Masacre San José de Apartadó

Febrero 21 de 2005 

El 21 de Febrero de 2005, en la vereda Mulatos Medios, corregimiento de San José de Apartadó, Antioquia; fue escenario de una cruel masacre donde sus pobladores fueron víctimas y testigos de torturas y brutales asesinatos que quedaron para siempre plasmadas en su memoria.

Paramilitares miembros del bloque Héroes de Tolová, con ayuda de militares del Ejército nacional, incursionaron en el corregimiento e ingresaron por la fuerza a la casa de Luis Eduardo Guerra, reconocido líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Luis Eduardo, junto con su hijo Deyner Andrés Guerra, de 11 años, y Bellanira Areiza fueron asesinados con machetes y sus cuerpos sin vida dejados a las afueras del corregimiento. Posteriormente, asesinaron a Alfonso Bolívar Tuberquia junto con su esposa Sandra Milena Muñoz y sus hijos Natalia y Santiago de 5 y 2 años respectivamente, quienes según los comandantes alias “Cuatro Cuantro”, “Makeison”, “Aguila 6” y “Cobra”, del escuadrón paramilitar afirmaron que, “en el futuro serían una amenaza guerrillera si los dejaban vivos”. También acabaron con la vida de Alejandro Pérez, un trabajador de la zona.

Estos hechos fueron utilizados como excusa para que el entonces presidente  de la República Álvaro Uribe Vélez ordenara mayor cubrimiento policial y militar en esa zona donde hacia años no existía la circulación de armas, puesto que desde 1997 la comunidad se había declarado neutral ante la presencia paramilitar y guerrillera. Tras la militarización de la zona, las familias de la Comunidad se vieron obligadas desplazarse, abandonando todo lo que habían construido.

En 2010, a pesar de las declaraciones del ex jefe paramilitar y extraditado Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, quien confesó que bajo su mando el Bloque paramilitar Héroes de Tolová con ayuda del Ejército Nacional habria cometido este crimen, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia absolvió a 10 militares de su responsabilidad en la masacre de San José de Apartadó.

La Fiscalía, la Procuraduría y la parte civil apelaron el fallo. Luego de revisar pruebas documentadas y testimonios, el Tribunal Superior de Antioquia decidió retirar la absolución de cuatro militares con mando y los otros seis mantuvieron el fallo de primera instancia.

Adriano José Cano, alias “Melaza”, y Joel Vargas, alias “Pirulo”, paramilitares que participaron en la masacre, admitieron su responsabilidad; estas confesiones permitieron que la Fiscalía dictara orden de captura al ex capitán del Ejército Guillermo Gordillo Sánchez e iniciara una investigación en contra de 66 militares de la Brigada XVII del Ejército con sede en Carepa.

Con el apoyo de diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos se ha pedido vincular a la investigación por la Masacre a los Generales Mario Montoya, Jaime Fandiño y Luis Alfonzo Zapata, al igual que a los coroneles Néstor Iván Duque y Orlando Espinosa, por su responsabilidad en la planeación de la operación Fénix, en medio de la cual se cometió la masacre.

En el proceso de investigación se han dictado más de 20 condenas a integrantes de grupos paramilitares entre los que se encuentran: Marcial Hoyos Soñet, Alexander Arrieta Gómez y José Fuentes Lagares, éstos aceptaron ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH, su responsabilidad por delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. Asi mismo Nafer Antonio Guzmán Trujillo y Henry Enrique Payares Pacheco, Uber Darío Yañez Cavadías comandante militar del bloque, Jorge Luis Salgado David, José Joel Vargas Flórez, Bionor Vargas Flórez, Rober Darío Muñoz Hernández, Francisco Javier Galindo Martínez, Edinson Galindo Martínez, Neder Antonio Mestra Rojas, Juan Alberto Ruiz Yañez, Manuel Antonio Urango Mejía, Yamid de Jesús Gonzáles Galaraga, Erney Eduardo Portillo Paternina, Aldo Antonio Agames, Javier Enrique Salgado Martínez, Jorge Luis Gutiérrez Alean, Esaut José Feria Martínez, y Ulises Burgos a los que les fueron dictadas ordenes de prisión de entre 12 a 40 años de cárcel.

La Fiscalía condenó por homicidio en persona protegida y concierto para delinquir a nueve integrantes del grupo paramilitar que perpetró la Masacre.

El 20 de febrero de 2010 el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia le impuso 20 años de cárcel a el capitán (r) del Ejército Nacional Guillermo Armando Gordillo Sánchez, quien aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir.

Finalmente, sobre la sentencia absolutoria dictada a diez militares, tres oficiales y siete suboficiales, por el Juzgado Segundo Especializado de Antioquia el 4 de agosto de 2010, la Fiscalía apeló el fallo y aguarda la decisión del Tribunal Superior de Antioquia. En el proceso, el Ministerio de Defensa se defendió argumentando que no se le podía responsabilizar por los actos cometidos por un grupo ilegal que nada tenía que ver con la institucionalidad. La Procuraduría contrarió la posición del Ministerio, sosteniendo que existía una “flagrante responsabilidad del Estado por la ejecución extrajudicial de personas protegidas”, con el agravante de que, tres de ellas eran menores de edad y fueron asesinadas con igual sevicia.

El tribunal de Antioquia ha ordenado al Ejército que, en presencia de altos mandos militares, habitantes de la zona y medios de comunicación regionales y nacionales, ofrezcan una disculpa publica por la masacre y se comprometa, de forma "contundente", a tomar las medidas necesarias para que "lo acontecido no vuelva a suceder".

En 2012, la Corte Constitucional en su Auto 164 del 6 de julio ordenó al Ministro del Interior que “en el término máximo de un mes contado a partir de la comunicación del presente auto, coordine y ponga en marcha el procedimiento para la presentación oficial de la retractación frente a las acusaciones realizadas contra la Comunidad de Paz y sus acompañantes”. En el 2013, la comunidad de Paz viajó a la ciudad de Bogotá para recibir el acto de perdón. Sin embargo, en esa ocasión el actual presidente Juan Manuel Santos incumplió la cita y no se reunió con la comunidad.

Meses después, el presidente Santos finalmente le pidió perdón a la comunidad de San José de Apartadó por las falsas acusaciones que realizó el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y altos mandos militares en su contra. Dicho perdón fue cuestionado por la comunidad al no ser presentado directamente con la comunidad y aseguraron que “lamentan profundamente que las decisiones y omisiones del Señor Presidente, continúen sin aparente comprensión de que nuestra Comunidad de Paz sigue sufriendo un proceso de exterminio”

A pesar de todas estas investigaciones y algunas condenas, las víctimas de la Comunidad de paz de San José de Apartadó siguen exigiendo e instando al gobierno y al estado colombiano, a una verdadera justicia, a una verdad real. Que sean juzgados los militares y paramilitares de más alto rango. Que no solamente sean condenados los autores materiales sino también los intelectuales. Así mismo, las víctimas y la población  civil del proceso han solicitado y exigido  que también sea investigado el ahora, ex presidente Álvaro Uribe Vélez por presunto conocimiento  de  los hechos.

Los habitantes de la comunidad de San José de Apartadó han soportado continuas amenazas y estigmatizaciones, han sufrido a causa de la desproporcionada militarización de sus caseríos y en numerosas ocasiones sus líderes y diferentes integrantes han sido judicializados con montajes y campañas de desprestigio.

Han pasado varios años desde esos días de horror y miedo. La comunidad de paz de San José de Apartadó sigue con su resistencia pacífica en el territorio y denuncia continuamente los graves atropellos de los cuales aún son víctimas. Luego de haber ocurrido  masacre de estos hombres, mujeres y niños, la comunidad exige justicia y verdad por la memoria de quienes fueron silenciados.

Los habitantes de la comunidad de San José de Apartadó han soportado continuas amenazas y estigmatizaciones, han sufrido a causa de la desproporcionada militarización de sus caseríos y en numerosas ocasiones sus líderes y diferentes integrantes han sido judicializados con montajes y campañas de desprestigio.

Vítimas de la masacre de San José de Apartadó en la Memoria.

Vítimas de la masacre de San José de Apartadó  Sin Olvido.

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Masacre de Santa Cecilia

28 de enero del 2000

Santa Cecilia es un corregimiento del municipio de Astera en el centro de Cesar. Desde los años 80 se observó la presencia de grupos paramilitares y guerrilleros, los cuales, han irrumpido la tranquilidad de los pobladores. El primer grupo armado en el municipio fueron “LOS CHEPE”, tras su llegada los pobladores de Santa Cecilia y zonas aledañas han tenido que soportar con dominación, los actos vandálicos que se generaban en este territorio.

La presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en esta región se remonta alrededor del año 1996, la cual se expande en el año 1999, desde ese momento se genera una ola de terror para los pobladores de Astrea, cuando se inician actos delictivos, desapariciones forzadas y asesinatos selectivos.

El 28 de enero del año 2000, en las horas de la madrugada el Bloque Norte de las AUC comandado por el frente” Juan Andrés Álvarez” irrumpen la tranquilidad del corregimiento de Santa Cecilia, alrededor de 60 hombres que llegaron en camiones, plantaron un retén militar en la entrada del corregimiento; y con lista en mano fueron solicitando la cédula de los pobladores.

Los habitantes se encontraban descansando, otros salieron de sus viviendas para observar lo que acontecía; raptaron a 12 personas las cuales posteriormente y frente a los pobladores del corregimiento fueron atadas por alrededor de 12 horas, siendo 11 de ellos abatidos por armas de fuego.

La primera persona a la cual se le arrebato la vida en la masacre fue “José Alberto Peñaloza Lafaurie” quien, aunque no se encontraba dentro del corregimiento de Santa Cecilia fue asesinado en el camino por los paramilitares, José fue enterrado y descuartizado en la finca donde ejercía labores de ganadería. Luego, 11 personas fueron asesinadas dentro del corregimiento, sus nombres eran: Eulices Coronado Vidales, pescador y agricultor de la zona, fue Inspector de policía en varias ocasiones y presidente de junta de acción comunal, en el momento de la masacre tenía 59 años.

Eulices coronado García, hijo de Eulices tenía 27 años y llego en octubre del año 1999 al corregimiento para brindarle ayuda a sus padres en labores del campo; Luz Aida Marín  tenía 32 años, madre de tres hijos, y presidenta de los hogares de bienestar familiar, fue sometida al ataque de perros en sus senos, rostro y manos; Humberto Marín  asesinado por intentar evitar la muerte de Aida, era un  líder reconocido por ayudar a la juventud, reelegido 3 veces como inspector de policía,  primer inspector del corregimiento y miembro de la junta de acción comunal.

Dalwin salcedo Rangel, profesor de la escuela en Santa Cecilia, tenía 28 años de edad lideraba procesos juveniles;  Néstor Ortega Marín en el momento de la masacre era el inspector de policía del corregimiento y tenía  37 años; Ernesto Ortega Iturriago padre del inspector de policía, tenía 66 años; Libardo Ortega Duran  tenía 29 años y era agricultor y jornalero del corregimiento; Eusebio  Acuña Arrieta tenía 29 años y era un pescador en el  Rio Cesar, José  Barrera Andrade  no pertenecía al corregimiento y fue asesinado por no querer dar la leche que recolecto de sus vacas esa mañana y fue el último muerto de la masacre a la entrada del corregimiento.

Antes de que se retiraran, los perpetradores abusaron sexualmente de Katherine Marín, introduciendo armas de fuego en su cuerpo; también quemaron sus casas, hurtaron ganado, mercancía de almacenes, electrodomésticos y elementos personales, los hechos fueron sucesores del desplazamiento forzado de 350 familias, los cuales, se refugiaron en Valledupar, El Paso y Chiriguana, luego, se dio un retorno progresivo puesto que aquí las personas aún conservaban su cultura, las fuentes de su economía y el recuerdo de quienes se fueron.

El grupo paramilitar fue comandado por John Jairo Esquivel, alias “El Tigre”, quien años después fue condenado a 38 años de prisión, siendo sentenciado por delitos de homicidio agravado y hurto calificado, posteriormente, en 2013 fue capturado el desmovilizado paramilitar Víctor Manuel Hernández Ramos, alias Sabañón por la presunta participación en la masacre.

Desde 2013 se inició un proceso de reparación por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV) y los hechos se documentaron por el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH. Santa Cecilia, se ha enmendado y renacido de las cenizas de la destrucción paramilitar, que atormento y fracturo sus vidas, el corregimiento realiza acciones de reparación simbólica para memorar y reconstruir los hechos ocurridos ese fatídico 28 de enero, dando vida a una posterior historia del corregimiento con nuevas generaciones.

Víctimas de la Masacre de Santa Cecilia en la Memoria

Víctimas de la Masacre de Santa Cecilia Sin Olvido

Foto: Nicolás Martínez

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Masacre de Pueblo Bello

14 de enero de 1990

El 14 enero de 1990 en horas de la noche, ingresaron aproximadamente 60 paramilitares al corregimiento de Pueblo Bello, municipio de Turbo, Antioquia, los hombres armados se autodenominaban como miembros del grupo “Los Tangueros”, quienes, habían incursionado en el territorio por órdenes de Fidel Castaño.

Al ingresar sacaron a los habitantes del pueblo de sus viviendas y a algunos jóvenes de la iglesia presbiteriana, los paramilitares organizaron a las víctimas en la plaza principal y los forzaron a acostarse boca abajo, luego, seleccionaron a 43 campesinos, entre ellos dos menores de edad. Después de seleccionarlos, los amordazaron y quemaron tres viviendas de Pueblo Bello.

Posteriormente, transportaron a los habitantes a la finca “Santa Mónica”, en el departamento de Córdoba, los vehículos que se desplazaron desde Pueblo Bello hasta la finca en Valencia, pasaron por dos retenes custodiados por los Batallones Vélez y Cóndor de la Brigada XVII del Ejército Nacional. Al llegar, los campesinos fueron interrogados y torturados brutalmente, punzaron sus venas, perforaron sus ojos, aserraron sus oídos y mutilaron sus órganos genitales, finalmente, fueron ejecutados.

La masacre se dio porque la guerrilla habría robado 43 reses del paramilitar Fidel Castaño, que según se decía, habrían sido transportadas a través de Pueblo Bello hacia otro lugar, considerando a los habitantes del corregimiento como cómplices de dicho robo. Al día siguiente, los familiares de los desaparecidos conformaron una comisión de búsqueda para saber sobre sus seres queridos.

Para ello se dirigieron al capitán del Ejército en San Pedro de Urabá, de este entonces, Fabio Enrique Rincón Pulido, cuando los integrantes de esta comisión preguntaron por los campesinos, este respondió: “En Pueblo Bello cambiaron vacas por gente”, haciendo referencia al robo realizado por la guerrilla en 1989 a paramilitares en la finca “Las Tangas”. Según los familiares de los 43 campesinos, una semana luego de la masacre, militares llegaron al pueblo ofreciendo 50 mil pesos a cada familia para silenciarlos.

Algunas de las víctimas eran simpatizantes del Frente Popular, un partido de izquierda de la región. Algunos cuerpos fueron encontrados en Las Tangas en la finca Jaraguay y se han entregado los restos óseos de siete personas identificadas: Juan Roberto Mesa, Ricardo Manuel Bohórquez, José Leonel Escobar Duarte, Jesús Ovidio Carmona, Andrés Manuel Pedraza Jiménez, Jorge Martínez, Manuel de Jesús Montes y un menor identificado con las iniciales de J.E.B.O.

Pero aún se desconoce el paradero de 37 campesinos:  José del Carmen Álvarez Blanco, Fermín Agresott Romero, Víctor Argel Hernández, Genor Arrieta Lora, Cristóbal Manuel Arroyo Blanco, Diómedes Barrera Orozco, Urías Barrera Orozco, Jorge Fermín Calle Hernández, Jorge Arturo Castro Galindo, Benito Genaro Calderón Ramos, Juan Miguel Cruz , Ariel Dullis Díaz Delgado, Camilo, Antonio Durango Moreno, César Augusto Espinoza Pulgarín, Wilson Uberto Fuentes Miramón, Andrés Manuel Flórez Altamiranda, Santiago Manuel González López, Carmelo Manuel Guerra Pestana, Miguel Ángel Gutiérrez Arrieta, Lucio Miguel Úrzola Sotelo, Ángel Benito Jiménez Julio, Miguel Ángel López Cuadro, Mario Melo Palacio, Carlos Antonio Melo Uribe, Juan Bautista Meza Salgado, Pedro Antonio Mercado Montes, Luis Carlos Ricardo Pérez, Miguel Antonio Pérez Ramos, Raúl Antonio Pérez Martínez, Benito José Pérez Pedroza, Elides Manuel Ricardo Pérez, José Manuel Petro Hernández, Luis Miguel Salgado Berrío, Célimo Arcadio Hurtado, Juan Luis Escobar Duarte, Ovidio Carmona Suárez.

El 31 de enero de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) adjudico responsabilidad internacional al Estado colombiano por la desaparición y ejecución extrajudicial de 43 campesinos. Luego, la justicia impuso una sentencia de 20 años de prisión a los hermanos Enrique Rivas Naar, alias Frank y Oliver Jose Cervantes Naar, alias Abelito, dos exparamilitares que aceptaron la participación en los hechos.

El 9 de marzo de 2009, el entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos, en nombre del Estado pidió perdón a los familiares y a la sociedad por lo ocurrido en Pueblo Bello. En 2018 fue enviado a prisión el militar teniente (R) del Ejército, Fabio Rincón Pulido, a quien se le perfilo como responsable de homicidio múltiple agravado, desaparición forzada, terrorismo y tortura.  

Hoy se sigue en búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación con las que debe cumplir el Estado según la CorteIDH, la búsqueda sigue con incertidumbre y ausencia de  los seres queridos de Pueblo Bello, sin embargo, los familiares de cada hombre trabajador víctima de la masacre hacen viva la memoria de cada campesino que fue y es desprotegido por el Estado. 

Víctimas de la Masacre de Pueblo Bello en la Memoria

Víctimas de la Masacre de Pueblo Bello Sin Olvido

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Álvaro Marín Arango, Mercedes Rojas Artunduaga y Rubiel Antonio Murillo

2 de enero de 1991

El 4 de enero de 1991 el cuerpo de Álvaro Marín Arango fue encontrado en las aguas del río Bodoquero, a la altura del municipio de Morelia, Caquetá, cinco días después de que fuese detenido, desaparecido y torturado junto a dos personas más, Mercedes Rojas y Rubiel Murillo.

El semanario Voz, el 17 de enero de 1991 tituló “Torturan y asesinan a tres ciudadanos”. La muerte de Álvaro fue causada por las torturas sobre su cuerpo con golpes contundentes,  sus órganos genitales fueron destrozados por torniquetes  y ligaduras de alambre,  como parte de las técnicas del horror que usaron agentes del Estado educados en la mentalidad del enemigo interno.

Así pretendieron matar su mente, y aleccionar a un movimiento político,  y atacar a su hermano Luciano Marín, quien años atrás, ante el exterminio del partido político de la UP y las amenazas que recibió, optó por vincularse a las FARC.

Dos días antes, el 2 de enero, fueron encontrados los cuerpos de Mercedes y Rubiel, quienes, habían sido desaparecidos junto a Álvaro, también, militantes del PCC y la UP. Los cuerpos de ambos,  tenían signos de tortura. A ella la quemaron de la cintura hasta sus pies, y ambos fueron impactados, cada uno con tres tiros.

El 31 de diciembre de 1990 entre los festejos populares de fin de año, simultaneamente, estaba cegandose la vida de Álvaro, Mercedes y Rubiel; en los espacios de estas tres familias y de la memoria colectiva del Partido Comunista, continúa su presencia signada de esperanza, que alguna vez, la verdad social identifique esos patrones de persecución y exterminio que uso el Estado bajo el pretexto de dar seguridad a la democracia, acabando con los propios límites que diferencia el Estado de derecho del de la barbarie.

Imagen de Álvaro: Vidas Silenciadas.

Álvaro Marín Arango, Mercedes Rojas Artunduaga y Rubiel Antonio Murillo en la Memoria 

Álvaro Marín Arango, Mercedes Rojas Artunduaga y Rubiel Antonio Murillo Sin Olvido

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Aury Sará Marrugo

5 de diciembre de 2001

Aury Sará Marrugo nació en Turbana, Bolívar, el 2 de septiembre de 1962, en su juventud se formó como técnico mecánico egresado del SENA; desde entonces, se desempeñó por 17 años como mecánico de planta en la petrolera estatal Ecopetrol, y con el tiempo llegó a consolidarse como representante de los trabajadores de la industria petrolera en Cartagena.

Su trayectoria laboral y liderazgo organizativo, lo llevó en el año 2000 a ser elegido como presidente de la Unión Sindical Obrera (USO) de la subdirectiva de Cartagena. Por su labor, Aury había sido ocasionalmente amenazado por grupos armados, mismas que fueron denunciadas por él y por directivos del sindicato, sin embargo no se tomaron medidas suficientes y su muerte ya había sido planeada.

Antes de ser secuestrado, colaboró en la organización del Foro Petrolero Blanco y Negro, evento en el cual se debatiría el proyecto de “Modernización y Ampliación de la Refinería en Cartagena”. Posteriormente, el día viernes 30 de noviembre de 2011, seis desconocidos interceptaron la camioneta en la que se Aury desplazaba junto con su escolta Enrique Arellano, al salir de su residencia en el barrio San Fernando de la ciudad amurallada.

Cuando se hizo pública la noticia de su secuestro, los trabajadores de la refinería de Ecopetrol paralizaron la planta y provocaron pérdidas de 2.500 millones de pesos. Durante 3 días fue desaparecido y el 3 de diciembre, por medio de una página de internet se difundió un comunicado emitido por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), titulado, “Muy Breve al oído de Gómez Alzate”, en el que manifestaban amenazas al Alto Comisionado de Paz y se atribuían el secuestro al dirigente de la USO, acusándole de ser el máximo comandante del Frente Jaime Bateman Cayón.

El 5 de diciembre de 2001 el cuerpo de Aury y su escolta fueron encontrados sin vida y con signos de tortura en un lugar conocido como Las Pavas, en el municipio de Maríalabaja Bolívar, junto a los restos iba una nota de las AUC reivindicando el crimen.  

En 2007 Salvatore Mancuso reconoció el asesinato, asegurando que recibían cien millones de pesos mensuales por parte de Ecopetrol, por la muerte de Aury, Rafael Jaime Torra y el secuestro a Gilberto Torres. Es así, como el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá determinó sentencia condenatoria contra los paramilitares Salvatore Mancuso, Carlos Castaño y Úber Banquéz Martínez alias “Juancho Dique” condenándolos a 40 años de prisión en calidad de autores materiales y coautores del crimen.

Pese a este horrible episodio, Aury Sará Marrugo dejó la semilla de una labor inacabada y un sentir difícil de olvidar, por ello, su memoria será evocada por siempre a pesar de que se arrebate la vida y se siembre terror, se seguirán oponiendo los líderes sindicales y las banderas por los derechos donde se perpetuará su legado.

Aury Sará Marrugo en la Memoria

Aury Sará Marrugo Sin Olvido

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Luis Fernando Lalinde Lalinde

3 de Octubre de 1984

La historia de Luis Fernando Lalinde Lalinde, es la historia de Fabiola, su mamá y su inagotable lucha por las víctimas de desaparición forzada en Colombia. Desde hace más de 30 años, con su hijo como emblema, Fabiola se ha opuesto a todas las formas de violencia, a pesar de padecer de la represión y las injusticias del Estado, que en lugar de mermar su labor por la defensa de los derechos humanos  parecen llenarla de fuerza para seguir.

Paradójicamente su lucha inicia con el fin de la vida de su hijo, Luis Fernando era un joven de 26 años, militante del Partido Comunista Marxista-Leninista, muy activo en política participó en el marco del proceso de cese al fuego entre el gobierno de Belisario Betancourt y las FARC, cuando ya había finalizado su carrera de sociología.

El 3 de octubre de 1984 fue detenido, torturado, desaparecido y ejecutado extrajudicialmente, por efectivos militares adscritos al Batallón de infantería No. 22  ‘Ayacucho’ de la Brigada VIII al mando del Capitán Jairo Enrique Piñeros Segura, los subtenientes Jaime Andrés Tejada Gonzales, Samuel Jaimes Soto y el cabo segundo Medardo Espinoza Areiza.

Luis Fernado había sido detenido en medio de la ‘Operación Cuervos’, en el municipio de El Jardín, Antioquia donde buscaban un guerrillero herido del Ejército Popular de Liberación (EPL). En el Caserío el Verdun el sociólogo fue amarrado, golpeado brutalmente y llevado en un camión militar con dirección a Riosucio, Caldas, siendo visto por última vez.

Hasta 1986 Luis Fernando Lalinde había sido despojado de su identidad y de su nombre, “lo convierten en un NN alias Jacinto y nadie sabía de él”, hasta que en septiembre de 1988 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó al Estado Colombiano. Cuenta Fabiola que “El caso de Luis Fernando fue la Primera resolución de la OEA responsabilizando al Estado colombiano por desaparición y por ejecución extrajudicial”, motivo por el cual ella y su familia han sido víctimas de persecuciones y hostigamientos.

Después de 4.428 días parte de los restos de Luis Fernando fueron encontrados en la ciudad de Medellín, para entonces, la señora Fabiola ya había adquirido una fortaleza, un sentido de persistencia infundido por el médico Héctor Abad Gómez, defensor e intelectual de los derechos humanos, que apoyo a Fabiola, asegurandole que a pesar del tiempo que estuviese desaparecido su hijo “…hay que buscarlo toda la vida, aunque no lo encuentre”.

Desde su experiencia y sensibilidad Fabiola Lalinde, viene acompañado a madres víctimas de desapariciones forzadas en Colombia, y  haciendo frente a toda violencia hacia la mujer desde la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES).

A partir de la muerte de su hijo inició la que llama “Operación Ciriri” insistiendo en su búsqueda así llueva, truene o relampaguee ante quien fuese necesario, en la que además ha rescatado durante su lucha los principios que en su infancia la marcaron, que son la verdad, el respeto, la solidaridad y honestidad: “Me di cuenta de lo importante que era esa parte sobre todo de la verdad, decir la verdad y nunca en la vida aceptar decir mentiras, (…) con eso me he defendido, porque en el transcurso de la búsqueda me di cuenta que me estaban mintiendo y eso me ha dado más fortaleza”

Luego de 34 años el Ejército Nacional construyó una escuela en la vereda el Verdún, último lugar donde estuvo Luis Fernando Lalinde con vida, como una forma de reparación a la familia de la víctima. Actualmente el contexto social y político en Colombia persiste en legitimar actos de violencia por medio de la ilegalidad, la justicia no ha sido completa, pero se seguirá insistiendo en una paz aunque esté lejana, porque como dice la canción “Lalinde” de pasajeros en memoria de Luis Fernando, el país sigue pintado de un color, “Si el rojo prima en sus colores es que está enferma de homicidas"

Luis Fernando Lalinde en la Memoria

Luis Fernando Lalinde Sin Olvido

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Masacre de San José de Apartadó

21 de febrero 2005 - 21 de febrero de 2013

Hace 8 años, el 21 de febrero de 2005 ocho personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fueron torturadas, asesinadas, descuartizadas y posteriormente enterradas en fosas comunes.

Primero asesinaron a Luis Eduardo Guerra, reconocido líder de la Comunidad de Paz; a su hijo Deyner Andrés Guerra de 11 años y a Beyanira Areiza. Después de asesinarlos con machetes, dejaron sus cuerpos en la montaña. Posteriormente, fueron asesinados Alfonso Bolívar Tuberquia, sus hijos Natalia de 5 años y Santiago de 2 años, su esposa Sandra Milena Muñoz y un trabajador de la zona llamado Alejandro Pérez.

Estos descarados hechos sucedieron cuando los miembros del bloque Héroes de Tolová llegaron a la casa de Alfonso Tuberquia y Sandra Muñoz y vieron a los niños, preguntaron a los comandantes ‘paras’ qué hacían con ellos. Sugirieron entregarlos a Bienestar Familiar. Pero alias Cuatro Cuatro, Makeison, Águila 6 y Cobra concluyeron que serían una amenaza en el futuro y se volverían guerrilleros.

Las súplicas de Alfonso Tuberquia fueron en vano. Natalia, de 5 años, fue por ropa para su hermano, de 18 meses y la empacó en una bolsa. Se la entregó y se despidió de él, porque ahí los separaron. La niña fue degollada con un machete.

Los habitantes de la comunidad de San José han soportado amenazas continuas y estigmatizaciones, muchas veces se han militarizado los caseríos y en numerosas ocasiones se ha intentado judicializar a líderes basándose en montajes y en campañas de desprestigio a través de los medios masivos de comunicación.

Así se han presentado los hechos sucedidos en éste caso, a través de los MMC.

Tomando como pretexto la masacre de febrero de 2005, el entonces presidente Alvaro Uribe, ordenó a la policía ingresar al caserío de San José para instalarse dentro de los espacios de paz donde nunca se ha permitido la circulación de armas. Esto obligó a la población a desplazarse y comenzar a construir un asentamiento nuevo en una finca de la comunidad, abandonando todo lo que se había construido durante muchos años.

Así mismo, el presidente de la época, Uribe Vélez, lanzó, tiempo después de la masacre sucedida en la comunidad, falsas acusaciones en contra de sus integrantes.

La Comunidad ha generado a través de la organización comunitaria alternativa, la forma de protegerse y hacerse respetar como población civil; por ello, ante la estrategia de muerte, de arrasar y desplazar al campesinado con intereses económicos sobre el territorio, para 1997 deciden declararse neutral frente al conflicto armado y rechazando, a través de la comunidad de paz, la presencia de todos los grupos armados en su territorio. Pese a ello, las acciones de muerte y terror contra la comunidad no han cesado.

En cuanto al proceso jurídico de los implicados en la masacre del 21 de febrero 2005, el 4 de agosto de 2010, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia había absuelto a diez militares por su responsabilidad en la masacre, a pesar de las declaraciones del extraditado ex jefe paramilitar alias Don Berna quien confesó que el bloque a su mando, Héroes de Tolová, había cometido este crimen colectivo de la mano del Ejército.

En la revisión del fallo absolutorio de primera instancia, los diez militares resultaron favorecidos porque según el Juzgado, no se comprobó la existencia del delito de concierto para delinquir y la responsabilidad de éstos en los crímenes cometidos por los paramilitares.

Por su parte la Fiscalía, Procuraduría y la parte civil apelaron el fallo. Luego de revisar las pruebas documentales y testimoniales, el Tribunal Superior de Antioquia decidió hundir la absolución en el caso de algunos militares con mando y dejó en firme el fallo de primera instancia sobre los restantes. Los paramilitares que participaron en la masacre y admitieron su responsabilidad en el crimen ante las autoridades judiciales fueron Adriano José Cano Arteaga, alias ‘Melaza’, y Joel José Vargas, alias ‘Pirulo’.

Estas confesiones le permitieron a la Fiscalía proferir orden de captura contra el ex capitán Gordillo Sánchez y abrir investigación contra 66 militares de la Brigada XVII del Ejército con sede en Carepa. Con el paso del tiempo se depuraron las responsabilidades penales y hoy la justicia estableció que fueron cuatro los militares involucrados y no diez, como se estableció en la primera instancia.

Organizaciones defensoras de derechos humanos que han acompañado este proceso también han denunciado la participación de los generales Mario Montoya, Jaime Fandiño y Luis Alfonso Zapata, además de los coroneles Néstor Iván Duque y Orlando Espinosa, sin que hayan sido vinculados.

Marcial Hoyos Soñet, Alexander Arrieta Gómez y José Fuentes Lagares aceptaron ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH, en la fase procesal respectiva, ser responsables de los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. Esas conductas punibles también fueron reconocidas por Nafer Antonio Guzmán Trujillo y Henry Enrique Payares Pacheco, quienes esperan decisión del juzgador. A esas tres condenas se suman las de: Uber Darío Yañez Cavadías comandante militar del bloque, Jorge Luis Salgado David, José Joel Vargas Flórez, Bionor Vargas Flórez, Rober Darío Muñoz Hernández, Francisco Javier Galindo Martínez, Edinson Galindo Martínez, Neder Antonio Mestra Rojas, Juan Alberto Ruiz Yañez, Manuel Antonio Urango Mejía, Yamid de Jesús Gonzáles Galaraga, Erney Eduardo Portillo Paternina, Aldo Antonio Agames, Javier Enrique Salgado Martínez, Jorge Luis Gutiérrez Alean, Esaut José Feria Martínez, y Ulises Burgos. De esas personas, tanto Bionor Vargas como Ulises Burgos cumplen 40 años de prisión, cada una; otras 12 purgan 20 años de cárcel, cada una, luego de acogerse a sentencia anticipada.

La Fiscalía ya acusó por homicidio en persona protegida y concierto para delinquir a nueve miembros más del citado grupo armado y aguarda la fecha para la audiencia pública. Con medida de aseguramiento se encuentran otros seis procesados y dos menores de edad quedaron a disposición de las autoridades respectivas.

Con respecto a los militares procesados en este caso cumple condena el capitán (r) del Ejército Nacional Guillermo Armando Gordillo Sánchez, quien aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir, por los que el Juzgado Primero Penal del Circuito

Especializado de Antioquia le impuso 20 años de cárcel el 20 de febrero de 2010. Tal decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Antioquia el 28 de febrero de 2011. Finalmente, sobre la sentencia absolutoria dictada a diez militares (tres oficiales y siete suboficiales) por el Juzgado Segundo Especializado de Antioquia el 4 de agosto de 2010, la Fiscalía apeló el fallo y aguarda la decisión del Tribunal Superior de Antioquia

En el proceso, el Ministerio de Defensa se defendió argumentando que no se le podía responsabilizar por los actos cometidos por un grupo ilegal que nada tenía que ver con la institucionalidad.

La Procuraduría contrarió la posición del Ministerio, sosteniendo que existía una “flagrante responsabilidad del Estado por la ejecución extrajudicial de personas protegidas”. Con el agravante de que, tres de ellas eran menores de edad y fueron asesinadas con igual sevicia. 

La muerte de los pequeños Natalia y Santiago Tuberquia da muestra de la barbarie paramilitar que ocurrió en tantas zonas del país con el beneplácito o el silencio cómplice de miembros de la Fuerza Pública.

El tribunal de Antioquia ha ordenado al Ejército que, en presencia de altos mandos militares, habitantes la zona y medios de comunicación regionales y nacionales, ofrezca públicamente disculpas por la masacre y se comprometa, de forma "contundente", a tomas las medidas necesarias para que "lo acontecido no vuelva a suceder".

A pesar de todas estas investigaciones y algunas condenas, las víctimas de la comunidad de paz de San José de Apartadó siguen exigiendo e instando al gobierno y al estado colombiano, a una verdadera justicia, a una verdad real. Que sean juzgados los militares y paramilitares de más alto rango. Que no solamente sean juzgados los autores materiales sino también los intelectuales. Así mismo, sus víctimas y la parte civil han exigido y solicitado también sea investigado el ahora, ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

Los campesinos y campesinas de la Comunidad de paz, a través del tiempo han dejado por sentado que no se trata solamente de una responsabilidad estatal que se deba resumir e intentar resolver administrativamente sino que por el contrario se trata de un tema estructural, donde las garantías de no repetición siguen sin darse.

Han sido 8 años de este crimen. Ocho años de tristezas, de ausencias de seres queridos en la comunidad, de miedos, pero también de resistencias y anhelos de justicia, verdad.

Por eso las y los campesinos, NIÑAS Y NIÑOS asesinados en la masacre de san José de Apartadó en la memoria 

Por eso las y los campesinos, NIÑAS Y NIÑOS asesinados en la masacre de san José de Apartadó Sin Olvido.

Sin Olvido

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