jueves, 27 de noviembre de 2014

Tripido Fest

El Tripido Fest nace en el año 2011 a raíz de la muerte de Diego Felipe Becerra el 19 de agosto de ese mismo año. Diego Felipe, más conocido como Trípido en la escena grafitera capitalina, fue asesinado por parte de agentes de la policía nacional. Tripido era un joven que por medio del arte expresaba su perspectiva de la realidad, pero la estigmatización juvenil, la represión y el abuso policial acabaron con su vida.



TENDREMOS DURANTE TODO EL DÍA

-Talleres: Colectivo Digna Rabia- Colectiva La Tulpa- Cilep- Revbelando- Mecha Libertaria
-Juegos: Acooc - Títeres: Histeria Riot Grrl -Performance: Escuela Popular El Topo- Colectivo Quiron
- Break Dance: Z5 Crew Bboys
-Música: Rebel Cor- Incendiariat- Estilo y Conciencia- Porte La Rima- La Cor Rec- Reincidentes- Policarpa y sus viciosas- Enemigo Público
-Graffiti: Parasito – NTR - Lady Cristal 212 - Drew - Diego - Bohz - Tere Zeta – Morbopsia- El Creza - Andrea- Bost







TALLER JURIDICO PRÁCTICO + RELANZAMIENTO MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS LEGALES







miércoles, 26 de noviembre de 2014

José Rodrigo Orozco




Han pasado 22 años desde el asesinato del Segundo vicepresidente de la Asamblea departamental del Meta, militante de la Unión Patriótica, y del Partido Comunista José Rodrigo Orozco. 

José Rodrigo entre 1986 y 1988 fue el alcalde del Municipio de Puerto Rico, departamento del Meta. Luego, de 1990 a 1992 fue elegido como diputado a la Asamblea del departamento del Meta por la Unión Patriótica y del Partido Comunista. Además de ser docente, dirigente y conocido líder político de la región era esposo de María Mercedes Méndez, ex alcaldesa del Castillo, asesinada el 3 de Junio de 1992 junto con 4 personas militantes de la Unión Patriótica. José además era padre de 5 hijas. 

José Rodrigo militó con el corazón y tenacidad por denunciar los crímenes de lesa humanidad en contra de los militantes de la Unión Patriótica de la región del Meta. 

El 26 de Noviembre 1992, José Rodrigo fue asesinado por cuatro hombres de la estrategia militar encubierta, 2 agentes del F-2 de la Policía y 2 paramilitares, Arnulfo Castillo Agudelo, conocido con el alias de “Rasguño” y un hermano de éste conocido como “Puntillón”. 

Ese día cuando José se dirigía a su casa, sin escoltas pues días antes se los habían retirado, luego de salir de la asamblea departamental, fue abordado por dos agentes de la policía, y requisándolo a la fuerza le decomisaron sus documentos y el arma de protección que el mismo gobierno le había dado. Al no tener motivos para detenerlo hubo un forcejeo; José seguiría luchando por sus hijas hasta el último momento en que su vida le fue arrebatada, entre tanto llegaron 2 paramilitares, “Rasguño” y “Puntillón” que se movilizaban en un vehículo del F-2 y una motocicleta Suzuky color roja, camuflada con cintas blancas y naranjas, y le propinaron 5 impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, minutos después llegaron a este lugar otras unidades policiales, que realizaron el levantamiento. 

Al ser asesinado dejó una nota en su bolsillo, dirigida a sus 5 hijas

“Al morir, no tendré tiempo de decir nada. Es por esto que dejo escrito:
Mi vida fue el amor. Mi amor fue la libertad y la paz.
Salud a los que aman!”

“En mis duras faenas, os amo pequeñas mías.
Mi mejor muestra de este amor, es mi propia entrega por vuestro futuro y vuestros amiguitos y amiguitas del mundo. 
Cuanto os amo.!”

“Nací para vivir. Me niego a esta pequeña muerte. Antes que yo, miles murieron y sin embargo, aun viven.

Que importan sus nuevos nombres!”

Al día siguiente, del asesinato de este valeroso líder del departamento del Meta, las unidades policiales que participaron en el asesinato de José Rodrigo fueron trasladadas, y con este hecho se dio vía libre al camino de la impunidad sobre su asesinato.

Posteriormente alias “Rasguño” fue capturado y al poco tiempo la Fiscalía Sexta Delegada ante jueces de circuitos especializados precluyó la investigación en su contra. 

En el año 2012, el Consejo de Estado emitió un fallo, en condenó la Ministerio de la Defensa por omisión en la protección de José Rodrigo.

Así mismo el concejo de estado dijo que “La persecución y asesinato de los miembros de la UP es un hecho suficientemente conocido y documentado (…) existen diversas fuentes escritas que confirman que los atentados, intimidaciones y seguimientos contra sus militantes no constituyen hechos aislados sino que hicieron parte de un plan sistemático de exterminio”.

Así por concepto de “perjuicios morales subjetivos” para cada una de las demandantes Linda Carol, Hada Luz, Jenny Paola y Tania Marinela García Méndez, se ordenó el pago del valor equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las hijas recibirán entre las cuatro un poco más de 673 millones de pesos.

José Rodrigo, militó con el corazón y con la fogosidad que lo caracterizaba denunció cada uno de los crímenes contra los militantes de la Unión Patriótica en la región del Meta. Se empecinó en que se supiera la verdad, en evidenciar la responsabilidad de la Fuerza Pública en el asesinato de la madre de sus cuatro hijas, del gran amor de su vida.

Han pasado 22 años de total impunidad en materia de justicia, pero también 22 años de construir memoria, de andar los pasos que recorrió José, de recordar sus luchas, de haber nacido para vivir, de negar esa pequeña muerte y de hacer trabajar para que él siga vivo en las diversas miradas y luchas de las personas que aún lo recuerdan. 22 años perpetuando sus palabras que siguen vigentes a pesar del paso del tiempo: “Antes que yo, miles murieron y sin embargo, aun viven”.


José Rodrigo Orozco en la Memoria
José Rodrigo Orozco Sin Olvido

lunes, 24 de noviembre de 2014

Masacre de la Balsita



                                                                              Noviembre 24- 28 1997- Noviembre 24-28 2014



Han pasado 17 años desde que un grupo de paramilitares vestidos de civil y fuertemente armados incursionaron en los caseríos de Antasales, Buenavista, Tucunal, Galilea, Chambuscado y Argelia, del corregimiento de La Balsita en Dabeiba, Antioquia.

Los participantes de la estrategia paramilitar se identificaron como “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá , como parte de operaciones contrainsurgente ilegales de las brigadas 4, 11 y 17 del ejército nacional, durante los días 24 al 28 de noviembre. Asesinaron y desaparecieron a varios campesinos, entre ellos dos niños, destruyeron caseríos, puentes y saquearon bienes de supervivencia.

La operación armada era continuidad de la masacre del Aro que compromete al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.

Un día antes de que comenzara la masacre, el 23 de Noviembre, paramilitares incursionaron en el río Sinú, allí asesinaron a Annanias Guisao Usuga, presidente de la Junta de Acción Comunal de Antazales y retuvieron a Milton David y Pedro Montoya.

Al día siguiente, el 24 de noviembre, los paramilitares asesinaron a Alejandro Higuita, sus vecinos encontraron su cadáver con señales de tortura y con marcas de cuerda en el cuello.



Ese mismo día la esposa de Ananías Guisao Usuga, Rosalba Usuga junto con su hijo Joaquín Emilio Guisao Usuga, de 18 años, fueron asesinados en presencia de Paula Andrea Guisao quien en ese entonces tenía 5 años de edad. Ella se encontraba al lado de Juan Camilo Guisao Usuga de 7 años, Carlos Mario Guisao de 14 años y Jonathan Guisao Usuga de 16 años. Posteriormente los menores fueron retenidos por el grupo paramilitar.

En la madrugada del 25 de noviembre los paramilitares ingresaron a Tucunal y de allí se trasladaron hacia Antazales, a las 7:00 am pasaron casa por casa, diciéndole a los habitantes que iban a quemar sus habitaciones y que tenían plazo hasta las 6 de la tarde para salir de la zona.

Los jóvenes que se encontraban en esta zona fueron obligados a reunir todo el ganado, minutos después quemaron 8 casas y tumbaron varios puentes que comunicaban las veredas. Los paramilitares se llevaron también el ganado.

Luego se dirigieron a la vivienda de Simón Torres Cardona de 46 años de edad y delante de su sobrina fue golpeado y posteriormente llevado a un puente cercano en donde fue atado a una varilla en donde le accionaron una carga de dinamita.

Horas más tarde detuvieron y desaparecieron a Reinaldo Ramírez de 42 años de edad y en la misma incursión asesinaron con disparos de fusil a Luz Emilda y Marcos Duarte de 48 años de edad.

El 26 de Noviembre los paramilitares llegaron al corregimiento de La Balsita en donde asesinaron a Heriberto Areiza de 32 años de edad quien fue encontrado con un tiro en la cabeza y su rostro despojado de sus ojos. Jesús Areiza de 35 años de edad fue detenido, torturado, colgado y ahorcado.

Horas más tarde los paramilitares detuvieron y asesinaron a los campesinos Ricaurte Monroy de 16 años de edad, quien fue encontrado con quemaduras en los brazos y piernas y posteriormente degollado. Edilberto Areiza de 24 años de edad fue fusilado con un disparo en la cabeza, su rostro despojado de sus ojos y y sus manos heridas con arma corto punzante.

Ese mismo día paramilitares interceptaron a los campesinos Alejandro Higuita y Flor Emilce Rivera que se movilizaban en caballo hacia la verdad Antasales, luego de ser obligados a bajar de los caballos fueron degollados y sus cuerpos fueron arrojados a orillas del camino.

El jueves 27 de Noviembre, en la vereda Tocunal, fueron asesinados Oscar Valdarrama, de 60 años de edad y su hijo Alfonso Valderrama de 25 años de edad, los dos pertenecían a la iglesia Pentecostal.

La muerte violenta, la quema de más de 30 viviendas, la destrucción del espacio de la vida, de la alimentación, del sueño, de la esperanza inundó de terror a la comunidad obligándolos a salir de sus tierras, el 28 de Noviembre, centenares de familias, campesinos y campesinas, se desplazaron forzadamente al casco urbano del municipio de Dabeiba en donde vivieron en condiciones de hacinamiento durante 4 años.

De 1997 a 2005 las víctimas, las desapariciones, las torturas suman más de 300 víctimas. Hoy, pasados 16 años, ninguno de estos crímenes de lesa humanidad han sido investigados, sancionados o imputados a los responsables por el aparato judicial colombiano. Es una “justicia” ciega, asesina e hiriente con las víctimas. Ella expresan que les duele recordar pero más les duele olvidar. Ninguna investigación judicial ha generado el mínimo de investigación. A partir de la ausencia de voluntad política, de la incompetencia e ineficiencia judicial se ha perpetuado la impunidad jurídica incapaz de silenciar la memoria, que es la única que ha sostenido la esperanza para que algún día sea posible el camino hacia la verdad, la justicia y la paz.

Rosalba Úsuga, Joaquín Guisao, Ananias Guisao, Reynaldo Ramírez
Simon Torres, Oscar y Alfonso Valderrama, Ricaurte Monroy

Edilberto Areiza, Alejando Higuita y Flor Emilce Rivera, Marco Duarte y Luz Emilda de Duarte, Milton David y Pedro Angel, Irma Areiza,Felix misa, Conrao Gomez, Jesús Cipriano Varela Rengifo y todas las víctimas de la La Balsita, son parte de nuestra memoria.. 



Victimas de la masacre de la Balsita En la Memoria.
Victimas de la masacre de la Balsita Sin Olvido.


martes, 18 de noviembre de 2014

Por la exigencia del cese del envío de policías y militares colombianos a la Escuela de las Américas!


Donde se han formado militares colombianos implicados en graves casos de violación de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario condenados e investigados penalmente como los Ex Coroneles Rito Alejo Del Rio, Álvaro Quijano y el Ex General Mario Montoya, entre otros 167 militares implicados en actos delictivos. En 2013 705 militares se adiestraron Estados Unidos y 93 en Colombia dentro del mismo programa de la Escuela de las Américas (SOA/WINSEC)

Por el esclarecimiento de la participación de Ejército colombiano en Escuela de las Américas!

Dedicada a la formación de militares provenientes de todo el continente y reconocida por la instrucción en sus aulas a militares de todos los rangos en técnicas de guerra sucia, de la doctrina del “enemigo interno” para la criminalización de la protesta social y del fomento del terrorismo como política de Estado.

Por condiciones reales para pensar una Colombia en Paz!

Continuar con el envío de tropas colombiana a esta escuela, constituye una amenaza a la paz que se está negociando en la Habana y a los anhelos de construir la paz en Colombia, pues mantendría la dinámica de la cooperación militar norteamericana y doctrina militar del enemigo interno, que tanto daño le ha hecho a nuestro país.

522 años de intervencionismo militar extranjero y desestabilización política de los gobiernos populares recorren la historia de nuestra América Latina bajo la complicidad de las élites locales.

522 años de resistencia popular han construido alternativas y propuestas de defensa de los territorios ofreciendo hasta la vida misma en virtud de la autodeterminación y la afirmación de la soberanía.


Sobre la Escuela de las Américas y su impacto en América Latina SOAW Latina

http://www.soawlatina.org/acciones2014.htm

Documental: Escuela de las Américas Escuela de Asesinos

https://www.youtube.com/watch?v=lJfHrhinu8U

Apuntes sobre la Escuela de las Américas

http://www.soawlatina.org/apuntes2013.pdf

Algunas de las Acciones en Colombia

http://justiciaypazcolombia.com/No-mas-militares-Colombianos-en-la

jueves, 13 de noviembre de 2014

Sin olvido hacia la paz - Luz Marina Bernal



Entrevista con Luz Marina Bernal, madre de Fair Leonardo, víctima de ejecución extrajudicial por parte del Ejercito, quien viajó a la Habana, Cuba, como parte de la organización Madres de Soacha, y parte del grupo de víctimas que expondría su testimonio ante las delegaciones del gobierno y las FARC.

miércoles, 12 de noviembre de 2014

Parménides Cuenca Cortes

Noviembre 04 de 1988 - Noviembre 04 de 2014

Parménides Cuenca Cortes, nació en el año (1934) en Palermo Huila, prestó servicio militar y a su regreso, se vinculó a las luchas agrarias al lado de los campesinos; fue un dirigente social y político, constructor del Partido Comunista, Unión Nacional de Oposición Uno, Frente Democrático, sindicatos, juventudes y organizaciones de mujeres. Ocupo cargos de dirección, fue presidente de la Unión Patriótica en el momento de su surgimiento en el Castillo Meta, a la hora de su muerte era funcionario de la Alcaldía Municipal.

El 4 de Noviembre de (1988) fue víctima de un atentado ejecutado por Paramilitares en conveniencia con policías y militares, donde falleció.

Parménides fue fiel a sus principios y convicciones, amaba su partido, a la gente, siempre estuvo presto a servirle a quien lo necesitaba, compartía lo que tenía con sus amigos y compañeros. Después de (25) años de su asesinato, en octubre de (2013) fue detenido un reconocido paramilitar del Castillo Meta; Ever Salazar Alias lechona quien esta privado de la libertad. Estamos a la espera que se haga justicia.

Parménides Cuenca Cortes en la Memoria.
Parménides Cuenca Cortes Sin Olvido.

Hermanos Jesús Oleiver Alvarado Muñóz y Over Erney Muñóz

Noviembre 12 del 2009-Noviembre 12 del 2014

El jueves 12 de noviembre de 2009, los hermanos Jesús Oleiver y Over Erney, campesinos del caserío Mesón Alto, en horas de la mañana salieron a cumplir sus labores cotidianas de trabajo en el campo. 

Al dirigirse hacia Nuevo Horizonte, paramilitares pertenecientes a los rastrojos que hacen presencia en la zona los retuvieron y desaparecieron. Es de anotar que este hecho ocurrió en medio de una fuerte presencia militar en el municipio de Argelia en el marco de la política de aseguramiento de los territorios con fines de privatización, de intervención con fines extractivistas.

Después de adelantar varias acciones jurídicas en la exigencia de verdad, justicia y reparación integral; de ver negados sus derechos como víctimas en las dependencias responsables de atención a la población desplazada, de ver cómo se colocaba en duda su desplazamiento y de no encontrar respuesta sobre la existencia de Oleiver y Over, sus familiares se desplazaron a varios lugares de Colombia.

Se encontraron con otros miles de familiares de desaparecidos, con otras miles de víctimas de crímenes de estado, con quienes han compartido su proceso de dolor y de esperanza, con quienes han construido red social.

El arraigo a su tierra y las condiciones indignas de vida en la ciudad, los llevó a retornar sin ningún tipo de garantías a su tierra, a recuperar lo que les había sido obligado abandonar. Con la humildad, sencillez y tenacidad persistieron en el difícil camino de búsqueda de justicia y verdad. Esa resistencia al olvido y su dignidad, hizo que la unidad de desaparición forzada de la fiscalía, después de una acción de tutela, asumiera el caso como prioritario. Es por esta razón y ante las demandas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares a este grupo de familias, lo que hizo posible el comienzo de un proceso de búsqueda de información que se cotejó con las certezas manejadas por los familiares de OLEIVER Y OVER, quienes a pesar del dolor sabían que habían sido asesinados por los paramilitares.

Así se logró el 2 de mayo de 2013 la práctica de exhumación de los restos de estos dos campesinos.

Pasó más de un año en la espera de los resultados de pruebas de ADN, de insistir en la entrega de los restos para poder elaborar el duelo.

El 01 de Noviembre de 2013, los restos de Oleiver y Over son entregados a familiares en la ciudad de Popayán. Se cumplió así un primer paso en este proceso de búsqueda de verdad, de justicia. Pero queda mucho por encontrar, por exigir, por garantizar. Estos crímenes deben ser considerados como crímenes de lesa humanidad, la verdad aun no es dicha, la justicia no ha mostrado su rostro en este caso.


Por eso sus familiares quienes tratan de reconstruir lo deteriorado con esta acción paramilitar, evocan la vida de Oleiver y Over en su comunidad como campesinos hijos de uno de los fundadores de su pueblo; mantienen la memoria como único derecho de dignificación de las vidas de sus seres queridos.

Ellos viven en la memoria de sus familias, en la memoria del pueblo de Argelia, en la memoria del pueblo campesino del Cauca y de Colombia; ellos, dos campesinos víctimas de desaparición forzada, sus familiares víctimas de desplazamiento forzado por estructuras paramilitares, ellos y ellas víctimas de la impunidad.


Hermanos Oleiver y Eiver, en nuestra memoria
Hermanos Oleiver y Eiver, sin olvido.

lunes, 10 de noviembre de 2014

Álvaro Ulcué Chocue


Noviembre 10 de 1984 - Noviembre 10 de 2014 

El 10 de Noviembre de 1984, a las 8.30 de la mañana en Santander de Quilichao, departamento del el Cauca, el sacerdote Álvaro Ulcué Chocue cuando se dirigía a cumplir con un oficio religioso en la casa albergue Santa Inés a las afueras de la cabecera municipal de Santander de Quilichao, declarado enemigo por exigir el respeto de los derechos del Pueblo indígena y la devolución de las tierras a estas comunidades, fue atacado por dos agentes de F-2 de la Policía Nacional, Miguel Ángel Pimentel y Orlando Roa.

El Nasa Pal (sacerdote nuestro) en el nasa yuwe, (lengua del pueblo nasa) interiorizó profundamente el evangelio por la vida. Esa relación de la espiritualidad ancestral nasa con la espiritualidad cristiana lo llevó a entender y comprometerse en la vida de su pueblo marginalizado, asesinado, negado muchas veces, desde una lectura liberadora del evangelio. Con muchas dificultades y esfuerzos logró ordenarse como el primer sacerdote indígena en Colombia.

Gracias a un testigo ocular se pudo identificar a los dos asesinos como miembros del F-2. El testigo rindió declaración ante el Juzgado Segundo Ambulante de Instrucción Criminal. En abril de 1985, inexplicablemente el testigo fue buscado por Agentes de la Procuraduría General de la Nación y fue obligado contra su voluntad a viajar a Popayán para “ratificar sus denuncias”. Al reconocer en fila a uno de los victimarios, el juez permitió que el acusado identificara plenamente al denunciante y lo amenazara. Luego, uno de los Agentes de la Procuraduría que lo acompañaba, llevó al testigo al Cuartel de la Policía de Popayán donde, bajo todo tipo de intimidaciones, le exigieron cambiar su versión ante el juez, para acusar a las FARC del asesinato del Padre Ulcué. Llevado nuevamente al juzgado, lo obligaron a firmar un documento, sin permitirle leerlo. Luego fue conducido a los calabozos del DAS en Cali, donde recibió nuevas amenazas.

ALVARO quedó mal herido, se bajó del vehículo en el que se transportaba y se tendió en la tierra. Luego, los sicarios se retiraron, pero al percibir que estaba mal herido lo remataron, y finalmente huyeron. Religiosas que estaban cerca al sitio, lo introdujeron en un taxi y lo condujeron al hospital de la localidad a donde llegó con vida. Momentos después falleció.

Alvaro Ulcué desde su compromiso evangélico comprendió que la principal base organizativa de su pueblo era la educación, el fortalecimiento de la familia; así entonces un paso importante en el propósito formativo era la recuperación de la lengua propia, por eso recorrió el territorio nasa Tacueyó; Toribio, Jambaló al nor-oriente del departamento del Cauca con ese propósito, buscando en los mayores y mayoras sus principales apoyos en este propósito.

Recuperar la lengua era recuperar toda una raigambre cultural, que desde la memoria indicaba que la tierra debía ser el elemento vital de este pueblo. Al recuperar la lengua inmediatamente el efecto fue recuperar la tierra que había sido ocupada por terratenientes, para quienes Alvaro se convirtió en su amenaza.

Las investigaciones penales y disciplinarias fueron manipuladas por las instituciones pretendiendo focalizar las responsabilidades en otros, algunos expedientes se “extraviaron”, llevando a que el crimen quedara en la impunidad.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos ofició entonces, a la Presidencia de la República y a la Procuraduría General de la Nación, denuncias por tan delictiva manipulación de las investigaciones, sin obtener ninguna respuesta. Aun más, todas las copias del expediente de la Procuraduría sobre el asesinato del Padre Ulcué “se perdieron”, llevando a que el crimen quedara en la más absoluta impunidad.

El poder de su palabra liberadora como profeta llegó a todo rincón del territorio nasa y el pueblo caminó alrededor de esa palabra recuperando tierra que había sido usurpada, caminó en torno a la organización, caminó en torno a la movilización. 

Los restos del padre ALVARO fueron trasladados a Pueblo Nuevo, la tierra indígena que lo vio nacer. La tierra por la que hoy en su memoria los pueblos indígenas, los campesinos mestizos y afrodescendientes la defienden afirmando su dignidad. No fue sepultado en el templo, como muchos querían, sino que se cumplió su voluntad expresa:

“Si he de morir, quisiera que mi cuerpo quedase amasado en la arcilla de los fuertes, como un cemento vivo arrojado por Dios entre las piedras de la Ciudad Nueva”.

Alvaro, enfrentador con criterio y autoridad, sin ningún tipo de temor enfrentó a la ambición, la avaricia, la injusticia, la criminalidad, señaló con determinación las amenazas a su pueblo, por eso lo amenazaron, lo persiguieron. Como un verdadero profeta anunció el camino libertario del pueblo nasa, denunció las estructuras de un poder local y regional, paramilitares, autoridades civiles y militares, narcotráfico como el generador del despojo, del terror, del crimen en tanto que líderes indígenas fueron desaparecidos y asesinados.

Han pasado 30 años, y la fortaleza del testimonio de ALVARO ULCUE CHOCUE vive en la dignidad de los pueblos del Cauca que afirman sus derechos, su dignidad. Esos pueblos exhuman hoy la memoria, la causa por la cual fue asesinado el sacerdote indígena, la concentración de la tierra, la imposición de un modelo de desarrollo que privatiza el territorio, que comercializa la vida. 


SACERDOTE ALVARO ULCUE, en la Memoria
SACERDOTE ALVARO ULCUE, Sin Olvido

jueves, 6 de noviembre de 2014

Holocausto del Palacio de Justicia

Noviembre 06 de 1985 - Noviembre 06 de 2014

Holocausto del Palacio de Justicia

Hoy hace 29 años se marcó abruptamente la historia personal, familiar y colectiva de quienes coincidieron en transitar o estar en el interior del Palacio de Justicia en Bogotá. Durante la mañana del 6 de noviembre de 1985. Un hecho que transformó el curso de la vida de once desaparecidos y sus familias, y constató la débil democracia colombiana, su inexistencia o su imposibilidad de ser una realidad. A la vista de millares a nombre y en “defensa de la democracia” se cometieron actos deshumanizantes, crímenes de lesa humanidad que logran afectar profundamente la conciencia individual, colectiva del país y la humanidad, aunque nuestro país, siga dominado por la indiferencia. 

A pesar de que aún se mantiene el interés de amplios sectores del establecimiento, empresarios, políticos, militares, por perpetuar el silencio y la impunidad a través del olvido, los familiares de los desaparecidos, los familiares de los negados por haber optado por construir otro país con sus propias vidas, en el silencio del alma, en el encuentro de las soledades, en medio de las diferencias, ellos han persistido y han ido desmoronando la mentira y al país del olvido 

A la sede del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, a pocos metros del parlamento y de la casa presidencial, ingresaron 35 insurgentes del Movimiento 19 de Abril (M-19) que pretendían realizar un juicio político al entonces Presidente de la República Belisario Betancur debido al fracaso en el proceso de conversaciones de paz saboteado por un amplio sector de las fuerzas militares y del establecimiento colombiano.

A menos de dos horas de la incursión armada que cobró la vida de miembros del personal de seguridad del Palacio de Justicia y de algunos agentes estatales, se desató una retoma desproporcionada y excesiva, desconociendo el derecho d gentes por parte de las fuerzas militares con participación de la policía nacional y con el consentimiento del presidente Betancur. Para analistas, por más de 28 horas, tiempo que duró el operativo de tierra arrasada, el presidente Betancur tuvo que enfrentarse a un golpe militar. 

En menos de 2 horas el ejército logró derrumbar la puerta principal del Palacio y un fuego cruzado inundó el interior de la sede de las cortes.

Días antes, curiosamente, dos hechos que permite sostener que la contra toma militar estaba planificada fue el traslado a la capital efectivos militares de la brigada 7 con sede en Villavicencio para reforzar a la brigada 13 de Bogotá y, por otro lado, dos horas antes de la toma del M-19, la Casa del Florero, ubicada a menos de 50 metros de la sede del Palacio de Justicia, fue habilitada como centro de identificación y de tortura de presuntos integrantes del movimiento guerrillero. Evidentemente, la operación militar en defensa de la “democracia” había sido preparada y diseñada para extirpar todo lo que fuera en la concepción militar percibida como “enemigos, y los enemigos no tienen derechos, eran militantes del M 19, civiles, sean trabajadores o incluso, los propios Magistrados. 

Horas después del inicio de la retoma, las personas que lograban salir del Palacio eran dirigidas por el ejército hacia la Casa del Florero, donde eran identificados e interrogados, en este lugar algunos de ellos fueron torturados, ejecutados, y/o desaparecidos, 11 de ellos sin que los responsables hayan reconocido a dónde fueron trasladados y qué hicieron con ellos. 

Así como en la Casa del Florero se habilitaron cuarteles especiales, en las sedes militares también se cometieron torturas y asesinatos. En el desarrollo de estas operaciones, participaron como planificadores y ejecutores, el teniente coronel Alfonso Plazas Vega, el coronel Jesús Armando Arias Cabrales, Coronel Edilberto Sánchez.

Al interior del Palacio, los guerrilleros dirigieron a algunos sobrevivientes civiles a los pisos superiores. Los incendios y los hostigamientos en los primeros pisos los acorralaban cada vez más. Sesenta personas permanecieron desde la noche del 6 de noviembre hasta el final de la retoma en baños de aproximadamente 20m2.

Ese 6 de noviembre, la noche bogotana en pleno centro de la ciudad se convirtió en campo de batalla, un combate en el que los ataques militares propiciaron el incendio de expedientes en los que se les investigaba por diversos actos y conductas contra la ley, la cual aseguran proteger y defender. Desde esa noche el camino de la memoria se inició, aún sin que terminara la retoma de las fuerzas militares en medio del silencio forzoso institucional y mediático. 

Noemí Sanín, Ministra de Comunicaciones, ordenó a la radio parar las comunicaciones, en particular, aquella emisión radial de la cadena Todelar, en la que su director Germán Salgado, decidió repetir una y otra vez, el llamado de cese al fuego del magistrado, presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía. Esa emisora logró acceder a detalles del operativo gracias a un radioaficionado que logró casualmente acceder a las comunicaciones del ejército, las que a la postre se convirtieron en una prueba más de como los militares desarrollaron una estrategia de arrasamiento. La censura de la posterior candidata presidencial para dar paso en las cadenas a una emisión de un partido de futbol, de los equipos Millonarios – Magdalena, demostró la imposibilidad de garantías para la libertad de expresión, la banalización farandulera como sedante de la conciencia ciudadana.

El 7 de noviembre después de las cuatro de la tarde, entre ese olor del holocausto, de los huesos calcinados, del humo perdido de tanta bala, de tanta bomba, terminada la operación rastrillo, continúo el camino de la impunidad. Los militares tomaron control total de la edificación en ruinas, modificaron la escena del crimen, mientras quienes fueron llevados a la Casa del Florero, una vez más fueron trasladados al Cantón Norte, y sin ser registrados en los libros de control militar fueron nuevamente interrogados, torturados y algunos de ellos ejecutados en los días siguientes. 

Esta operación dejó como resultado la muerte de 43 civiles, 33 guerrilleros, 11 miembros de las fuerzas armadas y del DAS, así como 11 civiles desaparecidos entre empleados de la cafetería y visitantes ocasionales, y una militante del M-19, Irma Franco, desaparecida y dos estudiantes de la Universidad Externado torturados. 

Con el tiempo se conoció que algunas personas que salieron con vida del Palacio de Justicia, fueron ejecutados y posteriormente las fuerzas militares volvieron a ingresar sus cuerpos sin vida, como sucedió con el magistrado Carlos Horacio Urán. 

A pesar de los avances judiciales y de los reconocimientos jurídicos que permitieron identificar responsables de las fuerzas militares, todo en la justicia es endeble, es impunidad.

El 9 de Junio del año 2010, la juez Tercera del circuito Especializado de Bogotá María Stella Jara, sentenció a 30 años de prisión al Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega en primera instancia, decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá y que actualmente está en estudio de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, el ex general Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado en primera instancia por el Juzgado 55 penal del circuito, decisión que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificando la condena de 35 años de prisión por la responsabilidad de omisión en los casos de desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández, David Suspes, Luz Mary Portela León e Irma Franco, cinco de las once personas desaparecidas en la retoma del Palacio de Justicia. 

Sin embargo, a tan solo un día de que se ratificara la sentencia, el procurador Alejandro Ordoñez resolvió intervenir y anunció que la Procuraduría interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia argumentando que “no existen pruebas contundentes que demuestren la responsabilidad del ex militar”.

El Coronel (r) Plazas Vega, no parece en retiro, vive en una guarnición militar, dicta clases a nuevas generaciones de militares y abogados y además tiene el beneficio de asistir a reuniones y fiestas en clubes exclusivos de Bogotá.

Por su parte el ex general Jesús Armando Arias Cabrales al momento de ser notificado de la ratificación de la sentencia por parte del Tribunal Superior no se encontraba en su lugar de reclusión, según denunciaron los familiares de los desaparecidos que fueron notificados por el mismo Tribunal, lo cual demuestra que en realidad las dos condenas además de ser tardías son una formalidad más.

La justicia no existe, ¿por qué lo militares, se niegan a decir la verdad, no dicen qué pasó con los desaparecidos del Palacio de Justicia?

Esa es la justicia colombiana, injusticia, como decía, Eduardo Umaña Mendoza, siendo un brillante y humanista abogado que fue asesinado en medio del desarrollo de este proceso judicial, en el que él cimentó al lado de las familias la verdad que la memoria ha construido, muy distante de sentencias y de decisiones judiciales. 

Algunos militares implicados como el General Iván Ramírez continúan posando de prohombres y otros integrantes del B2 como Sánchez Rubiano por vencimiento de términos gozan de libertad. Sobre otros, no cursan órdenes de captura internacional como Bernardo Garzón, agente del Estado que sabe sobre lo sucedido con los desaparecidos. Pruebas y más pruebas, nunca reconocidas y otras desaparecidas en manos de los militares.

Pero la impunidad no solo ha sido para los militares sino también para responsables del poder ejecutivo, entre ellos ministros de la época que guardaron silencio ante el poder militar y que cohonestaron con el estado de barbarie. El propio presidente de la época ha dicho recientemente, que en un libro ha consignado la verdad de lo sucedido el 6 y 7 de noviembre de 1985, continúa pasando el tiempo, mientras tanto los padres y madres de los desaparecidos del Palacio de Justicia han ido muriendo, sin saber esa verdad, que quizás Betancur va a dejar ver cuando él muera, qué despropósito ante tanta indignidad.

Pero no se trata solo de la impunidad jurídica que se ha pretendido asegurar con la pérdida de pruebas, con la presión de testigos, con las amenazas a las familias, con el asesinato de Eduardo Umaña, con dilaciones injustificadas y con la falta de esfuerzos por recuperar los cuerpos de los desaparecidos, se trata de constatar el desmoronamiento de esa justicia, de sentencias judiciales que son un papel y que son adobadas con la impunidad jurídica y social.

Recientemente la Fiscalía General de la Nación pudo identificar, de los restos exhumados de una fosa ubicada en el Cementerio del Sur, los restos de Mónica Molina Beltrán y Carmen Cristina Garzón Reyes, dos guerrilleras del M 19, que todo indica fueron ejecutadas por los militares; estos hallazgos se dan como respuesta al fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá que ordenó adelantar las investigaciones necesarias para identificar a quienes fueron desaparecidos en los hechos del 6 y 7 de Noviembre de 1985.

Incluso, el propio presidente Santos que quiere pasar a la historia como el presidente de la Paz, el mismo presidente que sentenció la ley de víctimas, luego de conocer la decisión judicial de ratificación de sentencia del Teniente Coronel (r) Alfonso Plazas Vega pidió perdón al presidente Betancur y a los militares, descalificando el fallo judicial y ofendiendo la dignidad de las víctimas.

29 años después en medio de la impunidad ha sido la perseverante memoria de los familiares la que ha ido reconstruyendo la verdad histórica y la verdad judicial que los militares y el establecimiento colombiano se han negado a reconocer. Ellos continúan a la espera de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita la sentencia del caso, desde allí también alimentan su esperanza de justicia. 

Más y más palabrería, más retórica del silencio, pero más estrategia propagandística para promover las imágenes propias, los egos y protagonismos que se convierten en otra forma de propiciar la impunidad social.

Hoy después de 29 años amigos y familiares continúan buscando a los desaparecidos del Palacio de Justicia, luchando por la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la dignificación, porque ¿de qué sirven unas condenas, si los militares no reconocen lo qué hicieron? Y ¿de qué sirve una pena, si ésta es una nueva burla a las víctimas?

Son las historias de los desaparecidos, sumadas a las de los sobrevivientes de tortura Eduardo Matson, Yolanda Santodomingo y Orlando Quijano y sus familias, los que nos continúan inspirando en el camino de la memoria para no desfallecer a pesar de nuestras pequeñeces humanas, son ellos y sus familias, los signos de la imposibilidad del olvido cuando la impunidad reina. 

Impunidad terca decisión tejida de los poderosos que se desmorona con la dignidad que se expresa en la memoria, por eso, ellos somos nosotros, ellas somos nosotros


Los desaparecidos del palacio de justicia en nuestra memoria.
Ejecutados en el palacio de justicia sin olvido.
Ellas y ellos son parte de nuestra historia

miércoles, 5 de noviembre de 2014

29 AÑOS SIN JUSTICIA ​¿​CUÁNTOS MÁS?


FAMILIARES DE DESAPARECIDOS PALACIO DE JUSTICIA

6 Y 7 DE NOVIEMBRE DE 1985

Este jueves 6 de noviembre acompáñanos a conmemorar los 29 años de la desaparición de ​nuestros familiares ​d​el Palacio de Justicia.

2​9 años de impunidad en la memoria.

Estaremos ​en la Plaza de Bolívar​ desde las 1​1:00 a.m.​, tendremos ​toque con Cesar López, Reincidentes y la ​b​atucada la Tremenda Revoltosa.

​Sobre​ las 3​:00 ​p​.​m​.​ ​nos desplazaremos en bicicleta hacia el Cantón Norte​ y haremos un plantón allí mismo.​ ​T​rae tu bici​cleta​ y pedalea por la memoria.




JUEVES 6 DE NOVIEMBRE

¡¡¡​​NO OLVIDEN SUS BICIS!!!

​¡¡¡​LOS ESPERAMOS!!​

sábado, 1 de noviembre de 2014

Mario Catro Bueno


Noviembre 01 2002 - Noviembre 01 2014

Hace doce años, el viernes 1 de noviembre del 2002, Mario Catro Bueno, quien se desempeñaba como Personero Municipal del Castillo, Meta, fue asesinado por la estrategia paramilitar encubierta. Hacia 2:30 p.m., Mario fue obligado a bajar del vehículo de servicio público en el que se movilizaba hacia la ciudad de Bogotá para participar en un diplomado de Derechos Humanos. Los paramilitares interceptaron el bus a la altura del sitio conocido como La Bodega, en la vía entre Medellín del Ariari y Pueblo Sánchez.

Mario fue llevado por los paramilitares, y fue asesinado, solo hasta el siguiente día su cuerpo fue hallado degollado en un paraje rural.

Mario, un hombre sencillo, de profundas convicciones, nacido en un hogar creyente; nacido en un hogar de cuna crítica. Simplemente coherente, al lado de la justicia, en profunda insensibilidad con la impunidad. De sus miedos asumidos en coraje, defensor de derechos humanos, Personero Municipal, constructor de un nuevo país, en medio de la guerra, entre el oscuro socavón de la impunidad.

Mario, un hombre querido por los campesinos y campesinas del Alto Ariari. Consecuente con sus convicciones y su labor fue el único funcionario público que escuchó los testimonios de las víctimas, asumió el inicio de investigaciones, de búsqueda por lo menos del esclarecimiento ante la imperante impunidad del departamento del Meta. Cuando EYDER QUIGUANAS fue asesinado por unidades del FUDRA del ejército, MARIO fue hasta la vereda La Floresta, habló con la familia, recogió los testimonios, algunas pruebas y colocó una denuncia por los hechos. Después del asesinato de MARIO, los testimonios, pruebas y denuncias, en su mayoría desaparecieron misteriosamente del despacho de la Personería, entre ellas las del caso de EYDER, el primer asesinato que generó el desplazamiento de los campesinos del Alto Ariari entre el 2002 al 2004.

Mario, por su consecuencia, por cumplir con su labor de Personero, fue asesinado. Los victimarios quisieron con su muerte acallar, ocultar, enterrar la verdad y la búsqueda de Justicia. MARIO, testigo del desplazamiento del Alto Ariari, testigo de los operativos militares regulares e irregulares a través de la estrategia paramilitar.

En versiones libres dadas por el jefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, éste confeso haber dado la orden de cometer el crimen contra Mario Castro Bueno, hecho por el cual fue condenado a 15 años de prisión, igualmente el paramilitar Manuel de Jesús Pirabán acepto haber participado en el crimen del personero municipal del Castillo y fue condenado por 14 años de prisión, por otra parte Juan Manuel Ríos o alias Miguel ángel fue capturado en 2011 y actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Villavicencio por homicidio en persona protegida.

MARIO, una vida por la vida, fue militante desde su juventud, un comunista, como muchas veces se presentaba. No dejó de asistir cada año a los festivales del periódico VOZ, desde el primero hasta el último que pudo estar. Fue militante estudiantil, llenó su casa de diplomas, toda la vida fue un estudiante. Participó de la administración municipal de la Unión Patriótica en Apartadó, como Tesorero. Fue Alcalde de Fortúl y Lejanías en el Meta. Y los últimos años dedicado a la Personería del municipio El Castillo.

MARIO, le encantaba viajar, tomar fotos, la música colombiano, los boleros, la música de la nueva trova cubana, del son y la salsa. La de Iraquerí y los Hermanos Escamilla. Coleccionista de botones, el último que adquirió en el 2002 tiene la foto de Manuel Cepeda Vargas.

MARIO, en la memoria de su familia, de sus amigos, de aquellos que lo conocieron en ejercicio de su labor de defensor de la vida, de buscador de justicia y de constructor de sueños. MARIO en la memoria de todos, como lo expresa una de sus sobrinas en este corto escrito:

“AMIGO TE ADMIRO NO SOLO POR LO QUE SOS
SI NO TAMBIEN POR QUE DIA A DIA LUCHAS POR EL PAN Y POR LA VIDA. 
SIN IMPORTAR CUAN DIFICIL SEA ESTAR COMBATIENDO TODO EL MAL
Y ES QUE NO SON SOLO ESAS COSAS LAS QUE TE HACEN ESPECIAL.
HAY DIAS EN LOS QUE LA IMPOTENCIA TE DERRIBA
Y TE ASUSTAS AL VER LO QUE EL MUNDO PUEDE SER 
Y SE QUE DUELE CUANDO MATAN LA ESPERANZA Y NOS ATACAN.
HOMBRES COMO VOZ SON SOLO CORAZON SIN CONTAR CON SU RAZON Y REBELION.
TU SOBRINA VANNESSA MORALES CASTRO, SEPTIEMBRE 2004”

Han pasado doce años del asesinato de MARIO, doce años de crímenes en la región del Alto Ariari, doce años de Impunidad, doce años en los que la memoria del defensor de los derechos humanos ha estado viva en la familia, en los amigos, en la comunidad.


Mario Castro Bueno en la memoria
Mario Castro Bueno Sin Olvido