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lunes, 9 de diciembre de 2019

Blanca Cecilia Jiménez Contreras


Diciembre 7 1994


El 7 de diciembre 1994 en Cúcuta, Norte de Santander, paramilitares que se encontraban patrullando la zona, luego de obligar a un grupo de personas a ingresar a sus residencias, ejecutaron a Blanca Cecilia Jiménez Contreras, menor de apenas 12 años de edad. La víctima desacató la orden de los violentos, ya que debido a que su condición de no pudo escuchar las advertencias, y estos le propinaron un impacto de bala en el ojo izquierdo. El hecho ocurrió en el barrio Rudensito Soto, ubicado en la avenida 34 entre calles 16 y 17. 


Blanca, es una representación más de todas las niñas y niños inocentes que no hacen parte de esta guerra, víctimas de la violencia y las semillas de terror que han dejado los paramilitares y los diferentes grupos armados en el país.


Blanca Cecilia Jiménez Contreras en la Memoria.

Blanca Cecilia Jiménez Contreras Sin Olvido.

jueves, 5 de diciembre de 2019

Masacre en Jiguamiandó y Curvaradó


Diciembre 5 al 31 1997 

Del 5 al 31 de Diciembre Un grupo paramilitar asesinó a 20 campesinos y desapareció a otros 11 en Jiguamiandó y Curvaradó.

Un grupo paramilitar con abierta complicidad de la Fuerza Pública incursionó en los caseríos Bella Flor Remacho, Urada, Santa Fé de Churima, Llano Rico, Apartadocito, Arrastradero, Zapayal, Brisas de Curvaradó, Nueva Esperanza, Andalucía y Puerto Lleras, ubicados en los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, asesinando a 20 campesinos, y desapareciendo forzadamente a 11 más. 

El grupo paramilitar había salido, en su mayoría de la población de Bajirá y la acción contó con el apoyo de helicópteros. 

Durante el recorrido de muerte, los paramilitares asesinaron a Ruben San Pedro Tuberquia, Abel Guisao, Víctor Ramírez Soto, Esteban Barrio, Aurelio Agudelo, Eliseo Martinez, Andres Castaño, Gerardo Carvajal, Luis Enrique Correa, José Teofebes Gómez, Gerardo Vargas, Libardo y Argemiro Correa, a este último, los paramilitares lo decapitaron y le metieron la cabeza en el estómago y fueron desaparecidos de Santa Fé y Buena Vista Pablo López, Esther Hernández, Manuel Cuesta, Alcides Domico, Julio Arturo Garces, José Hernández, Edision Manuel Hernández, Vartica Hernández, Pablo López, Mario y su hermano.

Victimas de Jiguamiandó y Curvaradó en la Memoria
Victimas de Jiguamiandó y Curvaradó Sin Olvido 

lunes, 11 de noviembre de 2019

Masacre de Segovia

11 de noviembre de 1988

El domingo 11 de noviembre, centenares de habitantes de Segovia se dieron cita para rememorar a sus victimas, para exigir justicia y sobre todo, para que se conozca toda la verdad.

El 11 de noviembre de 1988, hacia las 6 de la tarde, paramilitares en connivencia con el ejercito nacional de Colombia asaltaron el municipio de Segovia, nordeste antioqueño desatando una orgia de sangre que dejó 43 personas muertas y decenas de heridos.

Este episodio fue el preludio del exterminio del partido Unión Patriótica ejecutado por una tenebrosa alianza de Sectores Políticos, fuerzas Militares y Paramilitares para impedir el avance de una propuesta política que amenazaba los privilegios de la clase dirigente.

Las organizaciones sociales que hacen presencia en el territorio: Cahucopana, ACVC y Reiniciar, y las victimas sobrevivientes del genocidio, llevan mas de tres décadas revindicando la memoria de las victimas de este oscuro episodio.

Hoy, en Segovia, se sigue viviendo un clima de violencia, sus habitantes se niegan a perder la esperanza y esperan que con una implementación eficaz de los acuerdos de La Habana pueda conocerse por fin toda la verdad de está masacre y reparar a las victimas.

Fuente: Agencia Prensa Rural. 


jueves, 12 de septiembre de 2019

Masacre de Carmen del Darién






Septiembre 12 de 2001


Carmen del Darién, Jiguamiandó y Curvaradó, en el departamento del Chocó, son cuencas de una zona estratégica para el control del Río Atrato, lugar que ha sido centro de disputas territoriales desde la colonización, y ha desembocando un conflicto histórico en materia social, ambiental y económica. Ninguno de estos territorios ha podido desmarcarse de la confrontación armada, el predominio de otras actividades delictivas, formas de violencia y el abandono por parte del Estado.

El 12 de septiembre, la vereda Pueblo Nuevo y el corregimiento Puerto Lleras, en Carmen del Darién, fueron azotados por la violencia paramilitar. Aquel miércoles hacia las 8 de la mañana ingresó al territorio un grupo de aproximadamente 30 hombres armados identificados como miembros del Bloque Élmer Cárdenas, En Puerto Lleras, asesinaron a tres campesinos, primero a César Emilio Chaverra Bejarano y Segundo Salinas Ibarra, quitándoles la vida a pedradas, luego la víctima fue Rubén Rentería Durán a quien degollaron.

Posteriormente, se dirigieron hacia el corregimiento de Pueblo Nuevo, donde lanzaron granadas y dispararon de forma indiscriminada. Entre los heridos se dio la muerte de dos personas: Inés Blandón una joven campesina de 28 años que estaba en su octavo mes de embarazo y junto a ella Eulalio Blandón uno de sus hijos de 16 años. Las muertes fueron justificadas por los victimarios acusando a los pobladores de ser aliados y colaboradores de la guerrilla. Además de los asesinatos saquearon las casas, se llevaron la ropa y los alimentos de los pobladores. 

Carmen del Darién viene realizando de manera colectiva su propia reconstrucción de la memoria, rechazando la violencia por medio de sus tradiciones culturales, desde manifestaciones los cantos de bullerengue, los sonidos de la chirimía, como símbolo y ejercicio autónomo de recuperar la vida, de convertir el dolor en esperanza y reconstruir el tejido social para iniciar un camino hacia la paz.

Masacre de Carmen del Darién, en la memoria
Masacre de Carmen del Darién, Sin Olvido

domingo, 11 de agosto de 2019

Beatriz Elena Monsalve Ceballos


11 de agosto de 1988

Beatriz Elena Monsalve Ceballos nació en Bello, Antioquia el 19 de agosto de 1961. Socióloga y trabajadora social de profesión egresada de la Universidad de Antioquia. Desde que realizó sus estudios trabajó con sectores populares en Bello, en el barrio La Mesa, ayudo para que se reestableciera el centro de salud.

A inicios de los años 80 fue dirigente del Movimiento Cívico de Antioquia. Beatriz era secretaria de relaciones internacionales del Frente Popular, militante del mismo y miembro de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Beatriz por su labor había tenido que desplazarse de la ciudad de Medellín por amenazas a Bogotá. 

Un día jueves 11 de agosto de 1988 en la ciudad de Bogotá, salió de su apartamento junto a Luz Mila Collantes, con quién compartía apartamento y estudiante de periodismo que era su secretaria. Juntas salieron de la vivienda en el barrio Santa Isabel para dirigirse hacia la calle 45 con carrera 9na. a las 8:30 a.m.

Desde entonces, familiares, amigos, vecinos y conocidos no supieron nada más de Beatriz y Luz Mila. Este día, paramilitares retuvieron a las dos mujeres, estando Beatriz en estado de embarazo de seis meses, ambas fueron torturadas y asesinadas con una pistola Colt calibre 45.

Dos días más tarde, el 13 de agosto un deportista que estaba trotando en Chía, encontró los dos cuerpos sin vida. Posteriormente, fueron trasladados a Medicina Legal, allí amigos y familiares las identificaron, Beatriz Elena tenía cinco tiros en la cabeza y Luz Mila ocho en su espalda, ambas tenían golpes en sus cuerpos y quemaduras.

No se determinaron los responsables de los hechos, el crimen contra la humanidad de estás dos jóvenes es impune, pero su memoria sigue entre nosotros, entre cientas de mujeres que han sido y siguen siendo violentadas.

Beatriz Elena Monsalve Ceballos en la Memoria.
Beatriz Elena Monsalve Ceballos Sin Olvido.

viernes, 2 de agosto de 2019

Jesús Eduardo Hernández

02 de agosto de 1982

Jesús Eduardo Hernández líder social, presidente de la Asociación Provivienda en Puerto Boyacá, vinculado a la Central Nacional Provivienda, CENAPROV, y militante del Partido Comunista Colombiano (PCC). Jesús como presidente creó lazos comunitarios y promovió el trabajo colectivo.

Durante 1982 el líder había sido víctima de amenazas por parte de militares y paramilitares, junto una tentativa de homicidio cuando el Capitán Oscar de Jesús Echandía Sánchez, quien había intentado atropellarlo.

Los hostigamientos y amenazas en su contra persistieron para que dejará el municipio y su labor hasta que el 2 de agosto, fue asesinado y desaparecido por el Capitán Echandía Sánchez quien además ejercía como alcalde militar en este momento, junto al paramilitar Gonzalo de Jesús Peréz de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.

El cuerpo de Jesús Eduardo no fue hallado sus asesinos lanzaron el cadáver al Río Magdalena y le abrieron el vientre para que su cuerpo no flotara.

Posteriormente, el 5 de agosto de 1982 el Juzgado Primero de Instrucción Criminal asumió de oficio la investigación por la desaparición forzada de este líder. Luego de 9 años el 18 de diciembre de 1991 se archivó el expediente y desde entonces el delito contra la humanidad de Jesús Eduardo quedó impune, a pesar de que Echandía Sánchez ejerció algún cargo militar o público en territorios donde se dieron múltiples hechos de violencia contra la población civil y sus líderes.

La memoria de Jesús sigue viva en el intento de que estos hechos no vuelvan a ocurrir y que en algún momento la verdad salga a la luz, y que la impunidad no exista más.

Jesús Eduardo Hernández en la memoria. 
Jesús Eduardo Hernández Sin Olvido.

lunes, 27 de mayo de 2019

Juan David Quintana Duque

27 de mayo de 2015

El 27 de mayo de 2015 fue asesinado Juan David Quintana en el barrio popular II de la comuna 6, Medellín. Juanda, como era llamado cariñosamente era defensor de derechos humanos, miembro de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá. Era una persona apasionada por el trabajo comunitario, egresado de la Uniminuto como comunicador social, fue un gestor cultural y artístico y trabajó en la red de bibliotecas públicas de la alcaldía.

Juan David, quién para entonces tenía 34 años y también se había desempeñado como un líder comunitario de la Comuna Seis, en el barrio Doce de Octubre, en Medellín, una zona en la que además había vivido por décadas junto a su esposa, dos hijos y su madre. Fue fundador de Movilicémonos Pueblo un colectivo urbano desde el año 2006, el cual, además estaba vinculado a Marcha Patriótica en Antioquia.

Lideró el Núcleo del Pensamiento, era promotor de la lectura y bibliotecario. En el año 2011, Juan David ingresó al Consejo de Padres de la Institución Educativa Santander y desde allí denunció el maltrato físico y psicológico al que eran expuestos los niños y niñas de la institución.

El líder había enviado una carta que constataba la situación y daba cuenta de las denuncias. Luego de esto, la respuesta fue una amenaza que lo obligó a desplazarse. Tiempo después le fue posible retornar, es así como continúo con su labor y en el año 2015 denunció el mal manejó que se le estaba dando a los recursos de Presupuesto Participativo y la forma en que estos recursos públicos estaban siendo aprovechados por paramilitares.

Desde entonces, se fijó a Juanda como objetivo militar de los criminales en Medellín. Sin embargo, reiteró las denuncias puesto que estos dineros podrían favorecer intereses políticos y criminales, haciendo énfasis en la problemática del cobro de las “vacunas” y las pequeñas extorsiones que sostenían actividades ilícitas en la ciudad. Al mismo tiempo, el defensor para entonces encontró un espacio para promover sus iniciativas de lectura popular y grupos de Hip-Hop.

Luego, en 2015 mientras estaba cursando un diplomado de artesanías en la Biblioteca España, el 27 de mayo de dicho año fue asesinado por sicarios en una moto, quienes con sevicia perpetraron el crimen y silenciaron esa voz que defendía la dignidad humana con 25 disparos de una subametralladora. Juanda cayó al suelo al lado de su moto, los verdugos huyeron impunes del lugar.

Su muerte fue consumada en un sitio en el que existen cuadrantes de policía permanentes y posterior a los hechos la institucionalidad quería dañar la imagen del defensor para ocultar el crimen, la Alcaldía como la policía propagaron ideas erradas sobre Juan David, el coronel en retiro Sergio Vargas, para entonces secretario de seguridad de Medellín afirmó por Blu Radio que tenía antecedentes y cuestiono su condición como defensor de derechos humanos.

Todo ello como una estrategia para estigmatizar y perseguir la labor de este defensor. Aún siendo vilmente asesinado su nombre fue utilizado para mantener la impunidad, sabiendo que habría sido asesinado por paramilitares de la oficina de Envigado. Aunque el crimen es impune y a pesar de las maniobras para manipular los hechos, Juanda y su memoria sigue viva junto a sus ideas, con sus familiares, amigos y académicos con los que compartió, quienes lo recuerdan hoy con un mensaje de esperanza que dice “En el mundo se ha desatado un tráfico de sueños que no pueden detener los traficantes de la muerte”. 

Juan David Quintana en la memoria
Juan David Quintana Sin Olvido


jueves, 21 de marzo de 2019

Hermes Enrique Vidal Osorio


21 de marzo de 2013

Hermes Enrique Vidal Osorio, tenía 60 años, había sido víctima de desplazamiento forzado de su finca en la vereda Mieles, en el corregimiento de Batata, Córdoba, también sobreviviente de la violencia armada en este departamento. Hermes, era el tercer miembro de su familia asechado y asesinado por defender los derechos de las víctimas y como víctima, hacia 20 años asesinaron a su padre Evaristo Vidal Arrieta, en 2010, atentaron contra la vida de su hermano Teófilo Vidal, siempre sus vidas amenazadas por el control paramilitar que les obligo a desplazarse de sus tierras.

Hermes Enrique Vidal, aunque había retornado hacia poco, no había iniciado un proceso de restitución de las tierras que le habían sido arrebatas, pero era un reconocido líder social de restitución por los desplazados en el departamento y por los paramilitares de la Casa Castaño.

El líder era miembro de la Mesa Municipal de Victimas de Valencia, Córdoba, representante legal de la Asociación de Población Desplazada de San Rafael Pirú (ASOVER) y líder de restitución en Valencia y Tierralta, también había pertenecido a la Junta de Acción Comunal de su corregimiento.  

Según testigos el señor Vidal fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicletas, quienes lo retuvieron y desaparecieron forzadamente el 21 de marzo de 2013, fue asesinado en inmediaciones del municipio de Valencia, donde lideraba procesos de restitución de tierras, su cuerpo fue encontrado el 23 de marzo de 2013 en la vereda Manzanares, zona rural de Valencia vía a Tierralta, cerca al río Sinú, Córdoba.


Hermes, es entre muchos la representación de los líderes sociales asesinados en Colombia, que no han tenido garantías como víctimas, ni por su labor como dirigentes de diversos sectores, especialmente, quienes adelantan procesos de restitución de tierras, son continuamente amenazados e intimidados y pese a que son asesinados, su memoria y su labor se ha perdurado frente a las trasgresiones de la realidad. 

Hermes Vidal Osorio en la Memoria
Hermes Vidal Osorio  Sin Olvido 


viernes, 18 de enero de 2019

Masacre de la Rochela


18 de enero de 1989

En enero de 1989 se encontraba un Comisión Judicial en Simacota, Santander. La comisión estaba compuesta por jueces, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), secretarios y conductores que acompañaban a los funcionarios, en total eran 15 servidores de la rama judicial que estaban investigando masacres y asesinatos selectivos en Magdalena Medio, entre ellos, el caso de desaparición forzada de 19 comerciantes en la región cometida por paramilitares.

Las investigaciones apuntaban entonces, a la consolidación y control del paramilitarismo por medio de la operatividad de violencia en el Magdalena Medio. Es por ello que, el 18 de enero de 1989 mientras los funcionarios se trasportaban en la región fueron detenidos aparentemente por la Fuerza Pública, quienes, los despojaron de sus armas y les indicaron que era lo mejor para evitar malos entendidos por los grupos armados que se encontraban en la zona.

Posteriormente, fueron interceptados y emboscados por paramilitares en un lugar conocido como La Rochela, la comisión fue atacada con un tiroteo que le quito la vida a 12 de los 15 funcionarios que se transportaban, tres de ellos sobrevivieron al azar y al aparentar estar muertos, luego, los paramilitares hurtaron las investigaciones que estaba adelantando este equipo jurídico, antes de que se retirasen dejaron un mensaje que decía “Fuera el MAS, fuera los paramilitares”, una acción que buscaba desviar los hechos de la complicidad y responsabilidad entre paramilitares y Fuerza Pública y atribuir la masacre a grupos guerrilleros.

En su momento, lo ocurrido fue muy cuestionado, la manera en que habían llegado al lugar, despojados de sus armas y no tenían ningún tipo de protección en un área reconocida como zona roja, de forma que, el papel de algunos medios contribuyo a que el gobierno tomara decisiones sobre la búsqueda de los responsables. Los testimonios de los tres sobrevivientes de la masacre ayudaron a la investigación de los perpetradores, meses después de la masacre se capturo a Alfonso de Jesús Baquero Agudelo, alias “Vladimir”o el “Negro Valadimir” líder del grupo paramilitar de los Mesetos en Magdalena Medio, este afirmo que la masacre fue auspiciada por comerciantes, ganaderos y miembros del Ejército Nacional.

De esta forma se conoció la implicación de los generales Farouk Yannine Díaz, Carlos Julio Gil Colorado, Alfonso Vacca Perilla y Juan Salcedo Lora, junto al congresista Tiberio Villa Real. Pese a los procesos judiciales iniciados por participación y omisión sobre las acciones paramilitares, los responsables no han sido judicializados, de 36 personas incriminadas solo dos de estos han sido sentenciados, incluso en 2018 los generales Vacca y Salcedo fueron exonerados de la responsabilidad.

El Estado colombiano ha legitimado y perpetuado la impunidad, dado que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), condeno en 2007 al Estado por lo ocurrido, ordeno reparación y la adjudicación de responsabilidades a los culpables y con nada ha cumplido. Los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la masacre siguen a la espera de verdad, justicia y reparación integral, reconstruyeron sus vidas sin el apoyo estatal y con la ausencia de sus seres queridos, pero con un sentimiento de que aún son acompañados por quienes se fueron.

Por ello, sigue viva la memoria de Mariela Morales Caro, 36 años, Jueza 4 de Instrucción Criminal de San Gil; Pablo Antonio Beltrán, 40 años Juez 16 de Instrucción Criminal de San Gil; Samuel Vargas, 44 años, Conductor del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil; Gabriel Enrique Vesga, 23 años, Miembro del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil; Cesar Augusto Morales, 28 años, Miembro del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil; Yul Germán Monroy, 28 años, Investigador del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá; Carlos Fernando Castillo, 24 años, Secretario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá; Orlando Morales, 21 años, Investigador del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial; Virgilio Hernández, 59 años, Secretario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá; Benhur Iván Guasca, 24 años, Investigador del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial; Luis Orlando Hernández, 29 años, Investigador del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá; Arnulfo Mejía, 24 años, Conductor del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil.

Víctimas de la Masacre de la Rochela en la Memoria
Víctimas de la Masacre de la Rochela Sin Olvido

viernes, 28 de diciembre de 2018

Franco Boscán Bonivento y Jorge Boscán Ortiz


28 de diciembre de 2001

Franco Boscán Bonivento, cacique de la casta Epinayú, indígena Wayúu Ararurayu de 89 años, un líder social innato y un líder indígena que hizo resistencia toda la vida contra la violencia en La Guajira. Franco era hijo de José Domingo Boscán líder y fundador de Maicao, a quien también asecho la violencia, posteriormente, Franco asumió su rol y fundo el barrio donde habitaba, el cual, llevaba su apellido y el de sus antepasados, Boscán.

El cacique Wayúu era un patriarca respetable en toda La Guajira colombo-venezolana, fue un amante de la naturaleza, un admirador y retribuidor a la madre tierra, edifico haciendas para la agricultura y la ganadería, protegió y recupero el agua, la flora y la fauna. Aunque vivió en medio del conflicto armado interno del país, siempre hizo paz para su comunidad, siempre procuro defenderla y protegerla, demostró valentía y afirmo la necesidad de vivir una sana convivencia entre los Wayúu y los aríjunas.

Su labor fue obstruida el 28 de diciembre de 2001, luego de que se diera una prolongada secuencia de asesinatos selectivos y graves violaciones a los derechos humanos por paramilitares, Fuerza Publica y actores empresariales, esta ola de violencia lo alcanzo este 28 de diciembre, cuando paramilitares del grupo Jorge Tobar alias “Jorge 40” o “el papa” asesinaron a Franco Boscán junto a su hijo Jorge Boscán Ortiz de 38 años.

A pesar del miedo y el terror dejado por los paramilitares, la huella de este jefe era más grande frente a las amenazas, por ello se llevó a cabo su digna sepultura, donde, se reunió una multitud de gente de todos los lugares para despedirlos. Los grupos armados continúan ejerciendo control político y militar sobre territorio Wayúu, pero la memoria de Franco y Jorge sigue viva, gracias a las ideas de paz que mantuvieron mientras se les permitió en vida, dejaron un legado de integración humana por encima de las múltiples diferencias.

Franco Boscán Bonivento y Jorge Boscán Ortiz en la Memoria
Franco Boscán Bonivento y Jorge Boscán Ortiz Sin Olvido

lunes, 17 de diciembre de 2018

Masacre de Riosucio 1997

17 y 18 de diciembre de 1997

Desde 1995 hasta 1997 en Riosucio, Chocó se dio una violencia desmedida, en torno a la disputa territorial que produjo múltiples desplazamientos, para que se diera una tenencia de la tierra de forma irregular por diferentes grupos armados  y empresarios.

El disputa por el territorio opero por medio de diversas masacres, de forma que, durante el 17 y 18 de diciembre de 1997, se realizó una incursión paramilitar, llegando, aproximadamente 200 paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas, quienes arribaron por el río de Jiguamiandó,  entrando a las veredas Remacho, Uradá, Santa Fe, Apartadocito, Arrastradero, Zapayal, Nueva Esperanza y Andalucía, en los corregimientos de Llano Rico y Puerto Lleras, en Riosucio, durante el recorrido por estor lugares asesinaron a 14 campesinos y secuestraron a nueve personas.

De las 23 víctimas, nueve fueron reconocidos, estos eran los campesinos Andrés Castaño, Argemiro Correa, José Teofenes Gómez, Luis Correa, Gerardo Vargas, Luis Emerson Martínez, Miguel Enrique Cardozo, Wilfrido Pimiento y Gerardo Carvajal, el cual, era un líder de la comunidad que reunía a los desplazados de la región. A las 14 personas que asesinaron, algunas fueron encontradas en fosas comunes con signos de tortura, degolladas o con impactos de bala y de las 9 personas secuestradas dos de ellos eran menores de edad (6 y 12 años), a quienes, mantuvieron en cautiverio durante 20 días.

Este hecho, produjo el desplazamiento forzado de 1.200 campesinos hacia Mutatá, Antioquia, durante dichos años la población del Bajo Atrato fue víctima de la violencia paramilitar, militar, guerrillera y empresarial, aún hoy en día hay impunidad, las víctimas siguen siendo revictimizadas, pero aun así siguen en una búsqueda de justicia, reparación, oportunidades de retorno y una correspondiente restitución de tierras de lo que se les fue arrebatado, exigiendo al Estado garantías de protección por las mismas, por sus derechos.

Víctimas de la Masacre de Riosucio de 1997 en la Memoria
Víctimas de la Masacre de Riosucio de 1997 Sin Olvido

miércoles, 31 de octubre de 2018

Jairo Ernesto Obregón

Octubre 31 2003


Un día como hoy del año 31 de octubre de 2003, Jairo Ernesto Obregón, abogado, ex concejal de Cúcuta, gerente encargado del Inurbe y presidente de la junta de acción comunal del barrio Belén, fue asesinado por paramilitares en horas de la mañana en la ciudad de Cucuta. Obregón fue defensor de detenidos políticos. Jairo además era hermano del exministro de trabajo y ex líder sindical Orlando Obregón. 

Bajo las ordenes de alias "Camilo" y alias "El Igüano" comandante del Bloque Catatumbo envió hombres armados bajo su mando hasta el lugar en el que residía el abogado, sobre la calle 17 No. 4-21 en la ciudad de Cúcuta, fue ultimado con disparos de arma de fuego y señalado de ser simpatizante de la guerrilla, por la labor que desempeñaba, defendiendo a personas acusada por delito de rebelión. 

Luego de los hechos, su familia fue obligada a desplazarse forzadamente y radicarse en la ciudad de Bogotá. Posteriormente, se tuvo conocimiento que el grupo paramilitar estaba al mando de Jorge Iván Laverde, quien ingresó a la residencia de Obregón y es el autor material de los hechos, la acción fue comandada también por el paramilitar Armando Perez Betancourth, luego del asesinato, Laverde huye en una motocicleta conducida por Jhonatan Sepulveda. Hoy el caso sigue en la impunidad  y aún se exige justicia sobre los hechos. 

Jairo Ernesto Obregón Sabogal en la Memoria
Jairo Ernesto Obregón Sabogal Sin Olvido

lunes, 8 de octubre de 2018

Gilma Yaneth Pineda Metaute



Martes 8 de octubre de 1996 


Hoy, Gilma Yaneth Pineda Metaute habría podido acompañar a su hija, a dar sus primeros pasos por la vida, llevarla a la escuela, acompañar su adolescencia,  asistir a sus grados, celebrar sus 15 años...


Yaneth fue la tercera de cuatro hermanas (o), nació en una vereda del municipio de San Roque en Antioquia, al igual que sus hermanas (o) creció entre cafetales, con el arrullo de los pájaros y el hermoso paisaje adornado de exuberantes montañas. Para ese entonces su família tenía una parcela en la que cultivaban productos de pan coger, café y árboles frutales, eso les alcanzaba para sobrevivir sin tantos apuros. 

El padre y la madre de Yaneth, dos campesinos, curtidos de trabajar la tierra, personas honestas e inconformes con la difícil situación que vivían los campesinos de la zona, se involucraron muy pronto en el movimiento campesino, en ese tiempo respaldado y apoyado por comunidades eclesiales de base, hombres y mujeres dedicados a llevar el mensaje de Cristo en todos los rincones de nuestro país, llegaron hasta esta vereda hablándo de un Cristo obrero, trabajador, que se encarnaba en la lucha contra las injusticias y la explotación, un Cristo humanizado, en el que inmediatamente se reconocieron niños y niñas, hombres y mujeres, quienes entendieron que la lucha por la dignidad humana era más que una necesidad, un deber Cristiano. 

En este ejercicio  de memoria aparecen personas importantes que participaron  en el proceso en  esa coherencia inevitable entre la palabra y la acción, para los que predicar el mensaje de Cristo implicaba un alto sentido de humanidad y compromiso al lado de los oprimidos el padre Jaime Restrepo y la hermana Sor Teresa Ramírez, vilmente asesinados, por optar estar del lado de los oprimidos.

Yaneth creció en este ambiente alentada por la lucha por una vida digna, las novenas comunitarias, el convite, la reunión, los encuentros de niños y de adultos, la formación política, las tomas y recuperaciones de tierra, bajo la consigna “la tierra pal que la trabaja” la tierra para la gente sencilla y trabajadora que diariamente amasaba con sus manos y el azadón el surco y sembraba la semilla para el alimento de todos y de todas.

El compromiso social y político de la familia fue mayor, llegó la participación en marchas, el paro de campesinos que agrupo a centenares de hombres y mujeres junto a sus hijos e hijas en el municipio de Cisneros en 1988, los campesinos y campesinas, habían tomado la decisión de abandonar sus parcelas y salir a los cascos urbanos para dar a conocer las exigencias en un pliego de peticiones para una vida digna, vías de comunicación, energía eléctrica, créditos a bajos intereses, escuelas, apoyo por parte del gobierno para el agro, tierra para todos y todas. 

Después de la participación en este movimiento campesino, su familia, especialmente el padre de esta familia fue víctima de amenazas, persecuciones, detenciones arbitrarias por parte del Ejército Nacional acusado de ser colaborador de la guerrilla. Esta situación obligo a la familia a desplazarse a otro municipio, el miedo y la zozobra lo obligaron a vender la parcela familiar que tenían en la vereda Guacas en el municipio de San Roque Antioquia a un bajo precio, como decía el decía “nos toco regalar la parcela, porque, nunca me la terminaron de pagar”.

La opción por la lucha para exigir los derechos, estaba cobrándole a la familia un alto costo, verse obligados a abandonar la tierra en la que  nacieron, este fue un momento muy difícil. Para ese año 1989, Yaneth tenía 11 años de edad, para ese entonces se empezaba a ver el temple, la sencillez, la humildad, la capacidad de entrega por su familia que la caracterizaron. El corto tiempo que les permitieron vivir, fueron tiempos difíciles y "la mona" como le decían cariñosamente nunca se quebró.

Se trasladaron a una vereda del municipio de Maceos, llegaron a una finca comunitaria, que los campesinos habían ganado en una lucha con sus dueños y era administrada por la comunidad, allí estuvieron tres años, aunque sobrevivían, gracias a la solidaridad de la gente, la situación de seguridad en esta comunidad estaba en máxima alerta, los grupos paramilitares tenían amenazada a la gente de esta comunidad con incursionar y acabar con toda la gente, efectivamente a finales del año 1989 una incursión paramilitar a la hora de la molienda a plena luz del día, tuvo como consecuencia el  asesinato de Don Alfonso Jiménez y se le causaron heridas a cinco campesinos más.

Esta situación y otras que vinieron después, como combates entre guerrilleros y el ejército muy cerca de la vereda, la detención del padre por parte del ejército acusado de ser colaborador de la guerrilla obligaron de nuevo a la familia a desplazarse a una vereda del municipio de Yolombó. Seguido de esto el padre estuvo detenido tres años en el municipio de Puerto Berrio, y la madre asumió la responsabilidad económica y emocional de la familia. 

Cuando él  obtiene la libertad, la familia toma la decisión de salir de la región, cada vez la situación de seguridad se tornaba más difícil, y a través de unos amigos llegaron a vivir al municipio de Guarne, en una finca. Para ese entonces "la mona" tenía 17 años, viendo la difícil situación económica por la que estaba pasando la familia, tomó la decisión de irse a trabajar como empleada doméstica para colaborar económicamente.

La situación económica obligó a la familia a un nuevo desplazamiento, para la ciudad, fue así como llegaron a Medellín, todos comenzaron a trabajar, estudiar, la mona se enamoró, muy pronto quedó embarazada de una hermosa niña.

A los 19 años recién cumplidos, un lunes 7 de octubre, salio de su casa  para acompañar a un amigo que iba para San Roque y, este fue el último día que la vieron, la escucharon, la abrazaron. Esa tarde, se despidió de la madre, de su hija y emprendió su camino hacia la muerte, nunca se supo con claridad la verdad de los hechos, ¿quiénes la asesinaron? y ¿Por qué? Al día siguiente 8 de octubre, en horas de la mañana todos los medios de comunicación daban la noticia que  en un combate que se presentó en el municipio de La Unión (Ant) habían dado de baja a cuatro guerrilleros del ELN, entre los que se encontraba Yaneth, su cuerpo fue vestido con prendas militares, le pusieron armas. Por comentarios se supo que fueron interceptados en el carro en el que se desplazaban, un trooper de color verde, por paramilitares. Según versiones, ellos los entregaron a miembros del ejército y estos los asesinan y los hacen aparecer como muertos en combate, todo esto ocurrió durante la gobernación de Álvaro Uribe Vélez.

Hoy la familia esta convencida que el asesinato de Yaneth fue una ejecución extrajudicial. Estan en el proceso de esclarecer los hechos para que los responsables sean desenmascarados y rindan cuentas ante la justicia y la sociedad colombiana.

Este pequeño relato habla de la vida de un ser maravilloso, hermoso, a la que aman profundamente aún después de su partida, con la que tienen una deuda pendiente, dar a conocer su historia, que se sepa que existió, que tenía sueños que no le permitieron realizar, que quería estudiar, viajar, bailar, enamorarse, que su vida fue arrebatada, y que es necesario buscar el camino de la justicia en su nombre.


Gilma Yaneth Pineda Metaute  en la Memoria.
Gilma Yaneth Pineda Metaute  Sin Olvido

martes, 21 de agosto de 2018

Masacre la Gabarra


Agosto 21 de 1999 


El sábado 21 de agosto de 1999, Felipe (*), de apenas 16 años, estaba en el bar El Sapo de La Gabarra cortejando a una de las tantas prostitutas que por esos días vivían en ese caluroso corregimiento de Tibú. Junto a unos amigos, había llegado a este lugar desde temprano a “ver a las mujeres” y hablar con quienes le acompañaban.

A El Sapo no solo asistían habitantes de La Gabarra. La mayoría de sus clientes provenían de las montañas cercanas que, después de varios días de estar ‘raspando’ coca, utilizaban los fines de semana para bajar al pueblo a comprar víveres, beber cerveza y estar ‘un rato’ con las putas.

Ese sábado parecía normal. No había nada que les hiciera pensar a los emparrandados habitantes de este corregimiento que las cosas se iban a poner feas pasadas las 7 de la noche.

Si bien desde finales de mayo, un grupo de paramilitares proveniente de Córdoba hacía presencia en la carretera entre Tibú y La Gabarra y habían asesinado a varias personas a quienes sindicaron de pertenecer a la guerrilla o de ser sus colaboradoras, los habitantes de este corregimiento se sentían seguros por la presencia constante de la Policía y el Ejército en su pueblo y las inmediaciones del mismo.

En el centro del corregimiento, la estación de Policía albergaba en su interior un número significativo de uniformados que patrullaban las polvorientas calles de La Gabarra, tropezándose en las esquinas con soldados de la base que el Ejército tiene instalada a escasos 200 metros del pueblo, pasando el puente sobre el río Catatumbo.

“Como a las 7:50 de la noche de ese sábado se fue la luz. Sin embargo, ahí en El Sapo tenían una planta eléctrica y nos quedamos a oscuras un momento no más. Luego se volvió a ir la luz otra vez pero la planta nos iluminó nuevamente. A la tercera vez ya no volvió más. Fue justo en ese momento cuando llegaron los ‘paracos’ y de una patada entraron al bar”, recuerda Felipe con la mirada perdida en el río Catatumbo, el mismo en el que vio decenas de cuerpos correr, la mayoría de las veces mutilados.

“Cuando los ‘paras’ entraron traían una lista en sus manos. Dijeron ‘el que esté en esta lista se muere y el que no tenga cédula también’. Ahí en El Sapo alcancé a ver cómo mataban a un señor que estaba borracho y quiso enfrentársele a un ‘para’ con un cuchillo. Luego me dejaron ir porque vieron que yo era menor de edad”, cuenta este joven que aún hoy no olvida cómo al tratar de esconderse de la masacre que se acababa de desatar en su pueblo, terminó acurrucado junto a un cadáver en el negocio donde vendían carne y que estaba ubicado junto a este bar.

Lo que vendría después, hasta bien entrada la madrugada del domingo 22, sería considerado por las víctimas de esta masacre como el peor infierno de sus vidas. Una bengala, que muchos habitantes de La Gabarra no dudaron en afirmar que fue lanzada desde la base del Ejército, significó el fin de esa primera incursión paramilitar.

Al despuntar el día, los cuerpos de 35 personas yacían regados por varios puntos del corregimiento. Los cadáveres fueron recogidos por el tractor que hacía las veces de recolector de la basura. Los rostros conocidos hicieron su aparición entre la pila de muertos y las lágrimas, que aún hoy brotan de los rostros de estas víctimas, llegaron para quedarse.

LOS PARAMILITARES, MÁS DE 200, SE ADUEÑARON DE LA GABARRA A PUNTA DE PLOMO, MOTOSIERRA Y VIOLACIONES

Una vez instalados, el negocio de la droga se convirtió en su única obsesión. Para ello, los hombres de Mancuso, bajo el mando de Armando Alberto Pérez Betancourt (alias Camilo), designaron a Los Azules, un escuadrón que vestía con overoles de este color y cuya misión era velar porque toda la coca producida en La Gabarra y sus alrededores solo les fuera vendida a ellos o a quienes ellos designaran.

“Todo en La Gabarra pasó a ser controlado por ellos. No se hacía nada sin su permiso. Hasta los problemas conyugales eran resueltos por estos sujetos”, afirma Felipe, quien tuvo en sus manos el poder de darle un giro radical a esta historia de dolor.

Según contó a La Opinión, un día un niño de ‘7 o 10 años’ que en La Gabarra era conocido como ‘Paraquito’ por la cercanía que tenía con algunos miembros del Bloque Catatumbo y por, aunque suene difícil de creer, haber propiciado la muerte de varias personas tras sindicarlas de ser guerrilleras, acusó a su hermano de ser el responsable del robo de unas joyas de un ‘para’ que vivía en el pueblo.

“Mi hermano administraba un negocio de juegos de video. ‘Paraquito’ iba allá a jugar. Un día, a mi hermano se lo llevaron los ‘paras’ porque ese niño lo acusó de haberse robado unas joyas. Camilo, que vivía al lado de mi casa, era quien debía decidir qué hacer con mi hermano. Por eso, me subí a un árbol con una escopeta de mi papá y lo tuve varias horas en la mira. Si a mi hermano lo hubiesen matado, yo lo hubiese matado a él así luego me mataran a mí y a toda mi familia”, sostuvo Felipe.

Para su fortuna y, sobretodo la de Camilo, el hermano de Felipe fue liberado luego de que se lograra establecer que ‘Paraquito’ era quien había robado las joyas para ir a jugar con las consolas del negocio que este administraba.

La muerte de Camilo, sin duda, habría marcado otro escenario en La Gabarra, un escenario que Felipe tuvo en sus manos. No obstante, con Camilo vivo, la historia de La Gabarra fue otra, cargada de miles de muertos, miles de desplazados y miles de desaparecidos.

(*) Nombre cambiado

‘LA COCA SE LE VENDE A LA GUERRILLA’

Luego de la desmovilización del Bloque Catatumbo, el 10 de diciembre de 2004, La Gabarra volvió a quedar en manos de quienes por años habían ejercido la autoridad en este lugar: la guerrilla de las Farc.

Con la salida de los ‘paras’, el negocio de la droga no se vio afectado, lo único que cambió fueron las personas que cada cierto tiempo pasan por las fincas recogiendo la base de coca que allí en esta zona de Norte de Santander se produce.

Una persona que habló con La Opinión bajo la condición de que su nombre no fuera revelado, contó detalles acerca de cómo funciona en estos momentos el lucrativo negocio de la droga en la región.

“Actualmente estamos sembrando la coca injerto, que tiene cerca de 4 años de haber llegado a la región. Antes se sembraba la coca dulce o peruana, que tenía la hoja más ancha y era más blandita para raspar”, sostuvo.

Según esta persona, la coca injerto crece más rápido y echa más hojas, pero su transformación a base de coca requiere de más insumos que la peruana, lo que hace más cara su producción.

“Por aquí hemos intentado sembrar la coca cuarentana, que es muy buena para producir base con poca cantidad, pero la tierra no nos deja. Con esa coca se produce un kilo de base por cada 30 arrobas, mientras que la injerto apenas bota un kilo por 50 arrobas”.

Esta persona contó que los cultivos de coca han crecido en La Gabarra, sobre todo “río arriba, por la zona de Caño Tomás”.

También indicó que el kilo de base de coca se está pagando a $2.400.000, “aunque a veces baja o sube el precio dependiendo de lo difícil que sea conseguir los insumos”.

Finalmente, comentó que la coca que allí se siembra se le vende a la guerrilla.

“Ellos son los dueños del negocio. Si usted le quiere vender a otra persona, tiene que ser con su permiso. Ellos tienen personas que les recogen la coca en los puntos donde uno va a venderla. La guerrilla de las Farc lleva los controles por la bulla que se hace cuando uno va a ‘raspar’, pues para eso tiene que contratar unas 20 o 25 personas y ahí es donde ellos se dan cuenta quién raspó y quién tiene mercancía para vender”.

Victimas de la Masacre de la Gabarra en la Memoria.
Victimas de la Masacre de la Gabarra Sin Olvido.

TEXTO TOMADO DEL UNIVERSAL http://www.eluniversal.com.co/colombia/masacre-de-la-gabarra-15-anos-despues-167942 

martes, 25 de agosto de 2015

Héctor Abad Gómez





Agosto 25 de 1987 - Agosto 25 de 2015


El 25 de agosto de 1987, los defensores de derechos humanos de Antioquia vivieron una de sus jornadas más dolorosas. Cuando apenas despuntaba el día, sicarios dieron muerte a Luis Felipe Vélez, presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida).
Su cuerpo fue trasladado a la sede gremial, en pleno centro de Medellín, para su velación. Hacia allá se dirigieron el entonces presidente del Comité Permanente para la Defensa de los Humanos de Antioquia, el médico Héctor Abad Gómez, y su fiel escudero, el también médico Leonardo Betancur Taborda. Pero al llegar al lugar, hombres armados dispararon contra Abad Gómez y Betancur Taborda. La tragedia fue peor de lo ya que era.
Hoy, 28 años después, amigos, familiares y activistas de derechos humanos que compartieron en vida con los defensores y, además, docentes de la Universidad de Antioquia, no solo continúan lamentando profundamente su pérdida sino que sienten que el manto de impunidad que cubre estos crímenes es realmente vergonzoso.
Y no es para menos. Luego de que se vencieran los términos de la investigación y se decidiera archivarla sin avances significativos hace poco más de una década, la Fiscalía General de la Nación decidió reabrir el caso tras las declaraciones entregadas el 13 de febrero de 2012 por Diego Fernando Murillo Bejarana, alias ‘Don Berna’, quien desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos, dijo ante fiscales de Justicia y Paz que quien asesinó a los activistas Abad Gómez y Taborda Betancur fue el propio Carlos Castaño.
“Carlos y Fidel consideraban que el doctor Héctor Abad hacía parte de la estructuras de la guerrilla del Epl en la ciudad de Medellín, ya que por su labor defensa de los derechos humanos hacia algún tipo de denuncia en la cual sectores de las Fuerzas Armadas, se consideraban afectados. Carlos Y Fidel consideraban que a través de estas denuncias le estaba haciendo el juego al Epl. Carlos toma la decisión de ejecutarlo y él personalmente va con un trabajador del que le dicen Argiro”, narró alias ‘Don Berna’.
Más allá de esta declaración, pocos son los avances de la justicia en el esclarecimiento de estos crímenes. Por ello, VerdadAbierta.com le preguntó a reconocidos juristas, politólogos y activistas de derechos humanos si los asesinatos de Abad Gómez, Betancur Taborda y Vélez se pueden constituir como delitos de lesa humanidad y si esa declaratoria ayudaría a esclarecer un crimen cuya falta de castigo constituye un lastre vergonzoso en la historia reciente de Antioquia y del país.

Quienes compartieron espacios, momentos e ideales con estos activistas coinciden en recordarlos como hombres sin tacha, elocuentes, entregados a la causa de defender a las víctimas de una violencia que por aquellos años arremetía con toda su furia contra dirigentes políticos de oposición, estudiantes universitarios, intelectuales, miembros de organizaciones no gubernamentales y campesinos.

El Artículo 7 del Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998 y que crea la Corte Penal Internacional, define el crimen de lesa humanidad como cualquier acto de asesinato, tortura, esclavitud, deportación, encarcelación, violencia sexual, persecución o desaparición forzada que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.
Colombia fue uno de los 78 países que firmó el Estatuto y lo ratificó en 2002. Pese a ello, solo entró en plena vigencia en el ordenamiento jurídico interno en noviembre de 2009 debido a una salvaguarda firmada por el entonces presidente Andrés Pastrana Arango según la cual, este instancia de justicia trasnacional solo podría conocer crímenes de guerra y de lesa humanidad a partir de ese año.
Quiere decir lo anterior que, no obstante que en el Código Penal colombiano no está explícitamente consagrado el delito de lesa humanidad, fiscales y jueces pueden remitirse a lo conceptuado por la Corte Penal Internacional. En ese sentido, podría argumentarse que los asesinatos de Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur Taborda y Luis Felipe Vélez, defensores de derechos humanos y docentes de la Universidad de Antioquia, cabrían en la categoría de “crímenes de lesa humanidad” por sus sistematicidad y especificidad.

Héctor Abad Gómez en la Memoria
Héctor Abad Gómez Sin Olvido.


Texto tomado de Verdad Abierta:  http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/asesinatos-colectivos/5424-hector-abad-gomez-crimen-de-lesa-humanidad

martes, 13 de enero de 2015

25 años de la desaparición forzada de 43 campesinos en Pueblo Bello

14 de enero 1990 - 14 de enero 2015 

Hoy conmemoramos un aniversario más de la desaparición de 43 campesinos de Pueblo Bello. Para los familiares son 25 años de trabajo en búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación por el daño causado. En el camino hemos encontrado resultados satisfactorios a nuestra lucha, pero continúa la incertidumbre por la ausencia de nuestros seres queridos.

Hoy 14 de enero de 2015 nos reunimos para hacer memoria y honrar el nombre de nuestros seres queridos, hombres buenos y trabajadores víctimas de la desprotección del Estado. Hace 25 años familiares y habitantes de Pueblo Bello, Antioquia, le preguntaron de forma valerosa al entonces Capitán del Ejército, Fabio Enrique Rincón Pulido, por el paradero de los 43 campesinos de Pueblo Bello que fueron raptados por más de 60 paramilitares conocidos como “Los Tangueros”. En nombre de la fuerza pública acantonada en San Pedro de Urabá, él respondió: “en Pueblo Bello cambiaron vacas por gente”, haciendo referencia a un robo de 43 reses realizado por la guerrilla en diciembre de 1989 a paramilitares de la finca “Las Tangas” en Córdoba.

La desaparición forzada de los 43 campesinos ha quedado recluida en el pasado de la sociedad colombiana, sin embargo, para las familias es parte del pasado y también es parte de un presente lleno de incertidumbre al no saber del paradero de nuestros seres queridos. Es un presente colmado de preguntas sin respuesta y de miedo de volver a vivir un hecho tan triste.

Escuchamos en los medios de comunicación que lo ocurrido en México con los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha conmocionado al mundo y la sociedad mexicana, logrando movilizar a expertos e identificar presuntos responsables en ese país. Sin embargo, en Colombia, después de 25 años, los familiares de los 43 campesinos desaparecidos forzadamente en Pueblo Bello seguimos exigiendo justicia y castigo a los verdugos que participaron y a todos los implicados de la fuerza pública permitieron este atroz crimen en la zona de Urabá.

Familiares de los desaparecidos y allegados a nuestra incansable búsqueda, tanto a nivel nacional como internacional, año tras año esperamos con optimismo que la justicia impere sobre los victimarios; lastimosamente, vemos con preocupación los pocos resultados obtenidos en la búsqueda de nuestros desaparecidos y la ausencia de identificación de la totalidad de los responsables.

Nosotros seguiremos exigiendo el derecho a conocer la verdad y el derecho a obtener justicia por el daño que nos han causado. La actual política del gobierno del Sr. Presidente Dr. Juan Manuel Santos con las víctimas ha sido publicitar medidas de reparación económicas, pero esto no es suficiente, es necesaria y urgente una reparación con verdad y con justicia.

Recordamos que el 9 de marzo de 2009 el Dr. Juan Manuel Santos, entonces Ministro de Defensa, en nombre del Estado de Colombia pidió perdón a los familiares y a la sociedad por los hechos del caso Pueblo Bello, en cumplimiento de una de las medidas de reparación ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 31 de enero de 2006, donde el Estado fue condenado por la Desaparición Forzada de los 43 campesinos. Sin embargo, han pasado 9 años desde que se dictó esta sentencia y aún las medidas de reparación siguen pendientes por cumplir. No existe para el caso de los 43 campesinos de Pueblo Bello voluntad política del Estado para reparar de manera integral y digna a las familias mediante lo dispuesto en la sentencia de la Corte Interamericana.

Ante estos 25 años de abandono del Estado, los valientes familiares y los ciudadanos que nos han acompañado mantenemos la esperanza de obtener justicia y ser reparados conforme lo ordenado por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Creemos que la paz es posible y que para lograrla se necesita justicia. Nosotros seguiremos presentes y seguiremos luchando en memoria de los 43 campesinos desaparecidos forzadamente en Pueblo Bello, Antioquia, el 14 de enero de 1990.

Así fueron los hechos de la desaparición forzada de los 43 campesinos y así va el caso. Comunicado por la  Comisión Colombiana de Juristas 

Comunicado escrito por los familiares PueBllo 


Sus nombres: 


1. José del Carmen Álvarez Blanco
2. Fermín Agresott Romero
3. Víctor Argel Hernández
4. Genor Arrieta Lora
5. Cristóbal Manuel Arroyo Blanco
6. Diómedes Barrera Orozco
7. Urías Barrera Orozco
8. Jorge Fermín Calle Hernández
9. Jorge Arturo Castro Galindo
10.Benito Genaro Calderón Ramos
11.Juan Miguel Cruz (o Cruz Ruiz)
12.Ariel Dullis Díaz Delgado
13.Camilo Antonio Durango Moreno
14.César Augusto Espinoza Pulgarín
15.Wilson Uberto Fuentes Miramón
16.Andrés Manuel Flórez Altamiranda
17.Santiago Manuel González López
18.Carmelo Manuel Guerra Pestana
19.Miguel Ángel Gutiérrez Arrieta
20.Lucio Miguel Úrzola Sotelo
21.Ángel Benito Jiménez Julio
22.Miguel Ángel López Cuadro
23.Mario Melo Palacio
24.Carlos Antonio Melo Uribe
25.Juan Bautista Meza Salgado
26.Pedro Antonio Mercado Montes
27.Manuel de Jesús Montes Martínez
28.José Encarnación Barrera Orozco
29.Luis Carlos Ricardo Pérez
30.Miguel Antonio Pérez Ramos
31.Raúl Antonio Pérez Martínez
32.Benito José Pérez Pedroza
33.Elides Manuel Ricardo Pérez
34.José Manuel Petro Hernández
35.Luis Miguel Salgado Berrío
36.Célimo Arcadio Hurtado
37.Jesús Humberto Barbosa Vega
38.Andrés Manuel Peroza Jiménez,
39.Juan Luis Escobar Duarte,
40.José Leonel Escobar Duarte,
41.Ovidio Carmona Suárez,
42.Ricardo Bohórquez Pastrana
43.Jorge David Martínez Moreno