miércoles, 24 de abril de 2019

Julio Daniel Chaparro Hurtado y Jorge Enrique Torres Navas


24 de abril de 1991


El 24 de Abril de 1991, el Periodista Julio Daniel Chaparro Hurtado y el fotógrafo Jorge Enrique Torres Navas fueron asesinados en Segovia, Antioquia, mientras ejecutaban una labor periodística sobre la historia de la violencia de esta zona para el diario El Espectador


Segovia, municipio del nordeste antioqueño, no solo fue epicentro de una amplia agitación social por parte de diversos movimientos de izquierda (campesinos, obrero-patronales e incluso estudiantiles) que en la década de los 80 se manifestaban con rigor y alcanzaban significativa representación política en el pueblo minero. El 11 de noviembre de 1988, Segovia fue epicentro de una atroz masacre perpetrada por grupos paramilitares de la familia Castaño.

Su viaje tenía el objetivo de informar cómo paso la violencia en estas comunidades, luego de su paso por varios pueblos y corregimientos del país, en donde se toparon con diferentes grupos armados como narcotraficantes, paramilitares, militares y guerrilleros se dieron cuenta que esta era guerra sin salida, pero que aun así las diferentes comunidades continuaban su vida resistiendo. 

Jorge Enrique recibió varios reconocimientos y premios, entre ellos el premio Planeta, por lo que fue un reconocido fotógrafo.

Julio Daniel nació en Sogamoso, en su juventud hizo parte de la Juventud Comunista, JUCO, estudió Lingüística y Literatura en la Universidad de la Sabana, fue reconocido por sus poesías y sus crónicas periodísticas, por lo que trabajo en el Espectador desde 1990. Fue cercano a la Unión Patriótica  fundó la Revista Oriente en la ciudad de Villavicencio, publicó los libros “Y éramos como soles” en 1986, “País de mis ojos” en 1988 y “Árbol ávido” en 1991.

El 24 de abril de 1991 fueron asesinados Julio Daniel Chaparro Hurtado y Jorge Enrique Torres Navas, sus cuerpos fueron dejados a la deriva, hasta las 10:30 de la noche llegó un policía que hizo el levantamiento de los cadáveres. Una jueza de instrucción criminal asumió el caso 24 horas más tarde.


Sin una investigación formal el rumor de que los autores habían sido miembros de las FARC-EP, quienes supuestamente los habían confundido con agentes de inteligencia militar.



A esta supuesta pista contribuyeron rápidamente dos hechos. Las declaraciones del comandante de la Policía de Segovia, quien entonces manifestó que en el último año no se había sentido acción de grupo paramilitar alguno y éstos delinquían muy lejos; y el falso informe que habrían suministrado milicianos del ELN a las FARC, en el sentido de que habían visto a los periodistas en la XIV Brigada del Ejército en Puerto Berrío. El IV frente de las FARC xpidió un comunicado para negar su autoría en los crímenes, que poco o nada fue tenido en cuenta.

A raíz del doble asesinato, el entonces presidente César Gaviria hizo pública una declaración comprometiéndose a una “investigación completa y pronta para detener, juzgar y condenar a los culpables de esta agresión contra la libertad de prensa”. En 2018 el caso fue declarado como crimen de guerra, por tanto, debe continuarse con el esclarecimiento de los hechos y responsabilidades, se espera que no haya más impunidad. 

El asesinato de Julio Daniel Chaparro Hurtado y Jorge Enrique Torres Navas, a partir de determinarse como crimen de guerra en 2018 por la Fiscalía General de la Nación, indicó que este fue perpetrado por el comando central (Coce) de la guerrilla del ELN, por ello hasta febrero de 2019, el Fiscal 6 Especializado contra Violaciones a Derechos Humanos, decidió hacer apertura de indagatoria a Israel Ramírez alias "Pablo Beltrán", Nicolás Rodríguez alias "Gabino" y Eliécer Chamorro alias "Antonio García", miembros del ELN, emitiendo orden de captura para que comparezcan al proceso. 


Julio Daniel Chaparro Hurtado y Jorge Enrique Torres Navas en la Memoria.

Julio Daniel Chaparro Hurtado y Jorge Enrique Torres Navas Sin Olvido.

martes, 23 de abril de 2019

Guillermo Rivera Fúquene

Abril 22 de 2008 


El 22 de Abril de 2008 el líder sindical y político Guillermo Rivera Fúquene fue desaparecido en la Carrera 25 sur No. 51 – 80, en el sector del Tunal en la ciudad de Bogotá mientras trotaba luego de dejar a su hija menor en la ruta del colegio.

Guillermo Rivera era esposo de Sonia Betancur, y padre de dos niñas; fue economista de la Universidad Autónoma, y además cursó una maestría en la Universidad Javeriana, hizo parte del sindicato de la Contralaría de Bogotá, mientras era militante del Partido Comunista Colombiano y del Polo Democrático Alternativo.

El 22 de Abril, no solo se perdió a un líder y asesor político, se perdió un excelente esposo, padre y amigo, que en horas de la mañana llevó a su hija menor a esperar la ruta del colegio, y luego de esto trotó en el barrio en el que vivía en donde creía estaba a salvo, no sabía que agentes policiales lo obligarían a subirse en una patrulla, que lo llevó camino a su ejecución.

Testigos que se encontraban a las afueras del Conjunto Multifamiliar Norte de Santander, ubicado en Bogotá y una cámara de seguridad, proporcionaron las pruebas suficientes para que ese mismo día la Comisión Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD) iniciara la búsqueda urgente de Guillermo Rivera Fúquene ante el Físcal 98 de Unidad Nacional de Derechos Humanos, aun así la búsqueda fue inútil.

El 24 de Abril fueron encontrados los restos de Guillermo Rivera en un botadero de basura en la vía al Río Combeiba en al caserío de Totumo,  que evidenciaron los maltratos y las diferentes torturas que recibió su humanidad como golpes en el rostro y contusiones en diferentes partes del cuerpo, y signos de muerte por estrangulamiento.

Dos días después, el 26 de Abril fue entregado como NN al cementerio San Bonifacio de Ibagué.

84 días después de su desaparición, el 15 de Julio la Fiscalía dactilar, y así pudieron comprobar que se trataba del cadáver de Guillermo Rivera, finalmente sus restos fueron sepultados en Bogotá el 17 de Julio de 2008. En 2015 el crimen fue condenado por las fuerzas políticas y sociales en Bogotá, sin embargo, el crimen continúa en la impunidad.

Cada año su familia, amigos, vecinos y defensores de Derechos Humanos recuerdan a Guillermo Rivera Fúquene, pegando su fotografía en el lugar que fue visto con vida por última vez.


Guillermo Rivera Fúquene en la Memoria.
Guillermo Rivera Fúquene Sin Olvido.

sábado, 20 de abril de 2019

Eduardo Ávila Fonseca

Abril 20 de 1993

Eduardo Ávila Fonseca había sido el guardaespaldas de Carlos Pizarro León Gómez candidato a la presidencia por el partido Alianza Democrática M-19. Fue detenido y desaparecido el 20 de Abril de 1993, visto por última vez a las seis de la tarde por su hermana. Ese día fue abordado por cuatro hombres en la carrera 13 con 63 en la ciudad de Bogotá, ellos, vestidos de civiles y con armas, obligaron a Eduardo a subir a un taxi, lo subieron a la fuerza al vehículo mientras lo golpeaban y posteriormente lo desaparecieron.


Su familia fue informada de su detención dos horas después y decidieron empezar una búsqueda larga, angustiosa y sin respuestas, dónde nadie les dio razón de Eduardo.

Luego de lo sucedido, emergieron múltiples versiones, pero debido al incansable deseo de la familia por encontrar la verdad, se pudo conocer que Eduardo fue detenido y desaparecido por agentes de la SIJIN.

Su cuerpo sin vida fue encontrado tiempo después, sin hallar respuesta alguna del porqué de su detención, desaparición y ejecución extrajudicial.  Años después la búsqueda incansable por esa verdad y de persistencia para que existan procesos de investigación que lleve al esclarecimiento de los hechos y a la Justicia, no se ha logrado esclarecer la verdad.

Colombia, un país que insiste una vez más en transformar este contexto que nos aflige a todos y a todas, que se ha llevado campesinos, campesinas, indígenas, mujeres y hombres. Paz con justicia social, es el reclamo de una Colombia que está cansada de sufrir, de cientos que lloran a sus hermanos y a sus líderes.

Hoy entonces, recordando a Eduardo Ávila, debe ser significado no de un sueño, sino un impulso real a trabajar, a cuestionar, a denunciar.

Las palabras de Gladys Ávila Fonseca hermana de Eduardo, hoy tiene más significado que nunca, que nos llama como pueblo, que reclama del Estado respeto,

Hasta que nuestra patria Colombia, escuche la voz del dolor, hasta que no desaparezcan más, hasta cuando se permita pensar, hasta cuando no se violen los derechos humanos, hasta cuando exista justicia y verdad. Eduardo Ávila, seguirá presente en la memoria. Eduardo una víctima más del crimen de estado en Colombia.

Eduardo Ávila, Fonseca en la Memoria
Eduardo Ávila Fonseca Sin Olvido.

viernes, 19 de abril de 2019

Masacre de jóvenes Punta del Este

19 de abril 2005

El 19 de abril, en la ciudad de Buenaventura, departamento del valle, asesinaron a once jóvenes, los cuales sus cuerpos fueron encontrados dos días después junto a un joven más, aparentemente asesinado el día anterior.

El atroz asesinato de estos doce jóvenes corresponde al accionar de estructuras de estrategias militares encubierta de tipo paramilitar en Buenaventura, en un contexto de aplicación de la política de “Seguridad Democrática”, de la red de informantes y cooperantes implementada por el gobierno colombiano.

Han pasado los años sin esclarecer ninguna verdad, un hecho violento, una injusticia, que desde aquel martes 19 de abril, cuando dos hombres llegaron hacia el mediodía al barrio Punta del Este de la ciudad de Buenaventura, y a base de  engaños sacaron del barrio a 11 jóvenes, entre 18 y 21 años de edad , con la excusa de jugar un partido de futbol en la localidad de Dagua en el  departamento del valle, con la promesa de pagarles doscientos mil pesos, sin pensar que la muerte estaba recorriendo sus respiros.

Ese día los jóvenes fueron engañados uno por uno en el barrio Punta del Este, por personas que se movilizaban en una motocicleta y reunidos frente a una casa ubicada en el barrio Santa Cruz, en Buenaventura. En ese lugar los estaban esperando varios hombres, quienes los invitaron abordar un colectivo de servicio público que los llevaría al sitio donde se realizaría el partido de fútbol bajo prometiendo que el ganador se llevaría un monto de doscientos mil pesos.

Los jóvenes que murieron en ese fastidio día fueron: RODOLFO VALENCIA BENITEZ, VICTOR ALFONSO ANGULO MOSQUERA, LUIS MARIO GARCIA VALENCIA, HUGO ARMANDO MONDRAGON VALENCIA, PEDRO LUIS ARAMBURO CANGA, RUBEN DARIO VALENCIA ARAMBURO, CARLOS JAVIER SEGURA BELALCAZAR, MANUEL CONCEPCIÓN RENTERIA VALENCIA, MANUEL JAIR ANGULO MONDRAGÓN, CARLOS ARBEY VALENCIA GARCIA y LEONEL GARCIA. 

Cuando se encontraban a las afueras de la ciudad el vehículo fue desviado de la ruta y abordado por cuatro hombres armados que se identificaron como paramilitares. Las unidades de estrategia militar encubierta de tipo paramilitar, desviaron el vehículo hasta el estero de San Antonio-bodegas de Cilano, sitio que se conoce en Buenaventura como el cementerio clandestino creado por las estructuras paramilitares.

Al llegar al sitio, los obligaron bajar del vehículo a los jóvenes. Con los cordones de sus propios zapatos, les ataron las manos a la espalda y de forma abrupta los obligaron a tirarse al piso y posteriormente se dispusieron a asesinarlos con disparos a quemarropa en la cabeza.

Los cuerpos sin vida de los once jóvenes fueron arrojados al mar, sin piedad alguna, sin sepultura digna, sin decir las últimas palabras, sin despedirse del mundo externo, sin cumplir los sueños, sin construir una vida digna y sin el derecho a seguir viviendo.

Dos días después, los cuerpos sin vida de los once jóvenes fueron encontrados junto a otro cadáver, otro joven asesinado por las mismas estructuras, parece ser que su asesinato fue el 18 de abril ya que la fecha no pudo ser identificada.

La impunidad del crimen la afianzo el Juzgado Segundo Penal del Circuito especializado de Buga (Valle), al no reconocer que la autoría de la masacre fue responsabilidad de las estructuras paramilitares que actuaron y en la actualidad siguen actuando en ese puerto del pacífico.

La investigación que fue iniciada con el radicado No.2164 por parte de la fiscalía 38 de la unidad nacional de derechos humanos de la fiscalía con sede en Cali. El investigador dijo tener los méritos suficientes para decidir la ruptura de la unidad procesal y pasar a juicio, en la premura de mostrar resultados, a nueve paramilitares varios de los cuales habían participado en procesos públicos de desmovilización con el gobierno.

En el radicado No. 2006-00117, el Juzgado Segundo Penal de Circuito Especializado de Buga, adelantó la etapa de juicio y declaró sentencia condenatoria contra cuatro de los paramilitares, sin embargo dejó muy claro que para él no hay méritos en la investigación adelantada por la fiscalía que comprueben la pertenencia de los condenados a estructuras paramilitares, por lo que su actuación obedeció a juicios de delincuencia común.

La corrupción, mentira, injusticia, impunidad, navegan dentro de este hecho, acontecimiento macabro de seres insensatos, acto bullidor que dejó marca en todo un pueblo, un país y en los corazones de sus familiares que día a día derraman lagrimas de recuerdos y sufrimiento deseando que sus muertes no fuesen reales.

Los condenados a cuarenta años de prisión fueron: JOSE RAMON RENTERIA VALENCIA, GUIDO FRANCOIS MATAMBA MANYOMA, CARLOS JAVIER CAICEDO GRANADOS Y DAGOBERTO CAICEDO BENITEZ, por delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones.

Del mismo modo, el juez remitió a los restantes cinco paramilitares, uno de los cuales se reconoció como desmovilizado del “Bloque Calima” y conocido como ¨ el chespi¨, su verdadero nombre es JEFFERSON BONILLA GÓMEZ. También fueron absueltos los paramilitares EVERT GONZALEZ VALENCIA, MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ, GOBERT CARABALI GOMEZ Y HAROLD WILSON CASTILLO FIGUEROA. Esta decisión fue tomada por el juez cuando afirmó que no se encontraron méritos que demostraran su pertenencia a un grupo paramilitar ni participación en la masacre.

La Sentencia fue solicitada por la defensa de los victimarios y fue remitida al Tribunal Superior del Distrito de Buga- Valle, quien confirmó la sentencia de octubre de 2008. Tres de los cuatro condenados interpusieron recurso extraordinario de casación contra la decisión del Tribunal, el cual fue concedido el 02 de marzo del 2009.

Los familiares estaban en espera de la decisión del Tribunal Superior de Cali para que se ratificara la decisión de condena. Y pasaran los años y los familiares seguirán sin respuestas sobre el por qué fueron masacrados sus hijos, quienes dieron la orden, quiénes se han beneficiado con este crimen.

La justicia solo se ha dirigido algunos autores del crimen, los desconocen como parte de las estructuras paramilitares e hicieron ver este crimen como un ajuste de cuentas. No se ha indagado por la responsabilidad en acción y omisión de la policía del municipio de Buenaventura, además las estructuras que mantienen militarizada la vida de los pobladores del barrio Punta del Este y demás barrios de bajamar en este puerto del pacífico.

La Fiscalía dentro de la investigación, tan solo ubicó la “responsabilidad”, con frágil material evidenciable, en nueve paramilitares pertenecientes al denominado “Bloque Calima”, pero nunca los vinculó a quienes se han reconocido públicamente como sus comandantes, como el caso de Diego Murillo conocido como “DON BERNA” y de Éver Veloza o Hernán Hernández conocido como “H.H.”.

Hasta hoy no se ha judicializado a los autores intelectuales ni materiales el caso sigue en absoluta impunidad. Lo mismo ha sucedido con miles de muertes de jóvenes afrocolombianos y afrocolombianas que se encuentran actualmente en la impunidad. Las cifras de Medicina Legal, muestran que para el año 2006 hubo 592 asesinatos en Buenaventura, en el 2007 se presentaron 527 casos, en el 2008 el conflicto armado cobró 360 vidas y en el año 2009 los muertos por homicidios ascendieron a 321 casos, cifra dentro de la cual falta incluir 11 feminicidios. "Registros oficiales indican que entre los años 2003 y 2010 fueron asesinados 1.922 personas, de las cuales 1.338 eran jóvenes entre los 15 y los 35 años, lo que representa un 67% del total de las víctimas del periodo indicado", así lo afirman las organizaciones de comunidades, mujeres y grupos étnicos.

La impunidad de la masacre de los jóvenes de Punta del Este quedo en el olvido de la injusticia, garantiza la repetición una y otra vez de los crímenes, así se pretendan ocultar o disfrazar en la idea que obedece a pelea de “pandillas”, “delincuencia común” o“bandas emergentes”. Queda en las familias y en los pobladores afrodescendientes del barrio Punta del Este en Buenaventura, la afirmación de la memoria como resistencia a la impunidad que se impone desde el aparato de la No-Justicia, como respuesta a la militarización de la vida de los afrodescendientes, como denuncia ante los anuncios de repetición a través de la mal llamada “limpieza social”. Nuevamente en las calles de Buenaventura, caminó la memoria de los jóvenes de Punta del Este, a través de sus madres, padres, hermanos, amigos y conocidos. Por ello nuevamente andará la memoria por los barrios de Buenaventura y en el Bajo Calima cuando se encuentren jóvenes sobrevivientes en una afirmación de la verdad, de la justicia y la exigencia de no repetición.

Jóvenes Punta del Este en la Memoria
Jóvenes Punta del Este Sin olvido


jueves, 18 de abril de 2019

Eduardo Umaña Mendoz


18 de abril de 1998

Los noventas huelen a humo de silenciador. Silenciador de bala, de calle, de pasamontañas, de orejas, sentidos, ojos, de niños y ancianos. Los dos mil, saben a lágrima salada, cansado desplazado, dormida conciencia.

Eduardo Umaña Mendoza, amigo del alma, amigo de sueños, amigo de travesuras. Eduardo hijo del maestro Eduardo Umaña Luna, abogado penalista y de una bella mujer, Chely, su incansable cómplice.

Su incansable búsqueda de la verdad lo llevó a defender importantes casos en pro de los derechos humanos. Había seguido el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, defendió a sindicalistas y a numerosas víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Después de las múltiples amenazas que recibió en su vida, José Eduardo Umaña, fue asesinado, sus victimarios desarrollaron una acción encubierta dirigida desde una Brigada militar, luego de que dos hombres y una mujer al haberse hecho pasar por periodistas entraron a su oficina y trataron de secuestrarlo. Eduardo se negó a ser llevado a la fuerza. Siempre lo había dicho si vienen por mí y me pretenden desaparecer yo no me dejo llevar. Por eso, le dispararon.

Un sábado 18 de abril, antes del medio día, en su apartamento, lugar habitado por la búsqueda insaciable de la justicia, espacio pequeño que albergó grandes ideales, en que se dispersaron humaredas de cigarrillo para apaciguar la ansiedad, en que se esparció el aroma del café por todo rincón, en ese nicho de acogida, en donde el llanto de los excluidos encontraba reposo, los perseguidos judicialmente encontraban esperanzas, y las víctimas de Crímenes de Estado una mano amiga, en ese recinto fue asesinado José Eduardo Umaña.

Su opción por la vida, justicia real como democracia plena, derechos de los pueblos como concreción de los derechos humanos, lo llevó a asumir la posibilidad de saberse cierto de la tortura, la desaparición forzosa o de su asesinato del Estado, por eso prefirió morir enfrentando a sus victimarios, se enfrentó a aquellos que fueron a cumplir la misión que otros, diseñaron y definieron, esos otros que hoy siguen disfrutando de  pensiones militares, usufructuando el poder político y económico en Colombia.

La primera orientación de la investigación permitió evidenciar el papel desempeñado por los miembros de las fuerzas armadas y del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía la que se fue diluyendo en medio de un montaje procesal con un falso "testimonio espontáneo" de un detenido de la prisión de Guaduas que dijo conocer los asesinos de José Eduardo Umaña Mendoza.



Años después, Salvatore Mancuso confesó ante la Fiscalía que el asesinato de Umaña Mendoza se dió bajo la orden de las AUC, después de que se reunieran sus jefes, entre los que se encontraba Carlos Castaño, en una finca de nombre “La Marranera”. Su versión inicial y la forma como fue divulgada la noticia por las fuente oficiales ocultaron los nombres de los responsables en altos mando militares de su asesinato. En  2011, el caso fue llevado por la esposa Patricia y su hijo Camilo iniciaron una demanda al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dos días después de su asesinato, el 20 de abril cuando fue inhumado se experimentó como ese día gris, un gran llanto y un gran dolor, entre ellas se reflejó su gran compromiso con la gente, con la victimas, su ingenio para reivindicar los derechos humanos, su audacia para afirmar los derechos de los pueblos, su valentía para enunciar fuertemente lo que muchos temían decir, para construir una y otra vez un país donde fuera posible vivir.

Camilo Umaña Hernández, expresión del hijo, pero también de esa sensibilidad de la madre, la compañera, Patricia, la lealtad suprema, la incondicional: “Estos  años de injusticia e indignación no podrían ser subtitulados de muerte porque la vida de mi padre ha brotado en muchas partes, formas y personas. Estos son años de una profunda trascendencia que se siente en el colegio Eduardo Umaña Mendoza, en grupos de debate, universidades, activistas, defensores de derechos humanos y sindicatos. En estos años bien vale hacer una acción de gracias. Con los pies firmes, agradecer a Eduardo Umaña Mendoza por no doblegarse, por insistir, por su ternura y solidaridad con los desaparecidos, con los muertos y torturados, con los puestos injustamente en prisión y con los que buscan otro futuro para su país. muchos años de “más vale morir por algo que vivir por nada”.


Esa es nuestra certeza, esa es nuestra experiencia, ese es nuestro sentir, en la memoria continuamos elaborando el duelo de aquel que nos inspiró, quien nos inspira a construir y a enfrentar, como el Quijote. A luchar y a imaginar un país alegre, bello, justo y en paz.

Recae en cada ser humano, entonces, la responsabilidad, no sólo de conmemorar su muerte sino de procurar siempre la verdad, la defensa de los Derechos Humanos, la justicia y la paz. Procurar que la memoria sea un paso más en la construcción de una nueva sociedad, que sus palabras sigan inspirando a muchos y muchas

José Eduardo Umaña Mendoza, en la Memoria.
José Eduardo Umaña Mendoza, Sin Olvido.


miércoles, 17 de abril de 2019

Padre Tiberio de Jesús Fernández

17 de abril de 1990 

Trujillo es un municipio al norte del departamento del Valle del Cauca que vive del café, bañado por aguas que desembocan en el río Cauca, ese mismo en el fueron arrojados los restos del Padre Tiberio tras un episodio de terror.
En Abril de 1990, Trujillo sufre la violencia sistemática por parte de La Fuerza Pública en alianza con el narcotráfico y los paramilitares. Cientos de campesinas y campesinos, fueron desaparecidos, torturados y asesinados en este lamentable capítulo de la historia colombiana.
Cada noche, hombres encapuchados se llevaron a quienes acusaban de colaborar con la guerrilla, los sacaron de sus casas y desaparecieron para regresar la noche siguiente. El 17 de Abril, se llevaron al Padre Tiberio y a su sobrina, diciéndole al pueblo que no regresaría con vida. Al llevárselos obligaron al Padre Tiberio a presenciar la violación y muerte de su sobrina, después fue torturado y desmembrado.
Su cuerpo cercenado apareció días después, el 24 de Abril. Un golpe para todo el pueblo, una herida profunda a la comunidad que llevaba semanas completas sumida en la incertidumbre y el dolor. El asesinato de Tiberio se debió a su negativa de abandonar a la gente en un momento tan difícil, se negó al silencio, asesinado porque en medio de tanto llanto, su voz se hizo colectiva, se hizo esperanza.
El homicidio del Padre Tiberio de Jesús Fernández, trae consigo la masacre del pueblo de Trujillo, el dolor de muchos; su homicidio representa no la muerte de un hombre, sino la muerte de cientos de hombres y mujeres, representa la injusticia y la violencia que ha sufrido y continúa sufriendo Colombia.
A pesar de que el 31 de enero de 1996, el Estado reconoce su responsabilidad en la Masacre, Trujillo es condenada al olvido y a la impunidad. El caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sin embargo el Coronel Alirio Antonio Urueña Jaramillo es absuelto, andando libre por casi 18 años, sólo 11 años después, alias “El alacrán” es judicializado, pero únicamente por narcotráfico. Diego Montoya, un capo de la región siquiera había sido vinculado a tal episodio. El municipio sufrió además el abandono del estado y del pueblo colombiano, sufrimiento que sólo puede reproducir la violencia.
El Padre Tiberio sigue vivo en la enseñanza que le dejó al pueblo de Trujillo, murió comprometido con la gente y no en vano, porque la lucha continúa, persiste en quienes decidieron no callar.

Padre Tiberio, en la memoria
Padre Tiberio Sin Olvido.

domingo, 14 de abril de 2019

Juana Bautista Ángulo Hinestroza


14 de Abril de 2001 

Aquel 14 de abril del 2001 sigue vivo entre generaciones, en la lucha contra la impunidad, el asesinato, al abuso múltiple de Juana Bautista Angulo Hinestroza sigue conmocionando. 

Por su condición de retardo mental, el miedo a la oscuridad, y a la corriente del Río Naya,  no se embarcó con la totalidad de la comunidad en el momento del desplazamiento. A pesar de los intentos para que ella se subiera a la nave de madera ella prefirió esperar oculta en su casa al regreso de su familia y su comunidad, nadie se podía imaginar que los victimarios pudieran abusar tan absurdamente de su poder. 

Días después, al regresar al caserío de Cascajito, la comunidad de afronnayeros encontraron que los paramilitares del Bloque Calima con su invasión apoyada por la Brigada III y financiando por empresarios y auspiciada por políticos, encontraron a Juana con sus prendas de vestir rasgadas, boca abajo sin vida. Una pequeña corriente de agua cruzaba su cuerpo sin vida, quizás arrastrando el llanto del territorio, de los afrocolombianos, el de Juana y el de  mil familias desplazadas.

A pesar de las exigencias en el marco de la justicia ordinaria, y de la Ley 975, a pesar de que exista una Ley de Víctimas, de Restitución de Tierras y el Gobierno Nacional hable de voluntad para  lograr paz, la construcción de la memoria colectiva ha dado sentido al arraigo, a la posibilidad de la paz con justicia socioambiental.

Ha sido en memoria de Juana y del desplazamiento forzado que las comunidades se han negado a las operaciones empresariales mineras, las han expulsado de su territorio, ha sido su conciencia la que ha ido planteando alternativas a las siembras de coca siendo desoídos por los gobiernos.

En la Ley 975 las versiones de los paramilitares dan indicios de otros responsables que se ocultan tras el paramilitarismo, pero la llamada justicia en Colombia, nada ha investigado. Los famosos máximos responsables no existen, no aparecen, pero las víctimas saben que viven con mucha riqueza, con mucho poder político, económico y militar.


En la memoria de Juana y de su desplazamiento, se arraigan, se ríen, festejan y viven en su Naya, en sus aguas, en casas labradas con amor. 
Juana Bautista Angulo Hinestroza en la Memoria 
Juana Bautista Angulo Hinestroza Sin Olvido