sábado, 20 de octubre de 2018

Jorge Luis Ortega García



Octubre de 20 1998 




Jorge Luis Ortega García nació en San Jacinto, departamento de Bolívar, en 1960. Entrego 20 años de su vida trabajando en la Electrificadora de dicho departamento, y fue allí donde se formo como dirigente sindical, pero solo se dio a conocer públicamente en marzo de 1994, cuando es acusado de rebelión por haber hecho presencia, con apoyo de la Electrificadora, al “IV Congreso Latinoamericano por la Solidaridad, la Soberanía y la Autodeterminación y la Vida de Nuestros pueblos” que tuvo lugar en Cuba.

Jorge Luis hacía parte del Comando Nacional del Paro Estatal de los Trabajadores, realizado desde el 6 de octubre de 1998, manteniendo un rol protagónico en su dirección. Desde el inicio del paro estatal, varios sindicalistas habían recibido amenazas de muerte, entre ellos Jorge. Por ello, el día anterior a su asesinato, en una sesión del Comité de Evaluación de Riesgos, Jorge Luis denunció ante delegados del Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo, la Policía Nacional, La Consejería para los Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, entre otros, la situación de violación a los derechos humanos que se presentaba contra el sector sindical y públicamente responsabilizó al Estado colombiano de cualquier atentado contra su vida, ya que, después de cinco meses de haber solicitado medidas de protección recurrentemente, no fue objeto de dotación de escoltas y un vehículo para su movilización, a pesar de los recientes hechos que atentaban contra su vida, como el allanamiento realizado en su residencia el 22 de septiembre de 1998, donde golpearon, amordazaron y amenazaron a su compañera, registrando todo el lugar.


Un martes 20 de octubre de 1998, Jorge Luis Ortega García fue asesinado por un sicario de la estrategia militar encubierta a las 7:15 p.m. cuando ingresaba a su vivienda en la ciudad de Bogotá. Jorge Luis, sindicalista de Sintraelecol (Sindicato de la Electrificadora de Bolívar), Vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores – CUT e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la CUT.


Durante el transcurso del paro estatal del mes de octubre de 1998, fueron asesinados MARCO PEREZ, sindicalista de Sintraelecol - Sincelejo, Orfa Ligia Mejía, Profesora de Nariño. Sufrieron atentados contra su vida Eugeniano Sánchez, Benito Rueda, VIirgilio Ochoa sindicalistas de Sintracuemponal en Barrancabermeja.

Uno de sus amigos y compañero de luchas, Nelson Berrío, indico que su asesinato fue previsto por amenazas de grupos paramilitares dada su labor como sindicalista y la desprotección por parte del Estado. Hasta el año 2002, el Juzgado Quinto del Circuito Especializado de Bogotá condenó a Rafael Céspedes Álvarez a casi 30 años de prisión, acusado de ser el autor material de los hechos ocurridos aquel 20 de Octubre, aun no se conocen los autores intelectuales de este homicidio. 

La impunidad continua, pero también las exigencias que se siguen planteando ante el Estado colombiano, puesto que, no se ha evidenciado una voluntad política de los diferentes gobiernos de responder conforme a Derecho, además siguen los asesinatos contra lideres y sindicalistas, existen nuevos crímenes de lesa humanidad, que pudieron ser evitados si en Colombia existieran garantías de un real Estado de Derecho. 

Jorge Luis Ortega García en la Memoria.
Jorge Luis Ortega García Sin Olvido.

miércoles, 17 de octubre de 2018

José Jair Cortés Godoy


Octubre 17 de 2017

José Jair Cortés Godoy nació en zona rural de Tumaco, Nariño, cerca al río Chagüí, pero hacía nueve años que vivía en Alto Mira y Frontera porque de allí era su esposa. Al poco tiempo de haberse radicado en ese lugar, se destaco como líder afro representativo del pacífico nariñense, y por ser miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario. Bajo su responsabilidad se asignó el cargo de vocal y la veeduría de la vereda Tiestería, ubicada en la zona cuatro de ese territorio colectivo.

Durante 2017, en el contexto de la desmovilización de las FARC-EP, el pacífico colombiano se tornó en una zona propensa y receptora de la violencia, siendo Tumaco un territorio de control estratégico para diversos grupos armados, visto como una ruta clave del narcotráfico. Ante ese panorama, José Jair trabajó por generar proyectos productivos para la comunidad en busca de alternativas que favorecieran a la sustitución de cultivos de uso ilícito, en lugares donde los habitantes rechazaron de manera tajante la erradicación forzada, propuesta durante décadas por los gobiernos de turno. De esa forma, el líder buscó alternativas para su comunidad, una de ellas fue la construcción de una carretera binacional para conectar Ecuador con Nariño, también gestionó recursos para construir tanques de almacenamiento de agua y vigilo de cerca el proceso de sustitución de cultivos, pues comprendía el riesgo que representaba esta actividad: “Si van a venir a hacer la erradicación forzosa va a haber confrontaciones, se va a volver esto un diluvio porque la gente no está en las condiciones de dejarse quitar lo que los está sosteniendo”. En el mes de octubre y luego de la masacre de el Tandil, en la que fueron asesinados 8 campesinos, Jose Jair y otros 15 líderes recibieron diferentes amenazas contra su vida. Buscando resguardo, se desplazó junto con algunos de sus compañeros al caso urbano de Tumaco, para solicitar medidas de protección y ayuda para agilizar los acuerdos de sustitución de cultivos en Alto Mira y Frontera. Sin embargo, el día 17, tuvo que retornar para ver a su esposa que se encontraba enferma, allí Jose Jair Cortés fue asesinado, un crimen que según el reporte oficial se adjudicó a disidencias de las FARC al mando de alias “Guacho”, el líder solo contaba con un chaleco antibalas y un celular asignado por la Unidad Nacional de Protección (UPN), elementos que fueron totalmente inútiles para preservar su vida. En septiembre de 2018, una fiscalía especializada de Pasto (Nariño) realizó imputación de cargos por homicidio y concierto para delinquir contra Aris Yiber Caicedo Gutiérrez o alias “Cholo” uno de los sicarios de la banda “Cachi” que hace parte de las disidencias del frente Oliver Sinisterra o Los de Guacho. Sin embargo, no se han establecido los autores intelectuales del homicidio. Hasta después de la muerte de José Jair y la masacre de los campesinos en El Tandil, se agilizó el proceso de sustitución de cultivos, hoy solo se espera justicia, que el valor sobre el trabajo de los líderes sociales sea respetado y protegido; sobre todo, la comunidad y en la memoria de este líder, se espera que se cumpla su deseo y el de muchos líderes: “El mayor deseo de uno como líder es que las cosas cambien para bien”

José Jair Cortés en la Memoria
José Jair Cortés Sin Olvido

martes, 16 de octubre de 2018

Operación Orión

 16 de octubre de 2002


“Las lágrimas se nos están acabando de tanto dolor”.
Víctima sobreviviente de la Operación “Orión”

En aplicación de la llamada "seguridad democrática" en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, altos mandos de las fuerzas militares y policiales, como los generales Mario Montoya y Leonardo Gallego, ordenaron a paramilitares al mando de Diego Fernando Murillo alias "Don Berna" participar en una operación de arrasamiento en la Comuna 13 de Medellín, denominada "Orión".

La Comuna 13 está Ubicada al oeste de la ciudad de Medellín, a diez minutos de la Alpujarra, donde está la Gobernación y la Alcaldía. Ha sido durante muchos años golpeada por la pobreza y la exclusión, es un sector deprimido, sujeto a las laderas de una montaña y lleno de caminos, empinadas escaleras, callejones, callejuelas y rincones. Con 200.000 habitantes la mayoría de ellos y ellas víctimas de la exclusión social, expulsados del sistema capitalista. Pese a ello, a las huellas de la violencia y el arrasamiento de la vida los familiares han conseguido resistir en sus territorios y organizarse para reivindicar el respeto a la vida en medio de la guerra y la justicia, verdad y reparación en medio de las numerosas víctimas resultantes luego del operativo.


El día 16 de Octubre del 2002, entró en acción la estrategia armada, bajo el argumento de sacar las guerrillas FARC, ELN y las CAP para recuperar y tener  control territorial sobre la Comuna. Previamente, en mayo de ese mismo año ya se había realizado la Operación militar "Mariscal", en la que se presentaron varias violaciones de derechos humanos. 

En "Orión" fueron empleados cinco batallones de la IV Brigada, el batallón contra-guerrillero del ejército, la policía y el DAS, todos ellos en colaboración con los paramilitares de la región, la operación contó con cerca de tres mil efectivos, dando comienzo antes de la media noche con los largos enfrentamientos. En medio del combate, el desespero y la angustia acrecentaron; la guerra continuó, helicópteros, tanquetas y efectivos dispararon contra todo y contra todos, sin detenerse. Ni siquiera el repliegue de las guerrillas, disminuyó la hostilidad de la fuerza pública la cual continuó con sus ataques sin retroceder un centímetro.

Esas horas de terror, que se prolongan después en sus efectos en el subconsciente colectivo, contaron con allanamientos ilegales, capturas masivas, ejecuciones extrajudiciales, muertes de civiles, desapariciones forzadas, balas pérdidas e incontables violaciones a sus derechos, además de hacer daños colectivos en la Comuna 13.

Años después, con las declaraciones de alias “Don Berna” el país confirmó que los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara colaboraron con la operación Orión de la mano del General de la IV Brigada, Mario Montoya. Con el proceso de desmovilización paramilitar que sumió al país en la impunidad, alias “Don Berna” aseguró que más de 300 personas fueron desaparecidas y asesinadas tras dicha operación y que sus cadáveres se encuentran repartidos en distintas fosas comunes en el botadero de escombros conocido como “La Escombrera”.

Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad y parte civil en el proceso, asegura que cometida esta operación el proceso jurídico se reduce a una palabra: impunidad. Esta corporación logro que la Fiscalía Delgada ante la Corte Suprema de Justicia abriera una investigación preliminar contra el general Mario Montoya y Leonardo Gallego, sin embargo, el proceso jurídico no ha avanzado y tampoco se ha asumido responsabilidad política sobre los hechos. 

Tras el largo enfrentamiento, las AUC aseguraron la supuesta “pacificación” de la zona por medio de la desaparición forzada de los pobladores. Convirtiendo la operación no sólo en el mayor desplazamiento urbano de la historia colombiana, sino en un prolongado sufrimiento e incertidumbre de cientos de familias que vieron desaparecer entre las calles de Medellín a sus seres queridos. La operación militar, no fue entonces una solución a la vulnerabilidad de la población, sino una entrega del territorio a otros actores del conflicto, profundizando la violencia, puesto que, se instalo una hegemonía paramilitar. 

En el mes de Noviembre de 2013 la CIDH, mediante un informe declaró que el Estado de Colombia es responsable de la violación a "el Derecho a la Vida, Integridad Personal, Seguridad y Libertad personal, Propiedad privada, Circulación y Residencia, Asociación, Derechos del niño, Garantías y Protección judicial y Derechos del niño, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará"


En julio de 2015, la Fiscalía inicio una exploración en la Escombrera para hallar restos, luego de 5 meses se detuvieron y el compromiso de esta institución era continuar con el proceso, las victimas aun tienen la esperanza de encontrar a sus desaparecidos, donde, se ha calculado un aproximado de 104 personas.  

Actualmente, la Comuna 13 sigue militarizada, los habitantes continúan pagando vacunas y la violencia es latente por parte de las BACRIM. La operación militar que mató a quienes nada tenían que ver con la guerra y que desapareció a otros tantos para garantizar la supuesta “seguridad democrática” sigue cubierta por el velo de la impunidad. Estas son, a lo sumo, consecuencias de una perspectiva guerrerista de la paz que poco tiene que ver con la justicia y que tanto han herido a Colombia.

En 2018, el general más condecorado del Ejercito colombiano, Mario Montoya Uribe se presentó ante la Jurisdiccion Especial de Paz (JEP), donde, aún las victimas y organizaciones de derechos humanos exigen toda la verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales y las violaciones a DDHH cometidos durante esta operación militar que estuvo bajo su mando.


Pero hoy, la Comuna 13 sigue siendo un territorio de esperanza, de reclamos y reivindicaciones, hoy los habitantes no sólo resisten a la violencia sino que están construyendo Paz desde los territorios,haciendo memoria con apoyo institucional, colectivo e individual, por medio del arte, la danza, la literatura, ferias agroecologicas, intercambio de experiencias, música, entre otros, destacándose la caravana de la memoria de las Mujeres Caminando por la Verdad o Cuerpos Gramaticales, todo ellos, pronuncian una y otra vez ¡Orión nunca más!

Víctimas de la masacre de la Operación Orión en la Memoria
Víctimas de la masacre de la Operación Orión Sin Olvido

domingo, 14 de octubre de 2018

Walberto Hoyos


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4 de Octubre de 2008 

Un día y otro día más, por su ingenuidad signo de su transparencia creyó que no lo iban a asesinar ese día. Semanas antes sobrevivió junto con su hermano a un atentado. Walberto Hoyos, líder de restitución, investigador popular, defensor de derechos humanos se aferró a sus convicciones por la verdad y la justicia, creía que los despojadores, los beneficiarios de la operación septiembre negro, al mando de Rito Alejo del Río, desde 1996, le iban a respetar la vida.



Ese día mientras conversaba con una de las lideresas del consejo comunitario de Caño Manso que habita en la Zona Humanitaria, en Curvaradó, Chocó, dos paramilitares, de las estructuras que Álvaro Uribe se ufanó de decir que se habían terminado, lo acribillaron con armas de fuego, luego que este se les enfrentara exigiendo respeto al espacio humanitario.


Hoy su asesinato continúa en la impunidad y con visos de que los móviles sean modificados. La desviación de la investigación pretende proteger a los empresarios ganaderos, entre ellos un ex oficial de las fuerzas militares e integrante de ACORE, que junto con Sor Teresa Castaño, se hicieron a los predios colectivos como parte de un plan militar que se inició en 1996 con la operación "septiembre negro" de la brigada 17, al mando del general Rito Alejo del Río.

Walberto se fue haciendo como investigador técnico judicial. Logró penetrar en las entrañas de lo que muchos llamaron después la paraeconomía. Él anotando en una pequeña libreta, cotejando con la gente, dialogando con las autoridades civiles y la fuerza pública fue identificando el entramado y la estructura crimina. Identificó a los beneficiarios y promotores de las operaciones paramilitares insertados en empresas palmeras, bananeras, ganaderas y otros agronegocios, entre ellos los de la cocaína.

Walberto encontró pruebas de las relaciones de altos generales y comandantes de la brigada 17, de comandantes de la policía de Urabá, de autoridades civiles locales, regionales con el desarrollo de las estructuras paramilitares y los procesos de legalización ilegal del despojo.

Walberto sin temor, se hizo testigo en procesos judiciales contra ex jefes del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas e integrantes de la brigada 17 y la policía de Urabá.

A pesar de su muerte violenta él es parte de la memoria de esa epopéyica en que se han constituido estos habitantes rurales mestizos, negros, que más allá del color de la piel, aman la tierra, adoran el territorio en que han pasado los años de sus vidas, en que han parido nuevos niños y niñas para habitar en lo que la vida les ha heredado. 

Hoy a pocos metros de los predios que siguen despojados por empresarios de la ganadería extensiva en Villa Alejandra I y Villa Alejandra II, nombre de la reconversión del territorio colectivo de Caño Manso, en Curvaradó, están las flores, y el espacio en que su tez inocente se refleja en una fotografía, en un pequeño montículo, digno de hombres que como él arriesgan todo.

Hoy sus restos serán sellados con su nombre. Nombre que sigue en la historia de esas mujeres y hombres que dignifican todas las formas de vidas biológicas que existen en Curvaradó y Jiguamiandó, contra aquellos que quieren un progreso de indignidad, de destrucción ambiental, de dominación y de simple acumulación.

Walberto la bella vida en inocencia, en pasión por la verdad y la justicia en su memoria y más de 160 víctimas más se afirma la verdad y la justicia

Walberto Hoyos en la Memoria
Walberto Hoyos Sin Olvido!

sábado, 13 de octubre de 2018

Josué Giraldo Cardona

 13 de Octubre de 1996

Nos hemos hecho parte de esta familia universal por la dignidad de las personas y los pueblos, lo cual nos da el vigor para seguir adelante... El Estado y su proyecto paramilitar nos han hecho cerrar las oficinas, pero no han doblegado, ni doblegarán, nuestra voluntad, ni nuestro compromiso
Josué Giraldo Cardona

Josué Giraldo Cardona nació en Pensilvania, Caldas, el 27 de agosto de 1959. Estudió derecho en la Universidad Autónoma de Bogotá en 1958 y regresó a su pueblo natal para ejercer como abogado. Cuando tenía 28 años fue víctima del primer atentado contra su vida, dejando este episodio atrás, en 1988 se radicó en Villavicencio desempeñando cargos públicos, como Juez de Ejecuciones Fiscales y luego como Gerente de la Empresa de Licores del Meta siempre junto a su labor de derechos humanos, donde, también empezó a militar en la Unión Patriótica (UP).
Para entonces, se dio una convergencia de actores y una guerra sobre la vista de toda la sociedad colombiana, ya se había establecido la insurgencia armada, el terrorismo de Estado y el paramilitarismo pintando el país de rojo. Esta situación, esa violencia política y armada llevó a Josué a comprometerse con soluciones políticas efectivas, exentas de la lógica de las armas.
De esta forma realizó la conformación del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, convirtiéndose en el presidente y fundador del mismo, siempre como un hombre valiente, que vio morir a sus compañeros de la UP y miembros de dicho comité en la región, pero nunca se rendía y no se dejó hundir por el terror que lo acechaba, de forma que, él entendió que debía sacrificar posiblemente su vida para seguir con su labor de defensa.
En febrero de 1996, Josué intervino en el Parlamento Europeo para denunciar la estructura y el accionar del paramilitarismo en Colombia. Este defensor de derechos humanos, en repetidas veces declaró ante las fiscalías, procuradurías, personerías y consejerías sobre la identidad de asesinos y grupos armados, para que el Estado actuara en favor de realizar justicia, pero esto nunca ocurrió. Su muerte fue anunciada y previamente denunciada incluso en la Comunidad internacional, sin embargo, hubo solo una ineficiencia por parte de dichos organismos, su muerte ya estaba prevista, dentro de la dinámica de genocidio a la UP junto a la dinámica de destrucción a su compromiso y a su país.
Es obligado a escapar de la muerte en repetidas ocasiones saliendo del país, por eso en marzo de 1996 en Ginebra, Suiza, dijo: “He aceptado salir en cuatro ocasiones en momentos difíciles…porque sentía la muerte cerca. Por estas salidas es que aún estoy vivo. Cada vez prolongó un poco más el tiempo en el que me han de matar”. Doscientos días después, el 13 de octubre de 1996, es asesinado en frente de su casa en Villavicencio, sus dos hijas pequeñas presenciaron su muerte y un abogado norteamericano que lo acompañaba.
Por su asesinato, se exige que se responda el general Rodolfo Herrera Luna, comandante de la VII Brigada quien en un discurso en Mesetas, Meta, en 1996 criminalizó a los defensores de derechos humanos, señalandolos como mensajeros de la guerrilla; junto con este, que dé respuesta el Comandante de la IV División del Ejército, el Comandante de la Policía del Meta y el Director Seccional del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por conocimiento y omisión de protección a la vida de Josué, porque dichas acciones facilitaron su muerte. Hasta el año 2014, por medio de la sentencia 26, el Consejo de Estado condenó al DAS por no salvaguardar la vida del defensor de derechos humanos y reconociendo su asesinato como un crimen de lesa humanidad.
En su memoria, desde el 2016 se realiza el concurso Josué Giraldo Cardona para visibilizar organizaciones y personas por un trabajo que contribuya a la defensa de los derechos humanos y a estudiantes de pregrado que hayan escrito una tesis sobre la UP y también sobre derechos humanos, para cursar una beca en maestría o doctorado en cualquier universidad pública del país. Se seguirá, recordando a Josué por sus labores a lo largo de la historia y en cada búsqueda de verdad y justicia, como decía él: “Debemos cortarle las alas a la impunidad para que sea la vida la que vuele”
Josué Giraldo Cardona en la Memoria
Josué Giraldo Cardona Sin Olvido

viernes, 12 de octubre de 2018

Masacre Vereda El Tabor


Palestina, Huila 11 de octubre 1985

En la madrugada del 11 de octubre de 1985, en la vereda El Tabor, municipio de Palestina, en el sur del Departamento del Huila, según testimonios, miembros del ejército nacional con apoyo de la policía local, llegaron hasta la vivienda donde se encontraba Martín Humberto Coy, Jesús Tunjo y Jaime Loaiza  y luego de torturarlos les asesinaron y los arrojaron al lado del camino.

El crimen de los 4 campesinos marcó el inicio del exterminio contra el movimiento político Unión Patriótica, surgido de los acuerdos de paz entre el gobierno del presidente Belisario Betancourt y la guerrilla de las Farc E.P en el año 1984.

En la memoria de familiares y vecinos sigue presente el dolor por el daño a la vida y la afectación a una iniciativa productiva y organizativa truncada en la región y se aguarda la esperanza de que en el marco de la implementación de los acuerdos se generen las condiciones para restaurar la vida, la memoria, la verdad, y se construya la paz con justicia socio-ambiental y desarrollo integral para las y los campesinos e indígenas de la región.

Palestina en la  memoria.
El Tabor  Sin Olvido. 











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jueves, 11 de octubre de 2018

Jaime Pardo Leal




11 de Octubre 1987

"Si la muerte me sorprende, no le tengo miedo; Soy un hombre dialéctico.
El día que me muera vendrán otros mejores a reemplazarme". 
Jaime Pardo Leal

El asesinato del presidente de la Unión Patriótica, Jaime Hernando Pardo Leal sigue en la impunidad, pero vive en los recuerdos de los sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica, en sus familiares y en todos aquellos que aún no pierden la esperanza de ver una Colombia justa.

Jaime Hernando Pardo Leal nació en el municipio de Ubaque el 31 de Marzo de 1941, hijo de la Señora Ana Lucia Leal, su padre se desempeñó durante varios años en el Poder Judicial de Colombia y sólo cuando Jaime Leal era adulto este le dio su apellido.

En 1959 ingresó a la Universidad Nacional de Colombia, a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y es para esa misma época que se vincula a la Juventud Comunista. En 1962 ingresó al Poder Judicial de Colombia como Citador-Notificador, allí ejerció los cargos de Juez municipal, juez del Circuito, Juez Superior y por último fue Magistrado del Tribunal de Bogotá.

Jaime fundó la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial (ASONAL-Judicial), organización sindical de la que fue su primer presidente y desde allí participó y organizó 15 paros o huelgas a favor de la dignificación y salarios justos, entre otros temas.
Pardo Leal fue el primero en lograr paralizar los trabajadores del poder judicial, los despachos judiciales y magistrados.

Se casó con Gloria Flores quien lo recuerda como un hombre luchador. Jaime y Gloria tuvieron 5 hijos Iván, Yalima, Edisson, Fernando, y uno que falleció, siendo un bebé.
En 1963, Jaime obtiene el título de Abogado de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, con la Tesis “La Clase Obrera ante el Derecho Social” en la Universidad Nacional de Colombia.
En 1986 y siendo miembro del Partido Comunista, Pardo Leal acepta la candidatura de la Unión Patriótica y comienza a denunciar ante la Procuraduría, con listado en mano, a los implicados en las muertes de miembros de la Unión Patriótica, en la que se incluían altos Generales del Ejército Nacional, dichas denuncias obligaron al General Samudio Molina y el ministro de defensa de la época a que respondieran en una rueda de prensa lo que aseguraba Jaime Pardo.

Las denuncias que hizo en relación con la clase política y su entramado con el narcotráfico, lo convirtieron en blanco de continuas amenazas en su contra.
Sus hijos y en especial su hijo menor, Fernando, recuerdan con dolor aquel domingo 11 de Octubre de 1987, en el que salieron de viaje a almorzar a la finca que tenían en La Mesa, Cundinamarca, ese día decidieron regresar temprano pues Jaime Pardo tenía que asistir a un matrimonio, al regresar a Bogotá, a las 3:45 de la tarde, un Renault 18 sorprendió el carro en el que se movilizaba Jaime junto con su familia, desde dicho auto comenzaron a disparar, dejándolo herido de gravedad. Jaime falleció pocos minutos después de haber ingresado al hospital San Rabel de la Mesa.

Los victimarios, unidades de la estrategia militar encubierta, huyeron del lugar y años después, dos de ellos, Beyer Yesid Barrera y William Infante, reconocieron su participación en el crimen, sin embargo, las investigaciones nunca indagaron por la participación intelectual y la responsabilidad estatal.

La investigación penal solo sentenció la responsabilidad de un narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha alias el 'Mexicano', quién habría pagado 30 millones de pesos de la época a los sicarios, y el proceso contra el narco se cerró con su muerte en 1989.

Ahora, en medio de los mecanismos de impunidad, en medio del olvido mediático, Jaime es parte de esta historia de indignación ante la simulada democracia, es parte de los sueños necesarios de exhumar en tiempos en que a través de la paz se pretende imposibilitar la identificación de los determinadores y beneficiarios de este magnicidio.

Este demócrata que se paseo por universidades públicas y privadas creyendo en la paz, él ese pequeño del tic, ese pequeño de alma grande es parte de la memoria viviente de una democracia genocida, de una democracia que desde sus restos en la expresiones sociales debe posibilitar la verdad y la justicia social.

Jaime Pardo Leal en la Memoria
Jaime Pardo Leal Sin Olvido

lunes, 8 de octubre de 2018

Gilma Yaneth Pineda Metaute



Martes 8 de octubre de 1996 


Hoy, Gilma Yaneth Pineda Metaute habría podido acompañar a su hija, a dar sus primeros pasos por la vida, llevarla a la escuela, acompañar su adolescencia,  asistir a sus grados, celebrar sus 15 años...


Yaneth fue la tercera de cuatro hermanas (o), nació en una vereda del municipio de San Roque en Antioquia, al igual que sus hermanas (o) creció entre cafetales, con el arrullo de los pájaros y el hermoso paisaje adornado de exuberantes montañas. Para ese entonces su família tenía una parcela en la que cultivaban productos de pan coger, café y árboles frutales, eso les alcanzaba para sobrevivir sin tantos apuros. 

El padre y la madre de Yaneth, dos campesinos, curtidos de trabajar la tierra, personas honestas e inconformes con la difícil situación que vivían los campesinos de la zona, se involucraron muy pronto en el movimiento campesino, en ese tiempo respaldado y apoyado por comunidades eclesiales de base, hombres y mujeres dedicados a llevar el mensaje de Cristo en todos los rincones de nuestro país, llegaron hasta esta vereda hablándo de un Cristo obrero, trabajador, que se encarnaba en la lucha contra las injusticias y la explotación, un Cristo humanizado, en el que inmediatamente se reconocieron niños y niñas, hombres y mujeres, quienes entendieron que la lucha por la dignidad humana era más que una necesidad, un deber Cristiano. 

En este ejercicio  de memoria aparecen personas importantes que participaron  en el proceso en  esa coherencia inevitable entre la palabra y la acción, para los que predicar el mensaje de Cristo implicaba un alto sentido de humanidad y compromiso al lado de los oprimidos el padre Jaime Restrepo y la hermana Sor Teresa Ramírez, vilmente asesinados, por optar estar del lado de los oprimidos.

Yaneth creció en este ambiente alentada por la lucha por una vida digna, las novenas comunitarias, el convite, la reunión, los encuentros de niños y de adultos, la formación política, las tomas y recuperaciones de tierra, bajo la consigna “la tierra pal que la trabaja” la tierra para la gente sencilla y trabajadora que diariamente amasaba con sus manos y el azadón el surco y sembraba la semilla para el alimento de todos y de todas.

El compromiso social y político de la familia fue mayor, llegó la participación en marchas, el paro de campesinos que agrupo a centenares de hombres y mujeres junto a sus hijos e hijas en el municipio de Cisneros en 1988, los campesinos y campesinas, habían tomado la decisión de abandonar sus parcelas y salir a los cascos urbanos para dar a conocer las exigencias en un pliego de peticiones para una vida digna, vías de comunicación, energía eléctrica, créditos a bajos intereses, escuelas, apoyo por parte del gobierno para el agro, tierra para todos y todas. 

Después de la participación en este movimiento campesino, su familia, especialmente el padre de esta familia fue víctima de amenazas, persecuciones, detenciones arbitrarias por parte del Ejército Nacional acusado de ser colaborador de la guerrilla. Esta situación obligo a la familia a desplazarse a otro municipio, el miedo y la zozobra lo obligaron a vender la parcela familiar que tenían en la vereda Guacas en el municipio de San Roque Antioquia a un bajo precio, como decía el decía “nos toco regalar la parcela, porque, nunca me la terminaron de pagar”.

La opción por la lucha para exigir los derechos, estaba cobrándole a la familia un alto costo, verse obligados a abandonar la tierra en la que  nacieron, este fue un momento muy difícil. Para ese año 1989, Yaneth tenía 11 años de edad, para ese entonces se empezaba a ver el temple, la sencillez, la humildad, la capacidad de entrega por su familia que la caracterizaron. El corto tiempo que les permitieron vivir, fueron tiempos difíciles y "la mona" como le decían cariñosamente nunca se quebró.

Se trasladaron a una vereda del municipio de Maceos, llegaron a una finca comunitaria, que los campesinos habían ganado en una lucha con sus dueños y era administrada por la comunidad, allí estuvieron tres años, aunque sobrevivían, gracias a la solidaridad de la gente, la situación de seguridad en esta comunidad estaba en máxima alerta, los grupos paramilitares tenían amenazada a la gente de esta comunidad con incursionar y acabar con toda la gente, efectivamente a finales del año 1989 una incursión paramilitar a la hora de la molienda a plena luz del día, tuvo como consecuencia el  asesinato de Don Alfonso Jiménez y se le causaron heridas a cinco campesinos más.

Esta situación y otras que vinieron después, como combates entre guerrilleros y el ejército muy cerca de la vereda, la detención del padre por parte del ejército acusado de ser colaborador de la guerrilla obligaron de nuevo a la familia a desplazarse a una vereda del municipio de Yolombó. Seguido de esto el padre estuvo detenido tres años en el municipio de Puerto Berrio, y la madre asumió la responsabilidad económica y emocional de la familia. 

Cuando él  obtiene la libertad, la familia toma la decisión de salir de la región, cada vez la situación de seguridad se tornaba más difícil, y a través de unos amigos llegaron a vivir al municipio de Guarne, en una finca. Para ese entonces "la mona" tenía 17 años, viendo la difícil situación económica por la que estaba pasando la familia, tomó la decisión de irse a trabajar como empleada doméstica para colaborar económicamente.

La situación económica obligó a la familia a un nuevo desplazamiento, para la ciudad, fue así como llegaron a Medellín, todos comenzaron a trabajar, estudiar, la mona se enamoró, muy pronto quedó embarazada de una hermosa niña.

A los 19 años recién cumplidos, un lunes 7 de octubre, salio de su casa  para acompañar a un amigo que iba para San Roque y, este fue el último día que la vieron, la escucharon, la abrazaron. Esa tarde, se despidió de la madre, de su hija y emprendió su camino hacia la muerte, nunca se supo con claridad la verdad de los hechos, ¿quiénes la asesinaron? y ¿Por qué? Al día siguiente 8 de octubre, en horas de la mañana todos los medios de comunicación daban la noticia que  en un combate que se presentó en el municipio de La Unión (Ant) habían dado de baja a cuatro guerrilleros del ELN, entre los que se encontraba Yaneth, su cuerpo fue vestido con prendas militares, le pusieron armas. Por comentarios se supo que fueron interceptados en el carro en el que se desplazaban, un trooper de color verde, por paramilitares. Según versiones, ellos los entregaron a miembros del ejército y estos los asesinan y los hacen aparecer como muertos en combate, todo esto ocurrió durante la gobernación de Álvaro Uribe Vélez.

Hoy la familia esta convencida que el asesinato de Yaneth fue una ejecución extrajudicial. Estan en el proceso de esclarecer los hechos para que los responsables sean desenmascarados y rindan cuentas ante la justicia y la sociedad colombiana.

Este pequeño relato habla de la vida de un ser maravilloso, hermoso, a la que aman profundamente aún después de su partida, con la que tienen una deuda pendiente, dar a conocer su historia, que se sepa que existió, que tenía sueños que no le permitieron realizar, que quería estudiar, viajar, bailar, enamorarse, que su vida fue arrebatada, y que es necesario buscar el camino de la justicia en su nombre.


Gilma Yaneth Pineda Metaute  en la Memoria.
Gilma Yaneth Pineda Metaute  Sin Olvido

sábado, 6 de octubre de 2018

Desaparición forzada de 19 comerciantes



6 de octubre de 1987

En la tarde del 6 de octubre de 1987, 17 comerciantes que salieron de Cúcuta, Norte de Santander, con rumbo a Medellín, Antioquia, fueron desaparecidos forzadamente cerca de la finca “El Diamante”, por el grupo paramilitar de Puerto Boyacá al mando de Henry de Jesús Pérez Baquero, luego de pasar por un retén militar. Otros dos familiares que salieron en su búsqueda, Juan Alberto Montero y José Ferney Fernández, corrieron la misma suerte de los primeros 17 pocos días después.

Las investigaciones realizadas en años posteriores revelaron que los 19 comerciantes desaparecidos fueron asesinados, descuartizados y sus restos lanzados a las aguas del caño “El Ermitaño”, afluente del río Magdalena. Los cuerpos continúan desaparecidos, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia ordenó su búsqueda, y hasta ahora el “Plan de búsqueda” presentado en 2009 por el Estado no ha arrojado ningún resultado. De hecho, en los últimos cinco años los familiares no han recibido ningún informe por parte de las autoridades, a pesar de múltiples solicitudes, y aún los 19 hombres continúan desaparecidos.

Desde aquel octubre de 1987 los familiares de los 19 comerciantes han sido constantes en la búsqueda de verdad y justicia. Después de agotar todas las instancias nacionales, donde predominó la impunidad, los familiares acudieron al Sistema interamericano de Derechos Humanos, donde se reconoció su caso hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 5 de julio de 2004 condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada de los 19 comerciantes.

Por los hechos sólo se han proferido condenas contra algunos paramilitares, pero ninguno de los altos militares vinculados y a quienes se les alcanzó a ordenar la detención preventiva en 1996 han sido condenados. Además, en el caso del General Farouk Yanine Díaz y del Teniente Coronel Hernando Navas Rubio, las investigaciones precluyeron por razón de su muerte.

Otra medida ordenada por la Corte Interamericana que el Estado ha incumplido a los familiares es la relacionada con salud, tanto en relación con el tratamiento médico y psicológico gratuito, desde una perspectiva psicosocial, para todos los familiares, como medicamentos gratuitos, atención en salud integral especializada y preferencial, de manera individual, familiar o colectiva. Varios familiares de las víctimas han fallecido sin recibir reparación efectiva en esta materia.

Después de 8 años el Estado finalmente cumplió con la instalación de un Monumento en el año 2013, como medida de reparación, pero no ha dispuesto todavía de las garantías de seguridad, cuidado y mantenimiento de la obra en homenaje a las víctimas. Adicionalmente, se hace un llamado de atención sobre la lentitud de los procesos judiciales, que privilegian la impunidad, dado el paso del tiempo y la falta de acción investigativa, y los “Planes de búsqueda de personas desaparecidas” que no se compadecen del dolor de las víctimas ante un crimen tan atroz. Recordamos sus nombres esperando que al leerlos llegue a nuestra mente que cada uno de ellos es poseedor de una historia, una familia y unos seres queridos que los recuerdan:




  • Álvaro Lobo Pacheco 
  • Gerson Rodríguez 
  • Israel Pundor Quintero 
  • Ángel María Barrera 
  • Antonio Flórez
  •  Víctor Manuel Ayala
  • Alirio Chaparro Murillo 
  • Álvaro Camargo Gilberto Ortiz 
  • Reinaldo Corzo Vargas
  •  Luis Hernando Jáuregui 
  • Luis Domingo Sauza 
  • Rubén Emilio Pineda
  • Carlos Arturo Riátiga 
  • Juan Bautista 
  • Alberto Gómez 
  • Huber Pérez
  • Juan Alberto Montero
  •  José Ferney Fernández
La Comisión Colombiana de Juristas exalta la valentía y la tenacidad de los familiares de los 19 comerciantes que año tras año continúan exigiendo la búsqueda de sus seres amados, justicia efectiva y el cumplimiento de una reparación integral. Permaneceremos con ellas y con ellos preservando la memoria y brindando todo nuestro apoyo a su incansable labor. 

19 comerciantes desaparecidos en la Memoria 
19 comerciantes desaparecidos Sin Olvido
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Ángel José Quintero y Claudia Monsalve


Octubre 06 de 2000 

El viernes 6 de octubre del año 2000 a las 10:30 p.m., en una cafetería de la ciudad de Medellín fue la última noche en que Angel Jose Quintero y Claudia Ptricia Monsalve departieron con cinco de sus amigos y compañeros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desparecidos – ASFADDES - seccional Medellín.

Ángel José decidió acompañar a CLAUDIA PATRICIA a su casa en el poblado de Itagui. De acuerdo con testigos los dos integrantes de ASFADDES fueron abordados por dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta y luego obligados a subirse a una camioneta.

Ángel José un mes antes había recibido amenazas de muerte contra su vida debido a su labor en búsqueda de sus familiares Desaparecidos y de todos los Desaparecidos forzados por los que afirmó el derecho a la memoria, a la verdad, a la justicia y reparación integral. Claudia Monsalve estaba vinculada a ASFADDES exigiendo el esclarecimiento de la detención y desaparición forzada de su hermano, un estudiante universitario desaparecido en 1995.

La Desaparición Forzada de Ángel José y Claudia ocurrió en un contexto de una persecución sistemática de agentes estatales contra organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales en Medellín. Dentro de los mecanismos de persecución se descubrió que un millar de líneas telefónicas fueron interceptadas ilegalmente actuaciones en las que participó el Teniente MAURICIO SANTOYO VELAZCO.

La desaparición forzosa de Claudia Patricia y Ángel José continúa en la impunidad, mientras que el Teniente MAURICIO SANTOYO fue ascendido a Secretario de Seguridad de la Presidencia de ALVARO URIBE VELEZ, posterior a los hechos.

Claudia Patricia y Ángel Quintero después de su desaparición forzosa viven en la memoria de ASFADDES, de sus hijas e hijos que han crecido con la esperanza y con la convicción de que el Derecho a la Verdad y a la Justicia es innegociable. Las palabras, los testimonios, los dibujos, los rostros de sus familiares son una afirmación de que el olvido es inexistente, que la única palabra auténtica es la dignidad en la justicia. Ellas y ellos son la memoria viviente de lucha contra la impunidad

A los Quince años de la desaparición forzada de Ángel José Quintero y Claudia Monsalve, sus familiares continúan en la incansable búsqueda de respuestas sobre su paradero, la incansable lucha por saber la verdad, afirmando la memoria. 

Ángel José Quintero y Claudia Monsalve en la Memoria
Ángel José Quintero y Claudia Monsalve Sin Olvido

viernes, 5 de octubre de 2018

Masacre El Tandil




5 de octubre de 2017

El 5 de octubre de 2017 en la zona rural Puerto Rico-Majate, municipio de Tumaco, Nariño, se asesinó a ocho campesinos, entre ellos dos víctimas que eran parte del pueblo awá de Tumaco. En este municipio una de las actividades económicas principales es el cultivo de coca, miles de familias viven de esto. Para octubre del 2017 se llevaba a cabo una protesta contra la erradicación forzada, algunos de los manifestantes se formaron haciendo una cadena humana para que la Fuerza Pública no pasara a dañar los cultivos de coca, pasadas unas horas hubo disparos.

Las víctimas identificadas fueron Aldemar Gil Guacheta de 25 años, Jaimen Guanga Pai de 45 años, Diego Escobar Dorado de 31 años, Alfonso Taicus de 32 años, Nelsón Chacuendo Calambas de 29 años y Janier Usperto Cortés de 26 años.

Inicialmente, se señaló como responsable la disidencia de las FARC, indicando que se había dado un enfrentamiento y ataque a miembros de la fuerza pública con cilindros de gas, tatucos y tiros de fusil por alias Guacho y su grupo GAO, así lo declaro un comunicado que se publicó en la página del Ejercito Nacional. Ante esto, la comunidad se pronunció y responsabilizaron a la Fuerza Pública como los autores de la masacre.

El domingo 8 de octubre de 2017, en el lugar del ataque ingreso una comisión de derechos humanos de la Gobernación de Nariño, los defensores y periodistas fueron hostigados por miembros de la policía en la zona. En diciembre de 2017 se iniciaron investigaciones a 40 miembros de la Compañía Antinarcóticos de Seguridad para la Erradicación Manual de Tumaco y el Núcleo Delta de la Policía Nacional; 14 integrantes del pelotón Dinamarca de la Quinta División de la Brigada Móvil No. 35 del Ejercito Nacional y a miembros de la Compañía Antinarcóticos de Seguridad de la Erradicación Caseg-6. 

Para enero del 2018, se realizaría una audiencia para imputación de cargos por delitos de homicidio agravado y homicidio agravado tentado, responsabilizando al comandante Javier Enrique Soto García del Núcleo Delta de la Policía Nacional y al comandante Jorge Niño León del Pelotón Dinamarca I, sin embargo, la audiencia fue aplazada y luego cancelada. Hasta el momento nadie ha sido condenado y la Procuraduría General de la Nación no ha sancionado ningún miembro.

Desde la masacre y ante la impunidad la gobernación de Nariño y los habitantes de Tumaco se han pronunciado, están pidiendo que se haga justicia que se conozca la verdad de lo sucedido, que se deje de criminalizar a los campesinos cultivadores de coca, que no se desate la fumigación con glifosato y adicionalmente que se cumplan los acuerdos de paz, de forma que los conflictos se solucionen por medio del dialogo y la verdad.

Las víctimas de la masacre el Tandil Tumaco en la Memoria 
Las víctimas de la masacre el Tandil Tumaco Sin Olvido

Masacre de Riofrío

5 de Octubre 1993
Todo comenzó a las 5 de la mañana del 5 de octubre de 1993 en la vereda El Bosque, corregimiento Portugal de Piedras de la comprensión municipal de Riofrío, departamento del Valle.

Allí llegó un grupo de hombres armados, algunos de los cuales vestían prendas de la Fuerza Pública y ocultaban su rostro mediante el uso de una capucha, quienes ingresaron violentamente a los domicilios de las familias Ladino Ramírez y Molina Solarte, de donde sacaron a Celso Mario Molina Suaza (45 años), Zenaida Ladino Ramírez (38 años), Lucely Colorado Bonilla (35 años), Frederman Molina Solarte (25 años), Hugo Cedeño Lozano (33 años), Edilia Rita Solarte (40 años), Julio César Ladino Ramírez (29 años), Edelcy Tusarma Salazar (16 años), Dora Estela Gaviria Ladino, Carmen Emilia Ladino Ramírez (34 años), Miguel Ladino (73 años), Ricardo Molina Solarte (25 años) y a Miguel Antonio Ladino Ramírez (47 años) , entre otro pobladores, quienes fueron llevados por la fuerza a la escuela de la vereda "San Juan Bosco" con el fin de ser interrogados sobre el paradero de miembros de grupos armados disidentes que habrían frecuentado la zona.

La mayoría de los pobladores fueron dejados en libertad pero Miguel Enrique Ladino Largo, Miguel Antonio Ladino Ramírez, María Cenaida Ladino Ramírez, Carmen Emilia Ladino Ramírez, Julio Cesar Ladino Ramírez, Lucely Colorado, Dora Estela Gaviria Ladino, Celso Mario Molina, Rita Edelia de Molina, Ricardo Molina, Freddy Molina, Luz Edelsy Tusarma Salazar y Hugo Cedeño Lozano fueron llevados a la morada del señor Javier Ladino, aproximadamente a las 8:30 a.m., donde fueron sometidos a actos de tortura , y algunos obligados a vestir prendas militares, para posteriormente ser asesinarlos esto sucede alrededor de las 10:00 am

El accionar de tipo paramilitar se retiró de la escena -aparentemente con excepción del individuo que operaba como informante- los miembros del Batallón Palacé simularon un combate con las víctimas, para lo cual efectuaron una serie de disparos hacia y desde la vivienda del señor Ladino y modificaron la escena del crimen.

A las 11: 00 am arribó a las estribaciones de la meseta en la que está ubicada la casa, miembros del Pelotón Antiterrorista Urbano (PAU) del Batallón Palacé de la Tercera Brigada del Ejército, al mando del Mayor Eduardo Delgado Carrillo, también por el entonces Teniente Alfonso Vega Garzón, el Cabo Primero Leopoldo Moreno Rincón, el Cabo Segundo Alexander Cañizales Núñez y 30 soldados regulares, quienes, simulando ser objeto de ataque, abrieron fuego desde su posición, inferior y sin visibilidad, en contra de la casa donde había ocurrido la masacre, "tomándose" posteriormente el inmueble.

El entonces Mayor Delgado Carrillo, rindió informe en el que dio cuenta de un enfrentamiento con miembros de una columna del grupo guerrillero ELN, con el resultado de 13 bajas de esa organización, el decomiso de abundante material de guerra y la absoluta ausencia de bajas en sus propias filas, afirmando que había llegado al lugar cumpliendo órdenes de su superior, el Comandante del batallón, quien a las 8 de la mañana de ese día le había ordenado recoger en el centro de Buga a "un informante" que indicó la presencia de la "columna guerrillera" en el sitio reseñado, razón para que se diseñara la operación, partiendo del batallón a las 10:30 de la mañana.

Tras el simulacro de combate, el Teniente Coronel Luis Felipe Becerra Bohórquez, Comandante del Batallón de Artillería Palacé y el Brigadier General Rafael Fernández López, Comandante de la Tercera Brigada, dieron a conocer a la opinión pública a través de los medios de comunicación que, como parte de la denominada operación "Destructor", tropas del ejército dieron muerte en combate a 13 reconocidos guerrilleros, pertenecientes a la cuadrilla "Luis Carlos Cárdenas" del auto denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), incautando material.

El 4 de agosto de 1994 un juzgado dictó medida de aseguramiento, consistente en caución prendaria contra el Teniente Coronel Luis Felipe Becerra Bohórquez por el delito de encubrimiento por favorecimiento. El 30 de marzo de 1995 el Juzgado, en forma oficiosa, cambió la medida de caución por la de conminación Por decisión del Comandante de la Tercera Brigada en su calidad de Juez de Primera Instancia, la instrucción se trasladó al Juzgado 17 de Instrucción Penal Militar, con sede en la ciudad de Cali.

El 4 de noviembre de 1994 un Fiscal Regional Delegado de Cali dispuso la apertura de instrucción y la vinculación mediante indagatoria de los oficiales del Ejército Nacional y de los soldados que participaron en la por ellos denominada "operación Destructor", así como la de un civil, supuestamente vinculado con el narcotráfico, que habría promovido la matanza. Al Teniente Coronel Luis Felipe Becerra Bohórquez y al Mayor Eduardo Delgado Carrillo se les recibió indagatoria y se le definió situación jurídica el 21 de noviembre de 1994 con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva como cómplices del homicidio de 13 personas.


En reacción, la Tercera Brigada del Ejército planteó colisión de competencia positiva.

El 30 de julio de 1997 el Juzgado 17 de Instrucción Penal Militar se pronunció en forma provisional sobre la situación jurídica del Teniente Coronel Luis Felipe Becerra Bohórquez y del Mayor Eduardo Delgado Carrillo, resolviendo decretar la detención preventiva de éstos como presuntos responsables del delito de falsedad ideológica de documento público en concurso con el delito de encubrimiento por favorecimiento. Asimismo, se abstuvo de dictar medida de aseguramiento en contra del Teniente Coronel Luis Felipe Becerra Bohórquez como presunto responsable de los delitos de concusión, cohecho y homicidio, por falta de mérito. Esta decisión fue apelada, sin éxito, por la parte civil en el proceso.

La Procuraduría General de la Nación, un Juez Regional de Cali reclamó el 19 de febrero de 1998 el juzgamiento de los militares, por cuanto el material probatorio demostraba que: "(...) la actuación del Ejército en el operativo en cuestión fue simulada, con el fin de proteger la acción delictiva de quienes dieron muerte a las 13 personas cuyos cadáveres fueron inicialmente reportados como pertenecientes a una cuadrilla subversiva y muertos en combate, indicando luego el recaudo probatorio que ya estaban muertos cuando llegó el Ejército, lo cual ciertamente genera una duda más que razonable en cuanto a la relación con el servicio que guardan los actos realizados por el personal militar en aquella infausta oportunidad y tiene incidencia definitiva en materia de competencia para conocer el respectivo proceso".

En la 2003 la Corte Suprema de Justicia ordeno reabrir este caso. Hoy la impunidad en que se encuentra esta masacre es evidente. En la fecha de la masacre siguen llevando su rostros, en su mirada la verdad histórica, la memoria que aún con el paso del tiempo sigue clamando justicia ante la destrucción de vidas humanas de hombres y mujeres campesinas cuyo único delito fue amar la vida, trabajar la tierra, afirmar la dignidad.

Las familias Ladino Ramírez y Molina Solarte en la Memoria 
Las familias Ladino Ramírez y Molina Solarte Sin Olvido

miércoles, 3 de octubre de 2018

Luis Fernando Lalinde Lalinde


3 de Octubre de 1984

La historia de Luis Fernando Lalinde Lalinde, es la historia de Fabiola, su mamá y su inagotable lucha por las víctimas de desaparición forzada en Colombia. Desde hace más de 30 años, con su hijo como emblema, Fabiola se ha opuesto a todas las formas de violencia, a pesar de padecer de la represión y las injusticias del Estado, que en lugar de mermar su labor por la defensa de los derechos humanos  parecen llenarla de fuerza para seguir.
Paradójicamente su lucha inicia con el fin de la vida de su hijo, Luis Fernando era un joven de 26 años, militante del Partido Comunista Marxista-Leninista, muy activo en política participó en el marco del proceso de cese al fuego entre el gobierno de Belisario Betancourt y las FARC, cuando ya había finalizado su carrera de sociología.
El 3 de octubre de 1984 fue detenido, torturado, desaparecido y ejecutado extrajudicialmente, por efectivos militares adscritos al Batallón de infantería No. 22  ‘Ayacucho’ de la Brigada VIII al mando del Capitán Jairo Enrique Piñeros Segura, los subtenientes Jaime Andrés Tejada Gonzales, Samuel Jaimes Soto y el cabo segundo Medardo Espinoza Areiza.
Luis Fernado había sido detenido en medio de la ‘Operación Cuervos’, en el municipio de El Jardín, Antioquia donde buscaban un guerrillero herido del Ejército Popular de Liberación (EPL). En el Caserío el Verdun el sociólogo fue amarrado, golpeado brutalmente y llevado en un camión militar con dirección a Riosucio, Caldas, siendo visto por última vez.
Hasta 1986 Luis Fernando Lalinde había sido despojado de su identidad y de su nombre, “lo convierten en un NN alias Jacinto y nadie sabía de él”, hasta que en septiembre de 1988 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó al Estado Colombiano. Cuenta Fabiola que “El caso de Luis Fernando fue la Primera resolución de la OEA responsabilizando al Estado colombiano por desaparición y por ejecución extrajudicial”, motivo por el cual ella y su familia han sido víctimas de persecuciones y hostigamientos.
Después de 4.428 días parte de los restos de Luis Fernando fueron encontrados en la ciudad de Medellín, para entonces, la señora Fabiola ya había adquirido una fortaleza, un sentido de persistencia infundido por el médico Héctor Abad Gómez, defensor e intelectual de los derechos humanos, que apoyo a Fabiola, asegurandole que a pesar del tiempo que estuviese desaparecido su hijo “…hay que buscarlo toda la vida, aunque no lo encuentre”.
Desde su experiencia y sensibilidad Fabiola Lalinde, viene acompañado a madres víctimas de desapariciones forzadas en Colombia, y  haciendo frente a toda violencia hacia la mujer desde la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES).

A partir de la muerte de su hijo inició la que llama “Operación Ciriri” insistiendo en su búsqueda así llueva, truene o relampaguee ante quien fuese necesario, en la que además ha rescatado durante su lucha los principios que en su infancia la marcaron, que son la verdad, el respeto, la solidaridad y honestidad: “Me di cuenta de lo importante que era esa parte sobre todo de la verdad, decir la verdad y nunca en la vida aceptar decir mentiras, (…) con eso me he defendido, porque en el transcurso de la búsqueda me di cuenta que me estaban mintiendo y eso me ha dado más fortaleza
Luego de 34 años el Ejército Nacional construyó una escuela en la vereda el Verdún, último lugar donde estuvo Luis Fernando Lalinde con vida, como una forma de reparación a la familia de la víctima. Actualmente el contexto social y político en Colombia persiste en legitimar actos de violencia por medio de la ilegalidad, la justicia no ha sido completa, pero se seguirá insistiendo en una paz aunque esté lejana, porque como dice la canción “Lalinde” de pasajeros en memoria de Luis Fernando, el país sigue pintado de un color, “Si el rojo prima en sus colores es que está enferma de homicidas"

Luis Fernando Lalinde en la Memoria
Luis Fernando Lalinde Sin Olvido