jueves, 11 de julio de 2019

Elizabeth Cañas Cano,José Antonio Hernández y Diego Fernando Gómez

Julio 11-21 de 2000


Durante los días 11 al 21 de julio de 2000, fueron asesinados por paramilitares la integrante de Asociación de Familiares Detenidos-Desaparecidos, ASFADDES, Elizabeth Cañas Cano, el asesor jurídico de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, José Antonio Hernández y el dirigente del sindicato de trabajadores del Instituto de Seguros Sociales Diego Fernando Gómez.

Los asesinatos de estas tres personas se dieron por los avances dentro de la investigación que se adelantaba por la Masacre de Barrancabermeja, quienes en calidad de testigos aportaron datos claves para la vinculación de militares y paramilitares. El primer vinculado a este proceso fue el cabo segundo del Ejército, Rodrigo Pérez Pérez, perteneciente al Batallón Nueva Granada con sede en Barrancabermeja, a quién se le dictó medida de aseguramiento el 12 de agosto de 1998. Sin embargo, a los 8 meses este militar recuperó la libertad provisional por el pago de una fianza de aproximadamente US$150.



Aproximadamente tres años después, el fiscal que dirigió la investigación logró vincular al proceso al paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias ‘Panadero’ y a los civiles Álvaro Noriega y Graciliano Alarcón León.

Días antes del asesinato de Elizabeth, el 9 de julio de 2000, la testigo, había sido perseguida por dos hombres armados y dos días después, el 11 de Julio de 2000, fue ejecutada en Barrancabermeja, Santander, mientras se dirigía al Instituto de Seguros, en donde trabajaba; Elizabeth fue interceptada por paramilitares que se movilizaban en una camioneta quienes le dispararon causándole la muerte inmediata.

Elizabeth Cañas era hermana de José Milton Cañas y madre de Giovanny Herrera Cano quienes fueron desaparecidos junto a 25 personas más durante la Masacre de Barrancabermeja, ocurrida el 16 de Mayo de 1998. Esta valiente mujer un año antes de su asesinato ofreció su testimonio en calidad de víctima junto con su sobrina ante el Tribunal Internacional de Opinión realizado en Toronto y Montreal Canadá que se realizó durante los días 14, 15 y 16 de Mayo de 1999.

Y no bastó con asesinar a Elizabeth, también lo hicieron con los otros dos testigos, el 13 de Julio de 2000 fue asesinado Diego Fernando Gómez, quien era el dirigente del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales, además fue un destacado líder deportivo de la ciudad de Barrancabermeja. El asesinato de Diego fue en el Centro Auxiliar de Servicios Docentes, CASD, en el barrio Ciudad Bolívar los disparos que atentaron contra su vida fueron a manos de los mismos paramilitares que cegaron la vida de Elizabeth Cañas,los asesinos se movilizaban en la misma motocicleta de placas RX-115.

Ocho días después el 21 de Julio del 2000 hacia las 8:30 p.m. en el billar San Tropel ubicado en el barrio Tres Unidos, en Barrancabermeja, José Antonio Hernández quien era abogado, economista, dirigente sindical universitario, dirigente popular, miembro del Partido Comunista Colombiano PCC, y asesor jurídico de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos fue asesinado. Sus asesinos fueron identificados como paramilitares quienes se movilizaban en la misma motocicleta Yamaha RX-115.

Años más tarde la verdad y la justicia sigue ocultándose, las víctimas y sus familias, saben quiénes son los responsables, pero su verdad no es acogida, es rechazada, estigmatizada y negada.

El asesinato de Elizabeth Cañas, José Antonio Hernández, Diego Fernando Gómez quienes por ser testigos en los procesos contra paramilitares y altos mandos militares ofrecieron su vida para que algún día la verdad salga a la luz, sin embargo, estos crímenes también se encuentran en total impunidad.

Las afirmaciones de diferentes organismos de derechos humanos siguen vigentes al señalar que una de las causas de la impunidad en el país es que no existe suficiente protección para los testigos, víctimas, reclamantes y defensores y defensoras de derechos humanos que entregan su vida y su labor con el único fin de exigir justicia y verdad.

Eizabeth, José Antonio y Diego Fernando en la Memoria.
Eizabeth, José Antonio y Diego Fernando Sin Olvido.


martes, 9 de julio de 2019

Carlos Arturo Guengue

9 de abril de 1987


Carlos Arturo Guengue era un reconocido dirigente popular en el sector de Aguablanca, en Cali, Valle del Cauca, fotógrafo, militante de la Unión Patriótica y del Partido Comunista. Esposo y padre de dos hijos.

El 6 de julio de 1987 el agente de policía Saúl Rentería fue baleado y saqueado de su radio portátil en Cali. Agentes de policía de la SIJIN empezaron a buscar al responsable de los hechos, en donde, de forma irregular fue vinculada Luz Marina Castillo. La mujer y su hija fueron amenazadas, acusadas de haber robado el radio y de conocer a un hombre apodado “El Magnífico”, señalando a Carlos Guengue.

Días más tarde, el 9 de julio de 1987 a las 8 de la noche, hombres vestidos de civil, armados y llamados "los secretos”, miembros del F-2 de la SIJIN, por orden del suboficial Jaime Collazos allanaron la vivienda de Carlos. En la casa estaba Olga María Guerrero, esposa de Guengue, y sus dos hijos, de uno y cinco años. Olga fue interrogada, golpeada e insultada, la sacaron de la vivienda cogiéndola del cuello y la arrastraron hasta un carro, y aunque trato de pedir ayuda los hombres la callaron.  

Los policías en varios autos se dirigieron con Luz Marina y Olga al hospital San Juan de Dios, lugar en el que trabajaba Carlos, al llegar, él ya había salido en dirección a su casa. Mientras tanto Virgelina Chara vecina de la familia Guengue intentó advertirle a Carlos del allanamiento y que su esposa había sido detenida, sin embargo, los secretos” al ver que Virgelina había constatado los hechos también la detuvieron y subieron al mismo auto con Luz Marina y Olga.

A las 10 de la noche en el barrio Marroquín, Carlos fue detenido, golpeado e insultado por cinco integrantes de los secretos”, los hombres lo meten en la cajuela de un Renault gris y lo llevan a la Calle 70 con carrera 80. En el lugar, había un depósito de materiales. El vigilante del depósito observó la llegada de hombres vestidos de civil, con armas cortas, ametralladoras y radios portátiles, quienes además se acercaron para pedirle cigarrillos y agua.

Minutos después el Renault gris en cuyo baúl estaba Carlos tomó la autopista hacia la carrera primera y desapareció, desde aquel momento jamás se supo de Carlos. Al día siguiente, el vigilante del depósito de materiales vio el Renault gris en la inspección de policía del barrio las Ceibas.

El auto en el que estaban las 3 mujeres se fue en dirección a la Estación de Policía Fray Damián, en donde, los agentes indicaron haberlas detenido por ser miembros del M-19, y que, la prueba de ello eran boletines que habían encontrado al allanar la casa.

Dado que no existían las pruebas suficientes y las mujeres habían sido detenidas sin orden de captura y tampoco se había hecho la detención en estado de flagrancia, entonces fueron liberadas. Pero la desaparición de Carlos no fue suficiente, puesto que, los victimarios continuaron con amenazas y atentados contra Olga, al dispararle e intentar secuestrarla. La Procuraduría solicitó al DAS medidas de protección, pero las amenazas y los hostigamientos se intensificaron.

Debido a las denuncias realizadas, la Procuraduría Regional estableció que miembros de la policía del F-2 adscritos a la SIJIN habían realizado la detención ilegal vinculando al subteniente y comandante de la unidad antisubversiva Mauricio Nieto Rojas, al suboficial Jaime Collazos, el cabo primero Juan Pablo Colorado y los agentes Rubén Rodríguez y Fernando Valencia.

En el hecho participaron un mayor número de agentes de seguridad estatal, sin embargo, no se determinó quienes, así como tampoco la presunta responsabilidad de un agente de Estado con un rango mayor que estuvo involucrado en los hechos y protegió a los victimarios. Todos negaron la responsabilidad, pese a que, se supo que fue una operación de tipo paramilitar y clandestina, ni la justicia penal, ni militar adjudicaron responsabilidad o se tomaron medidas disciplinarias.

Aunque se imputaron cargos de detención ilegal, abuso de autoridad y secuestro, nunca se consideró en sí mismo el delito de desaparición forzada. El cuerpo de Carlos y sus restos jamás fueron hallados y la pérdida de su vida quedó en completa impunidad, finalmente, su esposa y sus dos hijos debieron exiliarse.

A pesar de que el hecho es impune, la humanidad y el alma de Carlos no han sido olvidadas, su vida y su labor siguen vivas.

Carlos Arturo Guengue en la Memoria.
Carlos Arturo Guengue Sin Olvido.

jueves, 4 de julio de 2019

Ana María Cortés

04 de julio de 2018

Ana María Cortes tenía 46 años, vivía en Cáceres en el Bajo Cauca Antioqueño. Era líder social, había trabajado en la Personería del municipio en defensa de los derechos humanos, fue activista en la organización de los desplazados por Hidroituango y fue secretaría de la campaña presidencial de la Colombia Humana en Cáceres.

Ana María además era madre cabeza de hogar, tenía dos hijos y velaba por su madre de la tercera edad. Era una mujer muy solidaria, recaudaba fondos para llevar mercados y organizar ollas comunitarias en favor de los desplazados.

La lideresa había defendido a Gustavo Marulanda otro vocero de la Colombia Humana, quien había sido golpeado, ultrajado y amenazado por la Polícia. Ana María intervino para que se le diera libertad, pero luego de esto, empezó una persecución en contra de Gustavo y la líder, quien también fue amenaza por un comandante de la Polícia del municipio.

Las amenazas fueron denunciadas por Ana y por Jorge Rojas estratega político de la campaña, pidiendo protección para la líder ante la Personería de Cáceres, la Fiscalía y la Presidencia de la República en la Comisión de Garantías Electorales, sin embargo, las instituciones hicieron caso omiso.

Más tarde, asesinaron a su perro como una reiteración de las amenazas de muerte en contra de su vida. Días después, el miércoles 4 de julio del 2018 a las 7 de la noche luego de que Ana María Cortés compartiera con conocidos en una Cafetería llamada Club Social, en el barrio Magdalena, en Cáceres, cerca a su vivienda, fue asesinada por un hombre que se le acercó y disparó en contra de su humanidad. Fue baleada a la vista de todos aquellos que transitaban por allí.

Luego, sin que aún no se supiera sobre los autores del crimen, uniformados del municipio difundieron el rumor entre sus comandantes y con la prensa de que la líder estaba relacionada con el Clan del Golfo siendo una de las informantes. El ministro de defensa Luis Carlos Villegas insinuó que los vínculos de la líder con el grupo eran ciertos y que se iba a investigar, pero nunca fue presentada ninguna prueba.

El senador Gustavo Petro rechazó el crimen y las afirmaciones e invitó a los militantes de la Colombia Humana a denunciar cualquier amenaza. Luego de su asesinato, su hijo Camilo Andrés Chaverra fue señalado de pertenecer al Clan del Golfo, siendo capturado por concierto para delinquir.

A raíz de las amenazas que había recibido la líder por parte de la Policía, el subcomandante de Antioquia, Carlos Julio Cabrera, anunció que se abriría una investigación para tomar las medidas disciplinarias necesarias para aclarar los hechos.  Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación responsabilizó a Los Caparros, siendo Robinson Gil Tapias alias “Flechas” el autor material del crimen.

Ana María hace parte de la brutal sistematicidad de asesinato a los líderes sociales desde el año 2016, además de la estigmatización en su contra, pese a la gravedad de los hechos sobre amenazas sobre su vida y su labor. Durante el mes de julio del 2018, 24 líderes sociales fueron asesinados según la Cumbre Agraria y el Congreso de los Pueblos, siendo sumado su asesinato junto a cuatro líderes, activistas y defensores de derechos humanos y militantes de la Colombia Humana en una misma semana, esto indicó la existencia de un plan de exterminio en contra de los líderes sociales vinculados a la campaña.

A pesar de todo, la memoria y la labor de Ana María Cortés siguen en pie, por todos aquellos desplazados y por todos aquellos que han sido violentados por el Estado, Ana no sólo es una cifra más entre los líderes asesinados, sino que, tiene rostro de una mujer en busca de un país diferente.

Ana María Cortés en la Memorias.
Ana María Cortés Sin Olvido.


Francisco Javier Montoya

4 de Julio de 1998


El 4 de julio de 1998, un sábado, día de actividad comercial en el casco urbano de Dabeiba se encontraba Francisco Javier Montoya y  se dirigió de allí hacia La Balsita. En el punto conocido como “La Recta del Papayero” fue obligado a bajarse del bus por tres paramilitares.

Los armados que operan bajo la dirección de las Fuerzas Militares lo golpearon, lo obligaron a arrodillarse y le preguntaron en qué trabajaba. El líder campesino, respondió con la verdad, “soy promotor de salud”, sus asesinos le replicaron: "Es verdad que usted es promotor, pero es un sapo de la guerrilla” (...) “usted es el que manipula a los desplazados en Dabeiba".

Sus victimarios le dispararon en tres ocasiones. Un tiro en la cabeza, otro en la boca y finalmente uno en el corazón. Posteriormente, los restos de Francisco Javier Montoya fueron transportados por sus asesinos en una camioneta de color azul, de placas KFD 965 de Medellín, que se dirigió hacia el caserío de Urama. El cadáver de Francisco Javier jamás fue hallado. 

Desde ese día en la mente, en las palabras y en el corazón de los desplazados de La Balsita, Francisco Javier está presente. Sus victimarios no lograron su propósito. Ni el despojo de las tierras ni el desarraigo. Más de 300 asesinatos y desapariciones, entre ellos, el crimen de Francisco no ha logrado quebrar los sueños y las esperanzas. Desde ese día del asesinato de Francisco, la Comunidad de Vida y de Trabajo de La Balsita, de la que fue uno de sus animadores, a la que ayudó a enfrentar el terror, buscan que sus restos sean entregados, que haya justicia y que exista un respeto a sus tierras ante las pretensiones ambiciosas.

La labor de Francisco Javier fue muy importante, dedicó su vida a servirle a la comunidad de la Balsita en Dabeiba, Antioquia siendo promotor de salud en el municipio y denunciando los casos de desplazamiento forzado, trabajó por mejorar la calidad de vida de la población desplazada, estableciendo albergues y resistiendo junto al campesinado. 

Francisco en medio del absoluto control paramilitar en Dabeiba denunció ante la comunidad nacional e internacional los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares de las Brigadas IV y XXVII del Ejército, y paramilitares desde 1996 y 1997 que originaron el desplazamiento forzado ocurrido en La Balsita. Francisco hizo público los pasajes de horror que se desarrollaron por parte de las mismas estructuras paramilitares responsables de la Masacre del Aro, en las que se conoce la participación de la Gobernación de Antioquia. De esa verdad hablan los mandos paramilitares de la época, a los que se ha querido silenciar en las cárceles de los Estados Unidos, de esa verdad habla Francisco Villalba, ex paramilitar, asesinado días después de rendir un testimonio en que implicó al célebre presidente de la “seguridad democrática”.

Aún el asesinato de Francisco Javier, todo sigue en la impunidad. La verdad se ha disfrazado de mentira, el municipio de Dabeiba para muchos es "un remanso de paz" como se lee a la entrada del pueblo. "Paz" de las estrategias militares encubiertas con la acción y omisión de unidades militares de las Brigadas IV y XXVII del Ejército, de la Policía Nacional, de las autoridades locales que no hicieron nada para evitar el desplazamiento, para evitar los centenares de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Dabeiba entre 1997 y el 2001. Por lo menos 300 de esos crímenes se encuentran documentados y fueron presentados a la fiscalía a través de Constancias Históricas y Censuras Morales. Nada se ha hecho para esclarecer la verdad, para allanar caminos de justicia y sanción integral.

Años de arrogante impunidad, de inercia investigativa se encuentran enfrentados a la memoria colectiva sellada en un árbol, el árbol de la vida, allí se encuentra Francisco y más de 300 víctimas de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, de mujeres accedidas carnalmente, de quemas de caseríos y millares de desplazados. Nada se ha hecho en concreto para esclarecer la verdad, dar respuesta a la demanda de justicia y para garantizar la vida en los territorios de La Balsita a las comunidades desplazadas cerca de Dabeiba.

La memoria de Francisco y de esos millares de víctimas, los territorios del horror son andados por decenas de habitantes rurales y urbanos de Colombia, que claman por la justicia y la vida en los territorios, objeto de los saqueos y de los intereses empresariales. 

Allá están en la andadura para enfrentar la violencia estatal para afirmar la dignidad en los territorios, en medio de esa impunidad, que ha permitido que hoy, muchos de los paramilitares, sigan disfrutando de sus libertades, sin ningún control, de las posesiones tomadas con sangre y fuego, como mercenarios del capital.

La memoria hoy continúa perpetuándose en las familias campesinas que afirman el Derecho a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación desde la Zona Humanitaria "El Paraíso" de la Comunidad de Vida y de Trabajo La Balsita.

Hoy la comunidad mantiene viva la búsqueda de justicia. Ya no es la esperanza en un aparato de justicia inactivo cómplice de la criminalidad, es la esperanza que nace desde la memoria, desde la expresión de la creación en algo que hunde sus raíces en el monumento, que la propia vida erigió para no olvidar, para arraigar, es el Árbol de la Vida. Porque como dijo en una ocasión una de las matriarcas de la Comunidad "Nos duele recordar, pero más nos duele olvidar". Por ello, hoy la Comunidad conmemora la desaparición forzada de Francisco Javier Montoya, al lado del árbol de la vida.

Francisco Javier Montoya en la Memoria.
Francisco Javier Montoya Sin Olvido.



Alirio de Jesús Pedraza Becerra

Foto: Observatorio DDHH  Boyacá -Casanare 
4 de julio de 1990 

Alirio Pedraza, sogamoseño, estudió en derecho en la Universidad Nacional en Bogotá, siendo influenciado por Eduardo Umaña Luna y Eduardo Umaña Mendoza. Defensor de derechos humanos y abogado vinculado desde 1982 a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

Desde entonces, en razón de su labor fue convertido por las Fuerzas Armadas como “el abogado de guerrilleros” o como “un guerrillero vestido de civil”.

El 4 de julio de 1990, fue detenido por ocho hombres vestidos de civil, y armados, cuando salía de la panadería San Pablo, en el Centro Comercial de La Campiña, en la calle 145 con carrera 92, cerca de su vivienda en Bogotá, cuando regresaba del trabajo y lo esperaban su esposa Virginia Vargas y su hijo Oscar de 7 años. Detenido, desaparecido y posteriormente asesinado por miembros de organismos de seguridad del Estado.

Cerca al lugar había dos agentes de policía que constataron los hechos, sin embargo, tuvieron conocimiento de que eran hombres que hacían parte de la seguridad del Estado y permitieron el abuso y detención en contra de Alirio.

Hasta 1996, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la nación a pagar una indemnización por la desaparición de Alirio y dictaminó que el crimen fue cometido por agentes de la Policía Judicial.

Alirio tenía 40 años de edad, adelantaba varios procesos representando víctimas en casos de graves violaciones de Derechos Humanos cometidas por miembros de la Fuerza Pública, y representaba 42 sindicalistas detenidos y torturados por miembros del Ejército Nacional en marzo de 1990. Alirio había sido amenazado por paramilitares de Boyacá y la vivienda de su madre había sido allanada por miembros de Batallón Tarqui de Sogamoso en agosto de 1989.

Cada año recordamos públicamente la vida de Alirio, y denunciamos que un día como hoy, la criminalidad del Estado lo aniquiló. Pero cada día y cada momento sigue viva la energía de su proyecto y su apuesta por la dignidad, a través de quienes inspirados con su ejemplo continuamos abogando por los más débiles, por las víctimas que produce la misma criminalidad que él atacó con vehemencia años atrás.

¡ Por la vida, la dignidad y la Justicia. Mantengamos encendida la luz de la memoria !
FUNDACION COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS

Alirio de Jesús Pedraza Becerra en la Memoria.
Alirio de Jesús Pedraza Becerra Sin Olvido. 


jueves, 27 de junio de 2019

José Francisco Ramírez Torres

27 de junio de 1987 

José Francisco Ramírez Torres originario de Valledupar, a sus 33 años era abogado de la Universidad del Atlántico, directivo de la Asociación Nacional de Abogados Litigantes (ANDAL) profesor de la Universidad Popular del Cesar (UPC), integrante de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial y de “A Luchar”, vocero de la Coordinadora Obrero-Campesina y Popular del Cesar.

En 1987 en el departamento del Cesar se vivía un descontento por los abusos y atropellos contra los pobladores campesinos y contra los dirigentes comunitarios por parte del Estado colombiano y por grandes terratenientes, llevando a que se diera un paro cívico, el cual apoyó la Unión Patriótica, el Frente Popular, Democracia Popular y la Coordinadora Obrero-Campesina y Popular del Cesar.

Este paro inició con una marcha que empezó en Norte de Santander y terminó en la plaza Alfonso López de Valledupar, durante varios días esta plaza fue el centro de la protesta campesina que exigía garantías en cumplimiento de sus derechos y de frenar la violencia por los atropellos del Estado.

Las manifestaciones finalizaron cuando se hizo un acuerdo entre la gobernadora María Inés Castro, el 12 de junio, este día todo terminó pacíficamente. Después de la protesta inició una ola de violencia sin freno contra los partidarios de izquierda, líderes comunales, campesinos y contra miembros de la Unión Patriótica, quienes empezaron a recibir amenazas.

Luego de ello, se empezó una campaña de estigmatización en contra de las marchas realizadas, lo que había iniciado como una toma campesina, fue convertido en una “toma guerrillera”.

Francisco como vocero y negociador por parte de la Coordinadora en las protestas realizadas, fue víctima de amenazas por la Fuerza Pública en el departamento, principalmente por mandos militares. Días después en el parabrisas de su auto recibió un panfleto que lo declaraba blanco militar y decía “que sus días estaban contados”.

Fue así como el 27 de junio de 1987 fue asesinado en el barrio Garupal de Valledupar, mientras le cambiaba una llanta a su carro y cuando estaba a poca distancia de llegar a su casa. Cuando se bajó a cambiar la llanta dos paramilitares mientras pasaban en una moto le dispararon a Francisco y su vida fue segada.

En ese momento su esposa Daisy Rodríguez y sus dos niñas, una de cinco y de dos años se despidieron de un hombre que defendió y unió al campesinado.

Desde este asesinato se dio inicio a la eliminación sistemática de los militantes de la Unión Patriótica en el departamento. Su muerte suscitó mucho dolor e impotencia, pero su memoria despertó la indignación y la resistencia en contra de los abusos cometidos contra la población campesina, lo que alentó a otros habitantes a tomar la vocería contra las injusticias.

José Francisco Ramírez en la Memoria.
José Francisco Ramírez Sin Olvido.

Imagen: Coordinadora del Comité de Impulso del Sujeto de Reparación Colectiva de la UPC/Voces Silenciadas

jueves, 20 de junio de 2019

Pedro Malagón y Elda Milena Malagón


20 de Junio de 1996 

Pedro Malagón creció en Meta, presenciando todos los cambios organizativos de los movimientos agrarios, por eso desde su juventud se interesó por las luchas de la tierra y su comunidad, logrando ganarse el afecto de las personas que lo rodeaban. 

Como militante y defensor viajó de un lado a otro, entre los municipios de Granada, El Castillo, Lejanías y Mesetas. Tiempo después de nacer la Unión Patriótica, fue elegido como diputado a la asamblea del Meta y posteriormente Concejal del Castillo.

La familia Malagón siempre fue perseguida por amenazas de muerte, por lo cual se vieron obligados a huir de los caseríos de Viotá, en Cundinamarca, para refugiarse en el Ariari, explorando otros horizontes donde existiera menos violencia. Desde ese entonces Pedro siendo menor de edad se consagró al campo con sus padres.

Conocido por ser un campesino sin temor a tomar nuevos riesgos en medio de los crímenes cometidos contra la Unión Patriótica, comenzó con su vida política en 1984, siendo reelegido nuevamente a la Asamblea de la región del Castillo en 1996.

Para ese entonces ya habían más de 500 asesinados todos miembros de la Unión Patriótica en el departamento del Meta, entre estos 500 se encontraba el diputado Rafael Reyes Malagón, hermano de Pedro, el senador Pedro Nel Jiménez, varios alcaldes, decenas de concejales y cientos de activistas.

Pedro Malagón fue diputado a la Asamblea Departamental del Meta por la Unión Patriótica, integrante del comité cívico de Derechos Humanos del Meta y un reconocido dirigente del Partido Comunista Colombiano (PCC), muchos de los miembros ya habían sido asesinados, y él ya había recibido diversas amenazas de muerte y varios atentados, uno de ellos fue organizado por Pedro Bárreto, comandante del puesto de policía de Medellín del Ariari en conjunto con los paramilitares bajo el mando de Víctor Carranza.

Pedro, cada vez que iba a su oficina de diputado en Villavicencio recibía amenazas. Y unos días antes de su muerte, el Ejército allanó la casa del partido comunista. Decomisando varios accesorios de seguridad como revólveres chalecos antibalas pertenecientes al servicio de seguridad de Pedro.

El 20 de junio de 1996, sintiéndose más seguro en casa y agobiado por un dolor de ojos, decidió no ir a su oficina. A las 6 de la tarde salió al antejardín de su casa para examinar unas reparaciones que adelantaba.

Pedro se encontraba en el antejardín de su vivienda en el barrio “El Paraíso”, cuando aparecieron en su residencia un grupo de hombres armados de la estrategia militar encubierta del Batallón 21 Vargas de la Brigada séptima del Ejército y dispararon en contra de Pedro. Elda Milena quien tenía 17 años de edad, intentó proteger a su padre abrazándolo, pero murió en el intento.

Dos sicarios atentaron contra su vida y la de su hija. Los asesinos habían rentado una habitación en la casa de enfrente. Pedro recibió un disparo en la cabeza y Elda queriendo proteger a su padre, recibió dos disparos que también acabaron con su vida.

El jueves 20 de junio de 1996, perdieron la vida Pedro Malagón y a su hija Elda Milena Malagón en la ciudad de Villavicencio.

El esmeraldero Víctor Carranza es uno de los principales autores intelectuales de las muertes de los militantes de la UP en el Meta.

El día del sepelio, acudieron miles de campesinos, recordando a Pedro como un acompañante excepcional en la lucha por la tierra, el que siempre estuvo presente por la defensa de los derechos de su comunidad, el que tenía un carisma que los envolvía de alegría, el “viejo Peter” así lo llamaban de cariño, asesinado a sus 60 años de edad. Obligado a dejar a su familia de siete hijos y su esposa.

Protegiendo a su padre con un abrazo, Elda Milena también perdió la vida, ambos, padre e hija, asesinados por la estrategia militar encubierta de la Brigada VII del Ejército.

El recuerdo de Pedro y Elda queda en la memoria de los familiares, de los campesinos de la región, de los sobrevivientes que tienen la posibilidad de terminar los sueños, las afirmaciones de derechos sobre la tierra, la verdad y la justicia.

La Comisión interamericana de Derechos Humanos culpó al Estado por negligencia en la protección de Pedro Malagón, la Fiscalía General de la Nación declaró este como un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, no hay investigados, no juzgados, ni condenados, este crimen continuo en la impunidad, los asesinos materiales e intelectuales de Pedro y Elda gozan de libertad.

Pedro Malagón y Elda Milena Malagón en la Memoria.
Pedro Malagón y Elda Milena Malagón Sin Olvido.