viernes, 29 de noviembre de 2013

Victimas de la masacre de la Balsita

Noviembre 24- 28 1997- Noviembre 24-28 2013 


Han pasado 16 años desde que un grupo de paramilitares vestidos de civil y fuertemente armados incursionaron en los caseríos de Antasales, Buenavista, Tucunal, Galilea, Chambuscado y Argelia, del corregimiento de La Balsita en Dabeiba, Antioquia.

Los participantes de la estrategia paramilitar se identificaron como “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá , como parte de operaciones contrainsurgente ilegales de las brigadas 4, 11 y 17 del ejército nacional, durante los días 24 al 28 de noviembre. Asesinaron y desaparecieron a varios campesinos, entre ellos dos niños, destruyeron caseríos, puentes y saquearon bienes de supervivencia.



La operación armada era continuidad de la masacre del Aro que compromete al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.

Un día antes de que comenzara la masacre, el 23 de Noviembre, paramilitares incursionaron en el río Sinú, allí asesinaron a Annanias Guisao Usuga, presidente de la Junta de Acción Comunal de Antazales y retuvieron a Milton David y Pedro Montoya.

Al día siguiente, el 24 de noviembre, los paramilitares asesinaron a Alejandro Higuita, sus vecinos encontraron su cadáver con señales de tortura y con marcas de cuerda en el cuello.

Ese mismo día la esposa de Ananías Guisao Usuga, Rosalba Usuga junto con su hijo Joaquín Emilio Guisao Usuga, de 18 años, fueron asesinados en presencia de Paula Andrea Guisao quien en ese entonces tenía 5 años de edad. Ella se encontraba al lado de Juan Camilo Guisao Usuga de 7 años, Carlos Mario Guisao de 14 años y Jonathan Guisao Usuga de 16 años. Posteriormente los menores fueron retenidos por el grupo paramilitar.

En la madrugada del 25 de noviembre los paramilitares ingresaron a Tucunal y de allí se trasladaron hacia Antazales, a las 7:00 am pasaron casa por casa, diciéndole a los habitantes que iban a quemar sus habitaciones y que tenían plazo hasta las 6 de la tarde para salir de la zona.

Los jóvenes que se encontraban en esta zona fueron obligados a reunir todo el ganado, minutos después quemaron 8 casas y tumbaron varios puentes que comunicaban las veredas. Los paramilitares se llevaron también el ganado.

Luego se dirigieron a la vivienda de Simón Torres Cardona de 46 años de edad y delante de su sobrina fue golpeado y posteriormente llevado a un puente cercano en donde fue atado a una varilla en donde le accionaron una carga de dinamita.

Horas más tarde detuvieron y desaparecieron a Reinaldo Ramírez de 42 años de edad y en la misma incursión asesinaron con disparos de fusil a Luz Emilda y Marcos Duarte de 48 años de edad.

El 26 de Noviembre los paramilitares llegaron al corregimiento de La Balsita en donde asesinaron a Heriberto Areiza de 32 años de edad quien fue encontrado con un tiro en la cabeza y su rostro despojado de sus ojos. Jesús Areiza de 35 años de edad fue detenido, torturado, colgado y ahorcado.

Horas más tarde los paramilitares detuvieron y asesinaron a los campesinos Ricaurte Monroy de 16 años de edad, quien fue encontrado con quemaduras en los brazos y piernas y posteriormente degollado. Edilberto Areiza de 24 años de edad fue fusilado con un disparo en la cabeza, su rostro despojado de sus ojos y y sus manos heridas con arma corto punzante.

Ese mismo día paramilitares interceptaron a los campesinos Alejandro Higuita y Flor Emilce Rivera que se movilizaban en caballo hacia la verdad Antasales, luego de ser obligados a bajar de los caballos fueron degollados y sus cuerpos fueron arrojados a orillas del camino.

El jueves 27 de Noviembre, en la vereda Tocunal, fueron asesinados Oscar Valdarrama, de 60 años de edad y su hijo Alfonso Valderrama de 25 años de edad, los dos pertenecían a la iglesia Pentecostal.

La muerte violenta, la quema de más de 30 viviendas, la destrucción del espacio de la vida, de la alimentación, del sueño, de la esperanza inundó de terror a la comunidad obligándolos a salir de sus tierras, el 28 de Noviembre, centenares de familias, campesinos y campesinas, se desplazaron forzadamente al casco urbano del municipio de Dabeiba en donde vivieron en condiciones de hacinamiento durante 4 años.

De 1997 a 2005 las víctimas, las desapariciones, las torturas suman más de 300 víctimas. Hoy, pasados 16 años, ninguno de estos crímenes de lesa humanidad han sido investigados, sancionados o imputados a los responsables por el aparato judicial colombiano. Es una “justicia” ciega, asesina e hiriente con las víctimas. Ella expresan que les duele recordar pero más les duele olvidar. Ninguna investigación judicial ha generado el mínimo de investigación. A partir de la ausencia de voluntad política, de la incompetencia e ineficiencia judicial se ha perpetuado la impunidad jurídica incapaz de silenciar la memoria, que es la única que ha sostenido la esperanza para que algún día sea posible el camino hacia la verdad, la justicia y la paz.


Rosalba Úsuga, Joaquín Guisao, Ananias Guisao, Reynaldo Ramírez
Simon Torres, Oscar y Alfonso Valderrama, Ricaurte Monroy
Edilberto Areiza, Alejando Higuita y Flor Emilce Rivera, Marco Duarte y Luz Emilda de Duarte, Milton David y Pedro Angel, Irma Areiza,Felix misa, Conrao Gomez, Jesús Cipriano Varela Rengifo y todas las víctimas de la La Balsita, son parte de nuestra memoria.. 

Victimas de la masacre de la Balsita En la Memoria.
Victimas de la masacre de la Balsita Sin Olvido.

Gaby May no se rindió ante el conflicto en Tumaco


La hermana Gaby May tenía el mejor balcón sobre la bahía interna de Tumaco. Para un visitante, su casa poseía una vista privilegiada, pero para ella se trataba de otro asunto: desde allí también se podía ver en toda su dimensión la inmensa pobreza del puerto. Aún después de años de vivir allí no le cabía en la cabeza cómo, sus ilustres vecinos, gamonales políticos de esta población a orillas del Pacífico, se negaban a ver el resultado de su corrupción y sus abusos.

Así era May, una monja laica malhablada, fumadora, francota, inmensamente solidaria y, a su manera, dulce. Vivía preocupada por ayudar a resolver las injusticias que cada día presenciaba en la que, desde hace tiempo, consideraba su tierra, luego de 35 años de trabajo con las Misioneras Laicas de Friburgo, una comunidad religiosa suiza que la trajo al país y con la que se dedicó a velar por comunidades indígenas y negras de Nariño y Cauca. 

Gaby fue amiga inseparable y compañera de trabajo de Yolanda Cerón, líder asesinada en 2001 por hombres del Bloque Libertadores del Sur de las Auc, luego de que denunciara públicamente que algunos miembros de la Policía, del DAS y de la Base de Entrenamiento de la Marina eran cómplices de los asesinatos selectivos que estaban cometiendo los paramilitares en Tumaco. 

Por eso tras la muerte de su amiga, la hermana Gaby, continuó aún con mayor ahínco su labor de defensora de los derechos humanos y protectora de los más desvalidos y sufridos en la región. En 2002 creó la Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Tumaco, encargada de la defensa de los derechos y la vida de la población de la Costa Pacífica nariñense. También fue el motor de iniciativas de memoria como las marchas por la paz, la Galería de la Memoria y la Casa de la Memoria, que inauguró hace poco y en donde guiaba a los visitantes y les explicaba en detalle la historia de violencia del puerto.

Gaby conocía como pocos la crisis humanitaria al interior de los barrios y las amenazas que enfrentan todos los días, sobre todo los jóvenes, atrapados en medio de las disputas territoriales entre las Farc y la bandas de narcotraficantes. De ahí que su trabajo variaba con la misma facilidad con que pasan las horas. En la madrugada podían verla vendiendo tamales en la calle para recaudar fondos para las obras de su misión, al medio día, podía estar visitando a personas enfermas a reclamar por sus derechos en las clínicas, en la tarde, consolando a alguna jovencita abusada por hombres armados, y en la noche, en alguna reunión de madres, intentando ayudarles a evitar que paramilitares o guerrillas les recluten a la fuerza a sus hijos adolescentes, como sucede hoy cada semana en ese puerto.

Trabajó con mujeres de barrios sumidos en la miseria como Nuevo Milenio, Viento Libre, Obrero y Centro, en donde enseñaba a tejer. También fue compañera incondicional de las víctimas del conflicto armado de la vereda San Luis Robles y de indígenas Awá del resguardo Magüí, Primavera y Renacer, a quienes animó en la búsqueda de la restitución de sus derechos.

Sin duda su voz era un aliento para los desprotegidos que confiaban más en ella que en las numerosas instituciones nacionales e internacionales que hacen presencia en este puerto. Y muchas veces lograba ayudarles de manera más efectiva, con su amor y su compromiso, que todas estas juntas. Tuvo el coraje de enfrentársele a los grupos armados de cualquier bando sólo con su autoridad moral, y el de batallar también contra la politiquería. 

Gaby murió de un infarto el pasado 19 de noviembre, muy temprano en la mañana, en su casa. Tenía 63 años. Su legado y su visión de cómo construir paz quedan en la memoria de los tumaqueños y de las personas que la acompañaron en su pastoral. VerdadAbierta.com la entrevistó en 2012 y sus respuestas reflejan el compromiso que tenía con su Pacífico.


VerdadAbierta.com: ¿Cómo es la presencia del Estado en Tumaco y el Pacífico?

Gaby May: Se limita a uniformes y armas pero no a invertir, no solo en lo social, sino en pensar cuáles son las inversiones para el progreso de todos, no de unos pocos. Aquí, con las locomotoras se hacen grandes planes, legal e ilegalmente, destruyendo zonas que se convertirán en el viejo oeste salvaje, en busca del petróleo o el oro. El negro, igual que como lo hizo con el español, está metido en la chamba lavando el oro y todo el mercurio y los químicos están dañando las aguas.

VA: ¿Cuáles son las secuelas que los grupos armados están dejando en la población?

GM: Luego de la época gloriosa del dinero del narcotráfico, el boom cayó, los que estuvieron en Cali regresaron sin plata, algo muy típico de la gente acá, que cuando ya no puede más regresa con su familia, donde su mamá, y nadie los puede echar de la casa y por eso aumentan los conflictos. Esta es la fragilidad de meterse en negocios ilegales. Hay que reconocer que la mentalidad de la plata fácil sigue existiendo en Colombia y no solo por parte de los pobres. El ejemplo también lo dan los poderosos y los ricos. Solo mire el Congreso, tienen apreciables sueldos y otros contratos.

VA. Pero hay jóvenes que terminan involucrados no solo por la plata fácil.

GM: Hay zonas donde ven que tu hijo está en la edad de llevar un arma, de cargarla, lo invitan, entre comillas, y si se niega toda la familia queda en peligro. Con las niñas es diferente, no tanto para las armas. Uno ve que los muchachos metidos en los grupos se enamoran de una chica y le piden al hermano que se las consiga, que se la preste, y si se niega, este tiene que desaparecer del barrio, ella también y a lo mejor la familia también.

VA. ¿Qué credibilidad tienen las instituciones en la población?

GM: Nadie tiene confianza en las instituciones porque es un Estado que se hace sentir de manera represiva. No genera confianza para proteger a la población desarmada porque ha perdido el monopolio de las armas y en Tumaco varias generaciones han crecido viendo que las armas han marcado el territorio. 

VA. Pero el Gobierno llegó implementando el Plan de Consolidación y ejecutando acciones sociales.

GM: Si, aquí vino, después del atentado contra la estación de policía (a principios de 2012). El ministro de Defensa y el presidente de la República anunciaron que enviarían más fuerza. Esa fue la primera intención y después dijeron: “vamos a reparar las casas afectadas y a las víctimas”. Ahora, si ustedes miran el sitio donde fue el atentado, la estación de Policía fue reconstruida pero los vecinos qué… así que después del discurso, del susto, vendrá otro atentado y otro discurso.

VA. ¿Existe la idea que la paz la construye la Fuerza Pública? 

GM: Todo lo contrario, Colombia no tiene una guerra con un país vecino, el Ejército que tiene está ocupado en la guerra interna, donde la población civil está poniendo la sangre, y los niños y los jóvenes están sacrificando su presente y su futuro.

VA.: Si tuviera el poder para evitar el reclutamiento, ¿Qué haría?

GM: Apostaría por la educación. No estratificar el derecho de la educación, invirtiendo en viviendas dignas, porque teniéndolas se pueden sembrar más fácil valores dignos. Además, le apostaría a una seguridad social en todo el sentido de la palabra, donde pudiera reunirme en la noche con los vecinos sin tener miedo, y en el día enviar a mis muchachos a la escuela, a estudiar con garantías, que tengan dónde trabajar y recibir un pago. 

VA: Una de sus luchas ha sido los derechos a la salud…

GM: Si usted tiene un niño enfermo y no lo atienden, produce angustia y rabia. Todo esto son semillas de la guerra, lo que necesitamos son semillas de paz, a través de servicios que funcionen. Y no hay que mendigarlos, tiene que tratarla como mamá, como ciudadana. 

VA: ¿Cómo sembrar esas semillas de paz en los jóvenes?

GM: Hay que permitir que puedan expresarse, sentirse alguien, que puedan reír, hablar, tener sueños, con el derecho de hablar paja de vez en cuando. Es importante que en un pueblo donde todo el mundo está callado por el miedo, busquemos y fortalezcamos espacios donde se recupere la palabra. También tenemos que hacer el esfuerzo de crear espacios para que los grupos que más están sufriendo no se ahoguen en el dolor, brindándoles la posibilidad de reconstruir un camino de vida y de resistencia. Como dicen los indígenas: “hemos resistido 500 años, ahora queremos tener vida”. 

VA: ¿Y cuál es el papel de la iglesia Católica?

GM: El sitio de la iglesia tiene que estar con la gente y no con los que manejan el poder, a ellos tiene que llamarles la atención o pierde credibilidad. Creo que la iglesia Católica tiene una deuda histórica con el pueblo colombiano.


jueves, 28 de noviembre de 2013

RUBEN CASTAÑO JURADO



El 28 de noviembre de 1985, fue cegada la vida del dirigente sindical y miembro del PCC y de la UP en Caldas RUBEN CASTAÑO JURADO, este crimen, como tantos, se encuentra en la impunidad.

RUBEN CASTAÑO JURADO en la memoria
RUBEN CASTAÑO JURADO Sin Olvido.

martes, 26 de noviembre de 2013

José Rodrigo Orozco.


Noviembre 26 1992- Noviembre 26 2013

Han pasado 21 años desde el asesinato del Segundo vicepresidente de la Asamblea departamental del Meta, militante de la Unión Patriótica, y del Partido Comunista José Rodrigo Orozco. 

José Rodrigo entre 1986 y 1988 fue el alcalde del Municipio de Puerto Rico, departamento del Meta. Luego, de 1990 a 1992 fue elegido como diputado a la Asamblea del departamento del Meta por la Unión Patriótica y del Partido Comunista. Además de ser docente, dirigente y conocido líder político de la región era esposo de María Mercedes Méndez, ex alcaldesa del Castillo, asesinada el 3 de Junio de 1992 junto con 4 personas militantes de la Unión Patriótica. José además era padre de 5 hijas. 

José Rodrigo militó con el corazón y tenacidad por denunciar los crímenes de lesa humanidad en contra de los militantes de la Unión Patriótica de la región del Meta. 

El 26 de Noviembre 1992, José Rodrigo fue asesinado por cuatro hombres de la estrategia militar encubierta, 2 agentes del F-2 de la Policía y 2 paramilitares, Arnulfo Castillo Agudelo, conocido con el alias de “Rasguño” y un hermano de éste conocido como “Puntillón”. 

Ese día cuando José se dirigía a su casa, sin escoltas pues días antes se los habían retirado, luego de salir de la asamblea departamental, fue abordado por dos agentes de la policía, y requisándolo a la fuerza le decomisaron sus documentos y el arma de protección que el mismo gobierno le había dado. Al no tener motivos para detenerlo hubo un forcejeo; José seguiría luchando por sus hijas hasta el último momento en que su vida le fue arrebatada, entre tanto llegaron 2 paramilitares, “Rasguño” y “Puntillón” que se movilizaban en un vehículo del F-2 y una motocicleta Suzuky color roja, camuflada con cintas blancas y naranjas, y le propinaron 5 impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, minutos después llegaron a este lugar otras unidades policiales, que realizaron el levantamiento. 

Al ser asesinado dejó una nota en su bolsillo, dirigida a sus 5 hijas

“Al morir, no tendré tiempo de decir nada. Es por esto que dejo escrito:
Mi vida fue el amor. Mi amor fue la libertad y la paz.
Salud a los que aman!”

“En mis duras faenas, os amo pequeñas mías.
Mi mejor muestra de este amor, es mi propia entrega por vuestro futuro y vuestros amiguitos y amiguitas del mundo. 
Cuanto os amo.!”

“Nací para vivir. Me niego a esta pequeña muerte. Antes que yo, miles murieron y sin embargo, aun viven.

Que importan sus nuevos nombres!”

Al día siguiente, del asesinato de este valeroso líder del departamento del Meta, las unidades policiales que participaron en el asesinato de José Rodrigo fueron trasladadas, y con este hecho se dio vía libre al camino de la impunidad sobre su asesinato.

Posteriormente alias “Rasguño” fue capturado y al poco tiempo la Fiscalía Sexta Delegada ante jueces de circuitos especializados precluyó la investigación en su contra. 

José Rodrigo, militó con el corazón y con la fogosidad que lo caracterizaba denunció cada uno de los crímenes contra los militantes de la Unión Patriótica en la región del Meta. Se empecinó en que se supiera la verdad, en evidenciar la responsabilidad de la Fuerza Pública en el asesinato de la madre de sus cuatro hijas, del gran amor de su vida.

Han pasado 21 años de total impunidad en materia de justicia, pero también 21 años de construir memoria, de andar los pasos que recorrió José, de recordar sus luchas, de haber nacido para vivir, de negar esa pequeña muerte y de hacer trabajar para que él siga vivo en las diversas miradas y luchas de las personas que aún lo recuerdan. 21 años perpetuando sus palabras que siguen vigentes a pesar del paso del tiempo: “Antes que yo, miles murieron y sin embargo, aun viven”.

José Rodrigo Orozco en la Memoria
José Rodrigo Orozco Sin Olvido

jueves, 7 de noviembre de 2013

Holocausto del palacio de justicia


Noviembre 6-7 1985- Noviembre 6-7 2013

Ayer hace 28 años, poco más de 20 minutos para el medio día, marcaron esta historia, familiar, colectiva, nacional, parte de los retazos de la memoria y de los desencuentros con el olvido, hoy a esta hora de la tarde, el camino de la memoria nos ha llevado a transitar los entuertos del silencio y de la mentira cuando el terror se encuentra descubierto.

A la sede del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, a pocos metros del parlamento y a unos pocos de la casa presidencial, ingresaron 35 insurgentes del Movimiento 19 de Abril, M-19, que pretendían realizar un juicio político al entonces Presidente de la República Belisario Betancourt debido al fracaso en el proceso de conversaciones de paz saboteado por un amplio sector de las fuerzas militares y del establecimiento colombiano.

A menos de dos horas de la incursión armada que cobró la vida de miembros del personal de seguridad del Palacio de Justicia y de algunos agentes estatales, se desató una retoma desproporcionada, excesiva, contra el derecho de gentes por parte de las fuerzas militares con participación de la policía nacional, y con el consentimiento, del presidente Betancour, quien asumió toda la responsabilidad, pero de quien muchos analistas afirmaron sufrió un golpe militar, por más de 28 horas, tiempo del operativo de tierra arrasada.

En menos de 2 horas el ejército logró derrumbar la puerta principal del Palacio y un fuego cruzado inundó el interior de la sede de las cortes.

Pero la operación militar estaba preparada. Días antes fueron trasladados a la capital efectivos militares de la brigada 7 con sede en Villavicencio para reforzar las operaciones planeadas en la brigada 13 de Bogotá. Todo estaba perfectamente planificado. La Casa del Florero a menos de 50 metros de la sede del Palacio de Justicia, dos horas antes de la toma del M 19, había sido habilitada como centro de identificación y de tortura de eventuales integrantes del M 19 o de sospechosos de ser para ellos integrantes del movimiento guerrillero. Todo esto ocurrió de forma premeditada horas antes que el Palacio de Justicia fuera tomado por el M 19, incluso antes que los tanques de guerra EE-09 Cascabel y Urutú ingresaran a la plaza de Bolívar.

Y efectivamente, luego del ataque por tierra, las personas que lograban salir del Palacio eran dirigidas por el ejército hacia la Casa del Florero en donde los identificaban e interrogaban, algunos de ellos allí fueron torturados, sometidos a presiones psicológicas y otros desaparecidos, 11 de ellos sin que los responsables hayan querido reconocer a dónde los trasladaron y qué hicieron con ellos, y otros ejecutados.

Esos cuarteles especiales estaban en el Casa del Florero y luego en las sedes militares a donde les llevaron, les torturaron y en algunos casos claramente les asesinaron. Ese tipo de operaciones contra la dignidad humana tuvieron como testigos y artífice entre otros, al Teniente Coronel Alfonso Plazas Vega, quién expresó que estaba “defendiendo la democracia”.

Al interior del Palacio, los guerrilleros dirigieron a algunos sobrevivientes civiles a los pisos superiores. Los incendios y los hostigamientos en los primeros pisos los acorralaban cada vez más. Sesenta personas permanecieron desde la noche del 6 de noviembre hasta el final de la toma en dichos baños de 20 m2.

Ese 6 de noviembre, la noche bogotana en pleno centro de la ciudad fue campo de batalla, un combate en el que los ataques militares propiciaron el incendió de expedientes en los que se les investigaba por diversos actos y conductas contra la ley, la que ellos dicen proteger y defender. Desde esa noche el camino de la memoria se inició, aún sin que terminara la retoma de las fuerzas militares en medio del silencio forzoso institucional y mediático.

Ese 6 de noviembre se demostró qué soporta y qué no, la democracia colombiana. Noemí Sanin, Ministra de Comunicaciones, ordenó a la radio parar las comunicaciones, en particular, aquella emisión radial que fue descubriendo detalles de las operaciones militares y la reiteración del cese al fuego clamado por Alfonso Reyes Echandía. La posterior candidata presidencial censuró las emisiones radiales, y ordenó emitir un partido de futbol, de los equipos Millonarios - Magdalena.

Es parte una imagen, entre otra memoria, la de un explosivo lanzado desde un tanque ubicado en la plaza de Bolívar, el que abrió un boquete e incendio el lugar en que se encontraban los pocos sobrevivientes, magistrados y guerrilleros del M 19, boquete que permaneció con una humareda hasta el 7 de noviembre, signo de las vidas extinguidas, de lo negado y que con el tiempo se ha develado.

El 7 de noviembre después de las cuatro de la tarde, entre ese olor del holocausto, de los huesos calcinados, del humo perdido de tanta bala, de tanta bomba, terminada la operación rastrillo, continúo el camino de la impunidad. Los militares tomaron control total de la edificación en ruinas, modificaron la escena del crimen, mientras los desaparecidos, que fueron trasladados a la Casa del Florero, una vez más fueron trasladados al cantón norte y sin ser registrados en los libros de control militar fueron nuevamente interrogados y torturados y algunos de ellos, asesinados en los días siguientes.

Al final la muerte de 43 civiles, 33 guerrilleros, 11 miembros de las fuerzas armadas y del DAS, 11 Civiles desaparecidos, la militante del M-19 desaparecida y 4 personas torturadas, entre ellas, dos estudiantes de la Universidad Externado.

Con el tiempo se conoció que algunos salieron con vida y sus cuerpos sin vida ingresados posteriormente por las fuerzas militares, como sucedió con el Magistrado Carlos Horacio Urán.

A pesar de los avances judiciales, de los reconocimientos jurídicos que identificó a responsables de las fuerzas militares, todo en la justicia es endeble, es impunidad.

Según investigaciones realizadas por varios juzgados, el Consejo de Estado y la Fiscalía General de la Nación, los desaparecidos del palacio en manos del Ejército son once personas entre empleados de la cafetería y visitantes ocasionales. Una más era guerrillera del M-19.

El 9 de Junio del año 2010, la juez Tercera del circuito Especializado de Bogotá María Stella Jara, sentenció a 30 años de prisión al Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega en primera instancia, decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá y que actualmente está en estudio de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, el ex general Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado en primera instancia por el Juzgado 55 penal del circuito, decisión que fue apelada ante el Tribunal de Bogotá.

Pero en realidad las dos condenas son una formalidad más, entre tantos expedientes. El Teniente Coronel Plazas Vega, no parece en retiro, vive en una guarnición militar, dicta clases a nuevas generaciones de militares y de abogados, tiene el beneficio de asistir a reuniones y ruidosas fiestas en clubes exclusivos de Bogotá. Ese es el gran hombre, el desaparecedor, que en su defensa pública, expuso una fotografía de gran hombre católico recibiendo una hostia supuestamente sagrada de manos de Juan Pablo II.

Jesús Armando Arias Cabrales con una hoja de vida tachada de cuestionamientos profundos por violaciones de derechos humanos vive su condena en libertad, en un apartamento en una guarnición militar, en el que habita con sus familiares.

Esa es la justicia colombiana, injusticia, como decía, Eduardo Umaña Mendoza, nuestro gran amigo, siendo un brillante y humanista abogado, nuestro amigo asesinado en medio del desarrollo de este proceso judicial, en el que él cimento al lado de las familias la verdad que la memoria ha construido, muy distante de sentencias y de decisiones judiciales…

Porque es bien cierto, que militares como el General Iván Ramírez continúan posando de prohombres. Otros por vencimiento de términos integrantes del B 2 como Sánchez Rubiano, gozando de libertad, por esa llamada justicia. Sobre otros, no cursan órdenes de captura internacional como Bernardo Garzón, agente del Estado que sabe sobre lo sucedido con los desaparecidos. Pruebas y más pruebas, nunca tomadas, otras desaparecidas en manos de los militares.

Pero no solo ha sido la impunidad para militares, también para responsables desde el ejecutivo, aquellos ministros de la época que guardaron silencio ante el poder militar, que cohonestaron con el estado de barbarie. El propio presidente de la época ha dicho recientemente, que en un libro ha consignado la verdad de lo sucedido el 6 y 7 de noviembre de 1985, continúa pasando el tiempo, mientras tanto los padres y madres de los desaparecidos del Palacio de Justicia han ido muriendo, sin saber esa verdad, que quizás Betancur va a dejar ver cuando él muera, qué despropósito ante tanta indignidad.

Pero no se trata solo de la impunidad jurídica, que se ha pretendido asegurar con la perdida de pruebas, con la presión de testigos, con las amenazas a las familias, con el asesinato de Eduardo, con dilaciones injustificadas, con la no recuperación de los cuerpos de los desaparecidos, se trata de constatar el desmoronamiento de esa justicia, de sentencias judiciales que son un papel y que son adobadas con la impunidad jurídica y social.

Incluso, el propio presidente Santos que quiere pasar a la historia como el presidente de la Paz, el mismo presidente de la ley de víctimas, luego de conocer una decisión judicial, pidió perdón al presidente Betancour y a los militares.

28 años después en medio de la impunidad ha sido la terca memoria de los familiares la que ha ido reconstruyendo la verdad histórica y la verdad judicial que los militares y el establecimiento colombiano se han negado a reconocer.

Más y más palabrería, más retórica del silencio, pero más estrategia propagandística para promover las imágenes propias, los egos e protagonismos que se convierten en otra forma de propiciar la impunidad social.

Hoy después de 28 años amigos y familiares continúan buscando los desaparecidos del Palacio de Justicia, luchando por la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la dignificación. ¿Porque, de qué sirven unas condenas, si los militares no reconocen lo qué hicieron? ¿De qué sirve una pena, si ésta es una nueva burla a las víctimas?, ¿De qué sirve esa forma de justicia que es una pena, si la pena es prolongada para los familiares de la víctimas?

Y esa verdad se mostrará, y se demostrará aún más, el próximo 12 y 13 de noviembre en la CORTE INTERAMERICANA DE DH

Ellas y ellos al lado del Magistrado Carlos Horacio Urán, ejecutado por los militares y los torturados sobrevivientes. Eduardo Matson, Yolanda Santodomingo y Orlando Quijano son sus nombres, sus historias al lado de sus familiares, los que nos continúan inspirando en el camino de la memoria para no desfallecer a pesar de nuestras pequeñeces humanas, son ellos y sus familias, los signos de la imposibilidad del olvido cuando la impunidad pretende reinar, cuando la democracia se viste de seda, cuando es un rostro de hierro y de terror, entre ellos, perfumado con la mentira.

Holocausto del palacio de justicia en la memoria.
Holocausto del palacio de justicia sin olvido.

viernes, 1 de noviembre de 2013

Gerardo Liévano García

Noviembre 2 de 1993- Noviembre 2 de 2013


En Cúcuta, el 2 de noviembre de 1993 fue asesinado Gerardo Liévano García, por miembros del estado, un escuadrón de 11 activos del ejército nacional, integrantes del grupo de caballería mecanizado # 5, General Hermógenes Masa de la ciudad de Cúcuta, al mando del entonces teniente Cesar Alonso Maldonado Vidales, detuvieron, torturaron, desaparecieron y asesinaron a este líder sindical. Pese a ello el teniente Cesar Alonso Maldonado Vidales fue ascendido al poco tiempo a Mayor y además recibió varias medallas, según ellos por su destacado trabajo en las filas del Ejército.

Gerardo un trabajador y defensor por los derechos de los trabajadores, asesor sindical. El paso por el banco popular en la ciudad de Bogotá, en la década de los 70 le permitió comenzar a realizar su sueño como asesor sindical y a formarse en lo que a él más le gustaba, defensor de los derechos de los trabajadores y la dignidad de las personas, desafortunadamente luego de 10 años de pertenecer al banco lo despiden, pues a ninguna empresa le conviene que alguien esté atento a las demandas de los trabajadores. A partir de ese momento se complica la parte laboral de Gerardo debido a su condición de sindicalista y le es muy difícil conseguir un trabajo. A pesar de ello logra trabajar un tiempo con empresas privadas y al mismo tiempo prestaba asesoría sindical a la sindicatos que lo conocían, el trabajo con empresas privadas no era lo suyo y luego de un tiempo decidió dedicarse sólo a las asesorías sindicales en empresas como UNEB , USO , ISS , TELECOM , ACUEDUCTO, entre otras.

Allí le permitían realizar trabajos que fueran necesarios en las sedes sindicales, como hacer compras, arreglar maquinas, cambiar los rieles de cortinas entre otras labores, así logró generar algún dinero para mantener a su familia.

Así pasaron algunos años y luego le propusieron ir a Urabá como asesor de SINTAGRO y de los bananeros, allí paso cerca de 2 años, pero es para el año 1985 donde casi es alcanzado por una bomba y se vio obligado a regresar a Bogotá. Luego le propusieron una asesoría en Sintra-elecol en Villavicencio, cuando se le acababa allí la asesoría trabaja con obras públicas de esta ciudad, haciendo duros trabajos incluyendo los carros del aseo. Termina el contrato con obras públicas y nuevamente regresa a Bogotá en el año 1990 continúa con sus asesorías sindicales, buscando algún trabajo.

En junio de 1993 la USO- Unión Sindical obrera- le propone una asesoría en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, estando allí el día 2 de noviembre de ese mismo año se encuentra con manos criminales del ejército, Cesar Alonso Maldonado Vidales y 10 efectivos más, le arrebatan la vida a Gerardo de la forma más vil y despiadada, hasta el punto de querer borrar toda evidencia. 

El día 2 de noviembre hacia las 12:30 del día, retienen a 3 personas en un restaurante ubicado en el centro de la ciudad de Cúcuta, a Gerardo lo golpean en la cara con la cacha del arma de uno de los militares que estaban vestidos de civil y lo dejan por unos minutos tendido en el piso.

Varios testigos que estaban en el lugar cuentan que comenzaron a pedir auxilio y que en ese mismo momento se acercó un policía uniformado para averiguar qué estaba pasando y el entonces teniente Maldonado, con voz fuerte y malos tratos, le dice al Policía que se retire del sitio porque “eso es cosa del ejército”.

Luego, ingresan a 3 personas retenidas en dos camionetas, Gerardo en una y a los otros dos en otra y los conducen a un lugar donde pasa agua, allí los bajan y los someten a las torturas y tratos más crueles e inhumanas. A Gerardo le rociaron gasolina en el cuerpo y le prendieron fuego, un testigo y víctima de los hechos, cuenta que en medio de su dolor por las torturas de las que él también estaba siendo víctima, vio como torturaban a Gerardo y escuchaba los gritos de lamento y la voz desgarradora pidiendo auxilio.

Cerca de las 4 de la tarde marcaba el reloj, en ese momento los ingresan nuevamente en las camionetas a Gerardo en una y a los otros dos detenidos en otra y los conducen al batallón.

Cuenta el testigo que: a él y al otro muchacho detenido los metieron a los calabozos, a cada uno aparte y que él escuchaba a Gerardo quejarse terriblemente, Gerardo pedía a gritos que no lo golpearan más, sin embargo la última vez que lo escucho fue cerca de las 11 de la noche de ese mismo día.

El 5 de noviembre de ese mismo año es hallado el cuerpo de Gerardo totalmente incinerado, casi irreconocible, fueron necesarios análisis de ADN que junto con su dentadura y estudios realizados sobre la reconstrucción facial de su hermano gemelo se pudo demostrar que efectivamente se trataba del cuerpo sin vida de Gerardo.

Aunque el Ejército no ha querido reconocer su responsabilidad en el caso y ha continuado re-victimizando a Gerardo, tildándolo de guerrillero, secuestrador y criminal, el Tribunal Superior de Cúcuta, en segunda instancia condenó a 25 años de prisión al mayor retirado del Ejército, Cesar Alonso Maldonado Vidales, por el asesinato del sindicalista Gerardo Liévano García, así mismo el Consejo de Estado condenó a la nación por dichos hechos y obligó al Estado a reparar económicamente a dos de las tres familias de las víctimas.

Esta condena representa un paso más en la lucha contra la impunidad, en la que militares del talante de Maldonado, son condenados por sus execrables actos contra quienes para ellos, dada su ideología, les resultaban incómodos.

Pese a las condenas y ordenes de reparación administrativa, nunca el Ejército y la institucionalidad ha querido reconocer ni resarcir el buen nombre de Gerardo, ese Gran Hombre que fue, luchador por defender los Derechos Humanos y la Integridad de las personas, un padre incomparable, un esposo excepcional, un gran hijo, hermano y amigo inolvidable.

Gerardo Liévano García en la Memoria
Gerardo Liévano García Sin Olvido

Mario Castro Bueno

Noviembre 1 de 2002- Noviembre 1 de 2013

Hoy hace 11 años, el 1 de Noviembre de 2002 fue asesinado Mario Castro Bueno por unidades de la estrategia paramilitar.

Mario Castro nació en un hogar creyente que estaba en profundo desacuerdo con la impunidad. Mario desde muy joven se inclinó por la defensa de los derechos humanos, llegando a ser el Personero municipal del Castillo.

Fue un hombre que se hizo querer por los campesinos del Alto Ariari, gracias a sus fuertes convicciones y por ser el único funcionario público que escucho los testimonios de las víctimas, y se encargó de comenzar las investigaciones para esclarecer los hechos por los cuales había un sin número de desaparecidos en el departamento del Meta y así intentar borrar la impunidad de sus calles.

Mario insistió tanto por no dejar los asesinatos en la impunidad, que cuando miembros del ejército asesinaron a Eyder Quiguanas, un poblador de la zona, Mario fue hasta la vereda La Floresta, habló con los familiares, recogió testimonios y pruebas para poder hacer efectiva la denuncia por estos hechos.

MARIO, una vida por la vida, fue militante desde su juventud, un comunista, como muchas veces se presentaba. No dejó de asistir cada año a los festivales del periódico VOZ, desde el primero hasta el último que pudo estar. Fue militante estudiantil, llenó su casa de diplomas, toda la vida fue un estudiante. Participó de la administración municipal de la Unión Patriótica en Apartadó, como Tesorero. Fue Alcalde de Fortúl y Lejanías en el Meta. Y los últimos años dedico su vida a la Personería del municipio El Castillo.

El 1 de noviembre de 2002 unidades de la estrategia militar encubierta asesinaron a Mario Castro Bueno, ese día a las 2:30 p.m Mario fue obligado a bajar del vehículo público en el que se transportaba para llegar a la ciudad de Bogotá en donde iba a participar en un diplomado de Derechos Humanos.

Los paramilitares interceptaron el bus en él que iba, en el punto conocido como La Bodega, en la vía entre Medellín del Ariari y Pueblo Sánchez. Mario fue encontrado al día siguiente en un paraje rural.

Las pruebas, denuncias y testimonios que había recolectado desaparecieron de su despacho misteriosamente, entre ellas desaparecieron las del caso de Eyder, el primer asesinato que generó el desplazamiento forzado de los campesinos del Alto Ariari entre 2002 y 2004.

Alias “Don Mario” comandante del Bloque Centauros de las Autodefensas fue condenado en el año 2011 a 15 años y 9 meses de prisión por el asesinato de Mario Castro Bueno, el confeso paramilitar aceptó ser responsable de ordenar el crímen. Pese a dicha condena, hoy el asesinato de Mario se encuentra en la total impunidad.

Han pasado 11 años de impunidad, de crímenes en el Alto Ariari. 11 años en los que la investigación por su asesinato no se ha encontrado a culpables y ninguna persona ha sido vinculada a este crimen. 

Mario se encuentra en la memoria de su familia, de sus amigos, de aquellos que lo conocieron en ejercicio de su labor de defensor de la vida, de buscador de justicia y de constructor de sueños.

Mario Castro Bueno en la Memoria
Mario Castro Bueno Sin Olvido