jueves, 26 de diciembre de 2019

Iván Velasco Pérez

26 de diciembre de 2001

Iván Velasco Pérez nació el 1 de abril de 1954 y hasta sus 47 años dedico su vida a la sociología. Fue un líder social, docente y activista político; ex concejal por el Movimiento Cívico de Santander de Quilichao, Cauca, del cual fue fundador, cofundador del periódico La Rueda Suelta y de la Alianza Democrática municipal. 

Fue un hombre comprometido con la comunidad y al servicio de los demás, tuvo una preocupación por temas socioambientales, fundando el Grupo Ecológico de Santander (GES), grupo que paso a convertirse en la empresa EMQUILICHAO en 1987. Posteriormente, en 1993 fue aspirante a la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao.

Como docente se vinculó a la Escuela de Trabajo social y Desarrollo Humano de la Universidad del Valle, allí impartió Teoría Política, Democracia y Derechos Humanos, Estado y Política, entre otras cátedras. A partir de 1996 se dedicó a dictar en tiempo completo teoría sociológica e investigación social, al tiempo que fue miembro del Sindicato de Trabajadores Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL)

Iván fue asesinado el miércoles 26 de diciembre del 2001, cuando se desplazaba en su Volkswagen entre Jamundi y Cali, cuando iba manejando sobre las 10 de la noche fue interceptado por varios hombres que le propiciaron cinco disparos de pistola 9 milímetros causándole la muerte, su vehículo y su cuerpo terminaron chocados contra un poste.

Después de quince años y gracias a las investigaciones se determino que Iván Velasco fue declarado objetivo militar por paramilitares, quienes señalaron al docente de ser ideólogo de las FARC. Con su asesinato pretendían debilitar y desaparecer las estructuras subversivas para ejercer control. El 30 de noviembre de 2016 el Juzgado 15 Penal del Circuito de Cali dicto sentencia de 31 años al paramilitar Vicente Castaño Gil.

Se afirmo también que paramilitares del Bloque Calima de las AUC realizaron el crimen, se esclareció que participaron José María Retes alias “Niño”, quien hizo el seguimiento a Iván y el autor material del crimen fue Elkin Casarrubia, todo coordinado por el paramilitarismo urbano en Santander de Quilichao y Puerto Tejada, comandado por José de Jesús Pérez Jiménez alias “Sancocho”.

Cada 26 de diciembre se evita que Iván Velasco caiga en las sombras del olvido, destacando que su labor en vida debe seguir siendo memorada. Fue un líder social, un visionario, entregado a las causas sociales, especialmente a la construcción de paz, que tanto proclamo por medio de sus acciones y dedico en gran parte su vida académica, hoy y siempre vivirá en la memoria e historia de este país que aún busca la paz.

Iván Velasco Pérez, en la memoria
Iván Velasco Pérez, Sin Olvido

viernes, 13 de diciembre de 2019

Masacre de Santo Domingo

Diciembre 13 de 1998

El domingo 13 de diciembre de 1998 la comunidad de Santo Domingo, Arauca fue víctima de una masacre perpetrada por la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional quienes después de sobrevuelos realizados desde tempranas horas de la mañana, bombardearon el poblado a pesar de que allí solo se encontraban civiles en el desarrollo de sus actividades cotidianas, la población recibio un cluster (granada rácimo) que produjo un asesinato masivo, esta fue lanzada dentro del marco de la operación Pantera II, que se llevo a cabo contra las FARC. 

En este hecho fueron asesinadas 17 personas (11 adultos y 6 menores de edad) y 27 más quedaron heridas; mientras la gente de la población intentaba correr por sus vidas se continuó el ataque con ametrallamientos, lo cual, dejó el lugar en total abandono por varios días, desplazando forzadamente a 300 sobrevivientes, en los que se realizaron saqueos a los establecimientos comerciales, ingresos ilegales a las viviendas y hurtos.

A partir de las investigaciones preliminares realizadas por la Fiscalía en el año 2000 se reabrió el caso, el cual,  ya se había cerrado en el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, una vez se desarrollo el proceso correspondiente se emitió una condena en 2009 de 30 años de cárcel a los oficiales que encabezaron el operativo el capitán César Romero y al piloto y teniente Johan Jiménez, posteriormente, se dicto medida de aseguramiento al coronel Sergio Andrés Garzón Vélez y al Mayor Germán Lamilla. 

Debido a la negligencia con la que se llevo el proceso, la falta de una investigación rigurosa y profunda sobre las demás personas involucradas en el caso, junto a la identificación y sanción de los responsables intelectuales y materiales de forma completa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió llevar el caso ante la corte Interamericana en el año 2011 cuando habían pasado 13 años desde el hecho.

En noviembre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos humanos emitió su sentencia donde declaró “responsable internacionalmente al Estado colombiano por las violaciones de derechos humanos cometidas por el lanzamiento de un dispositivo explosivo por parte de la Fuerza Aérea Colombiana el 13 de diciembre de 1998 en el caserío de Santo Domingo. Del departamento de Arauca en Colombia” y ordenó al Estado realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad de los hechos, publicar la sentencia de la Corte Interamericana, brindar tratamiento integral en salud y entregar una compensación por los daños materiales e inmateriales que causo en las víctimas. 

Las víctimas reconocidas son: Jaime Castro Bello (4), Luis Carlos Neite Méndez (5), Oscar Esneider Vanegas Tulibila (13), Geovani Fernández Becerra (16); las niñas Egna Margarita Bello (5), Katherine Cárdenas Tilano (7); y Levis Hernando Martínez Carreño, Teresa Mojica Hernández de Galvis, Edilma Leal Pacheco, Salomón Neite, María Yolanda Rangel, Rodolfo Carillo Mora, Pablo Suárez Daza, Carmen Antonio Díaz Cobo, Nancy Ávila Castillo, Arnulfo Arciniegas Velandia y Luis Enrique Parada Ropero.

Hasta el 2017, el gobierno colombiano, por medio del ministro de justicia Enrique Gil Botero pidio perdón de forma pública, sin embargo, aún se espera que se siga haciendo reparaciones a la población y se den las garantias pertinentes para las victimas, puesto que, los hechos fueron conocidos pero son impunes en cuanto a que la masacre se dio con presunta participación  de la compañia de seguridad Airscan contratada por la multinacional petrolera Occidental Petroleum Company (Oxy) y Ecopetrol, donde, antes de lo ocurrido ya se había registrado una violación de derechos humanos, entre las dinamicas economicas y de conflicto armado en Arauca, es decir, entre los actores armados y la producción de petroleo. 

Víctimas de la masacre de Santo Domingo en la Memoria
Víctimas de la masacre de Santo Domingo Sin Olvido.



lunes, 9 de diciembre de 2019

Blanca Cecilia Jiménez Contreras


Diciembre 7 1994


El 7 de diciembre 1994 en Cúcuta, Norte de Santander, paramilitares que se encontraban patrullando la zona, luego de obligar a un grupo de personas a ingresar a sus residencias, ejecutaron a Blanca Cecilia Jiménez Contreras, menor de apenas 12 años de edad. La víctima desacató la orden de los violentos, ya que debido a que su condición de no pudo escuchar las advertencias, y estos le propinaron un impacto de bala en el ojo izquierdo. El hecho ocurrió en el barrio Rudensito Soto, ubicado en la avenida 34 entre calles 16 y 17. 


Blanca, es una representación más de todas las niñas y niños inocentes que no hacen parte de esta guerra, víctimas de la violencia y las semillas de terror que han dejado los paramilitares y los diferentes grupos armados en el país.


Blanca Cecilia Jiménez Contreras en la Memoria.

Blanca Cecilia Jiménez Contreras Sin Olvido.

jueves, 5 de diciembre de 2019

Masacre en Jiguamiandó y Curvaradó


Diciembre 5 al 31 1997 

Del 5 al 31 de Diciembre Un grupo paramilitar asesinó a 20 campesinos y desapareció a otros 11 en Jiguamiandó y Curvaradó.

Un grupo paramilitar con abierta complicidad de la Fuerza Pública incursionó en los caseríos Bella Flor Remacho, Urada, Santa Fé de Churima, Llano Rico, Apartadocito, Arrastradero, Zapayal, Brisas de Curvaradó, Nueva Esperanza, Andalucía y Puerto Lleras, ubicados en los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, asesinando a 20 campesinos, y desapareciendo forzadamente a 11 más. 

El grupo paramilitar había salido, en su mayoría de la población de Bajirá y la acción contó con el apoyo de helicópteros. 

Durante el recorrido de muerte, los paramilitares asesinaron a Ruben San Pedro Tuberquia, Abel Guisao, Víctor Ramírez Soto, Esteban Barrio, Aurelio Agudelo, Eliseo Martinez, Andres Castaño, Gerardo Carvajal, Luis Enrique Correa, José Teofebes Gómez, Gerardo Vargas, Libardo y Argemiro Correa, a este último, los paramilitares lo decapitaron y le metieron la cabeza en el estómago y fueron desaparecidos de Santa Fé y Buena Vista Pablo López, Esther Hernández, Manuel Cuesta, Alcides Domico, Julio Arturo Garces, José Hernández, Edision Manuel Hernández, Vartica Hernández, Pablo López, Mario y su hermano.

Victimas de Jiguamiandó y Curvaradó en la Memoria
Victimas de Jiguamiandó y Curvaradó Sin Olvido 

domingo, 1 de diciembre de 2019

Masacre Páramo de La Sarna


1 de Diciembre 2001 

A las seis de la mañana del sábado 1 de diciembre de 2001, partió del Terminal de Sogamoso rumbo a Labranza Grande el bus Nº 339 de la Empresa Cootracero, un Chevrolet 600 identificado con las plazas JYG-137. Durante el recorrido el vehículo recogió 12 pasajeros y dos niños de 8 y 11 años, el primero de ellos hijo del conductor, el segundo de una profesora que viajaba con su esposo, y una mujer de la tercera edad.

En el sitio conocido como “La Sarna”, sector Melgarejo, a unos 30 kilómetros de Sogamoso, un grupo de hombres armados detuvo la marcha del bus, obligando al conductor a atravesarlo en la carretera y a sus ocupantes a descender.

Acto seguido, separaron a los dos niños y a la anciana y obligaron a las restantes quince personas (12 hombres y 3 mujeres) a tenderse boca abajo sobre el asfalto procediendo a dispararles uno a uno, principalmente con tiros de gracia.

Las victimas fueron:

Luís Ángel Gil Orduz de 30 años, ingeniero. Trabajaba como ayudante del ingeniero Gonzalo Rincón, con quien viajaba el 1 de diciembre a Labranzagrande por motivos de trabajo.

Tania Leonor Correa Pidiachi de 25 años, estudiante de Medicina de la Fundación Universitaria de Boyacá.

Mercedes Rivera, tenía 22 años de edad y trabajaba como empleada de la Administración Municipal de Paya.

Luis Arturo Cárdenas de 20 años, Zootecnista egresado de la UNAD, trabajaba como director de la UMATA en el municipio de Paya.

Isidro Alba Guío de 50 años, profesor, licenciado en Ciencias Sociales y Económicas de la UPTC.

Jonh Fredy Poveda Bayona, de 17 años de edad, estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en la Facultad de Ingeniería de Transportes y Vías.

Luís Miguel Melo Espitia, tenía 17 años de edad y en ese momento trabajaba como ayudante del bus.

Abel Cudris Rodríguez, procedente de El Banco (Magdalena)

Gonzalo Rincón Barrera, tenia 31 años de edad, Ingeniero Sanitario y Ambiental egresado de Uniboyaca, residente en Sogamoso.

Luís Alejandro Pérez Fernández, de 22 años de edad, era estudiante de cuarto semestre de Administración de Empresas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

José Antonio Mongui Pérez, de 52 años, comerciante, residente en Sogamoso.

Jairo Isidoro Peña de 42 años. Se dedicó toda su vida a la agricultura y la ganadería, y en varios momentos desempeñó cargos públicos en Labranzagrande, Tenia un almacén de víveres junto con su esposa Herminda Blanco. quien tambien fue víctima de esta acción paramilitar

Bertulfo Noa Rosas Arguello, agricultor de 50 años de edad.

Hernando Gómez Garavito, tenía 32 años de edad, era el conductor del bus.


Por varios años la masacre de La Sarna permaneció en total impunidad, hasta 2008 cuando algunos paramilitares, miembros del bloque Autodefensas Campesinas del Casanare, empezaron a hablar sobre lo que realmente ocurrió en los tribunales de Justicia y Paz.


Ellos cuentan que esta masacre fue cometida conjuntamente con miembros de la fuerza pública quienes no solo facilitaron su paso, sino que además, entregaron parte de las armas con las que ejecutaron a las víctimas. Estos hechos se encuentran aún en la impunidad, al no ser juzgados todos los responsables.

En un fallo del año 2015 el juzgado 56 de Bogotá condenó a 40 años de cárcel a Luis Afrodis Sandoval, señalado de hacer parte de las autodefensas del Casanare, por conseguir las armas y ocultar a los paramilitares que perpetraron la masacre del páramo de La Sarna.

Igualmente fue solicitada una investigación contra Jaime Esguerra Santos, excomandante del Batallón de Artillería n.° 1 Tarqui, por faltar a “sus deberes como garante de la seguridad de la región, al no adoptar los mecanismos correspondientes para perseguir a las autodefensas que se desplazaban libre y tranquilamente por la región”; y se ordenó investigar a policías y a un fiscal por recibir 15 millones de pesos para dejar en libertad a los responsables de la masacre.


Según el expediente, el hecho se cometió contra un profesor que viajaba en bus, integrante del sindicato de maestros del Casanare, quien, junto a los demás viajeros, fue señalado de ser auxiliador de la guerrilla.

Víctimas de la masacre La Sarria Sin Olvido
Víctimas de la masacre La Sarria en la memoria 

Con información Observatorio de derechos humanos y violencia política de Boyacá y Casanare - El Tiempo

Efrén Ceballos Molina

Diciembre 01 1991

El 1 de diciembre 1991 en Bogota' D.C., en el barrio Nuevo Chile paramilitares entre los que se encontraba Wilson Londoño, ejecutaron al estudiante Efrén Ceballos Molina de 16 años, miembro de una familia de activistas del Partido Comunista y de la Unión Patriótica. Los registros de las investigaciones de la SIJIN fueron desaparecidos. 

jueves, 28 de noviembre de 2019

Rubén Castaño Jurado


28 de noviembre de 1985

Rubén Castaño Jurado, conocido como “El Hombre de las Multitudes”, por su liderazgo y compromiso político, despertaba las masas, con sus discursos y acciones que enardecían y motivaban a quienes lo seguían, frente a las injusticias y la falta de oportunidades para aquellos que veían vulnerados sus derechos, especialmente a los trabajadores.

Desde muy joven fue un hombre crítico, comprometido con la defensa de los derechos laborales en Caldas, lugar donde inició su militancia en la política, primero en el Sindicato de Trabajadores de la Universidad departamental, donde fue despedido por haber participado en una huelga. 

Desde entonces, se convirtió en un vocero por los derechos humanos, divulgando las ideas del socialismo y adoptando la dirigencia de la Federación de Trabajadores de Caldas (FTC) y más tarde la dirigencia del Partido Comunista Colombiano (PCC) en el mismo departamento.

Durante su camino estuvo acompañado por Amilbia, quien fue la mujer que desde los 14 años estuvo a su lado. Tuvieron cinco hijos, Gonzalo, Walter, Ricardo, Mario y Rubén, conformando una familia de tradición comunista, militantes de la Unión Patriótica (UP). Cada paso que daba era contundente, pero con cada uno llegaban los allanamientos y hostigamientos de los cuales, él y sus camaradas eran víctimas en la sede del PCC y el FTC en la Casa del pueblo.


Un jueves 28 de noviembre de 1985, cuando se encontraba en la ciudad de Manizales, luego de tomar tinto en una cafetería cercana a la sede de la FTC con su hijo Walter, se dirigió a acompañar a su amada Amilbia al transporte para su trabajo, cuando se devolvió, recibió cuatro impactos de bala por la espalda y su vida fue cegada, pero su lucha no fue obstruida. 

La muerte de este hombre es uno de los tantos crímenes sistemáticos del Estado y del exterminio hacia los militantes de la UP, a los opositores del modelo político y económico, el crimen además es aún impune, pero la humanidad de Rubén es símbolo de la lucha ante el olvido y vive en la memoria de quienes todavía resisten. 

Ruben Castaño Jurado, en la Memoria
Ruben Castaño Jurado,  Sin Olvido.

martes, 26 de noviembre de 2019

José Rodrigo García Orozco




26 de noviembre de 1992

José Rodrigo García Orozco fue el segundo vicepresidente de la Asamblea departamental del Meta, militante de la Unión Patriótica, y del Partido Comunista en Meta entre 1990 a 1992. 

José Rodrigo entre 1986 y 1988 fue el alcalde del Municipio de Puerto Rico, departamento del Meta. Luego, fue elegido como diputado a la Asamblea del departamento del Meta por la Unión Patriótica y del Partido Comunista. Además de ser docente, dirigente y conocido líder político de la región era esposo de María Mercedes Méndez, ex alcaldesa del Castillo, asesinada el 3 de Junio de 1992 junto con 4 personas militantes de la Unión Patriótica, además era padre de 5 hijas. 

José militó con el corazón y tenacidad por denunciar los crímenes de lesa humanidad en contra de los militantes de la Unión Patriótica de la región del Meta. 

El 26 de Noviembre 1992, José Rodrigo fue asesinado por cuatro hombres de la estrategia militar encubierta, 2 agentes del F-2 de la Policía y 2 paramilitares, Arnulfo Castillo Agudelo, conocido con el alias “Rasguño” y un hermano de éste conocido como “Puntillón”. 

Ese día cuando José se dirigía a su casa, sin escoltas dado que días antes se los habían retirado, luego de salir de la asamblea departamental, fue abordado por dos agentes de la policía, y requisándolo a la fuerza le decomisaron sus documentos y el arma de protección que el mismo gobierno le había dado. Al no tener motivos para detenerlo hubo un forcejeo; José seguiría luchando por sus hijas hasta el último momento en que su vida le fue arrebatada, entre tanto llegaron 2 paramilitares, “Rasguño” y “Puntillón” que se movilizaban en un vehículo del F-2 y una motocicleta Suzuky color roja, camuflada con cintas blancas y naranjas, y le propinaron 5 impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, minutos después llegaron a este lugar otras unidades policiales, que realizaron el levantamiento. 

Al ser asesinado dejó una nota en su bolsillo, dirigida a sus 5 hijas

“Al morir, no tendré tiempo de decir nada. Es por esto que dejo escrito:
Mi vida fue el amor. Mi amor fue la libertad y la paz.
Salud a los que aman!”

“En mis duras faenas, os amo pequeñas mías.
Mi mejor muestra de este amor, es mi propia entrega por vuestro futuro y vuestros amiguitos y amiguitas del mundo. 
Cuanto os amo.!”

“Nací para vivir. Me niego a esta pequeña muerte. Antes que yo, miles murieron y sin embargo, aun viven.

Que importan sus nuevos nombres!”

Al día siguiente, del asesinato de este valeroso líder del departamento del Meta, las unidades policiales que participaron en el asesinato de José Rodrigo fueron trasladadas, y con este hecho se dio vía libre al camino de la impunidad sobre su asesinato.

Posteriormente alias “Rasguño” fue capturado y al poco tiempo la Fiscalía Sexta Delegada ante jueces de circuitos especializados precluyó la investigación en su contra. 


En el año 2012, el Consejo de Estado emitió un fallo, donde, condenó al Ministerio de Defensa por omisión en la protección de José Rodrigo García.


Así mismo el concejo de Estado dijo que “La persecución y asesinato de los miembros de la UP es un hecho suficientemente conocido y documentado (…) existen diversas fuentes escritas que confirman que los atentados, intimidaciones y seguimientos contra sus militantes no constituyen hechos aislados sino que hicieron parte de un plan sistemático de exterminio”.

Así por concepto de “perjuicios morales subjetivos” para cada una de las demandantes Linda Carol, Hada Luz, Jenny Paola y Tania Marinela García Méndez, se ordenó el pago del valor equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las hijas recibirán entre las cuatro un poco más de 673 millones de pesos.

José Rodrigo, militó con el corazón y con la fogosidad que lo caracterizaba denunció cada uno de los crímenes contra los militantes de la Unión Patriótica en la región del Meta. Se empecinó en que se supiera la verdad, en evidenciar la responsabilidad de la Fuerza Pública en el asesinato de la madre de sus cuatro hijas, del gran amor de su vida.

Han pasado muchos años, donde, se ha construido memoria, se han dado los pasos que recorrió José, de recordar sus luchas, de haber nacido para vivir, de negar esa pequeña muerte y de hacer trabajar para que él siga vivo en las diversas miradas y resistencias de las personas que aún lo recuerdan. Aún seguiremos perpetuando sus palabras porque estarán vigentes a pesar del paso del tiempo: “Antes que yo, miles murieron y sin embargo, aun viven”.

José Rodrigo Orozco en la Memoria
José Rodrigo Orozco Sin Olvido

domingo, 24 de noviembre de 2019

Masacre de la Balsita





                                                                              Noviembre 24- 28  de 1997

Un lunes 24 de noviembre de 1997, un grupo de paramilitares vestidos de civil y fuertemente armados incursionaron en los caseríos de Antasales, Buenavista, Tucunal, Galilea, Chambuscado y Argelia, del corregimiento de La Balsita en Dabeiba, Antioquia.



Los participantes de la estrategia paramilitar se identificaron como “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá , como parte de operaciones contrainsurgente ilegales de las brigadas 4, 11 y 17 del ejército nacional, durante los días 24 al 28 de noviembre, esta estrategia hizo parte de la operación militar "Septiembre Negro". Asesinaron y desaparecieron a varios campesinos, entre ellos dos niños, destruyeron caseríos, puentes y saquearon bienes de supervivencia.

La operación armada era continuidad de la masacre del Aro que compromete al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.

Un día antes de que comenzara la masacre, el 23 de Noviembre, paramilitares incursionaron en el río Sinú, allí asesinaron a Annanias Guisao Usuga, presidente de la Junta de Acción Comunal de Antazales y retuvieron a Milton David y Pedro Montoya.

Al día siguiente, el 24 de noviembre, los paramilitares asesinaron a Alejandro Higuita, sus vecinos encontraron su cadáver con señales de tortura y con marcas de cuerda en el cuello.


Ese mismo día la esposa de Ananías Guisao Usuga, Rosalba Usuga junto con su hijo Joaquín Emilio Guisao Usuga, de 18 años, fueron asesinados en presencia de Paula Andrea Guisao quien en ese entonces tenía 5 años de edad. Ella se encontraba al lado de Juan Camilo Guisao Usuga de 7 años, Carlos Mario Guisao de 14 años y Jonathan Guisao Usuga de 16 años. Posteriormente los menores fueron retenidos por el grupo paramilitar.



En la madrugada del 25 de noviembre los paramilitares ingresaron a Tucunal y de allí se trasladaron hacia Antazales, a las 7:00 am pasaron casa por casa, diciéndole a los habitantes que iban a quemar sus habitaciones y que tenían plazo hasta las 6 de la tarde para salir de la zona.

Los jóvenes que se encontraban en esta zona fueron obligados a reunir todo el ganado, minutos después quemaron 8 casas y tumbaron varios puentes que comunicaban las veredas. Los paramilitares se llevaron también el ganado.

Luego se dirigieron a la vivienda de Simón Torres Cardona de 46 años de edad y delante de su sobrina fue golpeado y posteriormente llevado a un puente cercano en donde fue atado a una varilla en donde le accionaron una carga de dinamita.

Horas más tarde detuvieron y desaparecieron a Reinaldo Ramírez de 42 años de edad y en la misma incursión asesinaron con disparos de fusil a Luz Emilda y Marcos Duarte de 48 años de edad.

El 26 de Noviembre los paramilitares llegaron al corregimiento de La Balsita en donde asesinaron a Heriberto Areiza de 32 años de edad quien fue encontrado con un tiro en la cabeza y su rostro despojado de sus ojos. Jesús Areiza de 35 años de edad fue detenido, torturado, colgado y ahorcado.

Horas más tarde los paramilitares detuvieron y asesinaron a los campesinos Ricaurte Monroy de 16 años de edad, quien fue encontrado con quemaduras en los brazos y piernas y posteriormente degollado. Edilberto Areiza de 24 años de edad fue fusilado con un disparo en la cabeza, su rostro despojado de sus ojos y y sus manos heridas con arma corto punzante.

Ese mismo día paramilitares interceptaron a los campesinos Alejandro Higuita y Flor Emilce Rivera que se movilizaban en caballo hacia la verdad Antasales, luego de ser obligados a bajar de los caballos fueron degollados y sus cuerpos fueron arrojados a orillas del camino.

El jueves 27 de Noviembre, en la vereda Tocunal, fueron asesinados Oscar Valdarrama, de 60 años de edad y su hijo Alfonso Valderrama de 25 años de edad, los dos pertenecían a la iglesia Pentecostal.

La muerte violenta, la quema de más de 30 viviendas, la destrucción del espacio de la vida, de la alimentación, del sueño, de la esperanza inundó de terror a la comunidad obligándolos a salir de sus tierras, el 28 de Noviembre, centenares de familias, campesinos y campesinas, se desplazaron forzadamente al casco urbano del municipio de Dabeiba, en donde, vivieron en condiciones de hacinamiento durante 4 años.

De 1997 a 2005 las víctimas, las desapariciones, las torturas, suman más de 300 víctimas. Pasados los años, ninguno de estos crímenes de lesa humanidad han sido investigados, sancionados o imputados a los responsables por el aparato judicial colombiano. Es una “justicia” ciega, asesina e hiriente con las víctimas. Ella expresan que les duele recordar pero más les duele olvidar, porque no ha habido un derecho para poder hacerlo. Ninguna investigación judicial ha generado el mínimo de esclarecimiento, de verdad o reparación. A partir de la ausencia de voluntad política, de la incompetencia e ineficiencia judicial se ha perpetuado la impunidad jurídica incapaz de silenciar la memoria, que es la única que ha sostenido la esperanza para que algún día sea posible el camino hacia la verdad, la justicia y la paz.

Cada año, se hace memoria a todas las victimas, más de 143 personas asesinadas y desaparecidas, por ello, se realizó el monumento del Árbol de la vida como un espacio sagrado en honor a todas las vidas segadas, símbolo también de lucha y resiliencia. 

Rosalba Úsuga, Joaquín Guisao, Ananias Guisao, Reynaldo Ramírez
Simon Torres, Oscar y Alfonso Valderrama, Ricaurte Monroy

Edilberto Areiza, Alejando Higuita y Flor Emilce Rivera, Marco Duarte y Luz Emilda de Duarte, Milton David y Pedro Angel, Irma Areiza,Felix misa, Conrao Gomez, Jesús Cipriano Varela Rengifo y todas las víctimas de la La Balsita, son parte de nuestra memoria.. 

Victimas de la masacre de la Balsita En la Memoria.
Victimas de la masacre de la Balsita Sin Olvido.


Oscar Mausa

24 de noviembre 2010 

Oscar Mausa fue un líder campesino que realizó acciones jurídicas y políticas desde el año 2001 con el fin de conseguir la restitución de la finca "La Esperanza", que había sido adquirida por la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet(Cootragroblan) ubicada en un corregimiento de Turbo, Antioquia y de la que Oscar Mausa era integrante.


Este predio en el que las familias asociadas a esta cooperativa habían invertido su trabajo y sus pocos recursos, fue arrebatado por los paramilitares violenta y fraudulentamente en el año 2001.Por esta razón Oscar Maussa fue víctima de las operaciones paramilitares en Blanquicet, donde, le obligaron a desplazarse a él, a su familia y a los habitantes de este poblado, estos hechos fueron denunciados abiertamente en sesiones de trabajo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante autoridades nacionales.

Días antes de su crimen fue requerido por las autoridades de investigación para realizar un reconocimiento fotográfico de uno de los victimarios, el paramilitar conocido con el alias de “55”. En el marco del proceso penal por los hechos del desplazamiento se han identificado algunos autores materiales de los hechos, a quienes ya se les cerró investigación y a quienes la Fiscalía les calificará sumario en breve.

El día miércoles 24 de noviembre en la mañana Oscar Maussa, arribó a su lugar de trabajo agropecuario en la finca “La Poza del Guamo”, en el caserío El Cañito, municipio San Juan de Nepomuceno, lugar, donde se había desplazado con su familia desde el año 2008 para proteger su vida. Sobre las 6 de la tarde fue amarrado, apedreado, torturado y asesinado. 

Ese mismo día, aproximadamente a las 8.30 de la noche, un compañero de trabajo de Oscar encontró su cuerpo tirado en el suelo, con las manos atadas por la espalda y boca abajo, además de observar la puerta de la casa abierta y varias cosas de la misma fuera de sitio, inmediatamente acudió a la estación de policía de San Juan Nepomuceno, Bolivar, solicitando la atención de estas autoridades en este caso, las cuales, se negaron afirmando que temían una emboscada.

Al día siguiente a las 10.00 de la mañana finalmente las autoridades de la policía, la SIJIN y la infantería de Marina acudieron a la finca e hicieron el levantamiento del cuerpo para posteriormente realizarle la necropsia.

La impunidad jurídica sobre los beneficiarios de estructuras estatales y la impunidad política de las estructuras paramilitares que continúa enquistada en un grueso ámbito institucional son muestra de las razones del asesinato de Oscar, y reflejan la ausencia de garantías plenas para las víctimas del desplazamiento y del despojo violento.La investigación penal por el homicidio de Oscar ha sido trasladada 3 veces de Fiscalía lo que ha dificultado la participación de la representación de las víctimas dentro del proceso, lo cual, refleja la falta de garantías a los derechos de las víctimas.

Oscar Mausa en la Memoria
Oscar Mausa Sin Olvido


miércoles, 20 de noviembre de 2019

Eduardo Loffsner Torres



20 de noviembre de 1986

Eduardo Loffsner Torres fue un hombre de compromiso político, motivo que lo condujo a organizar el Sindicato de Trabajadores la Universidad Pedagógica Nacional, donde, era trabajador de servicios generales, desde su labor siempre trato de exigir justicia social y procuró hacer paz.

Por su liderazgo social y político desde febrero de 1979 y marzo de 1983 fue detenido en la cárcel La Picota en Bogotá, luego de que miembros del Ejército Nacional lo detuvieran y lo torturaran, por oponerse al Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay, hechos que fueron constatados por medio de un informe de Amnistía Internacional.

Mientras estuvo preso, conoció a Luz Marina Hache, quien era funcionaria del Comité de Solidaridad de Presos Políticos y también, dirigente sindical en Sintrabanca, sindicato del Banco Cafetero, y luego se convertiría en su esposa. Cuando Eduardo obtuvo la libertad, su labor política no ceso, movilizandose constantemente entre Barrancabermeja y Bogotá.

En 1986, desde el 16 de noviembre, Luz Marina había realizado un viaje a Santa Marta por su trabajo, en ese tiempo Eduardo se mantuvo en comunicación; el día 18 de noviembre sobre la 5 de la tarde, le dijo a su esposa que la llamaba el 20 para saber cómo le fue y hablarían de encontrarse el 22 de noviembre en el lugar de siempre; el aeropuerto El Dorado, pero Luz Marina se quedó esperando esa llamada, hasta el día de hoy.

Es así como el 20 de noviembre de 1986 fue desaparecido en la ciudad de Bogotá. Desde ese mismo momento, Luz Marina, inició su búsqueda encontrando más incertidumbres que respuestas.

La cama estaba tendida, un libro abierto encima de la mesa, una rosa amarilla en su florero que era una botella de Postobón y sobre la cama un papelito -él siempre acostumbraba a dejarme notas “amor tal cosa…” un papel de esos. Fui a buscarlo inmediatamente donde una compañera que se llamaba Olga y la respuesta que me dijo: “¿Cómo así el negro no estaba con usted?”

La pérdida fue muy dolorosa, pero Luz Marina siguió adelante con la lucha motivada por la memoria de su esposo. En la actualidad, como lo ha hecho toda su vida, trabaja por los derechos humanos; legado que transmitió a sus hijos quienes desde diferentes lugares, de diferentes maneras de expresar y desde diferentes roles, también defienden, exaltan y promueven los derechos humanos y la memoria de su padre.

Desde aquel noviembre, se arrebató la vida de Eduardo y para su familia inicio una lucha en contra de la violencia política, ha hecho frente al silencio y el olvido que se quiere imponer.

La memoria ha sido un elemento muy valioso para mantener vivo al “Negro” como cariñosamente lo llamaban sus familiares y amigos. Hoy, la desaparición forzada de Eduardo es un crimen más de terrorismo de Estado, donde la desaparición es total frustración no solo para las víctimas, sino ante el perdón y la reconciliación, por eso se exige saber la verdad para que esto no ocurra nunca más y para que sea posible un país con un futuro mejor.

Eduardo Loffsner Torres en la Memoria
Eduardo Loffsner Torres Sin Olvido

miércoles, 13 de noviembre de 2019

Daniel Abril Fuentes


Noviembre 13 de 2015

Daniel Abril Fuentes, fue un hombre que dio vida a la tierra. Un campesino que desde niño aprendió como amor a cultivar y proteger el paisaje junto a su familia, siempre desde su territorio natal en la vereda 'Los Chochos' del municipio de Trinidad, Casanare.

“Danielito” como lo llamaban de cariño, fue un activista social que entrego su vida por los demás, por ser voz y brindarles libertad a las víctimas silenciadas por el Estado colombiano, lo que le valió ser reconocido como un opositor a la corrupción, de los destructores y aniquiladores del territorio, de cualquier injusticia y forma de violencia.

Fue un defensor de derechos humanos, ambientalista, conciliador, promotor de la memoria de las víctimas de crímenes de Estado, miembro del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, del Congreso de los Pueblos y de la Plataforma la Voz de la Tierra. Desde allí gesto acciones que incomodaron intereses de empresarios que pretendían el control del territorio para la minería. Hizo memoria junto a las víctimas, convoco, unió, formo una ciudadanía activa para que se movilizara por la defensa de sus derechos y los del territorio.

En 2011 en San Luis de Palenque empezó a dar vida a la movilización social y la protesta, ese año junto a cientos de campesinos, exigió a la petrolera Pacific, que se respetara el territorio, para que no privaran los proyectos sociales que en comunidad que se estaban adelantando, y que no interrumpieran la vida del paisaje que sus ancestros le heredaron. Por esta razón, fue judicializado junto a otros líderes sociales, acusándoles de forma injusta de ser secuestradores.

Luego, denuncio la desprotección del territorio frente a la sequía que se dio en 2014, desembocando una tragedia ambiental en la vereda Caño Chiquito de Paz de Ariporo, que no solo afecto Casanare, sino, a todo el país. Posteriormente, convocó a más de 400 personas del departamento para desarrollar dos sesiones en Trinidad, con respecto, a los derechos humanos en un marco de extractivismo sobre recursos minero energéticos.

En el año 2015 junto a la Corporación Claretina Norman Pérez Bello, la Corporación COSPACC, organizaciones campesinas de Casanare, el Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta y la Asociación Campesina Asocamprov Libertad, se creó un espacio de dialogo en la Mesa La Voz de la Tierra, allí se realizaron audiencias de control político por los derechos ambientales y humanos de la región. Al mismo tiempo, Daniel lidero la campaña denominada “La Firmatón”, donde, logro recolectar 2300 firmas, junto a un derecho de petición, que exigía la renuncia de la directora de la Corporación Regional Autónoma de la Orinoquia (CORPOORINOQUIA), dado el silencio y la negligencia que había mantenido ante la entrega del territorio a petroleras que estaban causando un gran desastre ambiental, acción que a pesar de todo fue rechazada. 

Por su labor, Daniel estuvo sometido a la violencia sistemática del Estado, puesto que, había sido víctima de detenciones, amenazas, atentados, acusaciones falsas de ser guerrillero y seguimientos por miembros del Ejército Nacional, hechos que están documentados y denunciados, por esta razón había pedido protección reiteradas ocasiones a diferentes instituciones, que hicieron caso omiso y lo ignoraron.

Es así como el 13 de noviembre del 2015, es asesinado cuando se encontraba en una panadería del casco urbano de Trinidad, sobre las 6 de la tarde. El territorio que lo vio nacer, fue también, el que lo vio morir cuando dos hombres le dispararon en tres oportunidades, impactaron su humanidad y acabaron con su voz y con su vida. Pero no lograron silenciar a quienes lo acompañaron y se movilizaron impulsados por él. Su homicidio se produjo el mismo día en que se realizaba la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, en donde, se discutieron los derechos humanos y del territorio de Casanare.

Después de 19 meses de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, se realizó la captura por parte del CTI y se impone medida de aseguramiento de detención preventiva al soldado profesional y activo Eliécer Azueta Cero, miembro de la Fuerza Pública adscrito a la Brigada XVIII, Navas Pardo, capturado en la Brigada XVI del Ejercito Nacional, ubicada en Yopal Casanare, guarnición militar que además tiene antecedentes de ser responsable de diversas ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos", este es autor material del crimen, junto con el presunto paramilitar Jhonnever Tumay Tuaay, se imputo cargos de homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Aunque oficialmente no ha sido reconocido, en el crimen intervinieron funcionarios y empresarios que habrían pagado dinero por terminar con la vida de este defensor. Pese a que se determinó quienes son los autores materiales, no se ha determinado los responsables intelectuales del crimen, la impunidad persiste, y actualmente los presuntos responsables identificados se encuentran en libertad por vencimiento de términos.

En su memoria, se creó la Escuela de Investigación Ambiental y Popular Daniel Abril Fuentes, donde se adelantan procesos organizativos para seguir con su labor, multiplicar sus acciones y sobre todo mantener viva la memoria de un hombre sensible ante las problemáticas locales, que finalmente, atienden a problemáticas nacionales, porque con la defensa de la naturaleza y el territorio, se defiende la vida y se hace frente a las injusticias de actores extractivistas, armados y estatales. 

¡Hoy como cada 13 de noviembre se recuerda a un gran ser humano, un gran amigo y un gran líder, se exige justicia, verdad y reparación porque no haya defensores asesinados nunca más!

Daniel Abril Fuentes en la Memoria
Daniel Abril Fuentes Sin Olvido

martes, 12 de noviembre de 2019

Jesús Oleiver Alvarado Muñóz y Over Erney Muñóz


Noviembre 12 del 2009


El jueves 12 de noviembre de 2009, los hermanos Jesús Oleiver y Over Erney, campesinos del caserío Mesón Alto, en horas de la mañana salieron a cumplir sus labores cotidianas de trabajo en el campo. 

Al dirigirse hacia Nuevo Horizonte, paramilitares pertenecientes a los rastrojos que hacen presencia en la zona los retuvieron y desaparecieron. Es de anotar que este hecho ocurrió en medio de una fuerte presencia militar en el municipio de Argelia en el marco de la política de aseguramiento de los territorios con fines de privatización, de intervención con fines extractivistas.

Después de adelantar varias acciones jurídicas en la exigencia de verdad, justicia y reparación integral; de ver negados sus derechos como víctimas en las dependencias responsables de atención a la población desplazada, de ver cómo se colocaba en duda su desplazamiento y de no encontrar respuesta sobre la existencia de Oleiver y Over, sus familiares se desplazaron a varios lugares de Colombia.

Se encontraron con otros miles de familiares de desaparecidos, con otras miles de víctimas de crímenes de estado, con quienes han compartido su proceso de dolor y de esperanza, con quienes han construido red social.

El arraigo a su tierra y las condiciones indignas de vida en la ciudad, los llevó a retornar sin ningún tipo de garantías a su tierra, a recuperar lo que les había sido obligado abandonar. Con la humildad, sencillez y tenacidad persistieron en el difícil camino de búsqueda de justicia y verdad. Esa resistencia al olvido y su dignidad, hizo que la unidad de desaparición forzada de la fiscalía, después de una acción de tutela, asumiera el caso como prioritario. Es por esta razón y ante las demandas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares a este grupo de familias, lo que hizo posible el comienzo de un proceso de búsqueda de información que se cotejó con las certezas manejadas por los familiares de OLEIVER Y OVER, quienes a pesar del dolor sabían que habían sido asesinados por los paramilitares.

Así se logró el 2 de mayo de 2013 la práctica de exhumación de los restos de estos dos campesinos.

Pasó más de un año en la espera de los resultados de pruebas de ADN, de insistir en la entrega de los restos para poder elaborar el duelo.

El 01 de Noviembre de 2013, los restos de Oleiver y Over son entregados a familiares en la ciudad de Popayán. Se cumplió así un primer paso en este proceso de búsqueda de verdad, de justicia. Pero queda mucho por encontrar, por exigir, por garantizar. Estos crímenes deben ser considerados como crímenes de lesa humanidad, la verdad aun no es dicha, la justicia no ha mostrado su rostro en este caso.

Por eso sus familiares quienes tratan de reconstruir lo deteriorado con esta acción paramilitar, evocan la vida de Oleiver y Over en su comunidad como campesinos hijos de uno de los fundadores de su pueblo; mantienen la memoria como único derecho de dignificación de las vidas de sus seres queridos.

Ellos viven en la memoria de sus familias, en la memoria del pueblo de Argelia, en la memoria del pueblo campesino del Cauca y de Colombia; ellos, dos campesinos víctimas de desaparición forzada, sus familiares víctimas de desplazamiento forzado por estructuras paramilitares, ellos y ellas víctimas de la impunidad.

Hermanos Oleiver y Over, en nuestra Memoria
Hermanos Oleiver y Over, Sin Olvido.


lunes, 11 de noviembre de 2019

Masacre de Segovia

11 de noviembre de 1988

El domingo 11 de noviembre, centenares de habitantes de Segovia se dieron cita para rememorar a sus victimas, para exigir justicia y sobre todo, para que se conozca toda la verdad.

El 11 de noviembre de 1988, hacia las 6 de la tarde, paramilitares en connivencia con el ejercito nacional de Colombia asaltaron el municipio de Segovia, nordeste antioqueño desatando una orgia de sangre que dejó 43 personas muertas y decenas de heridos.

Este episodio fue el preludio del exterminio del partido Unión Patriótica ejecutado por una tenebrosa alianza de Sectores Políticos, fuerzas Militares y Paramilitares para impedir el avance de una propuesta política que amenazaba los privilegios de la clase dirigente.

Las organizaciones sociales que hacen presencia en el territorio: Cahucopana, ACVC y Reiniciar, y las victimas sobrevivientes del genocidio, llevan mas de tres décadas revindicando la memoria de las victimas de este oscuro episodio.

Hoy, en Segovia, se sigue viviendo un clima de violencia, sus habitantes se niegan a perder la esperanza y esperan que con una implementación eficaz de los acuerdos de La Habana pueda conocerse por fin toda la verdad de está masacre y reparar a las victimas.

Fuente: Agencia Prensa Rural. 


domingo, 10 de noviembre de 2019

Álvaro Ulcué Chocue

Noviembre 10 de 1984

El 10 de noviembre de 1984, hacia las ocho y media de la mañana en Santander de Quilichao, departamento del Cauca, Álvaro Ulcué Chocue, para ese entonces primer sacerdote católico indígena en Colombia fue atacado por dos agentes de F-2 de la Policía Nacional, Miguel Ángel Pimentel y Orlando Roa, quienes dispararon en varias ocasiones contra Álvaro desde una motocicleta en la que se movilizaban.


Álvaro quedó mal herido, se bajó del vehículo en el que se transportaba y se tendió en la tierra. Luego, los sicarios se retiraron, pero al percibir que estaba mal herido lo remataron, y finalmente huyeron. Desde 1980 había empezado a ser hostigado, amenazado y perseguido por terratenientes y agentes de Estado, en razón, de su lucha por la el despojo y la protección a territorios indígenas, por lo que, grandes propietarios de tierra habían ofrecido precio por su vida. 

Religiosas que estaban cerca al sitio, lo introdujeron en un taxi y lo condujeron al hospital de la localidad a donde llegó con vida. Momentos después falleció.

Las investigaciones penales y disciplinarias fueron manipuladas por las instituciones pretendiendo focalizar las responsabilidades en otros, algunos expedientes se “extraviaron”, llevando a que el crimen quedara en la impunidad.

El día del crímen, Álvaro debía actuar como padrino de un niño que iba a ser bautizado en Santander de Quilichao. Regresando de Cali a donde había ido la tarde anterior, llegó a Santander a las 7:30 a.m. y estuvo primero en la Casa Cural. De allí de dirigió al almacén de la madre del niño que iba a ser bautizado, donde le obsequiaron una camisa. Luego pidió el teléfono para hacer una llamada a la Hermana Luz Marina, quien también iba a participar en el bautizo y se encontraba en ese momento en el Hogar Santa Inés; le pidió que le preparara un desayuno, pues iba hacia el hogar enseguida.

Cuando llegaba al Hogar Santa Inés, ocurrió el crimen. Gracias a un testigo ocular se pudo identificar a los dos asesinos como miembros del F-2. El testigo rindió declaración ante el Juzgado Segundo Ambulante de Instrucción Criminal.

En abril de 1985, inexplicablemente el testigo fue buscado por Agentes de la Procuraduría General de la Nación y obligado, contra su voluntad, a viajar a Popayán para “ratificar sus denuncias”. Al reconocer en fila a uno de los victimarios, el juez permitió que el acusado identificara plenamente al denunciante y lo amenazara. Luego, uno de los Agentes de la Procuraduría que lo acompañaba llevó al testigo al Cuartel de la Policía de Popayán donde, bajo todo tipo de intimidaciones, le exigieron cambiar su versión ante el juez, para acusar a las FARC del asesinato del Padre Ulcué. Llevado nuevamente al juzgado, lo obligaron a firmar un documento, sin permitirle leerlo. Luego fue conducido a los calabozos del DAS en Cali, donde recibió nuevas amenazas.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos ofició entonces, a la Presidencia de la República y a la Procuraduría General de la Nación, denuncias por tan delictiva manipulación de las investigaciones, sin obtener ninguna respuesta. Aun más, todas las copias del expediente de la Procuraduría sobre el asesinato del Padre Ulcué “se perdieron”, llevando a que el crimen quedara en la más absoluta impunidad.

Los restos del padre Álvaro fueron trasladados a Pueblo Nuevo, la tierra indígena que lo vio nacer. La tierra por la que hoy en su memoria los pueblos indígenas, los campesinos mestizos y afrodescendientes la defienden afirmando su dignidad. No fue sepultado en el templo, como muchos querían, sino que se cumplió su voluntad expresa:

“Si he de morir, quisiera que mi cuerpo quedase amasado en la arcilla de los fuertes, como un cemento vivo arrojado por Dios entre las piedras de la Ciudad Nueva”.

Pasado el tiempo, sigue la fortaleza del testimonio de ÁLVARO ULCUÉ CHOCUE vive en la dignidad de los pueblos del Cauca que afirman sus derechos, su dignidad. Esos pueblos exhuman hoy la memoria, la causa por la cual fue asesinado el sacerdote indígena, la concentración de la tierra, la imposición de un modelo de desarrollo que privatiza el territorio, que comercializa la vida.

Álvaro Ulcué en la Memoria
Álvaro Ulcué Sin Olvido

miércoles, 6 de noviembre de 2019

Toma y retoma del Palacio de Justicia



6 y 7 de Noviembre de 1985


Foto: Carlitos Mario


Se cumplen 33 años del Holocausto del Palacio de Justicia y de una lucha generacional por la verdad, la justicia y la reparación. Más de tres décadas de un capítulo que aun no se cierra en la historia de Colombia, manteniendo un manto de incertidumbre para los familiares que aún se preguntan ¿dónde están? y una sombra pasiva para la sociedad civil, que en su mayoría desconoce las motivaciones y responsables de los hechos.

El 6 y 7 de noviembre de 1985, la vida cambio para varias de las personas que se encontraban al interior del palacio y sus familias, y con la retoma, se inició un camino de incertidumbre, preguntas y dolor que no cesan, no solo por lo que representó ser víctimas de tortura, asesinato y desaparición forzada, también, por la impunidad, el incumplimiento de las sanciones internacionales, y por velar los restos de un extraño, en lo que se ha pretendido justificar como errores en la disposición de los cuerpos. 

A los 94 muertos y 12 desaparecidos que habían sido reconocidos inicialmente, sin contar las víctimas de tortura, se vienen sumando los nombres de quienes se creyó descansaban en las tumbas donde sus familiares los visitaron  por años, y que ahora, gracias a pruebas y videos como en el caso del Magistrado Julio César Andrade, se sabe que salieron con vida de la edificación, dando mayores argumentos para quienes consideran que allí se fraguo un "pacto de silencio" entre actores del Estado.

En lo que va corrido del año se han reconocido y/o entregado los restos de Carlos Horacio Urán, Jaime Benítez Prieto, Libardo Duran, Alfonso Jacquin, Noralba García y Héctor Jaime Beltrán en 2017. Mientras que la lucha para los familiares de Cristina del Pilar Guarín, Gloria Stella Figueroa, David Suspes Celis, Lucy Amparo Oviedo, Carlos Augusto Rodríguez, Bernardo Beltrán, Gloria Isabel Anzola, Norma Constanza Esguerra, Luz Mary Portela León y Ana Rosa Castiblanco, sigue a pesar que en algunos de los casos han sido entregados parte de los restos, insistiendo en que mientras no se conozca la verdad seguirán considerándolos desaparecidos.

Hechos 

El miércoles 6 de noviembre de 1985, inició la toma del Palacio de Justicia por parte del Movimiento 19 de abril M-19, cuando aproximadamente 35 guerrilleros liderados por Andres Almares, Alfonso Jacquin y Luis Otero,ingresaron al edificio en el marco de la operación denominada “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, con el que buscaban hacer un juicio político al presidente Belisario Betancur por incumplir las promesas de paz y los acuerdos suscritos en Hobo, Corinto y Medellín un año antes de la toma.

El M19 se tomó el edificio empezando por la cafetería que estaba ubicada en el primer piso del palacio, ingresando entre las 10:30 y las 11:00 a.m., a la que respondieron inicialmente hombres del batallón Guardia presidencial, para luego dar inicio a la retoma militar por parte de las Fuerzas Armadas alrededor de la 1:00 pm, operación que se adelantó a sangre y fuego sin discriminar quien estuviese dentro.

El gobierno encabeza de Betancur, no manifestó su intención de entablar una negociación o de ordenar un alto al fuego por parte de la Fuerza Pública para que se respetara la vida de quienes estaban dentro del edificio, ni siquiera las suplicas y los comunicados emitidos por el entonces presidente de la Corte Alfonso Reyes Echandía. A las 5:30 p.m. se inició un incendio y un enfrentamiento entre M-19 y el Ejercito que se extendió hasta las 2:00 a.m. del 7 de noviembre. 

Los sobrevivientes salieron en mayor número en la tarde del primer día y otros el 7, muchos pudieron sobrevivir y otros fueron llevados a La Casa del Florero que se usó como “puesto de mando avanzado” por agentes del Estado para coordinar la operación e identificar a los sobrevivientes, apartando a quienes consideraban sospechosos de tener algún vínculo con el grupo insurgente, algunos consiguieron salir vivos de la casa museo, pero otros nunca lograron volver al seno de sus familias.

Una vez consumada la retoma, las autoridades militares se encargaron del lugar, trasladaron todos los cuerpos al primer piso, despojándolos de sus prendas, sus pertenencias personales y lavándolos para eliminar evidencias frente a los hechos. Algunos cuerpos ni siquiera figuraron en el edificio, fueron encontrados en fosas comunes, tumbas de otras personas o aún no se sabe que paso con ellos.

El proceso de levantamiento fue controlado por jueces de Instrucción Penal Militar, las actas son inconsistentes, hay sexos mezclados, nombres que no coinciden, posiciones artificiales, toda una serie de irregularidades que han truncado todo el proceso de esclarecimiento de lo ocurrido; sin que se pueda dictaminar incluso el número total de victimas mortales y desaparecidos. 

A partir de 1996, inició la exhumación de los cuerpos que se encontraban en una fosa común del Cementerio del Sur, a donde fueron llevados algunos de los restos del Palacio de Justicia y de la tragedia de Armero ocurrida tan solo 7 días después. Desde entonces, la identificación de las víctimas y la búsqueda de los desaparecidos ha dado mayores resultados que en los años anteriores, aún se espera plena claridad y adjudicación de responsabilidad, puesto que hace más de tres décadas las víctimas han luchado de manera constante a pesar de que esto fue para muchos una fractura personal para su vida, así como lo es para toda la sociedad. 

El duro camino por la verdad

La búsqueda por verdad y justicia ha sido interminable y dolorosa con un sinfín de contradicciones en el camino. En ese escenario los protagonistas han sido miembros del M-19, si bien algunos militantes hoy hacen parte de otros escenarios políticos, quienes planearon y participaron en la toma del Palacio de Justicia no sobrevivieron; por otro lado, están los militares quienes pese a que han sostenido que actuaron siguiendo ordenes, no hubo consideración por la vida, ni los derechos de las personas que estaban al interior del Palacio.

En el marco de las investigaciones, se ha prestado especial foco en el Comandante de la Brigada XIII del Ejército, Jesús Armando Arias Cabrales, quien fue destituido en 1990 pero hasta el 2011 se imputo una condena de 35 años de cárcel; el Coronel en Jefe del B-2 Edilberto Sánchez Rubiano, quien, también fue destituido en 1990 y hasta diciembre de 2015 se le dio una condena de 40 años de prisión junto al mayor Oscar William Sánchez, que esperan casación por parte de la Corte Suprema de Justicia, que les proporcione la libertad. Por otro lado, en el marco del actual proceso de paz Arias Cabrales y Alfonso Plazas Vega negaron presentarte ante la Jurisdicción especial de Paz, solicitud que si fue hecha por el General Iván Ramírez Quintero.

El mismo comandante de la Escuela de Caballería, Coronel Plazas Vega, ha sido uno de los protagonistas principales del caso, no solo por presentarse como un héroe por los hechos ocurridos, siendo la imagen que se presentó ante los medios de comunicación en el momento. El 16 de julio de 2007 fue capturado iniciándose un proceso judicial en su contra por los desaparecidos y los hechos del Palacio, el 9 de junio de 2010 fue condenado a 30 años de prisión y el 16 de diciembre de 2015 fue absuelto de los cargos por parte de la Corte Suprema de Justicia, lo cual para los familiares significo un retroceso, una burla y la destrucción de esperanzas para hacer justicia. 

Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizo al Estado colombiano en 2013 por la desaparición de doce personas en el Palacio de Justicia, en 2014 condena oficialmente a Colombia y ordena continuar con la búsqueda, sentenciar a los responsables y reparar a las víctimas de forma simbólica y económica. En 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos se pidió perdón de manera pública por la responsabilidad estatal, sin embargo se desestimó cualquier tipo de investigación sobre el entonces presidente Belisario Betancur, e incluso Santos le pidió perdón por la solicitud hecha a la CPI por el Tribunal Superior de Bogotá. 

Muchos familiares de las victimas ya fallecieron sin conocer la verdad de los hechos o recibir justicia, hoy siguen otras generaciones emprendiendo la búsqueda, pese a que evidentemente los procesos han sido demasiado tardíos, un caso que en tres décadas no ha podido siquiera acercarse a un final, siendo los familiares revictimizados no solo por la impunidad sino que también, frente a el discurso creado sobre sus parientes, como si no merecieran la vida que se les arrebato y por el silencio que muchos han debido mantener por años dadas los hostigamientos para limitar cada paso hacia la verdad.

A pesar del tiempo transcurrido y que tenga que transcurrir, o de los obstáculos encontrados, las familias han manifestado que no renunciaran a la búsqueda de la verdad y la justicia, se persistirá por mantener la memoria de sus seres queridos, por una herida abierta que continuara así, hasta que no se hallen transformaciones mínimas en los horrores de la violencia y el conflicto estructural en Colombia. Hoy, y después de 33 años sigue viva la exigencia por los derechos de las víctimas y los familiares, porque esto nunca más se repita. 

Víctimas del Palacio de Justicia en la memoria
Víctimas del Palacio de Justicia Sin Olvido