lunes, 12 de abril de 2021

Homenaje a campesinos desaparecidos en La Sonora, Trujillo, Valle

 Los asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, el desplazamiento se originaron como parte de una operación armada y planificada de narcotraficantes, militares del batallón Palacé de Buga y policías del F2.

Entre 1986 a 1994 se han registrado y denunciado 352 víctimas de asesinatos, desapariciones, y torturas en lo que se conoció como la “masacre de Trujillo”

El asesinato del padre Tiberio Fernández Mafla y la desaparición de las tres personas que lo acompañaban, Alba Isabel, Oscar y José Norbey fueron los crímenes que el 17 de abril de 1990, empezaron a develar un plan de exterminio de la población y de testigos para el control político del municipio y para apropiarse de tierras que hoy en día están ocupadas por la agroindustria de pino de la empresa Smurfit Kappa Cartón de Colombia.
Las actuaciones de tipo paramilitar se realizaron con dos claras motivaciones: las políticas y otras de control social. La primera contra organizaciones comunitarias y de base que exigían derechos y un cambio en las relaciones inequitativas y la segunda bajo la mal llamada “limpieza social” para el extermino de trabajadoras sexuales, consumidores de droga. Durante marzo y abril más de 53 víctimas han sido reconocidas.
El padre Tiberio denunció en el desierto los crímenes de la estructura narcoparaeconómica y política. Poco antes de que lo asesinaran, cerró un sermón con la expresión: “”Si para que en Trujillo amanezca y florezca la paz que tanto estamos necesitando, gustosamente la derramaré’. Cuando terminó la misa, un parroquiano conversó con él y le dijo: ‘Padre ¡váyase! Váyase que usted vale más vivo que muerto’. Y el le dijo: ‘No mijo, no los voy a abandonar en este momento’”.
Después de 25 años de tanta comisión de crímenes de lesa humanidad, la máquina de la impunidad ha trascendido de las instancias judiciales, a las sociales, el silenciamiento, el terror ha ocultado los beneficiarios de tantos crímenes, el paramilitarismo hoy persiste, continúa asesinando, desapareciendo, sin que nadie pueda algo denunciar. Además, del control social paramilitar en las áreas rurales la empresa Smurfit – Colombia ha ido ocupando predios para la industria forestal pinera, poco a poco, los campesinos se quedan sin tierra. La petición de perdón del Presidente Samper, pronunciadas en el 1995, son inconsistentes con la impunidad y la continuidad del paramilitarismo como estrategia de sectores del Estado.
 
Sobre el jefe paramilitar que lideró parte de las operaciones como Henry Loaiza, alias “El Alacrán”, en septiembre de 2011 se profirió resolución de acusación en su contra, sobre 46 víctimas y se precluyó la investigación sobre otras 42 víctimas. Laoiza en diciembre de 2011 se declaró inocente de todos los crímenes que se le imputan, afirmando ser perseguido político por existir una confabulación entre las organizaciones que representan las víctimas de la masacre y la fiscalía. En este momento la investigación se encuentra estancada por conflicto de competencias entre las fiscalías de la llamada investigación por ley 975 o mal llamada de “justicia y paz” y la justicia ordinaria en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.
 
Sobre otro de los imputados, Diego Montoya, alias “Don Diego”, aún no ha habido cierre de la investigación, sólo se ha hecho una indagatoria parcial donde este no aceptó los cargos, hoy se encuentra extraditado en los Estados Unidos por los delitos de tráfico de drogas sin que se posibilite el acceso de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación en la comisión de crímenes de lesa humanidad.
 
Como es costumbre, con honrosas excepciones, los militares, los altos mando nunca fueron investigados, como si fuera posible tal cantidad de crímenes, como si ellos no hubieran conocido nada. Solamente el Mayor Urueña tuvó una condena de 44 años en primera instancia, que fue apelada por la defensa, y en segunta instancia el Tribunal lo absolvió de su responsabilidad. Así de vergonzosa es la actuación judicial.

Después de 20 años la única esperanza de justicia es el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que en sentencia de revisión del 22 de septiembre de 2010, decidió revisar los fallos del 91 por medio de las cuales se absolvió de responsabilidad a Henry Loaiza, alias ‘El Alacrán’, Diego Montoya, alias ‘Don Diego’, el mayor del Ejército (r) Alirio Ureña y a Diego Rodríguez.

Después de 25 años, los familiares de las víctimas continúan exigiendo justicia, en la memoria que se expresa en un Parque Monumento, en las canciones, en los rituales que casi silenciosa, por no decir, clandestinamente, logran sostener para señalar que solo será posible un Trujillo distinto, cuando exista esclarecimiento judicial y las víctimas dignificadas. Este caso continúa su trámite en la Comisión Interamericana en medio de una solución amistosa parcial que no ha logrado posibilitar por la ausencia de una decisión política eficaz que el paramilitarismo cese en su actuación y que los beneficiarios políticos y económicos no continúen usufructuando el poder basados en el terror, en la sangre, en la impunidad.
 
MEMORIA Y JUSTICIA
Sin Olvido – Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

miércoles, 14 de octubre de 2020

Luis Eduardo Yaya Cristancho



“… la guerra es uno de los fenómenos sociales más regulares en la historia humana, y es la actividad a la que la humanidad ha dedicado sus mejores esfuerzos, creatividad y entusiasmo. Nada parece tener tanta convocatoria como la actividad de masacrar a un buen número de congéneres”. (Sociología de la guerra. Flabián NIEVAS).

“… jueves 23 de febrero de 1989, 8:00 de la mañana. Suena el teléfono de la oficina. Interrumpo la denuncia que estaba atendiendo. Me levanto de la silla, descuelgo y escucho la voz de mi cuñado… en ese momento tuve la certeza que lo habían asesinado… habían apagado la luz que significaba para muchas personas su vida… terminaba, contradictoriamente, toda una vida de escapársele a la muerte, de luchar por un sueño, por una ideología… empezaba, nuestro antes y el después…”.

La persecución, los actos de violencia más inconcebibles habían sido (SON), desde siempre, generalizados y permanentes para los militantes y simpatizantes de la izquierda. 1.989 quedaría por siempre esculpido en la vida de cientos… MILES y miles de personas; su marca, su estigma, su huella… sus consecuencias…

1989… la guerra política, social, de intereses, no solo alcanzó a los Partidos y grupos de izquierda; afectó de igual modo a la Población Civil, a otros partidos, a la Iglesia, al deporte, al periodismo; Funcionarios Públicos, Jueces, Oficiales de Policía, Magistrados que adelantaban investigaciones en contra de los genocidas que arrasaban el país.

El DERECHO a la integridad física, psíquica y moral contemplada en los Tratados y Convenios Internacionales, en la Constitución y sus normas reglamentarias se vulnera cada vez más con más desparpajo; el desconocimiento de los DDHH se abrió espacio en el diario vivir de los colombianos.

Hemos visto en los titulares de los medios de comunicación: “1989, el año negro que está en la impunidad. Bomba al avión de Avianca, 107 muertos; atentado al edificio del DAS, 70 muertos y 500 heridos; ataque a las instalaciones de El Espectador, 73 heridos; crímenes selectivos… asesinato de policías, 731… EL TIEMPO.COM. Fecha de publicación: 21 de noviembre de 2009”.

1.989. Asesinados 13 periodistas (PERIODISTAS ASESINADOS EN COLOMBIA de 1988 al 2005. Publicación de José Ignacio Penagos Hincapié).

EL ESPECTADOR 18-01-2014 Un cuarto de siglo después. 1989: año para tener en la memoria. Por: Marcela Osorio Granados. 18 DE ENERO: “En el corregimiento de La Rochela, municipio de Simacota (Santander), doce funcionarios judiciales que investigaban la desaparición de 19 comerciantes, perpetrada por las autodefensas en el Magdalena Medio en 1987, fueron asesinados por paramilitares, presuntamente en alianza con algunos miembros del Ejército”. 

25 años después… Este es un homenaje a nuestro padre LUIS EDUARDO YAYA CRISTANCHO, asesinado el 23 de febrero de 1989.

Un homenaje a sus Compañeros de lucha, utopías, de ideales. Un homenaje a los Militantes, Directivos, Simpatizantes de la UNIÓN PATRIÓTICA y del PARTIDO COMUNISTA. Un Homenaje a los Campesinos y miles de colombianos asesinados hace 25 años en medio de la guerra de intereses políticos. Un homenaje a los MILLONES de Víctimas en Colombia. 

A las víctimas de la década de los 80; hechos que asombrosamente, AÚN permanecen impunes; a los desaparecidos, torturados, exiliados, desplazados. 

Fuera de todo momento coyuntural… un Homenaje a sus familias quienes hemos tenido que vivir en medio de las circunstancias y hechos vividos a causa de la violencia política y social; la estigmatización, la falta de solidaridad; el olvido, negación y/o desconocimiento.

En medio de estas diversas situaciones de riesgo psicosocial, “sus voces, sus sueños, sus ideales, sus historias, DEBEN renacer; cobrar vida para inmortalizarlas en el Capítulo de la Memoria Histórica, de la obra que estamos construyendo y deseamos los colombianos que sea pronto una realidad: -La PAZ en Colombia-”.

¡Hasta entonces!. …¿Habrá PAZ en sus tumbas?... 

El 23 de febrero recapitulamos los hechos que desencadenaron en el asesinato de nuestro padre LUÍS EDUARDO YAYA CRISTANCHO; circunstancias similares que llevaron igualmente al asesinato, días después, de líderes sociales conocidos por el país como Teófilo Forero y José Antequera, además de cientos de militantes de la UP, líderes sindicales, campesinos, indígenas y civiles que creían posible la construcción de una sociedad justa sin distingos para TODOS los colombianos.

¿Quién era LUIS EDUARDO YAYA CRISTANCHO?.

Nacido el 26 de marzo de 1939, fue un hombre de ancestros campesinos. Leal, honesto, firme y convencido de sus ideales. Nacido del seno del Partido Comunista de Colombia el cual lo formó como líder político y social; fiel a la política de izquierda democrática participó siempre en su crecimiento; fue militante de la Unión Nacional de Oposición – UNO- y dirigente de la Unión Patriótica –UP-, logrando en varias oportunidades una curul en el Concejo del Meta, lo que lo llevó a ser considerado para la candidatura a la Asamblea Departamental. Fundador y Directivo en el Meta de los primeros Comités de Derechos Humanos.

En su permanente trabajo con la clase obrera, participó en la conformación de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia –CSTC-. A lo largo de su vida sindical se unió a la causa de los campesinos, los trabajadores y operarios de las fábricas; empleados y trabajadores oficiales del Estado a quienes apoyó y asistió en las justas colectivas ante sus patronos.

Fundador de sindicatos agrarios y de la Federación Sindical de Trabajadores del Meta – FESTRAM- de la cual fue presidente; en el momento de su muerte hacia parte de la Directiva Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores – CUT-.


Luis Yaya inició su vida política y sindical a comienzos de 1957 cuando se desempeñaba como jornalero en la Compañía que en ese entonces, extendía las redes de la luz eléctrica en los municipios de la Sabana Norte de Bogotá. Su deseo de participar más de cerca en la actividad política y sindical, además de formarse académicamente para esta causa, hizo que se trasladara con su recién conformada familia, de Cajicá municipio en donde residía desde hacía muchos años, a Bogotá; en donde se emplea como ayudante de mecánica en los Talleres Distritales de donde fue despedido por ser uno de los gestores y promotores del sindicato de Trabajadores Oficiales del Distrito.



A partir de entonces y durante 32 años, trabajó con tesón en lo que para él se convirtió en el centro y razón de su vida hasta sus 49 años: la Lucha Sindical y la dirigencia política de izquierda… “la reivindicación y reconocimiento de los derechos para los menos favorecidos". Inició su lucha en la clandestinidad siendo permanentemente perseguido, asediado, privado de la libertad porque jamás cejó en su empeño de alcanzar un modelo de sociedad justa y equitativa.

Trabajó en Cauchosol, San Marcos, Panam, Lafayette; de cada una de estas empresas fue también despedido porque no dejaba de participar y discutir con sus compañeros, las lecturas diarias producto de su formación autodidacta o académica que lo llevaban al conocimiento y convencimiento de la lucha social y a seguir promoviendo el derecho de asociación de los trabajadores.

Reconocido ya como líder, se dedicó por completo tanto al ejecutivo político como al sindical. 

Su constante ir y venir dentro y fuera del país donde la lucha revolucionaria hizo que compartiera de cerca con camaradas y compañeras de ideología, contribuyó a que su vida afectiva y sentimental fuera irregular; pero sin dejar nunca de transmitir a sus hijos un enorme respeto por las causas sociales, lo que lo hizo merecedor a que sus familias lo recuerden con consideración, admiración y un inmenso amor, extrañándolo por el tiempo que nos hizo falta compartir.

Sus 11 hijos, hemos permanecido unidos alrededor de nuestras madres, extrañando al esposo, camarada, compañero y padre; recordándolo para que lo conozcan sus 22 nietos y 3 bisnietos, porque el reconocimiento y homenaje a la memoria de nuestros muertos se inicia en nuestras familias, con sentimiento de solidaridad, fraternidad y respeto.

La recuperación de la memoria de nuestros muertos, debe reivindicar todos los valores que hicieron parte de sus vidas; manteniendo vivo su recuerdo, los sueños y proyectos que juntos tejimos; luchando por la justicia que no ha permitido que se conozca la verdad para elaborar por fin el duelo que no nos ha permitido cerrar las heridas.

"Porque a nadie le duele tanto la guerra, /aprecia y desconoce tanto el significado de la Paz como nosotros… /todos aquellos quienes hemos visto de frente la muerte, /la sangre, la tristeza y la soledad, /la vida escaparse de entre nuestras manos, truncarse toda una vida de sueños / y partirse en dos la realidad, / …el antes de su muerte y la existencia del hoy a la que nos enfrentamos…”

El 21 de diciembre de 2012 publicó EL TIEMPO: “En una ceremonia de homenaje, previa a la inauguración - del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del Distrito- víctimas familiares, amigos y compañeros llenaron 2012 probetas con tierra y mensajes de recuerdo a las víctimas del conflicto que, posteriormente, fueron incrustadas entre las paredes del monolito. Entre los escritos de recuerdo pueden leerse mensajes de denuncia como: "Luis Eduardo Yaya Cristancho, dirigente político de la UP y el Partido Comunista, defensor de los derechos humanos, entregado a la lucha social por 32 años, asesinado por sicarios el 23 de febrero 1989, su asesinato permanece en la impunidad".

25 años de Impunidad e Injusticia

El crimen fue cometido en la mañana del 23 de febrero de 1.989 hacia las 7:00 a.m., cuando salía de su casa, ubicada en el barrio Madrigal, fue abordado por Jairo Rodríguez Niño (alias "La muerte"), Willian Góngora Sierra, Jorge Monzaide Vergara Patino (alias "Panas" o "Billete Largo"), Camilo Zamora Guzmán (alias "Travolta"), Daniel Rodríguez Garzón, Jairo Rodríguez Garzón (alias "El Pato") y Florencio Rodríguez (alias "Barrabás", exsuboficial del B-2 del ejército), paramilitares de la estructura de Víctor Carranza quienes le propinaron 10 disparos de arma de fuego. Según la declaración de Camilo Zamora, los victimarios salieron de la finca La Reforma, en Puerto López, y después de asesinarlo regresaron allí, a dejar el vehículo. 

Según relato de Josué Giraldo Cardona Dirigente de la UP del Meta…. "Luís Eduardo salía de la casa manejando su carro. Estaba echando reversa cuando llegó el primer sicario y le rompió el vidrio delantero. Luís Eduardo sacó su pistola, pero no tenía ninguna experiencia en el manejo de armas. El sicario se la quitó y con su misma pistola lo acribilló. Otros sicarios también se acercaron y le descargaron las armas; según Camilo Zamora, el crimen estaba previsto para ser cometido antes: "El año pasado [1988] … yo tenía conocimiento que lo iban a matar más o menos en noviembre o diciembre (sic), pero el mayor Forero, en ese entonces comandante del F-2 en Villavicencio no dejó porque los sindicatos y todo eso (sic) se le iban encima de él…" 

“… En los días previos Luís Eduardo Yaya había sido víctima de tres intentos de asesinato: "Un mes antes de su muerte Luís Eduardo salía del sindicato y se encontró con un sicario de frente. Los dos desenfundaron las armas, se apuntaron y por miedo a matarse el uno al otro, ambos salieron corriendo. Quince días antes, llegó a mi oficina muy pálido, a punto de desmayarse; me paré para tranquilizarlo; dos sicarios lo habían ido a buscar a la Federación y unos minutos antes lo había llamado un periodista muy amigo para advertirle que para su oficina iban unos hombres armados. Él alcanzó a salir antes de que los sicarios entraran y previamente llamó a la Policía. Lo que la gente testimonió es que la Policía llegó y recogió a los paramilitares para decirles que tenían que aplazar el atentado porque habían sido descubiertos. (...) Una semana atrás le habían retirado el escolta del DAS. Almorzamos juntos ese día, en compañía de Ricardo Rodríguez (...) Saliendo del restaurante, los hombres que iban a matarlo estaban rondándolo. En el momento, un Senador del partido Liberal por el Meta, Alfonso Latorre, pasaba con sus escoltas y saludó a Luis Eduardo al que conocía hacía varios años. (...) Luego supimos que no le dispararon por no matar al Senador". 

Yaya Cristancho fue uno de los líderes del departamento del Meta, de muy larga trayectoria en pro de las luchas populares: "Era un forjador de sindicatos desde los años sesenta; conjuntamente con Plinio Muríllo impulsaron el sindicalismo agrario. También era fundador de la Central Unitaria de Trabajadores -CUT y miembro también de su dirección. Cuando se desató el genocidio contra la Unión Patriótica, Luís Eduardo creó los primeros comités de derechos humanos en el Meta". 

Por ello fue masiva la participación en su sepelio e incluso sus copartidarios buscaron transmitir el acto por emisoras radiales. Sin embargo, el Gobernador intentó impedir el acceso a los medios de comunicación aduciendo "órdenes superiores", en tanto que la ceremonia, realizada en la plaza central de la ciudad, fue saboteada por militares al mando del Teniente de la VII Brigada, Miller Tarcisio Koy Nuñez', quienes en momentos en que Manuel Cepeda, orador central, hablaba, incursionaron en el lugar, haciendo gestos que daban a entender que dispararían, por lo que los asistentes huyeron aterrorizados. 

A causa de las amenazas de muerte, cinco de sus hijos mayores ni la madre de estos, pudieron asistir a sus honras fúnebres, viéndose obligados a abandonar durante la velación la capital del Llano.

Después de ser capturados el 4 de abril de 1989 los asesinos de Luís Eduardo Yaya Cistancho, el proceso penal fue abierto por el Juzgado Tercero de Orden Público de Villavicencio, con el radicado No. 020. El 19 de junio de 1989 fue acumulado al proceso identificado con el radicado No. 019, adelantado en el Juzgado Cuarto de Orden Público, en el cual el principal implicado era el jefe paramilitar, Víctor Manuel Carranza Niño. 

Este fue uno de los pocos casos en que se constituyó parte civil en el proceso penal, en cabeza del abogado y vicepresidente de la Unión Patriótica, Ricardo Rodríguez Henao, quien justamente a los pocos meses fue víctima de un atentado, cuatro días después de haber sido acumulado al proceso 019. 

Finalmente, y a pesar que mediante fotografías fueron identificados por testigos presénciales, dos de los autores materiales del crimen, John Rodríguez Niño y William Góngora Sierra, la totalidad de los implicados en el proceso 019 fueron absueltos por la juez Marcela Fernández Castañeda” …… (“COLOMBIA NUNCA MÁS Crímenes de Lesa Humanidad, Zona 7ª.).

HASTA EL DIA DE HOY SU MUERTE SIGUE IMPUNE .

“Con profunda fe en la fecundidad de las memorias prohibidas de quienes fueron físicamente destruidos por anunciar un mundo alternativo y más justo, entregamos esta memoria a nuestros familiares, amigos, compañeros y conocidos que aún conservan alguna capacidad de asombro y compromiso”.

CON CARIÑO 
FAMILIA YAYA CUERVO
FAMILIA YAYA POVEDA 
FAMILIA YAYA MOSQUERA 


"… Porque tu voz no la callaron las balas asesinas y hoy sigue haciendo eco en nuestras vidas…”.

miércoles, 15 de julio de 2020

Masacre de Mapiripán

Julio 15 de 1997



El hecho más notorio que inauguró el ingreso de Carlos Castaño a la zona del Guaviare y del sur del Meta, lo constituyó la masacre de Mapiripán, perpetrada entre el 15 y el 20 de julio de 1997:



Cuarenta y nueve campesinos y pobladores fueron torturados, desmembrados, eviscerados, degollados y arrojados al río Guaviare por un grupo cercano a doscientos hombres que permanecieron en la localidad por cinco días sin ser repelidos y perseguidos por la fuerza pública Colombiana y Estadounidense acantonada en la zona. Carlos Castaño, líder de los paramilitares aceptó públicamente la ejecución de 49 personas, pero la mayoría de ellos permanecen en la condición de desaparecidos.



En Mapiripán, Meta, viven unos 1.200 habitantes. Lo separa del departamento del Guaviare el río del mismo nombre que es su principal vía de comunicación con la inspección de Charras, a donde se puede llegar desde San José del Guaviare, a través de la trocha ganadera o por el río.


Todo este recorrido fue el que hicieron unos 200 paramilitares el 12, 13 y 14 de julio de 1997 hasta Mapiripán para cometer una de las masacres más escalofriantes en su lucha por conquistar las zonas cocaleras.

El recorrido criminal tuvo su inicio el 12 de Julio de 1997 cuando un grupo de paramilitares con material bélico fue transportado desde el municipio de Necoclí, en la zona del Urabá antioqueño a la población de San José del Guaviare en una aeronave comercial tripulada por los señores Juan Manuel Ortiz Matamoros y Pedro Zúñiga, quienes habían sido contratados en Medellín y Villavicencio.

Dicho recorrido se comprobó mediante el registro del itinerario de los vuelos, obtenido mediante inspección judicial practicada en los terminales aéreos de Carepa (Antioquia), Villavicencio (Meta), San José del Guaviare, Bogotá y Medellín. Además del testimonio de Mauricio Becerra, controlador aéreo del aeropuerto de San José del Guaviare y del confeso paramilitar Edison Londoño Niño, alias «Pasaje».

En este grupo de paramilitares que llegó vía aérea fueron identificados los hombres de Carlos Castaño conocidos como alias "El Percherón", "Mochacabezas" o el "diablo" y "Don Miguel". El sitio de aterrizaje de los aviones fue el aeropuerto llamado "Capitán Jorge Enrique González Torres" de San José del Guaviare, donde los esperaba otro grupo de paramilitares al mando de alias René, con unos camiones.

Desde San José del Guaviare los paramilitares arribaron a Mapiripán por vía terrestre y fluvial, pasando por los retenes instalados por la Policía Fluvial al salir de San José del Guaviare y el del Barrancón por personal del Ejército, donde también se encontraba en adiestramiento militar un grupo de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos.

Antes de llegar a Mapiripán entraron a la Inspección de Charras, donde reunieron a todos los pobladores en la plaza principal y repartieron una revista titulada «Colombia Libre», en la cual se anunciaba el origen del Frente Guaviare de las Autodefensas Unidas de Colombia. Pasaron también por Guanapalos. Caño Jabón y la inspección de La Cooperativa, del mismo municipio de Mapiripán, en donde asesinaron a una persona.

Desde el 15 de julio de 1997, la fuerza pública en San José del Guaviare, más concretamente el Batallón Joaquín París, y también la Policía Antinarcóticos, se enteraron de la presencia de los paramilitares en la Jurisdicción del municipio de Mapiripán, pero sobre el particular no realizaron ninguna actividad propia de su función con miras a contrarrestar lo sucedido durante los siguientes 5 días de su permanencia en el lugar.

Ese día en horas de la madrugada, el grupo, cercano a los doscientos hombres, quienes vestían uniformes de camuflaje y portaban armas de diversos calibres, corto punzantes y contundentes, arribaron al municipio de Mapiripán, sembrando el terror y la muerte entre campesinos y pobladores, quienes fueron sacrificados después de un desfile macabro en el matadero municipal.

A la llegada sacaron a los habitantes del pueblo, los hicieron poner en filas, luego los requisaron e inmediatamente seleccionaron de la fila a Alvaro Tovar, lo amarraron y le propinaron cinco disparos en la cabeza. A Antonio María Barrera lo sacaron de su vivienda y se lo llevaron a la fuerza para el matadero, donde lo sometieron a crueles torturas, lo descuartizaron, mutilaron y arrojaron su cuerpo al río Guaviare. Un joven de Pacho, una Señora de Charras y un Joven de raza negra fueron desaparecidos. Otra víctima fue Nelson sin identificar, quien había llegado recientemente a la población, lo interceptaron en cercanías al río, junto con su esposa e hijos, y luego de exigirle la documentación, la cual tenía incompleta, se lo llevaron al matadero de reses. Al día siguiente, su cuerpo sin cabeza fue hallado flotando en el río.

La misma mañana, del hotel residencias Guaviare sacaron por la fuerza a un joven e interceptaron a varias personas, entre ellas una pareja de campesinos jóvenes provenientes de la inspección departamental La Cooperativa, a una señora de tez blanca y a un señor de edad, quien se encontraba en la pista aérea y se disponían a viajar en avión. Estas víctimas fueron llevadas al matadero de reses, sometidas a torturas y en horas de la noche, mutiladas vivas, degolladas y sus cadáveres arrojados al río Guaviare, la mayoría con el vientre abierto con el fin de que no flotaran.

El 16 de julio, los paramilitares se ausentaron del casco urbano, ante este hecho los habitantes aprovecharon para salir de sus viviendas y dirigirse hacia el matadero de reses, donde encontraron la cabeza de Nelson y un saco de la señora de tez blanca.

Hacia el final de la tarde, encontraron flotando en el río el cadáver de uno de los jóvenes campesinos, procedentes de La Cooperativa. Cuando los pobladores intentaban rescatarlo, se hicieron presentes los paramilitares y lo impidieron, amenazando a la comunidad y a quien intentara sacar del río los cadáveres. Les dijeron: «¿les dolió mucho la muerte de él...?".

Ese mismo día interceptaron a un joven estudiante, quien por vía fluvial provenía de la inspección departamental Puerto Alvira, le exigieron los documentos de identidad y al no presentarlos lo acusaron de ser guerrillero y lo llevaron al matadero de reses.

Durante los días 17,18 y 19 de julio se desplazaban de día a las zonas rurales del municipio y en las noches regresaban al casco urbano de Mapiripán, ordenaban suspender el fluido eléctrico y a los pobladores no salir de sus viviendas.

Entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de julio y antes de abandonar el casco urbano del municipio para tomar rumbo a la inspección de policía La Cooperativa, ejecutaron a otros tres pobladores. Los paramilitares también incursionaron en la vivienda de Sinaí Blanco hacia las 9 de la noche y lo sacaron por la fuerza, en presencia de su esposa e hijos. Su cadáver degollado fue hallado al día siguiente en una calle de la población. Ese mismo caso fue cometido con otro poblador, quien fue sacado de su vivienda en presencia de su esposa e hijos, José Roland Valencia, despachador de aviones, empleado de la alcaldía, a quien degollaron vivo y arrojaron su cadáver en la pista de aterrizaje. El 19 de julio, a las 6 de la tarde, fue interceptado el Presidente de La Junta de Acción Comunal de La Vereda Caño Danta, a quien ejecutaron horas más tarde.

El domingo 20 de julio, al enterarse de las muertes ocurridas durante la noche y la madrugada anterior, y tras percatarse de la ausencia del grupo paramilitar que se dirigió hacia la inspección departamental La Cooperativa, los pobladores iniciaron el desplazamiento forzado por vía aérea y terrestre hacia Villavicencio y por vía fluvial hacia San José del Guaviare, quedando prácticamente desocupado el casco urbano, ya que se desplazó el 70% de la población.

Ante las autoridades que se hicieron presentes el 21 de julio, fue denunciada la desaparición de los hermanos Omar Patiño Vacca, Eliecer Martínez Vacca y Jaime Ríaños.

De los identificados se sabe que seis de ellos pertenecían a movimientos políticos diferentes a los del Alcalde quien pertenecía al partido conservador. José Roland Valencia meses atrás había denunciado la corrupción de la administración municipal, que en los contratos de obras municipales pretendía adueñarse de una suma superior a 10 millones de pesos; por ello había sido amenazado desde esa época por el Inspector municipal, Luis Hernando Prieto, y por el Director de la UMATA, Anselmo Trigos, ambos de filiación conservadora. También tuvo serios enfrentamientos con el Alcalde de la localidad por malos manejos de unos recursos de la Red de Solidaridad destinados a los ancianos.

La actitud de la mayoría de los miembros de la administración municipal fue muy sospechosa ya que no se encontraban el día de la llegada de los paramilitares y cuando se enteraron de los hechos no informaron a las autoridades competentes para que actuaran. El Alcalde llegó al municipio al segundo día de la incursión y tampoco actuó para preservar la integridad de los habitantes.

Se afirma por parte de testigos de los hechos, que varios miembros de la administración municipal y de la familia Trigos fueron informantes de los paramilitares; algunos aportaron mapas; otros señalaron personas; otros listas de personas a ejecutar. Se afirma también que la familia Trigos tenía vínculos con los paramilitares, razón por la cual fue obligada por la guerrilla a abandonar el pueblo.

Al día siguiente de salir el último miembro de los Trigos del municipio, se dio la incursión paramilitar.

Dentro de la investigación se pudo establecer que los altos mandos de la Séptima Brigada del Ejército habían tenido, desde antes de la incursión, comunicación con los paramilitares, desde varios meses antes del suceso, los paramilitares hicieron reuniones para organizar la incursión al municipio de Mapiripán en las que participó el Sargento Juan Carlos Gamarra Polo del batallón Joaquín París al mando del Coronel Carlos Eduardo Avila Beltrán, tal como lo declaró el paramilitar Pedro Alex Conde Anaya.

Para la ejecución del crimen, se permitió que los ocupantes de los vuelos irregulares procedentes de Necoclí y Apartado el día 12 de julio ingresaran a la plataforma del aeropuerto de San José del Guaviare, sin ningún tipo de registro ni anotación en los libros, sino abordando libremente los camiones que allí esperaban al grupo al mando del paramilitar Luis Hernando Méndez Bedoya, como si se tratara de una operación militar, exceptuada habitualmente de ese control.

Los militares que tenían el control del aeropuerto y que permitieron el acceso de ese personal y de las armas fueron el Sargento Segundo José Miller Urueña Díaz y el Cabo Leonardo Montoya Rubiana.

La agrupación paramilitar en su recorrido de San José del Guaviare a Mapiripán, transitó por lugares destinados al entrenamiento de las tropas de la Brigada Móvil 2, tal es el caso del sitio conocido como la isla de "El Barrancón", donde tiene asiento la tropa y se estaban efectuado entrenamientos del grupo de Fuerzas Especiales No. 7 del Ejército de los Estados Unidos, más conocidos como los "Boinas Verdes".

Solo para el día 21 de julio las tropas del Batallón Joaquín París hicieron presencia en Mapiripán, pues se devolvieron de Calamar, adonde habían sido enviadas antes de la masacre, posteriormente se pudo confirmar que no había una perturbación del orden público en esta localidad y no era necesaria la presencia de la tropa en Calamar. Paradójicamente los militares llegaron cuando el grupo armado ilegal había abandonado Mapiripán.

Según un informe de inteligencia de la Policía Antinarcóticos entregado a la Fiscalía, el Coronel Lino Sánchez Prado, comandante de la Brigada Móvil No. 2, promovió un plan para introducir paramilitares en las áreas fumigadas aledañas a Mapiripán en el marco del programa a desarrollar en conjunto con los Boinas Verdes.

Se informó, además, que este militar el 21 de junio de 1997 le solicitó colaboración a personal de la Policía Antinarcóticos para participar en una operación en la que, con ayuda de los instructores estadounidenses "le iban a dar una lección a la guerrilla". Este militar por mucho tiempo y en periodos de auge y desarrollo del paramilitarismo en Colombia estuvo prestando servicios en la sección de inteligencia del Batallón Junín y de la Brigada XI con sede en Montería, Córdoba, donde los paramilitares, han tenido más presencia criminal.

Investigadores del diario El Espectador, en el extenso informe que publicaron sobre la masacre de Mapiripán, llegaron a la conclusión de que el «séptimo grupo de operaciones especiales de los Estados Unidos (Boinas Verdes) realizó un entrenamiento en "planeación militar" con la tropa del Coronel Lino Sánchez, mientras éste planeaba la decapitación masiva de civiles en Mapiripán».

Así las cosas, el ingreso de las autodefensas unidas de Colombia al departamento del Meta, especialmente a la subregión conformada por los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y San Martín Granada Fuente de Oro, ya estaba asegurado por toda una estructura estatal, facilitadora del accionar de los grupos paramilitares y del negocio del narcotráfico, la cual se vio favorecida con el apoyo del Comandante de la VII Brigada del ejército, General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez de la manera en que quedó establecido con los hechos sucedidos en el municipio de Mapiripán desde el 15 al 20 de julio de 1997.

Pese a la gravedad y la magnitud de los hechos, el Estado Colombiano no sólo, no garantizó la vida, la libertad, ni la integridad personal de los habitantes de Mapiripán, sino que además no ha respetado los derechos a la justicia y al debido proceso de sus deudos y familiares, e incluso ha intentado que dicha investigación se adelante bajo los postulados de la Justicia Penal Militar.

Hernán Orozco y el general Jaime Humberto Uscátegui dos oficiales de más de 30 años de carrera militar sostuvieron bajo juramento que "importantes sectores del Ejército estaban íntimamente comprometidos con el paramilitarismo". Ambos fueron condenados inicialmente por la justicia penal militar a principios de 2001 por "deshonrar a su ejército", por haber sido negligentes en el ejercicio de sus funciones. Les impusieron una pena de prisión de 40 meses a Uscátegui y de 38 meses a Orozco. Pero la Corte Constitucional anuló la sentencia porque consideró que debía ser la justicia ordinaria la encargada de juzgarlos.

Cuando el caso llegó a manos de un juez los dos realizaron acusaciones muy graves. Uscátegui manifestó al juez en las declaraciones que contaría la verdad si llega a ser condenado a 40 años de prisión. "Si el alto mando militar no me ayuda, sacaré a relucir pruebas que no dejan duda sobre la cercanía del Ejército con las autodefensas", sostuvo el oficial en una conversación privada divulgada por la revista Cambio.

En noviembre de 2009, tanto Uscátegui como Orozco fueron condenados por la justicia colombiana a 40 años de prisión como responsables de la masacre. Desde entonces Uscátegui está detenido en una guarnición militar en Bogotá a espera de que la Corte Suprema de Justicia resuelva un recurso de última instancia para una eventual absolución; Orozco, en tanto, vive desde hace 10 años en Florida, Estados Unidos.

Recientemente el Juzgado Tercero Penal Especializado del Circuito de Villavicencio halló culpable y condenó a 26 años de cárcel, al ex jefe paramilitar Raúl Emilio Hazbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’ o ‘Pedro Hazbún’, quien entrenó durante 15 días a los paramilitares que participaron en esta masacre.

Dicho despacho halló a ‘Pedro Bonito’ responsable de los delitos de homicidio múltiple agravado y secuestro extorsivo agravado.

Según la sentencia, al exjefe paramilitar que se acogió a la Ley de Justicia y Paz le atribuyen los homicidios de José Rolando Valencia, el despachador del aeropuerto de Mapiripán; del comerciante Sinaí Blanco, así como de Álvaro Tovar Muñoz, ‘Tomate’, y de una mujer de nombre Teresa, a la que le decían ‘la Muerte’.

La herramienta paramilitar sigue activa, pese a las maniobras de propaganda del Gobierno Santos y Uribe, pero la realidad es que las masacres continúan, se han intensificado los asesinatos y desapariciones de manera vertiginosa.

En Junio del año 2014 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratifico la condena de 40 años de prisión contra el general (r) Jaime Humberto Uscátegui, como autor por omisión impropia de los homicidios agravados y secuestros simples durante la masacre.

Luego de 18 años de esta masacre, la impunidad continua, las víctimas no han tenido reparación integral frente a los brutales hechos que ocurrieron hace 19 años, los autores intelectuales que han sido vinculados con el estado, siguen siendo protegidos por el mismo, se niega la dignidad de las comunidades que hoy siguen pasando necesidades debido al desplazamiento forzado producto de la violencia.

Hoy en el municipio aun hay presencia de estructuras paramilitares y a causa de ellos  el silencio, el miedo y la injusticia  son latentes en sus pobladores, el control paramilitar y abandono estatal han permitido el desarrollo del proyecto palmero en la región por parte de la empresa POLIGROW apropiándose de tierras baldías y en algunos casos de territorios obtenidos bajo amenazas.

Hoy recordamos a las personas que fueron masacradas aquel día y hoy se grita por los familiares de estas víctimas.

Víctimas de la Masacre de Mapiripan en la Memoria.
Víctimas de la Masacre de Mapiripan Sin Olvido.

sábado, 16 de mayo de 2020

Masacre de Barrancabermeja




Mayo 16 de 1998

El 16 de mayo de 1998, a eso de la 8:30 de la noche hora local, tres vehículos penetraron en la parte sur oeste de Barrancabermeja. Ese sábado, en el barrio El Campín del puerto petrolero de Barrancabermeja, se esparcieron las huellas por donde el terror lesionó socialmente, paralizó las apuestas de una región distinta. 

Los camiones transportaban entre 30 y 50 hombres con armas cortas y largas. Quienes también llevaban machetes y otro tipo de armas blancas. 

Los camiones siguieron su camino hacia el noreste por el perímetro sur de la ciudad. Se detuvieron primero en el bar La Tora y ahí los paramilitares al mando de alias ‘Camilo Morantes’ y alias ‘Panadero’, maltrataron a dos jóvenes y los obligaron a subir en uno de los camiones. Uno de ellos fue identificado como Jesús Valdivieso Pabón. Un ciudadano que pasaba por ahí en motocicleta fue detenido y golpeado por un miembro de las fuerzas paramilitares. 

Los camiones cambiaron después de rumbo dirigiéndose al norte, hacia una cancha de futbol en donde se realizaba un bazar popular. Más de cien personas estaban presentes y participaban en las actividades festivas, organizadas con el objetivo de recoger fondos para financiar un grupo infantil de danza. Los paramilitares se bajaron del camión y cercaron la cancha. Otros entraron a un salón de billar cerca de la misma y obligaron a varias personas a seguirlos mientras que los otros en el exterior, obligaron a todo el mundo a tirarse boca-abajo en el suelo, al tiempo que los calificaban de “guerrilleros” y les anunciaban el inicio de una guerra. 

Los paramilitares golpearon salvajemente a varias personas dándoles puñaladas y patadas. Después de haberle dado la vuelta a la cancha, los paramilitares escogieron algunas personas y las obligaron a seguirlos hasta los camiones. Una de las personas escogidas, Pedro Julio Rondón, no quiso subirse al camión y por haber resistido, un miembro del grupo paramilitar lo degolló delante de todas las personas reunidas allí. 

Los testimonios le permitieron al Tribunal determinar el nombre y la identidad de las personas secuestradas en Barrancabermeja el 16 de mayo de 1998. El número exacto es desconocido, pero se admite que las personas secuestradas en la cancha y que no se han vuelto a ver desde entonces son: 

Orlando Martínez, José Octavio Osorio, Wilfredo Pérez Serna, José Milton Cañas, Diego Fernando Ochoa, María Alejandra Ochoa, Geovanny Herrera, Oswaldo Vázquez, Ender González, José Reinel Campos, Fernando Landines, Oscar Leonel Barrera, Luis Fernando Suarez, José Javier Jaramillo, Nayr Guzmán, Eliécer Javier Quintero, Robert Wells Gordillo, Diomido Hernández, Daniel Campos Pérez, Carlos Escobar, Wilson Pacheco y Gary de Jesús Pinedo. 

Sus nombres aún viven, sus rostros la expresión de una persecución sistemática a través del rostro encubierto del Estado por medio de las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar. 

Cerca de veinte minutos más tarde, los camiones se dirigieron nuevamente hacia el sur. Un joven, llamado Jaime Yesid Peña, quien se encontraba en frente de su casa, fue también secuestrado por los grupos paramilitares. 

Tiempo después, los camiones entraron al barrio 9 de abril. Ahí, los paramilitares entraron en un salón de billar, obligaron al dueño a ponerse de rodillas mientras el cañón de un fusil estaba en su boca. Después detuvieron a los tres clientes que se encontraban en el lugar y se los llevaron a la fuerza. Los tres clientes fueron identificados como Daniel Campos Pérez, Juan Carlos Rodríguez Y Luis Argüello Solano. 

Paseándose a pie por el barrio, los paramilitares se acercaron después a un grupo de personas que jugaban tejo y tomaban cerveza. Uno de ellos intentó huir y fue perseguido por un paramilitar que disparaba su fusil en dirección a la casa en donde el civil trató de refugiarse. Otro que intentó huir recibió una bala en la pierna, mientras que otro paramilitar lo acabó acribillándolo de cuatro balazos. Esta víctima fue identificada como Germán León Quintero. 

En el mismo sitio, tres personas fueron capturadas y llevadas en un camión. A Carlos Enrique Escobar Jiménez, su hermano Melquisedec Salamanca Quintero y Carlos Arturo Alaix Prada, no se les ha vuelto a ver desde entonces. 

Siendo bloqueada la ruta principal, los paramilitares empezaron a disparar después hacia un pequeño bosque, en donde ciertas personas se habían escondido. 

Las fuerzas militares colombianas que se encontraban en el lugar, escogieron permanecer inmóviles y permitir que se perpetrara una masacre, sin intervenir. Las personas desaparecidas en ese momento fueron identificadas como Ricky Nelson García, Eliécer Javier Quintero Orozco, Luis Fernando Suarez, Wilson Pacheco y Gary Pinedo Rangel. 

Al día siguiente, a lo largo de la carretera que tomaron los paramilitares, fueron encontrados los cuerpos de algunas de las personas secuestradas, mientras que otro cuerpo fue encontrado cerca de la plaza La Esperanza: Jesús Argüello Solano, Diomidio Hernández Pérez, Eliécer Quintero Osorio, José Javier Jaramillo Díaz y Nayr Enrique Guzman. 

A pesar de que los periódicos informaron que las víctimas habían muerto por balas, ninguna autopsia fue efectuada por las autoridades del gobierno. En efecto, no se tomó ninguna fotografía, no se buscaron las balas y las autoridades tampoco reclamaron prueba balística alguna. 

Pasa cada año, entre el silencio, el olvido y la memoria que entre retazos pasa de calle en calle, donde los victimarios han pretendido imponer un modelo de sociedad. La justicia no ha esclarecido ni sancionado a quienes planificaron ni ordenaron este crimen, solamente ha individualizado unos cuantos autores materiales. 

En marzo de 2012 el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga condenó a 39 años y 11 meses de prisión a alias ‘Cuca’, por su participación en la masacre. De acuerdo con la investigación, fue el hombre que manejó el camión en el que fueron transportadas las víctimas desde Barrancabermeja hasta zona rural de Sabana de Torres. 

En el año 2014 fueron capturados tres oficiales del Ejército y la Policía por la complicidad de la masacre de Barrancabermeja.

Otro llamado el "Chino Niño’ confesó su participación en la masacre y se acogió a sentencia anticipada e incluso le entregó información a las autoridades para que en septiembre de 2007 encontrarán seis fosas en las que hallaron igual número de víctimas. 

Hoy tantos años después de la masacre, los otros 19 cuerpos no se han encontrado y para asegurar la impunidad, algunas de las fosas donde enterraron a las víctimas de la masacre fueron saqueadas con el fin de borrar toda evidencia. 

Después de 19 años, las palabras de la carta que los familiares de las víctimas, dirigieron al entonces Presidente Ernesto Samper Pizano para sensibilizarlo de la tragedia que padecieron”, resuenan como un grito que no logra desmoronar la sordera del poder. La máscara de la impunidad que se hace llamar justicia no ha tomado en cuenta la constancia que estas dignas familias dejaron en su escrito del 28 de mayo de 1998. El Estado no ha devuelto con vida a los desaparecidos, no ha sancionado penal y disciplinariamente a todos los responsables de las atrocidades a pesar de que en el escrito se resalta que “en el sector donde ocurrieron los hechos se encuentran acantonadas dos bases del Ejército Nacional”. 

Desde el 2002 todo el proceso de la conocida Masacre del 16 de mayo se encuentra en instancias internacionales, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez trasladó el proceso a la Corte Interamericana de DDHH de la OEA. 

Una vez más el único camino hacia la verdad y la justicia se buscan lejos de las instituciones colombianas que impunemente, en su interior, siguen manteniendo y protegiendo criminales de lesa humanidad. 


Masacre de Barrancabermeja en la memoria 
Masacre de Barrancabermeja Sin Olvido

jueves, 14 de mayo de 2020

Benedicta Joya Aponte

Foto: Vanguardia Liberal
Mayo 14 de 2013


El 14 de Mayo de 2013, en la vereda Montonera, ubicada a 15 kilómetros del casco urbano del municipio de Carcasí, en la Provincia de García Rovira, Departamento de Santander, fue asesinada Benedicta Joya Aponte hermana del religioso, defensor de Derechos Humanos y del medio ambiente, Pedro Elías Joya Aponte.

Esa noche, entre las 10:00 y 10:30 p.m paramilitares de los rastrojos llegaron hasta la humilde vivienda del padre Joya, casa en donde se estaba construyendo el Centro Formativo de Educación Popular para Líderes Regionales de la Provincia, allí se encontraba Benedicta Joya Aponte de 75 años quien horas atrás había despedido a su hermano el Padre Pedro Elías Joya Aponte, quien se dirigía hacia Málaga con destino a Bogotá para participar del Foro Ecuménico por la Paz.

Los paramilitares ingresaron violentamente a la casa, y al no encontrar al padre Pedro Elías, procedieron a desnudar a Benedicta, quien era su única compañía, probablemente la señora, fue abusada sexualmente y posteriormente asesinada con un arma corto punzante. Su cuerpo fue roseado con alcohol para luego prenderle fuego.

No siendo suficiente los paramilitares antes de marcharse, escribieron en una pared de la casa con la sangre de Bernarda: “Fuera guerrillo”.

Minutos después habitantes de alrededor avisaron de este asesinato a las autoridades, el levantamiento y las indagaciones hechas por la DIJIN duraron 9 horas, el cuerpo de Benedicta fue llevado a medicina legal, en donde procedieron a hacer la autopsia.

Ese mismo día el comandante de la Policía de Santander, el Coronel Édgar Nieto envió al sitio una comisión especial de investigación, 6 días después, el Coronel afirmó que el asesino había sido un primo de las víctimas, y se trataba de Jorge Luis Joya Sánchez, quien fue judicializado por homicidio agravado, el 26 de noviembre de 2013 fue condenado a 33 años de prisión, sin embargo se espera a que el condenado revele a nombre de quien actuó.

Estas fueron las palabras del abogado Carrillo el día de la condena de Jorge Luis Joya: “Queremos dejar constancia que hacemos un llamamiento a la conciencia del hoy condenado, para que posteriormente pueda colaborar, ayudándonos a identificar a nombre de quien actuó, nosotros consideramos que esta persona que hoy fue condenada cometió un acto de terror y de salvajismo, y nosotros consideramos que perfectamente él está obedeciendo al llamado y las orientaciones de fuerzas oscuras que quisieron intimidar a toda una región con una práctica terrorista y con el fin de acallar la actividad en defensa de la vida, la naturaleza y de los derechos humanos de la comunidad, que viene desempeñando durante toda su vida el padre Pedro Elías Joya"

Frente a la condena el representante legal del padre Pedro Elías expresó "Aceptamos la decisión del señor Juez, pero dejamos constancia que sucedieron otros hechos que no fueron investigados a profundidad, por falta de evidencia física, me refiero a la confesión del condenado, en el sentido que la víctima había sido objeto de violación, previamente puesta en estado de indefensión, pero desafortunadamente, por destrucción de los tejidos de la víctima por quemaduras de tercer grado del abdomen hacia abajo, creo que ha sido prácticamente imposible que el Instituto de Medicina Legal haya podido obtener evidencias de violencia carnal"

El padre Pedro Elías ha sido amenazado en repetidas ocasiones por ser un luchador incansable por los derechos humanos de sus comunidades, por la paz y por la defensa del medio ambiente, la alimentación sana y la lucha contra los transgénicos.

En el mes de Diciembre de 2012 participó como integrante de la delegación de la Coalición de Movimientos y Organizaciones de Colombia COMOSOC en el marco del Foro Agrario en Bogotá convocado por PNUD, la Universidad Nacional y la mesa de diálogos en la Habana.

Tan pronto como supo de la noticia fue entrevistado por diferentes medios locales y regionales y ha manifestado con valentía que seguirá adelante en su empeño por la paz y la defensa de los derechos humanos y convoca a la conformación del Comité de Derechos Humanos de Centro Oriente colombiano en la ciudad de Málaga.

Hoy recordamos este crimen atroz contra esta mujer sola e indefensa y replicamos la solicitud de diversas organizaciones sociales y populares para que se desmantelen totalmente los grupos paramilitares con todos sus vínculos privados y estatales y que se apoyen decididamente los procesos de diálogo que puedan llevar a la incorporación de los grupos guerrilleros a la vida política legal con el fin de que podamos tener algún día una paz verdadera y sostenible, sustentada en la justicia social y en una verdadera ética.


Compartimos comunicado hecho por el Padre Pedro Elías Joya:

COMUNICADO DEL PRESBITERO PEDRO ELÍAS JOYA A LA OPINIÓN
PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

"La verdad os hará libres": Evangelio del Reino.

Ante la Opinión Pública de Colombia y el mundo, también consternada por la barbarie con que fue sacrificada mi inocente y mártir hermana BENEDICTA JOYA APONTE, de 75 años, me permito manifestar, en nombre de la verdad, que por el testimonio masivo de la comunidad y la pronta investigación de las autoridades y nuestra propia investigación, está identificado y detenido el autor material de este horrendo crimen y atento espero que pronto sean identificados los autores intelectuales.

El autor material es una criatura de la propia familia que había llegado a la comunidad después de una larga ausencia, con todas las características de los monstruos humanos fruto de la degradación ética, social y moral de nuestra sociedad como consecuencia de la guerra fratricida que desangra a Colombia desde hace 60 años y que apenas hoy parece hallar el camino de la paz que es el camino de la verdad. Un joven con difíciles y complicados problemas de formación en su hogar, dominante y conflictivo, de poca disciplina y amor al trabajo, envuelto en andanzas perversas, con experiencia trágica en trabajo con bandas criminales y grupos paramilitares como él mismo lo ha manifestado en sus continuas borracheras y salvado milagrosamente de una pelea en Bogotá en la que fue gravemente apuñalado.

Una criatura con un prontuario terrible y un alma cerrada a la luz que no pudo comprender la grandeza de la bondad con que mi hermana y un servidor le compartíamos el pan, la casa, la confianza, los ideales, el trabajo y los sueños. Un ser humano con la enfermedad de un psicópata, insensible, desalmado y cruel, sediento de sangre y con permanentes impulsos de matar, en fin, un espejo perfecto de la dantesca deshumanización de esta guerra sostenida por la injusticia que ha llenado a Colombia de masacres, de fosas comunes, de amenazados de muerte, de desplazados y de víctimas de toda clase de crímenes de lesa humanidad multiplicados a la sombra de la impunidad y un obrero más de la gigantesca maquinaria de muerte sostenida por poderosos guerreristas que se han lucrado con el sistema de muerte y que hoy combaten con nuevos planes siniestros el proceso de paz y de esperanza que respalda toda la comunidad internacional.

Pido a los Cielos que la sangre inocente y pura de mi hermana y la de más de un millón de victimas desde la muerte del gran profeta de la verdad Jorge Eliécer Gaitán, abone el terreno para que por fin florezca la paz como obra de la justicia.

Benedicta seguirá viva en nuestras luchas y el trabajo de Pedro. La muerte no tendrá la última palabra.

Benedicta Joya en la memoria
Benedicta Joya Sin Olvido


domingo, 3 de mayo de 2020

Ernesto Ríos Arias: un legado para la memoria


3 de mayo de 1995

Ernesto Ríos Arias fue un gestor y dirigente del Movimiento Cívico del Oriente antioqueño, dicho  movimiento nació en la década de 1980 como una respuesta organizada de las comunidades frente a la oleada de atropellos que se venían acometiendo en la región con la imposición de maga-proyectos como las hidroeléctricas, el aeropuerto José María Córdova y la autopista Medellín-Bogotá, a la par que el alza en el precio de los servicios públicos. 

Ernesto nació en el municipio de La Unión (Antioquia), se graduó como abogado penalista de la Universidad de Antioquia y desde muy joven se inició en el activismo político liderando luchas por la educación pública, la cultura y el deporte en su pueblo natal; allí fue concejal durante dos períodos con el Movimiento Cívico por La Unión, y también fue candidato a la Cámara de Representantes de  Antioquia por la Alianza Democrática M-19. En su vida política fue un aguerrido defensor de los DDHH, las organizaciones de base, la protesta social, la democracia participativa y la necesidad de la Asamblea Nacional Constituyente para la construcción de la paz en Colombia. 

A lo largo de su vida pública sufrió varias amenazas, fue perseguido y estigmatizado por su labor política  y  pensamiento crítico en una de las regiones insignes del conservadurismo en el país,  el oriente de Antioquia. A pesar de ello jamás reculó en sus propuestas y activismo, continuó su trabajo político aun cuando el Movimiento Cívico del Oriente antioqueño sufría un exterminio político con el asesinato y la persecución de sus principales dirigentes (se calcula que alrededor de 200 personas fueron asesinados por su relación con el movimiento). El 3 de mayo de 1995 fue asesinado en su oficina en la ciudad de Medellín a manos de sicarios, su muerte se le ha endilgado al Bloque Metro, grupo armado que para entonces venía incursionando en la zona del Altiplano del Oriente antioqueño. 

Hoy recordamos su memoria para resaltar su labor y obra como líder social en el país, para recuperar su legado democrático y destacar el valor cívico que le caracterizó. El Estado colombiano ha reconocido al Movimiento Cívico del Oriente antioqueño como Víctima Colectiva en el marco del conflicto armado, mediante la Resolución 2018-529 de la Unidad Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas, sin embargo, se necesita el esclarecimiento de la verdad sobre su exterminio y sus responsables, las garantías de no repetición para los/las sobrevivientes  y el compromiso con su memoria para que estos hechos no se vuelvan a repetir en el país. 

Ernesto Ríos Arias en la memoria
Ernesto Ríos Arias Sin Olvido