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martes, 11 de junio de 2019

Masacre de La Granja


 11 de junio de 1996

La Granja es un corregimiento ubicado en el municipio de Ituango, al norte del departamento de Antioquia. En junio de 1996, un martes 11, incursionaron aproximadamente 30 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) obligando a que la población cerrara los establecimientos y que salieran todos de sus casas.

Cuando reunieron a toda la población torturaron en frente de todos los pobladores, a cinco campesinos, algunos de ellos líderes sindicales, acusados de ser auxiliadores de la guerrilla de las FARC. Los familiares de William de Jesús Villa García, Graciela Arboleda, Jairo de Jesús Sepúlveda y Héctor Hernán Correa García vieron sufrir y morir a sus familiares en manos del grupo paramilitar al mando de Carlos Mauricio García alias “Doble Cero”, asesinado en 2004 y por ordenes de los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso, quienes serían también los presuntos autores intelectuales del crimen. 

Junto a la Masacre de El Aro y San Roque la población abandonó su tierra, más de 700 personas fueron desplazadas forzosamente y perdieron sus cosechas de pancoger, sus viviendas y los espacios comunitarios se deterioraron, el puesto de salud, la institución educativa, el tejido social fue afectado, se dio una desintegración familiar e incluso perdida de sus costumbres. Los hechos ocasionaron graves daños individuales y colectivos.

Esta masacre fue promovida por un grupo de comerciantes y ganaderos que tenían de referente esta zona como un territorio controlado por las FARC, los patrocinadores era supuestas víctimas del grupo guerrillero y por ello promovieron la masacre, ofrecieron 300 millones de pesos a los paramilitares para asesinar a los campesinos, además se contó con la complicidad del Ejército, siendo señalado el general Monsalva.

Luego, el 27 de agosto de 2001, la población volvió a escuchar un rumor que decía “Ya vienen los paras." Los pobladores comenzaron a huir, algunos se encerraron y a las 6 de la tarde comenzó un enfrentamiento entre las Autodefensas y las FARC, por segunda vez, se dio otra masacre dejando a seis personas muertas y nuevamente la comunidad fue desplazada.

La Fiscalía general de la Nación determinó que las víctimas eran solo campesinos y que estos nada tenían que ver con los grupos subversivos.

Años más tarde durante la desmovilización de los paramilitares con la Ley de Justicia y Paz,  Salvatore Mancuso y Franciso Villalba vincularon a Álvaro Uribe de ser uno de los autores intelectuales de la masacre, junto a los hechos ocurridos en El Aro, quien para aquel entonces era gobernador de Antioquia e indicaron que este tenía conocimiento de las incursiones armadas, Mancuso confesó que las campañas presidenciales de Álvaro Uribe en 2007 fueron financiadas por paramilitares en ciertas regiones del país y además se afirmó que se buscaba mantener el control de estos corregimientos por ser parte de un corredor estratégico para la circulación de narcóticos.

En 2015, la magistrada María Consuelo Rincón reiteró investigar a Uribe por acción u omisión en esta masacre y el Tirbunal Superior de Medellín también ordenó que se le investigara por el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien habría advertido de la llegada de los paramilitares a El Aro, La Granja y San Roque, en Ituango.

En las acciones armadas se vinculó al comandante de la IV Brigada, el general Carlos Alberto Ospina,  el comandante de la Policía de Antioquia, Carlos Emilio Gañán, al exgobernador y a Pedro Juan Moreno exsecretario de la gobernación de Antioquia. En 2011, un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos profirió resolución de acusación en contra del Mayor de la Policía, José Vicente Castro, quien era comandante de una subestación de policía, la cual figura como cómplice de lo ocurrido.  

El 1 de julio del 2006 a través de la sentencia “Las Masacres de Ituango VS. Colombia” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se condenó al Estado por la masacre y ordenó pagar una indemnización de 3.400 millones de pesos a los familiares de las víctimas.  En 2018, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaro el homicidio de Jesús María Valle, la masacre de la Granja, El Aro y San Roque como Crímenes De Lesa Humanidad.

Pese a las acusaciones, testigos, testimonios, sentencias y demás pruebas, la impunidad persiste y el silenciamiento de la verdad ha sido uno de los limitantes principales para la reparación de las víctimas y para una verdadera paz. Hoy los jóvenes del corregimiento luchan por mantener viva la memoria de quienes fueron torturados y asesinados para que la historia nunca más se repita.

Víctimas de Masacre de La Granja en la Memoria. 
Víctimas de Masacre de La Granja Sin Olvido. 

Imagen: Luis Benavides. El Espectador. 

viernes, 18 de enero de 2019

Masacre de la Rochela


18 de enero de 1989

En enero de 1989 se encontraba un Comisión Judicial en Simacota, Santander. La comisión estaba compuesta por jueces, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), secretarios y conductores que acompañaban a los funcionarios, en total eran 15 servidores de la rama judicial que estaban investigando masacres y asesinatos selectivos en Magdalena Medio, entre ellos, el caso de desaparición forzada de 19 comerciantes en la región cometida por paramilitares.

Las investigaciones apuntaban entonces, a la consolidación y control del paramilitarismo por medio de la operatividad de violencia en el Magdalena Medio. Es por ello que, el 18 de enero de 1989 mientras los funcionarios se trasportaban en la región fueron detenidos aparentemente por la Fuerza Pública, quienes, los despojaron de sus armas y les indicaron que era lo mejor para evitar malos entendidos por los grupos armados que se encontraban en la zona.

Posteriormente, fueron interceptados y emboscados por paramilitares en un lugar conocido como La Rochela, la comisión fue atacada con un tiroteo que le quito la vida a 12 de los 15 funcionarios que se transportaban, tres de ellos sobrevivieron al azar y al aparentar estar muertos, luego, los paramilitares hurtaron las investigaciones que estaba adelantando este equipo jurídico, antes de que se retirasen dejaron un mensaje que decía “Fuera el MAS, fuera los paramilitares”, una acción que buscaba desviar los hechos de la complicidad y responsabilidad entre paramilitares y Fuerza Pública y atribuir la masacre a grupos guerrilleros.

En su momento, lo ocurrido fue muy cuestionado, la manera en que habían llegado al lugar, despojados de sus armas y no tenían ningún tipo de protección en un área reconocida como zona roja, de forma que, el papel de algunos medios contribuyo a que el gobierno tomara decisiones sobre la búsqueda de los responsables. Los testimonios de los tres sobrevivientes de la masacre ayudaron a la investigación de los perpetradores, meses después de la masacre se capturo a Alfonso de Jesús Baquero Agudelo, alias “Vladimir”o el “Negro Valadimir” líder del grupo paramilitar de los Mesetos en Magdalena Medio, este afirmo que la masacre fue auspiciada por comerciantes, ganaderos y miembros del Ejército Nacional.

De esta forma se conoció la implicación de los generales Farouk Yannine Díaz, Carlos Julio Gil Colorado, Alfonso Vacca Perilla y Juan Salcedo Lora, junto al congresista Tiberio Villa Real. Pese a los procesos judiciales iniciados por participación y omisión sobre las acciones paramilitares, los responsables no han sido judicializados, de 36 personas incriminadas solo dos de estos han sido sentenciados, incluso en 2018 los generales Vacca y Salcedo fueron exonerados de la responsabilidad.

El Estado colombiano ha legitimado y perpetuado la impunidad, dado que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), condeno en 2007 al Estado por lo ocurrido, ordeno reparación y la adjudicación de responsabilidades a los culpables y con nada ha cumplido. Los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la masacre siguen a la espera de verdad, justicia y reparación integral, reconstruyeron sus vidas sin el apoyo estatal y con la ausencia de sus seres queridos, pero con un sentimiento de que aún son acompañados por quienes se fueron.

Por ello, sigue viva la memoria de Mariela Morales Caro, 36 años, Jueza 4 de Instrucción Criminal de San Gil; Pablo Antonio Beltrán, 40 años Juez 16 de Instrucción Criminal de San Gil; Samuel Vargas, 44 años, Conductor del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil; Gabriel Enrique Vesga, 23 años, Miembro del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil; Cesar Augusto Morales, 28 años, Miembro del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil; Yul Germán Monroy, 28 años, Investigador del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá; Carlos Fernando Castillo, 24 años, Secretario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá; Orlando Morales, 21 años, Investigador del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial; Virgilio Hernández, 59 años, Secretario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá; Benhur Iván Guasca, 24 años, Investigador del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial; Luis Orlando Hernández, 29 años, Investigador del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá; Arnulfo Mejía, 24 años, Conductor del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil.

Víctimas de la Masacre de la Rochela en la Memoria
Víctimas de la Masacre de la Rochela Sin Olvido