Elizabeth Cañas Cano,José Antonio Hernández y Diego Fernando Gómez

Julio 11-21 de 2000

Durante los días 11 al 21 de julio de 2000, fueron asesinados por paramilitares la integrante de Asociación de Familiares Detenidos-Desaparecidos, ASFADDES, Elizabeth Cañas Cano, el asesor jurídico de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, José Antonio Hernández y el dirigente del sindicato de trabajadores del Instituto de Seguros Sociales Diego Fernando Gómez.

Los asesinatos de estas tres personas se dieron por los avances dentro de la investigación que se adelantaba por la Masacre de Barrancabermeja, quienes en calidad de testigos aportaron datos claves para la vinculación de militares y paramilitares. El primer vinculado a este proceso fue el cabo segundo del Ejército, Rodrigo Pérez Pérez, perteneciente al Batallón Nueva Granada con sede en Barrancabermeja, a quién se le dictó medida de aseguramiento el 12 de agosto de 1998. Sin embargo, a los 8 meses este militar recuperó la libertad provisional por el pago de una fianza de aproximadamente US$150.

Aproximadamente tres años después, el fiscal que dirigió la investigación logró vincular al proceso al paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias ‘Panadero’ y a los civiles Álvaro Noriega y Graciliano Alarcón León.

Días antes del asesinato de Elizabeth, el 9 de julio de 2000, la testigo, había sido perseguida por dos hombres armados y dos días después, el 11 de Julio de 2000, fue ejecutada en Barrancabermeja, Santander, mientras se dirigía al Instituto de Seguros, en donde trabajaba; Elizabeth fue interceptada por paramilitares que se movilizaban en una camioneta quienes le dispararon causándole la muerte inmediata.

Elizabeth Cañas era hermana de José Milton Cañas y madre de Giovanny Herrera Cano quienes fueron desaparecidos junto a 25 personas más durante la Masacre de Barrancabermeja, ocurrida el 16 de Mayo de 1998. Esta valiente mujer un año antes de su asesinato ofreció su testimonio en calidad de víctima junto con su sobrina ante el Tribunal Internacional de Opinión realizado en Toronto y Montreal Canadá que se realizó durante los días 14, 15 y 16 de Mayo de 1999.

Y no bastó con asesinar a Elizabeth, también lo hicieron con los otros dos testigos, el 13 de Julio de 2000 fue asesinado Diego Fernando Gómez, quien era el dirigente del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales, además fue un destacado líder deportivo de la ciudad de Barrancabermeja. El asesinato de Diego fue en el Centro Auxiliar de Servicios Docentes, CASD, en el barrio Ciudad Bolívar los disparos que atentaron contra su vida fueron a manos de los mismos paramilitares que cegaron la vida de Elizabeth Cañas,los asesinos se movilizaban en la misma motocicleta de placas RX-115.

Ocho días después el 21 de Julio del 2000 hacia las 8:30 p.m. en el billar San Tropel ubicado en el barrio Tres Unidos, en Barrancabermeja, José Antonio Hernández quien era abogado, economista, dirigente sindical universitario, dirigente popular, miembro del Partido Comunista Colombiano PCC, y asesor jurídico de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos fue asesinado. Sus asesinos fueron identificados como paramilitares quienes se movilizaban en la misma motocicleta Yamaha RX-115.

Años más tarde la verdad y la justicia sigue ocultándose, las víctimas y sus familias, saben quiénes son los responsables, pero su verdad no es acogida, es rechazada, estigmatizada y negada.

El asesinato de Elizabeth Cañas, José Antonio Hernández, Diego Fernando Gómez quienes por ser testigos en los procesos contra paramilitares y altos mandos militares ofrecieron su vida para que algún día la verdad salga a la luz, sin embargo, estos crímenes también se encuentran en total impunidad.

Las afirmaciones de diferentes organismos de derechos humanos siguen vigentes al señalar que una de las causas de la impunidad en el país es que no existe suficiente protección para los testigos, víctimas, reclamantes y defensores y defensoras de derechos humanos que entregan su vida y su labor con el único fin de exigir justicia y verdad.

Eizabeth, José Antonio y Diego Fernando en la Memoria.

Eizabeth, José Antonio y Diego Fernando Sin Olvido.

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Masacre de la Rochela

18 de enero de 1989

En enero de 1989 se encontraba un Comisión Judicial en Simacota, Santander. La comisión estaba compuesta por jueces, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), secretarios y conductores que acompañaban a los funcionarios, en total eran 15 servidores de la rama judicial que estaban investigando masacres y asesinatos selectivos en Magdalena Medio, entre ellos, el caso de desaparición forzada de 19 comerciantes en la región cometida por paramilitares.

Las investigaciones apuntaban entonces, a la consolidación y control del paramilitarismo por medio de la operatividad de violencia en el Magdalena Medio. Es por ello que, el 18 de enero de 1989 mientras los funcionarios se trasportaban en la región fueron detenidos aparentemente por la Fuerza Pública, quienes, los despojaron de sus armas y les indicaron que era lo mejor para evitar malos entendidos por los grupos armados que se encontraban en la zona.

Posteriormente, fueron interceptados y emboscados por paramilitares en un lugar conocido como La Rochela, la comisión fue atacada con un tiroteo que le quito la vida a 12 de los 15 funcionarios que se transportaban, tres de ellos sobrevivieron al azar y al aparentar estar muertos, luego, los paramilitares hurtaron las investigaciones que estaba adelantando este equipo jurídico, antes de que se retirasen dejaron un mensaje que decía “Fuera el MAS, fuera los paramilitares”, una acción que buscaba desviar los hechos de la complicidad y responsabilidad entre paramilitares y Fuerza Pública y atribuir la masacre a grupos guerrilleros.

En su momento, lo ocurrido fue muy cuestionado, la manera en que habían llegado al lugar, despojados de sus armas y no tenían ningún tipo de protección en un área reconocida como zona roja, de forma que, el papel de algunos medios contribuyo a que el gobierno tomara decisiones sobre la búsqueda de los responsables. Los testimonios de los tres sobrevivientes de la masacre ayudaron a la investigación de los perpetradores, meses después de la masacre se capturo a Alfonso de Jesús Baquero Agudelo, alias “Vladimir”o el “Negro Valadimir” líder del grupo paramilitar de los Mesetos en Magdalena Medio, este afirmo que la masacre fue auspiciada por comerciantes, ganaderos y miembros del Ejército Nacional.

De esta forma se conoció la implicación de los generales Farouk Yannine Díaz, Carlos Julio Gil Colorado, Alfonso Vacca Perilla y Juan Salcedo Lora, junto al congresista Tiberio Villa Real. Pese a los procesos judiciales iniciados por participación y omisión sobre las acciones paramilitares, los responsables no han sido judicializados, de 36 personas incriminadas solo dos de estos han sido sentenciados, incluso en 2018 los generales Vacca y Salcedo fueron exonerados de la responsabilidad.

El Estado colombiano ha legitimado y perpetuado la impunidad, dado que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), condeno en 2007 al Estado por lo ocurrido, ordeno reparación y la adjudicación de responsabilidades a los culpables y con nada ha cumplido. Los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la masacre siguen a la espera de verdad, justicia y reparación integral, reconstruyeron sus vidas sin el apoyo estatal y con la ausencia de sus seres queridos, pero con un sentimiento de que aún son acompañados por quienes se fueron.

Por ello, sigue viva la memoria de Mariela Morales Caro, 36 años, Jueza 4 de Instrucción Criminal de San Gil; Pablo Antonio Beltrán, 40 años Juez 16 de Instrucción Criminal de San Gil; Samuel Vargas, 44 años, Conductor del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil; Gabriel Enrique Vesga, 23 años, Miembro del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil; Cesar Augusto Morales, 28 años, Miembro del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil; Yul Germán Monroy, 28 años, Investigador del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá; Carlos Fernando Castillo, 24 años, Secretario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá; Orlando Morales, 21 años, Investigador del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial; Virgilio Hernández, 59 años, Secretario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá; Benhur Iván Guasca, 24 años, Investigador del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial; Luis Orlando Hernández, 29 años, Investigador del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá; Arnulfo Mejía, 24 años, Conductor del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil.

Víctimas de la Masacre de la Rochela en la Memoria

Víctimas de la Masacre de la Rochela Sin Olvido

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