viernes, 18 de enero de 2019

Masacre de la Rochela


18 de enero de 1989

En enero de 1989 se encontraba un Comisión Judicial en Simacota, Santander. La comisión estaba compuesta por jueces, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), secretarios y conductores que acompañaban a los funcionarios, en total eran 15 servidores de la rama judicial que estaban investigando masacres y asesinatos selectivos en Magdalena Medio, entre ellos, el caso de desaparición forzada de 19 comerciantes en la región cometida por paramilitares.

Las investigaciones apuntaban entonces, a la consolidación y control del paramilitarismo por medio de la operatividad de violencia en el Magdalena Medio. Es por ello que, el 18 de enero de 1989 mientras los funcionarios se trasportaban en la región fueron detenidos aparentemente por la Fuerza Pública, quienes, los despojaron de sus armas y les indicaron que era lo mejor para evitar malos entendidos por los grupos armados que se encontraban en la zona.

Posteriormente, fueron interceptados y emboscados por paramilitares en un lugar conocido como La Rochela, la comisión fue atacada con un tiroteo que le quito la vida a 12 de los 15 funcionarios que se transportaban, tres de ellos sobrevivieron al azar y al aparentar estar muertos, luego, los paramilitares hurtaron las investigaciones que estaba adelantando este equipo jurídico, antes de que se retirasen dejaron un mensaje que decía “Fuera el MAS, fuera los paramilitares”, una acción que buscaba desviar los hechos de la complicidad y responsabilidad entre paramilitares y Fuerza Pública y atribuir la masacre a grupos guerrilleros.

En su momento, lo ocurrido fue muy cuestionado, la manera en que habían llegado al lugar, despojados de sus armas y no tenían ningún tipo de protección en un área reconocida como zona roja, de forma que, el papel de algunos medios contribuyo a que el gobierno tomara decisiones sobre la búsqueda de los responsables. Los testimonios de los tres sobrevivientes de la masacre ayudaron a la investigación de los perpetradores, meses después de la masacre se capturo a Alfonso de Jesús Baquero Agudelo, alias “Vladimir”o el “Negro Valadimir” líder del grupo paramilitar de los Mesetos en Magdalena Medio, este afirmo que la masacre fue auspiciada por comerciantes, ganaderos y miembros del Ejército Nacional.

De esta forma se conoció la implicación de los generales Farouk Yannine Díaz, Carlos Julio Gil Colorado, Alfonso Vacca Perilla y Juan Salcedo Lora, junto al congresista Tiberio Villa Real. Pese a los procesos judiciales iniciados por participación y omisión sobre las acciones paramilitares, los responsables no han sido judicializados, de 36 personas incriminadas solo dos de estos han sido sentenciados, incluso en 2018 los generales Vacca y Salcedo fueron exonerados de la responsabilidad.

El Estado colombiano ha legitimado y perpetuado la impunidad, dado que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), condeno en 2007 al Estado por lo ocurrido, ordeno reparación y la adjudicación de responsabilidades a los culpables y con nada ha cumplido. Los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la masacre siguen a la espera de verdad, justicia y reparación integral, reconstruyeron sus vidas sin el apoyo estatal y con la ausencia de sus seres queridos, pero con un sentimiento de que aún son acompañados por quienes se fueron.

Por ello, sigue viva la memoria de Mariela Morales Caro, 36 años, Jueza 4 de Instrucción Criminal de San Gil; Pablo Antonio Beltrán, 40 años Juez 16 de Instrucción Criminal de San Gil; Samuel Vargas, 44 años, Conductor del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil; Gabriel Enrique Vesga, 23 años, Miembro del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil; Cesar Augusto Morales, 28 años, Miembro del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil; Yul Germán Monroy, 28 años, Investigador del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá; Carlos Fernando Castillo, 24 años, Secretario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá; Orlando Morales, 21 años, Investigador del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial; Virgilio Hernández, 59 años, Secretario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá; Benhur Iván Guasca, 24 años, Investigador del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial; Luis Orlando Hernández, 29 años, Investigador del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá; Arnulfo Mejía, 24 años, Conductor del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil.

Víctimas de la Masacre de la Rochela en la Memoria
Víctimas de la Masacre de la Rochela Sin Olvido

martes, 15 de enero de 2019

Manuel Gustavo Chacón

Foto: hijosbogota.org  y archivo Familia Chacón
15 de enero de 1988

Un día como hoy, enero 15 de 1988, Gustavo Chacón fue asesinado en el centro de Barrancabermeja, tras recibir una llamada telefónica falsa en que le solicitaban acudir al Banco de los Trabajadores para resolver un supuesto problema.

Manuel Gustavo Chacón, nacido en Charalá Santander en marzo de 1953, llego a los 25 años a la ciudad de Barrancabermeja en donde estudió metalistería en el SENA, posteriormente ingresó a ECOPETROL, en donde se vinculó a las luchas populares tomando como suyas las reclamaciones tanto laborales de la empresa en donde trabajaba, como las sociales; además de ser dirigente de la subdirectiva de la Unión Sindical Obrera (USO) en la misma ciudad se destacaba por ser cantautor y poeta.

Manuel Gustavo dirigía los paros cívicos, por el derecho a la vida, por mejores servicios públicos, esto lo hizo muy cercano a los sectores populares ganándose el apodo de “El loco Chacón” y el aprecio y el cariño de las diferentes personas, destacándose como un dirigente social preocupado por los derechos de las comunidades y por organizar a los sectores excluidos.

El 15 de Enero de 1988 Manuel Gustavo se encontraba en la sede de la USO después de recibir una llamada telefónica donde solicitaban su presencia inmediata en el Banco de los Trabajadores lugar al que se dirigió junto con Luis Eduardo Galindo; al llegar al banco notaron que la llamada era falsa y pensaron que se trataba de una broma.

Encontrándose en el centro de la ciudad aprovecharon para cobrar la quincena, Luis Eduardo se quedo en el banco mientras que Manuel Gustavo se dirigió a un almacén de ropa en el que se encontraba comprando unas prendas para sus hijos, y quedó de encontrarse más tarde con su compañero para realizar gestiones del sindicato.

Hacia las 10:15 a.m Manuel estaba en un puesto de revistas que acostumbraba visitar, mientras miraba algunas publicaciones se estacionó a su lado una camioneta Toyota cuatro puertas de color azul, al lado de ésta dos motos y una camioneta de la Armada Nacional de color blanco. Desde la camioneta azul bajaron 5 hombres que le propiciaron 21 disparos.

Manuel Gustavo fue llevado por compañeros de la USO al Policlínico de ECOPETROL en donde murió hacia las 11 de la mañana.

Los victimarios huyeron sin que la fuerza pública que se encontraba cerca de este lugar lo impidiera, la camioneta azul se dirigió al Batallón Nueva Granada, en donde se detuvo unos minutos mientras algunos participantes del asesinato bajaran luego continuó su camino hacia la Refinería.

El dueño del puesto de revistas y demás testigos afirman que la camioneta azul era conducida por el sub oficial de la Armada Pablo Francisco Pérez, posteriormente se conoció que Robinson Rueda fue uno de los autores materiales.

Tras el asesinato de Manuel Gustavo sus compañeros de sindicato convocaron a la gente de Barrancabermeja a sumarse a un paro cívico que permaneció hasta el 19 de enero en el que expresaban su rechazo por este crimen, señalando a los responsables y exigiendo justicia y la desmilitarización de la ciudad. Entre tanto, militares dispararon a la sede sindical en donde se velaba a Manuel, atacando desde las tanquetas a los asistentes, en este accionar represivo un menor de edad, Jhon Jairo Vanegas, perdió la vida y detuvieron a 14 personas más.

Con el levantamiento del paro inicio la investigación por parte del Juzgado Sexto de instrucción Criminal, con el apoyo del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, durante la investigación se recibieron testimonios en los que se debelaba la participación por acción y omisión de unidades militares y de policía.

Las pruebas obtenidas por civiles en contra de otros responsables como, el Teniente Coronel Eduardo Santos Quiñones Comandante del Batallón Nueva Granada; el Capitán José Gustavo Casariego Rojas, Comandante de la Flotilla Fluvial del Magdalena Medio de la Armada Nacional; el Teniente Jairo Salazar Medina y el suboficial Pedro Palma, ambos S-3 de la Flotilla Fluvial de la Armada Nacional, no fueron tenidas en cuenta.

De la misma manera no se investigó al Capitán José Oswaldo Reyes Pinilla, Comandante de la Estación de Policía de la Refinería; al Teniente Raúl Baquero Baquero, subcomandante de la misma Estación; a los agentes José Ananías Ramírez, Rodrigo Guzmán Ramírez, Carlos Lozano Mayorga, José Guasca Beltrán y Marco Aurelio Briceño, adscritos a la Estación de la Refinería, perteneciente al IV Distrito de la Policía.

Hoy después de 31 años el asesinato de Manuel Gustavo sigue en la absoluta impunidad, de 5 sicarios solo un militar, perteneciente a la Armada Nacional fue condenado y el caso se encuentra archivado. Sin embargo, desde 2002 en su memoria se nombro la plazoleta central de Ecopetrol como la “Plaza de la Libertad, Manuel Gustavo Chacón Sarmiento”, por orden de la Alcaldía Mayor de Bogotá. En 2019, para conmemorar más de tres décadas del líder popular, se realizó la obra de teatro “Quiero situarme”, a la cual, se podía acceder por medio de la donación de útiles escolares como símbolo de defensa a la educación y en contra de la violencia política.

Manuel Gustavo Chacón en la Memoria.
Manuel Gustavo Chacón Sin Olvido.

Emilsen Manyoma

14 de enero de 2017

Emilsen Manyoma empezó a afirmar su camino como líder cuando en 2005 denuncio el control, la libre movilidad paramilitar y de tráfico de droga en el barrio El Calima, de Buenaventura, Valle del Cauca.

Inició su labor en compañía de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, luego se convirtió en vocera local de las Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ) en Buenaventura, una red de apoyo entre comunidades que intercambian experiencias y trabajan por la aplicación del derecho internacional humanitario en zonas de conflicto.

Como defensora de derechos humanos, Emilsen brindaba apoyo al Espacio Humanitario Puente Nayero, creado el 13 de abril de 2014 en el vecindario de Playita, un espacio que tiene como propósito proteger a las comunidades y prohibir la entrada a cualquier actor armado. Desde allí acompaño el retorno de indígenas al resguardo Santa Rosa Guayacán, desplazados forzosamente por paramilitares y Fuerza Pública. Su labor desde mediados de 2016 fue documentar asesinatos y desapariciones forzadas para la Comisión de la Verdad.

Emilsen fue vista por última vez junto a su esposo Joe Javier Rodallega, abordando un taxi el 14 de enero de 2017 en Villa Linda. Sus cuerpos fueron encontrados el martes 17 de enero en el vecindario El Progreso, de la comuna 10 de Buenaventura. Según el director del CTI, Omar Bonilla, los cuerpos se encontraron en estado de descomposición, presentaban heridas con arma blanca y de fuego, mientras que la Fiscalía añadió en un comunicado que fueron amordazados y degollados.

Días después, el ahora partido político FARC, advirtió que Marco Antonio Manyoma Ocampo alias “Camilo Robledo”, hermano de la defensora y disidente del Frente 30 de la entonces guerrilla, sería responsable del doble asesinato, por un reclamo que Emilsen le habría hecho por su comportamiento escandaloso tras desertar en pleno proceso de reincorporación del grupo insurgente llevando consigo armas y bienes que despilfarraba desmedidamente. En febrero de 2017 fue enviado a la cárcel Julio César Valencia el taxista que transporto a los presuntos victimarios.

Emilsen jugó un papel fundamental en el trabajo de Derechos Humanos con jóvenes del consejo comunitario del Bajo calima del cual hacia parte; pertenecía al grupo de líderes de la red CONPAZ en el Valle del Cauca desde donde dinamizaba y acompañaba actividades por la defensa de la vida y de los territorios.

Emilsen hace parte de la sistematicidad de asesinatos a líderes sociales desde el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, hoy se sigue exigiendo justicia y un acompañamiento del Estado a los líderes y lideresas que como Emilsen luchan por la defensa de los derechos humanos y llevan a cabo tareas de protección a las comunidades con ideales y sueños para sus territorios.

Emilsen Manyoma en la Memoria
Emilsen Manyoma Sin Olvido

lunes, 14 de enero de 2019

Masacre de Pueblo Bello



14 de enero de 1990

El 14 enero de 1990 en horas de la noche, ingresaron aproximadamente 60 paramilitares al corregimiento de Pueblo Bello, municipio de Turbo, Antioquia, los hombres armados se autodenominaban como miembros del grupo “Los Tangueros”, quienes, habían incursionado en el territorio por órdenes de Fidel Castaño.

Al ingresar sacaron a los habitantes del pueblo de sus viviendas y a algunos jóvenes de la iglesia presbiteriana, los paramilitares organizaron a las víctimas en la plaza principal y los forzaron a acostarse boca abajo, luego, seleccionaron a 43 campesinos, entre ellos dos menores de edad. Después de seleccionarlos, los amordazaron y quemaron tres viviendas de Pueblo Bello.


Posteriormente, transportaron a los habitantes a la finca “Santa Mónica”, en el departamento de Córdoba, los vehículos que se desplazaron desde Pueblo Bello hasta la finca en Valencia, pasaron por dos retenes custodiados por los Batallones Vélez y Cóndor de la Brigada XVII del Ejército Nacional. Al llegar, los campesinos fueron interrogados y torturados brutalmente, punzaron sus venas, perforaron sus ojos, aserraron sus oídos y mutilaron sus órganos genitales, finalmente, fueron ejecutados.


La masacre se dio porque la guerrilla habría robado 43 reses del paramilitar Fidel Castaño, que según se decía, habrían sido transportadas a través de Pueblo Bello hacia otro lugar, considerando a los habitantes del corregimiento como cómplices de dicho robo. Al día siguiente, los familiares de los desaparecidos conformaron una comisión de búsqueda para saber sobre sus seres queridos.


Para ello se dirigieron al capitán del Ejército en San Pedro de Urabá, de este entonces, Fabio Enrique Rincón Pulido, cuando los integrantes de esta comisión preguntaron por los campesinos, este respondió: “En Pueblo Bello cambiaron vacas por gente”, haciendo referencia al robo realizado por la guerrilla en 1989 a paramilitares en la finca “Las Tangas”. Según los familiares de los 43 campesinos, una semana luego de la masacre, militares llegaron al pueblo ofreciendo 50 mil pesos a cada familia para silenciarlos.


Algunas de las víctimas eran simpatizantes del Frente Popular, un partido de izquierda de la región. Algunos cuerpos fueron encontrados en Las Tangas en la finca Jaraguay y se han entregado los restos óseos de siete personas identificadas: Juan Roberto Mesa, Ricardo Manuel Bohórquez, José Leonel Escobar Duarte, Jesús Ovidio Carmona, Andrés Manuel Pedraza Jiménez, Jorge Martínez, Manuel de Jesús Montes y un menor identificado con las iniciales de J.E.B.O.

Pero aún se desconoce el paradero de 37 campesinos:  José del Carmen Álvarez Blanco, Fermín Agresott Romero, Víctor Argel Hernández, Genor Arrieta Lora, Cristóbal Manuel Arroyo Blanco, Diómedes Barrera Orozco, Urías Barrera Orozco, Jorge Fermín Calle Hernández, Jorge Arturo Castro Galindo, Benito Genaro Calderón Ramos, Juan Miguel Cruz , Ariel Dullis Díaz Delgado, Camilo, Antonio Durango Moreno, César Augusto Espinoza Pulgarín, Wilson Uberto Fuentes Miramón, Andrés Manuel Flórez Altamiranda, Santiago Manuel González López, Carmelo Manuel Guerra Pestana, Miguel Ángel Gutiérrez Arrieta, Lucio Miguel Úrzola Sotelo, Ángel Benito Jiménez Julio, Miguel Ángel López Cuadro, Mario Melo Palacio, Carlos Antonio Melo Uribe, Juan Bautista Meza Salgado, Pedro Antonio Mercado Montes, Luis Carlos Ricardo Pérez, Miguel Antonio Pérez Ramos, Raúl Antonio Pérez Martínez, Benito José Pérez Pedroza, Elides Manuel Ricardo Pérez, José Manuel Petro Hernández, Luis Miguel Salgado Berrío, Célimo Arcadio Hurtado, Juan Luis Escobar Duarte, Ovidio Carmona Suárez.


El 31 de enero de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) adjudico responsabilidad internacional al Estado colombiano por la desaparición y ejecución extrajudicial de 43 campesinos. Luego, la justicia impuso una sentencia de 20 años de prisión a los hermanos Enrique Rivas Naar, alias Frank y Oliver Jose Cervantes Naar, alias Abelito, dos exparamilitares que aceptaron la participación en los hechos.


El 9 de marzo de 2009, el entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos, en nombre del Estado pidió perdón a los familiares y a la sociedad por lo ocurrido en Pueblo Bello. En 2018 fue enviado a prisión el militar teniente (R) del Ejército, Fabio Rincón Pulido, a quien se le perfilo como responsable de homicidio múltiple agravado, desaparición forzada, terrorismo y tortura.  

Hoy se sigue en búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación con las que debe cumplir el Estado según la CorteIDH, la búsqueda sigue con incertidumbre y ausencia de  los seres queridos de Pueblo Bello, sin embargo, los familiares de cada hombre trabajador víctima de la masacre hacen viva la memoria de cada campesino que fue y es desprotegido por el Estado. 


Víctimas de la Masacre de Pueblo Bello en la Memoria
Víctimas de la Masacre de Pueblo Bello Sin Olvido


miércoles, 2 de enero de 2019

Álvaro Marín Arango, Mercedes Rojas Artunduaga y Rubiel Antonio Murillo


2 de enero de 1991

El 4 de enero de 1991 el cuerpo de Álvaro Marín Arango fue encontrado en las aguas del río Bodoquero, a la altura del municipio de Morelia, Caquetá, cinco días después de que fuese detenido, desaparecido y torturado junto a dos personas más, Mercedes Rojas y Rubiel Murillo.
El semanario Voz, el 17 de enero de 1991 tituló “Torturan y asesinan a tres ciudadanos”. La muerte de Álvaro fue causada por las torturas sobre su cuerpo con golpes contundentes,  sus órganos genitales fueron destrozados por torniquetes  y ligaduras de alambre,  como parte de las técnicas del horror que usaron agentes del Estado educados en la mentalidad del enemigo interno.
Así pretendieron matar su mente, y aleccionar a un movimiento político,  y atacar a su hermano Luciano Marín, quien años atrás, ante el exterminio del partido político de la UP y las amenazas que recibió, optó por vincularse a las FARC.
Dos días antes, el 2 de enero, fueron encontrados los cuerpos de Mercedes y Rubiel, quienes, habían sido desaparecidos junto a Álvaro, también, militantes del PCC y la UP. Los cuerpos de ambos,  tenían signos de tortura. A ella la quemaron de la cintura hasta sus pies, y ambos fueron impactados, cada uno con tres tiros.
El 31 de diciembre de 1990 entre los festejos populares de fin de año, simultaneamente, estaba cegandose la vida de Álvaro, Mercedes y Rubiel; en los espacios de estas tres familias y de la memoria colectiva del Partido Comunista, continúa su presencia signada de esperanza, que alguna vez, la verdad social identifique esos patrones de persecución y exterminio que uso el Estado bajo el pretexto de dar seguridad a la democracia, acabando con los propios límites que diferencia el Estado de derecho del de la barbarie.
Imagen de Álvaro: Vidas Silenciadas.
Álvaro Marín Arango, Mercedes Rojas Artunduaga y Rubiel Antonio Murillo en la Memoria 
Álvaro Marín Arango, Mercedes Rojas Artunduaga y Rubiel Antonio Murillo Sin Olvido