domingo, 17 de febrero de 2019

Sandra Viviana Cuellar

Febrero 17 de 2011

Sandra Viviana Cuellar, contaba tan solo con 26 años de edad cuando fue víctima de desaparición forzada mientras se transladaba de la ciudad de Cali al municipio de Palmira, en el Valle del Cauca, donde era estudiante de la Universidad Nacional.

Sandra Viviana, ingeniera ambiental de profesión, hizo parte de la organización CENSAT Agua Viva en la que lideró diferentes procesos sociales por la defensa del ambiente y los derechos humanos, también denunció el saqueo y la destrucción de cuencas, humedales, paramos y bosques del país.

El lunes 17 de febrero de 2011, Sandra Viviana fue vista por última vez en el sector de El Terminalito, cuando se dirigía hacia Palmira para continuar dictando clases. Luego de buscar por sus propios medios a Sandra Viviana, sus padres y amigos llevaron la investigación a la Comisión de Derechos Humanos CIDH. Sin embargo, aún no se sabe de su paradero ni quiénes son los responsables por su desaparición.

Desde ese fatídico día sus padres, amigos y compañeros organizan diferentes actividades para mantener viva la memoria de Sandra Viviana, como es un Carnaval por la vida, expresiones artísticas- culturales, poesía, danza, mural con fotografías y mucha música en el teatro al aire libre los cristales.


Hoy, su familia, amigos y las organizaciones continúan buscando a ésta mujer que defendió la vida con su propia vida.



Sandra Viviana Cuellar en la Memoria.

Sandra Viviana Cuellar Sin Olvido.


sábado, 16 de febrero de 2019

Masacre de El Salado

16 de febrero 2000

Entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000 el corregimiento de El Salado fue víctima de una de las masacres más violentas perpetrada por paramilitares. Allí sólo eran posibles dos papeles, ser testigos forzados o ser las víctimas de la danza paramilitar que termino con la vida de más de 80 campesinos de una manera cruenta.

Por testimonios de los sobrevivientes sabemos lo que sucedió. Paramilitares que sin la mínima muestra de arrepentimiento o culpabilidad, narran apartes de lo sucedido, como en la versión libre del paramilitar “Juancho Dique”, quien afirmó que “A algunas de las víctimas de la masacre de El Salado las guindaron con cáñamos en los árboles, y las mataron con bayoneta. Fusiles que tenían bayonetas, y eran degolladas. Eso fue delante de la gente. Mientras mataban, los otros, de puro ocio, tocaban gaitas, tamboras y violines. Eso fue durante la masacre que duró entre 3 o 4 horas".

LA DANZA DE LA MUERTE PARAMILITAR EN EL SALADO

En la noche del 15 de febrero un grupo mayor a 400 paramilitares fuertemente armados bajo el mando del paramilitar conocido como H2 o Jhon Henao, se dividió en tres fracciones uno bajo el mando de” Amaury”, otro bajo el mando de 5-7 y en el ultimo estaba H2, un grupo ingreso a El Salado por la carretera principal de El Carmen. Otro entro por Ovejas, siguiendo la vía Flor del Monte y canutalito, y el último grupo llego por un sitio conocido como la Reforestación. Guiados por un grupo de desertores que se entregaron al ejercito. En los corregimientos de Canutal, Canutalito, y las veredas San Rafael, El Cielito, Patevaca y Bajo Grande, los paramilitares asesinaron a cerca de 42 campesinos. Desde estos puntos, los paramilitares iniciaron su danza de muerte.

Las víctimas fueron amordazadas, torturadas y luego degolladas. Quemaron varias viviendas, sacaban de las casas a sus víctimas y las asesinaban frente a sus mujeres y niños. Las víctimas fueron señaladas por una persona encapuchada que acompañaba a los agresores. En la mañana del 16 en la vía que comunica El Salado y Carmen de Bolívar paramilitares detuvieron un campero de servicio público y asesinaron a Edith Cárdenas y a los demás que se movilizaban en el vehículo, de este hecho sobrevivieron María Cabrera y otro pasajero quienes huyeron corriendo por el rastrojo. Entre el 16 y 17 de febrero se dio el desplazamiento masivo de la región a causa del accionar paramilitar, en el caserío del Salado permanecieron cerca de 200 personas.

En la mañana del viernes 18 de febrero los habitantes que permanecían en el caserío fueron sorprendidos por un grupo de hombres armados que lleno el pueblo. La gente no tuvo tiempo de huir, los paramilitares gritaban “salgan, partida de guerrilleros, que todo el mundo se muere hoy”.

Los paramilitares reunieron a todas las personas en la plaza, junto a la iglesia. Los desertores que servían de guías empezaron a señalar a los que según ellos eran guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla e iban siendo ejecutados. Una Joven fue arrastrada por el pueblo sujetada del cabello luego fue colgada de un árbol y degollada, su nombre era Nayibis y la señalaron de ser compañera sentimental de un guerrillero (Martin Caballero).

Mientras los paramilitares continuaban con sus ejecuciones, un helicóptero sobrevolaba el caserío disparando contra las viviendas, en una de ellas murió el campesino Libardo Trejos, quien se escondía con otro grupo de campesinos. Las víctimas no eran escogidas solo por ser señaladas por los desertores, también eran escogidas al azar como fue el caso de Francisca Cabrera, o Ever Ureta que sufría un retraso mental y fue torturado para que confesara que pertenecía a las FARC.

Las muertes se produjeron cada media hora mientras los pobladores estaban reunidos en la plaza bajo el sol y veían como la plaza se llenaba de cadáveres mientras los paramilitares festejaban. Los paramilitares sacaron tambores, gaitas y acordeones y cada vez que asesinaban tocaban los instrumentos. Pero para los paramilitares no era suficiente y se ensañaron con las mujeres, violandolas y torturadoras, a una de las habitantes le introdujeron alambres por la vagina. Mientras les gritaban que eso era porque eran amantes de los guerrilleros.

Al caer la noche la gente fue obligada a regresar a sus casas, nadie durmió , sólo los disparos al aire de los paramilitares rompían el silencio que atrapo a El Salado. El sábado 19 los habitantes que permanecían en el salado salieron y el terror continuo pues los paramilitares permanecían en el pueblo y se dedicaron al saqueo de los negocios de comercio, a las 3 de la tarde se escucharon disparos y los paramilitares abandonaron el lugar. Fue en ese momento que las personas del Salado pudieron llorar a sus muertos. Algunas de las víctimas fueron: Roberto Madrid Rodríguez, Luis Pablo Redondo Torres, Marco José Caro Torres, Margoth Fernández Ochoa, Nayibe Contreras, Nelvis Judith Arrieta Martínez, Néstor Tapias Arias, Óscar Antonio Meza Torres, Osnedis Cohen Sierra, Pedro Parra, Pedro Torres Montes, Rogelio Ramos Olivera, Rosmira Torres Gamarra, Saulo Navas, Víctor Arias Julio, Víctor Ureta Castaño, Wilfredo Barrios Parra, Libardo Rafael Trejos Garrido, Dora Torres Rivero, Edgar Cohen Castillo, Alejandro Alvis Garrido, Alejandro Alvis Madrid, Arturo Martínez, Eduardo Alfonso Torres P., Desiderio Francisco Zambrano Salcedo, Justiniano Pedraza Teheran, Eduardo Navas Alvis, Eduardo Novoa, Edwin Cohen Sierra, Eliseo Torres Sierra, Jairo Alvis Garrido, Jose Manuel Tapias Arias, Helen Arrieta Martínez, Freddy Montes Arrieta, Francisca Cabrera De Paternina, Euclides Torres Zabala, Érmides Cohen Redondo, Enrique Medina Rico, Emiro Cohen Torres, Eloy Montes Olivera, Gilfredo Brochero Bermúdez, Luis Pérez Manrique, José Paternina, Marcos Díaz Morales, Mauro González, Miguel Antonio Avilés, Miguel Antonio Martínez, Moisés Gutiérrez, Moisés Martínez, Luis Alfonso Peña Salcedo, Rafael David Núñez, Rafael Antonio Núñez Sánchez, Evert Núñez, Nelson Torres, Daribel Restrepo, Septimo Olivera Correa, Liberio Antonio Cortés Rodríguez, Amaury De Jesús Martínez, Antonio Martínez Montes, Benjamín Jose González Anaya, Dairo De Jesús González Olivera, Daniel Restrepo, Elsy Morales, Emiro Castillo Castilla, José Avilés, Julio César Díaz Martínez, Daniel Francisco Díaz Morales, Jose Manuel Ortega, Jorge Eliécer Mercado Vergara, John Núñez, Felix Antonio Pérez Salcedo, Evert José Verbel Martínez, Juan González.

Ni las tropas del Batallón de Fusileros de Infantería de Marina No. 5, al mando del coronel Harold Mantilla Serrano; ni las del Batallón de Contraguerrilla No. 31, al mando del Teniente Coronel Jorge Castañeda; ambas adscritas a la Brigada No. 1 de Infantería de Marina, al mando del General Rodrigo Quiñones; ni la Policía del Departamento de Bolívar o Sucre, hicieron algo para prevenir la incursión armada, mucho menos para detener la masacre. Su aquiescencia y complicidad con estructuras paramilitares fue mimetizada a través de los medios de información.

Según los medios de información, el comandante del Batallón de Fusileros de Infantería de Marina, Bafim 5, adscrito a la Brigada 1, con sede en el municipio de Corozal (Sucre), teniente coronel Harold Mantilla Serrano, dijo que: ‘los muertos son el resultado de combates entre guerrilla y autodefensas: las autodefensas detuvieron en un comienzo a guerrilleros y ex guerrilleros de las FARC para que les señalaran a las personas que posteriormente serían asesinadas por sus presuntos nexos con la guerrilla”. Pero, según la Personería Municipal de Ovejas, “de acuerdo con la información entregada por los desplazados, no hubo enfrentamientos sino la masacre de los paras”. Así mismo: El comandante de las FFMM, general Fernando Tapias, dijo que ‘en la región de Montes de María vienen registrándose combates entre guerrilleros y autodefensas’. Estamos tratando de establecer si los muertos son por los enfrentamientos o por la incursión”. En un comunicado, los paramilitares afirmaron que: “Hubo combates con las FARC en la zona y que los subversivos “se vistieron de labriegos”. Daban un parte de “47 guerrilleros muertos y 12 capturados”.

“En su declaración, Juan Vicente Gamboa, conocido como “Pantera”.’señaló a los militares como los autores intelectuales de la masacre, el paramilitar Gamboa, quien fue Infante de Marina entre 1992 a 2000, afirmó en el marco de la Ley 975 para la desmovilización paramilitar, que: “el general Rodrigo Quiñonez, comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina; los coroneles Diazgranados Mantilla y Bautista Carcamo; el coronel Harold Mantilla Serrano, comandante del Batallón Quinto Fusileros de Marina, y el capitán Becerra Durán, se reunieron en el Batallón de Infantería de Marina con él y planearon la ejecución de la masacre de El Salado, ocurrida entre el 16 y 19 de febrero de 2000 en el corregimiento de El Carmen de Bolívar”, y aseguró que los oficiales le entregaron una lista con varios nombres y que ofrecieron poner a su disposición un grupo de 25 infantes de marina. En este hecho fueron asesinadas 100 personas por hombres del bloque norte de las Autodefensas, comandado por Salvatore Mancuso”.

Por otra parte, el paramilitar Úber Enrique Bánquez, conocido como “Juancho Dique", del bloque Héroes de los Montes de María, afirmó en una de las versiones libres del 30 de julio de 2008, que parte de los paramilitares estaban al mando del comandante “Gallo”, de las estructuras del Bloque Norte de las AUC, comandado por Rodrigo Tovar Pupo, conocido como “Jorge 40”. Otra parte eran paramilitares conocidos como “Los Niches”, de las estructuras bajo el mando de Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. Las otras unidades paramilitares eran del bloque “Héroes de los Montes de María” al mando de conocido como “Cadena”, y el segundo al mando era “Juancho Dique”.

El paramilitar Jhon Jairo Esquivel, conocido como “El Tigre”, en su versión libre del 30 de octubre del 2008, reconoció haber participado en la masacre de EL Salado bajo el mando de “Jorge 40”. Según “El Tigre”, previo a la masacre “se realizó una reunión en una finca de San Ángel, departamento del Magdalena, donde estuvieron Mancuso, “Jorge 40”, Amaury, “H2” y “5-7”, planificando la incursión a El Salado”.

En sentencia del 28 de febrero del año 2003 del Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, fueron condenados 15 paramilitares por su participación en la masacre del Salado de los cuales sólo uno tenía calidad de jefe de uno de los grupos paramilitares que incursionó en El Salado. Se trata de John Henao, alias “H2”, quien no se encuentra cumpliendo la pena de prisión impuesta, pues se fugó de la cárcel en febrero de 2001. Otro de ellos fue asesinado en el año 2009, por lo que tan solo 13 paramilitares purgan efectivamente una condena a partir de esta sentencia.

En septiembre del 2011 Francisco Robles Mendoza, alias 'Amaury', en diligencia de formulación de cargos para sentencia anticipada reconoció ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, hurto agravado y calificado, daño en bien ajeno, incendio y acceso carnal violento en hechos ocurridos en el corregimiento del salado.

Solamente un miembro de la fuerza pública, el capitán Héctor Martín Pita Vásquez, entonces comandante de la Compañía Orca del Batallón Contraguerrillas n.° 31 de la Infantería de Marina, ha sido acusado penalmente por los hechos de la masacre de 2000, aun cuando existen evidencias que demostrarían la responsabilidad de otros integrantes de la fuerza pública de más alto nivel, como el entonces coronel Rodrigo Quiñónez , comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina, con jurisdicción en la región de los Montes de María.

En enero del año 2006 la Asociación de Desplazados del Salado Bolivar (ASODESBOL) y la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS) Elevaron petición ante la comisión interamericana de derechos humanos por la Masacre y desplazamiento forzado de los montes de maría. Petición que fue admitida por la Comisión.

Por otra parte, en el proceso especial de la ley 975 de 2005, conocida como ley de “justicia y paz”, algunos paramilitares han admitido su responsabilidad en la masacre pero han tratado de minimizarla o justificarla al calificarla como una “operación militar” en la que supuestamente hubo “combates” con guerrilleros. La mayoría de ellos han negado la violencia sexual y las torturas, así como los “sorteos” y la “fiesta” que emprendieron al momento de perpetrar la masacre. Este escenario judicial, antes que convertirse en un espacio para la reconstrucción de la verdad, se ha convertido en un escenario de validación de la impunidad y de justificación de estos crímenes por parte de los paramilitares.

En julio de 2011 el Presidente Juan Manuel Santos pidió perdón a la comunidad de El Salado y se comprometió a reconstruir el municipio, palabras que hoy quedaron en el aire para las familias del municipio. 

Hoy la impunidad es la última palabra. Las investigaciones ocultan la sistematicidad de cada uno de los hechos, tergiversan y ocultan las responsabilidades institucionales, desenfocan haciendo ver lo que es posible hacer ver pero ocultan la magnitud de los hechos, su intencionalidad. No esclarecen confunden.

Después del inicio de la Danza de la muerte paramilitar en El Salado, la Verdad, la Justicia y la Reparación es un Derecho para los habitantes de El Salado. En su memoria, desde su memoria, la Justicia.

Víctimas de la masacre de El Salado en la Memoria
Víctimas de la masacre de El Salado Sin Olvido


jueves, 7 de febrero de 2019

Isidro Caballero Delgado

Febrero 07 de 1989
La desaparición forzada de Isidro Caballero Delgado, ocurrida el martes 7 de febrero de 1989 en San Alberto, Sucre, significó la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Colombiano por su responsabilidad en la desaparición forzada del señor Caballero y de María del Carmen Santana.

Isidro Caballero Delgado se desempeñaba como dirigente sindical del magisterio santandereano desde hacía 11 años. Gracias a su activa participación como dirigente sindical, fue víctima de manera constante de hostigamientos y amenazas, las cuales involucraron su detención en la Cárcel Modelo de Bucaramanga.

El 7 de febrero de 1989, Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, quien pertenecía al Movimiento 19 de Abril (M-19), estaban promoviendo la participación de la comunidad en la realización del “Encuentro por la Convivencia y la Normalización” que se llevaría cabo el 16 de febrero de 1989 en el Municipio de San Alberto. Esta actividad era organizada por el “Comité Regional de Diálogo” y su objetivo era “procurar una salida política al conflicto armado, propiciando encuentros, foros y debates en diferentes regiones”.

Ese día, Isidro Caballero y María del Carmen Santana fueron capturados por una patrulla militar conformada por unidades del Ejército de Colombia acantonadas en la base militar Líbano (jurisdicción de San Alberto) adscrita a la Quinta Brigada con sede en Bucaramanga. Nunca más fueron vistos con vida.

Elida González Vergel, una campesina que transitaba por el mismo lugar en que fueron capturados Isidro Caballero y María del Carmen Santana, fue retenida por la misma patrulla del Ejército y dejada en libertad. Durante su captura, la Sra. Elida vio a Isidro Caballero con un uniforme militar camuflado y a una mujer que iba con ellos. Javier Páez, otro habitante de la región, fue retenido ese mismo día por el Ejército colombiano, torturado y dejado en libertad posteriormente. Por los interrogatorios a que fue sometido y por las comunicaciones de radio de la patrulla militar que lo retuvo supo de la captura de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, así, una vez puesto en libertad, dio aviso a las organizaciones sindicales y políticas a las que ellos pertenecían, las cuales a su vez, informaron a sus familiares.

Al conocer de su captura, la familia de Isidro Caballero Delgado y varios organismos sindicales y de derechos humanos iniciaron la búsqueda de Isidro y María del Carmen en instalaciones militares, donde se negó que ellos hubieran sido aprehendidos. Posteriormente se entablaron acciones para ubicar el paradero de los desaparecidos y sancionar a los responsables pero no hubo resultados positivos. Tampoco se obtuvo reparación de los perjuicios causados.

En diciembre de 1995 la Corte Interamericana de Derechos humanos sentenció por primera vez al Estado Colombiano por haber “violado en perjuicio de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana los derechos a la libertad personal y a la vida contenidos en los artículos 7 y 4 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Sin embargo, 27 años después de los hechos y 19 años después de la Sentencia de la corte, la justicia interna no ha sancionado a los responsables a pesar de contar con material probatorio para tal efecto, razón por la cual el caso continúa en la completa impunidad. Aún los familiares de Isidro y de María del Carmen piden justicia por la desaparición y el asesinato de sus seres queridos y esperan que algún día la justicia condene a los máximos responsables, revele toda la verdad y les repare integralmente. 26 años después los familiares siguen firmes en sus exigencias y sobre todo en la conservación de la memoria de estos desgarradores hechos.

Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana en la memoria

Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana Sin Olvido

Comisión Colombiana de Juristas

miércoles, 6 de febrero de 2019

Lucero Henao y Yamid Henao

Febrero 6 de 2004
El día 6 de febrero del año 2004 Lucero Henao y su hijo Yamid Daniel Henao fueron asesinados por paramilitares con la complicidad de la Fuerza Pública en el caserío de Puerto Esperanza Municipio del Castillo, Meta.

María Lucero Henao nació el 25 de Julio de 1960 en el Departamento del Valle, desde muy niña tuvo que vivir el desplazamiento forzado, así su vida se desarrolló en medio del desarraigo y destierro en diferentes lugares junto a sus padres.

En 1988, a sus 28 años, llego a Puerto Esperanza con sus nueve hijos; se destacó por su capacidad de liderazgo, convirtiéndose en integrante de la Junta de Acción Comunal; así mismo, hizo parte de la Unión de Mujeres Democráticas, movimiento que aglutinó a muchas mujeres llaneras destacadas por su conciencia democrática; militante del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, lideresa comunitaria. La transparencia y firmeza de Lucero por defender los ideales políticos fundados en la justicia social, hicieron de ella una gran promotora y defensora de los Derechos Humanos.

Su hijo, Yamid Daniel Henao, en el momento de su asesinato tenía 16 años y se encontraba estudiando en la Unidad Educativa el Encanto de Puerto Esperanza.

El 6 de Febrero de 2004 a las 10:30 de la noche, Lucero Henao fue abordada en su vivienda; “civiles” armados pertenecientes a la estrategia paramilitar llegaron a su puerta amenazándola y diciéndole que se llevarían la puerta si no abría, por lo que Lucero se vio obligada a abrir; una vez los hombres ingresaron al recinto, tomaron por la fuerza a Lucero y entre forcejeos la sacaron de la casa amarrándola con una cuerda de nylon.

Lucero es llevada por la fuerza a las fueras del caserío de Puerto Esperanza. Su madre y sus hijos deciden ir tras ella, pero en el camino los paramilitares señalando a la familia expresan: “ustedes son unos h.p´s guerrilleros”, los hombres obligan regresar a las niñas y la abuela, exigiendo que Yamid se quede con Lucero.

A cinco minutos de distancia se escucharon varios disparos, pero solo hasta el amanecer su familia pudo rescatar los cuerpos sin vida. El rostro de Yamid fue desfigurado por los múltiples impactos de bala que recibió y una oreja fue cercenada; el cuerpo de Lucero recibió múltiples disparos. 

De acuerdo a las denuncias de los pobladores a lo largo del día 7 de febrero, se presentaron enfrentamientos entre civiles armados de la estrategia paramilitar y la guerrilla de las FARC-EP en el caserío La Esmeralda, distante a tres horas de camino de Puerto Esperanza. 

El 5 de Septiembre de 2008 se obtuvo la indagatoria de Javier Domingo Romero, coautor material del asesinato de María Lucero y Yamid, en la diligencia se constata su vinculación al escuadrón Centauros en el año 2002, permaneciendo allí hasta el 2006, año de su desmovilización. Durante su accionar en el escuadrón se desempeño como patrullero y luego como escolta de alias “Julián”; en febrero de 2004 patrulló en la región del Ariari, bajo las ordenes de Himer Antonio Pulgarin, alias “Enrique”, durante su trabajo escuchó que María Lucero era colaboradora de la guerrilla al pasar por Puerto Esperanza cuando era escolta de alias “Julián”. 

Domingo Romero bajo las ordenes de “Julián” condujo a alias “Gavan” y “Montecristo” hasta donde Don Miguel Arroyabe, allí recibieron la orden de ejecutar a María Lucero y su hijo Yamid por ser colaboradores de la guerrilla. Posteriormente “Gavan” y “Montecristo” fueron dejados en el sector de la Y en el caserío de Puerto Esperanza, donde estaba ubicada la tropa que ejecutaría la orden al día siguiente. 

Domingo Romero en su indagatoria confirma que a alias “Montecristo” lo mataron y escuchó que a alias “Gavan” lo habían matado en Acacias después de la desmovilización pero esta información no le consta. 

Hasta la fecha se ha constatado que los jefes de “Julián” eran Daniel Rendón Herrera alias “Don Mario” y Miguel Arroyabe. 

Domingo Romero se acoge a sentencia anticipada, el 18 de junio de 2009 el juzgado cuarto penal del circuito especializado de Villavicencio profiere sentencia por coautoría en el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo con homicidio y heterogéneo con el punible de concierto para delinquir agravado. 

Han pasado nueve años donde la actuación jurídica de la parte civil, representada en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, con la Comisión de Justicia y Paz, ha insistido en la vinculación de unidades militares por acción y omisión en los crímenes de Lucero y su hijo Yamid. Vinculación que ha negado el aparato de justicia, 

Los hijos de LUCERO y la Comunidad Civil de Vida y Paz, desde el regreso a la región en Puerto Esperanza, El Castillo – Meta, continúan exigiendo verdad y justicia. 

Sus nombres, sus vidas, presentes hoy son símbolo de la resistencia al olvido, son expresión de resistencia a un aparato de justicia que impone la impunidad. 


Las nuevas generaciones del Alto Ariari son las y los jóvenes que se han comprometido a conservar la memoria a través de monumentos, espacios de memoria, expresiones artísticas y el trabajo en comunidad en busca de justicia, dignificando la memoria de sus víctimas, demostrando que no podrán callar ni olvidar lo que personas como María Lucero hicieron por su comunidad.

Lucero Henao y Yamid Henao en la memoria
Lucero Henao y Yamid Henao Sin Olvido


lunes, 4 de febrero de 2019

Julio Henríquez Santamaría

Febrero 4 de 2001 

JULIO HENRIQUEZ SANTAMARIA, Defensor de Derechos Humanos, del ambiente, biólogo protector de la naturaleza, Consejero de Paz en el departamento del Magdalena en 1992, profesor, economista solidario, militante del M19, amigo, hijo, padre, esposo. 

Julio, nació el 29 de marzo de 1952 en Cereté, Córdoba. Hijo de Julio, dedicado al comercio de calzado y Belarmina, modista y comerciante. 

Estudió Biología en la Universidad Libre de Bogotá, en donde fue presidente del Consejo Estudiantil. Hizo parte del comité editorial del periódico de la Unión Revolucionaria Socialista, URS, hasta que se radicó en Santa Marta junto a su hija Nadia y su esposa Zulma Chacín. Allí, se vinculó al M-19 a través del Frente Democrático, con una amplia actividad política local, junto a Ricardo Villa, su gran amigo y compañero. En 1990, Julio se articuló a la Alianza Democrática M-19 con quienes se lanzó como candidato suplente al Consejo Municipal junto con Clementina Cayón de Bateman. Coincidencialmente, para esta fecha se dio el proceso de paz con el M-19. 

Para 1984 decide acogerse a la amnistía propuesta por Belisario Betancur y radicarse en Guacamayal, corregimiento de Ciénaga en la Zona Bananera. 

Sin embargo, para finales de los 80, cuando la presencia paramilitar se hacía intensa en Guacamayal, la ocupación territorial basada en asesinatos selectivos e indiscriminados, amenazas, desplazamiento y abandono de tierras, hicieron que malvendiera sus tierras y regresara a Santa Marta, ubicándose con su familia en Calabazo, zona de amortiguación del Parque Tayrona. 

Trabajó el activismo en derechos humanos desde el Comité Permanente de Derechos Humanos en Santa Marta, y fue nombrado como Consejero de Paz del Departamento del Magdalena en 1992. En este proceso acompañó la desmovilización del EPL y el proceso de conformación de Esperanza Paz y Libertad en el Magdalena, así como acercamientos para la posibilidad de diálogos para la paz. Para ese año se dieron las primeras amenazas en su contra. 

Dejando el cargo en la Gobernación, se dedicó de lleno al trabajo en derechos humanos, siendo presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos en Santa Marta. Para 1993, amenazan fuertemente a todos los miembros del Comité y asesinan a uno de sus miembros. 

Para el año 2000, decidió volver a Calabazo para impulsar junto con los pobladores de la región, un proyecto de ecoturismo y de reforestación, así como la creación de reservas naturales en la zona de amortiguación del Parque Tayrona. 

Posterior a esto continua con su trabajo, en la defensa de los territorios y el respeto a los derechos humanos, hasta el domingo 4 de febrero de 2001, cuando se encontraba reunido con campesinos y parceleros de la región en la asamblea de constitución de la Asociación Ambientalista Comunitaria de Calabazo "Madre Tierra", allí varios hombres armados, paramilitares, bajo el mando de Hernán Giraldo Serna y Francisco ’Pacho’ Muzo, se lo llevaron a la fuerza frente a la mirada impotente de más de 20 personas. 

Luego de seis años de búsqueda, en la que sus amigos y familiares, así como organizaciones de derechos humanos aunaron esfuerzos para encontrarlo y exigir que se castigara este crimen de desaparición forzada, se logró llevar hasta la etapa de juicio y que los victimarios reconocieran el crimen, así mismo, se conocieron las coordenadas del lugar de la fosa individual con sus restos mortales. 

El 11 de octubre de 2007, luego de una diligencia de exhumación en la vereda La Estrella, a cinco minutos de Calabazo, dirigida por la Unidad de Justicia y Paz, se recuperaron sus restos que ya fueron identificados y reconocidos como Julio Henriquez Santamaria. 

La investigación de una Fiscalía de Derechos Humanos y DIH permitió establecer que la desaparición y posterior asesinato de Enriquez fue motivada por el interés del ex jefe paramilitar de la Sierra Nevada de Santa Marta, Hernán Giraldo, de apoderarse de sus terrenos para sembrar cocaina. 

En contra de dicho paramilitar y de Leonidas Acosta, se emitió resolución de acusación, condenándolos a 38 años y cinco meses de prisión quienes antes de ser extraditados a los Estados Unidos, el 13 de mayo de 2008, fueron escuchados en juicio el 20 de marzo del 2007. El proceso penal continúa contra Jairo Musso quien dio la orden final y dirigió el operativo de cuatro personas que sacaron a Julio Henríquez de una reunión. 

El 15 de diciembre de 2007, más de dos meses después de ser hallado, fueron entregados sus restos por parte de la Fiscalía General de la Nación en el Salón Bolívar de la Gobernación del Magdalena. Luego fue llevado hasta el Cementerio San Miguel donde fue enterrado junto a sus padres, abuela y familiares de su esposa.

En palabras de Zulma, su esposa, dignificamos su memoria: “La bandera de Julio es de muchos colores y su vida representa la de tantas y tantos luchadores sociales, ambientales, políticos, comunitarios, de derechos humanos, nuestra mejor gente, la que ya no tenemos junto a nosotros haciendo lindo este país

La bandera de Julio Henríquez Santamaría es de muchos colores y su vida representa la vida de tantas y tantos luchadores sociales, la que ya no tenemos junto a nosotros transformando este país. 

Julio Henriquez Santamaria en la Memoria 
Julio Henriquez Santamaria Sin Olvido

martes, 29 de enero de 2019

Eider Quiguanas Rumique

Enero 29 de 2002

El martes 29 de enero de 2002, en la finca “El Clavel”, ubicada en la vereda la Floresta, la familia de Eider Quiguanas se preparaba para compartir el almuerzo, éste fue interrumpido por alrededor de 50 militares, pertenecientes al FUDRA, Fuerza de Despliegue Rápido e integrantes de la brigada 3 y 7 del Ejército nacional.

Allí los militares ingresaron con insultos y solicitando los documentos de identidad a todos los miembros de la familia, posteriormente,  los obligaron a acostarse boca abajo; en esta posición sus cabezas recibieron varios golpes con armas. Mientras tanto otros militares encerraron al hijo menor de la familia de 10 años y a dos nietos, uno de 9 y otro de 3 años en un cuarto de la casa.

El padre de Eider fue retirado del lugar en el que se encontraban los demás familiares y mientras era golpeado le hacían preguntas relacionadas con la guerrilla, pidiéndole la ubicación de este grupo insurgente a lo que él respondió que no sabía; de inmediato fue lanzado al suelo boca abajo y utilizando métodos de intimidación de dispararos cerca de los oídos diciéndole que lo hacían porque no les proporcionaba la información que querían.

Entre tanto otros militares llevaron a Eider de 17 años de edad a un estanque de peces donde intentaron ahogarlo sumergiendo su cabeza en el, simultáneamente fue golpeado múltiples veces, al sacar a Eider del estanque su rostro fue golpeado contra piedras, mientras otros militares pateaban su cuerpo, Eider rogaba para que lo dejaran de torturar pero los militares lo llevaron de nuevo a la casa, amarraron su cuello a una hamaca de hilo y entre 12 soldados, comenzaron a tirar de cada extremo intentando ahorcarlo al tiempo que lo golpeaban en el cuerpo.

Cuando por fin los militares cesaron las torturas contra  Eider, este aprovechó para intentar salvar su vida corriendo alrededor de 80 metros, al darse cuenta, los militares le dispararon en las piernas, por lo que cayó herido, luego los miembros de la Fuerza Pública se acercaron al lugar en el que se encontraba tendido Eider y allí lo ejecutaron.

Los militares dijeron a la familia que lo asesinaban porque era un terrorista y fueron obligados a llevar el cuerpo de Eider en una mula hasta al filo de una montaña en donde un helicóptero del ejército se lo llevó, para luego ser presentado como guerrillero muerto en combate.

El padre de Eider se trasladó hasta el casco urbano del municipio de El Castillo denunciar lo ocurrido ante el Personero Municipal, Mario Castro Bueno. Mario dio curso a la queja ante las autoridades competentes y recaudó las pruebas necesarias para adelantar la investigación, pero el 1 de Noviembre Mario también fue víctima del terror siendo asesinado por paramilitares.

La familia de Eider, estando en condición de desplazamiento en Villavicencio se vio obligada a poner nuevamente una denuncia penal contra el Ejército Nacional ante la Fiscalía 31 especializada de Villavicencio en el año 2003.

En 2004 ésta denuncia fue trasladada a la Justicia Penal Militar, debido a que la Fiscalía 31 especializada de Villavicencio argumentó colisión de competencia.

En la Justicia Penal Militar los militares que estaban siendo investigados fueron absueltos de toda responsabilidad, dejando en la total impunidad la tortura, la ejecución extrajudicial y desaparición de Eider.

Siete años después, en 2011 la familia de Eider retornó a la finca de donde fueron desplazados, “El Clavel”, en donde hicieron una placa en memoria de Eider con la que dignifican su memoria.

Hoy corren años de impunidad sobre los múltiples crimenes de lesa humanidad cometidos este día, años en que sus familiares junto con la Comunidad Civil de Vida y Paz, siguen buscando con esperanza de encontrar justicia, verdad y reparación. Mientras los años pasan la familia Quiguanas no ha podido darle un último adiós a Eider en cristiana sepultura.

Eider Quiguanas Rumique en la Memoria.
Eider Quiguanas Rumique  Sin Olvido.

Masacre de Santa Cecilia


28 de enero del 2000

Santa Cecilia es un corregimiento del municipio de Astera en el centro de Cesar. Desde los años 80 se observó la presencia de grupos paramilitares y guerrilleros, los cuales, han irrumpido la tranquilidad de los pobladores. El primer grupo armado en el municipio fueron “LOS CHEPE”, tras su llegada los pobladores de Santa Cecilia y zonas aledañas han tenido que soportar con dominación, los actos vandálicos que se generaban en este territorio.

La presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en esta región se remonta alrededor del año 1996, la cual se expande en el año 1999, desde ese momento se genera una ola de terror para los pobladores de Astrea, cuando se inician actos delictivos, desapariciones forzadas y asesinatos selectivos.

El 28 de enero del año 2000, en las horas de la madrugada el Bloque Norte de las AUC comandado por el frente” Juan Andrés Álvarez” irrumpen la tranquilidad del corregimiento de Santa Cecilia, alrededor de 60 hombres que llegaron en camiones, plantaron un retén militar en la entrada del corregimiento; y con lista en mano fueron solicitando la cédula de los pobladores.

Los habitantes se encontraban descansando, otros salieron de sus viviendas para observar lo que acontecía; raptaron a 12 personas las cuales posteriormente y frente a los pobladores del corregimiento fueron atadas por alrededor de 12 horas, siendo 11 de ellos abatidos por armas de fuego.

La primera persona a la cual se le arrebato la vida en la masacre fue “José Alberto Peñaloza Lafaurie” quien, aunque no se encontraba dentro del corregimiento de Santa Cecilia fue asesinado en el camino por los paramilitares, José fue enterrado y descuartizado en la finca donde ejercía labores de ganadería. Luego, 11 personas fueron asesinadas dentro del corregimiento, sus nombres eran: Eulices Coronado Vidales, pescador y agricultor de la zona, fue Inspector de policía en varias ocasiones y presidente de junta de acción comunal, en el momento de la masacre tenía 59 años.

Eulices coronado García, hijo de Eulices tenía 27 años y llego en octubre del año 1999 al corregimiento para brindarle ayuda a sus padres en labores del campo; Luz Aida Marín  tenía 32 años, madre de tres hijos, y presidenta de los hogares de bienestar familiar, fue sometida al ataque de perros en sus senos, rostro y manos; Humberto Marín  asesinado por intentar evitar la muerte de Aida, era un  líder reconocido por ayudar a la juventud, reelegido 3 veces como inspector de policía,  primer inspector del corregimiento y miembro de la junta de acción comunal.

Dalwin salcedo Rangel, profesor de la escuela en Santa Cecilia, tenía 28 años de edad lideraba procesos juveniles;  Néstor Ortega Marín en el momento de la masacre era el inspector de policía del corregimiento y tenía  37 años; Ernesto Ortega Iturriago padre del inspector de policía, tenía 66 años; Libardo Ortega Duran  tenía 29 años y era agricultor y jornalero del corregimiento; Eusebio  Acuña Arrieta tenía 29 años y era un pescador en el  Rio Cesar, José  Barrera Andrade  no pertenecía al corregimiento y fue asesinado por no querer dar la leche que recolecto de sus vacas esa mañana y fue el último muerto de la masacre a la entrada del corregimiento.

Antes de que se retiraran, los perpetradores abusaron sexualmente de Katherine Marín, introduciendo armas de fuego en su cuerpo; también quemaron sus casas, hurtaron ganado, mercancía de almacenes, electrodomésticos y elementos personales, los hechos fueron sucesores del desplazamiento forzado de 350 familias, los cuales, se refugiaron en Valledupar, El Paso y Chiriguana, luego, se dio un retorno progresivo puesto que aquí las personas aún conservaban su cultura, las fuentes de su economía y el recuerdo de quienes se fueron.

El grupo paramilitar fue comandado por John Jairo Esquivel, alias “El Tigre”, quien años después fue condenado a 38 años de prisión, siendo sentenciado por delitos de homicidio agravado y hurto calificado, posteriormente, en 2013 fue capturado el desmovilizado paramilitar Víctor Manuel Hernández Ramos, alias Sabañón por la presunta participación en la masacre.

Desde 2013 se inició un proceso de reparación por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV) y los hechos se documentaron por el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH. Santa Cecilia, se ha enmendado y renacido de las cenizas de la destrucción paramilitar, que atormento y fracturo sus vidas, el corregimiento realiza acciones de reparación simbólica para memorar y reconstruir los hechos ocurridos ese fatídico 28 de enero, dando vida a una posterior historia del corregimiento con nuevas generaciones.

Víctimas de la Masacre de Santa Cecilia en la Memoria
Víctimas de la Masacre de Santa Cecilia Sin Olvido

Foto: Nicolás Martínez