viernes, 31 de agosto de 2018

Pedro Nel Jimenez Obando




Septiembre 1 de 1986 


Pedro Nel Jimenez Obando, Nacío en 1948, en el departamento del Meta, abogado de la Universidad Externado de Colombia, militante de la juventud comunista, Personero Municipal en Villavicencio, victima del genocidio contra la Unión Patriótica (UP). 


El lunes 1 de septiembre de 1986, Pedro, se dirigía a recoger a su hija al Colegio Normal Nacional, por la vía Puerto López en Villavicencio Meta, cuando fue abordado por dos hombres que se movilizaban en una moto, quienes dispararon contra su cuerpo varias veces causándole la muerte. 

Pedro, por su trabajo en defensa de los derechos humanos, trabajo en el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos del Meta, asumió la defensa de algunos casos de presos políticos y se desempeño como senador de la U.P por el Meta. 

Por su labor en la defensa de los derechos humanos Pedro sufrió la persecución de las fuerzas del estado y de grupos paramilitares. Dentro de las investigaciones sobre el asesinato del senador, se vincularon al Teniente Miller Tarcisio Koy Nuñez, jefe de Inteligencia de la Brigada 7, como el militar que dio la orden de asesinar a Pedro Nel, la cual fue ejecutada por los suboficiales del B-2 de la Brigada 7, Sargento Servio Tulio Luna Medina y Ovidio Tabuco Betancur; los informantes Álvaro Serrano Humoa, José María Serrano Humoa y Juan Bautista Correa. 

La motocicleta de marca Yamaha fue conducida por un miembro del ejército y quién disparó fue Arnulfo Castillo Agudelo, ex militar conocido como “Rasguño”, quien hacía parte de la estructura paramilitar de Víctor Carranza. 


Durante el sepelio masivo y de protesta que conmovió a Villavicencio, se realizaron permanentes seguimientos de militares, al llegar al cementerio, un grupo de seis hombres armados detuvieron y desaparecieron forzadamente a dos militantes de la Unión Patriótica del departamento de Guaviare, Jair López y Críspulo Hilario, quienes fueron encontrados dos día después asesinados y con signos de tortura en una vía que comunica con Villavicencio. 


Pedro, fue el primer senador asesinado de U.P, y fue uno de los millares de victimas del plan estatal “Baile Rojo” que produjo más de 5000 asesinados de éste partido político. 

Este asesinato demuestra la batalla a la violencia ideológica, al odio, al terrorismo estatal, al despotismo de las élites, a la intolerancia frente al pluralismo y la oposición política. 

Pedro Nel Jimenez Obando en la Memoria.
Pedro Nel Jimenez Obando Sin Olvido.

jueves, 30 de agosto de 2018

Leonardo Posada Pedraza




Agosto 30 de 1986


Leonardo Posada Pedraza, nació en Bogotá el 19 de octubre de 1947. Creció en el seno de una familia de ideales comunistas, razón por la cual durante más de 15 años fueron víctimas de hostigamientos y allanamientos injustificados por parte de la fuerza pública en su casa ubicada en el barrio Quiroga en el sur de Bogotá. 

Leonardo siguió los pasos en el liderazgo político de su padre, Julio César Posada, que fue perseguido y torturado durante el gobierno de Rojas Pinilla, en un momento histórico de resistencia campesina, estudiantil y obrera. A los 20 años Posada Pedraza, llegó a la dirección Nacional de la Juventud Comunista Colombiana JUCO, fue nombrado primer Presidente de la Federación Universitaria de Colombia, cargo desde el que encabezó diversas protestas estudiantiles en el tiempo que cursaba la carrera de ciencias de la educación  en la UN, de la que se graduó pero nunca llegó a ejercer.

Durante la década de los 70 y 80, vivió en Barrancabermeja, allí se convirtió en concejal y líder social. Luego pasó a ser el dirigente de la Coordinadora Popular de Barrancabermeja. En 1984 se en el marco de los diálogos entre el gobierno de Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se pactó el “Acuerdo de Cese al Fuego y Tregua”, en donde, se dio como garantía para la oposición la creación del partido Unión Patriótica (UP) que tenía representantes comunistas que entendían la causa guerrillera, de esta forma, Leonardo integró la bancada parlamentaria de la UP, siendo representante a la cámara por Santander, función que asumió solo 40 días hasta su muerte. 

Por la defensa de intereses populares, por las denuncias que realizó sobre la cooperación entre las fuerzas armadas y paramilitares fue amenazado por el grupo Muerte A Secuestradores (MAS) y su posesión política representó una sentencia de muerte. El 30 de agosto de 1986 a las 7 de la noche Leonardo Posada Pedraza fue baleado en Barrancabermeja por sicarios motorizados, convirtiéndose en el primer congresista de la UP asesinado en Colombia, fue la primera víctima del plan denominado “Baile Rojo”, un plan del paramilitarismo de Estado. Tan solo 48 horas después del homicidio del docente,fue asesinado  en Villavicencio Pedro Nel Jiménez, senador por el mismo partido. 

Hasta 2014 la Fiscalía General de la Nación declaró los crímenes cometidos contra la UP como crímenes de lesa humanidad al concluir la sistematicidad delictiva cometida por políticos, agentes de Estado, narcotraficantes y paramilitares que no permitieron el ascenso de los movimientos de izquierda. 

El asesinato a Posada fue el inicio de un capítulo de violencia en Colombia, que se ha encargado de enceguecer, de manipular y de ocultar la verdad, donde, incluso actualmente se infunde la idea de que el comunismo y la participación política de oposición es peligrosa, pero la realidad verdaderamente peligrosa es la actual persecución aún a defensores de sectores populares y la indiferencia de justicia y la impunidad, sobre el caso de Leonardo y miles de víctimas del país. 

Cada 30 de agosto amigos, familiares y organizaciones se reúnen a conmemorar a este líder social, para que la historia no se vuelva a repetir, en su memoria en el 2004 el mejor amigo y ex alcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón otorgo la Orden Civil al Mérito “Ciudad de Bogotá, en el Grado de Cruz de Caballero y se fundó en la localidad de Bosa el colegio distrital Leonardo Posada Pedraza. 

Leonardo Posada Pedraza en la memoria
Leonardo Posada Pedraza Sin Olvido

Nydia Erika Bautista


30 de agosto de 1987 

La historia de la desaparición forzada es inhumana, vergonzosa y múltiple. Una historia llena de rostros, con infinidad de verdades ocultas y de familias que se movilizan para que nunca más vuelva a ocurrir, rostros que representan dolor, pero también la lucha y la búsqueda de verdad y justicia.

Con el paso de los años, uno de los rostros que se ha configurado como bandera de la detención y la desaparición forzada en Colombia es el de Nydia Erika Bautista; desaparecida el 30 de agosto de 1987, una joven bogotana de 33 años, socióloga y economista, lectora y estudiosa dedicada. Dirigió el periódico El Aquelarre, participó en 1984 en el sindicato del Instituto Nacional de Radio y Televisión (INRAVISIÓN) de forma activa. En 1986 fue detenida por militares de la Brigada 3 del Ejército Nacional, siendo torturada durante dos semanas, obligándole a firmar una declaración de su vinculación al Movimiento 19 de abril.

Ese 30 de agosto se encontraba junto a su hijo Erik Arellana, que para entonces tenía 12 años de edad, en el barrio Casablanca al suroccidente de Bogotá. Eran aproximadamente a las 6 de la tarde, cuando al salir de la celebración de la primera comunión de su hijo y su sobrina Andrea Torres Bautista, hija de su hermana Yaneth, acompañó a una amiga a coger el bus. En ese momento fue detenida por un grupo de hombres armados, inscritos a la Brigada 20 del ejército, quienes la llevaron a una finca en la zona de Quebradablanca en el municipio de Guyabetal, lugar en el que mantuvieron a Nydia en cautiverio, torturándola y agrediéndola sexualmente, trece días después su cuerpo se encontró en la vía Bogotá- Villavicencio, en estado de descomposición lo que imposibilito la identificación, durante 3 años su familia no supo nada de ella.

El sargento Bernardo Alfonso Garzón perteneciente al Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia “Charry Solano” de la Brigada 20, declaró el 22 de enero de 1991 ante la Procuraduría que dicha unidad fue responsable de la desaparición Nydia Erika, con el conocimiento y aprobación del coronel Álvaro Velandia Hurtado, responsabilidad que le sería sindicada hasta septiembre de 1995; Sin embargo, irónicamente, ese mismo año el uniformado fue condecorado en una ceremonia militar, y sería únicamente hasta 2009, y por presión nacional e internacional que fue destituido, en decisión confirmada por la Sala Plena del Consejo de Estado.

A pesar de ello, el crimen, sigue en impunidad, gracias a que Velandia Hurtado ha apelado a recursos jurídicos para no ser detenido. Incluso en 2013 se anuló la orden de destitución pese a la gravedad de las imputaciones por detención, desaparición, tortura y asesinato. La Procuraduría señalo que tenía vínculos con paramilitares y lideraba el grupo Muerte A Secuestradores (M.A.S).

También se relacionaron los nombres de los suboficiales Julio Roberto Ortega Araque, Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita, sobre quienes la Fiscalía General consideró en su momento tener pruebas suficientes de su participación por lo que fueron privados de su libertad. Sin embargo, la defensa de los uniformados alegó la decisión por considerarla injustificada, debido a que el ente investigador había declarado su preclusión en 2004. Por esta razón, en 2017 el Consejo de Estado condenó a la Fiscalía, y ordeno indemnizar a los militares por daños morales y materiales, dejando de paso al caso de Nidya Erika Bautista sin responsables.

Frente a la búsqueda de la verdad y la justicia la familia de Nydia nunca ha desistido desde el momento en el que se encontraron sus restos. Un camino que les ha costado pasar por la estigmatización, la represión, las amenazas y la violencia, situación que viven miles de familiares de víctimas de desaparición en Colombia, llevándolos incluso al exilio, como ocurrió con su hijo Erik, quien vivió en Alemania hasta el año 2006, teniendo que volver a salir del país apenas 8 años después, al ser hostigado por desconocidos en 2013.
A pesar de la violencia, el dolor y el destierro, su familia no ha desistido en la lucha por los derechos humanos, de las mujeres y todos los familiares de las víctimas de la desaparición forzada. Durante su vida además de ser una mujer intelectual, Nydia construyó escuelas y jardines en Bosa y realizó trabajo social y de sanidad a integrantes del M-19.

En su nombre fue creada en 1999 la Fundación Nydia Erika Bautista, por su hermana Yaneth Bautista, una entidad con enfoque de género, que pretende conmemorar a las mujeres colombianas que militan con coraje por la defensa de los derechos humanos y están contra la desaparición forzada, junto a ello, agrupa mujeres sobrevivientes víctimas de este delito y las convierte en sujetos sociales; labor que le mereció el Premio de Derechos Humanos Antonio Nariño.

Rinde homenaje también Andrea Torres Bautista, hija de Yaneth y sobrina de Nydia, quien es coordinadora del área jurídica de la Fundación. Entre sus albores está defender a los familiares afectados por el delito de la desaparición, pero más allá de eso, los acompaña en su dolor. Por último, su hijo Erik Arellana, dedicado al arte, por medio de la poesía ha logrado disuadir la angustia, el dolor, la soledad y el odio, en una lucha llena de significados, así ha conmemorado a Nydia por medio del libro “Tránsitos de un hijo al alba” y “Memorias vividas en cuadernos de viaje” así como en sus trabajos fotográficos.

Cada 30 de agosto, su imagen vuelve a las calles como representación de esos rostros desaparecidos por la violencia y revictimizados por injusticia del país. En la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de desaparición forzada, este y los miles de casos que reposan en los expedientes judiciales, reflejan además los desafío, retos y alcances de la paz, así como las exigencias institucional y legislativa al Estado colombiano, sobre las cuales no ha respondido. Los familiares y la sociedad colombiana solidaria seguirá preguntándose ¿Quién y cómo se tendrá en cuenta la verdad? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Habrá justicia?

Nydia Erika Bautista en la memoria
Nydia Erika Bautista Sin Olvido


miércoles, 29 de agosto de 2018

Ándres Mestre Esquivel

Agosto 29 de 1995

Memoria y Justicia 

Se conmemora un año más desde la desaparición forzada y asesinato de ANDRES MESTRE ESQUIVEL,  en un caserío cercano a  Turbo, Antioquia. 

Andrés Mestre era un parcelero, que se dedicaba al trabajo de la tierra, y pertenecía a la junta de acción comunal de su municipio en donde  gestionando una colecta de dinero para un proyecto común. 

Es un crimen de Estado, aún en la impunidad, que no ha sido resuelto pero que a su vez da cuenta de la lucha emprendida por Ana Dolores Guerra, su esposa,  en busca de la justicia y la reparación integral por este hecho que se suma, al igual que muchos otros en Colombia. Poco a poco en la región del Urabá Antioqueño se han desnudado los tentáculos de la interacción de la estrategia paramilitar con la Brigadas, los batallones y con las empresas. 

Existen testigos que muestran como alrededor de este crimen, y los que sucedieron en este caserío cercano a Turbo,  se iba adelantando un proceso de apropiación de fincas con producción bananera y el control de tierra para la explotación de recursos e implementación de megaproyectos, controlados por empresas multinacionales. 

Durante la detención y  desaparición forzada de ANDRES muchos de los pobladores observaron la presencia de militares en el entorno del escenario de impunidad.

Recordemos que Turbo, Antioquia es una región agobiada por la violencia del conflicto armado interno, que durante años ha concentrado fuerzas en pugna por la tenencia de los territorios. 

Así mismo, a lo largo de la historia de este conflicto, han aparecido distintas formas de resistencia y manifestación social, comunidades y pueblos que se reúsan a estar en medio de la guerra.

Sus denuncias y autoproclamación muchas veces como comunidades de paz, causa escozor entre los grupos armados y las clases dominantes.Desde hace 12 años por todos los medios a su alcance la familia de ANDRES ha transitado de despacho en despacho, ha aportado pruebas, ha ido tejiendo versiones e indicios que han ido esclareciendo lo que sucedió. Gracias a su persistencia se logró ubicar el lugar donde los paramilitares del Bloque Bananero enterraron a su esposo cerca de la pequeña parcela. 

Dolores la  esposa,  con prendas de ropa de su marido logró mostrar, no solo con las muestras de sangre, que los restos eran los de su compañero con quien vivió y compartió el amor desde sus 16 años. En vista de la burla, la mofa y la ineficiencia de los organismos judiciales frente al caso de Andrés, denunciado por Dolores, su esposa, en el año 2006 la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

En ella se esclarece que “el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la libertad personal, a la protección judicial y a las garantías judiciales de Andrés Mestre Esquivel consagrados en los artículos 4, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. En la misma denuncia, se expuso “que el fenómeno del paramilitarismo se inició con la creación de organizaciones de autodefensa bajo el amparo legal de Decreto 3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968, tras lo cual éstas se convirtieron en bandas federadas especializadas en eliminar opositores políticos y exterminar organizaciones sociales.”

También se conoció que el 29 de agosto de 1995, en horas de la mañana, ingresaron a la Finca Villa Florida aproximadamente 80 hombres vestidos de camuflaje, equipados con fusiles y armas de largo alcance, y procedieron a rodear la casa donde se encontraba la señora Ana Dolores Guerra, esposa del señor Mestre Esquivel.

Afirman que los hombres uniformados exhibían brazaletes con las siglas de las ACCU y se identificaron como miembros de las autodefensas. Éstos, al enterarse de que el señor Mestre se encontraba trabajando en las plantaciones de plátano partieron con esa dirección, en donde fue asesinado. Por su parte el Estado, con un cinismo recalcitrante, niega tener responsabilidad frente a este crimen de lesa humanidad y agudiza la dinámica tendiente a asegurar la impunidad y el encubrimiento de las instancias judiciales. 

Sin Olvido

sábado, 25 de agosto de 2018

Luis Felipe Vélez, Héctor Abad y Leonardo Betancur Taborda


25 de agosto de 1987  

Hace 31 años, el 25 de agosto de 1987 quedó escrita en la historia como una de las fechas más oscuras y devastadoras para los defensores de derechos humanos en Colombia. En el centro de Medellín sicarios paramilitares acabaron en un lapso de 10 horas con la vida de los docentes y defensores de la vida Luis Felipe Vélez, Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur Taborda.

El primer asesinado fue Luis Felipe, quien a sus 33 años de edad, ya era Presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), Directivo de la Federación Colombiana de Educadores FECODE, y reconocido luchador por los derechos sindicales de su gremio. Ese martes, a las 7:30 de la mañana, miembros de la organización paramilitar 'Amor por Medellín', lo acribillaron con ráfaga de ametralladora frente a la sede de la organización que presidia. Paradójicamente, algunos días antes en un discurso había pronunciado una frase casi premonitoria “¡A la vida por fin daremos todo, a la muerte jamás daremos nada!”.

Del asesinato de Luis Felipe fue informado el médico Héctor Abad Gómez, un hombre que dedicó su vida a la docencia, la medicina y los derechos humanos. Sus 66 años de vida le alcanzaron para ser profesor de la facultad de medicina de la Universidad de Antioquia y catedrático en salud pública. Como periodista fundó el periódico universitario U-235 y fue columnista en El Tiempo, El Mundo y El Colombiano, participando también en espacios de radio, donde expresaba su opinión, cuestionaba y realizaba denuncias de la violencia en Colombia, las desapariciones forzadas, los secuestros cometidos por las guerrillas y también los delitos cometidos por los paramilitares, entre ellos, crímenes selectivos a líderes sociales y a miembros o simpatizantes de la Unión Patriótica (UP); convirtiéndose en un blanco para los grupos a quienes les incomodaban sus posturas.

Abad Gómez fue un hombre que defendió la vida, denunciaba las condiciones básicas que propagaban la desigualdad en Colombia y siempre se opuso a los crímenes cometidos contra los inocentes, responsabilizando al Estado y al gobierno, como actor principal en la promoción de la pobreza, la injusticia y la violencia del país, indicando que el poder y las prioridades del mismo debían cambiar. Después de retirarse como docente se dedicó al cultivo de rosas y al trabajo en el Comité de Derechos Humanos de Antioquia, del cual fue presidente hasta su muerte.

Antes de ser asesinado, Abad Gómez lideró una manifestación recordada como 'La marcha por los claveles rojos' donde tres mil personas protestaron contra la violencia sistemática contra estudiantes y profesores de la Universidad de Antioquia simpatizantes de ideas de izquierda. A su lado caminaron Vélez y Leonardo Betancourt Taborda de 41 años, quien también empeño su vida a la salud y la educación, estuvo dedicado principalmente a la lucha de los docentes, y era miembro y militante activo de la UP. Denunciando diferentes formas de violencia entre 1970 a 1987 como consecuencia principalmente de la corrupción y el narcotráfico.

Alertados por la noticia de la muerte de Vélez, Abad y Betancur llegaron a la sede de ADIDA, allí fueron baleados aproximadamente a las 5 de la tarde, los tres el mismo día, en el mismo lugar; con el claro objetivo de “anular cerebros” por parte de los paramilitares. Después de su muerte se decretó un paro de 72 horas por parte del magisterio antioqueño y se elaboró un pliego donde se manifestaban su apoyo al derecho a la vida, las libertades políticas y democráticas. Luego de la muerte de Abad, el reemplazo de la presidencia del comité de derechos humanos fue Jesús María Valle, quien sería asesinado en 1998.

El proceso jurídico
Después de cerrado el caso, el 13 de febrero de 2012, la Fiscalía General de la Nación reabrió la investigación tras las declaraciones aportadas por el jefe paramilitar Diego Fernando Murillo alias “Don Berna”, quien aseguró que el responsable de los crímenes fue Carlos Castaño, quien consideraba a Héctor Abad como un guerrillero del Ejército Popular de Liberación (EPL).

Para 2014, la misma entidad declaró estos crímenes como de lesa humanidad, tras comprobar la sistematicidad en los tres casos y como parte del genocidio de la UP, cometido en coordinación de entidades estatales, narcotraficantes y paramilitares. En lo corrido de 1987, fueron asesinados 15 docentes más de ADIDA, y según la organización, desde el año de los asesinatos hasta 2008, 334 miembros de la misma corrieron con la misma suerte.

Legado
Cada 25 de agosto se recuerda a estos anunciadores de verdades y quienes han evidenciado que su lucha es dura y peligrosa dentro de un juego político y económico. Cada víctima ha evocado una memoria diferente, ninguna de ellas ha sido olvidada, el doctor Betancur es recordado por sus amigos, familiares y algunos de sus alumnos de la Universidad de Antioquia; Vélez, es memorable por su labor con los docentes al dejar el Fondo Solidario por Muerte a Educador, de igual forma un grupo de docentes que lo admira creo el Equipo Magisterial Luis Felipe Vélez que recoge las banderas de este líder.

De los tres, es tal vez Abad el más conmemorado. Su hijo Héctor Abad Faciolince, le dedicó su libro 'El Olvido que seremos', título que toma de las letras manchadas con sangre encontradas en el bolsillo de su padre con el verso de Borges. Un libro que inspiraría a su nieta Daniela Abad para realizar junto con Miguel Salazar el documental “Carta a una sombra” estrenado en el año 2015. Su marcha de claveles rojos se sigue realizando en Medellín y cada 25 de agosto la facultad de salud pública de la Universidad de Antioquia celebra el día nacional del salubrista, así como la realización de la cátedra de formación ciudadana Héctor Abad Gómez. El año pasado la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), publicó una serie de podcast en conmemoración de 30 años de su asesinato.

Vélez, Abad y Betancur en la Memoria 
Vélez, Abad y Betancur Sin Olvido



martes, 21 de agosto de 2018

Masacre la Gabarra


Agosto 21 de 1999 


El sábado 21 de agosto de 1999, Felipe (*), de apenas 16 años, estaba en el bar El Sapo de La Gabarra cortejando a una de las tantas prostitutas que por esos días vivían en ese caluroso corregimiento de Tibú. Junto a unos amigos, había llegado a este lugar desde temprano a “ver a las mujeres” y hablar con quienes le acompañaban.

A El Sapo no solo asistían habitantes de La Gabarra. La mayoría de sus clientes provenían de las montañas cercanas que, después de varios días de estar ‘raspando’ coca, utilizaban los fines de semana para bajar al pueblo a comprar víveres, beber cerveza y estar ‘un rato’ con las putas.

Ese sábado parecía normal. No había nada que les hiciera pensar a los emparrandados habitantes de este corregimiento que las cosas se iban a poner feas pasadas las 7 de la noche.

Si bien desde finales de mayo, un grupo de paramilitares proveniente de Córdoba hacía presencia en la carretera entre Tibú y La Gabarra y habían asesinado a varias personas a quienes sindicaron de pertenecer a la guerrilla o de ser sus colaboradoras, los habitantes de este corregimiento se sentían seguros por la presencia constante de la Policía y el Ejército en su pueblo y las inmediaciones del mismo.

En el centro del corregimiento, la estación de Policía albergaba en su interior un número significativo de uniformados que patrullaban las polvorientas calles de La Gabarra, tropezándose en las esquinas con soldados de la base que el Ejército tiene instalada a escasos 200 metros del pueblo, pasando el puente sobre el río Catatumbo.

“Como a las 7:50 de la noche de ese sábado se fue la luz. Sin embargo, ahí en El Sapo tenían una planta eléctrica y nos quedamos a oscuras un momento no más. Luego se volvió a ir la luz otra vez pero la planta nos iluminó nuevamente. A la tercera vez ya no volvió más. Fue justo en ese momento cuando llegaron los ‘paracos’ y de una patada entraron al bar”, recuerda Felipe con la mirada perdida en el río Catatumbo, el mismo en el que vio decenas de cuerpos correr, la mayoría de las veces mutilados.

“Cuando los ‘paras’ entraron traían una lista en sus manos. Dijeron ‘el que esté en esta lista se muere y el que no tenga cédula también’. Ahí en El Sapo alcancé a ver cómo mataban a un señor que estaba borracho y quiso enfrentársele a un ‘para’ con un cuchillo. Luego me dejaron ir porque vieron que yo era menor de edad”, cuenta este joven que aún hoy no olvida cómo al tratar de esconderse de la masacre que se acababa de desatar en su pueblo, terminó acurrucado junto a un cadáver en el negocio donde vendían carne y que estaba ubicado junto a este bar.

Lo que vendría después, hasta bien entrada la madrugada del domingo 22, sería considerado por las víctimas de esta masacre como el peor infierno de sus vidas. Una bengala, que muchos habitantes de La Gabarra no dudaron en afirmar que fue lanzada desde la base del Ejército, significó el fin de esa primera incursión paramilitar.

Al despuntar el día, los cuerpos de 35 personas yacían regados por varios puntos del corregimiento. Los cadáveres fueron recogidos por el tractor que hacía las veces de recolector de la basura. Los rostros conocidos hicieron su aparición entre la pila de muertos y las lágrimas, que aún hoy brotan de los rostros de estas víctimas, llegaron para quedarse.

LOS PARAMILITARES, MÁS DE 200, SE ADUEÑARON DE LA GABARRA A PUNTA DE PLOMO, MOTOSIERRA Y VIOLACIONES

Una vez instalados, el negocio de la droga se convirtió en su única obsesión. Para ello, los hombres de Mancuso, bajo el mando de Armando Alberto Pérez Betancourt (alias Camilo), designaron a Los Azules, un escuadrón que vestía con overoles de este color y cuya misión era velar porque toda la coca producida en La Gabarra y sus alrededores solo les fuera vendida a ellos o a quienes ellos designaran.

“Todo en La Gabarra pasó a ser controlado por ellos. No se hacía nada sin su permiso. Hasta los problemas conyugales eran resueltos por estos sujetos”, afirma Felipe, quien tuvo en sus manos el poder de darle un giro radical a esta historia de dolor.

Según contó a La Opinión, un día un niño de ‘7 o 10 años’ que en La Gabarra era conocido como ‘Paraquito’ por la cercanía que tenía con algunos miembros del Bloque Catatumbo y por, aunque suene difícil de creer, haber propiciado la muerte de varias personas tras sindicarlas de ser guerrilleras, acusó a su hermano de ser el responsable del robo de unas joyas de un ‘para’ que vivía en el pueblo.

“Mi hermano administraba un negocio de juegos de video. ‘Paraquito’ iba allá a jugar. Un día, a mi hermano se lo llevaron los ‘paras’ porque ese niño lo acusó de haberse robado unas joyas. Camilo, que vivía al lado de mi casa, era quien debía decidir qué hacer con mi hermano. Por eso, me subí a un árbol con una escopeta de mi papá y lo tuve varias horas en la mira. Si a mi hermano lo hubiesen matado, yo lo hubiese matado a él así luego me mataran a mí y a toda mi familia”, sostuvo Felipe.

Para su fortuna y, sobretodo la de Camilo, el hermano de Felipe fue liberado luego de que se lograra establecer que ‘Paraquito’ era quien había robado las joyas para ir a jugar con las consolas del negocio que este administraba.

La muerte de Camilo, sin duda, habría marcado otro escenario en La Gabarra, un escenario que Felipe tuvo en sus manos. No obstante, con Camilo vivo, la historia de La Gabarra fue otra, cargada de miles de muertos, miles de desplazados y miles de desaparecidos.

(*) Nombre cambiado

‘LA COCA SE LE VENDE A LA GUERRILLA’

Luego de la desmovilización del Bloque Catatumbo, el 10 de diciembre de 2004, La Gabarra volvió a quedar en manos de quienes por años habían ejercido la autoridad en este lugar: la guerrilla de las Farc.

Con la salida de los ‘paras’, el negocio de la droga no se vio afectado, lo único que cambió fueron las personas que cada cierto tiempo pasan por las fincas recogiendo la base de coca que allí en esta zona de Norte de Santander se produce.

Una persona que habló con La Opinión bajo la condición de que su nombre no fuera revelado, contó detalles acerca de cómo funciona en estos momentos el lucrativo negocio de la droga en la región.

“Actualmente estamos sembrando la coca injerto, que tiene cerca de 4 años de haber llegado a la región. Antes se sembraba la coca dulce o peruana, que tenía la hoja más ancha y era más blandita para raspar”, sostuvo.

Según esta persona, la coca injerto crece más rápido y echa más hojas, pero su transformación a base de coca requiere de más insumos que la peruana, lo que hace más cara su producción.

“Por aquí hemos intentado sembrar la coca cuarentana, que es muy buena para producir base con poca cantidad, pero la tierra no nos deja. Con esa coca se produce un kilo de base por cada 30 arrobas, mientras que la injerto apenas bota un kilo por 50 arrobas”.

Esta persona contó que los cultivos de coca han crecido en La Gabarra, sobre todo “río arriba, por la zona de Caño Tomás”.

También indicó que el kilo de base de coca se está pagando a $2.400.000, “aunque a veces baja o sube el precio dependiendo de lo difícil que sea conseguir los insumos”.

Finalmente, comentó que la coca que allí se siembra se le vende a la guerrilla.

“Ellos son los dueños del negocio. Si usted le quiere vender a otra persona, tiene que ser con su permiso. Ellos tienen personas que les recogen la coca en los puntos donde uno va a venderla. La guerrilla de las Farc lleva los controles por la bulla que se hace cuando uno va a ‘raspar’, pues para eso tiene que contratar unas 20 o 25 personas y ahí es donde ellos se dan cuenta quién raspó y quién tiene mercancía para vender”.

Victimas de la Masacre de la Gabarra en la Memoria.
Victimas de la Masacre de la Gabarra Sin Olvido.

TEXTO TOMADO DEL UNIVERSAL http://www.eluniversal.com.co/colombia/masacre-de-la-gabarra-15-anos-despues-167942 

domingo, 19 de agosto de 2018

Diego Felipe Becerra Lizarazo


19 de Agosto de 2011

Las pintas de color sobre el cemento con su nombre y la figura de 'Felix el gato', hacen que el puente de la calle 116 con avenida Boyacá se distinga de cualquier otro en la ciudad de Bogotá. Un escenario de la infamia convertido en santuario dedicado a la memoria de Diego Felipe Becerra Lizarazo.

Trípido, como lo recuerdan sus amigos, apenas tenía 16 años de edad. En el graffiti había encontrado la forma de expresar su sentir y plasmar su identidad con trazos de pintura en aerosol. Paradojicamente, la misma actividad por la que le arrebataron la vida es la que permite que hoy su nombre siga presente en el paisaje urbano de la ciudad.

El 19 de agosto de 2011 fue un viernes, Diego Felipe y sus amigos salieron a realizar unas pintas en la base del puente, allí la policía los encontró y persiguió. Trípido se escondió detrás de un árbol, hasta donde llegó el patrullero Wilmer Alarcón, quien lo increpó para hacerle una requisa, Diego trató de huir, recibiendo por parte del uniformado un disparo por la espalda. Lo llevaron a la Clínica Shaio donde poco pudieron hacer para salvarlo.

Después de asesinarlo, la policía intentó mancillar su nombre para ocultar la verdad, presentándolo como un delincuente común abatido tras asaltar un bus. Alteraron la escena del crimen, sembraron falsas evidencias, indujeron al conductor del servicio de transporte a dar falso testimonio; en suma, hicieron un pacto de silencio para defender el 'honor' de la institución.

Sin embargo, la verdad logró abrirse paso en medio de tantas injurias. En 2012 fueron imputados 13 cargos al patrullero Alarcón por homicidio agravado, dado el conocimiento previo de que la víctima se encontraba desarmada. Más tarde, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 12 años a los comandantes de la estación de policía de la localidad de Suba, al subteniente Rosemberg Madrid coordinador del CAI Andes y el coronel Nelson Castillo, por obstruir la investigación de la Fiscalía.

Para el ente de control, las acciones cometidas por los uniformados fueron gravísimas, puesto que su deber era mantener la escena como fue encontrada, preservar los derechos del joven, y no presentarlo como un 'falso positivo urbano', tratando de legitimar su muerte con la imputación de un crimen inexistente.

En 2016 Alarcón fue condenado a 36 años y seis meses de prisión como autor material del crimen, sin embargo, hoy se encuentra prófugo de la justicia. Gustavo Trejos, padre de Diego Felipe y uno de los mayores luchadores por la reivindicación su memoria, indicó que las autoridades le aseguraron que hay una circular roja emitida por la Interpol para ubicar y capturar al asesino, pero no ha tenido efecto porque en su criterio, no le conviene a dos generales de la república vinculados con la alteración de la escena lo que el patrullero pueda aportar en al caso.

Tanto Trejos como otros familiares y amigos han sido revictimizados, hostigados, presionados y amenazados. A pesar de lo exhaustivo, doloroso y largo del proceso después de su muerte, los padres de Trípido han sido protagonistas en búsqueda de verdad y justicia. Además, han propendido por la protección de los jóvenes grafiteros, apostando por ver a los muros como medios para comunicar y protestar.

“Después de la muerte de Diego Felipe ha cambiado la concepción sobre el grafiti. Ahora en Bogotá hay un marco legal para proteger a estos artistas y la Policía lo piensa dos veces antes de agredirlos. Nosotros trabajamos por una práctica responsable del grafiti y nuestro trabajo en algunos barrios de Bogotá es bien recibido y agradecido por la sociedad” aseguró el padre del joven.

Para Liliana, su mamá, “Hay algo que los adultos no entienden: no es solo rayar paredes, no es solo criticar lo que hacen los jóvenes. Tenemos que escuchar lo que ellos sienten. Ellos pintan las paredes para expresarse porque como sociedad no los estamos escuchando. El color en las calles relaja a las personas, la vida para muchos ya no es tan gris”.

El rostro de Diego Felipe y su sello distintivo, dan vida a los muros fríos del puente de extremo a extremo. Además su seudónimo artístico pervive en el 'Trípido Fest', un evento que se realiza cada año desde 2011 con actividades musicales, pedagógicas y artísticas en su memoria, y su nombre identifica desde 2015 una casa de la juventud en la localidad de Suba.

Diego Felipe Becerra en la Memoria 
Diego Felipe Becerra Sin Olvido


miércoles, 15 de agosto de 2018

Fredy Mosquera López


Agosto 15 de 1991 



"Hasta aquel soñado día en que recuperemos la dignidad humana"

Fredy Mosquera, ejecutado extrajudicialmente.



En la madrugada del 15 de agosto de 1991, en el barrio los Sauces de Popayán, Cauca,  fue asesinado por la Policía Nacional, Fredy Mosquera López, reconocido líder de las Comunidades Eclesiales de Base.

Fredy Mosquera, entregó su vida al trabajo en los sectores mas empobrecidos  de Popayán. Su memoria e ideales siguen vivos en los barrios Los Sauces, La Maria Oriente, Los Andes donde sembró semillas de justicia e igualdad desde su compromiso con el evangelio.


Hoy su familiares quienes hacemos parte de CONPAZ -Comunidades Construyendo Paz en los Territorios-,  hacemos memoria de este crimen que no se ha esclarecido y seguimos exigiendo, verdad, justicia y reparación Integral.



Fredy Mosquera Lopez EN LA MEMORIA

Fredy Mosquera Lopez SIN OLVIDO






lunes, 13 de agosto de 2018

Jaime Hernando Gárzón


13 de agosto 1999

Jaime Garzón permanece en la memoria de Colombia como un constructor de paz y promotor de una cultura política y crítica a través del humor. Jaime Hernando Garzón Forero, nació el 24 de octubre de 1960, en Bogotá. Estudió derecho en la Universidad Nacional de Colombia, aparte de formarse profesionalmente como abogado, es recordado por su faceta como humorista y periodista. Jaime, tenía el talento para realizar personajes que representaran la vida política nacional con un sentido del humor particular.

Su carácter se distinguió a través del sarcasmo y la ironía sobre la realidad colombiana. Los programas más representativos y de carácter político en los que paricipó, fueron “Zoociedad”, emitido entre 1990 y 1993, “Quac el noticiero” entre 1995 y 1997 en Canal Uno, donde inmortalizó algunos de sus personajes más reconocidos como Dioselina Tibaná, Néstor Elí, Godofredo Cínico Caspa, John Lennin, Quemando Central, Emerson de Francisco e Inti de la Oz, y en 1997 creo el personaje por el que hoy gran parte del país lo recuerda: Heriberto de la Calle, primero en “La Lechuza” luego en el noticiero CM& y  en la emisora Radionet, que sería su último trabajo en medios de comunicación.

De alcalde menor a mediador de paz
En 1988 fue nombrado alcalde menor de la localidad de Sumapaz, luego fungió como mediador entre el gobierno y las FARC, para la liberación de civiles secuestrados y participó en una comisión de paz para los diálogos con el ELN. Su imagen como un analítico que buscaba la paz y un humorista crítico ante la realidad política colombiana se fue consolidando y sus discusiones cobraron un sentido de defensa y reflexión por y hacia la gente. Jaime se consideró a sí mismo como una persona con esperanza por una mejoría de la realidad del país y un ser con voluntad de trabajo por los demás, decía:

“Yo soy aburridísimo: creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación”. 

Gracias a su capacidad para el humor, su creatividad y fuertes críticas, se convirtió en uno de los periodistas y humoristas más famosos en la historia de Colombia, lo que le valió rodearse de muchos amigos, pero también de enemigos a quienes no les convenía las ideas, las críticas, la búsqueda de paz que se pretendía y sobre todo la verdad:
“Lo que yo estoy haciendo es...es un práctica conceptual que es decir la verdad, las cosas hay que llamarlas por la verdad, en este país no llamamos las cosas de verdad ¡nunca!...Ni en política, ni en la vida real” 

Asesinato
El 13 de agosto de 1999 en horas de la mañana, Jaime Garzón se dirigía hacia su trabajo en la sede de Radionet, ubicada en el barrio Quinta Paredes de Bogotá, cuando fue interceptado por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta con placas ocultas. Al llegar al semáforo de la Carrera 42B con 22F, le propinaron 5 disparos causándole la muerte. Este magnicidio como otros fue un crimen de agentes del Estado en alianza con paramilitares, ordenado por Carlos Castaño, a quien se le catalogó como el autor intelectual en conjunto con el Departamento de administración de Seguridad (DAS), la policía, empresarios antioqueños y miembros de las Fuerzas Armadas. Miembros de la banda denominada “La Terraza” perpetraron el crimen,los cuales, estaban al servicio del narcotraficante y paramilitar Diego Fernando Murillo alias “Don Berna”.

En el año 2004, se encontró a Castaño culpable y se le adjudicó el crimen al Estado Colombiano. En 2009, el paramilitar Freddy Rendón alias “El Alemán” aseguró que el crimen fue en favor de oficiales del ejército. Recientemente el paramilitar Libardo Duarte confirmó que el ex subdirector del DAS José Miguel Narváez, dió orden de asesinar a Jaime acusándolo de ser un guerrillero del Ejército Popular de Liberación (EPL). El crimen de Jaime tiene demasiados actores vinculados, como quienes hicieron interceptaciones ilegales, desviaron pruebas, o irrumpieron procedimientos desde la institucionalidad. Todo esto ha dejado en evidencia las afirmaciones de Jaime:

“Los paramilitares son la clara demostración de que entre el Estado tradicional y la delincuencia hay un silencioso pacto”. 

El homicidio de Jaime continúa impune, ante todo por la falta de sanciones a políticos, militares o empresarios. El asesinato de testigos y perpetradores, no permitió que se le diera claridad a los hechos. Por otro lado, las razones por las que fue asesinado van más allá de falsas acusaciones o más allá de la comedia, se le consideraba como un proyecto político, porque había una severidad en sus palabras dados sus análisis de la realidad colombiana, de la que al mismo tiempo se burlaba, los temas que más tocaba era la política junto al papel del Estado, decía que:

“Tiene dos problemas graves el Estado colombiano… o no existe, o existe fuertemente, por ejemplo, el estado existe cuando se trata de cobrar impuestos, la policía atropellar, el ejército impedir, está claro lo de la matanzas de campesinos en el Guaviare…todo eso, está claro que el Estado existe, en Urabá cuando fuerzas extrañas que de noche se visten de civiles salen y asesinan campesinos (…) ahí existe el Estado, uno lo ve… y está claro que el Estado no existe cuando se trata de primero brindar seguridad social, segundo, el derecho al trabajo, tercero, el derecho a un buen nombre, cuarto, el derecho a una nacionalidad limpia, no existe, no existe el Estado”

Y también  frente a la violencia multilateral indicaba que:
“En Colombia, la pregunta es: ¿quién nos va a matar?, ¿los guerrilleros, los paramilitares, los narcos o los políticos?”

El asesinato de Jaime es un Crimen de Lesa Humanidad y una ejecución extrajudicial puesto que está enmarcado en un ataque generalizado y sistemático desde la institucionalidad, legitimado por la extrema derecha del país; de modo, que existen factores estructurales evidentes de impunidad y de violencia en este caso. Con la muerte de Garzón se victimizo el pensamiento crítico y la libertad de expresión, se estigmatizó la opinión y las posibilidades de realizar paz. Siempre realizo la invitación a cuestionar la realidad e indicaba que la sociedad colombiana necesitaba organizarse civilmente y dejar de ser fragmentaria:
“El problema de los colombianos es que no tenemos una conciencia colectiva. Tenemos una posición cómoda e individual ante la vida” 

Su invitación no solo era para hacer una sociedad concientizada o reflexiva, además quería motivar a lo jóvenes a emprender acciones por el futuro del país:

“Entonces unos les dice: hermanos, hay que ponerse en la onda de transformar el país de cambiarlo… Y dicen: no, es que no hay líderes. ¿Ustedes que están esperando?, ¿que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos? Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie, nadie, nadie”
Jaime Garzón desafió la indiferencia del país, fue una mente abierta al cambio y la difusión y crítica de los hechos. Al día siguiente de su asesinato, su cuerpo fue acompañado por 300.00 mil personas en la Plaza de Bolívar en Bogotá. A pesar del tiempo su figura sigue preservada en forma de las esculturas de el humorista portando la bandera e Colombia y de Heriberto su personaje más entrañable, las cuales, se encuentran hoy en Bogotá.

Legado
Jorge, Alfredo y Marisol Garzón, hermanos del periodista, crearon la marca Jaime Garzón Forero, de los tres, Marisol ha sido principal abanderada de la preservación digna de su memoria. El 13 de agosto de cada año se celebra el Día del Humorista en Colombia a manera de homenaje, se han realizado murales por parte del colectivo Mal Crew y obras teatrales como “El Corruptour”, entre otros, que dejan viva la presencia y las ideas de Jaime, como lo expresa una de las frases más significativas que pronunció, retomando la traducción realizada por los indígenas Wayuú del artículo 11  de la Constitución política:
 Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente”.

Jaime Garzón en la memoria 
Jaime Garzón Sin Olvido