Masacre del Nilo

16 de diciembre 1991

El 16 de diciembre de 1991, veinte indígenas entre hombres y mujeres fueron masacrados en la hacienda el Nilo, ubicado en Caloto –Cauca, luego de cuatro años de habitar 500 hectáreas de tierras las que tenían derecho, un derecho negado por el mismo Estado que parece pretender defender a terratenientes y grandes empresas.

El asesinato colectivo fue cometido por la fuerza pública en connivencia con paramilitares, mientras dichos indígenas recuperaban el territorio. Hace 25 años, entrada la noche en la Hacienda El Nilo se encontraban Darío Coicué Fernández, Ofelia Tombé Vitonas, Carolina Tombé Ñusque, Adán Mestizo Rivera, Edgar Mestizo Rivera, Eleuterio Dicue Calambas, Mario Julicue Ul, Tiberio Dicué Corpus, María Jesús Guetia Pito, Floresmiro Dicué Mestizo, Mariana Mestizo Corpus, Nicolás Consa Hilamo, Otoniel Mestizo Dagua, Feliciano Otela Ocampo, Calixto Chilgüezo Tocona, Julio Dagua Quiguanas, José Jairo Secué Canas, Jesús Albeiro Pilcué Pete, Daniel Gugu Pete, Domingo Cáliz Soscué y Jairo Ascué, ellas y ellos habían recuperado lo que les es propio, la tierra 

Su amor por la tierra les enfrentó al poder de los terratenientes, por eso, semanas antes sus ocupantes legítimos habían recibido amenazas de muerte. Las denuncias fueron públicas y nunca se adoptaron medidas efectivas para evitar que las amenazas se consumaran. 

En 1995, el Estado colombiano en cabeza del entonces presidente Ernesto Samper, reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  su responsabilidad en éste hecho y se comprometió con el pueblo indígena Nasa a unos acuerdos, dentro de los cuales se encontraban investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria, juzgar y sancionar a los responsables, adoptar medidas de reparación social a los familiares de las víctimas. 

En "el arreglo amistoso ante la Comisión Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado se obligó a entregar a título colectivo a las comunidades del pueblo Nasa del Cauca, 15 mil hectáreas de tierra, de las cuales aún faltan por entregar alrededor de 5 mil." 

Con el tiempo poco se ha avanzado. Los problemas de la tenencia de la tierra se han profundizado. Las comunidades del Cauca se enfrentan a una definición de su uso por intereses privados nacionales e internacionales apoyados por el Estado. Allá en el norte del, Cauca sigue viva una deuda ancestral con los pueblos y comunidades que han afirmado su dignidad en el territorio. Allá en medio del desgarrador conflicto armado siguen construyendo experiencias de habitación del territorio y de re-dignificación de la madre tierra.

En materia de justicia, se inició la investigación en diciembre de 1991 por parte del Juzgado de Instrucción de Orden Público de Cali y vinculó a ella al Mayor de la Policía Nacional de Colombia, Jorge Enrique Durán Argüelles, entonces comandante del Distrito de Policía de Santander de Quilichao y al Capitán Fabio Alejandro Castañeda Mateus, Jefe Antinarcóticos de Santander de Quilichao. El 28 de enero de 1994 se decidió proseguir la investigación contra los oficiales de la Policía Nacional, Mayor Jorge Enrique Durán Argüelles y Capitán Fabio Alejandro Castañeda Mateus, y los civiles Orlando Villa Zapata, Leonardo Peñafiel Correa, Edgar Antonio Arévalo Peláez y Nicolás Quintero Zuluaga. Algunos de los civiles se acogieron a la opción de la sentencia anticipada y fueron condenados por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, incendio y porte ilegal de armas de uso privativo de la fuerza pública. 

Un juez regional de Cali condenó, a penas de entre 25 y 27 años de prisión, a Nicolás Quintero Zuluaga, Leonardo Peñafiel Correa y Edgar Antonio Arévalo por la masacre en la hacienda El Nilo. Los tres individuos aceptaron los cargos y se acogieron a la figura de sentencia anticipada de la pena. 

El 4 de septiembre de 1996 el Fiscal de conocimiento adscrito a la Unidad de Derechos Humanos acusó a los oficiales Jorge Enrique Durán Argüelles y Fabio Alejandro Castañeda Mateus de homicidio múltiple y como coautores responsables de los ilícitos de tentativa de homicidio, porte ilegal de armas de uso privativo de la fuerza pública y daño en bien ajeno. Dicha decisión fue apelada y fue cerrado el caso desde el año 1999 hasta el año 2014,  cuando  la Corte Suprema de Justicia decidiera avanzar en la investigación contra el general Castañeda y el mayor  Argüelles.

El 13 de abril de 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenó al Estado por la masacre de 20 indígenas en la hacienda el Nilo y pidió avanzar en la investigación, juzgar y sancionar a los responsables.

Durante este proceso en varias ocasiones el caso del Nilo fue cerrado, fueron asesinados varios abogados que acompañaban el proceso, entre ellos el abogado Oscar Elías López, en la sede del CRIC fue instalada una bomba para atentar contra las autoridades que promovían las investigaciones del Nilo, en la ONIC se extraviaron los expedientes de este caso. Ante estos hechos de negación y desconocimiento, el senador indígena Anatolio Quira realizó una huelga de hambre en los pasillos del congreso exigiendo reabrir el proceso del Nilo, lo que permitió que en el año 97 se diera la conciliación de acuerdo amistoso. 

Todos los responsables materiales e intelectuales de la masacre no han sido investigados, ni tampoco juzgados, al contrario muchos de ellos integrantes de la fuerza pública han sido ascendidos en sus cargos.

A pesar de las múltiples exigencias jurídicas y por vías de hecho no se ha hecho real el apoyo y financiamiento para el desarrollo pleno de los planes de vida. Frente a las garantías de no repetición de estos hechos violatorios de los derechos de los pueblos indígenas, después de la masacre del Nilo, aun el Pueblo Nasa sigue siendo perseguido y asesinado. 

Por si fuera poca la tragedia, la revictimización continúa. El programa Séptimo día, de Caracol  Televisión, emitió una serie de 3 capítulos en los que se dedicó a mancillar el buen nombre de las comunidades indígenas y sus autoridades tradicionales, los acusó de malgastar un supuesto dinero fruto de una indemnización del Estado. Así mismo señaló a los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo como auspiciadores de un desfalco a esas finanzas indígenas. 

La reacción no se hizo espera y luego de varios meses de la emisión, la Corte Constitucional falló una tutela en la que ordena al conglomerado empresarial y de medios, ofrecer excusas y dedicar sendas partes de su programa a emitir las verdades que omitieron, como que el Estado nunca ha respondido en su totalidad con lo ordenado por la Corte Interamericana y a explicar las razones de las comunidades indígenas para seguir exigiendo verdad, justicia y reparación integral.

Los y las indígenas de Caloto en el Cauca, siguen exigiendo que los acuerdos hechos con y por el Estado sean cumplidos, que la sentencia y demandas hechas por la CIDH sean igualmente efectuadas, pero sobre todas las cosas que exista verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 

Ellos y ellas, están en la memoria colectiva, en esa que hoy se exige como justicia en medio de la paz que se anuncia y se proclama… ellos están en nuestra memoria, sus nombre, su lucha, su dignidad viven Sin olvido. 

Masacre Nilo en la memoria

Masacre Nilo Sin Olvido