martes, 13 de noviembre de 2018

Daniel Abril Fuentes


Noviembre 13 de 2015

Daniel Abril Fuentes, fue un hombre que dio vida a la tierra. Un campesino que desde niño aprendió como amor a cultivar y proteger el paisaje junto a su familia, siempre desde su territorio natal en la vereda 'Los Chochos' del municipio de Trinidad, Casanare.

“Danielito” como lo llamaban de cariño, fue un activista social que entrego su vida por los demás, por ser voz y brindarles libertad a las víctimas silenciadas por el Estado colombiano, lo que le valió ser reconocido como un opositor a la corrupción, de los destructores y aniquiladores del territorio, de cualquier injusticia y forma de violencia.

Fue un defensor de derechos humanos, ambientalista, conciliador, promotor de la memoria de las víctimas de crímenes de Estado, miembro del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, del Congreso de los Pueblos y de la Plataforma la Voz de la Tierra. Desde allí gesto acciones que incomodaron intereses de empresarios que pretendían el control del territorio para la minería. Hizo memoria junto a las víctimas, convoco, unió, formo una ciudadanía activa para que se movilizara por la defensa de sus derechos y los del territorio.

En 2011 en San Luis de Palenque empezó a dar vida a la movilización social y la protesta, ese año junto a cientos de campesinos, exigió a la petrolera Pacific, que se respetara el territorio, para que no privaran los proyectos sociales que en comunidad que se estaban adelantando, y que no interrumpieran la vida del paisaje que sus ancestros le heredaron. Por esta razón, fue judicializado junto a otros líderes sociales, acusándoles de forma injusta de ser secuestradores.

Luego, denuncio la desprotección del territorio frente a la sequía que se dio en 2014, desembocando una tragedia ambiental en la vereda Caño Chiquito de Paz de Ariporo, que no solo afecto Casanare, sino, a todo el país. Posteriormente, convocó a más de 400 personas del departamento para desarrollar dos sesiones en Trinidad, con respecto, a los derechos humanos en un marco de extractivismo sobre recursos minero energéticos.

En el año 2015 junto a la Corporación Claretina Norman Pérez Bello, la Corporación COSPACC, organizaciones campesinas de Casanare, el Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta y la Asociación Campesina Asocamprov Libertad, se creó un espacio de dialogo en la Mesa La Voz de la Tierra, allí se realizaron audiencias de control político por los derechos ambientales y humanos de la región. Al mismo tiempo, Daniel lidero la campaña denominada “La Firmatón”, donde, logro recolectar 2300 firmas, junto a un derecho de petición, que exigía la renuncia de la directora de la Corporación Regional Autónoma de la Orinoquia (CORPOORINOQUIA), dado el silencio y la negligencia que había mantenido ante la entrega del territorio a petroleras que estaban causando un gran desastre ambiental, acción que a pesar de todo fue rechazada. 

Por su labor, Daniel estuvo sometido a la violencia sistemática del Estado, puesto que, había sido víctima de detenciones, amenazas, atentados, acusaciones falsas de ser guerrillero y seguimientos por miembros del Ejército Nacional, hechos que están documentados y denunciados, por esta razón había pedido protección reiteradas ocasiones a diferentes instituciones, que hicieron caso omiso y lo ignoraron.

Es así como el 13 de noviembre del 2015, es asesinado cuando se encontraba en una panadería del casco urbano de Trinidad, sobre las 6 de la tarde. El territorio que lo vio nacer, fue también, el que lo vio morir cuando dos hombres le dispararon en tres oportunidades, impactaron su humanidad y acabaron con su voz y con su vida. Pero no lograron silenciar a quienes lo acompañaron y se movilizaron impulsados por él. Su homicidio se produjo el mismo día en que se realizaba la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, en donde, se discutieron los derechos humanos y del territorio de Casanare.

Después de 19 meses de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, se realizó la captura por parte del CTI y se impone medida de aseguramiento de detención preventiva al soldado profesional y activo Eliécer Azueta Cero, miembro de la Fuerza Pública adscrito a la Brigada XVIII, Navas Pardo, capturado en la Brigada XVI del Ejercito Nacional, ubicada en Yopal Casanare, guarnición militar que además tiene antecedentes de ser responsable de diversas ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos", este es autor material del crimen, junto con el presunto paramilitar Jhonnever Tumay Tuaay, se imputo cargos de homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Aunque oficialmente no ha sido reconocido, en el crimen intervinieron funcionarios y empresarios que habrían pagado dinero por terminar con la vida de este defensor. Pese a que se determinó quienes son los autores materiales, no se ha determinado los responsables intelectuales del crimen, la impunidad persiste, y actualmente los presuntos responsables identificados se encuentran en libertad por vencimiento de términos.

En su memoria, se creó la Escuela de Investigación Ambiental y Popular Daniel Abril Fuentes, donde se adelantan procesos organizativos para seguir con su labor, multiplicar sus acciones y sobre todo mantener viva la memoria de un hombre sensible ante las problemáticas locales, que finalmente, atienden a problemáticas nacionales, porque con la defensa de la naturaleza y el territorio, se defiende la vida y se hace frente a las injusticias de actores extractivistas, armados y estatales. 

¡Hoy como cada 13 de noviembre se recuerda a un gran ser humano, un gran amigo y un gran líder, se exige justicia, verdad y reparación porque no haya defensores asesinados nunca más!

Daniel Abril Fuentes en la Memoria
Daniel Abril Fuentes Sin Olvido

lunes, 12 de noviembre de 2018

Jesús Oleiver Alvarado Muñóz y Over Erney Muñóz


Noviembre 12 del 2009

El jueves 12 de noviembre de 2009, los hermanos Jesús Oleiver y Over Erney, campesinos del caserío Mesón Alto, en horas de la mañana salieron a cumplir sus labores cotidianas de trabajo en el campo. 

Al dirigirse hacia Nuevo Horizonte, paramilitares pertenecientes a los rastrojos que hacen presencia en la zona los retuvieron y desaparecieron. Es de anotar que este hecho ocurrió en medio de una fuerte presencia militar en el municipio de Argelia en el marco de la política de aseguramiento de los territorios con fines de privatización, de intervención con fines extractivistas.

Después de adelantar varias acciones jurídicas en la exigencia de verdad, justicia y reparación integral; de ver negados sus derechos como víctimas en las dependencias responsables de atención a la población desplazada, de ver cómo se colocaba en duda su desplazamiento y de no encontrar respuesta sobre la existencia de Oleiver y Over, sus familiares se desplazaron a varios lugares de Colombia.

Se encontraron con otros miles de familiares de desaparecidos, con otras miles de víctimas de crímenes de estado, con quienes han compartido su proceso de dolor y de esperanza, con quienes han construido red social.

El arraigo a su tierra y las condiciones indignas de vida en la ciudad, los llevó a retornar sin ningún tipo de garantías a su tierra, a recuperar lo que les había sido obligado abandonar. Con la humildad, sencillez y tenacidad persistieron en el difícil camino de búsqueda de justicia y verdad. Esa resistencia al olvido y su dignidad, hizo que la unidad de desaparición forzada de la fiscalía, después de una acción de tutela, asumiera el caso como prioritario. Es por esta razón y ante las demandas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares a este grupo de familias, lo que hizo posible el comienzo de un proceso de búsqueda de información que se cotejó con las certezas manejadas por los familiares de OLEIVER Y OVER, quienes a pesar del dolor sabían que habían sido asesinados por los paramilitares.

Así se logró el 2 de mayo de 2013 la práctica de exhumación de los restos de estos dos campesinos.

Pasó más de un año en la espera de los resultados de pruebas de ADN, de insistir en la entrega de los restos para poder elaborar el duelo.

El 01 de Noviembre de 2013, los restos de Oleiver y Over son entregados a familiares en la ciudad de Popayán. Se cumplió así un primer paso en este proceso de búsqueda de verdad, de justicia. Pero queda mucho por encontrar, por exigir, por garantizar. Estos crímenes deben ser considerados como crímenes de lesa humanidad, la verdad aun no es dicha, la justicia no ha mostrado su rostro en este caso.

Por eso sus familiares quienes tratan de reconstruir lo deteriorado con esta acción paramilitar, evocan la vida de Oleiver y Over en su comunidad como campesinos hijos de uno de los fundadores de su pueblo; mantienen la memoria como único derecho de dignificación de las vidas de sus seres queridos.

Ellos viven en la memoria de sus familias, en la memoria del pueblo de Argelia, en la memoria del pueblo campesino del Cauca y de Colombia; ellos, dos campesinos víctimas de desaparición forzada, sus familiares víctimas de desplazamiento forzado por estructuras paramilitares, ellos y ellas víctimas de la impunidad.

Hermanos Oleiver y Over, en nuestra Memoria
Hermanos Oleiver y Over, Sin Olvido.


sábado, 10 de noviembre de 2018

Álvaro Ulcué Chocue

Noviembre 10 de 1984

El 10 de noviembre de 1984, hacia las ocho y media de la mañana en Santander de Quilichao, departamento del Cauca, Álvaro Ulcué Chocue, para ese entonces primer sacerdote católico indígena en Colombia fue atacado por dos agentes de F-2 de la Policía Nacional, Miguel Ángel Pimentel y Orlando Roa, quienes dispararon en varias ocasiones contra Álvaro desde una motocicleta en la que se movilizaban.


Álvaro quedó mal herido, se bajó del vehículo en el que se transportaba y se tendió en la tierra. Luego, los sicarios se retiraron, pero al percibir que estaba mal herido lo remataron, y finalmente huyeron. Desde 1980 había empezado a ser hostigado, amenazado y perseguido por terratenientes y agentes de Estado, en razón, de su lucha por la el despojo y la protección a territorios indígenas, por lo que, grandes propietarios de tierra habían ofrecido precio por su vida. 

Religiosas que estaban cerca al sitio, lo introdujeron en un taxi y lo condujeron al hospital de la localidad a donde llegó con vida. Momentos después falleció.

Las investigaciones penales y disciplinarias fueron manipuladas por las instituciones pretendiendo focalizar las responsabilidades en otros, algunos expedientes se “extraviaron”, llevando a que el crimen quedara en la impunidad.

El día del crímen, Álvaro debía actuar como padrino de un niño que iba a ser bautizado en Santander de Quilichao. Regresando de Cali a donde había ido la tarde anterior, llegó a Santander a las 7:30 a.m. y estuvo primero en la Casa Cural. De allí de dirigió al almacén de la madre del niño que iba a ser bautizado, donde le obsequiaron una camisa. Luego pidió el teléfono para hacer una llamada a la Hermana Luz Marina, quien también iba a participar en el bautizo y se encontraba en ese momento en el Hogar Santa Inés; le pidió que le preparara un desayuno, pues iba hacia el hogar enseguida.

Cuando llegaba al Hogar Santa Inés, ocurrió el crimen. Gracias a un testigo ocular se pudo identificar a los dos asesinos como miembros del F-2. El testigo rindió declaración ante el Juzgado Segundo Ambulante de Instrucción Criminal.

En abril de 1985, inexplicablemente el testigo fue buscado por Agentes de la Procuraduría General de la Nación y obligado, contra su voluntad, a viajar a Popayán para “ratificar sus denuncias”. Al reconocer en fila a uno de los victimarios, el juez permitió que el acusado identificara plenamente al denunciante y lo amenazara. Luego, uno de los Agentes de la Procuraduría que lo acompañaba llevó al testigo al Cuartel de la Policía de Popayán donde, bajo todo tipo de intimidaciones, le exigieron cambiar su versión ante el juez, para acusar a las FARC del asesinato del Padre Ulcué. Llevado nuevamente al juzgado, lo obligaron a firmar un documento, sin permitirle leerlo. Luego fue conducido a los calabozos del DAS en Cali, donde recibió nuevas amenazas.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos ofició entonces, a la Presidencia de la República y a la Procuraduría General de la Nación, denuncias por tan delictiva manipulación de las investigaciones, sin obtener ninguna respuesta. Aun más, todas las copias del expediente de la Procuraduría sobre el asesinato del Padre Ulcué “se perdieron”, llevando a que el crimen quedara en la más absoluta impunidad.

Los restos del padre Álvaro fueron trasladados a Pueblo Nuevo, la tierra indígena que lo vio nacer. La tierra por la que hoy en su memoria los pueblos indígenas, los campesinos mestizos y afrodescendientes la defienden afirmando su dignidad. No fue sepultado en el templo, como muchos querían, sino que se cumplió su voluntad expresa:

“Si he de morir, quisiera que mi cuerpo quedase amasado en la arcilla de los fuertes, como un cemento vivo arrojado por Dios entre las piedras de la Ciudad Nueva”.

Pasado el tiempo, sigue la fortaleza del testimonio de ÁLVARO ULCUÉ CHOCUE vive en la dignidad de los pueblos del Cauca que afirman sus derechos, su dignidad. Esos pueblos exhuman hoy la memoria, la causa por la cual fue asesinado el sacerdote indígena, la concentración de la tierra, la imposición de un modelo de desarrollo que privatiza el territorio, que comercializa la vida.

Álvaro Ulcué en la Memoria
Álvaro Ulcué Sin Olvido

martes, 6 de noviembre de 2018

Toma y retoma del Palacio de Justicia



6 y 7 de Noviembre de 1985


Foto: Carlitos Mario


Se cumplen 33 años del Holocausto del Palacio de Justicia y de una lucha generacional por la verdad, la justicia y la reparación. Más de tres décadas de un capítulo que aun no se cierra en la historia de Colombia, manteniendo un manto de incertidumbre para los familiares que aún se preguntan ¿dónde están? y una sombra pasiva para la sociedad civil, que en su mayoría desconoce las motivaciones y responsables de los hechos.

El 6 y 7 de noviembre de 1985, la vida cambio para varias de las personas que se encontraban al interior del palacio y sus familias, y con la retoma, se inició un camino de incertidumbre, preguntas y dolor que no cesan, no solo por lo que representó ser víctimas de tortura, asesinato y desaparición forzada, también, por la impunidad, el incumplimiento de las sanciones internacionales, y por velar los restos de un extraño, en lo que se ha pretendido justificar como errores en la disposición de los cuerpos. 

A los 94 muertos y 12 desaparecidos que habían sido reconocidos inicialmente, sin contar las víctimas de tortura, se vienen sumando los nombres de quienes se creyó descansaban en las tumbas donde sus familiares los visitaron  por años, y que ahora, gracias a pruebas y videos como en el caso del Magistrado Julio César Andrade, se sabe que salieron con vida de la edificación, dando mayores argumentos para quienes consideran que allí se fraguo un "pacto de silencio" entre actores del Estado.

En lo que va corrido del año se han reconocido y/o entregado los restos de Carlos Horacio Urán, Jaime Benítez Prieto, Libardo Duran, Alfonso Jacquin, Noralba García y Héctor Jaime Beltrán en 2017. Mientras que la lucha para los familiares de Cristina del Pilar Guarín, Gloria Stella Figueroa, David Suspes Celis, Lucy Amparo Oviedo, Carlos Augusto Rodríguez, Bernardo Beltrán, Gloria Isabel Anzola, Norma Constanza Esguerra, Luz Mary Portela León y Ana Rosa Castiblanco, sigue a pesar que en algunos de los casos han sido entregados parte de los restos, insistiendo en que mientras no se conozca la verdad seguirán considerándolos desaparecidos.

Hechos 

El miércoles 6 de noviembre de 1985, inició la toma del Palacio de Justicia por parte del Movimiento 19 de abril M-19, cuando aproximadamente 35 guerrilleros liderados por Andres Almares, Alfonso Jacquin y Luis Otero,ingresaron al edificio en el marco de la operación denominada “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, con el que buscaban hacer un juicio político al presidente Belisario Betancur por incumplir las promesas de paz y los acuerdos suscritos en Hobo, Corinto y Medellín un año antes de la toma.

El M19 se tomó el edificio empezando por la cafetería que estaba ubicada en el primer piso del palacio, ingresando entre las 10:30 y las 11:00 a.m., a la que respondieron inicialmente hombres del batallón Guardia presidencial, para luego dar inicio a la retoma militar por parte de las Fuerzas Armadas alrededor de la 1:00 pm, operación que se adelantó a sangre y fuego sin discriminar quien estuviese dentro.

El gobierno encabeza de Betancur, no manifestó su intención de entablar una negociación o de ordenar un alto al fuego por parte de la Fuerza Pública para que se respetara la vida de quienes estaban dentro del edificio, ni siquiera las suplicas y los comunicados emitidos por el entonces presidente de la Corte Alfonso Reyes Echandía. A las 5:30 p.m. se inició un incendio y un enfrentamiento entre M-19 y el Ejercito que se extendió hasta las 2:00 a.m. del 7 de noviembre. 

Los sobrevivientes salieron en mayor número en la tarde del primer día y otros el 7, muchos pudieron sobrevivir y otros fueron llevados a La Casa del Florero que se usó como “puesto de mando avanzado” por agentes del Estado para coordinar la operación e identificar a los sobrevivientes, apartando a quienes consideraban sospechosos de tener algún vínculo con el grupo insurgente, algunos consiguieron salir vivos de la casa museo, pero otros nunca lograron volver al seno de sus familias.

Una vez consumada la retoma, las autoridades militares se encargaron del lugar, trasladaron todos los cuerpos al primer piso, despojándolos de sus prendas, sus pertenencias personales y lavándolos para eliminar evidencias frente a los hechos. Algunos cuerpos ni siquiera figuraron en el edificio, fueron encontrados en fosas comunes, tumbas de otras personas o aún no se sabe que paso con ellos.

El proceso de levantamiento fue controlado por jueces de Instrucción Penal Militar, las actas son inconsistentes, hay sexos mezclados, nombres que no coinciden, posiciones artificiales, toda una serie de irregularidades que han truncado todo el proceso de esclarecimiento de lo ocurrido; sin que se pueda dictaminar incluso el número total de victimas mortales y desaparecidos. 

A partir de 1996, inició la exhumación de los cuerpos que se encontraban en una fosa común del Cementerio del Sur, a donde fueron llevados algunos de los restos del Palacio de Justicia y de la tragedia de Armero ocurrida tan solo 7 días después. Desde entonces, la identificación de las víctimas y la búsqueda de los desaparecidos ha dado mayores resultados que en los años anteriores, aún se espera plena claridad y adjudicación de responsabilidad, puesto que hace más de tres décadas las víctimas han luchado de manera constante a pesar de que esto fue para muchos una fractura personal para su vida, así como lo es para toda la sociedad. 

El duro camino por la verdad

La búsqueda por verdad y justicia ha sido interminable y dolorosa con un sinfín de contradicciones en el camino. En ese escenario los protagonistas han sido miembros del M-19, si bien algunos militantes hoy hacen parte de otros escenarios políticos, quienes planearon y participaron en la toma del Palacio de Justicia no sobrevivieron; por otro lado, están los militares quienes pese a que han sostenido que actuaron siguiendo ordenes, no hubo consideración por la vida, ni los derechos de las personas que estaban al interior del Palacio.

En el marco de las investigaciones, se ha prestado especial foco en el Comandante de la Brigada XIII del Ejército, Jesús Armando Arias Cabrales, quien fue destituido en 1990 pero hasta el 2011 se imputo una condena de 35 años de cárcel; el Coronel en Jefe del B-2 Edilberto Sánchez Rubiano, quien, también fue destituido en 1990 y hasta diciembre de 2015 se le dio una condena de 40 años de prisión junto al mayor Oscar William Sánchez, que esperan casación por parte de la Corte Suprema de Justicia, que les proporcione la libertad. Por otro lado, en el marco del actual proceso de paz Arias Cabrales y Alfonso Plazas Vega negaron presentarte ante la Jurisdicción especial de Paz, solicitud que si fue hecha por el General Iván Ramírez Quintero.

El mismo comandante de la Escuela de Caballería, Coronel Plazas Vega, ha sido uno de los protagonistas principales del caso, no solo por presentarse como un héroe por los hechos ocurridos, siendo la imagen que se presentó ante los medios de comunicación en el momento. El 16 de julio de 2007 fue capturado iniciándose un proceso judicial en su contra por los desaparecidos y los hechos del Palacio, el 9 de junio de 2010 fue condenado a 30 años de prisión y el 16 de diciembre de 2015 fue absuelto de los cargos por parte de la Corte Suprema de Justicia, lo cual para los familiares significo un retroceso, una burla y la destrucción de esperanzas para hacer justicia. 

Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizo al Estado colombiano en 2013 por la desaparición de doce personas en el Palacio de Justicia, en 2014 condena oficialmente a Colombia y ordena continuar con la búsqueda, sentenciar a los responsables y reparar a las víctimas de forma simbólica y económica. En 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos se pidió perdón de manera pública por la responsabilidad estatal, sin embargo se desestimó cualquier tipo de investigación sobre el entonces presidente Belisario Betancur, e incluso Santos le pidió perdón por la solicitud hecha a la CPI por el Tribunal Superior de Bogotá. 

Muchos familiares de las victimas ya fallecieron sin conocer la verdad de los hechos o recibir justicia, hoy siguen otras generaciones emprendiendo la búsqueda, pese a que evidentemente los procesos han sido demasiado tardíos, un caso que en tres décadas no ha podido siquiera acercarse a un final, siendo los familiares revictimizados no solo por la impunidad sino que también, frente a el discurso creado sobre sus parientes, como si no merecieran la vida que se les arrebato y por el silencio que muchos han debido mantener por años dadas los hostigamientos para limitar cada paso hacia la verdad.

A pesar del tiempo transcurrido y que tenga que transcurrir, o de los obstáculos encontrados, las familias han manifestado que no renunciaran a la búsqueda de la verdad y la justicia, se persistirá por mantener la memoria de sus seres queridos, por una herida abierta que continuara así, hasta que no se hallen transformaciones mínimas en los horrores de la violencia y el conflicto estructural en Colombia. Hoy, y después de 33 años sigue viva la exigencia por los derechos de las víctimas y los familiares, porque esto nunca más se repita. 

Víctimas del Palacio de Justicia en la memoria
Víctimas del Palacio de Justicia Sin Olvido

domingo, 4 de noviembre de 2018

Parménides Cuenca Cortes


Noviembre 04 de 1988 


Parménides Cuenca Cortes, nació en el año (1934) en Palermo Huila, prestó servicio militar y a su regreso, se vinculó a las luchas agrarias al lado de los campesinos; fue un dirigente social y político, constructor del Partido Comunista, Unión Nacional de Oposición Uno, Frente Democrático, sindicatos, juventudes y organizaciones de mujeres. Ocupo cargos de dirección, fue presidente de la Unión Patriótica en el momento de su surgimiento en el Castillo Meta, a la hora de su muerte era funcionario de la Alcaldía Municipal.

El 4 de Noviembre de (1988) fue víctima de un atentado ejecutado por Paramilitares en conveniencia con policías y militares, donde falleció.

Parménides fue fiel a sus principios y convicciones, amaba su partido, a la gente, siempre estuvo presto a servirle a quien lo necesitaba, compartía lo que tenía con sus amigos y compañeros. Después de (25) años de su asesinato, en octubre de (2013) fue detenido un reconocido paramilitar del Castillo Meta; Ever Salazar Alias lechona quien esta privado de la libertad.

Parménides un hombre que nunca se olvidara, en su memoria su hijo Olivey dedico estas
palabras luego de la perdida de su padre:

Padre mío: allá en la tumba está, yo tengo frío, me falta tu cariño. Tu sonrisa, tus pasos y tu voz, los esbirros la cortaron.

Pero descansa en paz. Tu voz está en mi voz y tu imagen grabada aquí en mi mente. Si el pueblo olvida sus acciones yo no las olvidaré y como ejemplo las llevaré porque morir en vano no puede ser.

Haz muerto por el pueblo y en él tiene que renacer. Padre, con tu recuerdo voy a crecer, para ser como tú, defender el bien. Cortaron tu voz y cortarán la flor, pero no la primavera. Bogotá, 1989.


Parménides Cuenca Cortes en la Memoria.
Parménides Cuenca Cortes Sin Olvido.

viernes, 2 de noviembre de 2018

Gerardo Liévano García


2 de Noviembre de 1993

El 2 de Noviembre de 1993 en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, hacia el mediodía en un restaurante de la ciudad fue retenido, posteriormente desaparecido, torturado y asesinado Gerardo Liévano García, por un comando de 11 integrantes del ejército Nacional a cargo de el teniente César Alonso Maldonado Vidales.

A Gerardo lo retuvieron arbitrariamente, lo golpearon en la cara con la cacha de una arma hasta dejarlo en el piso sin fuerzas, con una herida en el pómulo. Él pedía auxilio, se acercaron dos policías y preguntaron, qué pasaba allí, a lo que Maldonado contestó, que es un operativo del ejército, que no se metan y que se larguen del lugar.

En la investigación, los uniformados declararon que Gerardo opuso resistencia a los maltratos de los que estaba siendo víctima él y dos personas más, razón justificada por el teniente para continuar con los golpes.

Ahí, frente al restaurante ingresan a Gerardo muy golpeado en una camioneta de vidrios oscuros y en otra a las dos personas más. Los llevan a un lugar fuera de la ciudad, allí someten a Gerardo a las torturas más despiadadas que se le puedan aplicar a un ser humano. Cuentan los otros dos retenidos que Maldonado lo torturaba y a la vez le preguntaba por un comandante. Cuentan como se estremecían con los desgarradores gritos de Gerardo pidiendo auxilio, porque para Maldonado, él era un guerrillero.

Cuenta uno de los testigos que en ese momento los meten nuevamente a una camioneta y los trasladan al batallón. Ya casi al final de la tarde del martes 2 de noviembre, son llevados a calabozos separados, donde el testigo asegura haber escuchado a Gerardo quejándose hasta altas horas de la noche, llegando un momento en que no lo escucho más.

Pasados 3 días sale en un periódico de Cúcuta, el titular "Se encuentra un cadáver incinerado cerca de un basurero a las afueras de la ciudad". El viernes 5 de noviembre me avisan que Gerardo estaba desaparecido y que tenía que viajar a buscarlo. 

Fuimos a la ciudad de Cúcuta a buscar a Gerardo, tuvimos que buscarlo por casi una semana, fuimos al batallón, mi cuñado y yo acompañados de alguien de derechos humanos de esa ciudad. El que nos recibió fue el mismo Teniente Maldonado, quien nos dijo que a ese batallón no había ingresado nadie con las características de Gerardo.

Nos llevó a los calabozos a mostrarnos que no tenía a nadie allí. En este lugar donde días atrás había estado Gerardo y los otros dos detenidos y de los que no había registro alguno del paso por ese lugar.

Yo conocí a Gerardo en el sindicato del banco popular, era el tesorero del sindicato y pertenecía a la directiva a nivel nacional del sindicato. En el año 1984 el banco le cancela el contrato de trabajo sin justa causa, de allí en adelante él comienza a hacer accesorias sindicales. Estuvo en SINTAGRO en Uraba en los años de las bombas y de violencia, en Sintraelecol, Villavicencio, Bogotá. en sindicatos bancarios, Seguro Social y la USO. 

Gerardo tenía cuatro hijos, nuestra hija que tenía 16 meses y tres hijos más de los cuales él tenía dos a cargo de los cuales yo ayude a criar. Con la muerte de Gerardo le quitan el derecho a mi hija de conocer a su padre, igualmente a sus otros dos hijos quienes quedan completamente solos. A mi me arrebatan a mi esposo, mi compañero, el padre de mi hija, al ser con quien tenia mi hogar, en pocas palabras acaban con vida también.

Han pasado 23 años y no entiendo, ni entenderé jamás porque una persona representante de la ley puede tener manos criminales y ordenar cegarle la vida a un ser humano de la manera que se la quitaron a Gerardo, sin pensar por un instante las consecuencias que puede traer todas estas cosas tan crueles y despiadadas a una familia. 

Otro episodio inhumano que nos tocó pasar es la desaparición y asesinato del hijo de Gerardo, el cual ayude a criar. Él fue desaparecido en el año 2000 en Villavicencio, lo matan y lo tiran a un río en Puerto Gaitán, Meta. Dicen que fueron los paramilitares, eso le dijeron al tío del muchacho (Hermanos de Gerardo). Un asesinato que está en la completa impunidad porque no tuvimos las fuerzas para seguir una investigación. 

Cuando mi hija por casualidad lee todo lo del asesinato de su padre en internet, fue un instante de preguntas, una de ella fue: ¿en algún momento a esos militares del ejército o a Maldonado se les ocurrió pensar en la familia que estaban acabando con sus manos?

Hago mucho énfasis en los que nos ha tocado vivir en familia, porque hemos tenido que ser muy fuertes y soportar sin entender todo esto que nos ha pasado.

Pasaron años del proceso con muchas cosas negativas, una de ellas, la absolución de 11 militares en un consejo verbal de guerra, o el intento de cierre del proceso, el que revivió gracias al trabajo de una magistrada. 

Son tantas pruebas que por largos años han evidenciado la responsabilidad de agentes del Estatales y que sólo hasta el año 2014 por sentencia del Consejo de Estado responsabilizó a la nación por los hechos cometidos contra Gerardo.

El dolor traumático que me causo que me hayan entregado las cenizas de Gerardo, nunca se van a borrar de mi mente, no es justo que uno tenga que viajar a buscar a su ser querido porque está desaparecido y le entreguen a su familiar en cenizas. Esto es un dolor muy grande que no se borra del alma ni del corazón.

Gerardo, un defensor aguerrido por los derechos humanos, las injusticias, un luchador incansable por sus ideales, un papá y esposo intachable, un hijo, un hermano, un tío, un amigo ejemplar, incomparable, admirable, e incondicional. Un ser maravilloso que ha dejado huella y nunca se borrara, su recuerdo y su amor estará por siempre en nuestros corazones.

Ese dos de noviembre fue una fecha que marcó para siempre nuestras vidas y que no podemos dejar pasar desapercibida hasta que Dios nos permita.

Escribo y escribiré esto porque me ayuda un poco, aunque nunca sea fácil y porque quisiera que esto nunca le pase a otro ser humano, ojala esto nunca más se vuelva a repetir, tengo mucha confianza en Dios y en las personas que tienen la ley en sus manos.

Nosotros a pesar de todo esto que hemos tenido que pasar desde el fondo de nuestros corazones decimos que queremos la paz para nuestro país, queremos un país diferente para nuestros nietos y jóvenes. 

Escrito por su esposa Luz Marina 

De forma mas reciente, hasta el año 2008 Maldondo fue capturado y sentenciado a 25 años de prisión por el Tribunal Superior de Cúcuta, luego de que se había fugado en 2004 del batallón de Policía Militar No. 13, también se condeno al coronel William Roberto del Valle, el suboficial Edilson Olivero Goyes, los soldados Efraín Niño Plazas, Jairo Granja Hurtado, José Misael Valero. Estas condenas representan un paso para mantener la esperanza por una justicia en contra de la impunidad, pero aún falta un largo camino por una reparación y una verdad integral. 

Gerardo Liévano García en la memoria 
Gerardo Liévano García Sin Olvido 

jueves, 1 de noviembre de 2018

Mario Castro Bueno


Noviembre 01 2002 

El viernes 1 de noviembre del 2002, Mario Castro Bueno, quien se desempeñaba como Personero Municipal del Castillo, Meta, fue asesinado por la estrategia paramilitar encubierta. Hacia 2:30 p.m., Mario fue obligado a bajar del vehículo de servicio público en el que se movilizaba hacia la ciudad de Bogotá para participar en un diplomado de Derechos Humanos. Los paramilitares interceptaron el bus a la altura del sitio conocido como La Bodega, en la vía entre Medellín del Ariari y Pueblo Sánchez. Fue llevado por los paramilitares, y fue asesinado, solo hasta el siguiente día su cuerpo fue hallado degollado en un paraje rural.

Era un hombre sencillo, de profundas convicciones, nacido en un hogar creyente; nacido en un hogar de cuna crítica. Simplemente coherente, al lado de la justicia, en profunda insensibilidad con la impunidad. De sus miedos asumidos en coraje, defensor de derechos humanos, Personero Municipal, constructor de un nuevo país, en medio de la guerra, entre el oscuro socavón de la impunidad.

Mario, un hombre querido por los campesinos y campesinas del Alto Ariari. Consecuente con sus convicciones y su labor fue el único funcionario público que escuchó los testimonios de las víctimas, asumió el inicio de investigaciones, de búsqueda por lo menos del esclarecimiento ante la imperante impunidad del departamento del Meta. Cuando EYDER QUIGUANAS fue asesinado por unidades del FUDRA del ejército, fue hasta la vereda La Floresta, habló con la familia, recogió los testimonios, algunas pruebas y colocó una denuncia por los hechos. Después del asesinato de MARIO, los testimonios, pruebas y denuncias, en su mayoría desaparecieron misteriosamente del despacho de la Personería, entre ellas las del caso de EYDER, el primer asesinato que generó el desplazamiento de los campesinos del Alto Ariari entre el 2002 al 2004.

En consecuencia, solo por cumplir con su labor de Personero, fue asesinado. Los victimarios quisieron con su muerte acallar, ocultar, enterrar la verdad y la búsqueda de Justicia. MARIO, testigo del desplazamiento del Alto Ariari, testigo de los operativos militares regulares e irregulares a través de la estrategia paramilitar.

En versiones libres dadas por el jefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, éste confeso haber dado la orden de cometer el crimen contra Mario Castro Bueno, hecho por el cual fue condenado a 15 años de prisión, igualmente el paramilitar Manuel de Jesús Pirabán acepto haber participado en el crimen del personero municipal del Castillo y fue condenado por 14 años de prisión, por otra parte Juan Manuel Ríos o alias Miguel ángel fue capturado en 2011 y actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Villavicencio por homicidio en persona protegida.

Este defensor de derechos humanos, fue militante desde su juventud, un comunista, como muchas veces se presentaba. No dejó de asistir cada año a los festivales del periódico VOZ, desde el primero hasta el último que pudo estar. Fue militante estudiantil, llenó su casa de diplomas, toda la vida fue un estudiante. Participó de la administración municipal de la Unión Patriótica en Apartadó, como Tesorero. Fue Alcalde de Fortúl y Lejanías en el Meta. Y los últimos años dedicado a la Personería del municipio El Castillo.

Le encantaba viajar, tomar fotos, la música colombiano, los boleros, la música de la nueva trova cubana, del son y la salsa. La de Iraquerí y los Hermanos Escamilla. Coleccionista de botones, el último que adquirió en el 2002 tiene la foto de Manuel Cepeda Vargas.

En la memoria de su familia, de sus amigos, de aquellos que lo conocieron en ejercicio de su labor de defensor de la vida, de buscador de justicia y de constructor de sueños. En la memoria de todos, como lo expresa una de sus sobrinas en este corto escrito:

“AMIGO TE ADMIRO NO SOLO POR LO QUE SOS
SI NO TAMBIEN POR QUE DIA A DIA LUCHAS POR EL PAN Y POR LA VIDA. 
SIN IMPORTAR CUAN DIFICIL SEA ESTAR COMBATIENDO TODO EL MAL
Y ES QUE NO SON SOLO ESAS COSAS LAS QUE TE HACEN ESPECIAL.
HAY DIAS EN LOS QUE LA IMPOTENCIA TE DERRIBA
Y TE ASUSTAS AL VER LO QUE EL MUNDO PUEDE SER 
Y SE QUE DUELE CUANDO MATAN LA ESPERANZA Y NOS ATACAN.
HOMBRES COMO VOZ SON SOLO CORAZON SIN CONTAR CON SU RAZON Y REBELION.
TU SOBRINA VANNESSA MORALES CASTRO, SEPTIEMBRE 2004”

Pasado el tiempo aún persisten los crímenes en la región del Alto Ariari, persiste la Impunidad, pero también persiste la memoria del defensor de los derechos humanos que ha estado viva en la familia, en los amigos, en la comunidad.

Mario Castro Bueno en la Memoria
Mario Castro Bueno Sin Olvido