lunes, 2 de noviembre de 2015

Gerardo Liévano García

Noviembre 02 de 1993- Noviembre 02 de 2015


Hoy, hace 22 anos, fue asesinado Gerardo Liévano García, por miembros del estado, un escuadrón de 11 activos del ejército nacional, integrantes del grupo de caballería mecanizado # 5, General Hermógenes Masa de la ciudad de Cúcuta, al mando del entonces teniente Cesar Alonso Maldonado Vidales, detuvieron, torturaron, desaparecieron y asesinaron a este líder sindical. Pese a ello el teniente Cesar Alonso Maldonado Vidales fue ascendido al poco tiempo a Mayor y además recibió varias medallas, según ellos por su destacado trabajo en las filas del Ejército.

Gerardo un trabajador y defensor por los derechos de los trabajadores, asesor sindical. El paso por el banco popular en la ciudad de Bogotá, en la década de los 70 le permitió comenzar a realizar su sueño como asesor sindical y a formarse en lo que a él más le gustaba, defensor de los derechos de los trabajadores y la dignidad de las personas, desafortunadamente luego de 10 años de pertenecer al banco lo despiden, pues a ninguna empresa le conviene que alguien esté atento a las demandas de los trabajadores. A partir de ese momento se complica la parte laboral de Gerardo debido a su condición de sindicalista y le es muy difícil conseguir un trabajo. A pesar de ello logra trabajar un tiempo con empresas privadas y al mismo tiempo prestaba asesoría sindical a la sindicatos que lo conocían, el trabajo con empresas privadas no era lo suyo y luego de un tiempo decidió dedicarse sólo a las asesorías sindicales en empresas como UNEB , USO , ISS , TELECOM , ACUEDUCTO, entre otras.

Allí le permitían realizar trabajos que fueran necesarios en las sedes sindicales, como hacer compras, arreglar maquinas, cambiar los rieles de cortinas entre otras labores, así logró generar algún dinero para mantener a su familia.

Así pasaron algunos años y luego le propusieron ir a Urabá como asesor de SINTAGRO y de los bananeros, allí paso cerca de 2 años, pero es para el año 1985 donde casi es alcanzado por una bomba y se vio obligado a regresar a Bogotá. Luego le propusieron una asesoría en Sintra-elecol en Villavicencio, cuando se le acababa allí la asesoría trabaja con obras públicas de esta ciudad, haciendo duros trabajos incluyendo los carros del aseo. Termina el contrato con obras públicas y nuevamente regresa a Bogotá en el año 1990 continúa con sus asesorías sindicales, buscando algún trabajo.

En junio de 1993 la USO- Unión Sindical obrera- le propone una asesoría en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, estando allí el día 2 de noviembre de ese mismo año se encuentra con manos criminales del ejército, Cesar Alonso Maldonado Vidales y 10 efectivos más, le arrebatan la vida a Gerardo de la forma más vil y despiadada, hasta el punto de querer borrar toda evidencia. 

El día 2 de noviembre hacia las 12:30 del día, retienen a 3 personas en un restaurante ubicado en el centro de la ciudad de Cúcuta, a Gerardo lo golpean en la cara con la cacha del arma de uno de los militares que estaban vestidos de civil y lo dejan por unos minutos tendido en el piso.

Varios testigos que estaban en el lugar cuentan que comenzaron a pedir auxilio y que en ese mismo momento se acercó un policía uniformado para averiguar qué estaba pasando y el entonces teniente Maldonado, con voz fuerte y malos tratos, le dice al Policía que se retire del sitio porque “eso es cosa del ejército”.

Luego, ingresan a 3 personas retenidas en dos camionetas, Gerardo en una y a los otros dos en otra y los conducen a un lugar donde pasa agua, allí los bajan y los someten a las torturas y tratos más crueles e inhumanas. A Gerardo le rociaron gasolina en el cuerpo y le prendieron fuego, un testigo y víctima de los hechos, cuenta que en medio de su dolor por las torturas de las que él también estaba siendo víctima, vio como torturaban a Gerardo y escuchaba los gritos de lamento y la voz desgarradora pidiendo auxilio.

Cerca de las 4 de la tarde marcaba el reloj, en ese momento los ingresan nuevamente en las camionetas a Gerardo en una y a los otros dos detenidos en otra y los conducen al batallón.

Cuenta el testigo que: a él y al otro muchacho detenido los metieron a los calabozos, a cada uno aparte y que él escuchaba a Gerardo quejarse terriblemente, Gerardo pedía a gritos que no lo golpearan más, sin embargo la última vez que lo escucho fue cerca de las 11 de la noche de ese mismo día.

El 5 de noviembre de ese mismo año es hallado el cuerpo de Gerardo totalmente incinerado, casi irreconocible, fueron necesarios análisis de ADN que junto con su dentadura y estudios realizados sobre la reconstrucción facial de su hermano gemelo se pudo demostrar que efectivamente se trataba del cuerpo sin vida de Gerardo.

Aunque el Ejército no ha querido reconocer su responsabilidad en el caso y ha continuado re-victimizando a Gerardo, tildándolo de guerrillero, secuestrador y criminal, el Tribunal Superior de Cúcuta, en segunda instancia condenó a 25 años de prisión al mayor retirado del Ejército, Cesar Alonso Maldonado Vidales, por el asesinato del sindicalista Gerardo Liévano García, así mismo el Consejo de Estado condenó a la nación por dichos hechos y obligó al Estado a reparar económicamente a dos de las tres familias de las víctimas.

Esta condena representa un paso más en la lucha contra la impunidad, en la que militares del talante de Maldonado, son condenados por sus execrables actos contra quienes para ellos, dada su ideología, les resultaban incómodos.

Pese a las condenas y ordenes de reparación administrativa, nunca el Ejército y la institucionalidad ha querido reconocer ni resarcir el buen nombre de Gerardo, ese Gran Hombre que fue, luchador por defender los Derechos Humanos y la Integridad de las personas, un padre incomparable, un esposo excepcional, un gran hijo, hermano y amigo inolvidable

viernes, 30 de octubre de 2015

Acto de memoria Bogotá 30 de Octubre




Acto por la memoria el próximo 30 de octubre a las 5 de la tarde en la plaza Eduardo umaña Mendoza antigua plaza de las nieves para recordar a Jorge Ortega García vicepresidente de la central unitaria de trabajadores asesinado hace 17 años, a Luciano Romero Molina dirigente sindical de sinaltrainal asesinado hace 10 años y al compañero Jaime Pardo Leal asesinado hace 28 años, igualmente al compañero Alex Fabián Espinoza asesinado el pasado 31 de mayo dirigente sindical de la rama judicial integrante del movimiento Nacional de víctimas.




Invita: MOVICE




APOYA: CUT. USO. SINALTRAINAL. ASOCIACION NACIONAL SINDICAL DE TRABAJADORES (ANTHOC)

jueves, 8 de octubre de 2015

Gilma Yaneth Pineda Metaute



Martes 8 de octubre de 1996 - 8 de octubre de 2015



Hoy, Gilma Yaneth Pineda Metaute tendría 38 años y habría podido acompañar a su hija en estos 19 años, a dar sus primeros pasos, llevarla a la escuela, acompañar su adolescencia,  asistir a sus grados, celebrar sus 15 años, su mayoría de edad...



Hoy se cumplen 19 años de su asesinato por miembros del Estado colombiano en complicidad con grupos paramilitares en el Departamento de Antioquia.

Yaneth fue la tercera de cuatro hermanas (o), nació en una vereda del municipio de San Roque en Antioquia, al igual que sus hermanas (o) creció entre cafetales, con el arrullo de los pájaros y el hermoso paisaje adornado de exuberantes montañas. Para ese entonces su família tenía una parcela en la que cultivaban productos de pan coger, café y árboles frutales, eso les alcanzaba para sobrevivir sin tantos apuros. 

El padre y la madre de Yaneth, dos campesinos, curtidos de trabajar la tierra, personas honestas e inconformes con la difícil situación que vivían los campesinos de la zona, se involucraron muy pronto en el movimiento campesino, en ese tiempo respaldado y apoyado por comunidades eclesiales de base, hombres y mujeres dedicados a llevar el mensaje de Cristo en todos los rincones de nuestro país, llegaron hasta esta vereda hablándo de un Cristo obrero, trabajador, que se encarnaba en la lucha contra las injusticias y la explotación, un Cristo humanizado, en el que inmediatamente se reconocieron niños y niñas, hombres y mujeres, quienes entendieron que la lucha por la dignidad humana era más que una necesidad, un deber Cristiano. 

En este ejercicio  de memoria aparecen   personas importantes que participaron  en el proceso en  esa coherencia inevitable entre la palabra y la acción, para los que predicar el mensaje de Cristo implicaba un alto sentido de humanidad y compromiso al lado de los oprimidos el padre Jaime Restrepo y la hermana Sor Teresa Ramírez, vilmente asesinados, por optar estar del lado de los oprimidos.

Yaneth creció en este ambiente alentada por la lucha por una vida digna, las novenas comunitarias, el convite, la reunión, los encuentros de niños y de adultos, la formación política, las tomas y recuperaciones de tierra, bajo la consigna “la tierra pal que la trabaja” la tierra para la gente sencilla y trabajadora que diariamente amasaba con sus manos y el azadón el surco y sembraba la semilla para el alimento de todos y de todas.

El compromiso social y político de la familia fue mayor, llegó la participación en marchas, el paro de campesinos que agrupo a centenares de hombres y mujeres junto a sus hijos e hijas en el municipio de Cisneros en 1988, los campesinos y campesinas, habían tomado la decisión de abandonar sus parcelas y salir a los cascos urbanos para dar a conocer las exigencias en un pliego de peticiones para una vida digna, vías de comunicación, energía eléctrica, créditos a bajos intereses, escuelas, apoyo por parte del gobierno para el agro, tierra para todos y todas. 

Después de la participación en este movimiento campesino, su familia, especialmente el padre de esta familia fue víctima de amenazas, persecuciones, detenciones arbitrarias por parte del Ejército Nacional acusado de ser colaborador de la guerrilla. Esta situación obligo a la familia a desplazarse a otro municipio, el miedo y la zozobra lo obligaron a vender la parcela familiar que tenían en la vereda Guacas en el municipio de San Roque Antioquia a un bajo precio, como decía el decía “nos toco regalar la parcela, porque, nunca me la terminaron de pagar”.

La opción por la lucha para exigir los derechos, estaba cobrándole a la familia un alto costo, verse obligados a abandonar la tierra en la que  nacieron, este fue un momento muy difícil. Para ese año 1989, Yaneth tenía 11 años de edad, para ese entonces se empezaba a ver el temple, la sencillez, la humildad, la capacidad de entrega por su familia que la caracterizaron. El corto tiempo que les permitieron vivir, fueron tiempos difíciles y "la mona" como le decían cariñosamente nunca se quebró.

Se trasladaron a una vereda del municipio de Maceos, llegaron a una finca comunitaria, que los campesinos habían ganado en una lucha con sus dueños y era administrada por la comunidad, allí estuvieron tres años, aunque sobrevivían, gracias a la solidaridad de la gente, la situación de seguridad en esta comunidad estaba en máxima alerta, los grupos paramilitares tenían amenazada a la gente de esta comunidad con incursionar y acabar con toda la gente, efectivamente a finales del año 1989 una incursión paramilitar a la hora de la molienda a plena luz del día, tuvo como consecuencia el  asesinato de Don Alfonso Jiménez y se le causaron heridas a cinco campesinos más.

Esta situación y otras que vinieron después, como combates entre guerrilleros y el ejército muy cerca de la vereda, la detención del padre por parte del ejército acusado de ser colaborador de la guerrilla obligaron de nuevo a la familia a desplazarse a una vereda del municipio de Yolombó. Seguido de esto el padre estuvo detenido tres años en el municipio de Puerto Berrio, y la madre asumió la responsabilidad económica y emocional de la familia. 

Cuando él  obtiene la libertad, la familia toma la decisión de salir de la región, cada vez la situación de seguridad se tornaba más difícil, y a través de unos amigos llegaron a vivir al municipio de Guarne, en una finca. Para ese entonces "la mona" tenía 17 años, viendo la difícil situación económica por la que estaba pasando la familia, tomó la decisión de irse a trabajar como empleada doméstica para colaborar económicamente.

La situación económica obligó a la familia a un nuevo desplazamiento, para la ciudad, fue así como llegaron a Medellín, todos comenzaron a trabajar, estudiar, la mona se enamoró, muy pronto quedó embarazada de una hermosa niña.

A los 19 años recién cumplidos, un lunes 7 de octubre, salio de su casa  para acompañar a un amigo que iba para San Roque y, este fue el último día que la vieron, la escucharon, la abrazaron. Esa tarde, se despidió de la madre, de su hija y emprendió su camino hacia la muerte, nunca se supo con claridad la verdad de los hechos, ¿quiénes la asesinaron? y ¿Por qué? Al día siguiente 8 de octubre, en horas de la mañana todos los medios de comunicación daban la noticia que  en un combate que se presentó en el municipio de La Unión (Ant) habían dado de baja a cuatro guerrilleros del ELN, entre los que se encontraba Yaneth, su cuerpo fue vestido con prendas militares, le pusieron armas. Por comentarios se supo que fueron interceptados en el carro en el que se desplazaban, un trooper de color verde, por paramilitares. Según versiones, ellos los entregaron a miembros del ejército y estos los asesinan y los hacen aparecer como muertos en combate, todo esto ocurrió durante la gobernación de Álvaro Uribe Vélez.

Hoy la familia esta convencida que el asesinato de Yaneth fue una ejecución extrajudicial. Estan en el proceso de esclarecer los hechos para que los responsables sean desenmascarados y rindan cuentas ante la justicia y la sociedad colombiana.

Este pequeño relato habla de la vida de un ser maravilloso, hermoso, a la que aman profundamente aún después de su partida, con la que tienen una deuda pendiente, dar a conocer su historia, que se sepa que existió, que tenía sueños que no le permitieron realizar, que quería estudiar, viajar, bailar, enamorarse, que su vida fue arrebatada, y que es necesario buscar el camino de la justicia en su nombre.


Gilma Yaneth Pineda Metaute  en la Memoria.
Gilma Yaneth Pineda Metaute  SinOlvido

miércoles, 7 de octubre de 2015

Desaparición forzada de los 19 comerciantes


28 años de la desaparición forzada de 19 comerciantes

Compartimos el Comunicado de la Comisión Colombiana de Juristas 

Transcurridos 11 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de los 19 comerciantes, ocurrida en octubre de 1987, el Estado aún no ha cumplido con las medidas de investigación y juicio a los responsables, búsqueda de los restos de las víctimas y atención en salud integral a los familiares

En la tarde del 6 de octubre de 1987, 17 comerciantes que salieron de Cúcuta, Norte de Santander, con rumbo a Medellín, Antioquia, fueron desaparecidos forzadamente cerca de la finca “El Diamante”, por el grupo paramilitar de Puerto Boyacá al mando de Henry de Jesús Pérez Baquero, luego de pasar por un retén militar. Otros dos familiares que salieron en su búsqueda, Juan Alberto Montero y José Ferney Fernández, corrieron la misma suerte de los primeros 17 pocos días después.

Las investigaciones realizadas en años posteriores revelaron que los 19 comerciantes desaparecidos fueron asesinados, descuartizados y sus restos lanzados a las aguas del caño “El Ermitaño”, afluente del río Magdalena. Los cuerpos continúan desaparecidos, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia ordenó su búsqueda, y hasta ahora el “Plan de búsqueda” presentado en 2009 por el Estado no ha arrojado ningún resultado. De hecho, en los últimos cinco años los familiares no han recibido ningún informe por parte de las autoridades, a pesar de múltiples solicitudes, y aún los 19 hombres continúan desaparecidos.

Desde aquel octubre de 1987 los familiares de los 19 comerciantes han sido constantes en la búsqueda de verdad y justicia. Después de agotar todas las instancias nacionales, donde predominó la impunidad, los familiares acudieron al Sistema interamericano de Derechos Humanos, donde se reconoció su caso hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 5 de julio de 2004 condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada de los 19 comerciantes.

Por los hechos sólo se han proferido condenas contra algunos paramilitares, pero ninguno de los altos militares vinculados y a quienes se les alcanzó a ordenar la detención preventiva en 1996 han sido condenados. Además, en el caso del General Farouk Yanine Díaz y del Teniente Coronel Hernando Navas Rubio, las investigaciones precluyeron por razón de su muerte.

Otra medida ordenada por la Corte Interamericana que el Estado ha incumplido a los familiares es la relacionada con salud, tanto en relación con el tratamiento médico y psicológico gratuito, desde una perspectiva psicosocial, para todos los familiares, como medicamentos gratuitos, atención en salud integral especializada y preferencial, de manera individual, familiar o colectiva. Varios familiares de las víctimas han fallecido sin recibir reparación efectiva en esta materia.

Después de 8 años el Estado finalmente cumplió con la instalación de un Monumento en el año 2013, como medida de reparación, pero no ha dispuesto todavía de las garantías de seguridad, cuidado y mantenimiento de la obra en homenaje a las víctimas. Es repudiable que este año la placa conmemorativa ordenada por la Corte hubiese sido robada del monumento a unos cuantos metros de una estación de policía en el Parque de los Niños, de la ciudad de Bucaramanga. Los familiares siguen a la espera de que la placa sea reinstalada por el Estado.

Conmemorar 28 años de estos hechos es un llamado de atención sobre la lentitud de los procesos judiciales, que privilegian la impunidad, dado el paso del tiempo y la falta de acción investigativa, y los “Planes de búsqueda de personas desaparecidas” que no se compadecen del dolor de las víctimas ante un crimen tan atroz. 28 años después de la desaparición de los 19 comerciantes recordamos sus nombres esperando que al leerlos llegue a nuestra mente que cada uno de ellos es poseedor de una historia, una familia y unos seres queridos que los recuerdan:




  • Álvaro Lobo Pacheco 
  • Gerson Rodríguez 
  • Israel Pundor Quintero 
  • Ángel María Barrera 
  • Antonio Flórez
  •  Víctor Manuel Ayala
  • Alirio Chaparro Murillo 
  • Álvaro Camargo Gilberto Ortiz 
  • Reinaldo Corzo Vargas
  •  Luis Hernando Jáuregui 
  • Luis Domingo Sauza 
  • Rubén Emilio Pineda
  • Carlos Arturo Riátiga 
  • Juan Bautista 
  • Alberto Gómez 
  • Huber Pérez
  • Juan Alberto Montero
  •  José Ferney Fernández

Como todos estos años, la Comisión Colombiana de Juristas exalta la valentía y la tenacidad de los familiares de los 19 comerciantes que año tras año continúan exigiendo la búsqueda de sus seres amados, justicia efectiva y el cumplimiento de una reparación integral. Permaneceremos con ellas y con ellos preservando la memoria y brindando todo nuestro apoyo a su incansable labor.

Comisión Colombiana de Juristas 6 de octubre de 2015 
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lunes, 5 de octubre de 2015

Masacre de Riofrío

5 de Oct 1993 - 5 Oct 2015
Todo comenzó a las 5 de la mañana del 5 de octubre de 1993 en la vereda El Bosque, corregimiento Portugal de Piedras de la comprensión municipal de Riofrío, departamento del Valle.

Allí llegó un grupo de hombres armados, algunos de los cuales vestían prendas de la Fuerza Pública y ocultaban su rostro mediante el uso de una capucha, quienes ingresaron violentamente a los domicilios de las familias Ladino Ramírez y Molina Solarte, de donde sacaron a Celso Mario Molina Suaza (45 años), Zenaida Ladino Ramírez (38 años), Lucely Colorado Bonilla (35 años), Frederman Molina Solarte (25 años), Hugo Cedeño Lozano (33 años), Edilia Rita Solarte (40 años), Julio César Ladino Ramírez (29 años), Edelcy Tusarma Salazar (16 años), Dora Estela Gaviria Ladino, Carmen Emilia Ladino Ramírez (34 años), Miguel Ladino (73 años), Ricardo Molina Solarte (25 años) y a Miguel Antonio Ladino Ramírez (47 años) , entre otro pobladores, quienes fueron llevados por la fuerza a la escuela de la vereda "San Juan Bosco" con el fin de ser interrogados sobre el paradero de miembros de grupos armados disidentes que habrían frecuentado la zona.

La mayoría de los pobladores fueron dejados en libertad pero Miguel Enrique Ladino Largo, Miguel Antonio Ladino Ramírez, María Cenaida Ladino Ramírez, Carmen Emilia Ladino Ramírez, Julio Cesar Ladino Ramírez, Lucely Colorado, Dora Estela Gaviria Ladino, Celso Mario Molina, Rita Edelia de Molina, Ricardo Molina, Freddy Molina, Luz Edelsy Tusarma Salazar y Hugo Cedeño Lozano fueron llevados a la morada del señor Javier Ladino, aproximadamente a las 8:30 a.m., donde fueron sometidos a actos de tortura , y algunos obligados a vestir prendas militares, para posteriormente ser asesinarlos esto sucede alrededor de las 10:00 am

El accionar de tipo paramilitar se retiró de la escena -aparentemente con excepción del individuo que operaba como informante- los miembros del Batallón Palacé simularon un combate con las víctimas, para lo cual efectuaron una serie de disparos hacia y desde la vivienda del señor Ladino y modificaron la escena del crimen.

A las 11: 00 am arribó a las estribaciones de la meseta en la que está ubicada la casa, miembros del Pelotón Antiterrorista Urbano (PAU) del Batallón Palacé de la Tercera Brigada del Ejército. al mando de Eduardo Delgado Carrillo quien para la época ostentaba el grado de Mayor, e integrado también por el entonces Teniente Alfonso Vega Garzón, el Cabo Primero Leopoldo Moreno Rincón, el Cabo Segundo Alexander Cañizales Núñez y 30 soldados regulares, quienes, simulando ser objeto de ataque, abrieron fuego desde su posición, inferior y sin visibilidad, en contra de la casa donde había ocurrido la masacre, "tomándose" posteriormente el inmueble.

El entonces Mayor Delgado Carrillo, rindió informe en el que dio cuenta de un enfrentamiento con miembros de una columna del grupo guerrillero ELN, con el resultado de 13 bajas de esa organización, el decomiso de abundante material de guerra y la absoluta ausencia de bajas en sus propias filas, afirmando que había llegado al lugar cumpliendo órdenes de su superior, el Comandante del batallón, quien a las 8 de la mañana de ese día le había ordenado recoger en el centro de Buga a "un informante" que indicó la presencia de la "columna guerrillera" en el sitio reseñado, razón para que se diseñara la operación, partiendo del batallón a las 10:30 de la mañana.

Tras el simulacro de combate, el Teniente Coronel Luis Felipe Becerra Bohórquez, Comandante del Batallón de Artillería Palacé y el Brigadier General Rafael Fernández López, Comandante de la Tercera Brigada, dieron a conocer a la opinión pública a través de los medios de comunicación que, como parte de la denominada operación "Destructor", tropas del ejército dieron muerte en combate a 13 reconocidos guerrilleros, pertenecientes a la cuadrilla "Luis Carlos Cárdenas" del auto denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), incautando material.

El 4 de agosto de 1994 un juzgado dictó medida de aseguramiento, consistente en caución prendaria contra el Teniente Coronel Luis Felipe Becerra Bohórquez por el delito de encubrimiento por favorecimiento. El 30 de marzo de 1995 el Juzgado, en forma oficiosa, cambió la medida de caución por la de conminación Por decisión del Comandante de la Tercera Brigada en su calidad de Juez de Primera Instancia, la instrucción se trasladó al Juzgado 17 de Instrucción Penal Militar, con sede en la ciudad de Cali.

El 4 de noviembre de 1994 un Fiscal Regional Delegado de Cali dispuso la apertura de instrucción y la vinculación mediante indagatoria de los oficiales del Ejército Nacional y de los soldados que participaron en la por ellos denominada "operación Destructor", así como la de un civil, supuestamente vinculado con el narcotráfico, que habría promovido la matanza. Al Teniente Coronel Luis Felipe Becerra Bohórquez y al Mayor Eduardo Delgado Carrillo se les recibió indagatoria y se le definió situación jurídica el 21 de noviembre de 1994 con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva como cómplices del homicidio de 13 personas.


En reacción, la Tercera Brigada del Ejército planteó colisión de competencia positiva.

El 30 de julio de 1997 el Juzgado 17 de Instrucción Penal Militar se pronunció en forma provisional sobre la situación jurídica del Teniente Coronel Luis Felipe Becerra Bohórquez y del Mayor Eduardo Delgado Carrillo, resolviendo decretar la detención preventiva de éstos como presuntos responsables del delito de falsedad ideológica de documento público en concurso con el delito de encubrimiento por favorecimiento. Asimismo, se abstuvo de dictar medida de aseguramiento en contra del Teniente Coronel Luis Felipe Becerra Bohórquez como presunto responsable de los delitos de concusión, cohecho y homicidio, por falta de mérito. Esta decisión fue apelada, sin éxito, por la parte civil en el proceso.

La Procuraduría General de la Nación, un Juez Regional de Cali reclamó el 19 de febrero de 1998 el juzgamiento de los militares, por cuanto el material probatorio demostraba que: "(...) la actuación del Ejército en el operativo en cuestión fue simulada, con el fin de proteger la acción delictiva de quienes dieron muerte a las 13 personas cuyos cadáveres fueron inicialmente reportados como pertenecientes a una cuadrilla subversiva y muertos en combate, indicando luego el recaudo probatorio que ya estaban muertos cuando llegó el Ejército, lo cual ciertamente genera una duda más que razonable en cuanto a la relación con el servicio que guardan los actos realizados por el personal militar en aquella infausta oportunidad y tiene incidencia definitiva en materia de competencia para conocer el respectivo proceso".

Hoy pasados 22 años, la impunidad en que se encuentra esta masacre es evidente. La abuela, Héctor, un niño de tan solo cinco años, en la fecha de la masacre siguen llevando su rostros, en su mirada la verdad histórica, la memoria que aún con el paso del tiempo sigue clamando justicia ante la destrucción de vidas humanas de hombres y mujeres campesinas cuyo único delito fue amar la vida, trabajar la tierra, afirmar la dignidad.

Bogotá, D.C Octubre 07 de 2015

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

martes, 22 de septiembre de 2015

Jhonny Silva Aranguren, 10 años Sin Olvido


Hoy conmemoramos 10 años de la muerte de  Jhonny Silva Aranguren, estudiante de la Universidad de Valle, asesinado por armas del ESMAD.

Texto El Pueblo:
Cuando a Wilman Silva se le pregunta sobre los recuerdos que guarda de su hijo, su voz se quiebra. “Es muy duro, porque otra vez tengo que revivir mi dolor”, confiesa. No es para menos. Ese hijo, Jhonny Silva Aranguren, fue asesinado el 22 de septiembre de 2005 en medio de fuertes disturbios registrados dentro del campus de la Universidad del Valle donde estudiaba quinto semestre de Química. Solo tenía 21 años.

Es difícil ignorar que dentro de poco se diez años de ese crimen, menos aun después de que el 31 de agosto pasado José Libardo Martínez, un subintendente del Esmad, falleciera también durante desórdenes en el centro de educación superior.
El deceso de Martínez se debió a un disparo que impactó en su cabeza y que fue descerrajado, presuntamente, desde el campus universitario.
El execrable crimen mereció un gran despliegue mediático y anuncios de recompensas hechos por las autoridades para dar con los responsables. La muerte de Jhonny, en contraste, parece hundirse en la impunidad. Y su recuerdo sufre el acoso del olvido.
¿Quién era Jhonny?
Wilman describe a su hijo como “una excelente persona” cuya afición era el estudio. “Recuerdo  que yo los fines de semana quería irme para un río o un paseo y él me decía: ‘no, papá, yo tengo que estudiar, no puedo ir’”, relata.
Esa devoción de Jhonny por su preparación académica quizás se vio influida por la presencia de varios químicos en la familia. “Él quería superarlos –explica su padre–, él soñaba con ser un Einstein”.
Era muy case Con esa decisión la Fiscalía libró de responsabilidad al uniformado por la muerte de Jhonny. 
Molestaba a su mamá por su baja estatura –él medía más de 1.75–. Le encantaban los fríjoles. Wilman no da más detalles. Como él mismo lo aclaró desde el principio, prefiere no remover recuerdos dolorosos.
Sin embargo, a través de uno de los libros que el propio Wilman ha escrito para contar la historia de su hijo –y preservar así su memoria–, se descubre que la vida de Jhonny estuvo marcada por grandes pruebas.
Nació con atresia biliar, esto es, obstrucción de los conductos que transportan la bilis desde el hígado a la vesícula biliar, enfermedad que superó “a punta de tratamientos y remedios caseros, como la raíz de azafrán con cimarrón”.
Creció en Nariño y la Bota Caucana. Alguna vez quedó atrapado junto con su mamá y su hermana en medio de ráfagas de fusil y gritos de angustia tras la toma del peaje de Tunía, en Cauca.
Tan cruda experiencia le dejó como secuela un problema de lenguaje del que se pudo recuperar en un 95 %. Años después sufriría una lesión de cadera que le impediría caminar con facilidad. 
El proceso judicial
Jhonny Silva pudo sortear los obstáculos que la vida puso en su camino, pero aquel 22 de septiembre le fue imposible escapar de las garras de la violencia y la injusticia.
Era jueves, día en que casi que por tradición suelen ocurrir las manifestaciones que culminan en enfrentamientos entre encapuchados y miembros del Esmad. Pero aquella vez los desórdenes tuvieron un desenlace macabro: una bala  se alojó en la humanidad del estudiante de quinto semestre de química, segándole la vida.
Desde ese momento inició un proceso judicial accidentado y lleno de dilaciones. Documentos oficiales consultados por EL PUEBLO dan cuenta de que la primera decisión de importancia en el caso fue tomada el 12 de septiembre de 2007, por la Fiscalía 41, adscrita a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Cali.
La Fiscalía 41 ordenó escuchar en indagatoria a quien se desempeñaba en ese entonces como comandante del Esmad, el Capitán Gabriel Bonilla, y a dos intendentes del órgano policial.
El ente investigador tomó la decisión, basándose en testimonios según los cuales efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios habrían ingresado en el campus universitario alrededor de las 6:45 p.m., aquel 22 de septiembre de 2005.  Durante la incursión uno de los uniformados le habría presuntamente disparado a Jhonny Silva.
En 2008, la Fiscalía 41 se abstuvo de ordenar la privación de la libertad de los miembros del Esmad, pero posteriormente acusó al capitán Bonilla por los delitos de homicidio culposo, lesiones personales culposas y prevaricato por omisión.
De acuerdo con informes de prensa de la época, el fiscal del caso concluyó que el oficial “violó el deber de cuidado al permitir el ingreso de sus subalternos a las instalaciones de la universidad, sin previa autorización”.
Asimismo, declaró que Bonilla “omitió la requisa del personal a su mando, lo que habría facilitado el accionar del arma de fuego, la cual fue disparada en la humanidad del estudiante”.
Sin embargo, el caso dio un nuevo giro en 2009 cuando la Fiscalía 55 especializada en Derechos Humanos reversó la acusación contra el oficial, presentando un recurso de apelación en efecto suspensivo. Con esa decisión la Fiscalía libró de responsabilidad al uniformado por la muerte de Jhonny.
Por su parte, la Policía Nacional siempre ha negado su ingreso al alma máter aquel fatídico día y su participación en el deceso del joven. La Institución ha manifestado que “es imposible responsabilizarla por ese crimen pues fue realizado por terceros […]  ya que […] el grupo Esmad […] no porta ni utiliza armas de fuego”.
Diez años de impunidad
Lo cierto es que siete años después del asesinato de Jhonny, los autores del homicidio siguen sin recibir castigo.  “El caso de nuestro hijo pasó por once fiscales, miles y miles de hojas en su expediente y no ha sido posible que haya justicia”, anota Wilman al respecto.
El hombre de mirada cansada señala, además, que en varias oportunidades buscó a los fiscales a cargo de la investigación para saber por qué no había resultados.
“Cuatro meses después de la muerte de mi hijo fui a hablar con la directora seccional de fiscalías de la época. Ella me dijo: ‘Don Wilman, no se le haga nada raro que el caso de su hijo termine en la impunidad. Aquí el 99 % de casos queda impune’. Tiempo después otro de los fiscales del caso me aconsejo esperar la justicia divina”, afirma.
Cansada de lo que para ella era una falta de respuesta de la justicia colombiana,  la familia del joven universitario decidió acudir a instancias internacionales. “Nuestro caso lo llevamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2008 –cuenta Wilman–. De parte de la Comisión siempre nos han contestado que ellos manejan muchos casos a nivel latinoamericano y que nosotros estamos en turno… por eso se han retrasado las cosas”.
Para Wilman, la muerte de su hijo fue un golpe muy bajo del que nunca se va a reponer. “Yo sé que moriré con esa angustia, con ese dolor, con esa rabia de saber que no hay justicia”, sostiene con tristeza.
Por eso hace un llamado no solo a la comunidad universitaria, sino también a los medios: “No olviden a las víctimas. Que se siga exigiendo justicia porque mañana –ojalá no sea así, lo que me paso a mí les puede pasar a ustedes”
Texto  http://elpueblo.com.co/siete-anos-sin-jhonny/#ixzz3mUKYCi2u con modificación Sin Olvido 


domingo, 20 de septiembre de 2015

Arnoldo Muñoz, Sin Olvido

20 de sep 2014 - 20 sep 2015
“Una mano servil y cobarde disparó contra su integridad, asesinaron su cuerpo, pero su espíritu y sus sueños caminan con nosotros”

En medio de la lucha incansable por la defensa de su territorio, un día como hoy hace un año, partió de nuestro lado Arnoldo Muñoz, un joven luchador de vida, quien hasta el último momento batalló por ella, después de permanecer varios días en cuidados intensivos; nos dejó el vacío, la rabia y la impotencia de presenciar una vez más las manos asesinas del Estado Colombiano y la impunidad escalofriante de su justicia.

En el marco de la movilización por la defensa del territorio, la vida y el agua y contra la derogación de la Ampliación de la Licencia Ambiental Global concedida a través de la Resolución 0551 del 31 de Mayo de 2014, otorgada por el ANLA al Consorcio Colombia Energy, para un campo operado por Vetra Exploración Colombia, las comunidades del corredor Puerto Vega-Teteye, en Puerto Asís, adelantaron por más de 70 días una resistencia con la fuerza de la razón, la dignidad de los oprimidos y excluidos por este Estado y el corazón de quienes sienten y piensan más allá del dinero de hoy, protegiendo la vida del mañana.

En esta movilización se destacó la presencia de Arnoldo Muñoz, un joven de lucha y resistencia, de alegrías y sueños, que entrego su vida por la defensa de los derechos y de su territorio, lleno de esa increíble biodiversidad que hoy está siendo atacada por un modelo extractivista que solo deja una huella de destrucción.

El 14 de septiembre las manos asesinadas de integrantes del Esmad continuaban con su accionar sistemático de ataque indiscriminado contra los manifestantes, un artefacto impactó la cabeza de Arnoldo quien cayó de inmediato inconsciente y de gravedad, rápidamente fue auxiliado por quienes estaban cerca, en medio del dolor y el desespero fue trasladado hacia el Hospital de Cotocollao en Quito, Ecuador, tristemente no podía ser conducido a Puerto Asís por el profundo temor a las represalias. Durante varios días permaneció en cuidados intensivos, las noticias de los médicos por esos días fueron desalentadoras y nos aferrábamos a la esperanza y la fuerza de Arnoldo, a sus ganas de vivir, seguir soñando y construyendo.

Hoy hace un año, sobre las 10:20 a.m., las comunidades del corredor recibieron la triste noticia de su muerte; hoy recordamos, como aquel día que la vida de Arnoldo fue cegada por la criminalidad del Estado.

Aquel 20 de septiembre estará presente para siempre en nuestra memoria y nuestros corazones. Continuaremos con la exigencia de justicia, contra la impunidad imperante del Estado. Por la reivindicación de nuestros derechos y la defensa de la vida y el territorio.
 
Arnoldo Muñoz Vive en la Memoria
Arnoldo Muñoz Sin Olvido

martes, 25 de agosto de 2015

Héctor Abad Gómez





Agosto 25 de 1987 - Agosto 25 de 2015


El 25 de agosto de 1987, los defensores de derechos humanos de Antioquia vivieron una de sus jornadas más dolorosas. Cuando apenas despuntaba el día, sicarios dieron muerte a Luis Felipe Vélez, presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida).
Su cuerpo fue trasladado a la sede gremial, en pleno centro de Medellín, para su velación. Hacia allá se dirigieron el entonces presidente del Comité Permanente para la Defensa de los Humanos de Antioquia, el médico Héctor Abad Gómez, y su fiel escudero, el también médico Leonardo Betancur Taborda. Pero al llegar al lugar, hombres armados dispararon contra Abad Gómez y Betancur Taborda. La tragedia fue peor de lo ya que era.
Hoy, 28 años después, amigos, familiares y activistas de derechos humanos que compartieron en vida con los defensores y, además, docentes de la Universidad de Antioquia, no solo continúan lamentando profundamente su pérdida sino que sienten que el manto de impunidad que cubre estos crímenes es realmente vergonzoso.
Y no es para menos. Luego de que se vencieran los términos de la investigación y se decidiera archivarla sin avances significativos hace poco más de una década, la Fiscalía General de la Nación decidió reabrir el caso tras las declaraciones entregadas el 13 de febrero de 2012 por Diego Fernando Murillo Bejarana, alias ‘Don Berna’, quien desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos, dijo ante fiscales de Justicia y Paz que quien asesinó a los activistas Abad Gómez y Taborda Betancur fue el propio Carlos Castaño.
“Carlos y Fidel consideraban que el doctor Héctor Abad hacía parte de la estructuras de la guerrilla del Epl en la ciudad de Medellín, ya que por su labor defensa de los derechos humanos hacia algún tipo de denuncia en la cual sectores de las Fuerzas Armadas, se consideraban afectados. Carlos Y Fidel consideraban que a través de estas denuncias le estaba haciendo el juego al Epl. Carlos toma la decisión de ejecutarlo y él personalmente va con un trabajador del que le dicen Argiro”, narró alias ‘Don Berna’.
Más allá de esta declaración, pocos son los avances de la justicia en el esclarecimiento de estos crímenes. Por ello, VerdadAbierta.com le preguntó a reconocidos juristas, politólogos y activistas de derechos humanos si los asesinatos de Abad Gómez, Betancur Taborda y Vélez se pueden constituir como delitos de lesa humanidad y si esa declaratoria ayudaría a esclarecer un crimen cuya falta de castigo constituye un lastre vergonzoso en la historia reciente de Antioquia y del país.

Quienes compartieron espacios, momentos e ideales con estos activistas coinciden en recordarlos como hombres sin tacha, elocuentes, entregados a la causa de defender a las víctimas de una violencia que por aquellos años arremetía con toda su furia contra dirigentes políticos de oposición, estudiantes universitarios, intelectuales, miembros de organizaciones no gubernamentales y campesinos.

El Artículo 7 del Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998 y que crea la Corte Penal Internacional, define el crimen de lesa humanidad como cualquier acto de asesinato, tortura, esclavitud, deportación, encarcelación, violencia sexual, persecución o desaparición forzada que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.
Colombia fue uno de los 78 países que firmó el Estatuto y lo ratificó en 2002. Pese a ello, solo entró en plena vigencia en el ordenamiento jurídico interno en noviembre de 2009 debido a una salvaguarda firmada por el entonces presidente Andrés Pastrana Arango según la cual, este instancia de justicia trasnacional solo podría conocer crímenes de guerra y de lesa humanidad a partir de ese año.
Quiere decir lo anterior que, no obstante que en el Código Penal colombiano no está explícitamente consagrado el delito de lesa humanidad, fiscales y jueces pueden remitirse a lo conceptuado por la Corte Penal Internacional. En ese sentido, podría argumentarse que los asesinatos de Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur Taborda y Luis Felipe Vélez, defensores de derechos humanos y docentes de la Universidad de Antioquia, cabrían en la categoría de “crímenes de lesa humanidad” por sus sistematicidad y especificidad.

Héctor Abad Gómez en la Memoria
Héctor Abad Gómez Sin Olvido.


Texto tomado de Verdad Abierta:  http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/asesinatos-colectivos/5424-hector-abad-gomez-crimen-de-lesa-humanidad

viernes, 21 de agosto de 2015

Masacre la Gabarra



Agosto 21 de 1999 - Agosto 21 de 2015


El sábado 21 de agosto de 1999, Felipe (*), de apenas 16 años, estaba en el bar El Sapo de La Gabarra cortejando a una de las tantas prostitutas que por esos días vivían en ese caluroso corregimiento de Tibú.
Junto a unos amigos, había llegado a este lugar desde temprano a “ver a las mujeres” y hablar con quienes le acompañaban.
A El Sapo no solo asistían habitantes de La Gabarra. La mayoría de sus clientes provenían de las montañas cercanas que, después de varios días de estar ‘raspando’ coca, utilizaban los fines de semana para bajar al pueblo a comprar víveres, beber cerveza y estar ‘un rato’ con las putas.
Ese sábado parecía normal. No había nada que les hiciera pensar a los emparrandados habitantes de este corregimiento que las cosas se iban a poner feas pasadas las 7 de la noche.
Si bien desde finales de mayo, un grupo de paramilitares proveniente de Córdoba hacía presencia en la carretera entre Tibú y La Gabarra y habían asesinado a varias personas a quienes sindicaron de pertenecer a la guerrilla o de ser sus colaboradoras, los habitantes de este corregimiento se sentían seguros por la presencia constante de la Policía y el Ejército en su pueblo y las inmediaciones del mismo.
En el centro del corregimiento, la estación de Policía albergaba en su interior un número significativo de uniformados que patrullaban las polvorientas calles de La Gabarra, tropezándose en las esquinas con soldados de la base que el Ejército tiene instalada a escasos 200 metros del pueblo, pasando el puente sobre el río Catatumbo.
“Como a las 7:50 de la noche de ese sábado se fue la luz. Sin embargo, ahí en El Sapo tenían una planta eléctrica y nos quedamos a oscuras un momento no más. Luego se volvió a ir la luz otra vez pero la planta nos iluminó nuevamente. A la tercera vez ya no volvió más. Fue justo en ese momento cuando llegaron los ‘paracos’ y de una patada entraron al bar”, recuerda Felipe con la mirada perdida en el río Catatumbo, el mismo en el que vio decenas de cuerpos correr, la mayoría de las veces mutilados.
“Cuando los ‘paras’ entraron traían una lista en sus manos. Dijeron ‘el que esté en esta lista se muere y el que no tenga cédula también’. Ahí en El Sapo alcancé a ver cómo mataban a un señor que estaba borracho y quiso enfrentársele a un ‘para’ con un cuchillo. Luego me dejaron ir porque vieron que yo era menor de edad”, cuenta este joven que aún hoy no olvida cómo al tratar de esconderse de la masacre que se acababa de desatar en su pueblo, terminó acurrucado junto a un cadáver en el negocio donde vendían carne y que estaba ubicado junto a este bar.
Lo que vendría después, hasta bien entrada la madrugada del domingo 22, sería considerado por las víctimas de esta masacre como el peor infierno de sus vidas. Una bengala, que muchos habitantes de La Gabarra no dudaron en afirmar que fue lanzada desde la base del Ejército, significó el fin de esa primera incursión paramilitar.
Al despuntar el día, los cuerpos de 35 personas yacían regados por varios puntos del corregimiento. Los cadáveres fueron recogidos por el tractor que hacía las veces de recolector de la basura. Los rostros conocidos hicieron su aparición entre la pila de muertos y las lágrimas, que aún hoy brotan de los rostros de estas víctimas, llegaron para quedarse.
LOS PARAMILITARES, MÁS DE 200, SE ADUEÑARON DE LA GABARRA A PUNTA DE PLOMO, MOTOSIERRA Y VIOLACIONES
Una vez instalados, el negocio de la droga se convirtió en su única obsesión. Para ello, los hombres de Mancuso, bajo el mando de Armando Alberto Pérez Betancourt (alias Camilo), designaron a Los Azules, un escuadrón que vestía con overoles de este color y cuya misión era velar porque toda la coca producida en La Gabarra y sus alrededores solo les fuera vendida a ellos o a quienes ellos designaran.
“Todo en La Gabarra pasó a ser controlado por ellos. No se hacía nada sin su permiso. Hasta los problemas conyugales eran resueltos por estos sujetos”, afirma Felipe, quien tuvo en sus manos el poder de darle un giro radical a esta historia de dolor.
Según contó a La Opinión, un día un niño de ‘7 o 10 años’ que en La Gabarra era conocido como ‘Paraquito’ por la cercanía que tenía con algunos miembros del Bloque Catatumbo y por, aunque suene difícil de creer, haber propiciado la muerte de varias personas tras sindicarlas de ser guerrilleras, acusó a su hermano de ser el responsable del robo de unas joyas de un ‘para’ que vivía en el pueblo.
“Mi hermano administraba un negocio de juegos de video. ‘Paraquito’ iba allá a jugar. Un día, a mi hermano se lo llevaron los ‘paras’ porque ese niño lo acusó de haberse robado unas joyas. Camilo, que vivía al lado de mi casa, era quien debía decidir qué hacer con mi hermano. Por eso, me subí a un árbol con una escopeta de mi papá y lo tuve varias horas en la mira. Si a mi hermano lo hubiesen matado, yo lo hubiese matado a él así luego me mataran a mí y a toda mi familia”, sostuvo Felipe.
Para su fortuna y, sobretodo la de Camilo, el hermano de Felipe fue liberado luego de que se lograra establecer que ‘Paraquito’ era quien había robado las joyas para ir a jugar con las consolas del negocio que este administraba.
La muerte de Camilo, sin duda, habría marcado otro escenario en La Gabarra, un escenario que Felipe tuvo en sus manos. No obstante, con Camilo vivo, la historia de La Gabarra fue otra, cargada de miles de muertos, miles de desplazados y miles de desaparecidos.
(*) Nombre cambiado
‘LA COCA SE LE VENDE A LA GUERRILLA’
Luego de la desmovilización del Bloque Catatumbo, el 10 de diciembre de 2004, La Gabarra volvió a quedar en manos de quienes por años habían ejercido la autoridad en este lugar: la guerrilla de las Farc.
Con la salida de los ‘paras’, el negocio de la droga no se vio afectado, lo único que cambió fueron las personas que cada cierto tiempo pasan por las fincas recogiendo la base de coca que allí en esta zona de Norte de Santander se produce.
Una persona que habló con La Opinión bajo la condición de que su nombre no fuera revelado, contó detalles acerca de cómo funciona en estos momentos el lucrativo negocio de la droga en la región.
“Actualmente estamos sembrando la coca injerto, que tiene cerca de 4 años de haber llegado a la región. Antes se sembraba la coca dulce o peruana, que tenía la hoja más ancha y era más blandita para raspar”, sostuvo.
Según esta persona, la coca injerto crece más rápido y echa más hojas, pero su transformación a base de coca requiere de más insumos que la peruana, lo que hace más cara su producción.
“Por aquí hemos intentado sembrar la coca cuarentana, que es muy buena para producir base con poca cantidad, pero la tierra no nos deja. Con esa coca se produce un kilo de base por cada 30 arrobas, mientras que la injerto apenas bota un kilo por 50 arrobas”.
Esta persona contó que los cultivos de coca han crecido en La Gabarra, sobre todo “río arriba, por la zona de Caño Tomás”.

También indicó que el kilo de base de coca se está pagando a $2.400.000, “aunque a veces baja o sube el precio dependiendo de lo difícil que sea conseguir los insumos”.
Finalmente, comentó que la coca que allí se siembra se le vende a la guerrilla.

“Ellos son los dueños del negocio. Si usted le quiere vender a otra persona, tiene que ser con su permiso. Ellos tienen personas que les recogen la coca en los puntos donde uno va a venderla. La guerrilla de las Farc lleva los controles por la bulla que se hace cuando uno va a ‘raspar’, pues para eso tiene que contratar unas 20 o 25 personas y ahí es donde ellos se dan cuenta quién raspó y quién tiene mercancía para vender”.

Victimas de la Masacre de la Gabarra en la Memoria.
Victimas de la Masacre de la Gabarra Sin Olvido.

TEXTO TOMADO DEL UNIVERSAL http://www.eluniversal.com.co/colombia/masacre-de-la-gabarra-15-anos-despues-167942 

miércoles, 19 de agosto de 2015

Diego Felipe Becerra

Agosto 19 de 2011 - Agosto 19 de 2015.

Diego Felipe Becerra Lizarazo tenía 16 años cuando fue asesinado por agentes de la policía. Diego era estudiante de último grado en el Colegio Bilingüe El Bosque de Bogotá, donde fue homenajeado y sus padres recibieron su grado póstumo durante una ceremonia. Para sus amigos y familiares era un joven talentoso, enérgico, inconforme, quién a través del grafiti y en compañía de sus amigos expresaba su sentir.

El 19 de Agosto de 2011 Diego junto con 3 amigos y una amiga decidió salir de su casa para pintar grafitis, al llegar al puente de la 116 con Boyacá fueron perseguidos por policías, sabiendo lo que sucedería al ser alcanzados por los efectivos empezaron a correr. En ese momento Diego nota que su amiga quedó atrás y decide devolverse para ayudarla, al ver que ella no es capturada por los uniformados sigue corriendo hasta llegar a una calle cerrada, allí se esconde detrás de un árbol, luego de un breve tiempo decide salir y es requisado por el patrullero Wilmer Alarcón. Posterior a la requisa, Diego decide salir nuevamente a correr, es en ese momento y en completo estado de indefensión, que Diego recibe un impacto de bala por la espalda, las investigaciones aseguran que el patrullero Wilmer Antonio Alarcón informó a la Central de los hechos sucedidos.

Posterior a esto en la escena, aparece un carro, según testigos de propiedad de un policía en retiro, allí Diego Felipe fue transportado hasta la Clínica Shaio ubicada al norte de Bogotá, sin embargo fue demasiado tarde. Diego, que luchó por aferrarse a la vida, para insistir desde sus sonrisas y los colores de sus grafitis en un mundo diferente, dio su último suspiro a las 10.30 de la noche, de ese viernes 19 de agosto.

En materia jurídica, el 29 de Noviembre de 2011 El Consejo Superior de la Judicatura trasladó el caso de la Justicia Penal Militar la investigación contra el patrullero Wilmer Alarcón por el asesinato de Diego Felipe, pasando a manos de la Fiscalía.

En febrero de 2012 la Fiscalía 13 imputó cargos al patrullero Wilmer Antonio por el delito de homicidio agravado y no por homicidio culposo, pues dicho funcionario tenía conocimiento previo, debido a la requisa practicada, que Diego no se encontraba armado. 

Durante la investigación se conoció la versión de un hombre que dice ser el conductor de la buseta que, según él, fue abordada por Diego y sus amigos. 

El conductor interpuso una denuncia por asalto, hecho que habría desencadenado la persecución policial en la que, según la versión de las autoridades, murió el joven. 

En declaraciones dadas a la prensa el conductor asegura que cuatro jóvenes ingresaron al autobús que conducía y lo asaltaron junto a los pasajeros que viajaban en el vehículo. Uno de los ladrones, según el testimonio, era Diego Felipe Becerra.

En Junio de ese mismo año fueron llamados a declarar el Subteniente Rosemberg Madrid Orozco, coordinador del CAI Andes, el Subteniente Juan Carlos Barrero, los patrulleros Nelson Castillo y Freddy Navarrete por mentir en sus primeras declaraciones y por ayudar en la alteración de la escena del crimen. Además se interrogó al entonces Subcomandante José Vivas y Jesús Arévalo, Comandante de la policía en Suba, quienes actualmente se desempeñan como Coroneles.

Dos meses después, testigos declararon ante la fiscalía 201 de Bogotá, que vieron al Comandante Francisco Patiño, quien hoy es General, y a 3 Coroneles hablando con el conductor Jorge Narváez de cómo debía denunciar y qué características debía dar para hacer parecer que Diego Felipe era un atracador de buses junto con sus amigos.

Además la fiscalía citó a interrogatorio al patrullero Wilmer Alarcón y a Héctor Hernando Ruíz, abogado de Wilmer Alarcón porque según testigos, Ruíz estuvo presente en la escena del crimen. 

Por su parte, la Procuraduría destituyó el 13 de junio de este año al patrullero Wilmer Alarcón por 10 años y ese mismo mes se conoció que el fiscal que lleva actualmente el caso recibió amenazas en contra de su vida por la investigación que se adelanta por manipulación de la escena del crimen.

Los padres de Diego Felipe Becerra a través de una carta enviada al presidente del Congreso, el senador Juan Fernando Cristo han pedido suspender el ascenso del general Francisco Patiño. En la carta los padres de Diego Felipe Becerra señalaron que sería una afrenta a la condición de víctimas que al general Patiño se le reconociera cuando está siendo investigado por la Fiscalía y otras autoridades por haber participado, posiblemente, en la manipulación de la escena del crimen.

Son muchas las preguntas que aún están sin resolver, ¿por qué si Diego iba a disparar contra el patrullero Wilmer Alarcón el joven grafitero recibió un disparo por la espalda?, ¿por qué si supuestamente estaban robando no capturaron a sus amigos, incluso cuando estos llegaron a la clínica donde falleció Diego Felipe y allí estaba presente la Policía?, ¿por qué se insiste en ascender al Gral. Patino cuando está implicado en un caso que es investigado?, ¿Por qué se amenaza a la familia de Diego y al fiscal que lleva el caso, si no hay nada que temer?

Las preguntas son innumerables y mientras la Fiscalía intenta investigar éste caso, que se constituye en uno más de abuso policial, y la familia espera que no quede en la impunidad, sus amigos, conocidos, jóvenes, mujeres, hombres y artistas recuerdan hoy la memoria viva de Diego Felipe, un joven que sólo pintaba grafitis en Bogotá.

Diego Felipe Becerra Lizarazo en la Memoria

Diego Felipe Becerra Lizarazo Sin Olvido.