domingo, 23 de febrero de 2020

Demetrio López Cárdenas

23 de febrero del 2013

El sábado 23 de febrero del 2013, fue acallada la voz de Demetrio López Cárdenas, líder afrocolombiano integrante del Consejo Comunitario de La Caucana, jurisdicción del Distrito Portuario de Buenaventura.

Demetrio quien hasta el 2012 se desempeñó como presidente de la Junta Directiva de su comunidad tuvo que abandonar su cargo ante las constantes amenazas de muerte que terminaron poniendo fin a su vida.

Los principios éticos y comunitarios de Demetrio hicieron que se opusiera al proceso irregular de cambio de junta directiva y representación legal de su comunidad. El líder quien se había postulado como representante legal del Consejo Comunitario, declinó su postulación ante las constantes amenazas de muerte. El 26 de agosto de 2012 en el marco de la ilegitima asamblea de elecciones Demetrio anunció su retiro, informó de sus  amenazas a la asamblea y se retiró del lugar. Posteriormente presentó la denuncia formal ante la Fiscalía.

Bajo el argumento de ausencia de condiciones de seguridad y falta de garantías, Demetrio impugnó los resultados de las elecciones. El 3 de enero de 2013 la administración del Distrito de Buenaventura bajo Resolución Nº 001 concedió la impugnación y ordenó que se realizaran nuevas elecciones. El 7 de febrero del 2013, el Ministerio del Interior profirió un fallo de segunda instancia en el que ratificó la nulidad de las elecciones del 26 de agosto de 2012.

Pese a las constantes amenazas y ante la ausencia de respuesta de la Fiscalía en brindar condiciones de protección a Demetrio,  continuó con su acción legitima de liderazgo. La grave omisión de la Fiscalía derivo en el asesinato del líder social, el 23 de febrero de 2013, en el barrio Nueva Frontera, comuna 12 del Distrito de Buenaventura, mientras Demetrio esperaba encontrarse con un posible enlace para brindar opciones de trabajo a las y los jóvenes de su comunidad y Según la información que se desprende de la investigación que adelantó la Fiscalía 40 de Buenaventura, se imputó a Brayan Steven Alomia Hurtado como presunto responsable del asesinato del líder afrocolombiano Demetrio López Caŕdenas.

Brayan Steven Alomia Hurtado se acogió a sentencia anticipada y el 13 de agosto de 2014 el juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga lo condenó a 212 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte de arma de fuego, accesorios, y  municiones.

La denuncia por amenazas que instauró Demetrio en 212 aun siguen en etapa de indagación ante la Fiscal 4 de Buenaventura, cinco años después no existe un avance que permita identificar el génesis de la amenazas que determinaron con el asesinato del Líder. Una vez más la miopía de la justicia, que se transforma en impunidad no permitió relacionar las amenazas de muerte con el asesinato.

Hoy su familia sigue a la espera de verdad y de justicia, sabe que detrás de la muerte de Demetrio están los intereses económicos y corruptos que dinamizan las lógicas del Distrito de Buenaventura.

La comunidad de  Buenaventura conmemora la muerte de uno de sus líderes,  años de memoria y de resistencia,  que quedaran como huella imborrable en la comunidad afrodescendiente.

Su incansable lucha por la comunidad seguirá en la memoria del Distrito Portuario de Buenaventura.

Demetrio López Cárdenas en la memoria
Demetrio López Cárdenas Sin Olvido

viernes, 21 de febrero de 2020

Masacre San José de Apartadó


Febrero 21 de 2005 

El 21 de Febrero de 2005, en la vereda Mulatos Medios, corregimiento de San José de Apartadó, Antioquia; fue escenario de una cruel masacre donde sus pobladores fueron víctimas y testigos de torturas y brutales asesinatos que quedaron para siempre plasmadas en su memoria.

Paramilitares miembros del bloque Héroes de Tolová, con ayuda de militares del Ejército nacional, incursionaron en el corregimiento e ingresaron por la fuerza a la casa de Luis Eduardo Guerra, reconocido líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Luis Eduardo, junto con su hijo Deyner Andrés Guerra, de 11 años, y Bellanira Areiza fueron asesinados con machetes y sus cuerpos sin vida dejados a las afueras del corregimiento. Posteriormente, asesinaron a Alfonso Bolívar Tuberquia junto con su esposa Sandra Milena Muñoz y sus hijos Natalia y Santiago de 5 y 2 años respectivamente, quienes según los comandantes alias “Cuatro Cuantro”, “Makeison”, “Aguila 6” y “Cobra”, del escuadrón paramilitar afirmaron que, “en el futuro serían una amenaza guerrillera si los dejaban vivos”. También acabaron con la vida de Alejandro Pérez, un trabajador de la zona.

Estos hechos fueron utilizados como excusa para que el entonces presidente  de la República Álvaro Uribe Vélez ordenara mayor cubrimiento policial y militar en esa zona donde hacia años no existía la circulación de armas, puesto que desde 1997 la comunidad se había declarado neutral ante la presencia paramilitar y guerrillera. Tras la militarización de la zona, las familias de la Comunidad se vieron obligadas desplazarse, abandonando todo lo que habían construido.

En 2010, a pesar de las declaraciones del ex jefe paramilitar y extraditado Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, quien confesó que bajo su mando el Bloque paramilitar Héroes de Tolová con ayuda del Ejército Nacional habria cometido este crimen, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia absolvió a 10 militares de su responsabilidad en la masacre de San José de Apartadó.

La Fiscalía, la Procuraduría y la parte civil apelaron el fallo. Luego de revisar pruebas documentadas y testimonios, el Tribunal Superior de Antioquia decidió retirar la absolución de cuatro militares con mando y los otros seis mantuvieron el fallo de primera instancia.

Adriano José Cano, alias “Melaza”, y Joel Vargas, alias “Pirulo”, paramilitares que participaron en la masacre, admitieron su responsabilidad; estas confesiones permitieron que la Fiscalía dictara orden de captura al ex capitán del Ejército Guillermo Gordillo Sánchez e iniciara una investigación en contra de 66 militares de la Brigada XVII del Ejército con sede en Carepa.

Con el apoyo de diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos se ha pedido vincular a la investigación por la Masacre a los Generales Mario Montoya, Jaime Fandiño y Luis Alfonzo Zapata, al igual que a los coroneles Néstor Iván Duque y Orlando Espinosa, por su responsabilidad en la planeación de la operación Fénix, en medio de la cual se cometió la masacre.

En el proceso de investigación se han dictado más de 20 condenas a integrantes de grupos paramilitares entre los que se encuentran: Marcial Hoyos Soñet, Alexander Arrieta Gómez y José Fuentes Lagares, éstos aceptaron ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH, su responsabilidad por delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. Asi mismo Nafer Antonio Guzmán Trujillo y Henry Enrique Payares Pacheco, Uber Darío Yañez Cavadías comandante militar del bloque, Jorge Luis Salgado David, José Joel Vargas Flórez, Bionor Vargas Flórez, Rober Darío Muñoz Hernández, Francisco Javier Galindo Martínez, Edinson Galindo Martínez, Neder Antonio Mestra Rojas, Juan Alberto Ruiz Yañez, Manuel Antonio Urango Mejía, Yamid de Jesús Gonzáles Galaraga, Erney Eduardo Portillo Paternina, Aldo Antonio Agames, Javier Enrique Salgado Martínez, Jorge Luis Gutiérrez Alean, Esaut José Feria Martínez, y Ulises Burgos a los que les fueron dictadas ordenes de prisión de entre 12 a 40 años de cárcel.

La Fiscalía condenó por homicidio en persona protegida y concierto para delinquir a nueve integrantes del grupo paramilitar que perpetró la Masacre.

El 20 de febrero de 2010 el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia le impuso 20 años de cárcel a el capitán (r) del Ejército Nacional Guillermo Armando Gordillo Sánchez, quien aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir.

Finalmente, sobre la sentencia absolutoria dictada a diez militares, tres oficiales y siete suboficiales, por el Juzgado Segundo Especializado de Antioquia el 4 de agosto de 2010, la Fiscalía apeló el fallo y aguarda la decisión del Tribunal Superior de Antioquia. En el proceso, el Ministerio de Defensa se defendió argumentando que no se le podía responsabilizar por los actos cometidos por un grupo ilegal que nada tenía que ver con la institucionalidad. La Procuraduría contrarió la posición del Ministerio, sosteniendo que existía una “flagrante responsabilidad del Estado por la ejecución extrajudicial de personas protegidas”, con el agravante de que, tres de ellas eran menores de edad y fueron asesinadas con igual sevicia.

El tribunal de Antioquia ha ordenado al Ejército que, en presencia de altos mandos militares, habitantes de la zona y medios de comunicación regionales y nacionales, ofrezcan una disculpa publica por la masacre y se comprometa, de forma "contundente", a tomar las medidas necesarias para que "lo acontecido no vuelva a suceder".

En 2012, la Corte Constitucional en su Auto 164 del 6 de julio ordenó al Ministro del Interior que “en el término máximo de un mes contado a partir de la comunicación del presente auto, coordine y ponga en marcha el procedimiento para la presentación oficial de la retractación frente a las acusaciones realizadas contra la Comunidad de Paz y sus acompañantes”. En el 2013, la comunidad de Paz viajó a la ciudad de Bogotá para recibir el acto de perdón. Sin embargo, en esa ocasión el actual presidente Juan Manuel Santos incumplió la cita y no se reunió con la comunidad.

Meses después, el presidente Santos finalmente le pidió perdón a la comunidad de San José de Apartadó por las falsas acusaciones que realizó el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y altos mandos militares en su contra. Dicho perdón fue cuestionado por la comunidad al no ser presentado directamente con la comunidad y aseguraron que “lamentan profundamente que las decisiones y omisiones del Señor Presidente, continúen sin aparente comprensión de que nuestra Comunidad de Paz sigue sufriendo un proceso de exterminio”

A pesar de todas estas investigaciones y algunas condenas, las víctimas de la Comunidad de paz de San José de Apartadó siguen exigiendo e instando al gobierno y al estado colombiano, a una verdadera justicia, a una verdad real. Que sean juzgados los militares y paramilitares de más alto rango. Que no solamente sean condenados los autores materiales sino también los intelectuales. Así mismo, las víctimas y la población  civil del proceso han solicitado y exigido  que también sea investigado el ahora, ex presidente Álvaro Uribe Vélez por presunto conocimiento  de  los hechos.

Los habitantes de la comunidad de San José de Apartadó han soportado continuas amenazas y estigmatizaciones, han sufrido a causa de la desproporcionada militarización de sus caseríos y en numerosas ocasiones sus líderes y diferentes integrantes han sido judicializados con montajes y campañas de desprestigio.

Han pasado varios años desde esos días de horror y miedo. La comunidad de paz de San José de Apartadó sigue con su resistencia pacífica en el territorio y denuncia continuamente los graves atropellos de los cuales aún son víctimas. Luego de haber ocurrido  masacre de estos hombres, mujeres y niños, la comunidad exige justicia y verdad por la memoria de quienes fueron silenciados.

Los habitantes de la comunidad de San José de Apartadó han soportado continuas amenazas y estigmatizaciones, han sufrido a causa de la desproporcionada militarización de sus caseríos y en numerosas ocasiones sus líderes y diferentes integrantes han sido judicializados con montajes y campañas de desprestigio.

Vítimas de la masacre de San José de Apartadó en la Memoria.
Vítimas de la masacre de San José de Apartadó  Sin Olvido.

lunes, 17 de febrero de 2020

Sandra Viviana Cuellar

Febrero 17 de 2011

Sandra Viviana Cuellar, contaba tan solo con 26 años de edad cuando fue víctima de desaparición forzada mientras se transladaba de la ciudad de Cali al municipio de Palmira, en el Valle del Cauca, donde era estudiante de la Universidad Nacional.

Sandra Viviana, ingeniera ambiental de profesión, hizo parte de la organización CENSAT Agua Viva en la que lideró diferentes procesos sociales por la defensa del ambiente y los derechos humanos, también denunció el saqueo y la destrucción de cuencas, humedales, paramos y bosques del país.

El lunes 17 de febrero de 2011, Sandra Viviana fue vista por última vez en el sector de El Terminalito, cuando se dirigía hacia Palmira para continuar dictando clases. Luego de buscar por sus propios medios a Sandra Viviana, sus padres y amigos llevaron la investigación a la Comisión de Derechos Humanos CIDH. Sin embargo, aún no se sabe de su paradero ni quiénes son los responsables por su desaparición.

Desde ese fatídico día sus padres, amigos y compañeros organizan diferentes actividades para mantener viva la memoria de Sandra Viviana, como es un Carnaval por la vida, expresiones artísticas- culturales, poesía, danza, mural con fotografías y mucha música en el teatro al aire libre los cristales.


Hoy, su familia, amigos y las organizaciones continúan buscando a ésta mujer que defendió la vida con su propia vida.



Sandra Viviana Cuellar en la Memoria.

Sandra Viviana Cuellar Sin Olvido.


domingo, 16 de febrero de 2020

Masacre de El Salado

16 de febrero 2000

Entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000 el corregimiento de El Salado fue víctima de una de las masacres más violentas perpetrada por paramilitares. Allí sólo eran posibles dos papeles, ser testigos forzados o ser las víctimas de la danza paramilitar que termino con la vida de más de 80 campesinos de una manera cruenta.

Por testimonios de los sobrevivientes sabemos lo que sucedió. Paramilitares que sin la mínima muestra de arrepentimiento o culpabilidad, narran apartes de lo sucedido, como en la versión libre del paramilitar “Juancho Dique”, quien afirmó que “A algunas de las víctimas de la masacre de El Salado las guindaron con cáñamos en los árboles, y las mataron con bayoneta. Fusiles que tenían bayonetas, y eran degolladas. Eso fue delante de la gente. Mientras mataban, los otros, de puro ocio, tocaban gaitas, tamboras y violines. Eso fue durante la masacre que duró entre 3 o 4 horas".

LA DANZA DE LA MUERTE PARAMILITAR EN EL SALADO

En la noche del 15 de febrero un grupo mayor a 400 paramilitares fuertemente armados bajo el mando del paramilitar conocido como H2 o Jhon Henao, se dividió en tres fracciones uno bajo el mando de” Amaury”, otro bajo el mando de 5-7 y en el ultimo estaba H2, un grupo ingreso a El Salado por la carretera principal de El Carmen. Otro entro por Ovejas, siguiendo la vía Flor del Monte y canutalito, y el último grupo llego por un sitio conocido como la Reforestación. Guiados por un grupo de desertores que se entregaron al ejercito. En los corregimientos de Canutal, Canutalito, y las veredas San Rafael, El Cielito, Patevaca y Bajo Grande, los paramilitares asesinaron a cerca de 42 campesinos. Desde estos puntos, los paramilitares iniciaron su danza de muerte.

Las víctimas fueron amordazadas, torturadas y luego degolladas. Quemaron varias viviendas, sacaban de las casas a sus víctimas y las asesinaban frente a sus mujeres y niños. Las víctimas fueron señaladas por una persona encapuchada que acompañaba a los agresores. En la mañana del 16 en la vía que comunica El Salado y Carmen de Bolívar paramilitares detuvieron un campero de servicio público y asesinaron a Edith Cárdenas y a los demás que se movilizaban en el vehículo, de este hecho sobrevivieron María Cabrera y otro pasajero quienes huyeron corriendo por el rastrojo. Entre el 16 y 17 de febrero se dio el desplazamiento masivo de la región a causa del accionar paramilitar, en el caserío del Salado permanecieron cerca de 200 personas.

En la mañana del viernes 18 de febrero los habitantes que permanecían en el caserío fueron sorprendidos por un grupo de hombres armados que lleno el pueblo. La gente no tuvo tiempo de huir, los paramilitares gritaban “salgan, partida de guerrilleros, que todo el mundo se muere hoy”.

Los paramilitares reunieron a todas las personas en la plaza, junto a la iglesia. Los desertores que servían de guías empezaron a señalar a los que según ellos eran guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla e iban siendo ejecutados. Una Joven fue arrastrada por el pueblo sujetada del cabello luego fue colgada de un árbol y degollada, su nombre era Nayibis y la señalaron de ser compañera sentimental de un guerrillero (Martin Caballero).

Mientras los paramilitares continuaban con sus ejecuciones, un helicóptero sobrevolaba el caserío disparando contra las viviendas, en una de ellas murió el campesino Libardo Trejos, quien se escondía con otro grupo de campesinos. Las víctimas no eran escogidas solo por ser señaladas por los desertores, también eran escogidas al azar como fue el caso de Francisca Cabrera, o Ever Ureta que sufría un retraso mental y fue torturado para que confesara que pertenecía a las FARC.

Las muertes se produjeron cada media hora mientras los pobladores estaban reunidos en la plaza bajo el sol y veían como la plaza se llenaba de cadáveres mientras los paramilitares festejaban. Los paramilitares sacaron tambores, gaitas y acordeones y cada vez que asesinaban tocaban los instrumentos. Pero para los paramilitares no era suficiente y se ensañaron con las mujeres, violandolas y torturadoras, a una de las habitantes le introdujeron alambres por la vagina. Mientras les gritaban que eso era porque eran amantes de los guerrilleros.

Al caer la noche la gente fue obligada a regresar a sus casas, nadie durmió , sólo los disparos al aire de los paramilitares rompían el silencio que atrapo a El Salado. El sábado 19 los habitantes que permanecían en el salado salieron y el terror continuo pues los paramilitares permanecían en el pueblo y se dedicaron al saqueo de los negocios de comercio, a las 3 de la tarde se escucharon disparos y los paramilitares abandonaron el lugar. Fue en ese momento que las personas del Salado pudieron llorar a sus muertos. Algunas de las víctimas fueron: Roberto Madrid Rodríguez, Luis Pablo Redondo Torres, Marco José Caro Torres, Margoth Fernández Ochoa, Nayibe Contreras, Nelvis Judith Arrieta Martínez, Néstor Tapias Arias, Óscar Antonio Meza Torres, Osnedis Cohen Sierra, Pedro Parra, Pedro Torres Montes, Rogelio Ramos Olivera, Rosmira Torres Gamarra, Saulo Navas, Víctor Arias Julio, Víctor Ureta Castaño, Wilfredo Barrios Parra, Libardo Rafael Trejos Garrido, Dora Torres Rivero, Edgar Cohen Castillo, Alejandro Alvis Garrido, Alejandro Alvis Madrid, Arturo Martínez, Eduardo Alfonso Torres P., Desiderio Francisco Zambrano Salcedo, Justiniano Pedraza Teheran, Eduardo Navas Alvis, Eduardo Novoa, Edwin Cohen Sierra, Eliseo Torres Sierra, Jairo Alvis Garrido, Jose Manuel Tapias Arias, Helen Arrieta Martínez, Freddy Montes Arrieta, Francisca Cabrera De Paternina, Euclides Torres Zabala, Érmides Cohen Redondo, Enrique Medina Rico, Emiro Cohen Torres, Eloy Montes Olivera, Gilfredo Brochero Bermúdez, Luis Pérez Manrique, José Paternina, Marcos Díaz Morales, Mauro González, Miguel Antonio Avilés, Miguel Antonio Martínez, Moisés Gutiérrez, Moisés Martínez, Luis Alfonso Peña Salcedo, Rafael David Núñez, Rafael Antonio Núñez Sánchez, Evert Núñez, Nelson Torres, Daribel Restrepo, Septimo Olivera Correa, Liberio Antonio Cortés Rodríguez, Amaury De Jesús Martínez, Antonio Martínez Montes, Benjamín Jose González Anaya, Dairo De Jesús González Olivera, Daniel Restrepo, Elsy Morales, Emiro Castillo Castilla, José Avilés, Julio César Díaz Martínez, Daniel Francisco Díaz Morales, Jose Manuel Ortega, Jorge Eliécer Mercado Vergara, John Núñez, Felix Antonio Pérez Salcedo, Evert José Verbel Martínez, Juan González.

Ni las tropas del Batallón de Fusileros de Infantería de Marina No. 5, al mando del coronel Harold Mantilla Serrano; ni las del Batallón de Contraguerrilla No. 31, al mando del Teniente Coronel Jorge Castañeda; ambas adscritas a la Brigada No. 1 de Infantería de Marina, al mando del General Rodrigo Quiñones; ni la Policía del Departamento de Bolívar o Sucre, hicieron algo para prevenir la incursión armada, mucho menos para detener la masacre. Su aquiescencia y complicidad con estructuras paramilitares fue mimetizada a través de los medios de información.

Según los medios de información, el comandante del Batallón de Fusileros de Infantería de Marina, Bafim 5, adscrito a la Brigada 1, con sede en el municipio de Corozal (Sucre), teniente coronel Harold Mantilla Serrano, dijo que: ‘los muertos son el resultado de combates entre guerrilla y autodefensas: las autodefensas detuvieron en un comienzo a guerrilleros y ex guerrilleros de las FARC para que les señalaran a las personas que posteriormente serían asesinadas por sus presuntos nexos con la guerrilla”. Pero, según la Personería Municipal de Ovejas, “de acuerdo con la información entregada por los desplazados, no hubo enfrentamientos sino la masacre de los paras”. Así mismo: El comandante de las FFMM, general Fernando Tapias, dijo que ‘en la región de Montes de María vienen registrándose combates entre guerrilleros y autodefensas’. Estamos tratando de establecer si los muertos son por los enfrentamientos o por la incursión”. En un comunicado, los paramilitares afirmaron que: “Hubo combates con las FARC en la zona y que los subversivos “se vistieron de labriegos”. Daban un parte de “47 guerrilleros muertos y 12 capturados”.

“En su declaración, Juan Vicente Gamboa, conocido como “Pantera”.’señaló a los militares como los autores intelectuales de la masacre, el paramilitar Gamboa, quien fue Infante de Marina entre 1992 a 2000, afirmó en el marco de la Ley 975 para la desmovilización paramilitar, que: “el general Rodrigo Quiñonez, comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina; los coroneles Diazgranados Mantilla y Bautista Carcamo; el coronel Harold Mantilla Serrano, comandante del Batallón Quinto Fusileros de Marina, y el capitán Becerra Durán, se reunieron en el Batallón de Infantería de Marina con él y planearon la ejecución de la masacre de El Salado, ocurrida entre el 16 y 19 de febrero de 2000 en el corregimiento de El Carmen de Bolívar”, y aseguró que los oficiales le entregaron una lista con varios nombres y que ofrecieron poner a su disposición un grupo de 25 infantes de marina. En este hecho fueron asesinadas 100 personas por hombres del bloque norte de las Autodefensas, comandado por Salvatore Mancuso”.

Por otra parte, el paramilitar Úber Enrique Bánquez, conocido como “Juancho Dique", del bloque Héroes de los Montes de María, afirmó en una de las versiones libres del 30 de julio de 2008, que parte de los paramilitares estaban al mando del comandante “Gallo”, de las estructuras del Bloque Norte de las AUC, comandado por Rodrigo Tovar Pupo, conocido como “Jorge 40”. Otra parte eran paramilitares conocidos como “Los Niches”, de las estructuras bajo el mando de Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. Las otras unidades paramilitares eran del bloque “Héroes de los Montes de María” al mando de conocido como “Cadena”, y el segundo al mando era “Juancho Dique”.

El paramilitar Jhon Jairo Esquivel, conocido como “El Tigre”, en su versión libre del 30 de octubre del 2008, reconoció haber participado en la masacre de EL Salado bajo el mando de “Jorge 40”. Según “El Tigre”, previo a la masacre “se realizó una reunión en una finca de San Ángel, departamento del Magdalena, donde estuvieron Mancuso, “Jorge 40”, Amaury, “H2” y “5-7”, planificando la incursión a El Salado”.

En sentencia del 28 de febrero del año 2003 del Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, fueron condenados 15 paramilitares por su participación en la masacre del Salado de los cuales sólo uno tenía calidad de jefe de uno de los grupos paramilitares que incursionó en El Salado. Se trata de John Henao, alias “H2”, quien no se encuentra cumpliendo la pena de prisión impuesta, pues se fugó de la cárcel en febrero de 2001. Otro de ellos fue asesinado en el año 2009, por lo que tan solo 13 paramilitares purgan efectivamente una condena a partir de esta sentencia.

En septiembre del 2011 Francisco Robles Mendoza, alias 'Amaury', en diligencia de formulación de cargos para sentencia anticipada reconoció ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, hurto agravado y calificado, daño en bien ajeno, incendio y acceso carnal violento en hechos ocurridos en el corregimiento del salado.

Solamente un miembro de la fuerza pública, el capitán Héctor Martín Pita Vásquez, entonces comandante de la Compañía Orca del Batallón Contraguerrillas n.° 31 de la Infantería de Marina, ha sido acusado penalmente por los hechos de la masacre de 2000, aun cuando existen evidencias que demostrarían la responsabilidad de otros integrantes de la fuerza pública de más alto nivel, como el entonces coronel Rodrigo Quiñónez , comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina, con jurisdicción en la región de los Montes de María.

En enero del año 2006 la Asociación de Desplazados del Salado Bolivar (ASODESBOL) y la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS) Elevaron petición ante la comisión interamericana de derechos humanos por la Masacre y desplazamiento forzado de los montes de maría. Petición que fue admitida por la Comisión.

Por otra parte, en el proceso especial de la ley 975 de 2005, conocida como ley de “justicia y paz”, algunos paramilitares han admitido su responsabilidad en la masacre pero han tratado de minimizarla o justificarla al calificarla como una “operación militar” en la que supuestamente hubo “combates” con guerrilleros. La mayoría de ellos han negado la violencia sexual y las torturas, así como los “sorteos” y la “fiesta” que emprendieron al momento de perpetrar la masacre. Este escenario judicial, antes que convertirse en un espacio para la reconstrucción de la verdad, se ha convertido en un escenario de validación de la impunidad y de justificación de estos crímenes por parte de los paramilitares.

En julio de 2011 el Presidente Juan Manuel Santos pidió perdón a la comunidad de El Salado y se comprometió a reconstruir el municipio, palabras que hoy quedaron en el aire para las familias del municipio. 

Hoy la impunidad es la última palabra. Las investigaciones ocultan la sistematicidad de cada uno de los hechos, tergiversan y ocultan las responsabilidades institucionales, desenfocan haciendo ver lo que es posible hacer ver pero ocultan la magnitud de los hechos, su intencionalidad. No esclarecen confunden.

Después del inicio de la Danza de la muerte paramilitar en El Salado, la Verdad, la Justicia y la Reparación es un Derecho para los habitantes de El Salado. En su memoria, desde su memoria, la Justicia.

Víctimas de la masacre de El Salado en la Memoria
Víctimas de la masacre de El Salado Sin Olvido


viernes, 7 de febrero de 2020

Isidro Caballero Delgado

Febrero 07 de 1989
La desaparición forzada de Isidro Caballero Delgado, ocurrida el martes 7 de febrero de 1989 en San Alberto, Sucre, significó la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Colombiano por su responsabilidad en la desaparición forzada del señor Caballero y de María del Carmen Santana.

Isidro Caballero Delgado se desempeñaba como dirigente sindical del magisterio santandereano desde hacía 11 años. Gracias a su activa participación como dirigente sindical, fue víctima de manera constante de hostigamientos y amenazas, las cuales involucraron su detención en la Cárcel Modelo de Bucaramanga.


El 7 de febrero de 1989, Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, quien pertenecía al Movimiento 19 de Abril (M-19), estaban promoviendo la participación de la comunidad en la realización del “Encuentro por la Convivencia y la Normalización” que se llevaría cabo el 16 de febrero de 1989 en el Municipio de San Alberto. Esta actividad era organizada por el “Comité Regional de Diálogo” y su objetivo era “procurar una salida política al conflicto armado, propiciando encuentros, foros y debates en diferentes regiones”.

Ese día, Isidro Caballero y María del Carmen Santana fueron capturados por una patrulla militar conformada por unidades del Ejército de Colombia acantonadas en la base militar Líbano (jurisdicción de San Alberto) adscrita a la Quinta Brigada con sede en Bucaramanga. Nunca más fueron vistos con vida.

Elida González Vergel, una campesina que transitaba por el mismo lugar en que fueron capturados Isidro Caballero y María del Carmen Santana, fue retenida por la misma patrulla del Ejército y dejada en libertad. Durante su captura, la Sra. Elida vio a Isidro Caballero con un uniforme militar camuflado y a una mujer que iba con ellos. Javier Páez, otro habitante de la región, fue retenido ese mismo día por el Ejército colombiano, torturado y dejado en libertad posteriormente. Por los interrogatorios a que fue sometido y por las comunicaciones de radio de la patrulla militar que lo retuvo supo de la captura de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, así, una vez puesto en libertad, dio aviso a las organizaciones sindicales y políticas a las que ellos pertenecían, las cuales a su vez, informaron a sus familiares.

Al conocer de su captura, la familia de Isidro Caballero Delgado y varios organismos sindicales y de derechos humanos iniciaron la búsqueda de Isidro y María del Carmen en instalaciones militares, donde se negó que ellos hubieran sido aprehendidos. Posteriormente se entablaron acciones para ubicar el paradero de los desaparecidos y sancionar a los responsables pero no hubo resultados positivos. Tampoco se obtuvo reparación de los perjuicios causados.

En diciembre de 1995 la Corte Interamericana de Derechos humanos sentenció por primera vez al Estado Colombiano por haber “violado en perjuicio de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana los derechos a la libertad personal y a la vida contenidos en los artículos 7 y 4 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Sin embargo, 27 años después de los hechos y 19 años después de la Sentencia de la corte, la justicia interna no ha sancionado a los responsables a pesar de contar con material probatorio para tal efecto, razón por la cual el caso continúa en la completa impunidad. Aún los familiares de Isidro y de María del Carmen piden justicia por la desaparición y el asesinato de sus seres queridos y esperan que algún día la justicia condene a los máximos responsables, revele toda la verdad y les repare integralmente. 26 años después los familiares siguen firmes en sus exigencias y sobre todo en la conservación de la memoria de estos desgarradores hechos.

Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana en la memoria

Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana Sin Olvido

Comisión Colombiana de Juristas

jueves, 6 de febrero de 2020

Lucero Henao y Yamid Henao

Febrero 6 de 2004
El día 6 de febrero del año 2004 Lucero Henao y su hijo Yamid Daniel Henao fueron asesinados por paramilitares con la complicidad de la Fuerza Pública en el caserío de Puerto Esperanza Municipio del Castillo, Meta.

María Lucero Henao nació el 25 de Julio de 1960 en el Departamento del Valle, desde muy niña tuvo que vivir el desplazamiento forzado, así su vida se desarrolló en medio del desarraigo y destierro en diferentes lugares junto a sus padres.

En 1988, a sus 28 años, llego a Puerto Esperanza con sus nueve hijos; se destacó por su capacidad de liderazgo, convirtiéndose en integrante de la Junta de Acción Comunal; así mismo, hizo parte de la Unión de Mujeres Democráticas, movimiento que aglutinó a muchas mujeres llaneras destacadas por su conciencia democrática; militante del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, lideresa comunitaria. La transparencia y firmeza de Lucero por defender los ideales políticos fundados en la justicia social, hicieron de ella una gran promotora y defensora de los Derechos Humanos.

Su hijo, Yamid Daniel Henao, en el momento de su asesinato tenía 16 años y se encontraba estudiando en la Unidad Educativa el Encanto de Puerto Esperanza.

El 6 de Febrero de 2004 a las 10:30 de la noche, Lucero Henao fue abordada en su vivienda; “civiles” armados pertenecientes a la estrategia paramilitar llegaron a su puerta amenazándola y diciéndole que se llevarían la puerta si no abría, por lo que Lucero se vio obligada a abrir; una vez los hombres ingresaron al recinto, tomaron por la fuerza a Lucero y entre forcejeos la sacaron de la casa amarrándola con una cuerda de nylon.

Lucero es llevada por la fuerza a las fueras del caserío de Puerto Esperanza. Su madre y sus hijos deciden ir tras ella, pero en el camino los paramilitares señalando a la familia expresan: “ustedes son unos h.p´s guerrilleros”, los hombres obligan regresar a las niñas y la abuela, exigiendo que Yamid se quede con Lucero.

A cinco minutos de distancia se escucharon varios disparos, pero solo hasta el amanecer su familia pudo rescatar los cuerpos sin vida. El rostro de Yamid fue desfigurado por los múltiples impactos de bala que recibió y una oreja fue cercenada; el cuerpo de Lucero recibió múltiples disparos. 

De acuerdo a las denuncias de los pobladores a lo largo del día 7 de febrero, se presentaron enfrentamientos entre civiles armados de la estrategia paramilitar y la guerrilla de las FARC-EP en el caserío La Esmeralda, distante a tres horas de camino de Puerto Esperanza. 

El 5 de Septiembre de 2008 se obtuvo la indagatoria de Javier Domingo Romero, coautor material del asesinato de María Lucero y Yamid, en la diligencia se constata su vinculación al escuadrón Centauros en el año 2002, permaneciendo allí hasta el 2006, año de su desmovilización. Durante su accionar en el escuadrón se desempeño como patrullero y luego como escolta de alias “Julián”; en febrero de 2004 patrulló en la región del Ariari, bajo las ordenes de Himer Antonio Pulgarin, alias “Enrique”, durante su trabajo escuchó que María Lucero era colaboradora de la guerrilla al pasar por Puerto Esperanza cuando era escolta de alias “Julián”. 

Domingo Romero bajo las ordenes de “Julián” condujo a alias “Gavan” y “Montecristo” hasta donde Don Miguel Arroyabe, allí recibieron la orden de ejecutar a María Lucero y su hijo Yamid por ser colaboradores de la guerrilla. Posteriormente “Gavan” y “Montecristo” fueron dejados en el sector de la Y en el caserío de Puerto Esperanza, donde estaba ubicada la tropa que ejecutaría la orden al día siguiente. 

Domingo Romero en su indagatoria confirma que a alias “Montecristo” lo mataron y escuchó que a alias “Gavan” lo habían matado en Acacias después de la desmovilización pero esta información no le consta. 

Hasta la fecha se ha constatado que los jefes de “Julián” eran Daniel Rendón Herrera alias “Don Mario” y Miguel Arroyabe. 

Domingo Romero se acoge a sentencia anticipada, el 18 de junio de 2009 el juzgado cuarto penal del circuito especializado de Villavicencio profiere sentencia por coautoría en el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo con homicidio y heterogéneo con el punible de concierto para delinquir agravado. 

Han pasado nueve años donde la actuación jurídica de la parte civil, representada en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, con la Comisión de Justicia y Paz, ha insistido en la vinculación de unidades militares por acción y omisión en los crímenes de Lucero y su hijo Yamid. Vinculación que ha negado el aparato de justicia, 

Los hijos de LUCERO y la Comunidad Civil de Vida y Paz, desde el regreso a la región en Puerto Esperanza, El Castillo – Meta, continúan exigiendo verdad y justicia. 

Sus nombres, sus vidas, presentes hoy son símbolo de la resistencia al olvido, son expresión de resistencia a un aparato de justicia que impone la impunidad. 


Las nuevas generaciones del Alto Ariari son las y los jóvenes que se han comprometido a conservar la memoria a través de monumentos, espacios de memoria, expresiones artísticas y el trabajo en comunidad en busca de justicia, dignificando la memoria de sus víctimas, demostrando que no podrán callar ni olvidar lo que personas como María Lucero hicieron por su comunidad.


Lucero Henao y Yamid Henao en la memoria
Lucero Henao y Yamid Henao Sin Olvido


jueves, 9 de enero de 2020

Masacre de El Tigre


9 de enero de 1999 
“El día se volvió noche y la noche una eternidad. Aunque la muerte vino y a sus anchas quiso andar, a la esperanza no puedo encontrar, pues esta se escondió bajo el puente, que con el pasar del tiempo fue símbolo de unidad.” Cartel en el puente del Río Guamuez.
En el sur de Putumayo, a mediados de los años 80, hizo presencia los frentes 27 y luego 42 de las FARC. Posteriormente, se generaron los primeros grupos paramilitares en el territorio, Los Combos y Los Masetas, para 1997 estos se agruparon en el Bloque Sur Putumayo, grupo adscrito al Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas Unidad de Colombia.

Entre 1997 a 1999 se desarrollo una estrategia militar que consistía en la ejecución de diversas masacres, convirtiéndose está, en una caravana de la muerte que tenía como propósito vaciar territorios para ejercer control sobre los mismos, especialmente, en territorios donde hubiese hecho presencia la guerrilla, con el fin de someter política, económica y socialmente a la población. La estrategia paramilitar recorrió El Placer, La Dorada, Las Brisas, El Empalme, El Vergel en el sur de Putumayo y finalmente al caserío El Tigre, el cual limita a la orilla de la carretera Pasto-Mocoa y La Hormiga-San Miguel, en el municipio de Valle del Guamuez.

En este lugar, ya se había estigmatizado a la población como “pueblo guerrillero” convirtiéndola en objetivo militar. Antes de la masacre y antes de año nuevo, los paramilitares habían anunciado su ingreso a la región por medio de panfletos indicando el exterminio de presuntos guerrilleros, colaboradores o auxiliadores de la guerrilla y milicianos, de forma que, las fiestas decembrinas fueron llevadas a cabo con incertidumbre y temor. La celebración de año nuevo se daría hasta el 10 de enero, cuando la población retomaría sus labores cotidianas, aún, el 9 de enero 1999 se pensaba que la barbarie ya no haría presencia.

Pero el 9 de enero de 1999, sobre las once de la noche se dio un ambiente sombrío en el caserío, cuando entraron varias camionetas blancas 4x4 que transportaban aproximadamente 150 paramilitares, que venían al parecer de Puerto Asís, lugar en el que estaban asentados paramilitares desde 1997. Sobre las 8 de la noche la Brigada XXIV del Ejercito Nacional había realizado un reten que impedida avanzar hacia el territorio, este mismo fue levantado hasta el 10 de enero a las 8 de la mañana, por lo que, dichos hechos según Amnistía Internacional se dieron en complicidad de la Fuerza Pública, contando además con la participación de algunos agentes de la policía.

Al ingresar los paramilitares pintaron en las paredes “AUC presentes” y por órdenes de Antonio Londoño Jaramillo alias “Rafa Putumayo” y Arnulfo Santamaría alias “pipa”, obligaron a los habitantes a reunirse y fueron seleccionados para ser asesinados al azar, todos seleccionados en el momento de la incursión, quedando un saldo de 28 personas asesinadas, todos ellos hombres y 14 más fueron desaparecidas, se estima que en su mayoría fueron mujeres. Durante 3 horas se vivió el terror de asesinatos, desapariciones, violencia sexual, abortos y quema de casas, vehículos y bienes.

En la madrugada del 10 de enero de 1999, los paramilitares dejaron el territorio con la advertencia de que en 24 horas regresarían para acabar con la vida de los sobrevivientes. Al amanecer los pobladores que pretendían salir de dicho escenario de sangre, se encontraron dos rutas de terror que recordaban los hechos ocurridos, una de ellas era a la salida del caserío por la vía hacia la Hormiga, donde los paramilitares hicieron un circulo con los cuerpos de las víctimas; y la segunda, fue en el puente del rio Guamuez, donde, tiraron y desaparecieron el cuerpo de algunas víctimas, todo como símbolo de terror, pero también de prolongación e impunidad de la masacre y del ejercicio de un control irregular. Esto genero un desplazamiento forzado masivo de la población, pero con el tiempo el 70% de los pobladores retornaron resistiendo, puesto que, en 2001 los paramilitares decidieron hacer presencia permanente.

Las vidas segadas fueron las de Humberto Salas, Miguel Angel Rosero, Jairo Zambrano, Ricardo Morales, Onésimo Sambonilles, Euler Rosero, Marcelo Arévalo Adreda, Mario Antonio Cabrera, Cristian Arquímedes Bastidas, Jazmany Nárvaez, Moisés Getial, David González, Hernando Teherán, José Alveiro Erazo, Carlos Cerón, Elías Meneses, Sandro Morales, Jaime Bermeo, Gerardo Zambrano, Andrés de Jesús Herrera, Édgar Ruíz, Hobeimar Quiñonez, César Ramírez, Hernando Beltrán y Wilmer Narváez.

Pese a que la masacre es conocida, el Estado solo ha hecho presencia y recuperado la soberanía del territorio para cederla a petroleras. Sin embargo, cada 9 de enero se conmemora a cada una de las víctimas, enfrentando el dolor, pero también exigiendo justicia, verdad y reparación, ante los daños y pérdidas que cambiaron significativamente la vida de toda la población y la vida del territorio, que aun busca que su existir y la humanidad de quienes ya no están sea dignificada.

Victimas de la Masacre de El Tigre en la Memoria
Víctimas de la Masacre de El Tigre Sin Olvido