miércoles, 31 de octubre de 2018

Jairo Ernesto Obregón

Octubre 31 2003


Un día como hoy del año 31 de octubre de 2003, Jairo Ernesto Obregón, abogado, ex concejal de Cúcuta, gerente encargado del Inurbe y presidente de la junta de acción comunal del barrio Belén, fue asesinado por paramilitares en horas de la mañana en la ciudad de Cucuta. Obregón fue defensor de detenidos políticos. Jairo además era hermano del exministro de trabajo y ex líder sindical Orlando Obregón. 

Bajo las ordenes de alias "Camilo" y alias "El Igüano" comandante del Bloque Catatumbo envió hombres armados bajo su mando hasta el lugar en el que residía el abogado, sobre la calle 17 No. 4-21 en la ciudad de Cúcuta, fue ultimado con disparos de arma de fuego y señalado de ser simpatizante de la guerrilla, por la labor que desempeñaba, defendiendo a personas acusada por delito de rebelión. 

Luego de los hechos, su familia fue obligada a desplazarse forzadamente y radicarse en la ciudad de Bogotá. Posteriormente, se tuvo conocimiento que el grupo paramilitar estaba al mando de Jorge Iván Laverde, quien ingresó a la residencia de Obregón y es el autor material de los hechos, la acción fue comandada también por el paramilitar Armando Perez Betancourth, luego del asesinato, Laverde huye en una motocicleta conducida por Jhonatan Sepulveda. Hoy el caso sigue en la impunidad  y aún se exige justicia sobre los hechos. 

Jairo Ernesto Obregón Sabogal en la Memoria
Jairo Ernesto Obregón Sabogal Sin Olvido

martes, 30 de octubre de 2018

Luis Camacho




Octubre 30 2000

Luis Camacho dirigente sindical del sector cementero, hizo parte de la dirección sindical de la compañía de cementos Nare y de la Federación Departamental de Trabajadores de Antioquia FEDETA, adscrito a la CUT regional, formó parte del directorio sindical de la cementera y de la desaparecida Federación de trabajadores de Antioquia.

Ese 30 de Octubre de 2000 cerca a la plantación de producción de la compañía Cementos Nare fue tiroteado cuando se disponía a abordar una embarcación en el muelle de la cementera sobre el Río Nare, por la estrategia paramilitar.

Luis Camacho en la memoria.
Luisa Camacho Sin Olvido.

miércoles, 24 de octubre de 2018

Orlando Valencia

Octubre 24 de 2005 


Orlando Valencia fue asesinado el 24 de Octubre de 2005 por su lucha en la defensa del territorio y la vida. Orlando es símbolo de las voces contadas a pesar de ser acalladas, es la expresión colectiva de la pervivencia de la existencia afrocolombiana a pesar del crimen, es el amante de la tierra a pesar del saqueador y nuevo colonizador; es la creación del cuerpo colectivo, las nuevas formas de resistencia ante la unificación del pensamiento, de la sensibilidad.

Un sábado 15 de octubre, cuando al medio día, las tierras del Curvaradó y Jiguamiandó quedaron a la espera de los pasos, las voces, las manos, el cuerpo de uno de sus habitantes que rompiendo el terror, que enfrentándolo se abrió como un líder de los pueblos afrodescendientes del bajo Atrato, se trata de Orlando Valencia.

El 15 de Octubre, Orlando Valencia fue detenido por la policía de Belén de Bajirá en Antioquia, cuando se encontraba viajando junto con 9 miembros más de la comunidad, un abogado de la de la Comisión de Justicia y Paz y un observador internacional. 

Posteriormente fueron llevados a la Estación de Policía, allí permanecieron hasta el medio día y en una acción concertada entre el cuerpo policial y los paramilitares, Orlando ya habiendo sido dejado en libertad, fue seguido, junto con sus acompañantes por varios paramilitares, 2 de ellos se le acercaron en una moto a Orlando y mientras lo intimidaban lo obligaron a subirse en ella, mientras amenazaban a los acompañantes para no impedir que Orlando fuese llevado con ellos. Hasta ese momento, Orlando fue visto con vida.

El homicidio de Orlando se produjo el mismo día de su desaparición, pero sus restos fueron encontrados hasta el 24 de Octubre, 9 días después en el río León, en un punto conocido como Puerto Amor en el municipio de Chigorodó. Orlando fue víctima de numerosas torturas, reflejadas en sus manos labradoras, en su cuerpo, además un disparo en la frente, en su cabeza, esa que condujo pensamientos por el bien de su comunidad. 

Un mes antes de su asesinato, Orlando denunció problemas medioambientales que tenían por la plantación de palma aceitera. Además exigió públicamente la restitución del Derecho al Territorio ante la ocupación ilegal de tierras colectivas de las comunidades de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó con la siembra de palma aceitera de poderosos sectores económicos que benefician la estrategia paramilitar. 

Este Afrocolombiano se caracterizó por luchar por los derechos colectivos de las zonas golpeadas con el conflicto armado y por los intereses que persiguen la protección de los recursos naturales de Curvaradó – Jiguaminadó, en el Bajo Atrato Chocoano. 

Ese mismo año, en el 2005, se inició el proceso jurídico bajo el número 2297 en la Fiscalía General de la Nación, éste dio inicio a diligencias de indagación preliminar por el punible de Homicidio Agravado; dándose apertura oficial el día 15 de diciembre de 2005. 

Por la responsabilidad en este asesinato fueron privados de la libertad y se les dictó medida de aseguramiento a Hermes Muñoz alias “Diomedes”, Álvaro Padilla Medina - alias “el Boxeador” y posteriormente a “Julio César Silva”, quienes, según testigos participaron en la desaparición forzada y asesinato de Orlando. 

Álvaro Padilla Medina, alias el “Boxeador” aceptó su responsabilidad individual, acogiéndose a la figura legal de la Sentencia Anticipada. Al paso de los años no se encuentra vinculado ningún empresario a pesar de la clara vinculación en el crimen. Este caso, como muchos otros en el país se encuentran en la total impunidad. 

La esposa de Orlando y las mujeres que nacieron del amor entre ella y Orlando sobreviven en el Jiguamiandó, entre el dolor, entre la angustia. Persisten en el sueño, en la utopía de eternizar más allá delante de todo discurso, de tanta prueba, que esta vida que es memoria colectiva tuvo y tiene sentido en la historia de los pueblos, en la historia ancestral que del África se inmortaliza en las hermosas selvas del Chocó. Allí la voz de ORLANDO, su nombre sigue navegando en los cauces de los ríos no desertificados con la deforestación y la siembra de la palma.

Orlando Valencia en la Memoria
Orlando Valencia Sin Olvido

lunes, 22 de octubre de 2018

Masacre de 'El Aro'


Octubre 22 de 1997
El aro es un corregimiento ubicado en el municipio de Ituango, Antioquia, siendo históricamente uno de los más antiguos y uno de los más prósperos hasta la llegada de actores armados que provocaron la destrucción de parte de su territorio y que costó la vida de algunos de sus habitantes en 1997. El aro se encuentra frente a la cordillera occidental al oeste del río Cauca, sobre el Nudo de Paramillo, en un macizo montañoso que los armados utilizaron por su ubicación estratégica como un punto de libre tránsito entre cinco departamentos, el océano pacífico y Atlántico, vías claves para el narcotráfico, sustento de su financiación.

Historia de un conflicto: Las FARC y el paramilitarismo vs. El Aro

El conflicto armado se materializó en El Aro con la presencia de los frentes 5,18 y 36 de las FARC quienes transitaban desde los años 80 por sus senderos. Durante ese tiempo se forjaron relaciones sociales, extorsiones, sometimientos, pero también una presencia protectora del territorio por parte de dicho grupo armado que controlaba además la distribución del narcotráfico, sin atentar contra la vida de los habitantes, quienes anticipadamente sabían que la presencia de la guerrilla acarrearía inconvenientes posteriores. 

Es así como desde 1996, grupos paramilitares empezaron a gestar un proyecto para sacar a la guerrilla del territorio y tomar control del mismo. Empezando con una incursión a las regiones antioqueñas de Urabá, Bajo Cauca y Córdoba, sembrando terror con su presencia en La Granja, Santa Rita y Santa Lucía, lugares donde perpetraron masacres. Finalmente, el 22 de octubre de 1997, el paramilitarismo se tomó a El Aro, acusando a sus pobladores de guerrillero o auxiliadores de los mismos. 

Aproximadamente 150 hombres de las denominadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) conocidos como los “Mochacabezas” llegaron al corregimiento entre el 22 y el 26 de octubre, aunque la presencia de los paramilitares se mantuvo durante 17 días. Con lista en mano, fueron asesinando, según diversas versiones, entre 15 y 19 habitantes del corregimiento, además torturaron a adultos y niños, secuestraron a campesinos, violaron a las mujeres, hurtaron y desplazaron toda la población hacia Ituango, Puerto Valdivia e incluso a la ciudad de Medellín. 

Los habitantes recuerdan particularmente el asesinato del tendero del pueblo Marco Aurelio Areiza, de 64 años, a quien amarraron, torturaron, le sacaron los ojos, los testículos y el corazón. Andrés Mendoza quien era dueño de la cantina del pueblo, agonizo en frente de sus vecinos, Elvia Rosa a quien violaron, le partieron la cadera e hicieron que varias reses pasaran por encima de su cuerpo, o a Wilmar de Jesús Restrepo de 14 años, a quien hirieron y obligaron a que subiera morrales pesados a lo alto de la montaña, cuando se sentó a descansar lo mataron.

Otras víctimas como Fabio Antonio Zuleta, Omar de Jesús Carmona, Omar Iván Gutiérrez, Olguín Jair Díaz, Otoniel de Jesús Tejada, Nelson Palacio Cárdenas, Nelson Cuadrado Urrego, Wilson Padilla, Arnulfo Sánchez, José Darío Martínez y Guillermo Mendoza Posso, fueron convertidos en fragmentos depositados en bolsas plásticas dejados en medio del camino de herradura o en la fosa común del corregimiento. 

Mientras todo ocurrió, las mujeres fueron obligadas a cocinar mientras lloraban e incluso mientras rezaban por la vida ya acabada de sus seres queridos, algunos paramilitares incluso violaron a las mujeres en la escena del crimen de sus esposos o hijos. El luto para los habitantes ni siquiera fue posible, tras la quema de 42 de las 60 casas del corregimiento, solo quedaron 8 casa de pie, junto con la escuela y la iglesia; se robaron 1.200 reses y secuestraron 17 campesinos para que arriaran el ganado hurtado, de esa forma ocasionaron el desplazamiento forzado de 702 habitantes de la región. 

Impunidad: Proceso de justicia y paz y victimarios

En términos de justicia y reparación, la masacre de El Aro ha sido uno de los procesos más complejos e impunes en la historia del conflicto armado en Colombia, a pesar de completar más de 20 años de declaraciones, sentencias y dictámenes, esto por la cantidad de actores involucrados entre lo legítimos e ilegítimos, las omisiones por parte del Estado y la Fuerza Pública que dejó en total desprotección a la población y aún más porque la historia del paramilitarismo es un capítulo inconcluso porque nadie sabe qué sucedió con los hombres desmovilizados en el proceso de Justicia y Paz.

El 13 de febrero de 1998, el paramilitar Francisco Villalba, alias “Cristian Barreto”, decide entregarse voluntariamente a las autoridades, para aliviar su conciencia y por no encontrarse de acuerdo con los planes para cometer magnicidios por parte de grupos paramilitares, en connivencia con miembros de la Fuerza Pública y narcotraficantes. El exparamilitar declaró que el entonces, gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, participó en reuniones con paramilitares, preparando la incursión y además una vez realizada la masacre, se reunió con ellos para felicitar la acción armada, que había sido un éxito, llegando a realizar incluso una celebración por la operación, testimonio que no fue solo aportado por Villalba, sino por otros paramilitares en versiones libres en el marco de la ley de Justicia y Paz. 

Dentro del mismo periodo de tiempo, el defensor de derechos humanos Jesús María Valle hizo graves declaraciones, afirmando que entre el comandante de la IV Brigada el general Alfonso Monsalva Flórez, junto con el comandante de la Policía de Antioquia de aquel entonces, el gobernador Uribe Vélez, Pedro Juan Moreno y Carlos castaño habían consolidado un poder entre el gobierno, el estamento policivo, los banqueros y los terratenientes para hacer control de forma ilegal sobre algunos territorios y cometer violaciones de derechos humanos. Él mismo le había solicitado al entonces gobernador y a Monsalva proteger a la población frente a los asesinatos ocurridos entre 1996 y 1997. Después de sus denuncias y declaraciones el 27 de febrero de 1998 Jesús María Valle fue asesinado por sicarios en Medellín.

Entonces, en 2005 se da paso a la Ley de Justicia y Paz, o Ley 975, promovida por el gobierno de Uribe para facilitar el proceso de desmovilización paramilitar. Durante las versiones libres, Salvatore Mancuso, aseguró que la incursión fue ordenada por Carlos Castaño y coordinada por Carlos Mauricio García alias “Doblecero”; primero afirmó que la incursión se hizo como una operación antisubversiva contra integrantes de la guerrilla, que habían secuestrado personas y hurtado ganado, los sobrevivientes, arremetieron y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), afirmaron que no asesinaron a guerrilleros sino a gente honesta Y trabajadora, sin ningún vínculo con la guerrilla o los paramilitares. Segundo, Mancuso declaró que efectivamente se celebró después de la masacre, se condecoró a los comandantes que participaron en la operación y tercero, en 2007 afirmó que cuando ocurrió la masacre cuatro helicópteros sobrevolaron la zona, uno de los cuales pertenecía a la gobernación de Antioquia, lo que vincula aún más al expresidente Uribe, desde entonces, varios son los cuestionamientos frente a la responsabilidad del actual senador de la república, pero nada ha pasado.

En 2007, Gustavo Petro realizó un debate en el congreso sobre el paramilitarismo en Antioquia, señalando las fincas La Carolina y Las Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez donde se cometieron y planearon crímenes, desde entonces, Álvaro Uribe se ha encontrado cuestionado por el vínculo con el paramilitarismo, primero, por las declaraciones de Francisco Villalba, la muerte de Jesús María Valle, y los cuestionamientos de Petro, luego por las audiencias del paramilitar Diego Fernando Murillo Alias “Don Berna”, quien aseguró que los grupos paramilitares financiaron la campaña presidencial de Uribe, y por los vínculos que también ha tenido su hermano Santiago con la creación del grupo paramilitar “Los 12 apóstoles” y “Los R-15”. Adicionalmente sobre las denominadas “Convivir”, impulsadas desde la gobernación de Uribe, sin que tuviera las facultades para conformar empresas de “seguridad privada”; y por su vinculación por acción y omisión en la masacre de El Aro, ejecutada para supuestamente rescatar a su primo Mario Uribe y para que el Estado ejerciera presencia en el territorio, que en realidad fue entregar su control al paramilitarismo. 

Tras los testimonios aportados y como solución para silenciarlo, el 23 de abril de 2009 fue asesinado Francisco Villalba por sicarios en Medellín frente a su esposa e hija de cuatro años, atentado contra la verdad, que se completaría con la extradición de varios de los jefes paramilitares que atestiguaron frente a los casos incluyendo a Salvatore Mancuso. Los procesos no han terminado allí, pese al homicidio de Villalba se condenó a Mancuso y a Castaño a 40 años de cárcel por la masacre y ya en julio de 2006 la Corte IDH había condenado al Estado colombiano por los hechos ocurridos en El Aro y La Granja, obligándolo a investigar para responsabilizar a los culpables y ordenando reparar e indemnizar a las víctimas. 

Así, desde el año 2014 se ha transitado entre órdenes para compulsar investigaciones contra Álvaro Uribe, incluso durante 2018 las investigaciones ordenadas y las citaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia han estado en el centro de discusión del escenario político. Sin embargo, no se ha realizado un procedimiento serio frente a tales pesquisas, puesto que, los procesos son anulados o burlados de alguna forma. 

El problema, además de las claras evidencias y del cinismo frente al procedimiento jurídico, es la personalización que se ha dado sobre la responsabilidad de la masacre, que además de no presentar resultados contundentes, se suma a la intención del actual gobierno, afiliado al partido de Uribe Vélez, de modificar el sistema de justicia para brindar inmunidad vitalicia al expresidente. 

Retorno, memoria y lucha por la vida: 

En 1998, algunos sobrevivientes retornaron a El Aro, pero se encontraron cenizas, escombros y dolor, incertidumbre sobre cómo reconstruir sus vidas, sus hogares. El retorno no ha sido fácil, la población hace muchos esfuerzos para superar las condiciones adversas en las que quedó su territorio, luego de ser uno de los corregimientos más prósperos de la región, ahora se vive en condiciones paupérrimas, las casas alojan huérfanos, viudas y sobrevivientes, aún con goteras, no cuentan con servicios de salud, ni carreteras, electricidad, agua potable o alcantarillado; ni siquiera hay posibilidades de futuro o relevo generacional porque el nivel de escolaridad es muy bajo. 

Los sobrevivientes y familiares de las víctimas no pierden la esperanza, ni la dignidad, aun no renuncian a que se haga justicia y que el país en su conjunto mire su territorio, así como pusieron atención cuando se divulgaron las atrocidades cometidas. Después de 20 años, en 2017, la Fiscalía General de la Nación exhumó los restos de una fosa común en el corregimiento, también sobre el camino de herradura y la vía que está construyendo las Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Las víctimas de El Aro, esperan que el Estado cumpla con el fallo de la Corte IDH, que ordenó indemnizar a los habitantes, dando mejoramiento las viviendas, proporcionando un retorno seguro y pagando a las víctimas 3.500 millones de pesos, pero aún no se ha cumplido, la única reparación fue una cruz fabricada de madera que está en la mitad del pueblo, que aunque se valora para recordar a las víctimas, tuvo un costo de 40 millones, por ello, las víctimas no lo consideran como una reparación, porque pudo ser una inversión para arreglar el centro médico o mejorar la escuela. 

A pesar de que hoy viven con una gran incertidumbre, desconfianza, y temor porque los grupos armados continúan haciendo presencia en el corregimiento; conservan la esperanza, de ser reparados individual y colectivamente, y que por medio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas encuentren mecanismos para hacer justicia, recibir algo de verdad y hallar a quienes nunca pudieron retornar a su hogar. 

Víctimas de la masacre de El Aro en la Memoria
Víctimas de la masacre de El Aro Sin Olvido

viernes, 12 de octubre de 2018

Masacre Vereda El Tabor


Palestina, Huila 11 de octubre 1985

En la madrugada del 11 de octubre de 1985, en la vereda El Tabor, municipio de Palestina, en el sur del Departamento del Huila, según testimonios, miembros del ejército nacional con apoyo de la policía local, llegaron hasta la vivienda donde se encontraba Martín Humberto Coy, Jesús Tunjo y Jaime Loaiza  y luego de torturarlos les asesinaron y los arrojaron al lado del camino.

El crimen de los 4 campesinos marcó el inicio del exterminio contra el movimiento político Unión Patriótica, surgido de los acuerdos de paz entre el gobierno del presidente Belisario Betancourt y la guerrilla de las Farc E.P en el año 1984.

En la memoria de familiares y vecinos sigue presente el dolor por el daño a la vida y la afectación a una iniciativa productiva y organizativa truncada en la región y se aguarda la esperanza de que en el marco de la implementación de los acuerdos se generen las condiciones para restaurar la vida, la memoria, la verdad, y se construya la paz con justicia socio-ambiental y desarrollo integral para las y los campesinos e indígenas de la región.

Palestina en la  memoria.
El Tabor  Sin Olvido. 











-->

lunes, 8 de octubre de 2018

Gilma Yaneth Pineda Metaute



Martes 8 de octubre de 1996 


Hoy, Gilma Yaneth Pineda Metaute habría podido acompañar a su hija, a dar sus primeros pasos por la vida, llevarla a la escuela, acompañar su adolescencia,  asistir a sus grados, celebrar sus 15 años...


Yaneth fue la tercera de cuatro hermanas (o), nació en una vereda del municipio de San Roque en Antioquia, al igual que sus hermanas (o) creció entre cafetales, con el arrullo de los pájaros y el hermoso paisaje adornado de exuberantes montañas. Para ese entonces su família tenía una parcela en la que cultivaban productos de pan coger, café y árboles frutales, eso les alcanzaba para sobrevivir sin tantos apuros. 

El padre y la madre de Yaneth, dos campesinos, curtidos de trabajar la tierra, personas honestas e inconformes con la difícil situación que vivían los campesinos de la zona, se involucraron muy pronto en el movimiento campesino, en ese tiempo respaldado y apoyado por comunidades eclesiales de base, hombres y mujeres dedicados a llevar el mensaje de Cristo en todos los rincones de nuestro país, llegaron hasta esta vereda hablándo de un Cristo obrero, trabajador, que se encarnaba en la lucha contra las injusticias y la explotación, un Cristo humanizado, en el que inmediatamente se reconocieron niños y niñas, hombres y mujeres, quienes entendieron que la lucha por la dignidad humana era más que una necesidad, un deber Cristiano. 

En este ejercicio  de memoria aparecen personas importantes que participaron  en el proceso en  esa coherencia inevitable entre la palabra y la acción, para los que predicar el mensaje de Cristo implicaba un alto sentido de humanidad y compromiso al lado de los oprimidos el padre Jaime Restrepo y la hermana Sor Teresa Ramírez, vilmente asesinados, por optar estar del lado de los oprimidos.

Yaneth creció en este ambiente alentada por la lucha por una vida digna, las novenas comunitarias, el convite, la reunión, los encuentros de niños y de adultos, la formación política, las tomas y recuperaciones de tierra, bajo la consigna “la tierra pal que la trabaja” la tierra para la gente sencilla y trabajadora que diariamente amasaba con sus manos y el azadón el surco y sembraba la semilla para el alimento de todos y de todas.

El compromiso social y político de la familia fue mayor, llegó la participación en marchas, el paro de campesinos que agrupo a centenares de hombres y mujeres junto a sus hijos e hijas en el municipio de Cisneros en 1988, los campesinos y campesinas, habían tomado la decisión de abandonar sus parcelas y salir a los cascos urbanos para dar a conocer las exigencias en un pliego de peticiones para una vida digna, vías de comunicación, energía eléctrica, créditos a bajos intereses, escuelas, apoyo por parte del gobierno para el agro, tierra para todos y todas. 

Después de la participación en este movimiento campesino, su familia, especialmente el padre de esta familia fue víctima de amenazas, persecuciones, detenciones arbitrarias por parte del Ejército Nacional acusado de ser colaborador de la guerrilla. Esta situación obligo a la familia a desplazarse a otro municipio, el miedo y la zozobra lo obligaron a vender la parcela familiar que tenían en la vereda Guacas en el municipio de San Roque Antioquia a un bajo precio, como decía el decía “nos toco regalar la parcela, porque, nunca me la terminaron de pagar”.

La opción por la lucha para exigir los derechos, estaba cobrándole a la familia un alto costo, verse obligados a abandonar la tierra en la que  nacieron, este fue un momento muy difícil. Para ese año 1989, Yaneth tenía 11 años de edad, para ese entonces se empezaba a ver el temple, la sencillez, la humildad, la capacidad de entrega por su familia que la caracterizaron. El corto tiempo que les permitieron vivir, fueron tiempos difíciles y "la mona" como le decían cariñosamente nunca se quebró.

Se trasladaron a una vereda del municipio de Maceos, llegaron a una finca comunitaria, que los campesinos habían ganado en una lucha con sus dueños y era administrada por la comunidad, allí estuvieron tres años, aunque sobrevivían, gracias a la solidaridad de la gente, la situación de seguridad en esta comunidad estaba en máxima alerta, los grupos paramilitares tenían amenazada a la gente de esta comunidad con incursionar y acabar con toda la gente, efectivamente a finales del año 1989 una incursión paramilitar a la hora de la molienda a plena luz del día, tuvo como consecuencia el  asesinato de Don Alfonso Jiménez y se le causaron heridas a cinco campesinos más.

Esta situación y otras que vinieron después, como combates entre guerrilleros y el ejército muy cerca de la vereda, la detención del padre por parte del ejército acusado de ser colaborador de la guerrilla obligaron de nuevo a la familia a desplazarse a una vereda del municipio de Yolombó. Seguido de esto el padre estuvo detenido tres años en el municipio de Puerto Berrio, y la madre asumió la responsabilidad económica y emocional de la familia. 

Cuando él  obtiene la libertad, la familia toma la decisión de salir de la región, cada vez la situación de seguridad se tornaba más difícil, y a través de unos amigos llegaron a vivir al municipio de Guarne, en una finca. Para ese entonces "la mona" tenía 17 años, viendo la difícil situación económica por la que estaba pasando la familia, tomó la decisión de irse a trabajar como empleada doméstica para colaborar económicamente.

La situación económica obligó a la familia a un nuevo desplazamiento, para la ciudad, fue así como llegaron a Medellín, todos comenzaron a trabajar, estudiar, la mona se enamoró, muy pronto quedó embarazada de una hermosa niña.

A los 19 años recién cumplidos, un lunes 7 de octubre, salio de su casa  para acompañar a un amigo que iba para San Roque y, este fue el último día que la vieron, la escucharon, la abrazaron. Esa tarde, se despidió de la madre, de su hija y emprendió su camino hacia la muerte, nunca se supo con claridad la verdad de los hechos, ¿quiénes la asesinaron? y ¿Por qué? Al día siguiente 8 de octubre, en horas de la mañana todos los medios de comunicación daban la noticia que  en un combate que se presentó en el municipio de La Unión (Ant) habían dado de baja a cuatro guerrilleros del ELN, entre los que se encontraba Yaneth, su cuerpo fue vestido con prendas militares, le pusieron armas. Por comentarios se supo que fueron interceptados en el carro en el que se desplazaban, un trooper de color verde, por paramilitares. Según versiones, ellos los entregaron a miembros del ejército y estos los asesinan y los hacen aparecer como muertos en combate, todo esto ocurrió durante la gobernación de Álvaro Uribe Vélez.

Hoy la familia esta convencida que el asesinato de Yaneth fue una ejecución extrajudicial. Estan en el proceso de esclarecer los hechos para que los responsables sean desenmascarados y rindan cuentas ante la justicia y la sociedad colombiana.

Este pequeño relato habla de la vida de un ser maravilloso, hermoso, a la que aman profundamente aún después de su partida, con la que tienen una deuda pendiente, dar a conocer su historia, que se sepa que existió, que tenía sueños que no le permitieron realizar, que quería estudiar, viajar, bailar, enamorarse, que su vida fue arrebatada, y que es necesario buscar el camino de la justicia en su nombre.


Gilma Yaneth Pineda Metaute  en la Memoria.
Gilma Yaneth Pineda Metaute  Sin Olvido

sábado, 6 de octubre de 2018

Desaparición forzada de 19 comerciantes



6 de octubre de 1987

En la tarde del 6 de octubre de 1987, 17 comerciantes que salieron de Cúcuta, Norte de Santander, con rumbo a Medellín, Antioquia, fueron desaparecidos forzadamente cerca de la finca “El Diamante”, por el grupo paramilitar de Puerto Boyacá al mando de Henry de Jesús Pérez Baquero, luego de pasar por un retén militar. Otros dos familiares que salieron en su búsqueda, Juan Alberto Montero y José Ferney Fernández, corrieron la misma suerte de los primeros 17 pocos días después.

Las investigaciones realizadas en años posteriores revelaron que los 19 comerciantes desaparecidos fueron asesinados, descuartizados y sus restos lanzados a las aguas del caño “El Ermitaño”, afluente del río Magdalena. Los cuerpos continúan desaparecidos, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia ordenó su búsqueda, y hasta ahora el “Plan de búsqueda” presentado en 2009 por el Estado no ha arrojado ningún resultado. De hecho, en los últimos cinco años los familiares no han recibido ningún informe por parte de las autoridades, a pesar de múltiples solicitudes, y aún los 19 hombres continúan desaparecidos.

Desde aquel octubre de 1987 los familiares de los 19 comerciantes han sido constantes en la búsqueda de verdad y justicia. Después de agotar todas las instancias nacionales, donde predominó la impunidad, los familiares acudieron al Sistema interamericano de Derechos Humanos, donde se reconoció su caso hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 5 de julio de 2004 condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada de los 19 comerciantes.

Por los hechos sólo se han proferido condenas contra algunos paramilitares, pero ninguno de los altos militares vinculados y a quienes se les alcanzó a ordenar la detención preventiva en 1996 han sido condenados. Además, en el caso del General Farouk Yanine Díaz y del Teniente Coronel Hernando Navas Rubio, las investigaciones precluyeron por razón de su muerte.

Otra medida ordenada por la Corte Interamericana que el Estado ha incumplido a los familiares es la relacionada con salud, tanto en relación con el tratamiento médico y psicológico gratuito, desde una perspectiva psicosocial, para todos los familiares, como medicamentos gratuitos, atención en salud integral especializada y preferencial, de manera individual, familiar o colectiva. Varios familiares de las víctimas han fallecido sin recibir reparación efectiva en esta materia.

Después de 8 años el Estado finalmente cumplió con la instalación de un Monumento en el año 2013, como medida de reparación, pero no ha dispuesto todavía de las garantías de seguridad, cuidado y mantenimiento de la obra en homenaje a las víctimas. Adicionalmente, se hace un llamado de atención sobre la lentitud de los procesos judiciales, que privilegian la impunidad, dado el paso del tiempo y la falta de acción investigativa, y los “Planes de búsqueda de personas desaparecidas” que no se compadecen del dolor de las víctimas ante un crimen tan atroz. Recordamos sus nombres esperando que al leerlos llegue a nuestra mente que cada uno de ellos es poseedor de una historia, una familia y unos seres queridos que los recuerdan:




  • Álvaro Lobo Pacheco 
  • Gerson Rodríguez 
  • Israel Pundor Quintero 
  • Ángel María Barrera 
  • Antonio Flórez
  •  Víctor Manuel Ayala
  • Alirio Chaparro Murillo 
  • Álvaro Camargo Gilberto Ortiz 
  • Reinaldo Corzo Vargas
  •  Luis Hernando Jáuregui 
  • Luis Domingo Sauza 
  • Rubén Emilio Pineda
  • Carlos Arturo Riátiga 
  • Juan Bautista 
  • Alberto Gómez 
  • Huber Pérez
  • Juan Alberto Montero
  •  José Ferney Fernández
La Comisión Colombiana de Juristas exalta la valentía y la tenacidad de los familiares de los 19 comerciantes que año tras año continúan exigiendo la búsqueda de sus seres amados, justicia efectiva y el cumplimiento de una reparación integral. Permaneceremos con ellas y con ellos preservando la memoria y brindando todo nuestro apoyo a su incansable labor. 

19 comerciantes desaparecidos en la Memoria 
19 comerciantes desaparecidos Sin Olvido
page1image22504 

Ángel José Quintero y Claudia Monsalve


Octubre 06 de 2000 

El viernes 6 de octubre del año 2000 a las 10:30 p.m., en una cafetería de la ciudad de Medellín fue la última noche en que Angel Jose Quintero y Claudia Ptricia Monsalve departieron con cinco de sus amigos y compañeros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desparecidos – ASFADDES - seccional Medellín.

Ángel José decidió acompañar a CLAUDIA PATRICIA a su casa en el poblado de Itagui. De acuerdo con testigos los dos integrantes de ASFADDES fueron abordados por dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta y luego obligados a subirse a una camioneta.

Ángel José un mes antes había recibido amenazas de muerte contra su vida debido a su labor en búsqueda de sus familiares Desaparecidos y de todos los Desaparecidos forzados por los que afirmó el derecho a la memoria, a la verdad, a la justicia y reparación integral. Claudia Monsalve estaba vinculada a ASFADDES exigiendo el esclarecimiento de la detención y desaparición forzada de su hermano, un estudiante universitario desaparecido en 1995.

La Desaparición Forzada de Ángel José y Claudia ocurrió en un contexto de una persecución sistemática de agentes estatales contra organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales en Medellín. Dentro de los mecanismos de persecución se descubrió que un millar de líneas telefónicas fueron interceptadas ilegalmente actuaciones en las que participó el Teniente MAURICIO SANTOYO VELAZCO.

La desaparición forzosa de Claudia Patricia y Ángel José continúa en la impunidad, mientras que el Teniente MAURICIO SANTOYO fue ascendido a Secretario de Seguridad de la Presidencia de ALVARO URIBE VELEZ, posterior a los hechos.

Claudia Patricia y Ángel Quintero después de su desaparición forzosa viven en la memoria de ASFADDES, de sus hijas e hijos que han crecido con la esperanza y con la convicción de que el Derecho a la Verdad y a la Justicia es innegociable. Las palabras, los testimonios, los dibujos, los rostros de sus familiares son una afirmación de que el olvido es inexistente, que la única palabra auténtica es la dignidad en la justicia. Ellas y ellos son la memoria viviente de lucha contra la impunidad

A los Quince años de la desaparición forzada de Ángel José Quintero y Claudia Monsalve, sus familiares continúan en la incansable búsqueda de respuestas sobre su paradero, la incansable lucha por saber la verdad, afirmando la memoria. 

Ángel José Quintero y Claudia Monsalve en la Memoria
Ángel José Quintero y Claudia Monsalve Sin Olvido

viernes, 5 de octubre de 2018

Masacre El Tandil




5 de octubre de 2017

El 5 de octubre de 2017 en la zona rural Puerto Rico-Majate, municipio de Tumaco, Nariño, se asesinó a ocho campesinos, entre ellos dos víctimas que eran parte del pueblo awá de Tumaco. En este municipio una de las actividades económicas principales es el cultivo de coca, miles de familias viven de esto. Para octubre del 2017 se llevaba a cabo una protesta contra la erradicación forzada, algunos de los manifestantes se formaron haciendo una cadena humana para que la Fuerza Pública no pasara a dañar los cultivos de coca, pasadas unas horas hubo disparos.

Las víctimas identificadas fueron Aldemar Gil Guacheta de 25 años, Jaimen Guanga Pai de 45 años, Diego Escobar Dorado de 31 años, Alfonso Taicus de 32 años, Nelsón Chacuendo Calambas de 29 años y Janier Usperto Cortés de 26 años.

Inicialmente, se señaló como responsable la disidencia de las FARC, indicando que se había dado un enfrentamiento y ataque a miembros de la fuerza pública con cilindros de gas, tatucos y tiros de fusil por alias Guacho y su grupo GAO, así lo declaro un comunicado que se publicó en la página del Ejercito Nacional. Ante esto, la comunidad se pronunció y responsabilizaron a la Fuerza Pública como los autores de la masacre.

El domingo 8 de octubre de 2017, en el lugar del ataque ingreso una comisión de derechos humanos de la Gobernación de Nariño, los defensores y periodistas fueron hostigados por miembros de la policía en la zona. En diciembre de 2017 se iniciaron investigaciones a 40 miembros de la Compañía Antinarcóticos de Seguridad para la Erradicación Manual de Tumaco y el Núcleo Delta de la Policía Nacional; 14 integrantes del pelotón Dinamarca de la Quinta División de la Brigada Móvil No. 35 del Ejercito Nacional y a miembros de la Compañía Antinarcóticos de Seguridad de la Erradicación Caseg-6. 

Para enero del 2018, se realizaría una audiencia para imputación de cargos por delitos de homicidio agravado y homicidio agravado tentado, responsabilizando al comandante Javier Enrique Soto García del Núcleo Delta de la Policía Nacional y al comandante Jorge Niño León del Pelotón Dinamarca I, sin embargo, la audiencia fue aplazada y luego cancelada. Hasta el momento nadie ha sido condenado y la Procuraduría General de la Nación no ha sancionado ningún miembro.

Desde la masacre y ante la impunidad la gobernación de Nariño y los habitantes de Tumaco se han pronunciado, están pidiendo que se haga justicia que se conozca la verdad de lo sucedido, que se deje de criminalizar a los campesinos cultivadores de coca, que no se desate la fumigación con glifosato y adicionalmente que se cumplan los acuerdos de paz, de forma que los conflictos se solucionen por medio del dialogo y la verdad.

Las víctimas de la masacre el Tandil Tumaco en la Memoria 
Las víctimas de la masacre el Tandil Tumaco Sin Olvido

Masacre de Riofrío

5 de Octubre 1993
Todo comenzó a las 5 de la mañana del 5 de octubre de 1993 en la vereda El Bosque, corregimiento Portugal de Piedras de la comprensión municipal de Riofrío, departamento del Valle.

Allí llegó un grupo de hombres armados, algunos de los cuales vestían prendas de la Fuerza Pública y ocultaban su rostro mediante el uso de una capucha, quienes ingresaron violentamente a los domicilios de las familias Ladino Ramírez y Molina Solarte, de donde sacaron a Celso Mario Molina Suaza (45 años), Zenaida Ladino Ramírez (38 años), Lucely Colorado Bonilla (35 años), Frederman Molina Solarte (25 años), Hugo Cedeño Lozano (33 años), Edilia Rita Solarte (40 años), Julio César Ladino Ramírez (29 años), Edelcy Tusarma Salazar (16 años), Dora Estela Gaviria Ladino, Carmen Emilia Ladino Ramírez (34 años), Miguel Ladino (73 años), Ricardo Molina Solarte (25 años) y a Miguel Antonio Ladino Ramírez (47 años) , entre otro pobladores, quienes fueron llevados por la fuerza a la escuela de la vereda "San Juan Bosco" con el fin de ser interrogados sobre el paradero de miembros de grupos armados disidentes que habrían frecuentado la zona.

La mayoría de los pobladores fueron dejados en libertad pero Miguel Enrique Ladino Largo, Miguel Antonio Ladino Ramírez, María Cenaida Ladino Ramírez, Carmen Emilia Ladino Ramírez, Julio Cesar Ladino Ramírez, Lucely Colorado, Dora Estela Gaviria Ladino, Celso Mario Molina, Rita Edelia de Molina, Ricardo Molina, Freddy Molina, Luz Edelsy Tusarma Salazar y Hugo Cedeño Lozano fueron llevados a la morada del señor Javier Ladino, aproximadamente a las 8:30 a.m., donde fueron sometidos a actos de tortura , y algunos obligados a vestir prendas militares, para posteriormente ser asesinarlos esto sucede alrededor de las 10:00 am

El accionar de tipo paramilitar se retiró de la escena -aparentemente con excepción del individuo que operaba como informante- los miembros del Batallón Palacé simularon un combate con las víctimas, para lo cual efectuaron una serie de disparos hacia y desde la vivienda del señor Ladino y modificaron la escena del crimen.

A las 11: 00 am arribó a las estribaciones de la meseta en la que está ubicada la casa, miembros del Pelotón Antiterrorista Urbano (PAU) del Batallón Palacé de la Tercera Brigada del Ejército, al mando del Mayor Eduardo Delgado Carrillo, también por el entonces Teniente Alfonso Vega Garzón, el Cabo Primero Leopoldo Moreno Rincón, el Cabo Segundo Alexander Cañizales Núñez y 30 soldados regulares, quienes, simulando ser objeto de ataque, abrieron fuego desde su posición, inferior y sin visibilidad, en contra de la casa donde había ocurrido la masacre, "tomándose" posteriormente el inmueble.

El entonces Mayor Delgado Carrillo, rindió informe en el que dio cuenta de un enfrentamiento con miembros de una columna del grupo guerrillero ELN, con el resultado de 13 bajas de esa organización, el decomiso de abundante material de guerra y la absoluta ausencia de bajas en sus propias filas, afirmando que había llegado al lugar cumpliendo órdenes de su superior, el Comandante del batallón, quien a las 8 de la mañana de ese día le había ordenado recoger en el centro de Buga a "un informante" que indicó la presencia de la "columna guerrillera" en el sitio reseñado, razón para que se diseñara la operación, partiendo del batallón a las 10:30 de la mañana.

Tras el simulacro de combate, el Teniente Coronel Luis Felipe Becerra Bohórquez, Comandante del Batallón de Artillería Palacé y el Brigadier General Rafael Fernández López, Comandante de la Tercera Brigada, dieron a conocer a la opinión pública a través de los medios de comunicación que, como parte de la denominada operación "Destructor", tropas del ejército dieron muerte en combate a 13 reconocidos guerrilleros, pertenecientes a la cuadrilla "Luis Carlos Cárdenas" del auto denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), incautando material.

El 4 de agosto de 1994 un juzgado dictó medida de aseguramiento, consistente en caución prendaria contra el Teniente Coronel Luis Felipe Becerra Bohórquez por el delito de encubrimiento por favorecimiento. El 30 de marzo de 1995 el Juzgado, en forma oficiosa, cambió la medida de caución por la de conminación Por decisión del Comandante de la Tercera Brigada en su calidad de Juez de Primera Instancia, la instrucción se trasladó al Juzgado 17 de Instrucción Penal Militar, con sede en la ciudad de Cali.

El 4 de noviembre de 1994 un Fiscal Regional Delegado de Cali dispuso la apertura de instrucción y la vinculación mediante indagatoria de los oficiales del Ejército Nacional y de los soldados que participaron en la por ellos denominada "operación Destructor", así como la de un civil, supuestamente vinculado con el narcotráfico, que habría promovido la matanza. Al Teniente Coronel Luis Felipe Becerra Bohórquez y al Mayor Eduardo Delgado Carrillo se les recibió indagatoria y se le definió situación jurídica el 21 de noviembre de 1994 con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva como cómplices del homicidio de 13 personas.


En reacción, la Tercera Brigada del Ejército planteó colisión de competencia positiva.

El 30 de julio de 1997 el Juzgado 17 de Instrucción Penal Militar se pronunció en forma provisional sobre la situación jurídica del Teniente Coronel Luis Felipe Becerra Bohórquez y del Mayor Eduardo Delgado Carrillo, resolviendo decretar la detención preventiva de éstos como presuntos responsables del delito de falsedad ideológica de documento público en concurso con el delito de encubrimiento por favorecimiento. Asimismo, se abstuvo de dictar medida de aseguramiento en contra del Teniente Coronel Luis Felipe Becerra Bohórquez como presunto responsable de los delitos de concusión, cohecho y homicidio, por falta de mérito. Esta decisión fue apelada, sin éxito, por la parte civil en el proceso.

La Procuraduría General de la Nación, un Juez Regional de Cali reclamó el 19 de febrero de 1998 el juzgamiento de los militares, por cuanto el material probatorio demostraba que: "(...) la actuación del Ejército en el operativo en cuestión fue simulada, con el fin de proteger la acción delictiva de quienes dieron muerte a las 13 personas cuyos cadáveres fueron inicialmente reportados como pertenecientes a una cuadrilla subversiva y muertos en combate, indicando luego el recaudo probatorio que ya estaban muertos cuando llegó el Ejército, lo cual ciertamente genera una duda más que razonable en cuanto a la relación con el servicio que guardan los actos realizados por el personal militar en aquella infausta oportunidad y tiene incidencia definitiva en materia de competencia para conocer el respectivo proceso".

En la 2003 la Corte Suprema de Justicia ordeno reabrir este caso. Hoy la impunidad en que se encuentra esta masacre es evidente. En la fecha de la masacre siguen llevando su rostros, en su mirada la verdad histórica, la memoria que aún con el paso del tiempo sigue clamando justicia ante la destrucción de vidas humanas de hombres y mujeres campesinas cuyo único delito fue amar la vida, trabajar la tierra, afirmar la dignidad.

Las familias Ladino Ramírez y Molina Solarte en la Memoria 
Las familias Ladino Ramírez y Molina Solarte Sin Olvido

miércoles, 3 de octubre de 2018

Luis Fernando Lalinde Lalinde


3 de Octubre de 1984

La historia de Luis Fernando Lalinde Lalinde, es la historia de Fabiola, su mamá y su inagotable lucha por las víctimas de desaparición forzada en Colombia. Desde hace más de 30 años, con su hijo como emblema, Fabiola se ha opuesto a todas las formas de violencia, a pesar de padecer de la represión y las injusticias del Estado, que en lugar de mermar su labor por la defensa de los derechos humanos  parecen llenarla de fuerza para seguir.
Paradójicamente su lucha inicia con el fin de la vida de su hijo, Luis Fernando era un joven de 26 años, militante del Partido Comunista Marxista-Leninista, muy activo en política participó en el marco del proceso de cese al fuego entre el gobierno de Belisario Betancourt y las FARC, cuando ya había finalizado su carrera de sociología.
El 3 de octubre de 1984 fue detenido, torturado, desaparecido y ejecutado extrajudicialmente, por efectivos militares adscritos al Batallón de infantería No. 22  ‘Ayacucho’ de la Brigada VIII al mando del Capitán Jairo Enrique Piñeros Segura, los subtenientes Jaime Andrés Tejada Gonzales, Samuel Jaimes Soto y el cabo segundo Medardo Espinoza Areiza.
Luis Fernado había sido detenido en medio de la ‘Operación Cuervos’, en el municipio de El Jardín, Antioquia donde buscaban un guerrillero herido del Ejército Popular de Liberación (EPL). En el Caserío el Verdun el sociólogo fue amarrado, golpeado brutalmente y llevado en un camión militar con dirección a Riosucio, Caldas, siendo visto por última vez.
Hasta 1986 Luis Fernando Lalinde había sido despojado de su identidad y de su nombre, “lo convierten en un NN alias Jacinto y nadie sabía de él”, hasta que en septiembre de 1988 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó al Estado Colombiano. Cuenta Fabiola que “El caso de Luis Fernando fue la Primera resolución de la OEA responsabilizando al Estado colombiano por desaparición y por ejecución extrajudicial”, motivo por el cual ella y su familia han sido víctimas de persecuciones y hostigamientos.
Después de 4.428 días parte de los restos de Luis Fernando fueron encontrados en la ciudad de Medellín, para entonces, la señora Fabiola ya había adquirido una fortaleza, un sentido de persistencia infundido por el médico Héctor Abad Gómez, defensor e intelectual de los derechos humanos, que apoyo a Fabiola, asegurandole que a pesar del tiempo que estuviese desaparecido su hijo “…hay que buscarlo toda la vida, aunque no lo encuentre”.
Desde su experiencia y sensibilidad Fabiola Lalinde, viene acompañado a madres víctimas de desapariciones forzadas en Colombia, y  haciendo frente a toda violencia hacia la mujer desde la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES).

A partir de la muerte de su hijo inició la que llama “Operación Ciriri” insistiendo en su búsqueda así llueva, truene o relampaguee ante quien fuese necesario, en la que además ha rescatado durante su lucha los principios que en su infancia la marcaron, que son la verdad, el respeto, la solidaridad y honestidad: “Me di cuenta de lo importante que era esa parte sobre todo de la verdad, decir la verdad y nunca en la vida aceptar decir mentiras, (…) con eso me he defendido, porque en el transcurso de la búsqueda me di cuenta que me estaban mintiendo y eso me ha dado más fortaleza
Luego de 34 años el Ejército Nacional construyó una escuela en la vereda el Verdún, último lugar donde estuvo Luis Fernando Lalinde con vida, como una forma de reparación a la familia de la víctima. Actualmente el contexto social y político en Colombia persiste en legitimar actos de violencia por medio de la ilegalidad, la justicia no ha sido completa, pero se seguirá insistiendo en una paz aunque esté lejana, porque como dice la canción “Lalinde” de pasajeros en memoria de Luis Fernando, el país sigue pintado de un color, “Si el rojo prima en sus colores es que está enferma de homicidas"

Luis Fernando Lalinde en la Memoria
Luis Fernando Lalinde Sin Olvido

martes, 2 de octubre de 2018

Luis Orlando Saiz



12 de julio 2016

Luis Orlando Saiz era un joven de 31 años que trabaja en la empresa Carrocerías Logos donde se desempeñaba como pintor desde hacía 10 años. El 12 de julio de 2016 en el marco del paro nacional de transportadores de carga se presentaron múltiples violaciones de derechos humanos y agresiones por parte de la fuerza pública, de las que Luis Orlando sería víctima. Mientras salía de su trabajo y se dirigía a su casa, frente de la empresa Postobón en Duitama, Boyacá, sobre la carrera 42 con calle 9na, recibió un impacto de una capsula de gas lacrimógeno que fue disparada por los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

El impacto le produjo un trauma craneoencefálico acabando con su vida. A partir de su muerte la indignación motivó a la comunidad a realizar protestas en rechazo, saliendo a las calles a marchar de manera pacífica con camisetas blancas, manifestaciones que también fueron repelidas indiscriminadamente por el ESMAD. Su familia emprendió una  lucha inagotable por reclamar justicia frente al crimen, y por limpiar su buen nombre resaltando que Luis Orlando amaba el futbol y era un joven responsable que le ayudaba económicamente a su familia. 

También tuvieron que enfrentar la tergiversación de los hechos por parte de la fuerza pública y los medios de comunicación, quienes inicialmente afirmaban que Saiz participaba activamente en el paro y hacia parte de un grupo de universitarios que lanzaban bombas. Sin embargo, los compañeros de trabajo identificaron el overol y la camisa del equipo de futbol de la empresa en la que laboraba el joven, pronunciándose un su momento con un rechazo a “los medios de television y de radio que mienten al pueblo”.

Por su parte, su hermana desmintió tales afirmaciones y en su defensa dijo: “Mi hermano era un trabajador,  él no era de la unión de los universitarios como según dice la prensa, que porque estaba lanzando bombas explosivas, es mentira, el nunca tenía nada en sus manos” y responsabilizo así a agentes del Estado: “Fue culpa del ESMAD ellos no tenían por qué quitarle la vida injustamente a una persona”.

 A pesar de los hechos, la Fiscalía hizo referencia a que la responsabilidad no podía adjudicarse de manera inmediata al ESMAD, incluso trato de justificarse, por ejemplo el fiscal encargado de ese entonces aseguro: “tenemos que investigar si la persona que disparo era del ESMAD y si disparo correctamente, es decir, si utilizo ese proyectil lacrimógeno de alta velocidad de la forma como los protocolos lo establecen, y eso será lo que tenemos que determinar para saber si hay algún tipo de responsabilidad”. Posteriormente se dio a conocer el dictamen de Medicina Legal, donde, se que registraba que efectivamente el joven había recibido de forma directa el impacto de un proyectil lacrimógeno, hasta entonces se había mentido sobre los hechos, indicando que Luis Orlando era un terrorista.

Por el caso fueron implicados son el intendente Luis Enrique Agudelo y el patrullero Andrés Castro Gama, a pesar de ello, el crimen de Luis Orlando Saiz después de dos años sigue en impunidad. Su familia sigue exigiendo justicia y hace presente la memoria de Luis para que los hechos no se repitan. Hoy lo recuerdan como un héroe, como la motivación para clamar por verdad y respeto por la vida de inocentes como él.


El día de hoy 2 de octubre de 2018 se realizará un plantón desde las 2:00 pm frente al Palacio de Justicia en Duitama, para hacer memoria y reclamar justicia luego de dos años del asesinato de Luis Orlando Saiz. Allí se realizará una audiencia y durante el plantón se acompañará a la familia, quienes, afirmaran que la vida es sagrada. 

Luis Orlando Saiz, en la memoria
Luis Orlando Saiz, Sin olvido