A pesar de que aún se mantiene el interés de amplios sectores del establecimiento, empresarios, políticos, militares, por perpetuar el silencio y la impunidad a través del olvido, los familiares de los desaparecidos, los familiares de los negados por haber optado por construir otro país con sus propias vidas, en el silencio del alma, en el encuentro de las soledades, en medio de las diferencias, ellos han persistido y han ido desmoronando la mentira y al país del olvido
A la sede del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, a pocos metros del parlamento y de la casa presidencial, ingresaron 35 insurgentes del Movimiento 19 de Abril (M-19) que pretendían realizar un juicio político al entonces Presidente de la República Belisario Betancur debido al fracaso en el proceso de conversaciones de paz saboteado por un amplio sector de las fuerzas militares y del establecimiento colombiano.
A menos de dos horas de la incursión armada que cobró la vida de miembros del personal de seguridad del Palacio de Justicia y de algunos agentes estatales, se desató una retoma desproporcionada y excesiva, desconociendo el derecho d gentes por parte de las fuerzas militares con participación de la policía nacional y con el consentimiento del presidente Betancur. Para analistas, por más de 28 horas, tiempo que duró el operativo de tierra arrasada, el presidente Betancur tuvo que enfrentarse a un golpe militar.
En menos de 2 horas el ejército logró derrumbar la puerta principal del Palacio y un fuego cruzado inundó el interior de la sede de las cortes.
Días antes, curiosamente, dos hechos que permite sostener que la contra toma militar estaba planificada fue el traslado a la capital efectivos militares de la brigada 7 con sede en Villavicencio para reforzar a la brigada 13 de Bogotá y, por otro lado, dos horas antes de la toma del M-19, la Casa del Florero, ubicada a menos de 50 metros de la sede del Palacio de Justicia, fue habilitada como centro de identificación y de tortura de presuntos integrantes del movimiento guerrillero. Evidentemente, la operación militar en defensa de la “democracia” había sido preparada y diseñada para extirpar todo lo que fuera en la concepción militar percibida como “enemigos, y los enemigos no tienen derechos, eran militantes del M 19, civiles, sean trabajadores o incluso, los propios Magistrados.
Horas después del inicio de la retoma, las personas que lograban salir del Palacio eran dirigidas por el ejército hacia la Casa del Florero, donde eran identificados e interrogados, en este lugar algunos de ellos fueron torturados, ejecutados, y/o desaparecidos, 11 de ellos sin que los responsables hayan reconocido a dónde fueron trasladados y qué hicieron con ellos.
Así como en la Casa del Florero se habilitaron cuarteles especiales, en las sedes militares también se cometieron torturas y asesinatos. En el desarrollo de estas operaciones, participaron como planificadores y ejecutores, el teniente coronel Alfonso Plazas Vega, el coronel Jesús Armando Arias Cabrales, Coronel Edilberto Sánchez.
Al interior del Palacio, los guerrilleros dirigieron a algunos sobrevivientes civiles a los pisos superiores. Los incendios y los hostigamientos en los primeros pisos los acorralaban cada vez más. Sesenta personas permanecieron desde la noche del 6 de noviembre hasta el final de la retoma en baños de aproximadamente 20m2.
Ese 6 de noviembre, la noche bogotana en pleno centro de la ciudad se convirtió en campo de batalla, un combate en el que los ataques militares propiciaron el incendio de expedientes en los que se les investigaba por diversos actos y conductas contra la ley, la cual aseguran proteger y defender. Desde esa noche el camino de la memoria se inició, aún sin que terminara la retoma de las fuerzas militares en medio del silencio forzoso institucional y mediático.
Noemí Sanín, Ministra de Comunicaciones, ordenó a la radio parar las comunicaciones, en particular, aquella emisión radial de la cadena Todelar, en la que su director Germán Salgado, decidió repetir una y otra vez, el llamado de cese al fuego del magistrado, presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía. Esa emisora logró acceder a detalles del operativo gracias a un radioaficionado que logró casualmente acceder a las comunicaciones del ejército, las que a la postre se convirtieron en una prueba más de como los militares desarrollaron una estrategia de arrasamiento. La censura de la posterior candidata presidencial para dar paso en las cadenas a una emisión de un partido de futbol, de los equipos Millonarios – Magdalena, demostró la imposibilidad de garantías para la libertad de expresión, la banalización farandulera como sedante de la conciencia ciudadana.
El 7 de noviembre después de las cuatro de la tarde, entre ese olor del holocausto, de los huesos calcinados, del humo perdido de tanta bala, de tanta bomba, terminada la operación rastrillo, continúo el camino de la impunidad. Los militares tomaron control total de la edificación en ruinas, modificaron la escena del crimen, mientras quienes fueron llevados a la Casa del Florero, una vez más fueron trasladados al Cantón Norte, y sin ser registrados en los libros de control militar fueron nuevamente interrogados, torturados y algunos de ellos ejecutados en los días siguientes.
Esta operación dejó como resultado la muerte de 43 civiles, 33 guerrilleros, 11 miembros de las fuerzas armadas y del DAS, así como 11 civiles desaparecidos entre empleados de la cafetería y visitantes ocasionales, y una militante del M-19, Irma Franco, desaparecida y dos estudiantes de la Universidad Externado torturados.
Con el tiempo se conoció que algunas personas que salieron con vida del Palacio de Justicia, fueron ejecutados y posteriormente las fuerzas militares volvieron a ingresar sus cuerpos sin vida, como sucedió con el magistrado Carlos Horacio Urán.
A pesar de los avances judiciales y de los reconocimientos jurídicos que permitieron identificar responsables de las fuerzas militares, todo en la justicia es endeble, es impunidad.
El 9 de Junio del año 2010, la juez Tercera del circuito Especializado de Bogotá María Stella Jara, sentenció a 30 años de prisión al Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega en primera instancia, decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá y que actualmente está en estudio de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, el ex general Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado en primera instancia por el Juzgado 55 penal del circuito, decisión que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificando la condena de 35 años de prisión por la responsabilidad de omisión en los casos de desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández, David Suspes, Luz Mary Portela León e Irma Franco, cinco de las once personas desaparecidas en la retoma del Palacio de Justicia.
Sin embargo, a tan solo un día de que se ratificara la sentencia, el procurador Alejandro Ordoñez resolvió intervenir y anunció que la Procuraduría interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia argumentando que “no existen pruebas contundentes que demuestren la responsabilidad del ex militar”.
El Coronel (r) Plazas Vega, no parece en retiro, vive en una guarnición militar, dicta clases a nuevas generaciones de militares y abogados y además tiene el beneficio de asistir a reuniones y fiestas en clubes exclusivos de Bogotá.
Por su parte el ex general Jesús Armando Arias Cabrales al momento de ser notificado de la ratificación de la sentencia por parte del Tribunal Superior no se encontraba en su lugar de reclusión, según denunciaron los familiares de los desaparecidos que fueron notificados por el mismo Tribunal, lo cual demuestra que en realidad las dos condenas además de ser tardías son una formalidad más.
La justicia no existe, ¿por qué lo militares, se niegan a decir la verdad, no dicen qué pasó con los desaparecidos del Palacio de Justicia?
Esa es la justicia colombiana, injusticia, como decía, Eduardo Umaña Mendoza, siendo un brillante y humanista abogado que fue asesinado en medio del desarrollo de este proceso judicial, en el que él cimentó al lado de las familias la verdad que la memoria ha construido, muy distante de sentencias y de decisiones judiciales.
Algunos militares implicados como el General Iván Ramírez continúan posando de prohombres y otros integrantes del B2 como Sánchez Rubiano por vencimiento de términos gozan de libertad. Sobre otros, no cursan órdenes de captura internacional como Bernardo Garzón, agente del Estado que sabe sobre lo sucedido con los desaparecidos. Pruebas y más pruebas, nunca reconocidas y otras desaparecidas en manos de los militares.
Pero la impunidad no solo ha sido para los militares sino también para responsables del poder ejecutivo, entre ellos ministros de la época que guardaron silencio ante el poder militar y que cohonestaron con el estado de barbarie. El propio presidente de la época ha dicho recientemente, que en un libro ha consignado la verdad de lo sucedido el 6 y 7 de noviembre de 1985, continúa pasando el tiempo, mientras tanto los padres y madres de los desaparecidos del Palacio de Justicia han ido muriendo, sin saber esa verdad, que quizás Betancur va a dejar ver cuando él muera, qué despropósito ante tanta indignidad.
Pero no se trata solo de la impunidad jurídica que se ha pretendido asegurar con la pérdida de pruebas, con la presión de testigos, con las amenazas a las familias, con el asesinato de Eduardo Umaña, con dilaciones injustificadas y con la falta de esfuerzos por recuperar los cuerpos de los desaparecidos, se trata de constatar el desmoronamiento de esa justicia, de sentencias judiciales que son un papel y que son adobadas con la impunidad jurídica y social.
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