Hoy Hace 7 años, un 19 de abril, en la ciudad de Buenaventura, departamento del valle, asesinaron a 11 jóvenes, sus cuerpos fueron encontrados dos días después junto a un joven mas, asesinado el día anterior.
El asesinato de estos 12 jóvenes corresponde al accionar de estructuras de la estrategia militar encubierta de tipo paramilitar en Buenaventura, en un contexto de aplicación de la política de “Seguridad Democrática”, de la red de informantes y cooperantes implementada por el gobierno colombiano.
Siete años han pasado y condensados quedan los recuerdos en el tiempo, la impunidad reina sobre el olvido, sin esclarecer ninguna verdad, un hecho violento, una injusticia, que desde aquel martes 19 de abril, cuando dos hombres llegaron hacia el medio día al barrio Punta del Este de la ciudad de Buenaventura, y bajo engaños sacaron del barrio a 11 jóvenes, entre 18 y 21 años de edad , con la excusa de jugar un partido de fútbol en la localidad de Dagua, departamento del valle, con la promesa de pagarles doscientos mil pesos, sin pensar que la ola de la muerte estaban recorriendo sus respiros .
Ese día los jóvenes fueron sacados uno por uno del barrio Punta del Este en una motocicleta y reunidos frente a una casa ubicada en el barrio Santa Cruz, de Buenaventura. En ese lugar los estaban esperando varios hombres, quienes los invitaron abordar un colectivo de servicio público que los llevaría al sitio donde supuestamente se realizaría el partido de fútbol.
Los jóvenes eran: RODOLFO VALENCIA BENITEZ, VICTOR ALFONSO ANGULO MOSQUERA, LUIS MARIO GARCIA VALENCIA, HUGO ARMANDO MONDRAGON VALENCIA, PEDRO LUIS ARAMBURO CANGA, RUBEN DARIO VALENCIA ARAMBURO, CARLOS JAVIER SEGURA BELALCAZAR, MANUEL CONCEPCIÓN RENTERIA VALENCIA, MANUEL JAIR ANGULO MONDRAGÓN, CARLOS ARBEY VALENCIA GARCIA y LEONEL GARCIA. Victímas de su inocencia abordaron el transporte público.
Cuando se encontraban a las afueras de la ciudad el vehículo fue desviado de la ruta y abordado por cuatro hombres más, armados y se identificaron como paramilitares. Las unidades de estrategia militar encubierta de tipo paramilitar, desviaron el vehículo hasta el estero de San Antonio-bodegas de Cilano, sitio que se conoce en Buenaventura como el cementerio clandestino creado por las estructuras paramilitares.
Al llegar al sitio, los 11 jóvenes los obligaron a bajar del vehículo, con los cordones de sus propios zapatos, les ataron las manos a la espalda y de forma abrupta los obligaron a tirarse al piso y posteriormente asesinados con disparos de bala en la cabeza.
Los cuerpos sin vida de los once jóvenes fueron arrojados al mar, sin piedad alguna, sin sepultura digna, sin decir las últimas palabras, sin despedirse del mundo externo, sin cumplir los sueños, sin construir una vida digna y sin el derecho a seguir viviendo.
Dos días después, los cuerpos sin vida de los 11 jóvenes fueron encontrados junto a un cadáver más, el de otro joven asesinado por las mismas estructuras, parece ser que su asesinato fue el 18 de abril a la fecha que no ha sido identificado.
Han pasado 7 años y la impunidad del crimen lo afianzo el Juzgado Segundo Penal del Circuito especializado de Buga (Valle), al no reconocer que la autoría de la masacre fue responsabilidad de las estructuras paramilitares que actuaron y en la actualidad siguen actuando en ese puerto del pacifico.
La investigación que fue iniciada con el radicado No.2164 por parte de la fiscalía 38 de la unidad nacional de derechos humanos de la fiscalía con sede en Cali. El investigador dijo sobre tener los méritos suficientes para decir la ruptura de la unidad procesal, y pasar a juicio, en la premura de mostrar resultados, a nueve paramilitares, varios de los cuales habían participado en procesos públicos de desmovilización con el gobierno.
En el radicado No. 2006-00117, el Juzgado Segundo Penal de Circuito Especializado de Buga, adelanto la etapa de juicio y el pasado 31 de julio declaró sentencia condenatoria contra cuatro de los paramilitares, sin embargo dejo muy claro que para él no hay méritos en la investigación adelantada por la fiscalía que comprueben la pertenencia de los condenados a estructuras paramilitares, dio a entender que su actuación obedeció juicios de delincuencia común.
Corrupción, mentira, injusticia, impunidad, navegan dentro de este hecho, acontecimiento macabro de seres insensatos, acto bullidor que dejo marca en todo un pueblo, un país y en los corazones de sus familiares, que día a día derraman lágrimas de recuerdos y sufrimiento deseando que sus muertes no fuesen reales.
Los condenados a cuarenta años de prisión fueron: JOSÉ RAMÓN RENTARÍA VALENCIA, GUIDO FRANCOIS MATAMBA MANYOMA, CARLOS JAVIER CAICEDO GRANADOS Y DAGOBERTO CAICEDO BENITEZ, por delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego municiones, imponiéndoles una pena de cuarenta años de prisión.
Del mismo modo, el juez remitió a los restantes cinco paramilitares, uno de los cuales se reconoció como desmovilizado del “Bloque Calima” y conocido como ¨ el chespi¨, su verdadero nombre es JEFFERSON BONILLA GÓMEZ. También fueron absueltos los paramilitares EVERT GONZALEZ VALENCIA, MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ, GOBERT CARABALI GOMEZ Y HAROLD WILSON CASTILLO FIGUEROA. Fue decisión tomada por el juez, cuando dijo que no se encontraron méritos que demostraran su pertenencia a un grupo paramilitar ni participación en la masacre.
La Sentencia fue solicitada por la defensa de los victimarios y fue remitida al Tribunal Superior del Distrito de Buga
Hace cuatro años los familiares estaban en espera de la decisión del Tribunal Superior de Cali para que se ratificara la decisión de condena. Tal vez se deba esperar un año más para que la Corte Suprema de Justicia resuelva la demanda de casación. Y pasaran los años y los familiares seguirán sin respuestas sobre el por qué fueron masacrados sus hijos, quienes dieron la orden, quiénes se han beneficiado con este crimen.
La justicia solo se ha dirigido algunos autores del crimen, los desconocen como parte de las estructuras paramilitares e hicieron ver este crimen como un ajuste de cuentas. No se ha indagado por la responsabilidad en acción y omisión de la policía del municipio de Buenaventura, demás las estructuras que mantienen militarizada la vida de los pobladores del barrio Punta del Este y demás barrios de bajamar en este puerto del pacífico. La Fiscalía dentro de la investigación, tan solo ubicó la “responsabilidad”, con frágil material evidenciable, en nueve paramilitares pertenecientes al denominado “Bloque Calima”, pero nunca vinculó a ella a quienes se han reconocido públicamente como sus comandantes, como el caso de Diego Murillo conocido como “DON BERNA” y de Éver Veloza o Hernán Hernández conocido como “H.H.”. La impunidad de la masacre de los jóvenes de Punta del Este quedo en el olvido de la injusticia, garantiza la repetición una y otra vez de los crímenes, así se pretendan ocultar o disfrazar en la idea de que obedece a pelea de “pandillas”, “delincuencia común” o “bandas emergentes”. La política de “Seguridad Democrática”. Queda en las familias y en los pobladores afrodescendientes del barrio Punta del Este en Buenaventura, la afirmación de la memoria como resistencia a la impunidad que se impone desde el aparato de la No-Justicia, como respuesta a la militarización de la vida de los afrodescendientes, como denuncia ante los anuncios de repetición a través de la mal llamada “limpieza social”. Nuevamente en las calles de Buenaventura, caminó la memoria de los jóvenes de Punta del Este, a través de sus madres, padres, hermanos, amigos y conocidos.
Sin Olvido
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