jueves, 17 de octubre de 2019

José Jair Cortés Godoy


Octubre 17 de 2017
José Jair Cortés Godoy nació en zona rural de Tumaco, Nariño, cerca al río Chagüí, pero hacía nueve años que vivía en Alto Mira y Frontera porque de allí era su esposa. Al poco tiempo de haberse radicado en ese lugar, se destaco como líder afro representativo del pacífico nariñense, y por ser miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario. Bajo su responsabilidad se asignó el cargo de vocal y la veeduría de la vereda Tiestería, ubicada en la zona cuatro de ese territorio colectivo.

Durante 2017, en el contexto de la desmovilización de las FARC-EP, el pacífico colombiano se tornó en una zona propensa y receptora de la violencia, siendo Tumaco un territorio de control estratégico para diversos grupos armados, visto como una ruta clave del narcotráfico. Ante ese panorama, José Jair trabajó por generar proyectos productivos para la comunidad en busca de alternativas que favorecieran a la sustitución de cultivos de uso ilícito, en lugares donde los habitantes rechazaron de manera tajante la erradicación forzada, propuesta durante décadas por los gobiernos de turno. De esa forma, el líder buscó alternativas para su comunidad, una de ellas fue la construcción de una carretera binacional para conectar Ecuador con Nariño, también gestionó recursos para construir tanques de almacenamiento de agua y vigilo de cerca el proceso de sustitución de cultivos, pues comprendía el riesgo que representaba esta actividad: “Si van a venir a hacer la erradicación forzosa va a haber confrontaciones, se va a volver esto un diluvio porque la gente no está en las condiciones de dejarse quitar lo que los está sosteniendo”. En el mes de octubre y luego de la masacre de el Tandil, en la que fueron asesinados 8 campesinos, Jose Jair y otros 15 líderes recibieron diferentes amenazas contra su vida. Buscando resguardo, se desplazó junto con algunos de sus compañeros al caso urbano de Tumaco, para solicitar medidas de protección y ayuda para agilizar los acuerdos de sustitución de cultivos en Alto Mira y Frontera. Sin embargo, el día 17, tuvo que retornar para ver a su esposa que se encontraba enferma, allí Jose Jair Cortés fue asesinado, un crimen que según el reporte oficial se adjudicó a disidencias de las FARC al mando de alias “Guacho”, el líder solo contaba con un chaleco antibalas y un celular asignado por la Unidad Nacional de Protección (UPN), elementos que fueron totalmente inútiles para preservar su vida. En septiembre de 2018, una fiscalía especializada de Pasto (Nariño) realizó imputación de cargos por homicidio y concierto para delinquir contra Aris Yiber Caicedo Gutiérrez o alias “Cholo” uno de los sicarios de la banda “Cachi” que hace parte de las disidencias del frente Oliver Sinisterra o Los de Guacho. Sin embargo, no se han establecido los autores intelectuales del homicidio. Hasta después de la muerte de José Jair y la masacre de los campesinos en El Tandil, se agilizó el proceso de sustitución de cultivos, hoy solo se espera justicia, que el valor sobre el trabajo de los líderes sociales sea respetado y protegido; sobre todo, la comunidad y en la memoria de este líder, se espera que se cumpla su deseo y el de muchos líderes: “El mayor deseo de uno como líder es que las cosas cambien para bien”

José Jair Cortés en la Memoria
José Jair Cortés Sin Olvido

miércoles, 16 de octubre de 2019

Operación Orión

 16 de octubre de 2002


“Las lágrimas se nos están acabando de tanto dolor”.
Víctima sobreviviente de la Operación “Orión”

En aplicación de la llamada "seguridad democrática" en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, altos mandos de las fuerzas militares y policiales, como los generales Mario Montoya y Leonardo Gallego, ordenaron a paramilitares al mando de Diego Fernando Murillo alias "Don Berna" participar en una operación de arrasamiento en la Comuna 13 de Medellín, denominada "Orión".

La Comuna 13 está Ubicada al oeste de la ciudad de Medellín, a diez minutos de la Alpujarra, donde está la Gobernación y la Alcaldía. Ha sido durante muchos años golpeada por la pobreza y la exclusión, es un sector deprimido, sujeto a las laderas de una montaña y lleno de caminos, empinadas escaleras, callejones, callejuelas y rincones. Con 200.000 habitantes la mayoría de ellos y ellas víctimas de la exclusión social, expulsados del sistema capitalista. Pese a ello, a las huellas de la violencia y el arrasamiento de la vida los familiares han conseguido resistir en sus territorios y organizarse para reivindicar el respeto a la vida en medio de la guerra y la justicia, verdad y reparación en medio de las numerosas víctimas resultantes luego del operativo.


El día 16 de Octubre del 2002, entró en acción la estrategia armada, bajo el argumento de sacar las guerrillas FARC, ELN y las CAP para recuperar y tener  control territorial sobre la Comuna. Previamente, en mayo de ese mismo año ya se había realizado la Operación militar "Mariscal", en la que se presentaron varias violaciones de derechos humanos. 

En "Orión" fueron empleados cinco batallones de la IV Brigada, el batallón contra-guerrillero del ejército, la policía y el DAS, todos ellos en colaboración con los paramilitares de la región, la operación contó con cerca de tres mil efectivos, dando comienzo antes de la media noche con los largos enfrentamientos. En medio del combate, el desespero y la angustia acrecentaron; la guerra continuó, helicópteros, tanquetas y efectivos dispararon contra todo y contra todos, sin detenerse. Ni siquiera el repliegue de las guerrillas, disminuyó la hostilidad de la fuerza pública la cual continuó con sus ataques sin retroceder un centímetro.

Esas horas de terror, que se prolongan después en sus efectos en el subconsciente colectivo, contaron con allanamientos ilegales, capturas masivas, ejecuciones extrajudiciales, muertes de civiles, desapariciones forzadas, balas pérdidas e incontables violaciones a sus derechos, además de hacer daños colectivos en la Comuna 13.

Años después, con las declaraciones de alias “Don Berna” el país confirmó que los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara colaboraron con la operación Orión de la mano del General de la IV Brigada, Mario Montoya. Con el proceso de desmovilización paramilitar que sumió al país en la impunidad, alias “Don Berna” aseguró que más de 300 personas fueron desaparecidas y asesinadas tras dicha operación y que sus cadáveres se encuentran repartidos en distintas fosas comunes en el botadero de escombros conocido como “La Escombrera”.

Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad y parte civil en el proceso, asegura que cometida esta operación el proceso jurídico se reduce a una palabra: impunidad. Esta corporación logro que la Fiscalía Delgada ante la Corte Suprema de Justicia abriera una investigación preliminar contra el general Mario Montoya y Leonardo Gallego, sin embargo, el proceso jurídico no ha avanzado y tampoco se ha asumido responsabilidad política sobre los hechos. 

Tras el largo enfrentamiento, las AUC aseguraron la supuesta “pacificación” de la zona por medio de la desaparición forzada de los pobladores. Convirtiendo la operación no sólo en el mayor desplazamiento urbano de la historia colombiana, sino en un prolongado sufrimiento e incertidumbre de cientos de familias que vieron desaparecer entre las calles de Medellín a sus seres queridos. La operación militar, no fue entonces una solución a la vulnerabilidad de la población, sino una entrega del territorio a otros actores del conflicto, profundizando la violencia, puesto que, se instalo una hegemonía paramilitar. 

En el mes de Noviembre de 2013 la CIDH, mediante un informe declaró que el Estado de Colombia es responsable de la violación a "el Derecho a la Vida, Integridad Personal, Seguridad y Libertad personal, Propiedad privada, Circulación y Residencia, Asociación, Derechos del niño, Garantías y Protección judicial y Derechos del niño, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará"


En julio de 2015, la Fiscalía inicio una exploración en la Escombrera para hallar restos, luego de 5 meses se detuvieron y el compromiso de esta institución era continuar con el proceso, las victimas aun tienen la esperanza de encontrar a sus desaparecidos, donde, se ha calculado un aproximado de 104 personas.  

Actualmente, la Comuna 13 sigue militarizada, los habitantes continúan pagando vacunas y la violencia es latente por parte de las BACRIM. La operación militar que mató a quienes nada tenían que ver con la guerra y que desapareció a otros tantos para garantizar la supuesta “seguridad democrática” sigue cubierta por el velo de la impunidad. Estas son, a lo sumo, consecuencias de una perspectiva guerrerista de la paz que poco tiene que ver con la justicia y que tanto han herido a Colombia.

En 2018, el general más condecorado del Ejercito colombiano, Mario Montoya Uribe se presentó ante la Jurisdiccion Especial de Paz (JEP), donde, aún las victimas y organizaciones de derechos humanos exigen toda la verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales y las violaciones a DDHH cometidos durante esta operación militar que estuvo bajo su mando.


Pero hoy, la Comuna 13 sigue siendo un territorio de esperanza, de reclamos y reivindicaciones, hoy los habitantes no sólo resisten a la violencia sino que están construyendo Paz desde los territorios,haciendo memoria con apoyo institucional, colectivo e individual, por medio del arte, la danza, la literatura, ferias agroecologicas, intercambio de experiencias, música, entre otros, destacándose la caravana de la memoria de las Mujeres Caminando por la Verdad o Cuerpos Gramaticales, todo ellos, pronuncian una y otra vez ¡Orión nunca más!

Víctimas de la masacre de la Operación Orión en la Memoria
Víctimas de la masacre de la Operación Orión Sin Olvido

lunes, 14 de octubre de 2019

Walberto Hoyos


1
4 de Octubre de 2008 

Un día y otro día más, por su ingenuidad signo de su transparencia creyó que no lo iban a asesinar ese día. Semanas antes sobrevivió junto con su hermano a un atentado. Walberto Hoyos, líder de restitución, investigador popular, defensor de derechos humanos se aferró a sus convicciones por la verdad y la justicia, creía que los despojadores, los beneficiarios de la operación septiembre negro, al mando de Rito Alejo del Río, desde 1996, le iban a respetar la vida.



Ese día mientras conversaba con una de las lideresas del consejo comunitario de Caño Manso que habita en la Zona Humanitaria, en Curvaradó, Chocó, dos paramilitares, de las estructuras que Álvaro Uribe se ufanó de decir que se habían terminado, lo acribillaron con armas de fuego, luego que este se les enfrentara exigiendo respeto al espacio humanitario.



Hoy su asesinato continúa en la impunidad y con visos de que los móviles sean modificados. La desviación de la investigación pretende proteger a los empresarios ganaderos, entre ellos un ex oficial de las fuerzas militares e integrante de ACORE, que junto con Sor Teresa Castaño, se hicieron a los predios colectivos como parte de un plan militar que se inició en 1996 con la operación "septiembre negro" de la brigada 17, al mando del general Rito Alejo del Río.

Walberto se fue haciendo como investigador técnico judicial. Logró penetrar en las entrañas de lo que muchos llamaron después la paraeconomía. Él anotando en una pequeña libreta, cotejando con la gente, dialogando con las autoridades civiles y la fuerza pública fue identificando el entramado y la estructura crimina. Identificó a los beneficiarios y promotores de las operaciones paramilitares insertados en empresas palmeras, bananeras, ganaderas y otros agronegocios, entre ellos los de la cocaína.

Walberto encontró pruebas de las relaciones de altos generales y comandantes de la brigada 17, de comandantes de la policía de Urabá, de autoridades civiles locales, regionales con el desarrollo de las estructuras paramilitares y los procesos de legalización ilegal del despojo.

Walberto sin temor, se hizo testigo en procesos judiciales contra ex jefes del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas e integrantes de la brigada 17 y la policía de Urabá.

A pesar de su muerte violenta él es parte de la memoria de esa epopéyica en que se han constituido estos habitantes rurales mestizos, negros, que más allá del color de la piel, aman la tierra, adoran el territorio en que han pasado los años de sus vidas, en que han parido nuevos niños y niñas para habitar en lo que la vida les ha heredado. 

Hoy a pocos metros de los predios que siguen despojados por empresarios de la ganadería extensiva en Villa Alejandra I y Villa Alejandra II, nombre de la reconversión del territorio colectivo de Caño Manso, en Curvaradó, están las flores, y el espacio en que su tez inocente se refleja en una fotografía, en un pequeño montículo, digno de hombres que como él arriesgan todo.

Hoy sus restos serán sellados con su nombre. Nombre que sigue en la historia de esas mujeres y hombres que dignifican todas las formas de vidas biológicas que existen en Curvaradó y Jiguamiandó, contra aquellos que quieren un progreso de indignidad, de destrucción ambiental, de dominación y de simple acumulación.

Walberto la bella vida en inocencia, en pasión por la verdad y la justicia en su memoria y más de 160 víctimas más se afirma la verdad y la justicia

Walberto Hoyos en la Memoria
Walberto Hoyos Sin Olvido!

domingo, 13 de octubre de 2019

Josué Giraldo Cardona

 13 de Octubre de 1996

Nos hemos hecho parte de esta familia universal por la dignidad de las personas y los pueblos, lo cual nos da el vigor para seguir adelante... El Estado y su proyecto paramilitar nos han hecho cerrar las oficinas, pero no han doblegado, ni doblegarán, nuestra voluntad, ni nuestro compromiso
Josué Giraldo Cardona

Josué Giraldo Cardona nació en Pensilvania, Caldas, el 27 de agosto de 1959. Estudió derecho en la Universidad Autónoma de Bogotá en 1958 y regresó a su pueblo natal para ejercer como abogado. Cuando tenía 28 años fue víctima del primer atentado contra su vida, dejando este episodio atrás, en 1988 se radicó en Villavicencio desempeñando cargos públicos, como Juez de Ejecuciones Fiscales y luego como Gerente de la Empresa de Licores del Meta siempre junto a su labor de derechos humanos, donde, también empezó a militar en la Unión Patriótica (UP).
Para entonces, se dio una convergencia de actores y una guerra sobre la vista de toda la sociedad colombiana, ya se había establecido la insurgencia armada, el terrorismo de Estado y el paramilitarismo pintando el país de rojo. Esta situación, esa violencia política y armada llevó a Josué a comprometerse con soluciones políticas efectivas, exentas de la lógica de las armas.
De esta forma realizó la conformación del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, convirtiéndose en el presidente y fundador del mismo, siempre como un hombre valiente, que vio morir a sus compañeros de la UP y miembros de dicho comité en la región, pero nunca se rendía y no se dejó hundir por el terror que lo acechaba, de forma que, él entendió que debía sacrificar posiblemente su vida para seguir con su labor de defensa.
En febrero de 1996, Josué intervino en el Parlamento Europeo para denunciar la estructura y el accionar del paramilitarismo en Colombia. Este defensor de derechos humanos, en repetidas veces declaró ante las fiscalías, procuradurías, personerías y consejerías sobre la identidad de asesinos y grupos armados, para que el Estado actuara en favor de realizar justicia, pero esto nunca ocurrió. Su muerte fue anunciada y previamente denunciada incluso en la Comunidad internacional, sin embargo, hubo solo una ineficiencia por parte de dichos organismos, su muerte ya estaba prevista, dentro de la dinámica de genocidio a la UP junto a la dinámica de destrucción a su compromiso y a su país.
Es obligado a escapar de la muerte en repetidas ocasiones saliendo del país, por eso en marzo de 1996 en Ginebra, Suiza, dijo: “He aceptado salir en cuatro ocasiones en momentos difíciles…porque sentía la muerte cerca. Por estas salidas es que aún estoy vivo. Cada vez prolongó un poco más el tiempo en el que me han de matar”. Doscientos días después, el 13 de octubre de 1996, es asesinado en frente de su casa en Villavicencio, sus dos hijas pequeñas presenciaron su muerte y un abogado norteamericano que lo acompañaba.
Por su asesinato, se exige que se responda el general Rodolfo Herrera Luna, comandante de la VII Brigada quien en un discurso en Mesetas, Meta, en 1996 criminalizó a los defensores de derechos humanos, señalandolos como mensajeros de la guerrilla; junto con este, que dé respuesta el Comandante de la IV División del Ejército, el Comandante de la Policía del Meta y el Director Seccional del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por conocimiento y omisión de protección a la vida de Josué, porque dichas acciones facilitaron su muerte. Hasta el año 2014, por medio de la sentencia 26, el Consejo de Estado condenó al DAS por no salvaguardar la vida del defensor de derechos humanos y reconociendo su asesinato como un crimen de lesa humanidad.
En su memoria, desde el 2016 se realiza el concurso Josué Giraldo Cardona para visibilizar organizaciones y personas por un trabajo que contribuya a la defensa de los derechos humanos y a estudiantes de pregrado que hayan escrito una tesis sobre la UP y también sobre derechos humanos, para cursar una beca en maestría o doctorado en cualquier universidad pública del país. Se seguirá, recordando a Josué por sus labores a lo largo de la historia y en cada búsqueda de verdad y justicia, como decía él: “Debemos cortarle las alas a la impunidad para que sea la vida la que vuele”
Josué Giraldo Cardona en la Memoria
Josué Giraldo Cardona Sin Olvido

viernes, 11 de octubre de 2019

Jaime Pardo Leal





11 de Octubre 1987

"Si la muerte me sorprende, no le tengo miedo; Soy un hombre dialéctico.
El día que me muera vendrán otros mejores a reemplazarme". 
Jaime Pardo Leal

El asesinato del presidente de la Unión Patriótica, Jaime Hernando Pardo Leal sigue en la impunidad, pero vive en los recuerdos de los sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica, en sus familiares y en todos aquellos que aún no pierden la esperanza de ver una Colombia justa.

Jaime Hernando Pardo Leal nació en el municipio de Ubaque el 31 de Marzo de 1941, hijo de la Señora Ana Lucia Leal, su padre se desempeñó durante varios años en el Poder Judicial de Colombia y sólo cuando Jaime Leal era adulto este le dio su apellido.

En 1959 ingresó a la Universidad Nacional de Colombia, a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y es para esa misma época que se vincula a la Juventud Comunista. En 1962 ingresó al Poder Judicial de Colombia como Citador-Notificador, allí ejerció los cargos de Juez municipal, juez del Circuito, Juez Superior y por último fue Magistrado del Tribunal de Bogotá.

Jaime fundó la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial (ASONAL-Judicial), organización sindical de la que fue su primer presidente y desde allí participó y organizó 15 paros o huelgas a favor de la dignificación y salarios justos, entre otros temas.
Pardo Leal fue el primero en lograr paralizar los trabajadores del poder judicial, los despachos judiciales y magistrados.

Se casó con Gloria Flores quien lo recuerda como un hombre luchador. Jaime y Gloria tuvieron 5 hijos Iván, Yalima, Edisson, Fernando, y uno que falleció, siendo un bebé.
En 1963, Jaime obtiene el título de Abogado de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, con la Tesis “La Clase Obrera ante el Derecho Social” en la Universidad Nacional de Colombia.
En 1986 y siendo miembro del Partido Comunista, Pardo Leal acepta la candidatura de la Unión Patriótica y comienza a denunciar ante la Procuraduría, con listado en mano, a los implicados en las muertes de miembros de la Unión Patriótica, en la que se incluían altos Generales del Ejército Nacional, dichas denuncias obligaron al General Samudio Molina y el ministro de defensa de la época a que respondieran en una rueda de prensa lo que aseguraba Jaime Pardo.

Las denuncias que hizo en relación con la clase política y su entramado con el narcotráfico, lo convirtieron en blanco de continuas amenazas en su contra.
Sus hijos y en especial su hijo menor, Fernando, recuerdan con dolor aquel domingo 11 de Octubre de 1987, en el que salieron de viaje a almorzar a la finca que tenían en La Mesa, Cundinamarca, ese día decidieron regresar temprano pues Jaime Pardo tenía que asistir a un matrimonio, al regresar a Bogotá, a las 3:45 de la tarde, un Renault 18 sorprendió el carro en el que se movilizaba Jaime junto con su familia, desde dicho auto comenzaron a disparar, dejándolo herido de gravedad. Jaime falleció pocos minutos después de haber ingresado al hospital San Rabel de la Mesa.

Los victimarios, unidades de la estrategia militar encubierta, huyeron del lugar y años después, dos de ellos, Beyer Yesid Barrera y William Infante, reconocieron su participación en el crimen, sin embargo, las investigaciones nunca indagaron por la participación intelectual y la responsabilidad estatal.

La investigación penal solo sentenció la responsabilidad de un narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha alias el 'Mexicano', quién habría pagado 30 millones de pesos de la época a los sicarios, y el proceso contra el narco se cerró con su muerte en 1989.

Ahora, en medio de los mecanismos de impunidad, en medio del olvido mediático, Jaime es parte de esta historia de indignación ante la simulada democracia, es parte de los sueños necesarios de exhumar en tiempos en que a través de la paz se pretende imposibilitar la identificación de los determinadores y beneficiarios de este magnicidio.

Este demócrata que se paseo por universidades públicas y privadas creyendo en la paz, él ese pequeño del tic, ese pequeño de alma grande es parte de la memoria viviente de una democracia genocida, de una democracia que desde sus restos en la expresiones sociales debe posibilitar la verdad y la justicia social.

Jaime Pardo Leal en la Memoria
Jaime Pardo Leal Sin Olvido

miércoles, 18 de septiembre de 2019

Miguel Ángel Quiroga Gaona

18 de septiembre de 1998 

Memoria y Justicia

Dichosos los perseguidos como tú, Michel, por practicar la justicia, defender a los pobres y reclamar el respeto de la persona humana.”, así escribió un amigo entrañable de este cristiano, defensor de los derechos de los afrocolombianos.

Miguel nacido en Facatativá, el 1 de octubre de 1972, del amor con sangre rural de Susana Gaona y de Gustavo Quiroga, amor que se unió a la sangre negra en la misma causa de los derechos de los excluidos. Fue encontrándose con las comunidades negras desde 1990 cuando comenzó el pre noviciado en la comunidad marianista en Bogotá, dos años después hizo sus primeros votos, con este compromiso espiritual e histórico se trasladó al municipio de Lloró en el Chocó durante un tiempo. En 1997 regresó a Bogotá y al terminar en la Universidad Pedagógica la licenciatura en Ciencias Sociales, su pasión por la causa territorial de las comunidades negras, lo llevó por segunda y última vez a Lloró.

Ese viernes, Miguel Angel Quiroga, de 25 años, se dirigía en dos botes junto con un sacerdote y 40 campesinos a la comunidad de Nipurdú sobre el río Tumutumbudó, a celebrar las fiestas patronales, diez minutos después de partir del municipio de Lloró fueron obligados a detenerse por paramilitares que mantenían allí un retén 20 hombres les exigieron los documentos de identidad a los ocupantes de la embarcación, uno de ellos, un habitante rural no los tenía, los armados pretendieron quedarse con él, Miguel Ángel entonces protestó y exigió respeto. En cuestión de segundos el jefe de los paramilitares conocido como alias "Raúl” sin mediar palabra le disparó a Miguel en su cabeza, disparo como si le hubiese dado directo en el corazón. 


Ese corazón que había escrito: “Si no cambiamos las posturas del corazón, no podremos cambiar nuestra patria”, pero de eso no entendía uno de aquellos formado en la doctrina autoritaria, segado de su soberbia, sin escuchar razones, embebido de su prepotente poder que concibe al otro como enemigo asesinó el corazón físico de Miguel.

Pero ese corazón  noble no se murió vive en la memoria que cuentan con sus propias palabras y siguen hablando a los victimarios y sus beneficiarios, aquellos que han amasado riqueza con la muerte violenta de millares. Tengo el deseo de darme a fondo, a aquél que no tiene fondo, había también escrito Miguel

El padre Cecilio de Lora parte de esa memoria de vida recuerda: “Allí con su querida población negra, pobre entre los pobres de Colombia, desarrollaba su misión, lleno de entusiasmo, de creatividad y de alegría, las características que han marcado su vida.” Y es que la opción de Miguel Angel fue por defender la verdad, por denunciar lo injusto; su motivación religiosa y social lo llevó a hablar claro a los asesinos del pueblo chocoano. Nunca se detuvo.

Un día antes de su muerte había dicho: “qué feliz me siento porque cada vez me voy sintiendo más identificado con la gente, con los de mi pueblo”. Cuando la noticia fue creciendo en el mundo religioso y de la solidaridad su Superior Provincial escribió: “Michel ha muerto como vivió: defendiendo a los pobres de la tierra, apasionado por la paz y la justicia. Sus hermanos nos sentimos orgullosos de él, y con nosotros, la familia toda de María”

Otro sacerdote interpretando la vida de Miguel, Rodrigo Betancur, escribió: “Michel no murió por hablador, Michel murió por hablar la verdad, por ser consecuente con lo que creía y pensaba, él, siendo Joven, creyó en el Dios liberador en el Dios de Jesucristo; estaba buscando su voluntad con los vaivenes de su corta edad. Muchos podemos testificarlo. Michel estaba feliz aquí en Lloró, se empezaba a identificar con el pueblo a pesar de las diferencias culturales y étnicas, quiso asumir los retos que una misión como ésta plantea a un religioso joven y en camino. Él mismo dijo días antes de morir:"sumando y restando este ha sido un buen año". Él estaba aprendiendo a pintar en Negro, buscando que el arco iris coloreara toda la realidad inmensa y compleja de esta parte del Chocó tan dura para los que la viven y tan desconocida para los que aún no saben qué sucede por aquí.

Memoria que nos significa la necesidad de la justicia, memoria que también se canta, que no solo se escribe, como ocurrió con alguien desde Zaragoza que compuso a Michel http://www.marianistas.org/pastoral/michel/cancion.htm. La Universidad Pedagógica Nacional también ha realizado memoria por medio de un mural de rostro y cuerpo completo. 

Nosotros también seguimos re memorando, seguimos cantando

Miguel Angel Quiroga en la memoria 
Miguel Angel Quiroga Sin Olvido 

martes, 17 de septiembre de 2019

Alfredo Rafael Francisco Correa de Andreis

17 de septiembre de 2004


Alfredo Rafael Francisco Correa de Andreis, ingeniero agrónomo, sociólogo, intelectual, humanista y Caribe, nacido el 26 de abril de 1952 en Ciénaga, Magdalena. Realizó una maestría en educación con énfasis en desarrollo social en la Universidad de Paris XII-Val de Marne de Francia.

Dedicó 23 años de su vida a la docencia, fue un sociólogo comprometido con la comprensión de la región Caribe, con las poblaciones víctimas de la violencia, del desplazamiento forzado y el despojo de tierras en Atlántico y Bolívar, un académico que articulo sus reflexiones y pensamientos con la sociología colombiana de Orlado Fals Borda. Fue Secretario de Planeación y Secretario de Participación Ciudadana en Barranquilla.

En 2004, a sus 52 años se encontraba trabajando en dos investigaciones una de ellas financiada por Colciencias con la Universidad del Norte de Barranquilla y otra de ellas financiada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Estudió el desplazamiento de las poblaciones de La Cangrejera, Pinar del Río y Loma Roja, en zona rural de Barranquilla. Desarrolló su labor académica en defensa de los derechos humanos.

El 17 de junio de 2004 sobre las 5:20 p.m. Correa de Andreis salió de su apartamento en el barrio El Prado de Barranquilla, se despidió de su esposa Alba Lucía y de su hija de 13 años Melissa, para abordar un vehículo que lo llevaría a una reunión en la Universidad Simón Bolívar. De manera inmediata agentes del DAS, apoyados por un organismo de inteligencia de Atlántico, retuvieron a Alfredo con una orden de detención por delito de rebelión, que había sido emitida por el fiscal 33 de Cartagena, Demóstenes Camargo Ávila.

Fue recluido en la cárcel El Bosque de Barranquilla, allí permaneció hasta el 14 de julio de 2004.  Fue señalado de ser ideólogo y colaborador del frente 59 de las FARC, bajo el alias de “Eulogio” o “El Profe”, víctima de un montaje con pruebas falsas, testimonios comprados con desmovilizados de este grupo armado, los supuestos testigos fueron Javier Larrazábal, José Daniel Satizábal, Mayerlin Torres Carvajal, Eliécer Vivas Cuervo y Yamile Barrios Villegas.

Todo el material probatorio fue irregular, su defensa aportó las pruebas que evidenciaron que había estado en actividades familiares o de trabajo cuando según los falsos testigos había estado en campamentos de las FARC, se reafirmó que Alfredo era un hombre de paz, entregado a la investigación social, a la academia y un hombre defensor de derechos humanos.

Un mes después fue puesto en libertad, pese a que la Fiscalía General de la Nación tenía el material para dejarlo en libertad de forma más pronta, no lo hizo. El 17 de septiembre de 2004, mientras el profesor Alfredo se encontraba caminando en compañía de su escolta Edelberto Ochoa Martínez por la Carrera 53 con calle 60 a las 2:20 p.m. fue baleado por sicarios junto a Edelberto en vía pública.

Antes de que acabaran con su humanidad el profesor le dijo al hombre que empuñaba el arma “¡Hey loco, no dispare!”. Desde agosto de 2003 Correa de Andreis era objetivo militar de las AUC, por lo que Javier Alfredo Valle funcionario del DAS de la sede de Valledupar, que estaba al mando de alias “Don Antonio”, empezó a realizar seguimientos ilegales al profesor, durante cuatro meses registró y fotografió todo lo que realizaba el docente.

Posteriormente, se conoció una lista de 35 personas entre las que estaban líderes sociales, defensores de derechos humanos y gestores culturales, señalados de ser colaboradores de la guerrilla de las FARC y objetivo militar de las AUC en la Costa Atlántica. Siete personas que se encontraban en esa lista fueron asesinadas, incluyendo al maestro. 

Su asesinato estuvo orquestado por el Bloque Norte de las AUC y por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, información que se conoció por una declaración de Jorge Enrique Palacios Salas, quien era representante de una empresa de seguridad, al servicio de las AUC. Reveló que el asesinato había sido ordenado por Edgar Fierro Flórez, alias “Don Antonio” capitán retirado del Ejército, encargado del Bloque Norte en la ciudad de Barranquilla, al mando de Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40”.

Willmer Samper alias “Pupi” le informó a Jorge Palacios que estos habían asesinado a Correa de Andreis, le contó el plan criminal que se gestó para su muerte, que incluso fue acompañado a la Clínica del Prado para comprobar que efectivamente estuviese muerto. “Pupi” confirmó que lo habían asesinado porque se le acusaba de ser colaborador de la guerrilla, pero que el grupo paramilitar sabía que no era guerrillero, que les causaba molestias por el trabajo intelectual que realizaba y por las reclamaciones a la Red de Solidaridad para que ayudarán a personas en condición de desplazamiento.

Poco después, los partícipes en este plan criminal fueron asesinados por las mismas AUC para las que trabajaban, siendo asesinados Jorge Palacios, Wilmer Samper y Henry Arbey Patiño. 

Posteriormente, en uno de los computadores de “Jorge 40”se encontró una carpeta llamada “Amigos del DAS”, en la que se tenía una lista de 106 nombres, encontrándose académicos, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y líderes de oposición de la Costa Atlántica. El 11 de marzo de 2006, en una residencia de Santa Marta que ocupaba “Don Antonio” se encontró documentos que revelaban la vinculación de los paramilitares con el DAS, entre ello, una lista de personas que criticaba la impunidad detrás del proceso de paz entre las AUC y el gobierno de Álvaro Uribe.

La Corte Suprema de Justicia determinó que el DAS actuó conjuntamente con paramilitares del Bloque Norte y que esta misma entidad había cometido graves delitos de espionaje, amenazas, persecución y asesinatos. La Fiscalía estableció que el hecho fue cometido por Rodrigo Tovar Pupo, Edgar Ignacio Fierro, Juan Carlos Rodríguez y Javier Alfredo Valle Anaya.

Jorge Noguera, director del DAS en aquel entonces, fue determinado como coautor de este homicidio y contra el de la periodista Zully Codina, Pacheco Rodríguez, sindicalista de SINTRELECOL, trabajador de Electricaribe y del político Fernando Pisciotti Van Strahlen.  La Corte Suprema de Justicia le imputó 25 años de prisión por la muerte de Alfredo Correa de Andreis.

En 2013, el Tribunal Superior de Barranquilla ordenó al DAS ofrecer disculpas públicas por la muerte del docente. En enero de 2019 el Consejo de Estado condenó a la nación por la detención ilegal del sociólogo. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, sucesora del DAS, deberá dar respuesta a medidas restaurativas por los hechos. Pese a las imputaciones de responsabilidad, la verdad develada es incompleta y la impunidad persiste, no sólo en este crimen sino a lo largo de la historia del paramilitarismo y su vinculación con el Estado.

En su memoria la Universidad del Norte realizó un edificio para dar importancia a la obra de Correa de Andreis y para que las generaciones próximas puedan conocer su labor, este edificio se creó como un lugar en su honor, en el que se recordarán sus virtudes posiblemente como humanista, como intelectual, como padre y esposo.  El 17 de septiembre de 2019, cumpliéndose 15 años del crimen el Estado deberá pedir perdón público por lo ocurrido en memoria del docente, con un acto en la Universidad Simón Bolívar y en la Universidad del Norte.

A pesar de lo que fue y de lo ocurrido y aunque su cuerpo físico no esté con sus seres queridos, sus amigos, sus alumnos o grupos de estudio, sus lecciones de vida, humanas y académicas, se mantienen vivas significativamente para todos los constructores de paz, para todos quienes luchan en favor de la igualdad y los derechos humanos. Alfredo es un ejemplo a seguir para encontrar soluciones a problemas estructurales, pero al mismo tiempo para ser más sentipensantes, su memoria trasciende la impunidad, trascienden las fuerzas que persisten en hacer daño, será recordado por quién era y por su convicción en defensa de la vida.

Alfredo Correa de Andreis en la Memoria
Alfredo Correa de Andreis Sin Olvido