Masacre de Mapiripán

Julio 15 de 1997

El hecho más notorio que inauguró el ingreso de Carlos Castaño a la zona del Guaviare y del sur del Meta, lo constituyó la masacre de Mapiripán, perpetrada entre el 15 y el 20 de julio de 1997:

Cuarenta y nueve campesinos y pobladores fueron torturados, desmembrados, eviscerados, degollados y arrojados al río Guaviare por un grupo cercano a doscientos hombres que permanecieron en la localidad por cinco días sin ser repelidos y perseguidos por la fuerza pública Colombiana y Estadounidense acantonada en la zona. Carlos Castaño, líder de los paramilitares aceptó públicamente la ejecución de 49 personas, pero la mayoría de ellos permanecen en la condición de desaparecidos.

En Mapiripán, Meta, viven unos 1.200 habitantes. Lo separa del departamento del Guaviare el río del mismo nombre que es su principal vía de comunicación con la inspección de Charras, a donde se puede llegar desde San José del Guaviare, a través de la trocha ganadera o por el río.

Todo este recorrido fue el que hicieron unos 200 paramilitares el 12, 13 y 14 de julio de 1997 hasta Mapiripán para cometer una de las masacres más escalofriantes en su lucha por conquistar las zonas cocaleras.

El recorrido criminal tuvo su inicio el 12 de Julio de 1997 cuando un grupo de paramilitares con material bélico fue transportado desde el municipio de Necoclí, en la zona del Urabá antioqueño a la población de San José del Guaviare en una aeronave comercial tripulada por los señores Juan Manuel Ortiz Matamoros y Pedro Zúñiga, quienes habían sido contratados en Medellín y Villavicencio.

Dicho recorrido se comprobó mediante el registro del itinerario de los vuelos, obtenido mediante inspección judicial practicada en los terminales aéreos de Carepa (Antioquia), Villavicencio (Meta), San José del Guaviare, Bogotá y Medellín. Además del testimonio de Mauricio Becerra, controlador aéreo del aeropuerto de San José del Guaviare y del confeso paramilitar Edison Londoño Niño, alias «Pasaje».

En este grupo de paramilitares que llegó vía aérea fueron identificados los hombres de Carlos Castaño conocidos como alias "El Percherón", "Mochacabezas" o el "diablo" y "Don Miguel". El sitio de aterrizaje de los aviones fue el aeropuerto llamado "Capitán Jorge Enrique González Torres" de San José del Guaviare, donde los esperaba otro grupo de paramilitares al mando de alias René, con unos camiones.

Desde San José del Guaviare los paramilitares arribaron a Mapiripán por vía terrestre y fluvial, pasando por los retenes instalados por la Policía Fluvial al salir de San José del Guaviare y el del Barrancón por personal del Ejército, donde también se encontraba en adiestramiento militar un grupo de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos.

Antes de llegar a Mapiripán entraron a la Inspección de Charras, donde reunieron a todos los pobladores en la plaza principal y repartieron una revista titulada «Colombia Libre», en la cual se anunciaba el origen del Frente Guaviare de las Autodefensas Unidas de Colombia. Pasaron también por Guanapalos. Caño Jabón y la inspección de La Cooperativa, del mismo municipio de Mapiripán, en donde asesinaron a una persona.

Desde el 15 de julio de 1997, la fuerza pública en San José del Guaviare, más concretamente el Batallón Joaquín París, y también la Policía Antinarcóticos, se enteraron de la presencia de los paramilitares en la Jurisdicción del municipio de Mapiripán, pero sobre el particular no realizaron ninguna actividad propia de su función con miras a contrarrestar lo sucedido durante los siguientes 5 días de su permanencia en el lugar.

Ese día en horas de la madrugada, el grupo, cercano a los doscientos hombres, quienes vestían uniformes de camuflaje y portaban armas de diversos calibres, corto punzantes y contundentes, arribaron al municipio de Mapiripán, sembrando el terror y la muerte entre campesinos y pobladores, quienes fueron sacrificados después de un desfile macabro en el matadero municipal.

A la llegada sacaron a los habitantes del pueblo, los hicieron poner en filas, luego los requisaron e inmediatamente seleccionaron de la fila a Alvaro Tovar, lo amarraron y le propinaron cinco disparos en la cabeza. A Antonio María Barrera lo sacaron de su vivienda y se lo llevaron a la fuerza para el matadero, donde lo sometieron a crueles torturas, lo descuartizaron, mutilaron y arrojaron su cuerpo al río Guaviare. Un joven de Pacho, una Señora de Charras y un Joven de raza negra fueron desaparecidos. Otra víctima fue Nelson sin identificar, quien había llegado recientemente a la población, lo interceptaron en cercanías al río, junto con su esposa e hijos, y luego de exigirle la documentación, la cual tenía incompleta, se lo llevaron al matadero de reses. Al día siguiente, su cuerpo sin cabeza fue hallado flotando en el río.

La misma mañana, del hotel residencias Guaviare sacaron por la fuerza a un joven e interceptaron a varias personas, entre ellas una pareja de campesinos jóvenes provenientes de la inspección departamental La Cooperativa, a una señora de tez blanca y a un señor de edad, quien se encontraba en la pista aérea y se disponían a viajar en avión. Estas víctimas fueron llevadas al matadero de reses, sometidas a torturas y en horas de la noche, mutiladas vivas, degolladas y sus cadáveres arrojados al río Guaviare, la mayoría con el vientre abierto con el fin de que no flotaran.

El 16 de julio, los paramilitares se ausentaron del casco urbano, ante este hecho los habitantes aprovecharon para salir de sus viviendas y dirigirse hacia el matadero de reses, donde encontraron la cabeza de Nelson y un saco de la señora de tez blanca.

Hacia el final de la tarde, encontraron flotando en el río el cadáver de uno de los jóvenes campesinos, procedentes de La Cooperativa. Cuando los pobladores intentaban rescatarlo, se hicieron presentes los paramilitares y lo impidieron, amenazando a la comunidad y a quien intentara sacar del río los cadáveres. Les dijeron: «¿les dolió mucho la muerte de él...?".

Ese mismo día interceptaron a un joven estudiante, quien por vía fluvial provenía de la inspección departamental Puerto Alvira, le exigieron los documentos de identidad y al no presentarlos lo acusaron de ser guerrillero y lo llevaron al matadero de reses.

Durante los días 17,18 y 19 de julio se desplazaban de día a las zonas rurales del municipio y en las noches regresaban al casco urbano de Mapiripán, ordenaban suspender el fluido eléctrico y a los pobladores no salir de sus viviendas.

Entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de julio y antes de abandonar el casco urbano del municipio para tomar rumbo a la inspección de policía La Cooperativa, ejecutaron a otros tres pobladores. Los paramilitares también incursionaron en la vivienda de Sinaí Blanco hacia las 9 de la noche y lo sacaron por la fuerza, en presencia de su esposa e hijos. Su cadáver degollado fue hallado al día siguiente en una calle de la población. Ese mismo caso fue cometido con otro poblador, quien fue sacado de su vivienda en presencia de su esposa e hijos, José Roland Valencia, despachador de aviones, empleado de la alcaldía, a quien degollaron vivo y arrojaron su cadáver en la pista de aterrizaje. El 19 de julio, a las 6 de la tarde, fue interceptado el Presidente de La Junta de Acción Comunal de La Vereda Caño Danta, a quien ejecutaron horas más tarde.

El domingo 20 de julio, al enterarse de las muertes ocurridas durante la noche y la madrugada anterior, y tras percatarse de la ausencia del grupo paramilitar que se dirigió hacia la inspección departamental La Cooperativa, los pobladores iniciaron el desplazamiento forzado por vía aérea y terrestre hacia Villavicencio y por vía fluvial hacia San José del Guaviare, quedando prácticamente desocupado el casco urbano, ya que se desplazó el 70% de la población.

Ante las autoridades que se hicieron presentes el 21 de julio, fue denunciada la desaparición de los hermanos Omar Patiño Vacca, Eliecer Martínez Vacca y Jaime Ríaños.

De los identificados se sabe que seis de ellos pertenecían a movimientos políticos diferentes a los del Alcalde quien pertenecía al partido conservador. José Roland Valencia meses atrás había denunciado la corrupción de la administración municipal, que en los contratos de obras municipales pretendía adueñarse de una suma superior a 10 millones de pesos; por ello había sido amenazado desde esa época por el Inspector municipal, Luis Hernando Prieto, y por el Director de la UMATA, Anselmo Trigos, ambos de filiación conservadora. También tuvo serios enfrentamientos con el Alcalde de la localidad por malos manejos de unos recursos de la Red de Solidaridad destinados a los ancianos.

La actitud de la mayoría de los miembros de la administración municipal fue muy sospechosa ya que no se encontraban el día de la llegada de los paramilitares y cuando se enteraron de los hechos no informaron a las autoridades competentes para que actuaran. El Alcalde llegó al municipio al segundo día de la incursión y tampoco actuó para preservar la integridad de los habitantes.

Se afirma por parte de testigos de los hechos, que varios miembros de la administración municipal y de la familia Trigos fueron informantes de los paramilitares; algunos aportaron mapas; otros señalaron personas; otros listas de personas a ejecutar. Se afirma también que la familia Trigos tenía vínculos con los paramilitares, razón por la cual fue obligada por la guerrilla a abandonar el pueblo.

Al día siguiente de salir el último miembro de los Trigos del municipio, se dio la incursión paramilitar.

Dentro de la investigación se pudo establecer que los altos mandos de la Séptima Brigada del Ejército habían tenido, desde antes de la incursión, comunicación con los paramilitares, desde varios meses antes del suceso, los paramilitares hicieron reuniones para organizar la incursión al municipio de Mapiripán en las que participó el Sargento Juan Carlos Gamarra Polo del batallón Joaquín París al mando del Coronel Carlos Eduardo Avila Beltrán, tal como lo declaró el paramilitar Pedro Alex Conde Anaya.

Para la ejecución del crimen, se permitió que los ocupantes de los vuelos irregulares procedentes de Necoclí y Apartado el día 12 de julio ingresaran a la plataforma del aeropuerto de San José del Guaviare, sin ningún tipo de registro ni anotación en los libros, sino abordando libremente los camiones que allí esperaban al grupo al mando del paramilitar Luis Hernando Méndez Bedoya, como si se tratara de una operación militar, exceptuada habitualmente de ese control.

Los militares que tenían el control del aeropuerto y que permitieron el acceso de ese personal y de las armas fueron el Sargento Segundo José Miller Urueña Díaz y el Cabo Leonardo Montoya Rubiana.

La agrupación paramilitar en su recorrido de San José del Guaviare a Mapiripán, transitó por lugares destinados al entrenamiento de las tropas de la Brigada Móvil 2, tal es el caso del sitio conocido como la isla de "El Barrancón", donde tiene asiento la tropa y se estaban efectuado entrenamientos del grupo de Fuerzas Especiales No. 7 del Ejército de los Estados Unidos, más conocidos como los "Boinas Verdes".

Solo para el día 21 de julio las tropas del Batallón Joaquín París hicieron presencia en Mapiripán, pues se devolvieron de Calamar, adonde habían sido enviadas antes de la masacre, posteriormente se pudo confirmar que no había una perturbación del orden público en esta localidad y no era necesaria la presencia de la tropa en Calamar. Paradójicamente los militares llegaron cuando el grupo armado ilegal había abandonado Mapiripán.

Según un informe de inteligencia de la Policía Antinarcóticos entregado a la Fiscalía, el Coronel Lino Sánchez Prado, comandante de la Brigada Móvil No. 2, promovió un plan para introducir paramilitares en las áreas fumigadas aledañas a Mapiripán en el marco del programa a desarrollar en conjunto con los Boinas Verdes.

Se informó, además, que este militar el 21 de junio de 1997 le solicitó colaboración a personal de la Policía Antinarcóticos para participar en una operación en la que, con ayuda de los instructores estadounidenses "le iban a dar una lección a la guerrilla". Este militar por mucho tiempo y en periodos de auge y desarrollo del paramilitarismo en Colombia estuvo prestando servicios en la sección de inteligencia del Batallón Junín y de la Brigada XI con sede en Montería, Córdoba, donde los paramilitares, han tenido más presencia criminal.

Investigadores del diario El Espectador, en el extenso informe que publicaron sobre la masacre de Mapiripán, llegaron a la conclusión de que el «séptimo grupo de operaciones especiales de los Estados Unidos (Boinas Verdes) realizó un entrenamiento en "planeación militar" con la tropa del Coronel Lino Sánchez, mientras éste planeaba la decapitación masiva de civiles en Mapiripán».

Así las cosas, el ingreso de las autodefensas unidas de Colombia al departamento del Meta, especialmente a la subregión conformada por los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y San Martín Granada Fuente de Oro, ya estaba asegurado por toda una estructura estatal, facilitadora del accionar de los grupos paramilitares y del negocio del narcotráfico, la cual se vio favorecida con el apoyo del Comandante de la VII Brigada del ejército, General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez de la manera en que quedó establecido con los hechos sucedidos en el municipio de Mapiripán desde el 15 al 20 de julio de 1997.

Pese a la gravedad y la magnitud de los hechos, el Estado Colombiano no sólo, no garantizó la vida, la libertad, ni la integridad personal de los habitantes de Mapiripán, sino que además no ha respetado los derechos a la justicia y al debido proceso de sus deudos y familiares, e incluso ha intentado que dicha investigación se adelante bajo los postulados de la Justicia Penal Militar.

Hernán Orozco y el general Jaime Humberto Uscátegui dos oficiales de más de 30 años de carrera militar sostuvieron bajo juramento que "importantes sectores del Ejército estaban íntimamente comprometidos con el paramilitarismo". Ambos fueron condenados inicialmente por la justicia penal militar a principios de 2001 por "deshonrar a su ejército", por haber sido negligentes en el ejercicio de sus funciones. Les impusieron una pena de prisión de 40 meses a Uscátegui y de 38 meses a Orozco. Pero la Corte Constitucional anuló la sentencia porque consideró que debía ser la justicia ordinaria la encargada de juzgarlos.

Cuando el caso llegó a manos de un juez los dos realizaron acusaciones muy graves. Uscátegui manifestó al juez en las declaraciones que contaría la verdad si llega a ser condenado a 40 años de prisión. "Si el alto mando militar no me ayuda, sacaré a relucir pruebas que no dejan duda sobre la cercanía del Ejército con las autodefensas", sostuvo el oficial en una conversación privada divulgada por la revista Cambio.

En noviembre de 2009, tanto Uscátegui como Orozco fueron condenados por la justicia colombiana a 40 años de prisión como responsables de la masacre. Desde entonces Uscátegui está detenido en una guarnición militar en Bogotá a espera de que la Corte Suprema de Justicia resuelva un recurso de última instancia para una eventual absolución; Orozco, en tanto, vive desde hace 10 años en Florida, Estados Unidos.

Recientemente el Juzgado Tercero Penal Especializado del Circuito de Villavicencio halló culpable y condenó a 26 años de cárcel, al ex jefe paramilitar Raúl Emilio Hazbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’ o ‘Pedro Hazbún’, quien entrenó durante 15 días a los paramilitares que participaron en esta masacre.

Dicho despacho halló a ‘Pedro Bonito’ responsable de los delitos de homicidio múltiple agravado y secuestro extorsivo agravado.

Según la sentencia, al exjefe paramilitar que se acogió a la Ley de Justicia y Paz le atribuyen los homicidios de José Rolando Valencia, el despachador del aeropuerto de Mapiripán; del comerciante Sinaí Blanco, así como de Álvaro Tovar Muñoz, ‘Tomate’, y de una mujer de nombre Teresa, a la que le decían ‘la Muerte’.

La herramienta paramilitar sigue activa, pese a las maniobras de propaganda del Gobierno Santos y Uribe, pero la realidad es que las masacres continúan, se han intensificado los asesinatos y desapariciones de manera vertiginosa.

En Junio del año 2014 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratifico la condena de 40 años de prisión contra el general (r) Jaime Humberto Uscátegui, como autor por omisión impropia de los homicidios agravados y secuestros simples durante la masacre.

Luego de 18 años de esta masacre, la impunidad continua, las víctimas no han tenido reparación integral frente a los brutales hechos que ocurrieron hace 19 años, los autores intelectuales que han sido vinculados con el estado, siguen siendo protegidos por el mismo, se niega la dignidad de las comunidades que hoy siguen pasando necesidades debido al desplazamiento forzado producto de la violencia.

Hoy en el municipio aun hay presencia de estructuras paramilitares y a causa de ellos  el silencio, el miedo y la injusticia  son latentes en sus pobladores, el control paramilitar y abandono estatal han permitido el desarrollo del proyecto palmero en la región por parte de la empresa POLIGROW apropiándose de tierras baldías y en algunos casos de territorios obtenidos bajo amenazas.

Hoy recordamos a las personas que fueron masacradas aquel día y hoy se grita por los familiares de estas víctimas.

Víctimas de la Masacre de Mapiripan en la Memoria.

Víctimas de la Masacre de Mapiripan Sin Olvido.

Read More

Masacre de Barrancabermeja

Mayo 16 de 1998

El 16 de mayo de 1998, a eso de la 8:30 de la noche hora local, tres vehículos penetraron en la parte sur oeste de Barrancabermeja. Ese sábado, en el barrio El Campín del puerto petrolero de Barrancabermeja, se esparcieron las huellas por donde el terror lesionó socialmente, paralizó las apuestas de una región distinta. 

Los camiones transportaban entre 30 y 50 hombres con armas cortas y largas. Quienes también llevaban machetes y otro tipo de armas blancas. 

Los camiones siguieron su camino hacia el noreste por el perímetro sur de la ciudad. Se detuvieron primero en el bar La Tora y ahí los paramilitares al mando de alias ‘Camilo Morantes’ y alias ‘Panadero’, maltrataron a dos jóvenes y los obligaron a subir en uno de los camiones. Uno de ellos fue identificado como Jesús Valdivieso Pabón. Un ciudadano que pasaba por ahí en motocicleta fue detenido y golpeado por un miembro de las fuerzas paramilitares. 

Los camiones cambiaron después de rumbo dirigiéndose al norte, hacia una cancha de futbol en donde se realizaba un bazar popular. Más de cien personas estaban presentes y participaban en las actividades festivas, organizadas con el objetivo de recoger fondos para financiar un grupo infantil de danza. Los paramilitares se bajaron del camión y cercaron la cancha. Otros entraron a un salón de billar cerca de la misma y obligaron a varias personas a seguirlos mientras que los otros en el exterior, obligaron a todo el mundo a tirarse boca-abajo en el suelo, al tiempo que los calificaban de “guerrilleros” y les anunciaban el inicio de una guerra. 

Los paramilitares golpearon salvajemente a varias personas dándoles puñaladas y patadas. Después de haberle dado la vuelta a la cancha, los paramilitares escogieron algunas personas y las obligaron a seguirlos hasta los camiones. Una de las personas escogidas, Pedro Julio Rondón, no quiso subirse al camión y por haber resistido, un miembro del grupo paramilitar lo degolló delante de todas las personas reunidas allí. 

Los testimonios le permitieron al Tribunal determinar el nombre y la identidad de las personas secuestradas en Barrancabermeja el 16 de mayo de 1998. El número exacto es desconocido, pero se admite que las personas secuestradas en la cancha y que no se han vuelto a ver desde entonces son: 

Orlando Martínez, José Octavio Osorio, Wilfredo Pérez Serna, José Milton Cañas, Diego Fernando Ochoa, María Alejandra Ochoa, Geovanny Herrera, Oswaldo Vázquez, Ender González, José Reinel Campos, Fernando Landines, Oscar Leonel Barrera, Luis Fernando Suarez, José Javier Jaramillo, Nayr Guzmán, Eliécer Javier Quintero, Robert Wells Gordillo, Diomido Hernández, Daniel Campos Pérez, Carlos Escobar, Wilson Pacheco y Gary de Jesús Pinedo. 

Sus nombres aún viven, sus rostros la expresión de una persecución sistemática a través del rostro encubierto del Estado por medio de las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar. 

Cerca de veinte minutos más tarde, los camiones se dirigieron nuevamente hacia el sur. Un joven, llamado Jaime Yesid Peña, quien se encontraba en frente de su casa, fue también secuestrado por los grupos paramilitares. 

Tiempo después, los camiones entraron al barrio 9 de abril. Ahí, los paramilitares entraron en un salón de billar, obligaron al dueño a ponerse de rodillas mientras el cañón de un fusil estaba en su boca. Después detuvieron a los tres clientes que se encontraban en el lugar y se los llevaron a la fuerza. Los tres clientes fueron identificados como Daniel Campos Pérez, Juan Carlos Rodríguez Y Luis Argüello Solano. 

Paseándose a pie por el barrio, los paramilitares se acercaron después a un grupo de personas que jugaban tejo y tomaban cerveza. Uno de ellos intentó huir y fue perseguido por un paramilitar que disparaba su fusil en dirección a la casa en donde el civil trató de refugiarse. Otro que intentó huir recibió una bala en la pierna, mientras que otro paramilitar lo acabó acribillándolo de cuatro balazos. Esta víctima fue identificada como Germán León Quintero. 

En el mismo sitio, tres personas fueron capturadas y llevadas en un camión. A Carlos Enrique Escobar Jiménez, su hermano Melquisedec Salamanca Quintero y Carlos Arturo Alaix Prada, no se les ha vuelto a ver desde entonces. 

Siendo bloqueada la ruta principal, los paramilitares empezaron a disparar después hacia un pequeño bosque, en donde ciertas personas se habían escondido. 

Las fuerzas militares colombianas que se encontraban en el lugar, escogieron permanecer inmóviles y permitir que se perpetrara una masacre, sin intervenir. Las personas desaparecidas en ese momento fueron identificadas como Ricky Nelson García, Eliécer Javier Quintero Orozco, Luis Fernando Suarez, Wilson Pacheco y Gary Pinedo Rangel. 

Al día siguiente, a lo largo de la carretera que tomaron los paramilitares, fueron encontrados los cuerpos de algunas de las personas secuestradas, mientras que otro cuerpo fue encontrado cerca de la plaza La Esperanza: Jesús Argüello Solano, Diomidio Hernández Pérez, Eliécer Quintero Osorio, José Javier Jaramillo Díaz y Nayr Enrique Guzman. 

A pesar de que los periódicos informaron que las víctimas habían muerto por balas, ninguna autopsia fue efectuada por las autoridades del gobierno. En efecto, no se tomó ninguna fotografía, no se buscaron las balas y las autoridades tampoco reclamaron prueba balística alguna. 

Pasa cada año, entre el silencio, el olvido y la memoria que entre retazos pasa de calle en calle, donde los victimarios han pretendido imponer un modelo de sociedad. La justicia no ha esclarecido ni sancionado a quienes planificaron ni ordenaron este crimen, solamente ha individualizado unos cuantos autores materiales. 

En marzo de 2012 el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga condenó a 39 años y 11 meses de prisión a alias ‘Cuca’, por su participación en la masacre. De acuerdo con la investigación, fue el hombre que manejó el camión en el que fueron transportadas las víctimas desde Barrancabermeja hasta zona rural de Sabana de Torres. 

En el año 2014 fueron capturados tres oficiales del Ejército y la Policía por la complicidad de la masacre de Barrancabermeja.

Otro llamado el "Chino Niño’ confesó su participación en la masacre y se acogió a sentencia anticipada e incluso le entregó información a las autoridades para que en septiembre de 2007 encontrarán seis fosas en las que hallaron igual número de víctimas. 

Hoy tantos años después de la masacre, los otros 19 cuerpos no se han encontrado y para asegurar la impunidad, algunas de las fosas donde enterraron a las víctimas de la masacre fueron saqueadas con el fin de borrar toda evidencia. 

Después de 19 años, las palabras de la carta que los familiares de las víctimas, dirigieron al entonces Presidente Ernesto Samper Pizano para sensibilizarlo de la tragedia que padecieron”, resuenan como un grito que no logra desmoronar la sordera del poder. La máscara de la impunidad que se hace llamar justicia no ha tomado en cuenta la constancia que estas dignas familias dejaron en su escrito del 28 de mayo de 1998. El Estado no ha devuelto con vida a los desaparecidos, no ha sancionado penal y disciplinariamente a todos los responsables de las atrocidades a pesar de que en el escrito se resalta que “en el sector donde ocurrieron los hechos se encuentran acantonadas dos bases del Ejército Nacional”. 

Desde el 2002 todo el proceso de la conocida Masacre del 16 de mayo se encuentra en instancias internacionales, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez trasladó el proceso a la Corte Interamericana de DDHH de la OEA. 

Una vez más el único camino hacia la verdad y la justicia se buscan lejos de las instituciones colombianas que impunemente, en su interior, siguen manteniendo y protegiendo criminales de lesa humanidad. 

Masacre de Barrancabermeja en la memoria 

Masacre de Barrancabermeja Sin Olvido

Read More

Masacre San José de Apartadó

Febrero 21 de 2005 

El 21 de Febrero de 2005, en la vereda Mulatos Medios, corregimiento de San José de Apartadó, Antioquia; fue escenario de una cruel masacre donde sus pobladores fueron víctimas y testigos de torturas y brutales asesinatos que quedaron para siempre plasmadas en su memoria.

Paramilitares miembros del bloque Héroes de Tolová, con ayuda de militares del Ejército nacional, incursionaron en el corregimiento e ingresaron por la fuerza a la casa de Luis Eduardo Guerra, reconocido líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Luis Eduardo, junto con su hijo Deyner Andrés Guerra, de 11 años, y Bellanira Areiza fueron asesinados con machetes y sus cuerpos sin vida dejados a las afueras del corregimiento. Posteriormente, asesinaron a Alfonso Bolívar Tuberquia junto con su esposa Sandra Milena Muñoz y sus hijos Natalia y Santiago de 5 y 2 años respectivamente, quienes según los comandantes alias “Cuatro Cuantro”, “Makeison”, “Aguila 6” y “Cobra”, del escuadrón paramilitar afirmaron que, “en el futuro serían una amenaza guerrillera si los dejaban vivos”. También acabaron con la vida de Alejandro Pérez, un trabajador de la zona.

Estos hechos fueron utilizados como excusa para que el entonces presidente  de la República Álvaro Uribe Vélez ordenara mayor cubrimiento policial y militar en esa zona donde hacia años no existía la circulación de armas, puesto que desde 1997 la comunidad se había declarado neutral ante la presencia paramilitar y guerrillera. Tras la militarización de la zona, las familias de la Comunidad se vieron obligadas desplazarse, abandonando todo lo que habían construido.

En 2010, a pesar de las declaraciones del ex jefe paramilitar y extraditado Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, quien confesó que bajo su mando el Bloque paramilitar Héroes de Tolová con ayuda del Ejército Nacional habria cometido este crimen, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia absolvió a 10 militares de su responsabilidad en la masacre de San José de Apartadó.

La Fiscalía, la Procuraduría y la parte civil apelaron el fallo. Luego de revisar pruebas documentadas y testimonios, el Tribunal Superior de Antioquia decidió retirar la absolución de cuatro militares con mando y los otros seis mantuvieron el fallo de primera instancia.

Adriano José Cano, alias “Melaza”, y Joel Vargas, alias “Pirulo”, paramilitares que participaron en la masacre, admitieron su responsabilidad; estas confesiones permitieron que la Fiscalía dictara orden de captura al ex capitán del Ejército Guillermo Gordillo Sánchez e iniciara una investigación en contra de 66 militares de la Brigada XVII del Ejército con sede en Carepa.

Con el apoyo de diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos se ha pedido vincular a la investigación por la Masacre a los Generales Mario Montoya, Jaime Fandiño y Luis Alfonzo Zapata, al igual que a los coroneles Néstor Iván Duque y Orlando Espinosa, por su responsabilidad en la planeación de la operación Fénix, en medio de la cual se cometió la masacre.

En el proceso de investigación se han dictado más de 20 condenas a integrantes de grupos paramilitares entre los que se encuentran: Marcial Hoyos Soñet, Alexander Arrieta Gómez y José Fuentes Lagares, éstos aceptaron ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH, su responsabilidad por delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. Asi mismo Nafer Antonio Guzmán Trujillo y Henry Enrique Payares Pacheco, Uber Darío Yañez Cavadías comandante militar del bloque, Jorge Luis Salgado David, José Joel Vargas Flórez, Bionor Vargas Flórez, Rober Darío Muñoz Hernández, Francisco Javier Galindo Martínez, Edinson Galindo Martínez, Neder Antonio Mestra Rojas, Juan Alberto Ruiz Yañez, Manuel Antonio Urango Mejía, Yamid de Jesús Gonzáles Galaraga, Erney Eduardo Portillo Paternina, Aldo Antonio Agames, Javier Enrique Salgado Martínez, Jorge Luis Gutiérrez Alean, Esaut José Feria Martínez, y Ulises Burgos a los que les fueron dictadas ordenes de prisión de entre 12 a 40 años de cárcel.

La Fiscalía condenó por homicidio en persona protegida y concierto para delinquir a nueve integrantes del grupo paramilitar que perpetró la Masacre.

El 20 de febrero de 2010 el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia le impuso 20 años de cárcel a el capitán (r) del Ejército Nacional Guillermo Armando Gordillo Sánchez, quien aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir.

Finalmente, sobre la sentencia absolutoria dictada a diez militares, tres oficiales y siete suboficiales, por el Juzgado Segundo Especializado de Antioquia el 4 de agosto de 2010, la Fiscalía apeló el fallo y aguarda la decisión del Tribunal Superior de Antioquia. En el proceso, el Ministerio de Defensa se defendió argumentando que no se le podía responsabilizar por los actos cometidos por un grupo ilegal que nada tenía que ver con la institucionalidad. La Procuraduría contrarió la posición del Ministerio, sosteniendo que existía una “flagrante responsabilidad del Estado por la ejecución extrajudicial de personas protegidas”, con el agravante de que, tres de ellas eran menores de edad y fueron asesinadas con igual sevicia.

El tribunal de Antioquia ha ordenado al Ejército que, en presencia de altos mandos militares, habitantes de la zona y medios de comunicación regionales y nacionales, ofrezcan una disculpa publica por la masacre y se comprometa, de forma "contundente", a tomar las medidas necesarias para que "lo acontecido no vuelva a suceder".

En 2012, la Corte Constitucional en su Auto 164 del 6 de julio ordenó al Ministro del Interior que “en el término máximo de un mes contado a partir de la comunicación del presente auto, coordine y ponga en marcha el procedimiento para la presentación oficial de la retractación frente a las acusaciones realizadas contra la Comunidad de Paz y sus acompañantes”. En el 2013, la comunidad de Paz viajó a la ciudad de Bogotá para recibir el acto de perdón. Sin embargo, en esa ocasión el actual presidente Juan Manuel Santos incumplió la cita y no se reunió con la comunidad.

Meses después, el presidente Santos finalmente le pidió perdón a la comunidad de San José de Apartadó por las falsas acusaciones que realizó el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y altos mandos militares en su contra. Dicho perdón fue cuestionado por la comunidad al no ser presentado directamente con la comunidad y aseguraron que “lamentan profundamente que las decisiones y omisiones del Señor Presidente, continúen sin aparente comprensión de que nuestra Comunidad de Paz sigue sufriendo un proceso de exterminio”

A pesar de todas estas investigaciones y algunas condenas, las víctimas de la Comunidad de paz de San José de Apartadó siguen exigiendo e instando al gobierno y al estado colombiano, a una verdadera justicia, a una verdad real. Que sean juzgados los militares y paramilitares de más alto rango. Que no solamente sean condenados los autores materiales sino también los intelectuales. Así mismo, las víctimas y la población  civil del proceso han solicitado y exigido  que también sea investigado el ahora, ex presidente Álvaro Uribe Vélez por presunto conocimiento  de  los hechos.

Los habitantes de la comunidad de San José de Apartadó han soportado continuas amenazas y estigmatizaciones, han sufrido a causa de la desproporcionada militarización de sus caseríos y en numerosas ocasiones sus líderes y diferentes integrantes han sido judicializados con montajes y campañas de desprestigio.

Han pasado varios años desde esos días de horror y miedo. La comunidad de paz de San José de Apartadó sigue con su resistencia pacífica en el territorio y denuncia continuamente los graves atropellos de los cuales aún son víctimas. Luego de haber ocurrido  masacre de estos hombres, mujeres y niños, la comunidad exige justicia y verdad por la memoria de quienes fueron silenciados.

Los habitantes de la comunidad de San José de Apartadó han soportado continuas amenazas y estigmatizaciones, han sufrido a causa de la desproporcionada militarización de sus caseríos y en numerosas ocasiones sus líderes y diferentes integrantes han sido judicializados con montajes y campañas de desprestigio.

Vítimas de la masacre de San José de Apartadó en la Memoria.

Vítimas de la masacre de San José de Apartadó  Sin Olvido.

Read More

Masacre de El Salado

16 de febrero 2000

Entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000 el corregimiento de El Salado fue víctima de una de las masacres más violentas perpetrada por paramilitares. Allí sólo eran posibles dos papeles, ser testigos forzados o ser las víctimas de la danza paramilitar que termino con la vida de más de 80 campesinos de una manera cruenta.

Por testimonios de los sobrevivientes sabemos lo que sucedió. Paramilitares que sin la mínima muestra de arrepentimiento o culpabilidad, narran apartes de lo sucedido, como en la versión libre del paramilitar “Juancho Dique”, quien afirmó que “A algunas de las víctimas de la masacre de El Salado las guindaron con cáñamos en los árboles, y las mataron con bayoneta. Fusiles que tenían bayonetas, y eran degolladas. Eso fue delante de la gente. Mientras mataban, los otros, de puro ocio, tocaban gaitas, tamboras y violines. Eso fue durante la masacre que duró entre 3 o 4 horas".

LA DANZA DE LA MUERTE PARAMILITAR EN EL SALADO

En la noche del 15 de febrero un grupo mayor a 400 paramilitares fuertemente armados bajo el mando del paramilitar conocido como H2 o Jhon Henao, se dividió en tres fracciones uno bajo el mando de” Amaury”, otro bajo el mando de 5-7 y en el ultimo estaba H2, un grupo ingreso a El Salado por la carretera principal de El Carmen. Otro entro por Ovejas, siguiendo la vía Flor del Monte y canutalito, y el último grupo llego por un sitio conocido como la Reforestación. Guiados por un grupo de desertores que se entregaron al ejercito. En los corregimientos de Canutal, Canutalito, y las veredas San Rafael, El Cielito, Patevaca y Bajo Grande, los paramilitares asesinaron a cerca de 42 campesinos. Desde estos puntos, los paramilitares iniciaron su danza de muerte.

Las víctimas fueron amordazadas, torturadas y luego degolladas. Quemaron varias viviendas, sacaban de las casas a sus víctimas y las asesinaban frente a sus mujeres y niños. Las víctimas fueron señaladas por una persona encapuchada que acompañaba a los agresores. En la mañana del 16 en la vía que comunica El Salado y Carmen de Bolívar paramilitares detuvieron un campero de servicio público y asesinaron a Edith Cárdenas y a los demás que se movilizaban en el vehículo, de este hecho sobrevivieron María Cabrera y otro pasajero quienes huyeron corriendo por el rastrojo. Entre el 16 y 17 de febrero se dio el desplazamiento masivo de la región a causa del accionar paramilitar, en el caserío del Salado permanecieron cerca de 200 personas.

En la mañana del viernes 18 de febrero los habitantes que permanecían en el caserío fueron sorprendidos por un grupo de hombres armados que lleno el pueblo. La gente no tuvo tiempo de huir, los paramilitares gritaban “salgan, partida de guerrilleros, que todo el mundo se muere hoy”.

Los paramilitares reunieron a todas las personas en la plaza, junto a la iglesia. Los desertores que servían de guías empezaron a señalar a los que según ellos eran guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla e iban siendo ejecutados. Una Joven fue arrastrada por el pueblo sujetada del cabello luego fue colgada de un árbol y degollada, su nombre era Nayibis y la señalaron de ser compañera sentimental de un guerrillero (Martin Caballero).

Mientras los paramilitares continuaban con sus ejecuciones, un helicóptero sobrevolaba el caserío disparando contra las viviendas, en una de ellas murió el campesino Libardo Trejos, quien se escondía con otro grupo de campesinos. Las víctimas no eran escogidas solo por ser señaladas por los desertores, también eran escogidas al azar como fue el caso de Francisca Cabrera, o Ever Ureta que sufría un retraso mental y fue torturado para que confesara que pertenecía a las FARC.

Las muertes se produjeron cada media hora mientras los pobladores estaban reunidos en la plaza bajo el sol y veían como la plaza se llenaba de cadáveres mientras los paramilitares festejaban. Los paramilitares sacaron tambores, gaitas y acordeones y cada vez que asesinaban tocaban los instrumentos. Pero para los paramilitares no era suficiente y se ensañaron con las mujeres, violandolas y torturadoras, a una de las habitantes le introdujeron alambres por la vagina. Mientras les gritaban que eso era porque eran amantes de los guerrilleros.

Al caer la noche la gente fue obligada a regresar a sus casas, nadie durmió , sólo los disparos al aire de los paramilitares rompían el silencio que atrapo a El Salado. El sábado 19 los habitantes que permanecían en el salado salieron y el terror continuo pues los paramilitares permanecían en el pueblo y se dedicaron al saqueo de los negocios de comercio, a las 3 de la tarde se escucharon disparos y los paramilitares abandonaron el lugar. Fue en ese momento que las personas del Salado pudieron llorar a sus muertos. Algunas de las víctimas fueron: Roberto Madrid Rodríguez, Luis Pablo Redondo Torres, Marco José Caro Torres, Margoth Fernández Ochoa, Nayibe Contreras, Nelvis Judith Arrieta Martínez, Néstor Tapias Arias, Óscar Antonio Meza Torres, Osnedis Cohen Sierra, Pedro Parra, Pedro Torres Montes, Rogelio Ramos Olivera, Rosmira Torres Gamarra, Saulo Navas, Víctor Arias Julio, Víctor Ureta Castaño, Wilfredo Barrios Parra, Libardo Rafael Trejos Garrido, Dora Torres Rivero, Edgar Cohen Castillo, Alejandro Alvis Garrido, Alejandro Alvis Madrid, Arturo Martínez, Eduardo Alfonso Torres P., Desiderio Francisco Zambrano Salcedo, Justiniano Pedraza Teheran, Eduardo Navas Alvis, Eduardo Novoa, Edwin Cohen Sierra, Eliseo Torres Sierra, Jairo Alvis Garrido, Jose Manuel Tapias Arias, Helen Arrieta Martínez, Freddy Montes Arrieta, Francisca Cabrera De Paternina, Euclides Torres Zabala, Érmides Cohen Redondo, Enrique Medina Rico, Emiro Cohen Torres, Eloy Montes Olivera, Gilfredo Brochero Bermúdez, Luis Pérez Manrique, José Paternina, Marcos Díaz Morales, Mauro González, Miguel Antonio Avilés, Miguel Antonio Martínez, Moisés Gutiérrez, Moisés Martínez, Luis Alfonso Peña Salcedo, Rafael David Núñez, Rafael Antonio Núñez Sánchez, Evert Núñez, Nelson Torres, Daribel Restrepo, Septimo Olivera Correa, Liberio Antonio Cortés Rodríguez, Amaury De Jesús Martínez, Antonio Martínez Montes, Benjamín Jose González Anaya, Dairo De Jesús González Olivera, Daniel Restrepo, Elsy Morales, Emiro Castillo Castilla, José Avilés, Julio César Díaz Martínez, Daniel Francisco Díaz Morales, Jose Manuel Ortega, Jorge Eliécer Mercado Vergara, John Núñez, Felix Antonio Pérez Salcedo, Evert José Verbel Martínez, Juan González.

Ni las tropas del Batallón de Fusileros de Infantería de Marina No. 5, al mando del coronel Harold Mantilla Serrano; ni las del Batallón de Contraguerrilla No. 31, al mando del Teniente Coronel Jorge Castañeda; ambas adscritas a la Brigada No. 1 de Infantería de Marina, al mando del General Rodrigo Quiñones; ni la Policía del Departamento de Bolívar o Sucre, hicieron algo para prevenir la incursión armada, mucho menos para detener la masacre. Su aquiescencia y complicidad con estructuras paramilitares fue mimetizada a través de los medios de información.

Según los medios de información, el comandante del Batallón de Fusileros de Infantería de Marina, Bafim 5, adscrito a la Brigada 1, con sede en el municipio de Corozal (Sucre), teniente coronel Harold Mantilla Serrano, dijo que: ‘los muertos son el resultado de combates entre guerrilla y autodefensas: las autodefensas detuvieron en un comienzo a guerrilleros y ex guerrilleros de las FARC para que les señalaran a las personas que posteriormente serían asesinadas por sus presuntos nexos con la guerrilla”. Pero, según la Personería Municipal de Ovejas, “de acuerdo con la información entregada por los desplazados, no hubo enfrentamientos sino la masacre de los paras”. Así mismo: El comandante de las FFMM, general Fernando Tapias, dijo que ‘en la región de Montes de María vienen registrándose combates entre guerrilleros y autodefensas’. Estamos tratando de establecer si los muertos son por los enfrentamientos o por la incursión”. En un comunicado, los paramilitares afirmaron que: “Hubo combates con las FARC en la zona y que los subversivos “se vistieron de labriegos”. Daban un parte de “47 guerrilleros muertos y 12 capturados”.

“En su declaración, Juan Vicente Gamboa, conocido como “Pantera”.’señaló a los militares como los autores intelectuales de la masacre, el paramilitar Gamboa, quien fue Infante de Marina entre 1992 a 2000, afirmó en el marco de la Ley 975 para la desmovilización paramilitar, que: “el general Rodrigo Quiñonez, comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina; los coroneles Diazgranados Mantilla y Bautista Carcamo; el coronel Harold Mantilla Serrano, comandante del Batallón Quinto Fusileros de Marina, y el capitán Becerra Durán, se reunieron en el Batallón de Infantería de Marina con él y planearon la ejecución de la masacre de El Salado, ocurrida entre el 16 y 19 de febrero de 2000 en el corregimiento de El Carmen de Bolívar”, y aseguró que los oficiales le entregaron una lista con varios nombres y que ofrecieron poner a su disposición un grupo de 25 infantes de marina. En este hecho fueron asesinadas 100 personas por hombres del bloque norte de las Autodefensas, comandado por Salvatore Mancuso”.

Por otra parte, el paramilitar Úber Enrique Bánquez, conocido como “Juancho Dique", del bloque Héroes de los Montes de María, afirmó en una de las versiones libres del 30 de julio de 2008, que parte de los paramilitares estaban al mando del comandante “Gallo”, de las estructuras del Bloque Norte de las AUC, comandado por Rodrigo Tovar Pupo, conocido como “Jorge 40”. Otra parte eran paramilitares conocidos como “Los Niches”, de las estructuras bajo el mando de Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. Las otras unidades paramilitares eran del bloque “Héroes de los Montes de María” al mando de conocido como “Cadena”, y el segundo al mando era “Juancho Dique”.

El paramilitar Jhon Jairo Esquivel, conocido como “El Tigre”, en su versión libre del 30 de octubre del 2008, reconoció haber participado en la masacre de EL Salado bajo el mando de “Jorge 40”. Según “El Tigre”, previo a la masacre “se realizó una reunión en una finca de San Ángel, departamento del Magdalena, donde estuvieron Mancuso, “Jorge 40”, Amaury, “H2” y “5-7”, planificando la incursión a El Salado”.

En sentencia del 28 de febrero del año 2003 del Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, fueron condenados 15 paramilitares por su participación en la masacre del Salado de los cuales sólo uno tenía calidad de jefe de uno de los grupos paramilitares que incursionó en El Salado. Se trata de John Henao, alias “H2”, quien no se encuentra cumpliendo la pena de prisión impuesta, pues se fugó de la cárcel en febrero de 2001. Otro de ellos fue asesinado en el año 2009, por lo que tan solo 13 paramilitares purgan efectivamente una condena a partir de esta sentencia.

En septiembre del 2011 Francisco Robles Mendoza, alias 'Amaury', en diligencia de formulación de cargos para sentencia anticipada reconoció ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, hurto agravado y calificado, daño en bien ajeno, incendio y acceso carnal violento en hechos ocurridos en el corregimiento del salado.

Solamente un miembro de la fuerza pública, el capitán Héctor Martín Pita Vásquez, entonces comandante de la Compañía Orca del Batallón Contraguerrillas n.° 31 de la Infantería de Marina, ha sido acusado penalmente por los hechos de la masacre de 2000, aun cuando existen evidencias que demostrarían la responsabilidad de otros integrantes de la fuerza pública de más alto nivel, como el entonces coronel Rodrigo Quiñónez , comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina, con jurisdicción en la región de los Montes de María.

En enero del año 2006 la Asociación de Desplazados del Salado Bolivar (ASODESBOL) y la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS) Elevaron petición ante la comisión interamericana de derechos humanos por la Masacre y desplazamiento forzado de los montes de maría. Petición que fue admitida por la Comisión.

Por otra parte, en el proceso especial de la ley 975 de 2005, conocida como ley de “justicia y paz”, algunos paramilitares han admitido su responsabilidad en la masacre pero han tratado de minimizarla o justificarla al calificarla como una “operación militar” en la que supuestamente hubo “combates” con guerrilleros. La mayoría de ellos han negado la violencia sexual y las torturas, así como los “sorteos” y la “fiesta” que emprendieron al momento de perpetrar la masacre. Este escenario judicial, antes que convertirse en un espacio para la reconstrucción de la verdad, se ha convertido en un escenario de validación de la impunidad y de justificación de estos crímenes por parte de los paramilitares.

En julio de 2011 el Presidente Juan Manuel Santos pidió perdón a la comunidad de El Salado y se comprometió a reconstruir el municipio, palabras que hoy quedaron en el aire para las familias del municipio. 

Hoy la impunidad es la última palabra. Las investigaciones ocultan la sistematicidad de cada uno de los hechos, tergiversan y ocultan las responsabilidades institucionales, desenfocan haciendo ver lo que es posible hacer ver pero ocultan la magnitud de los hechos, su intencionalidad. No esclarecen confunden.

Después del inicio de la Danza de la muerte paramilitar en El Salado, la Verdad, la Justicia y la Reparación es un Derecho para los habitantes de El Salado. En su memoria, desde su memoria, la Justicia.

Víctimas de la masacre de El Salado en la Memoria
Víctimas de la masacre de El Salado Sin Olvido

Read More

Masacre de El Tigre

9 de enero de 1999 

“El día se volvió noche y la noche una eternidad. Aunque la muerte vino y a sus anchas quiso andar, a la esperanza no puedo encontrar, pues esta se escondió bajo el puente, que con el pasar del tiempo fue símbolo de unidad.” Cartel en el puente del Río Guamuez.

En el sur de Putumayo, a mediados de los años 80, hizo presencia los frentes 27 y luego 42 de las FARC. Posteriormente, se generaron los primeros grupos paramilitares en el territorio, Los Combos y Los Masetas, para 1997 estos se agruparon en el Bloque Sur Putumayo, grupo adscrito al Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas Unidad de Colombia.

Entre 1997 a 1999 se desarrollo una estrategia militar que consistía en la ejecución de diversas masacres, convirtiéndose está, en una caravana de la muerte que tenía como propósito vaciar territorios para ejercer control sobre los mismos, especialmente, en territorios donde hubiese hecho presencia la guerrilla, con el fin de someter política, económica y socialmente a la población. La estrategia paramilitar recorrió El Placer, La Dorada, Las Brisas, El Empalme, El Vergel en el sur de Putumayo y finalmente al caserío El Tigre, el cual limita a la orilla de la carretera Pasto-Mocoa y La Hormiga-San Miguel, en el municipio de Valle del Guamuez.

En este lugar, ya se había estigmatizado a la población como “pueblo guerrillero” convirtiéndola en objetivo militar. Antes de la masacre y antes de año nuevo, los paramilitares habían anunciado su ingreso a la región por medio de panfletos indicando el exterminio de presuntos guerrilleros, colaboradores o auxiliadores de la guerrilla y milicianos, de forma que, las fiestas decembrinas fueron llevadas a cabo con incertidumbre y temor. La celebración de año nuevo se daría hasta el 10 de enero, cuando la población retomaría sus labores cotidianas, aún, el 9 de enero 1999 se pensaba que la barbarie ya no haría presencia.

Pero el 9 de enero de 1999, sobre las once de la noche se dio un ambiente sombrío en el caserío, cuando entraron varias camionetas blancas 4x4 que transportaban aproximadamente 150 paramilitares, que venían al parecer de Puerto Asís, lugar en el que estaban asentados paramilitares desde 1997. Sobre las 8 de la noche la Brigada XXIV del Ejercito Nacional había realizado un reten que impedida avanzar hacia el territorio, este mismo fue levantado hasta el 10 de enero a las 8 de la mañana, por lo que, dichos hechos según Amnistía Internacional se dieron en complicidad de la Fuerza Pública, contando además con la participación de algunos agentes de la policía.

Al ingresar los paramilitares pintaron en las paredes “AUC presentes” y por órdenes de Antonio Londoño Jaramillo alias “Rafa Putumayo” y Arnulfo Santamaría alias “pipa”, obligaron a los habitantes a reunirse y fueron seleccionados para ser asesinados al azar, todos seleccionados en el momento de la incursión, quedando un saldo de 28 personas asesinadas, todos ellos hombres y 14 más fueron desaparecidas, se estima que en su mayoría fueron mujeres. Durante 3 horas se vivió el terror de asesinatos, desapariciones, violencia sexual, abortos y quema de casas, vehículos y bienes.

En la madrugada del 10 de enero de 1999, los paramilitares dejaron el territorio con la advertencia de que en 24 horas regresarían para acabar con la vida de los sobrevivientes. Al amanecer los pobladores que pretendían salir de dicho escenario de sangre, se encontraron dos rutas de terror que recordaban los hechos ocurridos, una de ellas era a la salida del caserío por la vía hacia la Hormiga, donde los paramilitares hicieron un circulo con los cuerpos de las víctimas; y la segunda, fue en el puente del rio Guamuez, donde, tiraron y desaparecieron el cuerpo de algunas víctimas, todo como símbolo de terror, pero también de prolongación e impunidad de la masacre y del ejercicio de un control irregular. Esto genero un desplazamiento forzado masivo de la población, pero con el tiempo el 70% de los pobladores retornaron resistiendo, puesto que, en 2001 los paramilitares decidieron hacer presencia permanente.

Las vidas segadas fueron las de Humberto Salas, Miguel Angel Rosero, Jairo Zambrano, Ricardo Morales, Onésimo Sambonilles, Euler Rosero, Marcelo Arévalo Adreda, Mario Antonio Cabrera, Cristian Arquímedes Bastidas, Jazmany Nárvaez, Moisés Getial, David González, Hernando Teherán, José Alveiro Erazo, Carlos Cerón, Elías Meneses, Sandro Morales, Jaime Bermeo, Gerardo Zambrano, Andrés de Jesús Herrera, Édgar Ruíz, Hobeimar Quiñonez, César Ramírez, Hernando Beltrán y Wilmer Narváez.

Pese a que la masacre es conocida, el Estado solo ha hecho presencia y recuperado la soberanía del territorio para cederla a petroleras. Sin embargo, cada 9 de enero se conmemora a cada una de las víctimas, enfrentando el dolor, pero también exigiendo justicia, verdad y reparación, ante los daños y pérdidas que cambiaron significativamente la vida de toda la población y la vida del territorio, que aun busca que su existir y la humanidad de quienes ya no están sea dignificada.

Victimas de la Masacre de El Tigre en la Memoria

Víctimas de la Masacre de El Tigre Sin Olvido

Read More

Masacre de Santo Domingo

Diciembre 13 de 1998

El domingo 13 de diciembre de 1998 la comunidad de Santo Domingo, Arauca fue víctima de una masacre perpetrada por la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional quienes después de sobrevuelos realizados desde tempranas horas de la mañana, bombardearon el poblado a pesar de que allí solo se encontraban civiles en el desarrollo de sus actividades cotidianas, la población recibio un cluster (granada rácimo) que produjo un asesinato masivo, esta fue lanzada dentro del marco de la operación Pantera II, que se llevo a cabo contra las FARC. 

En este hecho fueron asesinadas 17 personas (11 adultos y 6 menores de edad) y 27 más quedaron heridas; mientras la gente de la población intentaba correr por sus vidas se continuó el ataque con ametrallamientos, lo cual, dejó el lugar en total abandono por varios días, desplazando forzadamente a 300 sobrevivientes, en los que se realizaron saqueos a los establecimientos comerciales, ingresos ilegales a las viviendas y hurtos.

A partir de las investigaciones preliminares realizadas por la Fiscalía en el año 2000 se reabrió el caso, el cual,  ya se había cerrado en el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, una vez se desarrollo el proceso correspondiente se emitió una condena en 2009 de 30 años de cárcel a los oficiales que encabezaron el operativo el capitán César Romero y al piloto y teniente Johan Jiménez, posteriormente, se dicto medida de aseguramiento al coronel Sergio Andrés Garzón Vélez y al Mayor Germán Lamilla. 

Debido a la negligencia con la que se llevo el proceso, la falta de una investigación rigurosa y profunda sobre las demás personas involucradas en el caso, junto a la identificación y sanción de los responsables intelectuales y materiales de forma completa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió llevar el caso ante la corte Interamericana en el año 2011 cuando habían pasado 13 años desde el hecho.

En noviembre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos humanos emitió su sentencia donde declaró “responsable internacionalmente al Estado colombiano por las violaciones de derechos humanos cometidas por el lanzamiento de un dispositivo explosivo por parte de la Fuerza Aérea Colombiana el 13 de diciembre de 1998 en el caserío de Santo Domingo. Del departamento de Arauca en Colombia” y ordenó al Estado realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad de los hechos, publicar la sentencia de la Corte Interamericana, brindar tratamiento integral en salud y entregar una compensación por los daños materiales e inmateriales que causo en las víctimas. 

Las víctimas reconocidas son: Jaime Castro Bello (4), Luis Carlos Neite Méndez (5), Oscar Esneider Vanegas Tulibila (13), Geovani Fernández Becerra (16); las niñas Egna Margarita Bello (5), Katherine Cárdenas Tilano (7); y Levis Hernando Martínez Carreño, Teresa Mojica Hernández de Galvis, Edilma Leal Pacheco, Salomón Neite, María Yolanda Rangel, Rodolfo Carillo Mora, Pablo Suárez Daza, Carmen Antonio Díaz Cobo, Nancy Ávila Castillo, Arnulfo Arciniegas Velandia y Luis Enrique Parada Ropero.

Hasta el 2017, el gobierno colombiano, por medio del ministro de justicia Enrique Gil Botero pidio perdón de forma pública, sin embargo, aún se espera que se siga haciendo reparaciones a la población y se den las garantias pertinentes para las victimas, puesto que, los hechos fueron conocidos pero son impunes en cuanto a que la masacre se dio con presunta participación  de la compañia de seguridad Airscan contratada por la multinacional petrolera Occidental Petroleum Company (Oxy) y Ecopetrol, donde, antes de lo ocurrido ya se había registrado una violación de derechos humanos, entre las dinamicas economicas y de conflicto armado en Arauca, es decir, entre los actores armados y la producción de petroleo. 

Víctimas de la masacre de Santo Domingo en la Memoria

Víctimas de la masacre de Santo Domingo Sin Olvido.

Read More

Masacre Páramo de La Sarna

1 de Diciembre 2001 

A las seis de la mañana del sábado 1 de diciembre de 2001, partió del Terminal de Sogamoso rumbo a Labranza Grande el bus Nº 339 de la Empresa Cootracero, un Chevrolet 600 identificado con las plazas JYG-137. Durante el recorrido el vehículo recogió 12 pasajeros y dos niños de 8 y 11 años, el primero de ellos hijo del conductor, el segundo de una profesora que viajaba con su esposo, y una mujer de la tercera edad.

En el sitio conocido como “La Sarna”, sector Melgarejo, a unos 30 kilómetros de Sogamoso, un grupo de hombres armados detuvo la marcha del bus, obligando al conductor a atravesarlo en la carretera y a sus ocupantes a descender.

Acto seguido, separaron a los dos niños y a la anciana y obligaron a las restantes quince personas (12 hombres y 3 mujeres) a tenderse boca abajo sobre el asfalto procediendo a dispararles uno a uno, principalmente con tiros de gracia.

Las victimas fueron:

Luís Ángel Gil Orduz de 30 años, ingeniero. Trabajaba como ayudante del ingeniero Gonzalo Rincón, con quien viajaba el 1 de diciembre a Labranzagrande por motivos de trabajo.

Tania Leonor Correa Pidiachi de 25 años, estudiante de Medicina de la Fundación Universitaria de Boyacá.

Mercedes Rivera, tenía 22 años de edad y trabajaba como empleada de la Administración Municipal de Paya.

Luis Arturo Cárdenas de 20 años, Zootecnista egresado de la UNAD, trabajaba como director de la UMATA en el municipio de Paya.

Isidro Alba Guío de 50 años, profesor, licenciado en Ciencias Sociales y Económicas de la UPTC.

Jonh Fredy Poveda Bayona, de 17 años de edad, estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en la Facultad de Ingeniería de Transportes y Vías.

Luís Miguel Melo Espitia, tenía 17 años de edad y en ese momento trabajaba como ayudante del bus.

Abel Cudris Rodríguez, procedente de El Banco (Magdalena)

Gonzalo Rincón Barrera, tenia 31 años de edad, Ingeniero Sanitario y Ambiental egresado de Uniboyaca, residente en Sogamoso.

Luís Alejandro Pérez Fernández, de 22 años de edad, era estudiante de cuarto semestre de Administración de Empresas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

José Antonio Mongui Pérez, de 52 años, comerciante, residente en Sogamoso.

Jairo Isidoro Peña de 42 años. Se dedicó toda su vida a la agricultura y la ganadería, y en varios momentos desempeñó cargos públicos en Labranzagrande, Tenia un almacén de víveres junto con su esposa Herminda Blanco. quien tambien fue víctima de esta acción paramilitar

Bertulfo Noa Rosas Arguello, agricultor de 50 años de edad.

Hernando Gómez Garavito, tenía 32 años de edad, era el conductor del bus.

Por varios años la masacre de La Sarna permaneció en total impunidad, hasta 2008 cuando algunos paramilitares, miembros del bloque Autodefensas Campesinas del Casanare, empezaron a hablar sobre lo que realmente ocurrió en los tribunales de Justicia y Paz.

Ellos cuentan que esta masacre fue cometida conjuntamente con miembros de la fuerza pública quienes no solo facilitaron su paso, sino que además, entregaron parte de las armas con las que ejecutaron a las víctimas. Estos hechos se encuentran aún en la impunidad, al no ser juzgados todos los responsables.

En un fallo del año 2015 el juzgado 56 de Bogotá condenó a 40 años de cárcel a Luis Afrodis Sandoval, señalado de hacer parte de las autodefensas del Casanare, por conseguir las armas y ocultar a los paramilitares que perpetraron la masacre del páramo de La Sarna.

Igualmente fue solicitada una investigación contra Jaime Esguerra Santos, excomandante del Batallón de Artillería n.° 1 Tarqui, por faltar a “sus deberes como garante de la seguridad de la región, al no adoptar los mecanismos correspondientes para perseguir a las autodefensas que se desplazaban libre y tranquilamente por la región”; y se ordenó investigar a policías y a un fiscal por recibir 15 millones de pesos para dejar en libertad a los responsables de la masacre.

Según el expediente, el hecho se cometió contra un profesor que viajaba en bus, integrante del sindicato de maestros del Casanare, quien, junto a los demás viajeros, fue señalado de ser auxiliador de la guerrilla.

Víctimas de la masacre La Sarria Sin Olvido

Víctimas de la masacre La Sarria en la memoria 

Con información Observatorio de derechos humanos y violencia política de Boyacá y Casanare - El Tiempo

Read More

Masacre de la Balsita

                                                                              Noviembre 24- 28  de 1997

Un lunes 24 de noviembre de 1997, un grupo de paramilitares vestidos de civil y fuertemente armados incursionaron en los caseríos de Antasales, Buenavista, Tucunal, Galilea, Chambuscado y Argelia, del corregimiento de La Balsita en Dabeiba, Antioquia.

Los participantes de la estrategia paramilitar se identificaron como “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá , como parte de operaciones contrainsurgente ilegales de las brigadas 4, 11 y 17 del ejército nacional, durante los días 24 al 28 de noviembre, esta estrategia hizo parte de la operación militar "Septiembre Negro". Asesinaron y desaparecieron a varios campesinos, entre ellos dos niños, destruyeron caseríos, puentes y saquearon bienes de supervivencia.

La operación armada era continuidad de la masacre del Aro que compromete al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.

Un día antes de que comenzara la masacre, el 23 de Noviembre, paramilitares incursionaron en el río Sinú, allí asesinaron a Annanias Guisao Usuga, presidente de la Junta de Acción Comunal de Antazales y retuvieron a Milton David y Pedro Montoya.

Al día siguiente, el 24 de noviembre, los paramilitares asesinaron a Alejandro Higuita, sus vecinos encontraron su cadáver con señales de tortura y con marcas de cuerda en el cuello.

Ese mismo día la esposa de Ananías Guisao Usuga, Rosalba Usuga junto con su hijo Joaquín Emilio Guisao Usuga, de 18 años, fueron asesinados en presencia de Paula Andrea Guisao quien en ese entonces tenía 5 años de edad. Ella se encontraba al lado de Juan Camilo Guisao Usuga de 7 años, Carlos Mario Guisao de 14 años y Jonathan Guisao Usuga de 16 años. Posteriormente los menores fueron retenidos por el grupo paramilitar.

En la madrugada del 25 de noviembre los paramilitares ingresaron a Tucunal y de allí se trasladaron hacia Antazales, a las 7:00 am pasaron casa por casa, diciéndole a los habitantes que iban a quemar sus habitaciones y que tenían plazo hasta las 6 de la tarde para salir de la zona.

Los jóvenes que se encontraban en esta zona fueron obligados a reunir todo el ganado, minutos después quemaron 8 casas y tumbaron varios puentes que comunicaban las veredas. Los paramilitares se llevaron también el ganado.

Luego se dirigieron a la vivienda de Simón Torres Cardona de 46 años de edad y delante de su sobrina fue golpeado y posteriormente llevado a un puente cercano en donde fue atado a una varilla en donde le accionaron una carga de dinamita.

Horas más tarde detuvieron y desaparecieron a Reinaldo Ramírez de 42 años de edad y en la misma incursión asesinaron con disparos de fusil a Luz Emilda y Marcos Duarte de 48 años de edad.

El 26 de Noviembre los paramilitares llegaron al corregimiento de La Balsita en donde asesinaron a Heriberto Areiza de 32 años de edad quien fue encontrado con un tiro en la cabeza y su rostro despojado de sus ojos. Jesús Areiza de 35 años de edad fue detenido, torturado, colgado y ahorcado.

Horas más tarde los paramilitares detuvieron y asesinaron a los campesinos Ricaurte Monroy de 16 años de edad, quien fue encontrado con quemaduras en los brazos y piernas y posteriormente degollado. Edilberto Areiza de 24 años de edad fue fusilado con un disparo en la cabeza, su rostro despojado de sus ojos y y sus manos heridas con arma corto punzante.

Ese mismo día paramilitares interceptaron a los campesinos Alejandro Higuita y Flor Emilce Rivera que se movilizaban en caballo hacia la verdad Antasales, luego de ser obligados a bajar de los caballos fueron degollados y sus cuerpos fueron arrojados a orillas del camino.

El jueves 27 de Noviembre, en la vereda Tocunal, fueron asesinados Oscar Valdarrama, de 60 años de edad y su hijo Alfonso Valderrama de 25 años de edad, los dos pertenecían a la iglesia Pentecostal.

La muerte violenta, la quema de más de 30 viviendas, la destrucción del espacio de la vida, de la alimentación, del sueño, de la esperanza inundó de terror a la comunidad obligándolos a salir de sus tierras, el 28 de Noviembre, centenares de familias, campesinos y campesinas, se desplazaron forzadamente al casco urbano del municipio de Dabeiba, en donde, vivieron en condiciones de hacinamiento durante 4 años.

De 1997 a 2005 las víctimas, las desapariciones, las torturas, suman más de 300 víctimas. Pasados los años, ninguno de estos crímenes de lesa humanidad han sido investigados, sancionados o imputados a los responsables por el aparato judicial colombiano. Es una “justicia” ciega, asesina e hiriente con las víctimas. Ella expresan que les duele recordar pero más les duele olvidar, porque no ha habido un derecho para poder hacerlo. Ninguna investigación judicial ha generado el mínimo de esclarecimiento, de verdad o reparación. A partir de la ausencia de voluntad política, de la incompetencia e ineficiencia judicial se ha perpetuado la impunidad jurídica incapaz de silenciar la memoria, que es la única que ha sostenido la esperanza para que algún día sea posible el camino hacia la verdad, la justicia y la paz.

Cada año, se hace memoria a todas las victimas, más de 143 personas asesinadas y desaparecidas, por ello, se realizó el monumento del Árbol de la vida como un espacio sagrado en honor a todas las vidas segadas, símbolo también de lucha y resiliencia. 

Rosalba Úsuga, Joaquín Guisao, Ananias Guisao, Reynaldo Ramírez

Simon Torres, Oscar y Alfonso Valderrama, Ricaurte Monroy

Edilberto Areiza, Alejando Higuita y Flor Emilce Rivera, Marco Duarte y Luz Emilda de Duarte, Milton David y Pedro Angel, Irma Areiza,Felix misa, Conrao Gomez, Jesús Cipriano Varela Rengifo y todas las víctimas de la La Balsita, son parte de nuestra memoria.. 

Victimas de la masacre de la Balsita En la Memoria.

Victimas de la masacre de la Balsita Sin Olvido.

Read More