Masacre de Pueblo Bello

14 de enero de 1990

El 14 enero de 1990 en horas de la noche, ingresaron aproximadamente 60 paramilitares al corregimiento de Pueblo Bello, municipio de Turbo, Antioquia, los hombres armados se autodenominaban como miembros del grupo “Los Tangueros”, quienes, habían incursionado en el territorio por órdenes de Fidel Castaño.

Al ingresar sacaron a los habitantes del pueblo de sus viviendas y a algunos jóvenes de la iglesia presbiteriana, los paramilitares organizaron a las víctimas en la plaza principal y los forzaron a acostarse boca abajo, luego, seleccionaron a 43 campesinos, entre ellos dos menores de edad. Después de seleccionarlos, los amordazaron y quemaron tres viviendas de Pueblo Bello.

Posteriormente, transportaron a los habitantes a la finca “Santa Mónica”, en el departamento de Córdoba, los vehículos que se desplazaron desde Pueblo Bello hasta la finca en Valencia, pasaron por dos retenes custodiados por los Batallones Vélez y Cóndor de la Brigada XVII del Ejército Nacional. Al llegar, los campesinos fueron interrogados y torturados brutalmente, punzaron sus venas, perforaron sus ojos, aserraron sus oídos y mutilaron sus órganos genitales, finalmente, fueron ejecutados.

La masacre se dio porque la guerrilla habría robado 43 reses del paramilitar Fidel Castaño, que según se decía, habrían sido transportadas a través de Pueblo Bello hacia otro lugar, considerando a los habitantes del corregimiento como cómplices de dicho robo. Al día siguiente, los familiares de los desaparecidos conformaron una comisión de búsqueda para saber sobre sus seres queridos.

Para ello se dirigieron al capitán del Ejército en San Pedro de Urabá, de este entonces, Fabio Enrique Rincón Pulido, cuando los integrantes de esta comisión preguntaron por los campesinos, este respondió: “En Pueblo Bello cambiaron vacas por gente”, haciendo referencia al robo realizado por la guerrilla en 1989 a paramilitares en la finca “Las Tangas”. Según los familiares de los 43 campesinos, una semana luego de la masacre, militares llegaron al pueblo ofreciendo 50 mil pesos a cada familia para silenciarlos.

Algunas de las víctimas eran simpatizantes del Frente Popular, un partido de izquierda de la región. Algunos cuerpos fueron encontrados en Las Tangas en la finca Jaraguay y se han entregado los restos óseos de siete personas identificadas: Juan Roberto Mesa, Ricardo Manuel Bohórquez, José Leonel Escobar Duarte, Jesús Ovidio Carmona, Andrés Manuel Pedraza Jiménez, Jorge Martínez, Manuel de Jesús Montes y un menor identificado con las iniciales de J.E.B.O.

Pero aún se desconoce el paradero de 37 campesinos:  José del Carmen Álvarez Blanco, Fermín Agresott Romero, Víctor Argel Hernández, Genor Arrieta Lora, Cristóbal Manuel Arroyo Blanco, Diómedes Barrera Orozco, Urías Barrera Orozco, Jorge Fermín Calle Hernández, Jorge Arturo Castro Galindo, Benito Genaro Calderón Ramos, Juan Miguel Cruz , Ariel Dullis Díaz Delgado, Camilo, Antonio Durango Moreno, César Augusto Espinoza Pulgarín, Wilson Uberto Fuentes Miramón, Andrés Manuel Flórez Altamiranda, Santiago Manuel González López, Carmelo Manuel Guerra Pestana, Miguel Ángel Gutiérrez Arrieta, Lucio Miguel Úrzola Sotelo, Ángel Benito Jiménez Julio, Miguel Ángel López Cuadro, Mario Melo Palacio, Carlos Antonio Melo Uribe, Juan Bautista Meza Salgado, Pedro Antonio Mercado Montes, Luis Carlos Ricardo Pérez, Miguel Antonio Pérez Ramos, Raúl Antonio Pérez Martínez, Benito José Pérez Pedroza, Elides Manuel Ricardo Pérez, José Manuel Petro Hernández, Luis Miguel Salgado Berrío, Célimo Arcadio Hurtado, Juan Luis Escobar Duarte, Ovidio Carmona Suárez.

El 31 de enero de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) adjudico responsabilidad internacional al Estado colombiano por la desaparición y ejecución extrajudicial de 43 campesinos. Luego, la justicia impuso una sentencia de 20 años de prisión a los hermanos Enrique Rivas Naar, alias Frank y Oliver Jose Cervantes Naar, alias Abelito, dos exparamilitares que aceptaron la participación en los hechos.

El 9 de marzo de 2009, el entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos, en nombre del Estado pidió perdón a los familiares y a la sociedad por lo ocurrido en Pueblo Bello. En 2018 fue enviado a prisión el militar teniente (R) del Ejército, Fabio Rincón Pulido, a quien se le perfilo como responsable de homicidio múltiple agravado, desaparición forzada, terrorismo y tortura.  

Hoy se sigue en búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación con las que debe cumplir el Estado según la CorteIDH, la búsqueda sigue con incertidumbre y ausencia de  los seres queridos de Pueblo Bello, sin embargo, los familiares de cada hombre trabajador víctima de la masacre hacen viva la memoria de cada campesino que fue y es desprotegido por el Estado. 

Víctimas de la Masacre de Pueblo Bello en la Memoria

Víctimas de la Masacre de Pueblo Bello Sin Olvido