según él, fue abordada por Diego y sus amigos. 

El conductor interpuso una denuncia por asalto, hecho que habría desencadenado la persecución policial en la que, según la versión de las autoridades, murió el joven. 

En declaraciones dadas a la prensa el conductor asegura que cuatro jóvenes ingresaron al autobús que conducía y lo asaltaron junto a los pasajeros que viajaban en el vehículo. Uno de los ladrones, según el testimonio, era Diego Felipe Becerra.

En Junio de ese mismo año fueron llamados a declarar el Subteniente Rosemberg Madrid Orozco, coordinador del CAI Andes, el Subteniente Juan Carlos Barrero, los patrulleros Nelson Castillo y Freddy Navarrete por mentir en sus primeras declaraciones y por ayudar en la alteración de la escena del crimen. Además se interrogó al entonces Subcomandante José Vivas y Jesús Arévalo, Comandante de la policía en Suba, quienes actualmente se desempeñan como Coroneles.

Dos meses después, testigos declararon ante la fiscalía 201 de Bogotá, que vieron al Comandante Francisco Patiño, quien hoy es General, y a 3 Coroneles hablando con el conductor Jorge Narváez de cómo debía denunciar y qué características debía dar para hacer parecer que Diego Felipe era un atracador de buses junto con sus amigos.

Además la fiscalía citó a interrogatorio al patrullero Wilmer Alarcón y a Héctor Hernando Ruíz, abogado de Wilmer Alarcón porque según testigos, Ruíz estuvo presente en la escena del crimen. 

Por su parte, la Procuraduría destituyó el 13 de junio de este año al patrullero Wilmer Alarcón por 10 años y ese mismo mes se conoció que el fiscal que lleva actualmente el caso recibió amenazas en contra de su vida por la investigación que se adelanta por manipulación de la escena del crimen.

Los padres de Diego Felipe Becerra a través de una carta enviada al presidente del Congreso, el senador Juan Fernando Cristo han pedido suspender el ascenso del general Francisco Patiño. En la carta los padres de Diego Felipe Becerra señalaron que sería una afrenta a la condición de víctimas que al general Patiño se le reconociera cuando está siendo investigado por la Fiscalía y otras autoridades por haber participado, posiblemente, en la manipulación de la escena del crimen. 

Durante el 2016 los patrulleros Fredy Sneyder Navarreta y Nelson Daniel Rodríguez aceptaron su responsabilidad en los delitos de favorecimiento en homicidio, alteración y destrucción de elemento material probatorio y falsedad ideológica en documento público, y señalaron que recibieron presiones de sus superiores, también continuaron las amenazas a los testigos del caso, a la familia de Diego y al fiscal encargado.

Igualmente en el transcurso del año, el subintendente de la Policía Nelsón Tovar fue condenado a ocho años de cárcel reconociendo su participación en el crimen al proporcionar el arma con la que se pretendía inculpar a Diego.

Son muchas las preguntas que aún están sin resolver, ¿por qué si el general Francisco Patiño estaba siendo investigado, recibió su ascenso a mayor general?, ¿Por qué continúan las amenazas  a la familia de Diego y al fiscal que lleva el caso?

Las preguntas son innumerables y mientras la Fiscalía intenta investigar éste caso, que se constituye en uno más de abuso policial, su familia, amigos, conocidos, jóvenes, mujeres, hombres y artistas recuerdan hoy la memoria viva de Diego Felipe, un joven que sólo pintaba grafitis en Bogotá.

Diego Felipe Becerra Lizarazo en la Memoria

Diego Felipe Becerra Lizarazo Sin Olvido.

jueves, 18 de agosto de 2016

Luis Carlos Galán

Agosto 18 de 1989 - Agosto 18 de 2016
Un Santandereano, liberal, que se hizo entre otras, con la protestas estudiantiles en contra del régimen de Gustavo Rojas Pinilla el 10 de mayo de 1957; ese fue el inició de Luis Carlos Galán.
Luis Carlos Galán nunca se imaginó que años después, las mentalidades de los sectores que le iniciaron en la vida política, como él lo expresó, con una detención y un golpe, fueran a asesinarle, pues reprimen de una y mil formas. Sí, esas estructuras del establecimiento, que se han forjado en la mentalidad de la doctrina del enemigo interno, que concibe a quienes mínimamente disienten, como sujetos por exterminar, fueron los responsables de su detención y luego de su asesinato.
Galán el egresado de la Universidad Javeriana, el periodista, consentido de sectores de poder, disiente del partido liberal, fundador del Nuevo Liberalismo. Galán se apartó del partido por la corrupción elevada a justas proporciones por Julio César Turbay, y se apartó de este gestor del Estatuto de Seguridad, con el que se legitimaron violaciones de derechos humanos entre 1978 y 1982.
Su asesinato, el 18 de agosto de 1989 fue el golpe certero del establecimiento criminal a quién disintió de la podredumbre de un partido. En su asesinato participaron integrantes de las fuerzas militares y un grupo de sus aliados los paramilitares.
Muchos mecanismos de impunidad han operado desde la consumación misma del crimen. Desde la penetración en su esquema de seguridad, desde el montaje contra personas inocentes para mostrar resultados, en realidad unos falsos positivos judiciales, y el asesinato de quiénes participaron en la comisión del crimen.
Por su asesinato se encuentra condenado el político Alberto Santofimio Botero, dada su cercanía con el narcotraficante Pablo Escobar. Algunos que ha leído el expediente, indican, que su cercanía con el capo de las drogas no prueba su responsabilidad en el homicidio.
En octubre del 2011, fueron vinculados al proceso el Coronel (r) Manuel Antonio González, y al mayor retirado Luis Felipe Montilla, y en Marzo de 2013, se les dictó orden de captura en por el delito de coautores de homicidio agravado.

En Julio del año 2014 el general en retiro Miguel Alfredo Maza Márquez fue llamado a juicio por su presunta responsabilidad en el magnicidio de Luis Carlos Galán.

27 años después, el asesinato de Galán sigue en la impunidad. Los beneficiarios del crimen, más allá de Pablo Escobar Gaviria, nunca han sido judicializados, los altos mandos militares que propiciaron la participación de mandos medios y bajos, algunos ya no viven, murieron de viejos, otros siguen vivos y usufructuando de sus pensiones.

Tremenda historia de impunidad, del olvido que incluso, se acuña en uno de sus herederos políticos, un senador, que por desconocimiento, por ignorancia o negación de la realidad, promovió, defendió a capa y espada, el privilegiado fuero militar, obviando que ese mismo privilegio, esa misma mentalidad es la que ha cobijado a agentes estatales responsables del asesinato de este hombre de ideas liberales.




Luis Carlos Galán en la Memoria
Luis Carlos Galán Sin Olvido.

viernes, 12 de agosto de 2016

Reinaldo Perdomo Hite

Agosto 12 2003 - Agosto 2016

Hoy hace 13 años el 12 de Agosto de 2003 fue asesinado el líder campesino Reinaldo Perdomo Hite, de 60 años.

Reinaldo perteneció al Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta y durante nueve años lideró el Comité de Derechos Humanos en varios municipios, entre ellos el del Alto Ariari.

Reinaldo no era de las personas que se levantaba ante los demás solo con un discurso; él era conocido por ser un excelente líder que con pocas palabras podía motivar a los campesinos a resistir. Su fortaleza interna y pasión por la reivindicación de cientos de campesinos y campesinas que vivieron en carne propia el rigor de la guerra y el terror Estatal, lo animaron a organizar a su comunidad a raíz de las graves violaciones a los derechos humanos y desplazamientos forzados cometidos por la estrategia Paramilitar y militar en la región del Ariari ocurridas en el año 2001. Desde el año 2000 la región del Alto Ariari, no solo sufrió las consecuencias de las incursiones paramilitares, estas estuvieron precedidas de amenazas a los pobladores y fue consolidada a través de reuniones comunitarias, bloqueos económicos, puestos de control y retenes, de asesinatos y de desapariciones forzadas, ofensivas armadas y saqueos, que originaron el desplazamiento de más de 750 familias de toda la región, todas estas actuaciones paramilitares fueron combinadas con actuaciones regulares del Batallón 21 Vargas, adscrito a la VII Brigada del Ejército Nacional, con el pretexto de perseguir a la guerrilla de las FARC EP.

Pero los desplazamientos forzados fueron una constante en la vida de Reinaldo, que desde pequeño tuvo que vivir las consecuencias del desplazamiento forzado llegando así del Cauca, a la zona del Alto Ariari a la Esmeralda en donde conformó su familia.

En el año 2002 tras la incursión paramilitar, nuevamente tuvo que desplazarse forzadamente, por lo que llegó hasta la ciudad de Villavicencio junto con otras familias. Desde ese entonces con trabajo, dedicación y la creación de comités, logró organizar a más de 35 familias en búsqueda de justicia, verdad, reparación y la firme convicción de regresar al territorio. Sin duda Reinaldo estaba dispuesto a todo por ver felices a las familias campesinas, así tu viera que entregar su propia vida para ello…

Hacia las 8 pm del martes 12 de Agosto de 2003, después de haber participado en una reunión del Comité de Desplazados y Víctimas de la Violencia del Meta; Reynaldo se encontraba es su casa ubicada en el barrio Ciudad Porfía, mientras cenaba, fue avisado de una llamada telefónica que debía contestar en el billar que quedaba en frente de su residencia; cruzando la calle recibió tres disparos en la cabeza, propiciados según testigos, por un joven alto de cabello claro, quien se alejó del lugar caminando tranquilamente con el arma en su mano y dirigiéndose hacia la calle principal de Ciudad Porfía. Irónicamente, a pocos metros del lugar donde fue asesinado REYNALDO, está ubicada una estación de Policía.

A las 11:30 p.m la fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo y durante la diligencia un miembro de la fiscalía preguntó por la agenda personal de Reynaldo, en la que había consignado algunos datos acerca de la búsqueda que los paramilitares de la zona del Alto Ariari, adelantaban contra personas que organizaban a los desplazados del municipio del Castillo Meta, debido a las denuncias e investigaciones que se adelantaban para determinar los responsables de los desplazamientos ocurridos en el municipio de El Castillo.

Días antes de su asesinato Reynaldo participó dando su testimonio en la Zona Humanitaria de CAVIDA en el Cacarica Chocó, con motivo de una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, donde presentó la situación de violación de Derechos Humanos del Meta en particular, la del Ariari. Acompañado por diversas organizaciones campesinas, y sociales venía adelantando una propuesta de protección y de animación de la Defensa de la Vida y del Territorio de los desplazados del Ariari que se encuentran en Villavicencio y en otras ciudades del país.

En la actualidad el caso se encuentra en la Fiscalía 08 Especializada de Villavicencio, sin ningún avance en matera jurídica, el asesinato de Reinaldo Perdomo Hite sigue en total impunidad.

Este crimen expresa la ausencia de voluntad política del Estado para posibilitar el derecho a la asociación, a la libre expresión, al derecho al retorno con dignidad. La consolidación de las estructuras militares encubiertas en el departamento del Meta, que al ser develadas o denunciadas, por las pocas voces aún existentes en el Meta son acalladas por la Fuerza; expresa la inacción de la Justicia que bajo supuestas investigaciones expía su responsabilidad en la ausencia de esclarecimiento y de sanción de los responsables de millares de crímenes cometidos desde la década de los 80.

El asesinato de Reinaldo exhuma la memoria de Delio Vargas, de Josue Giraldo, de Oswaldo Gonzalez, Gonzalo Zarate, Eder Castaño, Pedro Malagon del Meta, de cientos, de miles y miles de vidas desaparecidas, asesinadas, torturadas, obligadas al exilio, sometidas a la persecución, al exterminio, por la simple razón de apostar en un país distinto, sin exclusiones, con democracia, con pan y con libertad, un país donde el respeto a los derechos humanos integralmente concebidos sean la condición de la paz.

Hoy el Ariari sigue padeciendo, continúa llorando, creyendo en la esperanza de esas resistencias que anónimamente, que silenciosamente defienden la Vida y el Territorio a pesar del Terror del Estado, a pesar de las guerras. 

Ese Vendito Día solo Estaba su cuerpo; Su Alma ya Partía.

Con ello entendí la Injusticia que se Cometía con un Hijo; Esposo;Padre;Abuelo y hermano; y con ello toda una esperanza para toda una Comunidad que confiaban en ti.
Entendí porque lo Asesinaban.

Pero su partida es Símbolo de Esperanza y fe para los que construimos Memoria en Medio del Dolor.

Que el Apoyo al SI es para empezar a construir proyectos de Vida de las Comunidades y de todos los Actores Sociales que creemos que es necesario otra Democracia.
Si A la Paz. 
Deidania Perdomo Ojote

Reinaldo Perdomo Hite.
13 Años De Impunidad.

Reinaldo Perdomo Hite, En la Memoria.
Reinaldo Perdomo Hite, Sin Olvido.

martes, 19 de julio de 2016

Christian David Aragón Valenzuela y Sol Ángel Mina

Memoria ante la impunidad
19 Julio 2015 - 19 Julio 2016

Se conmemora un año sin  Christian David Aragon Valenzuela y Sol Ángel  Mina, jóvenes de 15 y 16 años, asesinados por  neoparamilitares, entre ellos, alias "Mongo", "Alipio", "Mono Cocha" integrantes de las estructuras "Gaitanistas" en la comuna 4 de Buenaventura. Hoy pasado un año los mandos de estas estructuras y sus beneficiarios gozan de la libertad y de sus negocios.

El crimen ocurrió en el 19 de Julio en la calle Matasiete, a unos 500 metros del Espacio Humanitario. Los paramilitares intentaron llevarse a la fuerza a Christian cuando transitaba por el lugar e ingresarlo a una casa a dónde pensaban "picarlo". Christian logró escapar para ir a su hogar, el único lugar de protección, pero recibió dos tiros mortales

Christian caminaba junto con Sol, quien resultó gravemente herido tratando de evitar que se llevaran a Christian. El paramilitar "Mongo" apuñaló a Sol Angel y luego le dispararon.

Muy cerca del lugar se encontraban unidades de la Infantería de Marina y unidades policiales, los policiales trasladaron a Christian al Hospital donde falleció minutos antes de ingresar, horas después la misma suerte corrió Sol.

Los responsables materiales de los asesinatos están vinculados en una investigación penal, otros están libres; los mandos medios de esta estructura "Gaitanistas" detenidos y uno de ellos desde la prisión amenazando de muerte.

Un año en que la investigación penal no ha identificado a sectores poderosos que se benefician de la violencia neoparamilitar. Un año en que empobrecidos enceguecidos con el poder local que le otorgan sus "Patrones armados", continúan sirviendo con la sangre y el terror a la seguridad de aquellos que acumulan riqueza, exterminando a los excluidos.

Christian y Sol viven en esa memoria familiar, en la pequeña memoria colectiva que va cimentando la justicia, más allá de una débil verdad procesal.

Sin Olvido

19 de julio de 2016

viernes, 15 de julio de 2016

Masacre de Mapiripan

Julio 15 de 1997 -Julio 15 de 2016



El hecho más notorio que inauguró el ingreso de Carlos Castaño a la zona del Guaviare y del sur del Meta, lo constituyó la masacre de Mapiripán, perpetrada entre el 15 y el 20 de julio de 1997:



Cuarenta y nueve campesinos y pobladores fueron torturados, desmembrados, eviscerados, degollados y arrojados al río Guaviare por un grupo cercano a doscientos hombres que permanecieron en la localidad por cinco días sin ser repelidos y perseguidos por la fuerza pública Colombiana y Estadounidense acantonada en la zona. Carlos Castaño, líder de los paramilitares aceptó públicamente la ejecución de 49 personas, pero la mayoría de ellos permanecen en la condición de desaparecidos.



En Mapiripán, Meta, viven unos 1.200 habitantes. Lo separa del departamento del Guaviare el río del mismo nombre que es su principal vía de comunicación con la inspección de Charras, a donde se puede llegar desde San José del Guaviare, a través de la trocha ganadera o por el río.

Todo este recorrido fue el que hicieron unos 200 paramilitares el 12, 13 y 14 de julio de 1997 hasta Mapiripán para cometer una de las masacres más escalofriantes en su lucha por conquistar las zonas cocaleras.

El recorrido criminal tuvo su inicio el 12 de Julio de 1997 cuando un grupo de paramilitares con material bélico fue transportado desde el municipio de Necoclí, en la zona del Urabá antioqueño a la población de San José del Guaviare en una aeronave comercial tripulada por los señores Juan Manuel Ortiz Matamoros y Pedro Zúñiga, quienes habían sido contratados en Medellín y Villavicencio.

Dicho recorrido se comprobó mediante el registro del itinerario de los vuelos, obtenido mediante inspección judicial practicada en los terminales aéreos de Carepa (Antioquia), Villavicencio (Meta), San José del Guaviare, Bogotá y Medellín. Además del testimonio de Mauricio Becerra, controlador aéreo del aeropuerto de San José del Guaviare y del confeso paramilitar Edison Londoño Niño, alias «Pasaje».

En este grupo de paramilitares que llegó vía aérea fueron identificados los hombres de Carlos Castaño conocidos como alias "El Percherón", "Mochacabezas" o el "diablo" y "Don Miguel". El sitio de aterrizaje de los aviones fue el aeropuerto llamado "Capitán Jorge Enrique González Torres" de San José del Guaviare, donde los esperaba otro grupo de paramilitares al mando de alias René, con unos camiones.

Desde San José del Guaviare los paramilitares arribaron a Mapiripán por vía terrestre y fluvial, pasando por los retenes instalados por la Policía Fluvial al salir de San José del Guaviare y el del Barrancón por personal del Ejército, donde también se encontraba en adiestramiento militar un grupo de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos.

Antes de llegar a Mapiripán entraron a la Inspección de Charras, donde reunieron a todos los pobladores en la plaza principal y repartieron una revista titulada «Colombia Libre», en la cual se anunciaba el origen del Frente Guaviare de las Autodefensas Unidas de Colombia. Pasaron también por Guanapalos. Caño Jabón y la inspección de La Cooperativa, del mismo municipio de Mapiripán, en donde asesinaron a una persona.

Desde el 15 de julio de 1997, la fuerza pública en San José del Guaviare, más concretamente el Batallón Joaquín París, y también la Policía Antinarcóticos, se enteraron de la presencia de los paramilitares en la Jurisdicción del municipio de Mapiripán, pero sobre el particular no realizaron ninguna actividad propia de su función con miras a contrarrestar lo sucedido durante los siguientes 5 días de su permanencia en el lugar.

Ese día en horas de la madrugada, el grupo, cercano a los doscientos hombres, quienes vestían uniformes de camuflaje y portaban armas de diversos calibres, corto punzantes y contundentes, arribaron al municipio de Mapiripán, sembrando el terror y la muerte entre campesinos y pobladores, quienes fueron sacrificados después de un desfile macabro en el matadero municipal.

A la llegada sacaron a los habitantes del pueblo, los hicieron poner en filas, luego los requisaron e inmediatamente seleccionaron de la fila a Alvaro Tovar, lo amarraron y le propinaron cinco disparos en la cabeza. A Antonio María Barrera lo sacaron de su vivienda y se lo llevaron a la fuerza para el matadero, donde lo sometieron a crueles torturas, lo descuartizaron, mutilaron y arrojaron su cuerpo al río Guaviare. Un joven de Pacho, una Señora de Charras y un Joven de raza negra fueron desaparecidos. Otra víctima fue Nelson sin identificar, quien había llegado recientemente a la población, lo interceptaron en cercanías al río, junto con su esposa e hijos, y luego de exigirle la documentación, la cual tenía incompleta, se lo llevaron al matadero de reses. Al día siguiente, su cuerpo sin cabeza fue hallado flotando en el río.

La misma mañana, del hotel residencias Guaviare sacaron por la fuerza a un joven e interceptaron a varias personas, entre ellas una pareja de campesinos jóvenes provenientes de la inspección departamental La Cooperativa, a una señora de tez blanca y a un señor de edad, quien se encontraba en la pista aérea y se disponían a viajar en avión. Estas víctimas fueron llevadas al matadero de reses, sometidas a torturas y en horas de la noche, mutiladas vivas, degolladas y sus cadáveres arrojados al río Guaviare, la mayoría con el vientre abierto con el fin de que no flotaran.

El 16 de julio, los paramilitares se ausentaron del casco urbano, ante este hecho los habitantes aprovecharon para salir de sus viviendas y dirigirse hacia el matadero de reses, donde encontraron la cabeza de Nelson y un saco de la señora de tez blanca.

Hacia el final de la tarde, encontraron flotando en el río el cadáver de uno de los jóvenes campesinos, procedentes de La Cooperativa. Cuando los pobladores intentaban rescatarlo, se hicieron presentes los paramilitares y lo impidieron, amenazando a la comunidad y a quien intentara sacar del río los cadáveres. Les dijeron: «¿les dolió mucho la muerte de él...?".

Ese mismo día interceptaron a un joven estudiante, quien por vía fluvial provenía de la inspección departamental Puerto Alvira, le exigieron los documentos de identidad y al no presentarlos lo acusaron de ser guerrillero y lo llevaron al matadero de reses.

Durante los días 17,18 y 19 de julio se desplazaban de día a las zonas rurales del municipio y en las noches regresaban al casco urbano de Mapiripán, ordenaban suspender el fluido eléctrico y a los pobladores no salir de sus viviendas.

Entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de julio y antes de abandonar el casco urbano del municipio para tomar rumbo a la inspección de policía La Cooperativa, ejecutaron a otros tres pobladores. Los paramilitares también incursionaron en la vivienda de Sinaí Blanco hacia las 9 de la noche y lo sacaron por la fuerza, en presencia de su esposa e hijos. Su cadáver degollado fue hallado al día siguiente en una calle de la población. Ese mismo caso fue cometido con otro poblador, quien fue sacado de su vivienda en presencia de su esposa e hijos, José Roland Valencia, despachador de aviones, empleado de la alcaldía, a quien degollaron vivo y arrojaron su cadáver en la pista de aterrizaje. El 19 de julio, a las 6 de la tarde, fue interceptado el Presidente de La Junta de Acción Comunal de La Vereda Caño Danta, a quien ejecutaron horas más tarde.

El domingo 20 de julio, al enterarse de las muertes ocurridas durante la noche y la madrugada anterior, y tras percatarse de la ausencia del grupo paramilitar que se dirigió hacia la inspección departamental La Cooperativa, los pobladores iniciaron el desplazamiento forzado por vía aérea y terrestre hacia Villavicencio y por vía fluvial hacia San José del Guaviare, quedando prácticamente desocupado el casco urbano, ya que se desplazó el 70% de la población.

Ante las autoridades que se hicieron presentes el 21 de julio, fue denunciada la desaparición de los hermanos Omar Patiño Vacca, Eliecer Martínez Vacca y Jaime Ríaños.

De los identificados se sabe que seis de ellos pertenecían a movimientos políticos diferentes a los del Alcalde quien pertenecía al partido conservador. José Roland Valencia meses atrás había denunciado la corrupción de la administración municipal, que en los contratos de obras municipales pretendía adueñarse de una suma superior a 10 millones de pesos; por ello había sido amenazado desde esa época por el Inspector municipal, Luis Hernando Prieto, y por el Director de la UMATA, Anselmo Trigos, ambos de filiación conservadora. También tuvo serios enfrentamientos con el Alcalde de la localidad por malos manejos de unos recursos de la Red de Solidaridad destinados a los ancianos.

La actitud de la mayoría de los miembros de la administración municipal fue muy sospechosa ya que no se encontraban el día de la llegada de los paramilitares y cuando se enteraron de los hechos no informaron a las autoridades competentes para que actuaran. El Alcalde llegó al municipio al segundo día de la incursión y tampoco actuó para preservar la integridad de los habitantes.

Se afirma por parte de testigos de los hechos, que varios miembros de la administración municipal y de la familia Trigos fueron informantes de los paramilitares; algunos aportaron mapas; otros señalaron personas; otros listas de personas a ejecutar. Se afirma también que la familia Trigos tenía vínculos con los paramilitares, razón por la cual fue obligada por la guerrilla a abandonar el pueblo.

Al día siguiente de salir el último miembro de los Trigos del municipio, se dio la incursión paramilitar.

Dentro de la investigación se pudo establecer que los altos mandos de la Séptima Brigada del Ejército habían tenido, desde antes de la incursión, comunicación con los paramilitares, desde varios meses antes del suceso, los paramilitares hicieron reuniones para organizar la incursión al municipio de Mapiripán en las que participó el Sargento Juan Carlos Gamarra Polo del batallón Joaquín París al mando del Coronel Carlos Eduardo Avila Beltrán, tal como lo declaró el paramilitar Pedro Alex Conde Anaya.

Para la ejecución del crimen, se permitió que los ocupantes de los vuelos irregulares procedentes de Necoclí y Apartado el día 12 de julio ingresaran a la plataforma del aeropuerto de San José del Guaviare, sin ningún tipo de registro ni anotación en los libros, sino abordando libremente los camiones que allí esperaban al grupo al mando del paramilitar Luis Hernando Méndez Bedoya, como si se tratara de una operación militar, exceptuada habitualmente de ese control.

Los militares que tenían el control del aeropuerto y que permitieron el acceso de ese personal y de las armas fueron el Sargento Segundo José Miller Urueña Díaz y el Cabo Leonardo Montoya Rubiana.

La agrupación paramilitar en su recorrido de San José del Guaviare a Mapiripán, transitó por lugares destinados al entrenamiento de las tropas de la Brigada Móvil 2, tal es el caso del sitio conocido como la isla de "El Barrancón", donde tiene asiento la tropa y se estaban efectuado entrenamientos del grupo de Fuerzas Especiales No. 7 del Ejército de los Estados Unidos, más conocidos como los "Boinas Verdes".

Solo para el día 21 de julio las tropas del Batallón Joaquín París hicieron presencia en Mapiripán, pues se devolvieron de Calamar, adonde habían sido enviadas antes de la masacre, posteriormente se pudo confirmar que no había una perturbación del orden público en esta localidad y no era necesaria la presencia de la tropa en Calamar. Paradójicamente los militares llegaron cuando el grupo armado ilegal había abandonado Mapiripán.

Según un informe de inteligencia de la Policía Antinarcóticos entregado a la Fiscalía, el Coronel Lino Sánchez Prado, comandante de la Brigada Móvil No. 2, promovió un plan para introducir paramilitares en las áreas fumigadas aledañas a Mapiripán en el marco del programa a desarrollar en conjunto con los Boinas Verdes.

Se informó, además, que este militar el 21 de junio de 1997 le solicitó colaboración a personal de la Policía Antinarcóticos para participar en una operación en la que, con ayuda de los instructores estadounidenses "le iban a dar una lección a la guerrilla". Este militar por mucho tiempo y en periodos de auge y desarrollo del paramilitarismo en Colombia estuvo prestando servicios en la sección de inteligencia del Batallón Junín y de la Brigada XI con sede en Montería, Córdoba, donde los paramilitares, han tenido más presencia criminal.

Investigadores del diario El Espectador, en el extenso informe que publicaron sobre la masacre de Mapiripán, llegaron a la conclusión de que el «séptimo grupo de operaciones especiales de los Estados Unidos (Boinas Verdes) realizó un entrenamiento en "planeación militar" con la tropa del Coronel Lino Sánchez, mientras éste planeaba la decapitación masiva de civiles en Mapiripán».

Así las cosas, el ingreso de las autodefensas unidas de Colombia al departamento del Meta, especialmente a la subregión conformada por los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y San Martín Granada Fuente de Oro, ya estaba asegurado por toda una estructura estatal, facilitadora del accionar de los grupos paramilitares y del negocio del narcotráfico, la cual se vio favorecida con el apoyo del Comandante de la VII Brigada del ejército, General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez de la manera en que quedó establecido con los hechos sucedidos en el municipio de Mapiripán desde el 15 al 20 de julio de 1997.

Pese a la gravedad y la magnitud de los hechos, el Estado Colombiano no sólo, no garantizó la vida, la libertad, ni la integridad personal de los habitantes de Mapiripán, sino que además no ha respetado los derechos a la justicia y al debido proceso de sus deudos y familiares, e incluso ha intentado que dicha investigación se adelante bajo los postulados de la Justicia Penal Militar.

Hernán Orozco y el general Jaime Humberto Uscátegui dos oficiales de más de 30 años de carrera militar sostuvieron bajo juramento que "importantes sectores del Ejército estaban íntimamente comprometidos con el paramilitarismo". Ambos fueron condenados inicialmente por la justicia penal militar a principios de 2001 por "deshonrar a su ejército", por haber sido negligentes en el ejercicio de sus funciones. Les impusieron una pena de prisión de 40 meses a Uscátegui y de 38 meses a Orozco. Pero la Corte Constitucional anuló la sentencia porque consideró que debía ser la justicia ordinaria la encargada de juzgarlos.

Cuando el caso llegó a manos de un juez los dos realizaron acusaciones muy graves. Uscátegui manifestó al juez en las declaraciones que contaría la verdad si llega a ser condenado a 40 años de prisión. "Si el alto mando militar no me ayuda, sacaré a relucir pruebas que no dejan duda sobre la cercanía del Ejército con las autodefensas", sostuvo el oficial en una conversación privada divulgada por la revista Cambio.

En noviembre de 2009, tanto Uscátegui como Orozco fueron condenados por la justicia colombiana a 40 años de prisión como responsables de la masacre. Desde entonces Uscátegui está detenido en una guarnición militar en Bogotá a espera de que la Corte Suprema de Justicia resuelva un recurso de última instancia para una eventual absolución; Orozco, en tanto, vive desde hace 10 años en Florida, Estados Unidos.

Recientemente el Juzgado Tercero Penal Especializado del Circuito de Villavicencio halló culpable y condenó a 26 años de cárcel, al ex jefe paramilitar Raúl Emilio Hazbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’ o ‘Pedro Hazbún’, quien entrenó durante 15 días a los paramilitares que participaron en esta masacre.

Dicho despacho halló a ‘Pedro Bonito’ responsable de los delitos de homicidio múltiple agravado y secuestro extorsivo agravado.

Según la sentencia, al exjefe paramilitar que se acogió a la Ley de Justicia y Paz le atribuyen los homicidios de José Rolando Valencia, el despachador del aeropuerto de Mapiripán; del comerciante Sinaí Blanco, así como de Álvaro Tovar Muñoz, ‘Tomate’, y de una mujer de nombre Teresa, a la que le decían ‘la Muerte’.

La herramienta paramilitar sigue activa, pese a las maniobras de propaganda del Gobierno Santos y Uribe, pero la realidad es que las masacres continúan, se han intensificado los asesinatos y desapariciones de manera vertiginosa.

En Junio del año 2014 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratifico la condena de 40 años de prisión contra el general (r) Jaime Humberto Uscátegui, como autor por omisión impropia de los homicidios agravados y secuestros simples durante la masacre.

Luego de 18 años de esta masacre, la impunidad continua, las víctimas no han tenido reparación integral frente a los brutales hechos que ocurrieron hace 19 años, los autores intelectuales que han sido vinculados con el estado, siguen siendo protegidos por el mismo, se niega la dignidad de las comunidades que hoy siguen pasando necesidades debido al desplazamiento forzado producto de la violencia.

Hoy en el municipio aun hay presencia de estructuras paramilitares y a causa de ellos  el silencio, el miedo y la injusticia  son latentes en sus pobladores, el control paramilitar y abandono estatal han permitido el desarrollo del proyecto palmero en la región por parte de la empresa POLIGROW apropiándose de tierras baldías y en algunos casos de territorios obtenidos bajo amenazas.

Hoy recordamos a las personas que fueron masacradas aquel día y hoy se grita por los familiares de estas víctimas.

Víctimas de la Masacre de Mapiripan en la Memoria.
Víctimas de la Masacre de Mapiripan Sin Olvido.

miércoles, 18 de mayo de 2016

Rogelio Martínez Mercado


18 May 2010 - 18 May 2016 (Foto: Sean Hawkey)


Escrito de Cendi Torres a su papá Rogelio Martínez (Mayo 18 de 2016)

Cada vez que veo a un campesino, trabajador, estudiante, maestro, hombre o mujer luchando por su derechos, recuerdo a Rogelio, recuerdo al hombre que día tras día y a pesar de todas las cosas que pasaban en nuestro pueblo nos convencía de que la mejor forma de enfrentar el terror, las amenazas y el dolor era riendo, riendo en la cara de quienes nos perseguían, riendo en la cara de quienes nos obligaban a tener miedo.

La alegría y la valentía que lo caracterizaban era su única arma, el arma de aquellos que luchan por la vida no puede ser otra que la alegría, por eso cada vez que veo a un compañero o compañera en la calle y en el campo trabajando por un país diferente en sus rostros veo a Rogelio, en su consignas escucho la risa de Rogelio y en su fuerza, la fuerza de todos los hombres que alguna vez cayeron en las garras del cobarde, del que anula, en las garras del que le teme a la paz porque su negocio es el terror.

Hoy 18 de mayo de 2016 veo a Rogelio Martínez en la posibilidad de la paz y en la celebración de la vida y celebro su vida junto a todos aquellos a quienes toco con su ejemplo, todos aquellos que algunas vez luchamos a su lado, junto a todos aquellos que sentimos la indignación de perder a un gran hombre, esposo, padre y camarada y en su memoria y la de muchos otros reafirmo mi convicción en la lucha por la memoria y contra la impunidad, en la lucha que Rogelio alimenta con su energía y con todo lo que nos heredó a las personas que tuvimos la oportunidad de construir a su lado.
Hoy Rogelio vive en cada persona que se levanta cada día con la esperanza de cambio y progreso, hoy Rogelio somos todos

A seis años del asesinato de Rogelio Martínez repetimos las líneas de Ali Primera, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos.

A ti: Esposo, Compañero, Padre, Hijo, Amigo y Camarada.
A ti: Rogelio Martínez Mercado

Cendi Torres Vergara.


Tres tiros segaron su vida, tres tiros en su cabeza, pretendieron sepultar su pensar y su corazón, eso fue en la noche del 18 de mayo, hace seis años, cuando iba a encontrarse con su amor, su amada Julia, su familia y su tierra la finca La Alemania, municipio de San Onofre, Sucre.

Desde 1996 se desarrollaron las operaciones paramilitares en Montes de María y Sucre, pero solo fue hasta 2001 cuando lograron controlar el perímetro rural en donde Rogelio, su familia y los copropietarios de la Cooperativa "La Alemania" habitaron la tierra en una propuesta colectiva.

Alias “Rubén”, lugarteniente del jefe paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, “Cadena” del Bloque Héroes de los Montes de María, dio la orden de desalojar porque "el patrón" necesitaba las tierras. La finca "La Alemania" luego del desplazamiento, del despojo fue convertida en desarrollo de la estrategia paramilitar, allí se perpetraron torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. 

Rogelio en un relato decía que la tierra lo era todo para el amor, luego de recibir la titulación de la propiedad en 1997. Hacia memoria que el amor enfrentaba la ambición. Los «paras» cobraban 5 mil pesos por cabeza de ganado, con un crédito la comunidad logró adquirir 600 reses que finalmente fueron robadas por las mismas estructuras criminales. 

Ya desarraigados, las deudas de la cooperativa aumentaron en más de mil millones de pesos hasta que la propiedad entró en embargo y finalmente en remate. 

En todo este proceso el INCODER, fijado a una leyes distantes de las condiciones de violaciones sistemáticas de derechos humanos, legitimaban el embargo. 

Ese amor que siempre llevó a Rogelio a imaginar posibilidades de dignidad en 2007 motivaron a construir una propuesta por el retorno, junto con sus amores y unas familias decidieron regresar y exigir la restitución de la finca "La Alemania". 

Su asesinato en desarrollo de la misma estrategia paramilitar que él denunció no ha sido absolutamente esclarecido. La estructuras criminales continuaron intactas, reflejo de la impunidad y del soporte institucional a una estrategia de control social, político, económico y por supuesto militar. 

El 9 de abril de 2012 un fallo de segunda instancia confirmó la responsabilidad individual de Mario de Ávila Díaz por su homicidio. Junto con Ávila, había al menos 5 personas más que participaron en el crimen, todos, incluso Àvila, se encuentran libres a pesar de las órdenes de captura. No existe ninguna voluntad cierta que se muestre en el proceso penal para esclarecer y determinar las responsabilidades de agentes del Estado,de empresarios y de los ordenadores del crimen. 

El entusiasmo con que el gobierno de Santos celebró la condena de Ávila está lejos de satisfacer las demandas de verdad, de de justicia y de reparación. Todo parece ser parte de una costumbre, crear una eficacia simbólica del derecho que sirve en el fondo a la impunidad. 

Los victimarios pretendieron acabar con el pensamiento amor de Rogelio, a pesar del dolor de su muerte violenta, su pensamiento amor trasciende, está en su amor, en su familia, en sus amigos, en quienes son parte de esos miles de reclamantes de tierras que afirman su dignidad en un proyecto donde la restitución sea parte de una nueva democracia.


Rogelio Martínez Mercado en la Memoria.

Rogelio Martínez Mercado Sin Olvido.

martes, 3 de mayo de 2016

Luis Miguel Gómez Porto


                                                         Mayo 03 2007-Mayo 03 2016


Luis Miguel Gómez Porto nacido el 24 de Mayo de 1970, hijo de campesinos su pare Eugenio Gómez y su madre Cecilia Porto, vivían en la región de Montes de María, cultivando maíz, tabaco, ñame y yuca. Luis Miguel estudió en el Colegio Víctor Subiría en el municipio de Colosó, Sucre. Desde los 14 años de edad comenzó a luchar por los derechos campesinos, y estando en el colegio se desempeñó como líder comunitario; a su 25 años fue presidente de la junta de acción comunal de la vereda San Antonio. 

En 2004 fue presidente del Sindicato Sindeagricultores de Sucre, líder agrario, hizo parte de la federación de Acciones Comunales del departamento de Sucre y miembro del comité de derechos humanos.
En 2004 en un acto de señalamiento y estigmatización Luis Miguel es capturado, por la Infantería de Marina y la Sijín de la Policía seccional Sucre, con medida de aseguramiento y sindicado por el supuesto delito de Rebelión; en mayo de 2006 fue absuelto. 

El 3 de mayo del año 2007 Luis Miguel salió de su casa en horas de la mañana para visitar a su padre que vivía en la vereda Desbarrancado, Luis Miguel le dijo a su hermano Elkin que lo acompañara pero él le dijo que más tarde lo alcanzaba, luego de estar en la casa de su padre salió para la casa de la abuela de su esposa, donde desayunó y volvió a su casa como era de costumbre. Al medio día algunas personas de la comunidad escucharon disparos, pero solo hasta cuando su familia llega al lugar donde provenían los sonidos, la infantería de Marina N° 4 del municipio de Colosó no los dejo pasar cerrando la vía, diciéndoles que había un campo minado e insistiendo ante las preguntas de los familiares de Luis, que no había pasado nada.


las dos de la tarde la señora Cecilia Porto, madre de Luis Miguel, llegó llorando y un infante dijo “pobrecita ella llora porque es la madre”. En ese momento reconocieron que Luis Miguel estaba muerto, llamaron a la fiscalía para que hiciera el levantamiento del cadáver, pero antes de llevárselo arreglaron la escena poniéndole un camuflado, un fusil, unos cables y panfletos alusivos a las FARC-EP, además le quitaron quinientos mil pesos, que eran producto de su trabajo como campesino.

Al día siguiente en el periódico regional El Meridiano y en el noticiero Telecaribe anuncian que la infantería Marina había dado de baja en un combate a un guerrillero, sin embargo su familia y sus compañeros saben que él nunca se alzo en armas ni militó con las Farc.

El 27 de noviembre de 2009 un Fiscal decidió terminar la investigación contra los militares Paúl Eduardo García Lissa, el subteniente Moisés David Palermo Orozco, los cabos Iván Andrés Mejía Guayara y Ever Enrique Pienda Micahan, pertenecientes al Batallón Fusileros de Infantería de Marina No 4. La decisión judicial indica que los militares respondieron al supuesto ataque con arma de fuego que el campesino Luis Miguel había emprendido contra ellos, y reforzaron estos falsos testimonios con las pruebas de los peritos comisionados por la Fiscalía para analizar el arma de la que supuestamente el campesino disparó determinando que el campesino Luis Miguel Gómez si había disparado contra los Militares.

Su familia, conocidos y los campesinos miembros del sindicato Sindeagricultores saben que es ilógica una batalla entre 50 Infantes de marina y un campesino en estado de indefensión pues él no portaba ningún arma.

La ejecución extrajudicial de Luis dejó un niño de 14 años, y a su esposa Marisela Ortega Gómez quienes lo recuerdan como un esposo ejemplar, responsable de su hogar, amoroso, alegre, al que gustaban las cabalgatas, además de compartir con sus amigos y su familia.

Luis Miguel Gómez Porto en la Memoria 
Luis Miguel Gómez Porto Sin Olvido

lunes, 25 de abril de 2016

Jaime Gómez , diez años en el corazón

 23 de abril 2006 - 23 abril 2016

Son diez años y a veces parecen días, si acaso meses. Hay momentos en que sigo preguntándome por qué, y en que me digo a mi misma que no es posible. Son instantes donde uno cree que la maldad, el odio, la violencia y el silenciamiento de la diferencia no existen. Son momentos en los que una pregunta ética y moral inundan el pensamiento y el corazón, y en los que uno necesariamente se interroga por el tipo de país y de mundo que haría posible que esto no volviera a ocurrir.

Papi, parece que después de muchos años e intentos la paz es posible. Frente a la negociación entre el gobierno y las FARC-EP ha habido avances significativos, incluidos acuerdos que tienen que ver con los derechos de los sujetos victimizados. No es un acuerdo perfecto, pero es la posibilidad de torcer un camino que se ha vuelto destino en Colombia. Es la posibilidad histórica de decir que caminando con la violencia no vamos a encontrar al final del trayecto la radicalización de la democracia ni ninguna forma política, social y económica alternativa al capitalismo y al liberalismo. Algunos y algunas se oponen al proceso de paz, no porque les interese construir un país en el que la política no esté cruzada por la eliminación física del contradictor, sino porque han hecho de la guerra su modus operandi, su forma de ver, sentir y hacer en este mundo. Porque la guerra les ha significado dividendos políticos y económicos, y porque han puesto por encima el odio y la venganza en un país que le ha enseñado a la gente que más vale odiar y desconfiar, que construir desde la solidaridad, el amor eficaz y el cuidado horizontal.

Con muchos y muchas he caminado estos más de tres años del proceso de paz, convencidos de que es urgente que cesen los fusiles y se eleve el conflicto social (Hijos e Hijas, 2012), porque será en un escenario en el que no nos maten por pensar diferente, en el que tendremos la posibilidad de convertirnos realmente en opción política. En estos años hemos visto como al tiempo que se habla de paz, la violencia paramilitar, estatal, de la extrema derecha se mantiene. Como defensores de derechos humanos, activistas, indígenas, afrodescendientes, campesinos, víctimas y mujeres han sido asesinados, hostigados, amenazados por exigir sus derechos. Sabemos que la paz es el principal obstáculo para la máquina de guerra y exclusión, y entonces convencidos de que una paz no hegemónica es el camino, nos estamos preparando para disputar el sentido de la transición que se avecina.

No creemos en una transición plana y lineal de la guerra a la paz, del amor al odio, del odio a la reconciliación, del atraso al desarrollo, sino que más bien entendemos que en este momento se exacerban las contradicciones sobre el tipo de país que distintos actores queremos construir. No creemos en la transición hegemónica que quiere dejar todo intacto, sin modificar las causas estructurales que generaron la guerra, una transición que se sigue apoyando en  un desarrollo que profundiza las desigualdades internas del país y las que tenemos con el norte global. Como no queremos esa transición, lo que hacemos día a día es tratar de plasmar en la práctica el país que soñamos, una Colombia que dignifique a su pueblo, y en la que la verdad, la justicia y la práctica de la diferencia sean posibles.

Ese país no podemos construirlo solos. Requiere de la gente que de tanta violencia se ha tornado indiferente. Requiere de todos aquellos que deciden como parte de una convicción política dejar las armas y buscar la construcción de alternativas desde la civilidad. Requiere de un proceso de paz con el ELN y el EPL que permita pluralizar el campo político y aunar fuerzas para diputarle a la transición hegemónica su noción de paz y su propuesta de país. Requiere un amplio movimiento social y político capaz de articular visiones y acciones, dejando atrás las divisiones, los sectarismos y los protagonismos, explotando al máximo su capacidad inventiva y de imaginación política. Requiere la desmovilización real del paramilitarismo y la del Estado. Requiere que las garantías para la pluralización de la democracia se hagan reales, así como garantías para que dejen de asesinar a quienes piensan distinto y se oponen a la máquina neo-extractivista, una nueva forma de sembrar la muerte en el territorio. Y requiere, por supuesto, que los derechos de los sujetos victimizados sean realmente materializados, más allá del discurso, porque si alguien debe ser dignificado en este escenario son las víctimas, todas ellas, incluidas sus propuestas sobre verdad y justicia, que no son sólo sus derechos sino sobre todo pilares fundamentales para construir otra sociedad.

De allí que sea necesario que los acuerdos sobre los derechos de las víctimas garanticen un trato equitativo a las víctimas de la guerrilla y del Estado, y que finalmente el Estado reconozca que ha empleado la violencia como una manera de asegurar en el poder a ciertas élites, y que éstas tienen una importante responsabilidad en lo que ha ocurrido en el país. Como te pedí el 21 de marzo, 10 años después del día en que te llevaron, que sepamos la verdad y que se haga la justicia que tu, tu familia y quienes caminaron siempre contigo merecemos. El lunes, como muchas otras veces, en familia te recordamos, te pasamos por el corazón, y evocamos todo lo que nos diste, y nos sigues dando. Gracias por seguir siendo un puente entre la vida y la paz, y entre el pensamiento crítico y la acción.

Te extrañamos y amamos, hoy y siempre.  

Antígona Gómez  

lunes, 18 de abril de 2016

Eduardo Umaña Mendoza

Abril 18 de 1998 - Abril 18 de 2016

Los noventas huelen a humo de silenciador. Silenciador de bala, de calle, de pasamontañas, de orejas, sentidos, ojos, de niños y ancianos. Los dos mil, saben a lágrima salada, cansado desplazado, dormida conciencia.

Dieciocho años con humos que oscurecen los horizontes y sinsabores que apestan las voces. Dieciocho de nuevos viejos caminos a los olvidos. Nuevo siglo que no es el mismo pero es igual; nuevo siglo con más cruces, más agonías.

Eduardo Umaña Mendoza, amigo del alma, amigo de sueños, amigo de travesuras. Eduardo hijo del maestro Eduardo Umaña Luna, abogado penalista y de una bella mujer, Chely, su incansable cómplice.

Su incansable búsqueda de la verdad lo llevó a defender importantes casos en pro de los derechos humanos. Había seguido el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, defendió a sindicalistas y a numerosas víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Después de las múltiples amenazas que recibió en su vida, José Eduardo Umaña, fue asesinado, sus victimarios desarrollaron una acción encubierta dirigida desde una Brigada militar 20, luego de que dos hombres y una mujer al haberse hecho pasar por periodistas entraron a su oficina y trataron de secuestrarlo. Eduardo se negó a ser llevado a la fuerza. Siempre lo había dicho si vienen por mí y me pretenden desaparecer yo no me dejo llevar. Por eso, le dispararon.

Un sábado 18 de abril, antes del medio día, en su apartamento, lugar habitado por la búsqueda insaciable de la justicia, espacio pequeño que albergó grandes ideales, en que se dispersaron humaredas de cigarrillo para apaciguar la ansiedad, en que se esparció el aroma del café por todo rincón, en ese nicho de acogida, en donde el llanto de los excluidos encontraba reposo, los perseguidos judicialmente encontraban esperanzas, y las víctimas de Crímenes de Estado una mano amiga, en ese recinto fue asesinado José Eduardo Umaña.

Su opción por la vida, justicia real como democracia plena, derechos de los pueblos como concreción de los derechos humanos, lo llevó a asumir la posibilidad de saberse cierto de la tortura, la desaparición forzosa o de su asesinato del Estado, por eso prefirió morir enfrentando a sus victimarios, se enfrentó a aquellos que fueron a cumplir la misión que otros, diseñaron y definieron, esos otros que hoy siguen disfrutando de honerosas pensiones militares, usufructuando el poder político y económico en Colombia.

La primera orientación de la investigación permitió evidenciar el papel desempeñado por los miembros de las fuerzas armadas y del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía la que se fue diluyendo en medio de un montaje procesal con un falso "testimonio espontáneo" de un detenido de la prisión de Guaduas que dijo conocer los asesinos de José Eduardo Umaña Mendoza.

Once años después, Salvatore Mancuso confesó ante la Fiscalía que el asesinato de Umaña Mendoza se dió bajo la orden de las AUC, después de que se reunieran sus jefes, entre los que se encontraba Carlos Castaño, en una finca de nombre “La Marranera”. Su versión inicial y la forma como fue divulgada la noticia por las fuente oficiales ocultaron los nombres de los responsables en altos mando militares de su asesinato. En  2011, el caso fue llevado por la esposa Patricia y su hijo Camilo iniciaron una demanda al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dos días después de su asesinato, el 20 de abril cuando fue inhumado se experimentó como ese día gris, un gran llanto y un gran dolor, entre ellas se reflejó su gran compromiso con la gente, con la victimas, su ingenio para reivindicar los derechos humanos, su audacia para afirmar los derechos de los pueblos, su valentía para enunciar fuertemente lo que muchos temían decir, para construir una y otra vez un país donde fuera posible vivir.

Camilo Umaña Hernández, expresión del hijo, pero también de esa sensibilidad de la madre, la compañera, Patricia, la lealtad suprema, la incondicional: “Estos 15 años de injusticia e indignación no podrían ser subtitulados de muerte porque la vida de mi padre ha brotado en muchas partes, formas y personas. Estos son años de una profunda trascendencia que se siente en el colegio Eduardo Umaña Mendoza, en grupos de debate, universidades, activistas, defensores de derechos humanos y sindicatos. En estos 18 años bien vale hacer una acción de gracias. Con los pies firmes, agradecer a Eduardo Umaña Mendoza por no doblegarse, por insistir, por su ternura y solidaridad con los desaparecidos, con los muertos y torturados, con los puestos injustamente en prisión y con los que buscan otro futuro para su país. Quince años de “más vale morir por algo que vivir por nada”.

Esa es nuestra certeza, esa es nuestra experiencia, ese es nuestro sentir, en la memoria continuamos elaborando el duelo de aquel que nos inspiró, quien nos inspira a construir y a enfrentar, como el Quijote. A luchar y a imaginar un país alegre, bello, justo y en paz.

Recae en cada ser humano, entonces, la responsabilidad, no sólo de conmemorar su muerte sino de procurar siempre la verdad, la defensa de los Derechos Humanos, la justicia y la paz. Procurar que la memoria sea un paso más en la construcción de una nueva sociedad, que sus palabras sigan inspirando a muchos y muchas

José Eduardo Umaña Mendoza, en la Memoria.
José Eduardo Umaña Mendoza, Sin Olvido.

jueves, 3 de marzo de 2016

José de Jesús Antequera Antequera


Marzo 3 de 1989 - Marzo 3 de 2016
Han pasado 27 años desde esa tarde bogotana, donde fue arrebatada una vida más que crecía con la propuesta política de la Unión Patriótica - UP. Eran las 3 de la tarde de ese 3 de marzo, cuando fue asesinado “Pepín”, JOSE ANTEQUERA, y con este crimen, una flor fue arrancada del jardín, de la militancia de la UP.



La persecución política contra la Unión Patriótica, expresión de una esperanza de transformación social surgida en Colombia, cobró la vida de mujeres y hombres que con su ausencia han marcado la vida de una nueva generación, la de los hijos y las hijas.



Uno de estos hombres, muy humano fue JOSE DE JESUS ANTEQUERA ANTEQUERA, su voz fue callada hace 27 años y su pensamiento suspendido en el tiempo, cuando miembros de la estructura militar encubierta del Estado colombiano lo asesinaron en el Aeropuerto de Bogotá.



Dirigente del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, Asesinado en Bogotá el 3 de marzo de 1989 este hombre demostró ser un intento de transformación social, de esperanza colectiva y de dignidad.

En medio de esa multitud que se encontraba en el aeropuerto El Dorado, los sicarios dispararon 24 veces contra JOSE y aún así no lograron que muriera en ese instante. Se aferró a la vida mientras era conducido a una clínica de la ciudad, y ante tanta terquedad, terminaron conduciéndolo a la clínica más lejana, a la que llegaron cuando ya su cuerpo no resistió más.

JOSE, el “Pepín” como era conocido cariñosamente, dejó impregnado el espacio de la memoria con su alegría y entusiasmo caribeño, de las anécdotas de su militancia en la Juventud Comunista, en el Partido y luego en la Unión Patriótica, buscando hacer realidad esos sueños de transformación social. JOSE, el abogado, el labrador de la Paz cuyo convencimiento lo expresó al decir la función de su partido: "ahora y siempre nuestra bandera es y será de la paz". 

JOSE no sólo anunció la necesidad del cambio, de la transformación radical de la sociedad, también denunció al poder que se opone a que ese sueño sea realidad. Denunció las estrategias de ese poder, las políticas, las económicas, las sociales, las militares. Denunció los vínculos entre esa clase política con grupos paramilitares, los nexos entre militares y paramilitares, lo que se tradujo en amenazas contra su vida, hasta llegar a la muerte.

José Antequera ingresó a la Juventud Comunista, JUCO cuando apenas tenía 14 años de edad. Algunos años más tarde se convirtió en el Secretario General más joven de esta organización en su historia. Graduado como abogado, se integró a la UP  donde fue el responsable de las relaciones políticas de este partido, al tiempo que seguía al frente de la Secretaría de la JUCO. Además era profesor universitario, incansable lector y un analista político sobresaliente.

Su amigo Carlos Lozano, director del Semanario Voz, lo recuerda así: “Era un lector empedernido y me recomendaba textos de actualidad. Casi siempre tenía un libro en las manos, que leía en el transcurrir de alguna tediosa reunión. Los comentábamos con frecuencia. No había límite: igual un texto de política, historia o literatura.”

José David, su hijo, quien ha emprendido una batalla quijotesca para preservar la memoria de su padre y la de las víctimas del genocidio contra la UP asegura: “Mi padre, José Antequera Antequera era un animal político; era comunista y por eso lo asesinaron en 1989. Las muchas razones para considerar la importancia de un “no olvido”, sobre su vida, pensamiento, acción  y muerte, son al mismo tiempo producto de una valoración de la memoria que se opone al olvido; historia disidente que se opone a la  hegemonía de la historia”.


José Antequera era un hombre de posiciones firmes y profundas convicciones. Si bien se sentía identificado con las ideas comunistas, y se sabía comunista hasta la médula, ello nunca lo llevó a ignorar o justificar la barbarie que agrupaciones de izquierda cometían en el mundo entero, como en el caso del Gulag soviético. Sustentado siempre en elevados principios éticos y profundos razonamiento humanos, Antequera, a la vez que cuestionaba de manera abierta, la combinación de todas las formas de lucha, enfrentó la criminalidad del Estado colombiano, siempre desde la palabra y la legalidad. “El fin no justifica los medios” solía repetir.


El 3 de marzo de 1989 “Pepe” llegó temprano al Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Viajaba a Barranquilla, su ciudad natal a pasar unos días con su mamá. Acababa de cruzar la puerta del terminal aéreo, cuando se encontró con el ex candidato presidencial, Ernesto Samper Pizano. Apenas estaban intercambiando un saludo, cuando varios sicarios, en acción temeraria y decidida, le dispararon en repetidas ocasiones. Antequera cayó al suelo, mientras Samper, protegido por su esposa Jacquin Strauss, quedó herido de gravedad. Los sicarios conocían en detalle sus movimientos. Los escoltas que le había asignado el Gobierno eran del DAS.



La de José Antequera Antequera, como la de tantos otros, fue de nuevo una muerte previsible y prevenible. “Pocos días antes, en Montería, capital del paramilitarismo y del anticomunismo, había denunciado con valor a Carlos Castaño y a las AUC como promotores de la guerra sucia contra la Unión Patriótica con la complicidad de oficiales y brigadas del Ejército. Algunos periodistas dijeron que allí selló su sentencia de muerte. Fue superior el valor de este joven comunista y revolucionario, que como tantos otros no vaciló en denunciar a los directos responsables del martirologio de comunistas y luchadores populares.



Semanas después del asesinato de Antequera, la familia siguió siendo objeto de acosos e intimidaciones. Policías que se hacían pasar por miembros de la UP o por periodistas terminaban dentro de su apartamento averiguando hasta los detalles más íntimos de sus vidas.


El asesinato de José de Jesús como el de tantos otros miembros de la unión patriótica ha quedado en la absoluta impunidad pues nunca se establecieron culpables y aún cuando es evidente la responsabilidad del Estado, este no ha hecho nada por establecer la verdad y una reparación integral a las familias de las víctimas.

A “Pepe” como a cinco mil militantes comunista y upecistas, no lo asesinaron porque el partido comunista y la unión patriótica combinaran luchas como lo aseguran los que no se atreven a reconocer el genocidio político del Estado.   


Hoy los sueños de ANTEQUERA como los de tantos militantes de la UP, son portados por otros y otras. Pero los portadores de sueños siguen siendo perseguidos, amenazados, exterminados. “Antequera, Antequera, podrán cortar la flor pero no la primavera”.

José de Jesús Antequera en la memoria

José de Jesús Antequera Sin Olvido