jueves, 11 de julio de 2019

Elizabeth Cañas Cano,José Antonio Hernández y Diego Fernando Gómez

Julio 11-21 de 2000


Durante los días 11 al 21 de julio de 2000, fueron asesinados por paramilitares la integrante de Asociación de Familiares Detenidos-Desaparecidos, ASFADDES, Elizabeth Cañas Cano, el asesor jurídico de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, José Antonio Hernández y el dirigente del sindicato de trabajadores del Instituto de Seguros Sociales Diego Fernando Gómez.

Los asesinatos de estas tres personas se dieron por los avances dentro de la investigación que se adelantaba por la Masacre de Barrancabermeja, quienes en calidad de testigos aportaron datos claves para la vinculación de militares y paramilitares. El primer vinculado a este proceso fue el cabo segundo del Ejército, Rodrigo Pérez Pérez, perteneciente al Batallón Nueva Granada con sede en Barrancabermeja, a quién se le dictó medida de aseguramiento el 12 de agosto de 1998. Sin embargo, a los 8 meses este militar recuperó la libertad provisional por el pago de una fianza de aproximadamente US$150.



Aproximadamente tres años después, el fiscal que dirigió la investigación logró vincular al proceso al paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias ‘Panadero’ y a los civiles Álvaro Noriega y Graciliano Alarcón León.

Días antes del asesinato de Elizabeth, el 9 de julio de 2000, la testigo, había sido perseguida por dos hombres armados y dos días después, el 11 de Julio de 2000, fue ejecutada en Barrancabermeja, Santander, mientras se dirigía al Instituto de Seguros, en donde trabajaba; Elizabeth fue interceptada por paramilitares que se movilizaban en una camioneta quienes le dispararon causándole la muerte inmediata.

Elizabeth Cañas era hermana de José Milton Cañas y madre de Giovanny Herrera Cano quienes fueron desaparecidos junto a 25 personas más durante la Masacre de Barrancabermeja, ocurrida el 16 de Mayo de 1998. Esta valiente mujer un año antes de su asesinato ofreció su testimonio en calidad de víctima junto con su sobrina ante el Tribunal Internacional de Opinión realizado en Toronto y Montreal Canadá que se realizó durante los días 14, 15 y 16 de Mayo de 1999.

Y no bastó con asesinar a Elizabeth, también lo hicieron con los otros dos testigos, el 13 de Julio de 2000 fue asesinado Diego Fernando Gómez, quien era el dirigente del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales, además fue un destacado líder deportivo de la ciudad de Barrancabermeja. El asesinato de Diego fue en el Centro Auxiliar de Servicios Docentes, CASD, en el barrio Ciudad Bolívar los disparos que atentaron contra su vida fueron a manos de los mismos paramilitares que cegaron la vida de Elizabeth Cañas,los asesinos se movilizaban en la misma motocicleta de placas RX-115.

Ocho días después el 21 de Julio del 2000 hacia las 8:30 p.m. en el billar San Tropel ubicado en el barrio Tres Unidos, en Barrancabermeja, José Antonio Hernández quien era abogado, economista, dirigente sindical universitario, dirigente popular, miembro del Partido Comunista Colombiano PCC, y asesor jurídico de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos fue asesinado. Sus asesinos fueron identificados como paramilitares quienes se movilizaban en la misma motocicleta Yamaha RX-115.

Años más tarde la verdad y la justicia sigue ocultándose, las víctimas y sus familias, saben quiénes son los responsables, pero su verdad no es acogida, es rechazada, estigmatizada y negada.

El asesinato de Elizabeth Cañas, José Antonio Hernández, Diego Fernando Gómez quienes por ser testigos en los procesos contra paramilitares y altos mandos militares ofrecieron su vida para que algún día la verdad salga a la luz, sin embargo, estos crímenes también se encuentran en total impunidad.

Las afirmaciones de diferentes organismos de derechos humanos siguen vigentes al señalar que una de las causas de la impunidad en el país es que no existe suficiente protección para los testigos, víctimas, reclamantes y defensores y defensoras de derechos humanos que entregan su vida y su labor con el único fin de exigir justicia y verdad.

Eizabeth, José Antonio y Diego Fernando en la Memoria.
Eizabeth, José Antonio y Diego Fernando Sin Olvido.


martes, 9 de julio de 2019

Carlos Arturo Guengue

9 de abril de 1987


Carlos Arturo Guengue era un reconocido dirigente popular en el sector de Aguablanca, en Cali, Valle del Cauca, fotógrafo, militante de la Unión Patriótica y del Partido Comunista. Esposo y padre de dos hijos.

El 6 de julio de 1987 el agente de policía Saúl Rentería fue baleado y saqueado de su radio portátil en Cali. Agentes de policía de la SIJIN empezaron a buscar al responsable de los hechos, en donde, de forma irregular fue vinculada Luz Marina Castillo. La mujer y su hija fueron amenazadas, acusadas de haber robado el radio y de conocer a un hombre apodado “El Magnífico”, señalando a Carlos Guengue.

Días más tarde, el 9 de julio de 1987 a las 8 de la noche, hombres vestidos de civil, armados y llamados "los secretos”, miembros del F-2 de la SIJIN, por orden del suboficial Jaime Collazos allanaron la vivienda de Carlos. En la casa estaba Olga María Guerrero, esposa de Guengue, y sus dos hijos, de uno y cinco años. Olga fue interrogada, golpeada e insultada, la sacaron de la vivienda cogiéndola del cuello y la arrastraron hasta un carro, y aunque trato de pedir ayuda los hombres la callaron.  

Los policías en varios autos se dirigieron con Luz Marina y Olga al hospital San Juan de Dios, lugar en el que trabajaba Carlos, al llegar, él ya había salido en dirección a su casa. Mientras tanto Virgelina Chara vecina de la familia Guengue intentó advertirle a Carlos del allanamiento y que su esposa había sido detenida, sin embargo, los secretos” al ver que Virgelina había constatado los hechos también la detuvieron y subieron al mismo auto con Luz Marina y Olga.

A las 10 de la noche en el barrio Marroquín, Carlos fue detenido, golpeado e insultado por cinco integrantes de los secretos”, los hombres lo meten en la cajuela de un Renault gris y lo llevan a la Calle 70 con carrera 80. En el lugar, había un depósito de materiales. El vigilante del depósito observó la llegada de hombres vestidos de civil, con armas cortas, ametralladoras y radios portátiles, quienes además se acercaron para pedirle cigarrillos y agua.

Minutos después el Renault gris en cuyo baúl estaba Carlos tomó la autopista hacia la carrera primera y desapareció, desde aquel momento jamás se supo de Carlos. Al día siguiente, el vigilante del depósito de materiales vio el Renault gris en la inspección de policía del barrio las Ceibas.

El auto en el que estaban las 3 mujeres se fue en dirección a la Estación de Policía Fray Damián, en donde, los agentes indicaron haberlas detenido por ser miembros del M-19, y que, la prueba de ello eran boletines que habían encontrado al allanar la casa.

Dado que no existían las pruebas suficientes y las mujeres habían sido detenidas sin orden de captura y tampoco se había hecho la detención en estado de flagrancia, entonces fueron liberadas. Pero la desaparición de Carlos no fue suficiente, puesto que, los victimarios continuaron con amenazas y atentados contra Olga, al dispararle e intentar secuestrarla. La Procuraduría solicitó al DAS medidas de protección, pero las amenazas y los hostigamientos se intensificaron.

Debido a las denuncias realizadas, la Procuraduría Regional estableció que miembros de la policía del F-2 adscritos a la SIJIN habían realizado la detención ilegal vinculando al subteniente y comandante de la unidad antisubversiva Mauricio Nieto Rojas, al suboficial Jaime Collazos, el cabo primero Juan Pablo Colorado y los agentes Rubén Rodríguez y Fernando Valencia.

En el hecho participaron un mayor número de agentes de seguridad estatal, sin embargo, no se determinó quienes, así como tampoco la presunta responsabilidad de un agente de Estado con un rango mayor que estuvo involucrado en los hechos y protegió a los victimarios. Todos negaron la responsabilidad, pese a que, se supo que fue una operación de tipo paramilitar y clandestina, ni la justicia penal, ni militar adjudicaron responsabilidad o se tomaron medidas disciplinarias.

Aunque se imputaron cargos de detención ilegal, abuso de autoridad y secuestro, nunca se consideró en sí mismo el delito de desaparición forzada. El cuerpo de Carlos y sus restos jamás fueron hallados y la pérdida de su vida quedó en completa impunidad, finalmente, su esposa y sus dos hijos debieron exiliarse.

A pesar de que el hecho es impune, la humanidad y el alma de Carlos no han sido olvidadas, su vida y su labor siguen vivas.

Carlos Arturo Guengue en la Memoria.
Carlos Arturo Guengue Sin Olvido.

jueves, 4 de julio de 2019

Ana María Cortés

04 de julio de 2018

Ana María Cortes tenía 46 años, vivía en Cáceres en el Bajo Cauca Antioqueño. Era líder social, había trabajado en la Personería del municipio en defensa de los derechos humanos, fue activista en la organización de los desplazados por Hidroituango y fue secretaría de la campaña presidencial de la Colombia Humana en Cáceres.

Ana María además era madre cabeza de hogar, tenía dos hijos y velaba por su madre de la tercera edad. Era una mujer muy solidaria, recaudaba fondos para llevar mercados y organizar ollas comunitarias en favor de los desplazados.

La lideresa había defendido a Gustavo Marulanda otro vocero de la Colombia Humana, quien había sido golpeado, ultrajado y amenazado por la Polícia. Ana María intervino para que se le diera libertad, pero luego de esto, empezó una persecución en contra de Gustavo y la líder, quien también fue amenaza por un comandante de la Polícia del municipio.

Las amenazas fueron denunciadas por Ana y por Jorge Rojas estratega político de la campaña, pidiendo protección para la líder ante la Personería de Cáceres, la Fiscalía y la Presidencia de la República en la Comisión de Garantías Electorales, sin embargo, las instituciones hicieron caso omiso.

Más tarde, asesinaron a su perro como una reiteración de las amenazas de muerte en contra de su vida. Días después, el miércoles 4 de julio del 2018 a las 7 de la noche luego de que Ana María Cortés compartiera con conocidos en una Cafetería llamada Club Social, en el barrio Magdalena, en Cáceres, cerca a su vivienda, fue asesinada por un hombre que se le acercó y disparó en contra de su humanidad. Fue baleada a la vista de todos aquellos que transitaban por allí.

Luego, sin que aún no se supiera sobre los autores del crimen, uniformados del municipio difundieron el rumor entre sus comandantes y con la prensa de que la líder estaba relacionada con el Clan del Golfo siendo una de las informantes. El ministro de defensa Luis Carlos Villegas insinuó que los vínculos de la líder con el grupo eran ciertos y que se iba a investigar, pero nunca fue presentada ninguna prueba.

El senador Gustavo Petro rechazó el crimen y las afirmaciones e invitó a los militantes de la Colombia Humana a denunciar cualquier amenaza. Luego de su asesinato, su hijo Camilo Andrés Chaverra fue señalado de pertenecer al Clan del Golfo, siendo capturado por concierto para delinquir.

A raíz de las amenazas que había recibido la líder por parte de la Policía, el subcomandante de Antioquia, Carlos Julio Cabrera, anunció que se abriría una investigación para tomar las medidas disciplinarias necesarias para aclarar los hechos.  Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación responsabilizó a Los Caparros, siendo Robinson Gil Tapias alias “Flechas” el autor material del crimen.

Ana María hace parte de la brutal sistematicidad de asesinato a los líderes sociales desde el año 2016, además de la estigmatización en su contra, pese a la gravedad de los hechos sobre amenazas sobre su vida y su labor. Durante el mes de julio del 2018, 24 líderes sociales fueron asesinados según la Cumbre Agraria y el Congreso de los Pueblos, siendo sumado su asesinato junto a cuatro líderes, activistas y defensores de derechos humanos y militantes de la Colombia Humana en una misma semana, esto indicó la existencia de un plan de exterminio en contra de los líderes sociales vinculados a la campaña.

A pesar de todo, la memoria y la labor de Ana María Cortés siguen en pie, por todos aquellos desplazados y por todos aquellos que han sido violentados por el Estado, Ana no sólo es una cifra más entre los líderes asesinados, sino que, tiene rostro de una mujer en busca de un país diferente.

Ana María Cortés en la Memorias.
Ana María Cortés Sin Olvido.


Francisco Javier Montoya

4 de Julio de 1998


El 4 de julio de 1998, un sábado, día de actividad comercial en el casco urbano de Dabeiba se encontraba Francisco Javier Montoya y  se dirigió de allí hacia La Balsita. En el punto conocido como “La Recta del Papayero” fue obligado a bajarse del bus por tres paramilitares.

Los armados que operan bajo la dirección de las Fuerzas Militares lo golpearon, lo obligaron a arrodillarse y le preguntaron en qué trabajaba. El líder campesino, respondió con la verdad, “soy promotor de salud”, sus asesinos le replicaron: "Es verdad que usted es promotor, pero es un sapo de la guerrilla” (...) “usted es el que manipula a los desplazados en Dabeiba".

Sus victimarios le dispararon en tres ocasiones. Un tiro en la cabeza, otro en la boca y finalmente uno en el corazón. Posteriormente, los restos de Francisco Javier Montoya fueron transportados por sus asesinos en una camioneta de color azul, de placas KFD 965 de Medellín, que se dirigió hacia el caserío de Urama. El cadáver de Francisco Javier jamás fue hallado. 

Desde ese día en la mente, en las palabras y en el corazón de los desplazados de La Balsita, Francisco Javier está presente. Sus victimarios no lograron su propósito. Ni el despojo de las tierras ni el desarraigo. Más de 300 asesinatos y desapariciones, entre ellos, el crimen de Francisco no ha logrado quebrar los sueños y las esperanzas. Desde ese día del asesinato de Francisco, la Comunidad de Vida y de Trabajo de La Balsita, de la que fue uno de sus animadores, a la que ayudó a enfrentar el terror, buscan que sus restos sean entregados, que haya justicia y que exista un respeto a sus tierras ante las pretensiones ambiciosas.

La labor de Francisco Javier fue muy importante, dedicó su vida a servirle a la comunidad de la Balsita en Dabeiba, Antioquia siendo promotor de salud en el municipio y denunciando los casos de desplazamiento forzado, trabajó por mejorar la calidad de vida de la población desplazada, estableciendo albergues y resistiendo junto al campesinado. 

Francisco en medio del absoluto control paramilitar en Dabeiba denunció ante la comunidad nacional e internacional los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares de las Brigadas IV y XXVII del Ejército, y paramilitares desde 1996 y 1997 que originaron el desplazamiento forzado ocurrido en La Balsita. Francisco hizo público los pasajes de horror que se desarrollaron por parte de las mismas estructuras paramilitares responsables de la Masacre del Aro, en las que se conoce la participación de la Gobernación de Antioquia. De esa verdad hablan los mandos paramilitares de la época, a los que se ha querido silenciar en las cárceles de los Estados Unidos, de esa verdad habla Francisco Villalba, ex paramilitar, asesinado días después de rendir un testimonio en que implicó al célebre presidente de la “seguridad democrática”.

Aún el asesinato de Francisco Javier, todo sigue en la impunidad. La verdad se ha disfrazado de mentira, el municipio de Dabeiba para muchos es "un remanso de paz" como se lee a la entrada del pueblo. "Paz" de las estrategias militares encubiertas con la acción y omisión de unidades militares de las Brigadas IV y XXVII del Ejército, de la Policía Nacional, de las autoridades locales que no hicieron nada para evitar el desplazamiento, para evitar los centenares de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Dabeiba entre 1997 y el 2001. Por lo menos 300 de esos crímenes se encuentran documentados y fueron presentados a la fiscalía a través de Constancias Históricas y Censuras Morales. Nada se ha hecho para esclarecer la verdad, para allanar caminos de justicia y sanción integral.

Años de arrogante impunidad, de inercia investigativa se encuentran enfrentados a la memoria colectiva sellada en un árbol, el árbol de la vida, allí se encuentra Francisco y más de 300 víctimas de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, de mujeres accedidas carnalmente, de quemas de caseríos y millares de desplazados. Nada se ha hecho en concreto para esclarecer la verdad, dar respuesta a la demanda de justicia y para garantizar la vida en los territorios de La Balsita a las comunidades desplazadas cerca de Dabeiba.

La memoria de Francisco y de esos millares de víctimas, los territorios del horror son andados por decenas de habitantes rurales y urbanos de Colombia, que claman por la justicia y la vida en los territorios, objeto de los saqueos y de los intereses empresariales. 

Allá están en la andadura para enfrentar la violencia estatal para afirmar la dignidad en los territorios, en medio de esa impunidad, que ha permitido que hoy, muchos de los paramilitares, sigan disfrutando de sus libertades, sin ningún control, de las posesiones tomadas con sangre y fuego, como mercenarios del capital.

La memoria hoy continúa perpetuándose en las familias campesinas que afirman el Derecho a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación desde la Zona Humanitaria "El Paraíso" de la Comunidad de Vida y de Trabajo La Balsita.

Hoy la comunidad mantiene viva la búsqueda de justicia. Ya no es la esperanza en un aparato de justicia inactivo cómplice de la criminalidad, es la esperanza que nace desde la memoria, desde la expresión de la creación en algo que hunde sus raíces en el monumento, que la propia vida erigió para no olvidar, para arraigar, es el Árbol de la Vida. Porque como dijo en una ocasión una de las matriarcas de la Comunidad "Nos duele recordar, pero más nos duele olvidar". Por ello, hoy la Comunidad conmemora la desaparición forzada de Francisco Javier Montoya, al lado del árbol de la vida.

Francisco Javier Montoya en la Memoria.
Francisco Javier Montoya Sin Olvido.



Alirio de Jesús Pedraza Becerra

Foto: Observatorio DDHH  Boyacá -Casanare 
4 de julio de 1990 

Alirio Pedraza, sogamoseño, estudió en derecho en la Universidad Nacional en Bogotá, siendo influenciado por Eduardo Umaña Luna y Eduardo Umaña Mendoza. Defensor de derechos humanos y abogado vinculado desde 1982 a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

Desde entonces, en razón de su labor fue convertido por las Fuerzas Armadas como “el abogado de guerrilleros” o como “un guerrillero vestido de civil”.

El 4 de julio de 1990, fue detenido por ocho hombres vestidos de civil, y armados, cuando salía de la panadería San Pablo, en el Centro Comercial de La Campiña, en la calle 145 con carrera 92, cerca de su vivienda en Bogotá, cuando regresaba del trabajo y lo esperaban su esposa Virginia Vargas y su hijo Oscar de 7 años. Detenido, desaparecido y posteriormente asesinado por miembros de organismos de seguridad del Estado.

Cerca al lugar había dos agentes de policía que constataron los hechos, sin embargo, tuvieron conocimiento de que eran hombres que hacían parte de la seguridad del Estado y permitieron el abuso y detención en contra de Alirio.

Hasta 1996, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la nación a pagar una indemnización por la desaparición de Alirio y dictaminó que el crimen fue cometido por agentes de la Policía Judicial.

Alirio tenía 40 años de edad, adelantaba varios procesos representando víctimas en casos de graves violaciones de Derechos Humanos cometidas por miembros de la Fuerza Pública, y representaba 42 sindicalistas detenidos y torturados por miembros del Ejército Nacional en marzo de 1990. Alirio había sido amenazado por paramilitares de Boyacá y la vivienda de su madre había sido allanada por miembros de Batallón Tarqui de Sogamoso en agosto de 1989.

Cada año recordamos públicamente la vida de Alirio, y denunciamos que un día como hoy, la criminalidad del Estado lo aniquiló. Pero cada día y cada momento sigue viva la energía de su proyecto y su apuesta por la dignidad, a través de quienes inspirados con su ejemplo continuamos abogando por los más débiles, por las víctimas que produce la misma criminalidad que él atacó con vehemencia años atrás.

¡ Por la vida, la dignidad y la Justicia. Mantengamos encendida la luz de la memoria !
FUNDACION COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS

Alirio de Jesús Pedraza Becerra en la Memoria.
Alirio de Jesús Pedraza Becerra Sin Olvido. 


jueves, 27 de junio de 2019

José Francisco Ramírez Torres

27 de junio de 1987 

José Francisco Ramírez Torres originario de Valledupar, a sus 33 años era abogado de la Universidad del Atlántico, directivo de la Asociación Nacional de Abogados Litigantes (ANDAL) profesor de la Universidad Popular del Cesar (UPC), integrante de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial y de “A Luchar”, vocero de la Coordinadora Obrero-Campesina y Popular del Cesar.

En 1987 en el departamento del Cesar se vivía un descontento por los abusos y atropellos contra los pobladores campesinos y contra los dirigentes comunitarios por parte del Estado colombiano y por grandes terratenientes, llevando a que se diera un paro cívico, el cual apoyó la Unión Patriótica, el Frente Popular, Democracia Popular y la Coordinadora Obrero-Campesina y Popular del Cesar.

Este paro inició con una marcha que empezó en Norte de Santander y terminó en la plaza Alfonso López de Valledupar, durante varios días esta plaza fue el centro de la protesta campesina que exigía garantías en cumplimiento de sus derechos y de frenar la violencia por los atropellos del Estado.

Las manifestaciones finalizaron cuando se hizo un acuerdo entre la gobernadora María Inés Castro, el 12 de junio, este día todo terminó pacíficamente. Después de la protesta inició una ola de violencia sin freno contra los partidarios de izquierda, líderes comunales, campesinos y contra miembros de la Unión Patriótica, quienes empezaron a recibir amenazas.

Luego de ello, se empezó una campaña de estigmatización en contra de las marchas realizadas, lo que había iniciado como una toma campesina, fue convertido en una “toma guerrillera”.

Francisco como vocero y negociador por parte de la Coordinadora en las protestas realizadas, fue víctima de amenazas por la Fuerza Pública en el departamento, principalmente por mandos militares. Días después en el parabrisas de su auto recibió un panfleto que lo declaraba blanco militar y decía “que sus días estaban contados”.

Fue así como el 27 de junio de 1987 fue asesinado en el barrio Garupal de Valledupar, mientras le cambiaba una llanta a su carro y cuando estaba a poca distancia de llegar a su casa. Cuando se bajó a cambiar la llanta dos paramilitares mientras pasaban en una moto le dispararon a Francisco y su vida fue segada.

En ese momento su esposa Daisy Rodríguez y sus dos niñas, una de cinco y de dos años se despidieron de un hombre que defendió y unió al campesinado.

Desde este asesinato se dio inicio a la eliminación sistemática de los militantes de la Unión Patriótica en el departamento. Su muerte suscitó mucho dolor e impotencia, pero su memoria despertó la indignación y la resistencia en contra de los abusos cometidos contra la población campesina, lo que alentó a otros habitantes a tomar la vocería contra las injusticias.

José Francisco Ramírez en la Memoria.
José Francisco Ramírez Sin Olvido.

Imagen: Coordinadora del Comité de Impulso del Sujeto de Reparación Colectiva de la UPC/Voces Silenciadas

jueves, 20 de junio de 2019

Pedro Malagón y Elda Milena Malagón


20 de Junio de 1996 

Pedro Malagón creció en Meta, presenciando todos los cambios organizativos de los movimientos agrarios, por eso desde su juventud se interesó por las luchas de la tierra y su comunidad, logrando ganarse el afecto de las personas que lo rodeaban. 

Como militante y defensor viajó de un lado a otro, entre los municipios de Granada, El Castillo, Lejanías y Mesetas. Tiempo después de nacer la Unión Patriótica, fue elegido como diputado a la asamblea del Meta y posteriormente Concejal del Castillo.

La familia Malagón siempre fue perseguida por amenazas de muerte, por lo cual se vieron obligados a huir de los caseríos de Viotá, en Cundinamarca, para refugiarse en el Ariari, explorando otros horizontes donde existiera menos violencia. Desde ese entonces Pedro siendo menor de edad se consagró al campo con sus padres.

Conocido por ser un campesino sin temor a tomar nuevos riesgos en medio de los crímenes cometidos contra la Unión Patriótica, comenzó con su vida política en 1984, siendo reelegido nuevamente a la Asamblea de la región del Castillo en 1996.

Para ese entonces ya habían más de 500 asesinados todos miembros de la Unión Patriótica en el departamento del Meta, entre estos 500 se encontraba el diputado Rafael Reyes Malagón, hermano de Pedro, el senador Pedro Nel Jiménez, varios alcaldes, decenas de concejales y cientos de activistas.

Pedro Malagón fue diputado a la Asamblea Departamental del Meta por la Unión Patriótica, integrante del comité cívico de Derechos Humanos del Meta y un reconocido dirigente del Partido Comunista Colombiano (PCC), muchos de los miembros ya habían sido asesinados, y él ya había recibido diversas amenazas de muerte y varios atentados, uno de ellos fue organizado por Pedro Bárreto, comandante del puesto de policía de Medellín del Ariari en conjunto con los paramilitares bajo el mando de Víctor Carranza.

Pedro, cada vez que iba a su oficina de diputado en Villavicencio recibía amenazas. Y unos días antes de su muerte, el Ejército allanó la casa del partido comunista. Decomisando varios accesorios de seguridad como revólveres chalecos antibalas pertenecientes al servicio de seguridad de Pedro.

El 20 de junio de 1996, sintiéndose más seguro en casa y agobiado por un dolor de ojos, decidió no ir a su oficina. A las 6 de la tarde salió al antejardín de su casa para examinar unas reparaciones que adelantaba.

Pedro se encontraba en el antejardín de su vivienda en el barrio “El Paraíso”, cuando aparecieron en su residencia un grupo de hombres armados de la estrategia militar encubierta del Batallón 21 Vargas de la Brigada séptima del Ejército y dispararon en contra de Pedro. Elda Milena quien tenía 17 años de edad, intentó proteger a su padre abrazándolo, pero murió en el intento.

Dos sicarios atentaron contra su vida y la de su hija. Los asesinos habían rentado una habitación en la casa de enfrente. Pedro recibió un disparo en la cabeza y Elda queriendo proteger a su padre, recibió dos disparos que también acabaron con su vida.

El jueves 20 de junio de 1996, perdieron la vida Pedro Malagón y a su hija Elda Milena Malagón en la ciudad de Villavicencio.

El esmeraldero Víctor Carranza es uno de los principales autores intelectuales de las muertes de los militantes de la UP en el Meta.

El día del sepelio, acudieron miles de campesinos, recordando a Pedro como un acompañante excepcional en la lucha por la tierra, el que siempre estuvo presente por la defensa de los derechos de su comunidad, el que tenía un carisma que los envolvía de alegría, el “viejo Peter” así lo llamaban de cariño, asesinado a sus 60 años de edad. Obligado a dejar a su familia de siete hijos y su esposa.

Protegiendo a su padre con un abrazo, Elda Milena también perdió la vida, ambos, padre e hija, asesinados por la estrategia militar encubierta de la Brigada VII del Ejército.

El recuerdo de Pedro y Elda queda en la memoria de los familiares, de los campesinos de la región, de los sobrevivientes que tienen la posibilidad de terminar los sueños, las afirmaciones de derechos sobre la tierra, la verdad y la justicia.

La Comisión interamericana de Derechos Humanos culpó al Estado por negligencia en la protección de Pedro Malagón, la Fiscalía General de la Nación declaró este como un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, no hay investigados, no juzgados, ni condenados, este crimen continuo en la impunidad, los asesinos materiales e intelectuales de Pedro y Elda gozan de libertad.

Pedro Malagón y Elda Milena Malagón en la Memoria.
Pedro Malagón y Elda Milena Malagón Sin Olvido.

martes, 11 de junio de 2019

Masacre de La Granja


 11 de junio de 1996

La Granja es un corregimiento ubicado en el municipio de Ituango, al norte del departamento de Antioquia. En junio de 1996, un martes 11, incursionaron aproximadamente 30 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) obligando a que la población cerrara los establecimientos y que salieran todos de sus casas.

Cuando reunieron a toda la población torturaron en frente de todos los pobladores, a cinco campesinos, algunos de ellos líderes sindicales, acusados de ser auxiliadores de la guerrilla de las FARC. Los familiares de William de Jesús Villa García, Graciela Arboleda, Jairo de Jesús Sepúlveda y Héctor Hernán Correa García vieron sufrir y morir a sus familiares en manos del grupo paramilitar al mando de Carlos Mauricio García alias “Doble Cero”, asesinado en 2004 y por ordenes de los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso, quienes serían también los presuntos autores intelectuales del crimen. 

Junto a la Masacre de El Aro y San Roque la población abandonó su tierra, más de 700 personas fueron desplazadas forzosamente y perdieron sus cosechas de pancoger, sus viviendas y los espacios comunitarios se deterioraron, el puesto de salud, la institución educativa, el tejido social fue afectado, se dio una desintegración familiar e incluso perdida de sus costumbres. Los hechos ocasionaron graves daños individuales y colectivos.

Esta masacre fue promovida por un grupo de comerciantes y ganaderos que tenían de referente esta zona como un territorio controlado por las FARC, los patrocinadores era supuestas víctimas del grupo guerrillero y por ello promovieron la masacre, ofrecieron 300 millones de pesos a los paramilitares para asesinar a los campesinos, además se contó con la complicidad del Ejército, siendo señalado el general Monsalva.

Luego, el 27 de agosto de 2001, la población volvió a escuchar un rumor que decía “Ya vienen los paras." Los pobladores comenzaron a huir, algunos se encerraron y a las 6 de la tarde comenzó un enfrentamiento entre las Autodefensas y las FARC, por segunda vez, se dio otra masacre dejando a seis personas muertas y nuevamente la comunidad fue desplazada.

La Fiscalía general de la Nación determinó que las víctimas eran solo campesinos y que estos nada tenían que ver con los grupos subversivos.

Años más tarde durante la desmovilización de los paramilitares con la Ley de Justicia y Paz,  Salvatore Mancuso y Franciso Villalba vincularon a Álvaro Uribe de ser uno de los autores intelectuales de la masacre, junto a los hechos ocurridos en El Aro, quien para aquel entonces era gobernador de Antioquia e indicaron que este tenía conocimiento de las incursiones armadas, Mancuso confesó que las campañas presidenciales de Álvaro Uribe en 2007 fueron financiadas por paramilitares en ciertas regiones del país y además se afirmó que se buscaba mantener el control de estos corregimientos por ser parte de un corredor estratégico para la circulación de narcóticos.

En 2015, la magistrada María Consuelo Rincón reiteró investigar a Uribe por acción u omisión en esta masacre y el Tirbunal Superior de Medellín también ordenó que se le investigara por el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien habría advertido de la llegada de los paramilitares a El Aro, La Granja y San Roque, en Ituango.

En las acciones armadas se vinculó al comandante de la IV Brigada, el general Carlos Alberto Ospina,  el comandante de la Policía de Antioquia, Carlos Emilio Gañán, al exgobernador y a Pedro Juan Moreno exsecretario de la gobernación de Antioquia. En 2011, un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos profirió resolución de acusación en contra del Mayor de la Policía, José Vicente Castro, quien era comandante de una subestación de policía, la cual figura como cómplice de lo ocurrido.  

El 1 de julio del 2006 a través de la sentencia “Las Masacres de Ituango VS. Colombia” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se condenó al Estado por la masacre y ordenó pagar una indemnización de 3.400 millones de pesos a los familiares de las víctimas.  En 2018, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaro el homicidio de Jesús María Valle, la masacre de la Granja, El Aro y San Roque como Crímenes De Lesa Humanidad.

Pese a las acusaciones, testigos, testimonios, sentencias y demás pruebas, la impunidad persiste y el silenciamiento de la verdad ha sido uno de los limitantes principales para la reparación de las víctimas y para una verdadera paz. Hoy los jóvenes del corregimiento luchan por mantener viva la memoria de quienes fueron torturados y asesinados para que la historia nunca más se repita.

Víctimas de Masacre de La Granja en la Memoria. 
Víctimas de Masacre de La Granja Sin Olvido. 

Imagen: Luis Benavides. El Espectador. 

sábado, 8 de junio de 2019

Uriel Gutiérrez - Día del estudiante caído

8 y 9 de junio 1929 y 1954

“Que vivan los estudiantes - que marchan sobre las ruinas - con las banderas en alto - va toda la estudiantina” Mercedes Sosa

Porque somos la levadura del pan, los pajaritos libertarios dispuestos con su ciencia a transformar el corazón colombiano. Hacemos memoria porque es una necesidad para saber quienes somos, porque las paredes de la universidad gritan  lo que los medios de comunicación callan, en los pasillos se oye la voz de Gonzalo Bravo Pérez y Uriel Gutiérrez.

El espíritu estudiantil es una historia con muertos  y torturados, de  las clases en las calles. Cada caído es una razón mas de seguir siendo un frente por la educación publica y la paz. Luego de 60 años, seguimos conmemorando en medio de la censura y el orden, el día del estudiante caído.

El día del Estudiante caído se remonta al 7 de junio de 1929, fecha en que los estudiantes se tomaron las calles para manifestar su repudio a la masacre de las bananeras y el nombramiento del General  Cortez Vargas durante el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez.

Durante la protesta es asesinado Gonzalo Bravo Pérez,  estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, quien se dirigía hacia un café cuando fue alcanzado por un disparo de la Guardia Presidencial. El 9 de Junio de 1929, gran cantidad de personas asisten a su entierro y la Universidad Nacional se mantiene en paro exigiendo investigación sobre los hechos.

25 años después,  en medio del conflicto bipartidista, se impone la dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla ; el 8 de Junio de 1954, nuevamente los estudiantes en un acto de sin olvido, deciden protestar en las calles recordando a Gonzalo Bravo Pérez, el saldo fue de una arremetida violenta por parte de la fuerza publica.

Cuando los estudiantes se devolvían hacia la institución universitaria, llego la policía y  dio orden de desalojo, a lo cual la comunidad universitaria se rehusó a acatar, minutos después llego un camión del ejercito y disparo una ráfaga sobre los estudiantes acabando con la vida del compañero Uriel Gutiérrez.

El cuerpo de Uriel fue llevado a la Facultad de Derecho, donde los estudiantes solicitando una investigación del caso por el gobierno, la destitución de las directivas de la Universidad.

Al día siguiente,  mas de 10000 estudiantes de distintas universidades sin ningún temor frente a lo ocurrido, volvieron a las calles en respuesta del asesinato, deciden tomar la calle 26, luego la carrera séptima y llegar a la actual avenida Jiménez.

El entonces Batallón Colombia del ejercito, reconocido por haber participado en la guerra de Corea, detiene la marcha y comienza a abrir fuego contra el movimiento estudiantil, asesinando 11 personas, entre ellas los compañeros Álvaro Gutiérrez, Elmo Gómez Lucich, Hernando Morales, Rafael Chaves Matallana, Jaime Moure Ramírez, Hernando Ospina López, Hugo león Vásquez y Jaime Pacheco.

Luego de lo sucedido, Gustavo Rojas Pinilla declara Estado de Sitio y prohíbe cualquier tipo de movilización, se declara el cierre de la Universidad Nacional y se detienen a mas 500 personas.

Desde entonces los Movimientos obreros, campesinos indígenas y juveniles nombraron el 8 y 9 de Junio como el día del estudiante revolucionario caído.

Esa misma tarde, Luciano Pabon Nuñez, ministro de la dictadura, afirmo que lar marchas habían sido infiltradas y supuestamente los tiros iniciaron contra los soldados dejando dos muertos y siete heridos. El 9 de Junio de 1954, marco el inicio de un Movimiento estudiantil aguerrido que seria protagonista de la caída de Gustavo Rojas Pinilla.

Hechos como el de esta fecha, o como el 16 de Mayo de 1984, quedan escritas en todas las universidades, en cada pupitre del territorio nacional, aquellos tristes hechos no pueden seguir a la sombra deshonesta del Gobierno, sin investigaciones realmente exhaustivas,  la única forma de no olvidar es la movilización social, seguir en la pelea por una educación digna, por un país en paz.

Por nuestros muertos ni un minuto de silencio!!!

Uriel Gutiérrez y los estudiantes caídos en la memoria.
Uriel Gutiérrez y los estudiantes caídos sin olvido.

viernes, 7 de junio de 2019

Gonzalo Bravo Pérez

8 y 9 de junio 1929 y 1954

Desde el 7 de junio de 1929 estudiantes se tomaron las calles para manifestar por la Masacre de las Bananeras y el 8 de de junio de 1929 quedaron marcadas en la historia las huellas de sangre de Gonzalo Bravo Pérez, estudiante de derecho de la Universidad Nacional quien fue asesinado durante una movilización estudiantil, que él lideraba, para protestar por el gobierno de ese entonces en cabeza de Miguel Abadía Méndez. 

Gonzalo, junto a un grupo de estudiantes, ese 8 de junio de 1929, marchaban en protesta por la crisis que se estaba viviendo en el país a raíz de la violencia que estremeció a un centenar de campesinos y trabajadores y que se manifestó en diferentes hechos atroces contra la población civil, uno de los más recordados fue la masacre de las bananeras. 

Los estudiantes apostaron sin miedo a exigir justicia y reparación por los daños causados a sectores sociales campesinos, obreros y estudiantiles ocasionados por las políticas de opresión.  

Su recorrido terminó en la casa de Nariño, en ese entonces, conocido como Palacio de la Carrera, cuando la Policía intentó disolver la concentración con disparos a los manifestantes, esparciendo en el ambiente el miedo, pretendiendo silenciar las exigencias: el fin de la “rosca”, término usado por los estudiantes, para definir al régimen que estaba incautando la justicia.  

Gonzalo Bravo Pérez, estudiante comprometido con su carrera, fue la víctima fatal de las balas de la Policía. 

Gonzalo, pertenecía a una familia de tradición en la vida política del país, él comprometía su futuro con miras a ser el símbolo de la unión a nivel nacional en contra de la dictadura. Su sepelio movilizó a miles de ciudadanos. 

En menos de un año del asesinato de Gonzalo, el gobierno de Miguel Abadía Méndez se vino abajo debido a las graves situaciones de orden público que a raíz de las actividades de opresión y persecución a los sindicalistas y una aguda crisis económica, obligaron a Abadía a dejar su cargo como mandatario en 1930.  

Desde el asesinato de Gonzalo en 1929, el 8 de junio, los estudiantes universitarios acostumbran conmemorar este día, en sus inicios preparaban dos momentos de conmemoración, la primera parte consistía en movilizarse al cementerio central de la calle 26 al sepulcro de Gonzalo Bravo Pérez y posteriormente, regresar a la universidad a realizar actividades deportivas. 

Veinticinco años después, un 8 de junio pero esta vez de 1954, durante la conmemoración acostumbrada, después de la visita a la tumba de Gonzalo y al regreso de la movilización a las instalaciones de la Universidad Nacional, por la calle 26, la paz del evento fue quebrada por la presencia de un grupo de la policía nacional quienes ordenaban el despeje y la disolución de los estudiantes que se encontraban en el acto conmemorativo. 

Ante la presión de la policía los estudiantes se opusieron rotundamente a su presencia y decidieron resistir liderados por un estudiante de medicina y filosofía, de nombre Uriel Gutiérrez. 

Uriel, con un alambre de púas bloqueó el paso de la Policía en la entrada de la universidad que colinda por la calle 26, pero una ráfaga de disparos de la policía cegaron su vida, su muerte fue a causa del impacto de una bala en su cerebro. 

De inmediato los estudiantes organizaron una protesta masificada, que saldría el 9 de junio, hacia el palacio presidencial, En ese entonces bajo el mando del General Rojas Pinilla, quien llevaba un año en la presidencia. 

Eran 10.000 estudiantes de diferentes universidades, la Nacional, la Javeriana, el Externado, los Andes, la Libre, el Rosario, la Gran Colombia y algunos estudiantes de bachillerato, quienes se movilizaron, pero nuevamente los agentes del Estado les impidieron el paso en la calle 13 con octava y séptima, sin embargo, la marcha estudiantil optó por sentarse en los andenes de la calle, coreando consignas de justicia y condena a los asesinos de Uriel Gutiérrez.

Ese mismo día, 9 de junio de 1954 siendo las 11 de la mañana, tropas del Ejército Nacional de Colombia, irrumpieron la concentración estudiantil con una ensordecedora ráfaga de balas de fusil disparando en contra de los estudiantes, esta vez dejando nueve muertos y 25 heridos. 

Nueve estudiantes, nueve seres humanos, nueve jóvenes que reclamaban justicia por la vida de Uriel, cayeron sin vida ese 9 de junio en el centro de Bogotá, sus nombres y sus cuerpos eternizaron el recuerdo amargo de ese día.

Ellos, símbolo que se mantiene en la memoria del movimiento estudiantil, quedaron inmortalizados a través de sus nombres: Álvaro Gutiérrez Góngora, Hernando Ospina López, Jaime Pacheco Mora (quien fue perseguido y asesinado a dos cuadras al norte de la Av, Jiménez), Hugo León Velázquez, Hernando Morales, Elmo Gómez lucich (de nacionalidad peruana, activista de la juventud comunista), Jaime Moore Ramírez, Rafael Chávez Matallana y Carlos Grisales. 

El General Rojas Pinilla, en ese entonces presidente de Colombia, a través del ministro de Gobierno, Lucio Pabón y el general Duarte Bum, comandante del ejército, acusaron por el asesinato de los estudiantes a los conservadores que no habían apoyado el llamado Golpe de Opinión contra Laureano Gómez que se dio el 13 de junio de 1954.

Los ministros bajo el mandato del General Rojas Pinilla, afirmaron que vieron disparos desde uno de los edificios cercanos al sitio de la manifestación y que dichos disparos dieron en el cuerpo del sargento que comandaba la tropa. El ministro de Justicia, Gabriel Paris afirmó: “Los soldados cayeron primero, yo lo vi” quien seguía los hechos desde una ventana de su oficina. 

Sin embargo meses después en una de las investigaciones oficiales se demostró que los autores materiales del crimen no eran los que habían sido acusados por el gobierno del General Rojas Pinilla y tampoco iniciaron más investigaciones para apresar a los responsables de los asesinatos, por lo que tampoco hubo una condena. 

Estos crímenes han quedado en la impunidad, el recuerdo de los estudiantes que exigieron sus derechos se mantiene en la actualidad en cada aula universitaria, en cada grupo estudiantil, en cada expresión de rebeldía y libertad, aún sin que la justicia haya llegado.

Estos hechos violentos han atravesando la historia de Colombia y desde ese 8 de junio de 1929, se repiten una y otra vez, en cada primero de mayo, en cada marcha reivindicativa, en cada expresión social que cuestione, que se vea y se sienta diferente a lo establecido, cada expresión de repudio y exigencia de justicia, cada asomo de inconformidad intentará ser oprimido, por las fuerzas estatales, callado por el terror, invisibilizado y deslegitimado por los medios masivos de información. 

Esta es la realidad de las luchas y de las reivindicaciones sociales. Pero que ante la opresión hoy se construye memoria, la memoria de los que han sido desaparecidos y asesinados, son el legado para las nuevas generaciones que hoy con más fuerza abanderan las mismas luchas, la memoria, un impulso para seguir caminando por la justicia, por la verdad, por la igualdad. La historia también muestra que no podrán parar los sueños de millones de estudiantes, campesinos, trabajadores, mujeres y hombres que apuestan la vida por un país mejor. La historia muestra que somos más. 

En memoria de Gonzalo, Uriel y todos los jóvenes asesinados, el 8 y 9 de junio de 1929 y 1954 inmortalizados hoy día del Estudiante caído en Colombia.

Gonzalo Bravo Pérez en la Memoria.   
Gonzalo Bravo Peréz Sin Olvido.


Ana Fabricia Córdoba

                                                          Junio 07 2011 


Ana Fabricia Córdoba lideresa del Urabá, reclamante de tierras, miembro del Movimiento de Mujeres de Negro Contra la Guerra de la Ruta Pacífica de las Mujeres en Colombia, organización que se pronuncia ante las situaciones de violencia que afrontan niñas, jóvenes y mujeres, en el marco del conflicto armado, lideresa de Latepaz (Lideres Adelante por un Tejido Humano de Paz) y de la Mesa Interbarrial de Desconectados.

Desde muy joven padeció la violencia bipartidista y el destierro por la misma, luego, debido a su activismo y compromiso con la comunidad, desde los 51 años de edad, Ana, empezó a sufrir los atropellos cometidos por paramilitares en contra de su familia por el Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia al mando de Ever Velosa alias “HH” y tras la muerte de su primer esposo se vio obligada a huir del Urabá Antioqueño y luego del asesinato de unos de sus hijos de 13 años de edad paso a refugiarse en la ciudad de Medellín, en el barrio La Cruz, Comuna 3, en 2001.

Desde el año 2002 se intensifico la estrategia paramilitar en los barrios de Medellín especialmente en La Cruz y La Honda y Ana Fabricia valientemente denunció los abusos cometidos por parte de la Policía de la Estación de San Blas (Manrique), quienes torturaban y le dé daban tratos crueles a los jóvenes del barrio entre ellos sus propios hijos.

Sus denuncias también ponían al descubierto la connivencia de la fuerza pública con grupos paramilitares siendo clara en señalar a miembros de la Policía pertenecientes dicha estación, de apoyar la estructura paramilitar en la zona.

Dos años después, fue acusada de ser colaboradora de la guerrilla de las FARC, por lo que estuvo dos meses en la cárcel del Buen Pastor. Ana Frabricia responsabilizó a la Policía del barrio La Cruz debido a las persecuciones y malos tratos de los que sus hijos habían sido víctimas. Seguido de esto, recibió reiteradas acciones de allanamiento sin orden judicial e intimidaciones acusándola nuevamente de ser colaboradora de las FARC.

La persecución nunca cesó y el 7 de julio de 2010 su hijo Jonatan Arley Ospina de 19 años de edad fue asesinado, Ana encontró el cuerpo de su hijo sin vida en el sector de La Honda, contiguo al barrio La Cruz. Jonatan antes de su muerte se comunicó con Ana y le indicó que lo tenía la policía los agentes Carmelo y Osorio y que lo iban a matar.

A partir de este trágico hecho Ana Fabricia denunció con más insistencia la culpabilidad de la policía, que provocó múltiples amenazas contra su vida y su familia. La Policía Metropolita del Valle del Ubarrá le propuso la práctica de un análisis de riesgo, pero la lideresa la negó debido a que sus denuncias eran contra esta entidad del Estado.

En abril de 2011 denunció públicamente la situación de riesgo, las amenazas y hostigamientos durante la sesión del Comité Metropolitano de Derechos Humanos y aun así, el 7 de Junio de 2011 fue asesinada, un hombre le disparó en su cabeza con un arma con silenciador mientras se movilizaba en un bus público de la ruta Santa Cruz. Por temor, sus conocidos, familiares y compañeras del movimiento comunitario de Medellín se desplazaron de la ciudad o se exiliaron.

El caso fue asignado a la Fiscalía número 37 de derechos humanos de Medellín, pero la Fiscal asignada se ha encargado de frenar el proceso para que lo abogados de las víctimas no conozcan ni hagan seguimiento al caso en la fiscalía.

Luego de la muerte de Ana sus familiares continuaron siendo perseguidos, amenazados e incluso asesinados. Más tarde el 1 de febrero de 2014 fue asesinado su hijo Carlos Arturo Ospina, recibió cuatro disparos en su cuerpo en el sector conocido como Naranjal.

El Asesinato de Ana Fabricia evidencia la constante persecución contra los y las líderes comunitarias que trabajan en las diferentes regiones del país y pese a todas las denuncias es clara la negligencia y omisión de parte de las autoridades que no le garantizaron la vida.

En junio de 2018 se dio la captura de Carlos Mosquera Moreno alias “Batei” señalado como responsable del asesinato de la lideresa.  Batei es acusado del crimen, líder de una banda delincuencial denominada los Triana, un grupo sicarial de Medellín.

Desde el 2010 se han intensificado las agresiones individuales contra defensores y defensoras de derechos humanos, siendo asesinatos, organizaciones sociales o de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo la vida e integridad de sus miembros, la omisión, ineficacia, negligencia se constituyen en elementos de impunidad que obstaculizan la labor legítima y legal de defensa de los derechos humanos.

Seguimos esperando a que el Estado Colombiano brinde garantías reales a los líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto armado en Colombia.


Ana Fabricia Córdoba, en la Memoria
Ana Fabricia Córdoba, Sin Olvido


miércoles, 5 de junio de 2019

Gonzalo y Humberto Zarate Triana

    Junio 05 2001

Gonzalo y Humberto Zarate Triana fueron asesinados el 05 de Junio de 2001, por “civiles” armados de la estrategia militar encubierta de tipo paramilitar de la Brigada número VII del ejército.



Sus familiares y conocidos recuerdan con tristeza, pero también con dolor, aquel 5 de junio cuando a las 7:00 a.m. ingresaron por la fuerza dos “civiles” armados a la casa de Gonzalo, ubicada en el barrio Manantial, en la ciudad de Villavicencio, disparando indiscriminadamente contra Gonzalo y Humberto en presencia de su esposa y sus dos hijos menores de edad. Seguido de esto los dos victimarios salieron caminando del lugar, pasando junto a una patrulla de la policía, y ésta sin impedir la acción de escape permitió que siguieran su camino. Pocos minutos después, varios organismos de seguridad del Estado Colombiano, allanaron la casa de Gonzalo llevándose consigo varias de sus pertenencias, como documentos de identidad y una agenda de anotaciones. Durante el allanamiento los agentes interrogaron a los familiares.


Tiempo después del sepelio y sin respeto alguno, varios hombres armados continuaron hostigando a diferentes familiares, entre ellos a la esposa de Gonzalo, quien recibió una amenaza telefónica, su vivienda fue rondada por estos hombres armados, obligándola a ella y a sus hijos a irse de Villavicencio.


La investigación adelantada por la Fiscalía Octava Delegada ante los jueces Penales del Circuito de la Unidad de Vida e Integridad Personal de Villavicencio fue archivada. Sus familiares y amigos esperando resultados en Ley 975 se entrevistaron el 08 de Agosto de 2008, con una delegación compuesta por la Fiscalía, Acción Social, Defensoría del Pueblo y la MAPP-OEA en Villavicencio. 


Las hermanas de Gonzalo y Humberto acudieron a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía de Bogotá, donde fueron informados, que el autor material del crimen fue el paramilitar desmovilizado de nombre Benjamín Parra Cárdenas, conocido como “El Flaco”, “Visajazo”, “Duvan Felipe” o “Cony”, quien se acogió a la Ley 975 Para la Justicia y la Paz con la estructura del bloque “Héroes del Llano y Guaviare”.


Este paramilitar se reconoció como autor de éste y 96 crímenes más, de los cuales la Fiscalía solo asumió 56 casos, entres ellos el de Gonzalo y Humberto.


En la tercera audiencia, donde se iba a juzgar a Benjamín Parra sólo se abordaron siete casos de los 56 asumidos, quedando una audiencia aplazada para el 27 de mayo de 2009, la cual fue cancelada por inasistencia del abogado defensor. 


A la fecha, debido a la verdad adulterada por el paramilitar que se reconoció como el único responsable del crimen, la fiscalía se ha negado a investigar los autores intelectuales quienes han orquestado la persecución a los miembros del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta, miembros de la Unión Patriótica.


Gonzalo y Humberto permanecen en la memoria de sus familiares, de sus amigos y conocidos. Se mantienen en la memoria colectiva de los sobrevivientes de los llanos orientales, luego de años de exterminio. Sus familiares hoy siguen esperando el esclarecimiento de la verdad, que se haga justicia y se generen garantías de no repetición de nuevos crímenes en el Meta.


Gonzalo y Humberto Zarate Triana en la Memoria
Gonzalo y Humberto Zarate Triana Sin Olvido