martes, 13 de noviembre de 2018

Daniel Abril Fuentes


Noviembre 13 de 2015

Daniel Abril Fuentes, fue un hombre que dio vida a la tierra. Un campesino que desde niño aprendió como amor a cultivar y proteger el paisaje junto a su familia, siempre desde su territorio natal en la vereda 'Los Chochos' del municipio de Trinidad, Casanare.

“Danielito” como lo llamaban de cariño, fue un activista social que entrego su vida por los demás, por ser voz y brindarles libertad a las víctimas silenciadas por el Estado colombiano, lo que le valió ser reconocido como un opositor a la corrupción, de los destructores y aniquiladores del territorio, de cualquier injusticia y forma de violencia.

Fue un defensor de derechos humanos, ambientalista, conciliador, promotor de la memoria de las víctimas de crímenes de Estado, miembro del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, del Congreso de los Pueblos y de la Plataforma la Voz de la Tierra. Desde allí gesto acciones que incomodaron intereses de empresarios que pretendían el control del territorio para la minería. Hizo memoria junto a las víctimas, convoco, unió, formo una ciudadanía activa para que se movilizara por la defensa de sus derechos y los del territorio.

En 2011 en San Luis de Palenque empezó a dar vida a la movilización social y la protesta, ese año junto a cientos de campesinos, exigió a la petrolera Pacific, que se respetara el territorio, para que no privaran los proyectos sociales que en comunidad que se estaban adelantando, y que no interrumpieran la vida del paisaje que sus ancestros le heredaron. Por esta razón, fue judicializado junto a otros líderes sociales, acusándoles de forma injusta de ser secuestradores.

Luego, denuncio la desprotección del territorio frente a la sequía que se dio en 2014, desembocando una tragedia ambiental en la vereda Caño Chiquito de Paz de Ariporo, que no solo afecto Casanare, sino, a todo el país. Posteriormente, convocó a más de 400 personas del departamento para desarrollar dos sesiones en Trinidad, con respecto, a los derechos humanos en un marco de extractivismo sobre recursos minero energéticos.

En el año 2015 junto a la Corporación Claretina Norman Pérez Bello, la Corporación COSPACC, organizaciones campesinas de Casanare, el Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta y la Asociación Campesina Asocamprov Libertad, se creó un espacio de dialogo en la Mesa La Voz de la Tierra, allí se realizaron audiencias de control político por los derechos ambientales y humanos de la región. Al mismo tiempo, Daniel lidero la campaña denominada “La Firmatón”, donde, logro recolectar 2300 firmas, junto a un derecho de petición, que exigía la renuncia de la directora de la Corporación Regional Autónoma de la Orinoquia (CORPOORINOQUIA), dado el silencio y la negligencia que había mantenido ante la entrega del territorio a petroleras que estaban causando un gran desastre ambiental, acción que a pesar de todo fue rechazada. 

Por su labor, Daniel estuvo sometido a la violencia sistemática del Estado, puesto que, había sido víctima de detenciones, amenazas, atentados, acusaciones falsas de ser guerrillero y seguimientos por miembros del Ejército Nacional, hechos que están documentados y denunciados, por esta razón había pedido protección reiteradas ocasiones a diferentes instituciones, que hicieron caso omiso y lo ignoraron.

Es así como el 13 de noviembre del 2015, es asesinado cuando se encontraba en una panadería del casco urbano de Trinidad, sobre las 6 de la tarde. El territorio que lo vio nacer, fue también, el que lo vio morir cuando dos hombres le dispararon en tres oportunidades, impactaron su humanidad y acabaron con su voz y con su vida. Pero no lograron silenciar a quienes lo acompañaron y se movilizaron impulsados por él. Su homicidio se produjo el mismo día en que se realizaba la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, en donde, se discutieron los derechos humanos y del territorio de Casanare.

Después de 19 meses de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, se realizó la captura por parte del CTI y se impone medida de aseguramiento de detención preventiva al soldado profesional y activo Eliécer Azueta Cero, miembro de la Fuerza Pública adscrito a la Brigada XVIII, Navas Pardo, capturado en la Brigada XVI del Ejercito Nacional, ubicada en Yopal Casanare, guarnición militar que además tiene antecedentes de ser responsable de diversas ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos", este es autor material del crimen, junto con el presunto paramilitar Jhonnever Tumay Tuaay, se imputo cargos de homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Aunque oficialmente no ha sido reconocido, en el crimen intervinieron funcionarios y empresarios que habrían pagado dinero por terminar con la vida de este defensor. Pese a que se determinó quienes son los autores materiales, no se ha determinado los responsables intelectuales del crimen, la impunidad persiste, y actualmente los presuntos responsables identificados se encuentran en libertad por vencimiento de términos.

En su memoria, se creó la Escuela de Investigación Ambiental y Popular Daniel Abril Fuentes, donde se adelantan procesos organizativos para seguir con su labor, multiplicar sus acciones y sobre todo mantener viva la memoria de un hombre sensible ante las problemáticas locales, que finalmente, atienden a problemáticas nacionales, porque con la defensa de la naturaleza y el territorio, se defiende la vida y se hace frente a las injusticias de actores extractivistas, armados y estatales. 

¡Hoy como cada 13 de noviembre se recuerda a un gran ser humano, un gran amigo y un gran líder, se exige justicia, verdad y reparación porque no haya defensores asesinados nunca más!

Daniel Abril Fuentes en la Memoria
Daniel Abril Fuentes Sin Olvido

lunes, 12 de noviembre de 2018

Jesús Oleiver Alvarado Muñóz y Over Erney Muñóz


Noviembre 12 del 2009

El jueves 12 de noviembre de 2009, los hermanos Jesús Oleiver y Over Erney, campesinos del caserío Mesón Alto, en horas de la mañana salieron a cumplir sus labores cotidianas de trabajo en el campo. 

Al dirigirse hacia Nuevo Horizonte, paramilitares pertenecientes a los rastrojos que hacen presencia en la zona los retuvieron y desaparecieron. Es de anotar que este hecho ocurrió en medio de una fuerte presencia militar en el municipio de Argelia en el marco de la política de aseguramiento de los territorios con fines de privatización, de intervención con fines extractivistas.

Después de adelantar varias acciones jurídicas en la exigencia de verdad, justicia y reparación integral; de ver negados sus derechos como víctimas en las dependencias responsables de atención a la población desplazada, de ver cómo se colocaba en duda su desplazamiento y de no encontrar respuesta sobre la existencia de Oleiver y Over, sus familiares se desplazaron a varios lugares de Colombia.

Se encontraron con otros miles de familiares de desaparecidos, con otras miles de víctimas de crímenes de estado, con quienes han compartido su proceso de dolor y de esperanza, con quienes han construido red social.

El arraigo a su tierra y las condiciones indignas de vida en la ciudad, los llevó a retornar sin ningún tipo de garantías a su tierra, a recuperar lo que les había sido obligado abandonar. Con la humildad, sencillez y tenacidad persistieron en el difícil camino de búsqueda de justicia y verdad. Esa resistencia al olvido y su dignidad, hizo que la unidad de desaparición forzada de la fiscalía, después de una acción de tutela, asumiera el caso como prioritario. Es por esta razón y ante las demandas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares a este grupo de familias, lo que hizo posible el comienzo de un proceso de búsqueda de información que se cotejó con las certezas manejadas por los familiares de OLEIVER Y OVER, quienes a pesar del dolor sabían que habían sido asesinados por los paramilitares.

Así se logró el 2 de mayo de 2013 la práctica de exhumación de los restos de estos dos campesinos.

Pasó más de un año en la espera de los resultados de pruebas de ADN, de insistir en la entrega de los restos para poder elaborar el duelo.

El 01 de Noviembre de 2013, los restos de Oleiver y Over son entregados a familiares en la ciudad de Popayán. Se cumplió así un primer paso en este proceso de búsqueda de verdad, de justicia. Pero queda mucho por encontrar, por exigir, por garantizar. Estos crímenes deben ser considerados como crímenes de lesa humanidad, la verdad aun no es dicha, la justicia no ha mostrado su rostro en este caso.

Por eso sus familiares quienes tratan de reconstruir lo deteriorado con esta acción paramilitar, evocan la vida de Oleiver y Over en su comunidad como campesinos hijos de uno de los fundadores de su pueblo; mantienen la memoria como único derecho de dignificación de las vidas de sus seres queridos.

Ellos viven en la memoria de sus familias, en la memoria del pueblo de Argelia, en la memoria del pueblo campesino del Cauca y de Colombia; ellos, dos campesinos víctimas de desaparición forzada, sus familiares víctimas de desplazamiento forzado por estructuras paramilitares, ellos y ellas víctimas de la impunidad.

Hermanos Oleiver y Over, en nuestra Memoria
Hermanos Oleiver y Over, Sin Olvido.


sábado, 10 de noviembre de 2018

Álvaro Ulcué Chocue

Noviembre 10 de 1984

El 10 de noviembre de 1984, hacia las ocho y media de la mañana en Santander de Quilichao, departamento del Cauca, Álvaro Ulcué Chocue, para ese entonces primer sacerdote católico indígena en Colombia fue atacado por dos agentes de F-2 de la Policía Nacional, Miguel Ángel Pimentel y Orlando Roa, quienes dispararon en varias ocasiones contra Álvaro desde una motocicleta en la que se movilizaban.


Álvaro quedó mal herido, se bajó del vehículo en el que se transportaba y se tendió en la tierra. Luego, los sicarios se retiraron, pero al percibir que estaba mal herido lo remataron, y finalmente huyeron. Desde 1980 había empezado a ser hostigado, amenazado y perseguido por terratenientes y agentes de Estado, en razón, de su lucha por la el despojo y la protección a territorios indígenas, por lo que, grandes propietarios de tierra habían ofrecido precio por su vida. 

Religiosas que estaban cerca al sitio, lo introdujeron en un taxi y lo condujeron al hospital de la localidad a donde llegó con vida. Momentos después falleció.

Las investigaciones penales y disciplinarias fueron manipuladas por las instituciones pretendiendo focalizar las responsabilidades en otros, algunos expedientes se “extraviaron”, llevando a que el crimen quedara en la impunidad.

El día del crímen, Álvaro debía actuar como padrino de un niño que iba a ser bautizado en Santander de Quilichao. Regresando de Cali a donde había ido la tarde anterior, llegó a Santander a las 7:30 a.m. y estuvo primero en la Casa Cural. De allí de dirigió al almacén de la madre del niño que iba a ser bautizado, donde le obsequiaron una camisa. Luego pidió el teléfono para hacer una llamada a la Hermana Luz Marina, quien también iba a participar en el bautizo y se encontraba en ese momento en el Hogar Santa Inés; le pidió que le preparara un desayuno, pues iba hacia el hogar enseguida.

Cuando llegaba al Hogar Santa Inés, ocurrió el crimen. Gracias a un testigo ocular se pudo identificar a los dos asesinos como miembros del F-2. El testigo rindió declaración ante el Juzgado Segundo Ambulante de Instrucción Criminal.

En abril de 1985, inexplicablemente el testigo fue buscado por Agentes de la Procuraduría General de la Nación y obligado, contra su voluntad, a viajar a Popayán para “ratificar sus denuncias”. Al reconocer en fila a uno de los victimarios, el juez permitió que el acusado identificara plenamente al denunciante y lo amenazara. Luego, uno de los Agentes de la Procuraduría que lo acompañaba llevó al testigo al Cuartel de la Policía de Popayán donde, bajo todo tipo de intimidaciones, le exigieron cambiar su versión ante el juez, para acusar a las FARC del asesinato del Padre Ulcué. Llevado nuevamente al juzgado, lo obligaron a firmar un documento, sin permitirle leerlo. Luego fue conducido a los calabozos del DAS en Cali, donde recibió nuevas amenazas.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos ofició entonces, a la Presidencia de la República y a la Procuraduría General de la Nación, denuncias por tan delictiva manipulación de las investigaciones, sin obtener ninguna respuesta. Aun más, todas las copias del expediente de la Procuraduría sobre el asesinato del Padre Ulcué “se perdieron”, llevando a que el crimen quedara en la más absoluta impunidad.

Los restos del padre Álvaro fueron trasladados a Pueblo Nuevo, la tierra indígena que lo vio nacer. La tierra por la que hoy en su memoria los pueblos indígenas, los campesinos mestizos y afrodescendientes la defienden afirmando su dignidad. No fue sepultado en el templo, como muchos querían, sino que se cumplió su voluntad expresa:

“Si he de morir, quisiera que mi cuerpo quedase amasado en la arcilla de los fuertes, como un cemento vivo arrojado por Dios entre las piedras de la Ciudad Nueva”.

Pasado el tiempo, sigue la fortaleza del testimonio de ÁLVARO ULCUÉ CHOCUE vive en la dignidad de los pueblos del Cauca que afirman sus derechos, su dignidad. Esos pueblos exhuman hoy la memoria, la causa por la cual fue asesinado el sacerdote indígena, la concentración de la tierra, la imposición de un modelo de desarrollo que privatiza el territorio, que comercializa la vida.

Álvaro Ulcué en la Memoria
Álvaro Ulcué Sin Olvido

martes, 6 de noviembre de 2018

Toma y retoma del Palacio de Justicia



6 y 7 de Noviembre de 1985


Foto: Carlitos Mario


Se cumplen 33 años del Holocausto del Palacio de Justicia y de una lucha generacional por la verdad, la justicia y la reparación. Más de tres décadas de un capítulo que aun no se cierra en la historia de Colombia, manteniendo un manto de incertidumbre para los familiares que aún se preguntan ¿dónde están? y una sombra pasiva para la sociedad civil, que en su mayoría desconoce las motivaciones y responsables de los hechos.

El 6 y 7 de noviembre de 1985, la vida cambio para varias de las personas que se encontraban al interior del palacio y sus familias, y con la retoma, se inició un camino de incertidumbre, preguntas y dolor que no cesan, no solo por lo que representó ser víctimas de tortura, asesinato y desaparición forzada, también, por la impunidad, el incumplimiento de las sanciones internacionales, y por velar los restos de un extraño, en lo que se ha pretendido justificar como errores en la disposición de los cuerpos. 

A los 94 muertos y 12 desaparecidos que habían sido reconocidos inicialmente, sin contar las víctimas de tortura, se vienen sumando los nombres de quienes se creyó descansaban en las tumbas donde sus familiares los visitaron  por años, y que ahora, gracias a pruebas y videos como en el caso del Magistrado Julio César Andrade, se sabe que salieron con vida de la edificación, dando mayores argumentos para quienes consideran que allí se fraguo un "pacto de silencio" entre actores del Estado.

En lo que va corrido del año se han reconocido y/o entregado los restos de Carlos Horacio Urán, Jaime Benítez Prieto, Libardo Duran, Alfonso Jacquin, Noralba García y Héctor Jaime Beltrán en 2017. Mientras que la lucha para los familiares de Cristina del Pilar Guarín, Gloria Stella Figueroa, David Suspes Celis, Lucy Amparo Oviedo, Carlos Augusto Rodríguez, Bernardo Beltrán, Gloria Isabel Anzola, Norma Constanza Esguerra, Luz Mary Portela León y Ana Rosa Castiblanco, sigue a pesar que en algunos de los casos han sido entregados parte de los restos, insistiendo en que mientras no se conozca la verdad seguirán considerándolos desaparecidos.

Hechos 

El miércoles 6 de noviembre de 1985, inició la toma del Palacio de Justicia por parte del Movimiento 19 de abril M-19, cuando aproximadamente 35 guerrilleros liderados por Andres Almares, Alfonso Jacquin y Luis Otero,ingresaron al edificio en el marco de la operación denominada “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, con el que buscaban hacer un juicio político al presidente Belisario Betancur por incumplir las promesas de paz y los acuerdos suscritos en Hobo, Corinto y Medellín un año antes de la toma.

El M19 se tomó el edificio empezando por la cafetería que estaba ubicada en el primer piso del palacio, ingresando entre las 10:30 y las 11:00 a.m., a la que respondieron inicialmente hombres del batallón Guardia presidencial, para luego dar inicio a la retoma militar por parte de las Fuerzas Armadas alrededor de la 1:00 pm, operación que se adelantó a sangre y fuego sin discriminar quien estuviese dentro.

El gobierno encabeza de Betancur, no manifestó su intención de entablar una negociación o de ordenar un alto al fuego por parte de la Fuerza Pública para que se respetara la vida de quienes estaban dentro del edificio, ni siquiera las suplicas y los comunicados emitidos por el entonces presidente de la Corte Alfonso Reyes Echandía. A las 5:30 p.m. se inició un incendio y un enfrentamiento entre M-19 y el Ejercito que se extendió hasta las 2:00 a.m. del 7 de noviembre. 

Los sobrevivientes salieron en mayor número en la tarde del primer día y otros el 7, muchos pudieron sobrevivir y otros fueron llevados a La Casa del Florero que se usó como “puesto de mando avanzado” por agentes del Estado para coordinar la operación e identificar a los sobrevivientes, apartando a quienes consideraban sospechosos de tener algún vínculo con el grupo insurgente, algunos consiguieron salir vivos de la casa museo, pero otros nunca lograron volver al seno de sus familias.

Una vez consumada la retoma, las autoridades militares se encargaron del lugar, trasladaron todos los cuerpos al primer piso, despojándolos de sus prendas, sus pertenencias personales y lavándolos para eliminar evidencias frente a los hechos. Algunos cuerpos ni siquiera figuraron en el edificio, fueron encontrados en fosas comunes, tumbas de otras personas o aún no se sabe que paso con ellos.

El proceso de levantamiento fue controlado por jueces de Instrucción Penal Militar, las actas son inconsistentes, hay sexos mezclados, nombres que no coinciden, posiciones artificiales, toda una serie de irregularidades que han truncado todo el proceso de esclarecimiento de lo ocurrido; sin que se pueda dictaminar incluso el número total de victimas mortales y desaparecidos. 

A partir de 1996, inició la exhumación de los cuerpos que se encontraban en una fosa común del Cementerio del Sur, a donde fueron llevados algunos de los restos del Palacio de Justicia y de la tragedia de Armero ocurrida tan solo 7 días después. Desde entonces, la identificación de las víctimas y la búsqueda de los desaparecidos ha dado mayores resultados que en los años anteriores, aún se espera plena claridad y adjudicación de responsabilidad, puesto que hace más de tres décadas las víctimas han luchado de manera constante a pesar de que esto fue para muchos una fractura personal para su vida, así como lo es para toda la sociedad. 

El duro camino por la verdad

La búsqueda por verdad y justicia ha sido interminable y dolorosa con un sinfín de contradicciones en el camino. En ese escenario los protagonistas han sido miembros del M-19, si bien algunos militantes hoy hacen parte de otros escenarios políticos, quienes planearon y participaron en la toma del Palacio de Justicia no sobrevivieron; por otro lado, están los militares quienes pese a que han sostenido que actuaron siguiendo ordenes, no hubo consideración por la vida, ni los derechos de las personas que estaban al interior del Palacio.

En el marco de las investigaciones, se ha prestado especial foco en el Comandante de la Brigada XIII del Ejército, Jesús Armando Arias Cabrales, quien fue destituido en 1990 pero hasta el 2011 se imputo una condena de 35 años de cárcel; el Coronel en Jefe del B-2 Edilberto Sánchez Rubiano, quien, también fue destituido en 1990 y hasta diciembre de 2015 se le dio una condena de 40 años de prisión junto al mayor Oscar William Sánchez, que esperan casación por parte de la Corte Suprema de Justicia, que les proporcione la libertad. Por otro lado, en el marco del actual proceso de paz Arias Cabrales y Alfonso Plazas Vega negaron presentarte ante la Jurisdicción especial de Paz, solicitud que si fue hecha por el General Iván Ramírez Quintero.

El mismo comandante de la Escuela de Caballería, Coronel Plazas Vega, ha sido uno de los protagonistas principales del caso, no solo por presentarse como un héroe por los hechos ocurridos, siendo la imagen que se presentó ante los medios de comunicación en el momento. El 16 de julio de 2007 fue capturado iniciándose un proceso judicial en su contra por los desaparecidos y los hechos del Palacio, el 9 de junio de 2010 fue condenado a 30 años de prisión y el 16 de diciembre de 2015 fue absuelto de los cargos por parte de la Corte Suprema de Justicia, lo cual para los familiares significo un retroceso, una burla y la destrucción de esperanzas para hacer justicia. 

Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizo al Estado colombiano en 2013 por la desaparición de doce personas en el Palacio de Justicia, en 2014 condena oficialmente a Colombia y ordena continuar con la búsqueda, sentenciar a los responsables y reparar a las víctimas de forma simbólica y económica. En 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos se pidió perdón de manera pública por la responsabilidad estatal, sin embargo se desestimó cualquier tipo de investigación sobre el entonces presidente Belisario Betancur, e incluso Santos le pidió perdón por la solicitud hecha a la CPI por el Tribunal Superior de Bogotá. 

Muchos familiares de las victimas ya fallecieron sin conocer la verdad de los hechos o recibir justicia, hoy siguen otras generaciones emprendiendo la búsqueda, pese a que evidentemente los procesos han sido demasiado tardíos, un caso que en tres décadas no ha podido siquiera acercarse a un final, siendo los familiares revictimizados no solo por la impunidad sino que también, frente a el discurso creado sobre sus parientes, como si no merecieran la vida que se les arrebato y por el silencio que muchos han debido mantener por años dadas los hostigamientos para limitar cada paso hacia la verdad.

A pesar del tiempo transcurrido y que tenga que transcurrir, o de los obstáculos encontrados, las familias han manifestado que no renunciaran a la búsqueda de la verdad y la justicia, se persistirá por mantener la memoria de sus seres queridos, por una herida abierta que continuara así, hasta que no se hallen transformaciones mínimas en los horrores de la violencia y el conflicto estructural en Colombia. Hoy, y después de 33 años sigue viva la exigencia por los derechos de las víctimas y los familiares, porque esto nunca más se repita. 

Víctimas del Palacio de Justicia en la memoria
Víctimas del Palacio de Justicia Sin Olvido

domingo, 4 de noviembre de 2018

Parménides Cuenca Cortes


Noviembre 04 de 1988 


Parménides Cuenca Cortes, nació en el año (1934) en Palermo Huila, prestó servicio militar y a su regreso, se vinculó a las luchas agrarias al lado de los campesinos; fue un dirigente social y político, constructor del Partido Comunista, Unión Nacional de Oposición Uno, Frente Democrático, sindicatos, juventudes y organizaciones de mujeres. Ocupo cargos de dirección, fue presidente de la Unión Patriótica en el momento de su surgimiento en el Castillo Meta, a la hora de su muerte era funcionario de la Alcaldía Municipal.

El 4 de Noviembre de (1988) fue víctima de un atentado ejecutado por Paramilitares en conveniencia con policías y militares, donde falleció.

Parménides fue fiel a sus principios y convicciones, amaba su partido, a la gente, siempre estuvo presto a servirle a quien lo necesitaba, compartía lo que tenía con sus amigos y compañeros. Después de (25) años de su asesinato, en octubre de (2013) fue detenido un reconocido paramilitar del Castillo Meta; Ever Salazar Alias lechona quien esta privado de la libertad.

Parménides un hombre que nunca se olvidara, en su memoria su hijo Olivey dedico estas
palabras luego de la perdida de su padre:

Padre mío: allá en la tumba está, yo tengo frío, me falta tu cariño. Tu sonrisa, tus pasos y tu voz, los esbirros la cortaron.

Pero descansa en paz. Tu voz está en mi voz y tu imagen grabada aquí en mi mente. Si el pueblo olvida sus acciones yo no las olvidaré y como ejemplo las llevaré porque morir en vano no puede ser.

Haz muerto por el pueblo y en él tiene que renacer. Padre, con tu recuerdo voy a crecer, para ser como tú, defender el bien. Cortaron tu voz y cortarán la flor, pero no la primavera. Bogotá, 1989.


Parménides Cuenca Cortes en la Memoria.
Parménides Cuenca Cortes Sin Olvido.

viernes, 2 de noviembre de 2018

Gerardo Liévano García


2 de Noviembre de 1993

El 2 de Noviembre de 1993 en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, hacia el mediodía en un restaurante de la ciudad fue retenido, posteriormente desaparecido, torturado y asesinado Gerardo Liévano García, por un comando de 11 integrantes del ejército Nacional a cargo de el teniente César Alonso Maldonado Vidales.

A Gerardo lo retuvieron arbitrariamente, lo golpearon en la cara con la cacha de una arma hasta dejarlo en el piso sin fuerzas, con una herida en el pómulo. Él pedía auxilio, se acercaron dos policías y preguntaron, qué pasaba allí, a lo que Maldonado contestó, que es un operativo del ejército, que no se metan y que se larguen del lugar.

En la investigación, los uniformados declararon que Gerardo opuso resistencia a los maltratos de los que estaba siendo víctima él y dos personas más, razón justificada por el teniente para continuar con los golpes.

Ahí, frente al restaurante ingresan a Gerardo muy golpeado en una camioneta de vidrios oscuros y en otra a las dos personas más. Los llevan a un lugar fuera de la ciudad, allí someten a Gerardo a las torturas más despiadadas que se le puedan aplicar a un ser humano. Cuentan los otros dos retenidos que Maldonado lo torturaba y a la vez le preguntaba por un comandante. Cuentan como se estremecían con los desgarradores gritos de Gerardo pidiendo auxilio, porque para Maldonado, él era un guerrillero.

Cuenta uno de los testigos que en ese momento los meten nuevamente a una camioneta y los trasladan al batallón. Ya casi al final de la tarde del martes 2 de noviembre, son llevados a calabozos separados, donde el testigo asegura haber escuchado a Gerardo quejándose hasta altas horas de la noche, llegando un momento en que no lo escucho más.

Pasados 3 días sale en un periódico de Cúcuta, el titular "Se encuentra un cadáver incinerado cerca de un basurero a las afueras de la ciudad". El viernes 5 de noviembre me avisan que Gerardo estaba desaparecido y que tenía que viajar a buscarlo. 

Fuimos a la ciudad de Cúcuta a buscar a Gerardo, tuvimos que buscarlo por casi una semana, fuimos al batallón, mi cuñado y yo acompañados de alguien de derechos humanos de esa ciudad. El que nos recibió fue el mismo Teniente Maldonado, quien nos dijo que a ese batallón no había ingresado nadie con las características de Gerardo.

Nos llevó a los calabozos a mostrarnos que no tenía a nadie allí. En este lugar donde días atrás había estado Gerardo y los otros dos detenidos y de los que no había registro alguno del paso por ese lugar.

Yo conocí a Gerardo en el sindicato del banco popular, era el tesorero del sindicato y pertenecía a la directiva a nivel nacional del sindicato. En el año 1984 el banco le cancela el contrato de trabajo sin justa causa, de allí en adelante él comienza a hacer accesorias sindicales. Estuvo en SINTAGRO en Uraba en los años de las bombas y de violencia, en Sintraelecol, Villavicencio, Bogotá. en sindicatos bancarios, Seguro Social y la USO. 

Gerardo tenía cuatro hijos, nuestra hija que tenía 16 meses y tres hijos más de los cuales él tenía dos a cargo de los cuales yo ayude a criar. Con la muerte de Gerardo le quitan el derecho a mi hija de conocer a su padre, igualmente a sus otros dos hijos quienes quedan completamente solos. A mi me arrebatan a mi esposo, mi compañero, el padre de mi hija, al ser con quien tenia mi hogar, en pocas palabras acaban con vida también.

Han pasado 23 años y no entiendo, ni entenderé jamás porque una persona representante de la ley puede tener manos criminales y ordenar cegarle la vida a un ser humano de la manera que se la quitaron a Gerardo, sin pensar por un instante las consecuencias que puede traer todas estas cosas tan crueles y despiadadas a una familia. 

Otro episodio inhumano que nos tocó pasar es la desaparición y asesinato del hijo de Gerardo, el cual ayude a criar. Él fue desaparecido en el año 2000 en Villavicencio, lo matan y lo tiran a un río en Puerto Gaitán, Meta. Dicen que fueron los paramilitares, eso le dijeron al tío del muchacho (Hermanos de Gerardo). Un asesinato que está en la completa impunidad porque no tuvimos las fuerzas para seguir una investigación. 

Cuando mi hija por casualidad lee todo lo del asesinato de su padre en internet, fue un instante de preguntas, una de ella fue: ¿en algún momento a esos militares del ejército o a Maldonado se les ocurrió pensar en la familia que estaban acabando con sus manos?

Hago mucho énfasis en los que nos ha tocado vivir en familia, porque hemos tenido que ser muy fuertes y soportar sin entender todo esto que nos ha pasado.

Pasaron años del proceso con muchas cosas negativas, una de ellas, la absolución de 11 militares en un consejo verbal de guerra, o el intento de cierre del proceso, el que revivió gracias al trabajo de una magistrada. 

Son tantas pruebas que por largos años han evidenciado la responsabilidad de agentes del Estatales y que sólo hasta el año 2014 por sentencia del Consejo de Estado responsabilizó a la nación por los hechos cometidos contra Gerardo.

El dolor traumático que me causo que me hayan entregado las cenizas de Gerardo, nunca se van a borrar de mi mente, no es justo que uno tenga que viajar a buscar a su ser querido porque está desaparecido y le entreguen a su familiar en cenizas. Esto es un dolor muy grande que no se borra del alma ni del corazón.

Gerardo, un defensor aguerrido por los derechos humanos, las injusticias, un luchador incansable por sus ideales, un papá y esposo intachable, un hijo, un hermano, un tío, un amigo ejemplar, incomparable, admirable, e incondicional. Un ser maravilloso que ha dejado huella y nunca se borrara, su recuerdo y su amor estará por siempre en nuestros corazones.

Ese dos de noviembre fue una fecha que marcó para siempre nuestras vidas y que no podemos dejar pasar desapercibida hasta que Dios nos permita.

Escribo y escribiré esto porque me ayuda un poco, aunque nunca sea fácil y porque quisiera que esto nunca le pase a otro ser humano, ojala esto nunca más se vuelva a repetir, tengo mucha confianza en Dios y en las personas que tienen la ley en sus manos.

Nosotros a pesar de todo esto que hemos tenido que pasar desde el fondo de nuestros corazones decimos que queremos la paz para nuestro país, queremos un país diferente para nuestros nietos y jóvenes. 

Escrito por su esposa Luz Marina 

De forma mas reciente, hasta el año 2008 Maldondo fue capturado y sentenciado a 25 años de prisión por el Tribunal Superior de Cúcuta, luego de que se había fugado en 2004 del batallón de Policía Militar No. 13, también se condeno al coronel William Roberto del Valle, el suboficial Edilson Olivero Goyes, los soldados Efraín Niño Plazas, Jairo Granja Hurtado, José Misael Valero. Estas condenas representan un paso para mantener la esperanza por una justicia en contra de la impunidad, pero aún falta un largo camino por una reparación y una verdad integral. 

Gerardo Liévano García en la memoria 
Gerardo Liévano García Sin Olvido 

jueves, 1 de noviembre de 2018

Mario Castro Bueno


Noviembre 01 2002 

El viernes 1 de noviembre del 2002, Mario Castro Bueno, quien se desempeñaba como Personero Municipal del Castillo, Meta, fue asesinado por la estrategia paramilitar encubierta. Hacia 2:30 p.m., Mario fue obligado a bajar del vehículo de servicio público en el que se movilizaba hacia la ciudad de Bogotá para participar en un diplomado de Derechos Humanos. Los paramilitares interceptaron el bus a la altura del sitio conocido como La Bodega, en la vía entre Medellín del Ariari y Pueblo Sánchez. Fue llevado por los paramilitares, y fue asesinado, solo hasta el siguiente día su cuerpo fue hallado degollado en un paraje rural.

Era un hombre sencillo, de profundas convicciones, nacido en un hogar creyente; nacido en un hogar de cuna crítica. Simplemente coherente, al lado de la justicia, en profunda insensibilidad con la impunidad. De sus miedos asumidos en coraje, defensor de derechos humanos, Personero Municipal, constructor de un nuevo país, en medio de la guerra, entre el oscuro socavón de la impunidad.

Mario, un hombre querido por los campesinos y campesinas del Alto Ariari. Consecuente con sus convicciones y su labor fue el único funcionario público que escuchó los testimonios de las víctimas, asumió el inicio de investigaciones, de búsqueda por lo menos del esclarecimiento ante la imperante impunidad del departamento del Meta. Cuando EYDER QUIGUANAS fue asesinado por unidades del FUDRA del ejército, fue hasta la vereda La Floresta, habló con la familia, recogió los testimonios, algunas pruebas y colocó una denuncia por los hechos. Después del asesinato de MARIO, los testimonios, pruebas y denuncias, en su mayoría desaparecieron misteriosamente del despacho de la Personería, entre ellas las del caso de EYDER, el primer asesinato que generó el desplazamiento de los campesinos del Alto Ariari entre el 2002 al 2004.

En consecuencia, solo por cumplir con su labor de Personero, fue asesinado. Los victimarios quisieron con su muerte acallar, ocultar, enterrar la verdad y la búsqueda de Justicia. MARIO, testigo del desplazamiento del Alto Ariari, testigo de los operativos militares regulares e irregulares a través de la estrategia paramilitar.

En versiones libres dadas por el jefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, éste confeso haber dado la orden de cometer el crimen contra Mario Castro Bueno, hecho por el cual fue condenado a 15 años de prisión, igualmente el paramilitar Manuel de Jesús Pirabán acepto haber participado en el crimen del personero municipal del Castillo y fue condenado por 14 años de prisión, por otra parte Juan Manuel Ríos o alias Miguel ángel fue capturado en 2011 y actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Villavicencio por homicidio en persona protegida.

Este defensor de derechos humanos, fue militante desde su juventud, un comunista, como muchas veces se presentaba. No dejó de asistir cada año a los festivales del periódico VOZ, desde el primero hasta el último que pudo estar. Fue militante estudiantil, llenó su casa de diplomas, toda la vida fue un estudiante. Participó de la administración municipal de la Unión Patriótica en Apartadó, como Tesorero. Fue Alcalde de Fortúl y Lejanías en el Meta. Y los últimos años dedicado a la Personería del municipio El Castillo.

Le encantaba viajar, tomar fotos, la música colombiano, los boleros, la música de la nueva trova cubana, del son y la salsa. La de Iraquerí y los Hermanos Escamilla. Coleccionista de botones, el último que adquirió en el 2002 tiene la foto de Manuel Cepeda Vargas.

En la memoria de su familia, de sus amigos, de aquellos que lo conocieron en ejercicio de su labor de defensor de la vida, de buscador de justicia y de constructor de sueños. En la memoria de todos, como lo expresa una de sus sobrinas en este corto escrito:

“AMIGO TE ADMIRO NO SOLO POR LO QUE SOS
SI NO TAMBIEN POR QUE DIA A DIA LUCHAS POR EL PAN Y POR LA VIDA. 
SIN IMPORTAR CUAN DIFICIL SEA ESTAR COMBATIENDO TODO EL MAL
Y ES QUE NO SON SOLO ESAS COSAS LAS QUE TE HACEN ESPECIAL.
HAY DIAS EN LOS QUE LA IMPOTENCIA TE DERRIBA
Y TE ASUSTAS AL VER LO QUE EL MUNDO PUEDE SER 
Y SE QUE DUELE CUANDO MATAN LA ESPERANZA Y NOS ATACAN.
HOMBRES COMO VOZ SON SOLO CORAZON SIN CONTAR CON SU RAZON Y REBELION.
TU SOBRINA VANNESSA MORALES CASTRO, SEPTIEMBRE 2004”

Pasado el tiempo aún persisten los crímenes en la región del Alto Ariari, persiste la Impunidad, pero también persiste la memoria del defensor de los derechos humanos que ha estado viva en la familia, en los amigos, en la comunidad.

Mario Castro Bueno en la Memoria
Mario Castro Bueno Sin Olvido 

miércoles, 31 de octubre de 2018

Jairo Ernesto Obregón

Octubre 31 2003


Un día como hoy del año 31 de octubre de 2003, Jairo Ernesto Obregón, abogado, ex concejal de Cúcuta, gerente encargado del Inurbe y presidente de la junta de acción comunal del barrio Belén, fue asesinado por paramilitares en horas de la mañana en la ciudad de Cucuta. Obregón fue defensor de detenidos políticos. Jairo además era hermano del exministro de trabajo y ex líder sindical Orlando Obregón. 

Bajo las ordenes de alias "Camilo" y alias "El Igüano" comandante del Bloque Catatumbo envió hombres armados bajo su mando hasta el lugar en el que residía el abogado, sobre la calle 17 No. 4-21 en la ciudad de Cúcuta, fue ultimado con disparos de arma de fuego y señalado de ser simpatizante de la guerrilla, por la labor que desempeñaba, defendiendo a personas acusada por delito de rebelión. 

Luego de los hechos, su familia fue obligada a desplazarse forzadamente y radicarse en la ciudad de Bogotá. Posteriormente, se tuvo conocimiento que el grupo paramilitar estaba al mando de Jorge Iván Laverde, quien ingresó a la residencia de Obregón y es el autor material de los hechos, la acción fue comandada también por el paramilitar Armando Perez Betancourth, luego del asesinato, Laverde huye en una motocicleta conducida por Jhonatan Sepulveda. Hoy el caso sigue en la impunidad  y aún se exige justicia sobre los hechos. 

Jairo Ernesto Obregón Sabogal en la Memoria
Jairo Ernesto Obregón Sabogal Sin Olvido

martes, 30 de octubre de 2018

Luis Camacho




Octubre 30 2000

Luis Camacho dirigente sindical del sector cementero, hizo parte de la dirección sindical de la compañía de cementos Nare y de la Federación Departamental de Trabajadores de Antioquia FEDETA, adscrito a la CUT regional, formó parte del directorio sindical de la cementera y de la desaparecida Federación de trabajadores de Antioquia.

Ese 30 de Octubre de 2000 cerca a la plantación de producción de la compañía Cementos Nare fue tiroteado cuando se disponía a abordar una embarcación en el muelle de la cementera sobre el Río Nare, por la estrategia paramilitar.

Luis Camacho en la memoria.
Luisa Camacho Sin Olvido.

miércoles, 24 de octubre de 2018

Orlando Valencia

Octubre 24 de 2005 


Orlando Valencia fue asesinado el 24 de Octubre de 2005 por su lucha en la defensa del territorio y la vida. Orlando es símbolo de las voces contadas a pesar de ser acalladas, es la expresión colectiva de la pervivencia de la existencia afrocolombiana a pesar del crimen, es el amante de la tierra a pesar del saqueador y nuevo colonizador; es la creación del cuerpo colectivo, las nuevas formas de resistencia ante la unificación del pensamiento, de la sensibilidad.

Un sábado 15 de octubre, cuando al medio día, las tierras del Curvaradó y Jiguamiandó quedaron a la espera de los pasos, las voces, las manos, el cuerpo de uno de sus habitantes que rompiendo el terror, que enfrentándolo se abrió como un líder de los pueblos afrodescendientes del bajo Atrato, se trata de Orlando Valencia.

El 15 de Octubre, Orlando Valencia fue detenido por la policía de Belén de Bajirá en Antioquia, cuando se encontraba viajando junto con 9 miembros más de la comunidad, un abogado de la de la Comisión de Justicia y Paz y un observador internacional. 

Posteriormente fueron llevados a la Estación de Policía, allí permanecieron hasta el medio día y en una acción concertada entre el cuerpo policial y los paramilitares, Orlando ya habiendo sido dejado en libertad, fue seguido, junto con sus acompañantes por varios paramilitares, 2 de ellos se le acercaron en una moto a Orlando y mientras lo intimidaban lo obligaron a subirse en ella, mientras amenazaban a los acompañantes para no impedir que Orlando fuese llevado con ellos. Hasta ese momento, Orlando fue visto con vida.

El homicidio de Orlando se produjo el mismo día de su desaparición, pero sus restos fueron encontrados hasta el 24 de Octubre, 9 días después en el río León, en un punto conocido como Puerto Amor en el municipio de Chigorodó. Orlando fue víctima de numerosas torturas, reflejadas en sus manos labradoras, en su cuerpo, además un disparo en la frente, en su cabeza, esa que condujo pensamientos por el bien de su comunidad. 

Un mes antes de su asesinato, Orlando denunció problemas medioambientales que tenían por la plantación de palma aceitera. Además exigió públicamente la restitución del Derecho al Territorio ante la ocupación ilegal de tierras colectivas de las comunidades de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó con la siembra de palma aceitera de poderosos sectores económicos que benefician la estrategia paramilitar. 

Este Afrocolombiano se caracterizó por luchar por los derechos colectivos de las zonas golpeadas con el conflicto armado y por los intereses que persiguen la protección de los recursos naturales de Curvaradó – Jiguaminadó, en el Bajo Atrato Chocoano. 

Ese mismo año, en el 2005, se inició el proceso jurídico bajo el número 2297 en la Fiscalía General de la Nación, éste dio inicio a diligencias de indagación preliminar por el punible de Homicidio Agravado; dándose apertura oficial el día 15 de diciembre de 2005. 

Por la responsabilidad en este asesinato fueron privados de la libertad y se les dictó medida de aseguramiento a Hermes Muñoz alias “Diomedes”, Álvaro Padilla Medina - alias “el Boxeador” y posteriormente a “Julio César Silva”, quienes, según testigos participaron en la desaparición forzada y asesinato de Orlando. 

Álvaro Padilla Medina, alias el “Boxeador” aceptó su responsabilidad individual, acogiéndose a la figura legal de la Sentencia Anticipada. Al paso de los años no se encuentra vinculado ningún empresario a pesar de la clara vinculación en el crimen. Este caso, como muchos otros en el país se encuentran en la total impunidad. 

La esposa de Orlando y las mujeres que nacieron del amor entre ella y Orlando sobreviven en el Jiguamiandó, entre el dolor, entre la angustia. Persisten en el sueño, en la utopía de eternizar más allá delante de todo discurso, de tanta prueba, que esta vida que es memoria colectiva tuvo y tiene sentido en la historia de los pueblos, en la historia ancestral que del África se inmortaliza en las hermosas selvas del Chocó. Allí la voz de ORLANDO, su nombre sigue navegando en los cauces de los ríos no desertificados con la deforestación y la siembra de la palma.

Orlando Valencia en la Memoria
Orlando Valencia Sin Olvido

lunes, 22 de octubre de 2018

Masacre de 'El Aro'


Octubre 22 de 1997
El aro es un corregimiento ubicado en el municipio de Ituango, Antioquia, siendo históricamente uno de los más antiguos y uno de los más prósperos hasta la llegada de actores armados que provocaron la destrucción de parte de su territorio y que costó la vida de algunos de sus habitantes en 1997. El aro se encuentra frente a la cordillera occidental al oeste del río Cauca, sobre el Nudo de Paramillo, en un macizo montañoso que los armados utilizaron por su ubicación estratégica como un punto de libre tránsito entre cinco departamentos, el océano pacífico y Atlántico, vías claves para el narcotráfico, sustento de su financiación.

Historia de un conflicto: Las FARC y el paramilitarismo vs. El Aro

El conflicto armado se materializó en El Aro con la presencia de los frentes 5,18 y 36 de las FARC quienes transitaban desde los años 80 por sus senderos. Durante ese tiempo se forjaron relaciones sociales, extorsiones, sometimientos, pero también una presencia protectora del territorio por parte de dicho grupo armado que controlaba además la distribución del narcotráfico, sin atentar contra la vida de los habitantes, quienes anticipadamente sabían que la presencia de la guerrilla acarrearía inconvenientes posteriores. 

Es así como desde 1996, grupos paramilitares empezaron a gestar un proyecto para sacar a la guerrilla del territorio y tomar control del mismo. Empezando con una incursión a las regiones antioqueñas de Urabá, Bajo Cauca y Córdoba, sembrando terror con su presencia en La Granja, Santa Rita y Santa Lucía, lugares donde perpetraron masacres. Finalmente, el 22 de octubre de 1997, el paramilitarismo se tomó a El Aro, acusando a sus pobladores de guerrillero o auxiliadores de los mismos. 

Aproximadamente 150 hombres de las denominadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) conocidos como los “Mochacabezas” llegaron al corregimiento entre el 22 y el 26 de octubre, aunque la presencia de los paramilitares se mantuvo durante 17 días. Con lista en mano, fueron asesinando, según diversas versiones, entre 15 y 19 habitantes del corregimiento, además torturaron a adultos y niños, secuestraron a campesinos, violaron a las mujeres, hurtaron y desplazaron toda la población hacia Ituango, Puerto Valdivia e incluso a la ciudad de Medellín. 

Los habitantes recuerdan particularmente el asesinato del tendero del pueblo Marco Aurelio Areiza, de 64 años, a quien amarraron, torturaron, le sacaron los ojos, los testículos y el corazón. Andrés Mendoza quien era dueño de la cantina del pueblo, agonizo en frente de sus vecinos, Elvia Rosa a quien violaron, le partieron la cadera e hicieron que varias reses pasaran por encima de su cuerpo, o a Wilmar de Jesús Restrepo de 14 años, a quien hirieron y obligaron a que subiera morrales pesados a lo alto de la montaña, cuando se sentó a descansar lo mataron.

Otras víctimas como Fabio Antonio Zuleta, Omar de Jesús Carmona, Omar Iván Gutiérrez, Olguín Jair Díaz, Otoniel de Jesús Tejada, Nelson Palacio Cárdenas, Nelson Cuadrado Urrego, Wilson Padilla, Arnulfo Sánchez, José Darío Martínez y Guillermo Mendoza Posso, fueron convertidos en fragmentos depositados en bolsas plásticas dejados en medio del camino de herradura o en la fosa común del corregimiento. 

Mientras todo ocurrió, las mujeres fueron obligadas a cocinar mientras lloraban e incluso mientras rezaban por la vida ya acabada de sus seres queridos, algunos paramilitares incluso violaron a las mujeres en la escena del crimen de sus esposos o hijos. El luto para los habitantes ni siquiera fue posible, tras la quema de 42 de las 60 casas del corregimiento, solo quedaron 8 casa de pie, junto con la escuela y la iglesia; se robaron 1.200 reses y secuestraron 17 campesinos para que arriaran el ganado hurtado, de esa forma ocasionaron el desplazamiento forzado de 702 habitantes de la región. 

Impunidad: Proceso de justicia y paz y victimarios

En términos de justicia y reparación, la masacre de El Aro ha sido uno de los procesos más complejos e impunes en la historia del conflicto armado en Colombia, a pesar de completar más de 20 años de declaraciones, sentencias y dictámenes, esto por la cantidad de actores involucrados entre lo legítimos e ilegítimos, las omisiones por parte del Estado y la Fuerza Pública que dejó en total desprotección a la población y aún más porque la historia del paramilitarismo es un capítulo inconcluso porque nadie sabe qué sucedió con los hombres desmovilizados en el proceso de Justicia y Paz.

El 13 de febrero de 1998, el paramilitar Francisco Villalba, alias “Cristian Barreto”, decide entregarse voluntariamente a las autoridades, para aliviar su conciencia y por no encontrarse de acuerdo con los planes para cometer magnicidios por parte de grupos paramilitares, en connivencia con miembros de la Fuerza Pública y narcotraficantes. El exparamilitar declaró que el entonces, gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, participó en reuniones con paramilitares, preparando la incursión y además una vez realizada la masacre, se reunió con ellos para felicitar la acción armada, que había sido un éxito, llegando a realizar incluso una celebración por la operación, testimonio que no fue solo aportado por Villalba, sino por otros paramilitares en versiones libres en el marco de la ley de Justicia y Paz. 

Dentro del mismo periodo de tiempo, el defensor de derechos humanos Jesús María Valle hizo graves declaraciones, afirmando que entre el comandante de la IV Brigada el general Alfonso Monsalva Flórez, junto con el comandante de la Policía de Antioquia de aquel entonces, el gobernador Uribe Vélez, Pedro Juan Moreno y Carlos castaño habían consolidado un poder entre el gobierno, el estamento policivo, los banqueros y los terratenientes para hacer control de forma ilegal sobre algunos territorios y cometer violaciones de derechos humanos. Él mismo le había solicitado al entonces gobernador y a Monsalva proteger a la población frente a los asesinatos ocurridos entre 1996 y 1997. Después de sus denuncias y declaraciones el 27 de febrero de 1998 Jesús María Valle fue asesinado por sicarios en Medellín.

Entonces, en 2005 se da paso a la Ley de Justicia y Paz, o Ley 975, promovida por el gobierno de Uribe para facilitar el proceso de desmovilización paramilitar. Durante las versiones libres, Salvatore Mancuso, aseguró que la incursión fue ordenada por Carlos Castaño y coordinada por Carlos Mauricio García alias “Doblecero”; primero afirmó que la incursión se hizo como una operación antisubversiva contra integrantes de la guerrilla, que habían secuestrado personas y hurtado ganado, los sobrevivientes, arremetieron y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), afirmaron que no asesinaron a guerrilleros sino a gente honesta Y trabajadora, sin ningún vínculo con la guerrilla o los paramilitares. Segundo, Mancuso declaró que efectivamente se celebró después de la masacre, se condecoró a los comandantes que participaron en la operación y tercero, en 2007 afirmó que cuando ocurrió la masacre cuatro helicópteros sobrevolaron la zona, uno de los cuales pertenecía a la gobernación de Antioquia, lo que vincula aún más al expresidente Uribe, desde entonces, varios son los cuestionamientos frente a la responsabilidad del actual senador de la república, pero nada ha pasado.

En 2007, Gustavo Petro realizó un debate en el congreso sobre el paramilitarismo en Antioquia, señalando las fincas La Carolina y Las Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez donde se cometieron y planearon crímenes, desde entonces, Álvaro Uribe se ha encontrado cuestionado por el vínculo con el paramilitarismo, primero, por las declaraciones de Francisco Villalba, la muerte de Jesús María Valle, y los cuestionamientos de Petro, luego por las audiencias del paramilitar Diego Fernando Murillo Alias “Don Berna”, quien aseguró que los grupos paramilitares financiaron la campaña presidencial de Uribe, y por los vínculos que también ha tenido su hermano Santiago con la creación del grupo paramilitar “Los 12 apóstoles” y “Los R-15”. Adicionalmente sobre las denominadas “Convivir”, impulsadas desde la gobernación de Uribe, sin que tuviera las facultades para conformar empresas de “seguridad privada”; y por su vinculación por acción y omisión en la masacre de El Aro, ejecutada para supuestamente rescatar a su primo Mario Uribe y para que el Estado ejerciera presencia en el territorio, que en realidad fue entregar su control al paramilitarismo. 

Tras los testimonios aportados y como solución para silenciarlo, el 23 de abril de 2009 fue asesinado Francisco Villalba por sicarios en Medellín frente a su esposa e hija de cuatro años, atentado contra la verdad, que se completaría con la extradición de varios de los jefes paramilitares que atestiguaron frente a los casos incluyendo a Salvatore Mancuso. Los procesos no han terminado allí, pese al homicidio de Villalba se condenó a Mancuso y a Castaño a 40 años de cárcel por la masacre y ya en julio de 2006 la Corte IDH había condenado al Estado colombiano por los hechos ocurridos en El Aro y La Granja, obligándolo a investigar para responsabilizar a los culpables y ordenando reparar e indemnizar a las víctimas. 

Así, desde el año 2014 se ha transitado entre órdenes para compulsar investigaciones contra Álvaro Uribe, incluso durante 2018 las investigaciones ordenadas y las citaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia han estado en el centro de discusión del escenario político. Sin embargo, no se ha realizado un procedimiento serio frente a tales pesquisas, puesto que, los procesos son anulados o burlados de alguna forma. 

El problema, además de las claras evidencias y del cinismo frente al procedimiento jurídico, es la personalización que se ha dado sobre la responsabilidad de la masacre, que además de no presentar resultados contundentes, se suma a la intención del actual gobierno, afiliado al partido de Uribe Vélez, de modificar el sistema de justicia para brindar inmunidad vitalicia al expresidente. 

Retorno, memoria y lucha por la vida: 

En 1998, algunos sobrevivientes retornaron a El Aro, pero se encontraron cenizas, escombros y dolor, incertidumbre sobre cómo reconstruir sus vidas, sus hogares. El retorno no ha sido fácil, la población hace muchos esfuerzos para superar las condiciones adversas en las que quedó su territorio, luego de ser uno de los corregimientos más prósperos de la región, ahora se vive en condiciones paupérrimas, las casas alojan huérfanos, viudas y sobrevivientes, aún con goteras, no cuentan con servicios de salud, ni carreteras, electricidad, agua potable o alcantarillado; ni siquiera hay posibilidades de futuro o relevo generacional porque el nivel de escolaridad es muy bajo. 

Los sobrevivientes y familiares de las víctimas no pierden la esperanza, ni la dignidad, aun no renuncian a que se haga justicia y que el país en su conjunto mire su territorio, así como pusieron atención cuando se divulgaron las atrocidades cometidas. Después de 20 años, en 2017, la Fiscalía General de la Nación exhumó los restos de una fosa común en el corregimiento, también sobre el camino de herradura y la vía que está construyendo las Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Las víctimas de El Aro, esperan que el Estado cumpla con el fallo de la Corte IDH, que ordenó indemnizar a los habitantes, dando mejoramiento las viviendas, proporcionando un retorno seguro y pagando a las víctimas 3.500 millones de pesos, pero aún no se ha cumplido, la única reparación fue una cruz fabricada de madera que está en la mitad del pueblo, que aunque se valora para recordar a las víctimas, tuvo un costo de 40 millones, por ello, las víctimas no lo consideran como una reparación, porque pudo ser una inversión para arreglar el centro médico o mejorar la escuela. 

A pesar de que hoy viven con una gran incertidumbre, desconfianza, y temor porque los grupos armados continúan haciendo presencia en el corregimiento; conservan la esperanza, de ser reparados individual y colectivamente, y que por medio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas encuentren mecanismos para hacer justicia, recibir algo de verdad y hallar a quienes nunca pudieron retornar a su hogar. 

Víctimas de la masacre de El Aro en la Memoria
Víctimas de la masacre de El Aro Sin Olvido

sábado, 20 de octubre de 2018

Jorge Luis Ortega García



Octubre de 20 1998 



Jorge Luis Ortega García nació en San Jacinto, departamento de Bolívar, en 1960. Entrego 20 años de su vida trabajando en la Electrificadora de dicho departamento, y fue allí donde se formo como dirigente sindical, pero solo se dio a conocer públicamente en marzo de 1994, cuando es acusado de rebelión por haber hecho presencia, con apoyo de la Electrificadora, al “IV Congreso Latinoamericano por la Solidaridad, la Soberanía y la Autodeterminación y la Vida de Nuestros pueblos” que tuvo lugar en Cuba.

Jorge Luis hacía parte del Comando Nacional del Paro Estatal de los Trabajadores, realizado desde el 6 de octubre de 1998, manteniendo un rol protagónico en su dirección. Desde el inicio del paro estatal, varios sindicalistas habían recibido amenazas de muerte, entre ellos Jorge. Por ello, el día anterior a su asesinato, en una sesión del Comité de Evaluación de Riesgos, Jorge Luis denunció ante delegados del Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo, la Policía Nacional, La Consejería para los Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, entre otros, la situación de violación a los derechos humanos que se presentaba contra el sector sindical y públicamente responsabilizó al Estado colombiano de cualquier atentado contra su vida, ya que, después de cinco meses de haber solicitado medidas de protección recurrentemente, no fue objeto de dotación de escoltas y un vehículo para su movilización, a pesar de los recientes hechos que atentaban contra su vida, como el allanamiento realizado en su residencia el 22 de septiembre de 1998, donde golpearon, amordazaron y amenazaron a su compañera, registrando todo el lugar.


Un martes 20 de octubre de 1998, Jorge Luis Ortega García fue asesinado por un sicario de la estrategia militar encubierta a las 7:15 p.m. cuando ingresaba a su vivienda en la ciudad de Bogotá. Jorge Luis, sindicalista de Sintraelecol (Sindicato de la Electrificadora de Bolívar), Vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores – CUT e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la CUT.



Durante el transcurso del paro estatal del mes de octubre de 1998, fueron asesinados MARCO PEREZ, sindicalista de Sintraelecol - Sincelejo, Orfa Ligia Mejía, Profesora de Nariño. Sufrieron atentados contra su vida Eugeniano Sánchez, Benito Rueda, VIirgilio Ochoa sindicalistas de Sintracuemponal en Barrancabermeja.

Uno de sus amigos y compañero de luchas, Nelson Berrío, indico que su asesinato fue previsto por amenazas de grupos paramilitares dada su labor como sindicalista y la desprotección por parte del Estado. Hasta el año 2002, el Juzgado Quinto del Circuito Especializado de Bogotá condenó a Rafael Céspedes Álvarez a casi 30 años de prisión, acusado de ser el autor material de los hechos ocurridos aquel 20 de Octubre, aun no se conocen los autores intelectuales de este homicidio. 


La impunidad continua, pero también las exigencias que se siguen planteando ante el Estado colombiano, puesto que, no se ha evidenciado una voluntad política de los diferentes gobiernos de responder conforme a Derecho, además siguen los asesinatos contra lideres y sindicalistas, existen nuevos crímenes de lesa humanidad, que pudieron ser evitados si en Colombia existieran garantías de un real Estado de Derecho. 

Jorge Luis Ortega García en la Memoria.
Jorge Luis Ortega García Sin Olvido.

miércoles, 17 de octubre de 2018

José Jair Cortés Godoy


Octubre 17 de 2017

José Jair Cortés Godoy nació en zona rural de Tumaco, Nariño, cerca al río Chagüí, pero hacía nueve años que vivía en Alto Mira y Frontera porque de allí era su esposa. Al poco tiempo de haberse radicado en ese lugar, se destaco como líder afro representativo del pacífico nariñense, y por ser miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario. Bajo su responsabilidad se asignó el cargo de vocal y la veeduría de la vereda Tiestería, ubicada en la zona cuatro de ese territorio colectivo.

Durante 2017, en el contexto de la desmovilización de las FARC-EP, el pacífico colombiano se tornó en una zona propensa y receptora de la violencia, siendo Tumaco un territorio de control estratégico para diversos grupos armados, visto como una ruta clave del narcotráfico. Ante ese panorama, José Jair trabajó por generar proyectos productivos para la comunidad en busca de alternativas que favorecieran a la sustitución de cultivos de uso ilícito, en lugares donde los habitantes rechazaron de manera tajante la erradicación forzada, propuesta durante décadas por los gobiernos de turno. De esa forma, el líder buscó alternativas para su comunidad, una de ellas fue la construcción de una carretera binacional para conectar Ecuador con Nariño, también gestionó recursos para construir tanques de almacenamiento de agua y vigilo de cerca el proceso de sustitución de cultivos, pues comprendía el riesgo que representaba esta actividad: “Si van a venir a hacer la erradicación forzosa va a haber confrontaciones, se va a volver esto un diluvio porque la gente no está en las condiciones de dejarse quitar lo que los está sosteniendo”. En el mes de octubre y luego de la masacre de el Tandil, en la que fueron asesinados 8 campesinos, Jose Jair y otros 15 líderes recibieron diferentes amenazas contra su vida. Buscando resguardo, se desplazó junto con algunos de sus compañeros al caso urbano de Tumaco, para solicitar medidas de protección y ayuda para agilizar los acuerdos de sustitución de cultivos en Alto Mira y Frontera. Sin embargo, el día 17, tuvo que retornar para ver a su esposa que se encontraba enferma, allí Jose Jair Cortés fue asesinado, un crimen que según el reporte oficial se adjudicó a disidencias de las FARC al mando de alias “Guacho”, el líder solo contaba con un chaleco antibalas y un celular asignado por la Unidad Nacional de Protección (UPN), elementos que fueron totalmente inútiles para preservar su vida. En septiembre de 2018, una fiscalía especializada de Pasto (Nariño) realizó imputación de cargos por homicidio y concierto para delinquir contra Aris Yiber Caicedo Gutiérrez o alias “Cholo” uno de los sicarios de la banda “Cachi” que hace parte de las disidencias del frente Oliver Sinisterra o Los de Guacho. Sin embargo, no se han establecido los autores intelectuales del homicidio. Hasta después de la muerte de José Jair y la masacre de los campesinos en El Tandil, se agilizó el proceso de sustitución de cultivos, hoy solo se espera justicia, que el valor sobre el trabajo de los líderes sociales sea respetado y protegido; sobre todo, la comunidad y en la memoria de este líder, se espera que se cumpla su deseo y el de muchos líderes: “El mayor deseo de uno como líder es que las cosas cambien para bien”

José Jair Cortés en la Memoria
José Jair Cortés Sin Olvido

martes, 16 de octubre de 2018

Operación Orión

 16 de octubre de 2002


“Las lágrimas se nos están acabando de tanto dolor”.
Víctima sobreviviente de la Operación “Orión”

En aplicación de la llamada "seguridad democrática" en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, altos mandos de las fuerzas militares y policiales, como los generales Mario Montoya y Leonardo Gallego, ordenaron a paramilitares al mando de Diego Fernando Murillo alias "Don Berna" participar en una operación de arrasamiento en la Comuna 13 de Medellín, denominada "Orión".

La Comuna 13 está Ubicada al oeste de la ciudad de Medellín, a diez minutos de la Alpujarra, donde está la Gobernación y la Alcaldía. Ha sido durante muchos años golpeada por la pobreza y la exclusión, es un sector deprimido, sujeto a las laderas de una montaña y lleno de caminos, empinadas escaleras, callejones, callejuelas y rincones. Con 200.000 habitantes la mayoría de ellos y ellas víctimas de la exclusión social, expulsados del sistema capitalista. Pese a ello, a las huellas de la violencia y el arrasamiento de la vida los familiares han conseguido resistir en sus territorios y organizarse para reivindicar el respeto a la vida en medio de la guerra y la justicia, verdad y reparación en medio de las numerosas víctimas resultantes luego del operativo.


El día 16 de Octubre del 2002, entró en acción la estrategia armada, bajo el argumento de sacar las guerrillas FARC, ELN y las CAP para recuperar y tener  control territorial sobre la Comuna. Previamente, en mayo de ese mismo año ya se había realizado la Operación militar "Mariscal", en la que se presentaron varias violaciones de derechos humanos. 

En "Orión" fueron empleados cinco batallones de la IV Brigada, el batallón contra-guerrillero del ejército, la policía y el DAS, todos ellos en colaboración con los paramilitares de la región, la operación contó con cerca de tres mil efectivos, dando comienzo antes de la media noche con los largos enfrentamientos. En medio del combate, el desespero y la angustia acrecentaron; la guerra continuó, helicópteros, tanquetas y efectivos dispararon contra todo y contra todos, sin detenerse. Ni siquiera el repliegue de las guerrillas, disminuyó la hostilidad de la fuerza pública la cual continuó con sus ataques sin retroceder un centímetro.

Esas horas de terror, que se prolongan después en sus efectos en el subconsciente colectivo, contaron con allanamientos ilegales, capturas masivas, ejecuciones extrajudiciales, muertes de civiles, desapariciones forzadas, balas pérdidas e incontables violaciones a sus derechos, además de hacer daños colectivos en la Comuna 13.

Años después, con las declaraciones de alias “Don Berna” el país confirmó que los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara colaboraron con la operación Orión de la mano del General de la IV Brigada, Mario Montoya. Con el proceso de desmovilización paramilitar que sumió al país en la impunidad, alias “Don Berna” aseguró que más de 300 personas fueron desaparecidas y asesinadas tras dicha operación y que sus cadáveres se encuentran repartidos en distintas fosas comunes en el botadero de escombros conocido como “La Escombrera”.

Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad y parte civil en el proceso, asegura que cometida esta operación el proceso jurídico se reduce a una palabra: impunidad. Esta corporación logro que la Fiscalía Delgada ante la Corte Suprema de Justicia abriera una investigación preliminar contra el general Mario Montoya y Leonardo Gallego, sin embargo, el proceso jurídico no ha avanzado y tampoco se ha asumido responsabilidad política sobre los hechos. 

Tras el largo enfrentamiento, las AUC aseguraron la supuesta “pacificación” de la zona por medio de la desaparición forzada de los pobladores. Convirtiendo la operación no sólo en el mayor desplazamiento urbano de la historia colombiana, sino en un prolongado sufrimiento e incertidumbre de cientos de familias que vieron desaparecer entre las calles de Medellín a sus seres queridos. La operación militar, no fue entonces una solución a la vulnerabilidad de la población, sino una entrega del territorio a otros actores del conflicto, profundizando la violencia, puesto que, se instalo una hegemonía paramilitar. 

En el mes de Noviembre de 2013 la CIDH, mediante un informe declaró que el Estado de Colombia es responsable de la violación a "el Derecho a la Vida, Integridad Personal, Seguridad y Libertad personal, Propiedad privada, Circulación y Residencia, Asociación, Derechos del niño, Garantías y Protección judicial y Derechos del niño, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará"


En julio de 2015, la Fiscalía inicio una exploración en la Escombrera para hallar restos, luego de 5 meses se detuvieron y el compromiso de esta institución era continuar con el proceso, las victimas aun tienen la esperanza de encontrar a sus desaparecidos, donde, se ha calculado un aproximado de 104 personas.  

Actualmente, la Comuna 13 sigue militarizada, los habitantes continúan pagando vacunas y la violencia es latente por parte de las BACRIM. La operación militar que mató a quienes nada tenían que ver con la guerra y que desapareció a otros tantos para garantizar la supuesta “seguridad democrática” sigue cubierta por el velo de la impunidad. Estas son, a lo sumo, consecuencias de una perspectiva guerrerista de la paz que poco tiene que ver con la justicia y que tanto han herido a Colombia.

En 2018, el general más condecorado del Ejercito colombiano, Mario Montoya Uribe se presentó ante la Jurisdiccion Especial de Paz (JEP), donde, aún las victimas y organizaciones de derechos humanos exigen toda la verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales y las violaciones a DDHH cometidos durante esta operación militar que estuvo bajo su mando.


Pero hoy, la Comuna 13 sigue siendo un territorio de esperanza, de reclamos y reivindicaciones, hoy los habitantes no sólo resisten a la violencia sino que están construyendo Paz desde los territorios,haciendo memoria con apoyo institucional, colectivo e individual, por medio del arte, la danza, la literatura, ferias agroecologicas, intercambio de experiencias, música, entre otros, destacándose la caravana de la memoria de las Mujeres Caminando por la Verdad o Cuerpos Gramaticales, todo ellos, pronuncian una y otra vez ¡Orión nunca más!

Víctimas de la masacre de la Operación Orión en la Memoria
Víctimas de la masacre de la Operación Orión Sin Olvido