Mostrando entradas con la etiqueta CIDH. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta CIDH. Mostrar todas las entradas

jueves, 27 de febrero de 2020

Jesús María Valle.

Febrero 27 1998 

Jesús María Valle, nació en el municipio de Ituango, Antioquia, en una familia humilde; en el seno de su padre Jesús, su madre Blanca, y junto con  10  hermanos sobrevivían gracias a una parcela de tierra  que poseían.

Años más tarde su familia se trasladó a la ciudad de Medellín, en donde estudio y se  graduó como bachiller en el Liceo Antioqueño, allí fue líder del movimiento estudiantil; Después con ayuda de sus familiares obtuvo el titulo en Derecho de la Universidad de Antioquia.

Jesús María fue elegido al concejo de Ituango, y fue profesor de la Universidad de Antioquia, y de la Universidad Autónoma de Medellin, además fue fundador del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia en 1979; desde allí fue de los primeros en denunciar la presencia de grupos paramilitares en Antioquia, específicamente en Ituango.

En 1996 Jesús María Valle pide al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien en ese entonces era Gobernador de Antioquia, y al comandante de la IV Brigada que proteja la población civil, ya que aproximadamente  durante un año se habían presentado más de 150 asesinatos en ese territorio, estas palabras fueron suficientes para que Álvaro Uribe Vélez calificara al defensor de  Derechos Humanos como “enemigo de las Fuerzas Armadas”, y adelantará una denuncia por calumnia.

Denuncias y palabras que no frenaron el trabajo de Jesús María, el cual siguió aferrado a sus principios y  sus ideales, posteriormente denuncio la complicidad del Ejército Nacional en las masacres de La Granja en 1996 y El Aro en 1997, en el municipio de Ituango, Antioquia, comandadas por paramilitares.

El 26 de Febrero de 1998 Jesús María Valle se presento ante la Fiscalía para rendir indagatoria por la denuncia de calumnia, en ésta expuso que no había cometido ningún delito, ya que sus denuncias estaban argumentadas y demostraban que el Ejercito Nacional  y  la Policía tenia nexos con el paramilitarismo.

Un día después de esto, el 27 de Febrero de 1998 Jesús María Valle, abogado defensor de Derechos Humanos, fue asesinado por dos hombres y una mujer que entraron en su oficina ubicada en el centro de Medellín, y luego de intimidar a su hermana, quien trabajaba con él fue obligado a acostarse boca abajo, en donde le propinaron dos impactos de bala.

En estos hechos, testigos aseguraron que aproximadamente 16 personas obstaculizaron  la entrada y encubrieron la huida  de los sicarios que acabaron con la vida de Jesús Maria.

En materia de justicia el Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín condenó a 40 años a Álvaro Gómez Mesa y a Jorge Eliécer Rodríguez Guzmán, cooautores del asesinato, éstos no han sido capturados.

Así mismo condenó a Carlos Castaño, como autor intelectual del asesinato de Jesús María Valle.

En el año 2007 el Consejo de Estado estimó que no se adoptaron medidas para proteger la vida de Jesús María Valle y condenó al Estado al pago de una indemnización para la familia del defensor.

En 2008 el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, contra el Estado Colombiano. La CIDH obligó al Estado a reabrir la investigación, y a realizar un acto público donde se reconozca la responsabilidad en este crimen, por otra parte se ordena la colocación de una placa en memoria de Jesús María Valle en el Palacio de Justicia de Antioquia.

El Estado colombiano reconoció ante la Corte Interamericana su responsabilidad por “Omisión”, en las recientes sesiones realizadas en San José de Costa Rica. “Omisión” que pretende ocultar la Actuación estatal. “Omisión” de la responsabilidad de quienes fueron denunciados públicamente por Jesús María como garantes del desarrollo de la estrategia paramilitar en el departamento de Antioquia.

El año siguiente, en 2009 la Fiscalía reabrió el caso y vinculo a Salvatore Mancuso y a Isaías Montes Hernández, alias “Junior”.

En año 2014,  se instalo la placa en el Palacio de Justicia José Félix Restrepo en memoria del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, allí el Estado hará orden de perdón. 
Hoy recordamos las palabras de uno de sus amigos, pronunciada el día del sepelio y que hoy siguen vigentes en nuestra Colombia: “En este país las posiciones diferentes, claras y con argumentos sólidos que hablan de las angustias de un pueblo sometido a un conflicto que le ha quitado toda dignidad son acalladas porque, al decir de algunos, hacen parte de uno de los bandos de la guerra. Seguimos en ese punto donde no hay contradictores sino enemigos que se deben eliminar inmediatamente”.

Hoy, sus opiniones, pensamientos, palabras y sentimientos, retumban en la memoria de hombres y mujeres que construyen día a día justicia y que caminan en busca de la verdad y de un país distinto.

Jesús María Valle en la Memoria
Jesús María Valle Sin Olvido


viernes, 7 de febrero de 2020

Isidro Caballero Delgado

Febrero 07 de 1989
La desaparición forzada de Isidro Caballero Delgado, ocurrida el martes 7 de febrero de 1989 en San Alberto, Sucre, significó la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Colombiano por su responsabilidad en la desaparición forzada del señor Caballero y de María del Carmen Santana.

Isidro Caballero Delgado se desempeñaba como dirigente sindical del magisterio santandereano desde hacía 11 años. Gracias a su activa participación como dirigente sindical, fue víctima de manera constante de hostigamientos y amenazas, las cuales involucraron su detención en la Cárcel Modelo de Bucaramanga.


El 7 de febrero de 1989, Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, quien pertenecía al Movimiento 19 de Abril (M-19), estaban promoviendo la participación de la comunidad en la realización del “Encuentro por la Convivencia y la Normalización” que se llevaría cabo el 16 de febrero de 1989 en el Municipio de San Alberto. Esta actividad era organizada por el “Comité Regional de Diálogo” y su objetivo era “procurar una salida política al conflicto armado, propiciando encuentros, foros y debates en diferentes regiones”.

Ese día, Isidro Caballero y María del Carmen Santana fueron capturados por una patrulla militar conformada por unidades del Ejército de Colombia acantonadas en la base militar Líbano (jurisdicción de San Alberto) adscrita a la Quinta Brigada con sede en Bucaramanga. Nunca más fueron vistos con vida.

Elida González Vergel, una campesina que transitaba por el mismo lugar en que fueron capturados Isidro Caballero y María del Carmen Santana, fue retenida por la misma patrulla del Ejército y dejada en libertad. Durante su captura, la Sra. Elida vio a Isidro Caballero con un uniforme militar camuflado y a una mujer que iba con ellos. Javier Páez, otro habitante de la región, fue retenido ese mismo día por el Ejército colombiano, torturado y dejado en libertad posteriormente. Por los interrogatorios a que fue sometido y por las comunicaciones de radio de la patrulla militar que lo retuvo supo de la captura de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, así, una vez puesto en libertad, dio aviso a las organizaciones sindicales y políticas a las que ellos pertenecían, las cuales a su vez, informaron a sus familiares.

Al conocer de su captura, la familia de Isidro Caballero Delgado y varios organismos sindicales y de derechos humanos iniciaron la búsqueda de Isidro y María del Carmen en instalaciones militares, donde se negó que ellos hubieran sido aprehendidos. Posteriormente se entablaron acciones para ubicar el paradero de los desaparecidos y sancionar a los responsables pero no hubo resultados positivos. Tampoco se obtuvo reparación de los perjuicios causados.

En diciembre de 1995 la Corte Interamericana de Derechos humanos sentenció por primera vez al Estado Colombiano por haber “violado en perjuicio de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana los derechos a la libertad personal y a la vida contenidos en los artículos 7 y 4 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Sin embargo, 27 años después de los hechos y 19 años después de la Sentencia de la corte, la justicia interna no ha sancionado a los responsables a pesar de contar con material probatorio para tal efecto, razón por la cual el caso continúa en la completa impunidad. Aún los familiares de Isidro y de María del Carmen piden justicia por la desaparición y el asesinato de sus seres queridos y esperan que algún día la justicia condene a los máximos responsables, revele toda la verdad y les repare integralmente. 26 años después los familiares siguen firmes en sus exigencias y sobre todo en la conservación de la memoria de estos desgarradores hechos.

Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana en la memoria

Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana Sin Olvido

Comisión Colombiana de Juristas

viernes, 13 de diciembre de 2019

Masacre de Santo Domingo

Diciembre 13 de 1998

El domingo 13 de diciembre de 1998 la comunidad de Santo Domingo, Arauca fue víctima de una masacre perpetrada por la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional quienes después de sobrevuelos realizados desde tempranas horas de la mañana, bombardearon el poblado a pesar de que allí solo se encontraban civiles en el desarrollo de sus actividades cotidianas, la población recibio un cluster (granada rácimo) que produjo un asesinato masivo, esta fue lanzada dentro del marco de la operación Pantera II, que se llevo a cabo contra las FARC. 

En este hecho fueron asesinadas 17 personas (11 adultos y 6 menores de edad) y 27 más quedaron heridas; mientras la gente de la población intentaba correr por sus vidas se continuó el ataque con ametrallamientos, lo cual, dejó el lugar en total abandono por varios días, desplazando forzadamente a 300 sobrevivientes, en los que se realizaron saqueos a los establecimientos comerciales, ingresos ilegales a las viviendas y hurtos.

A partir de las investigaciones preliminares realizadas por la Fiscalía en el año 2000 se reabrió el caso, el cual,  ya se había cerrado en el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, una vez se desarrollo el proceso correspondiente se emitió una condena en 2009 de 30 años de cárcel a los oficiales que encabezaron el operativo el capitán César Romero y al piloto y teniente Johan Jiménez, posteriormente, se dicto medida de aseguramiento al coronel Sergio Andrés Garzón Vélez y al Mayor Germán Lamilla. 

Debido a la negligencia con la que se llevo el proceso, la falta de una investigación rigurosa y profunda sobre las demás personas involucradas en el caso, junto a la identificación y sanción de los responsables intelectuales y materiales de forma completa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió llevar el caso ante la corte Interamericana en el año 2011 cuando habían pasado 13 años desde el hecho.

En noviembre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos humanos emitió su sentencia donde declaró “responsable internacionalmente al Estado colombiano por las violaciones de derechos humanos cometidas por el lanzamiento de un dispositivo explosivo por parte de la Fuerza Aérea Colombiana el 13 de diciembre de 1998 en el caserío de Santo Domingo. Del departamento de Arauca en Colombia” y ordenó al Estado realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad de los hechos, publicar la sentencia de la Corte Interamericana, brindar tratamiento integral en salud y entregar una compensación por los daños materiales e inmateriales que causo en las víctimas. 

Las víctimas reconocidas son: Jaime Castro Bello (4), Luis Carlos Neite Méndez (5), Oscar Esneider Vanegas Tulibila (13), Geovani Fernández Becerra (16); las niñas Egna Margarita Bello (5), Katherine Cárdenas Tilano (7); y Levis Hernando Martínez Carreño, Teresa Mojica Hernández de Galvis, Edilma Leal Pacheco, Salomón Neite, María Yolanda Rangel, Rodolfo Carillo Mora, Pablo Suárez Daza, Carmen Antonio Díaz Cobo, Nancy Ávila Castillo, Arnulfo Arciniegas Velandia y Luis Enrique Parada Ropero.

Hasta el 2017, el gobierno colombiano, por medio del ministro de justicia Enrique Gil Botero pidio perdón de forma pública, sin embargo, aún se espera que se siga haciendo reparaciones a la población y se den las garantias pertinentes para las victimas, puesto que, los hechos fueron conocidos pero son impunes en cuanto a que la masacre se dio con presunta participación  de la compañia de seguridad Airscan contratada por la multinacional petrolera Occidental Petroleum Company (Oxy) y Ecopetrol, donde, antes de lo ocurrido ya se había registrado una violación de derechos humanos, entre las dinamicas economicas y de conflicto armado en Arauca, es decir, entre los actores armados y la producción de petroleo. 

Víctimas de la masacre de Santo Domingo en la Memoria
Víctimas de la masacre de Santo Domingo Sin Olvido.



sábado, 1 de junio de 2019

Omar Zuñiga Vasquez

1 de junio de 1992

Omar Zuñiga Vásquez era un joven campesino que en junio de 1992 se encontraba con su madre Amira Vásquez de Zuñiga en su finca La Icotea, en el corregimiento de San Jacinto, ubicado en el municipio de San Cristóbal, Bolívar. Durante este período miembros del Batallón de Fusileros de la Infantería de Marina No. 3, 14 y 15 de la I Brigada, habían estado en la finca pidiendo víveres.

La familia Zuñiga Vásquez no había dudado en brindarles leche, maíz, arroz o cualquier fruto de su trabajo. Pero el 1 de junio de 1992 una unidad de 30 hombres de dicho Batallón al mando del infante de marina Henry Mauricio Rodríguez Botero, llegaron al El Cerrito un lote cercano a la finca la Icotea. Con el rostro cubierto ingresaron e insultaron y golpearon a Amira y a Omar.

Los hombres los trasladaron hasta el Colegio el Paraíso en San Jacinto, allí le golpearon las piernas a Amira y la encerraron en un baño. A Omar lo torturaron en un salón contiguo al baño, allí le rompieron la mandíbula y le quemaron la espalda usando ácido y fuego. Amira presenció todo por una rendija, mientras los militares abusaban de su uniforme y acusaban falsamente a Omar de ser guerrilero.

Sin orden judicial y de manera arbitraria los militares se llevaron a Omar con el objetivo de obtener información sobre el paradero de otros guerrilleros. Amira como su hijo fueron sometidos a torturas físicas, psicológicas y morales. Luego de cuatro días, después de retener a Amira ilegalmente, fue liberada, dejada en una carretera por los militares. Los hombres se retiraron y manifestaron que Omar se había escapado y no sabían de su paradero.   

Nueve días después, el cuerpo del joven fue encontrado en el Cerro Capiro cerca del corregimiento de El Paraíso, con signos de tortura, la mandíbula destruida y con un impacto de bala en su rostro.

Su familia empezó la búsqueda de justicia,  Amira junto a sus 18 hijos e hijas, hermanos y hermanas de Omar emprendieron una lucha en contra de la impunidad. Fueron amenazados y desplazados por los mismos perpetradores de los hechos, aunque sabían quiénes eran los responsables estos habían sido absueltos por la justicia penal militar como por la justicia ordinaria.

Durante años la familia Zuñiga fue revictimizada y el cuerpo de Omar fue desenterrado dos veces para establecer la identidad por petición de la defensa de los militares. En 2011, con el acompañamiento del abogado Daniel Prado se dictó resolución de acusación contra el coronel Rodríguez Botero y a los hombres bajo su mando, los infantes Alfonso Coronel, Róger Argel, Jairo Becerra, el dragoneante Carlos Bermúdez y los sargentos Misael Villabona y Oslavi de la Cruz.

Pero en 2012 la Fiscalía General de la Nación declaró prescripción de la acción penal con el delito y ordenó la libertad de los militares. Sin embargo, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo representó a la familia y llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de esta manera fue como se ordenó al Estado colombiano a vincular a la familia a programas de reparación integral y a reconocer y pedir perdón sobre la responsabilidad del Estado por la muerte de Omar Zuñiga y la tortura de Amira Vásquez.

Es así como en 2016 el ministro de justicia Jorge Eduardo Londoño, admitió responsabilidad y pidió perdón por la ejecución extrajudicial de Omar a manos de integrantes de la Amada Nacional. Luego de 24 años hubo un avance en el caso, fue satisfactorio para su familia el acto de reconocimiento, pero desde allí sus familiares siguen a la expectativa de una reparación completa y de la realización de nuevos proyectos de vida luego del asesinato de Omar, para dignificar su memoria. 

Omar Zuñiga Vásquez en la Memoria 
Omar Zuñiga Vásquez Sin Olvido

martes, 11 de septiembre de 2018

Luciano Enrique Romero Molina

Septiembre 11 de 2005 

Luciano integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario, SINALTRAINAL, defensor de derechos humanos de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos fue secuestrado, torturado y asesinado con múltiples puñaladas en desarrollo de operaciones paramilitares con cuatro integrantes del Bloque Norte y dos funcionarios adscritos a la Subdirección Antisecuestro del DAS, hace nueve años.



En 2002 Luciano había sido despedido arbitrariamente de la multinacional Nestlé ejerciendo sus derechos laborales gestionaba por vía judicial su reintegro, este hecho y su trayectoria sindical fue su sentencia de su muerte.

Desde muchos años atrás, las estructuras estatales encubiertas paramilitares le presionaron y le amenazaron de muerte lo que llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, adoptará medidas cautelares. Como ha ido sucediendo con este y muchos casos, la única respuesta estatal a las medidas de prevención fue un teléfono celular.

En 2004 Luciano fue acogido por un programa de protección en Asturias, España, poco tiempo después de su regreso fue desaparecido y luego asesinado. El 10 de septiembre de 2005 sus familiares denunciaron su desaparición y el 11 de septiembre lo encontraron atado y su cuerpo con signos de tortura de arma blanca.

El ex jefe paramilitar extraditado a EU, Salvatore Mancuso, en su versión libre en 2007, aseguró que Cicolac empresa de Nestlé era una de las empresas financiadoras de las AUC. 

En un intento de desviar la investigación el múltiple crimen de Luciano quiso presentarse como un atentado pasional, los articuladores de esta estrategia de encubrimiento poco a poco fueron descubiertos. La impunidad no ha sido total debido a la presión internacional. Han sido detenidos y condenados 4 paramilitares del Bloque Norte y se han adelantado investigaciones contra dos funcionarios adscritos a la Subdirección Antisecuestro del DAS, Norberto Sotomayor González y José Antonio Riaño Noriega, que se entregaron voluntariamente ante el CTI de la Fiscalía en Valledupar.

Este crimen del nefasto período de la seguridad "democrática" fue cometido mediante una alianza criminal del DAS estructura dependiente del primer mandatario, Álvaro Uribe Vélez y los grupos paramilitares.

Los autores intelectuales y beneficiarios del asesinato de Luciano Enrique Romero Molina, siguen libres amparados por la impunidad sociopolítica, judicial y mediática. A pesar que el Juez 2 Penal del Circuito especializado de descongestión ordenó la investigación de los directivos de la multinacional Nestlé – Cicolac, no existen mayores avances. En 2014 el asesinato de Luciano fue denunciado en Suiza, sede la multinacional.

Luciano este hombre de las tierras de la Ciudad de los Santos Reyes del Valle de Upar, sigue siendo parte de la memoria, no solo de las luchas sindicales en Colombia, de la solidaridad con los detenidos políticos si no de la construcciones de fraternidad entre europa y Colombia, entre Asturias y Valledupar.


Luciano Enrique Romero en la Memoria
Luciano Enrique Romero Sin Olvido

domingo, 7 de febrero de 2016

Alba Mery Chilito


Foto: El Espectador- Rodrigo Grajales
Febrero 07 de 2013 - Febrero 07 de 2016

Alba Mery luchaba día a día por buscar la verdad, es así que fue parte de la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo, en el Valle del Cauca, exigía el cumplimiento a los derechos de mujeres, hombres y niños de su comunidad, exigía verdad, justicia y reparación para las víctimas del paramilitarismo, en esta región a raíz de las masacres vividas entre 1.987 y 1.994 que dejaron más de 300 víctimas.

Hace tres años  el 7 de Febrero de 2013, aproximadamente a las 8:00 de la mañana, Alba Mery Chilito fue asesinada por paramilitares. La lideresa social como todas las mañanas, llevaba a su nieto de 9 años al colegio; al dejarlo allí se dirigió al puesto de ventas que administraba en el parque recreacional, construido en honor a las víctimas de la violencia narco paramilitar, irónicamente estando en este lugar de salvaguarda de la memoria y dignificación de las víctimas, fue atacada por la espalada recibiendo varios impactos de bala que de inmediato la dejaron sin vida.

Meses antes, paramilitares le habían enviado innumerables amenazas en contra de su vida, y a pesar de las denuncias hechas por pobladores, organizaciones sociales y de derechos humanos y de los fallos de instancias internacionales de justicia como la CIDH, este grupo armado aun controla la zona urbana, rural y alrededores de Trujillo. Su insistencia en que no se sepa lo que pasó durante los años de la masacre sigue presente generando terror en los pobladores. Sin embargo Alba Mery con su fuerza de madre y abuela, asistía día a día al Parque de las Víctimas, allí sembraba flores en memoria de los cientos de asesinados, entre ellos su hija y dos familiares más, siempre estuvo pendiente de los procesos de reparación y además denunció constantemente la complicidad del ejército y la policía con el accionar paramilitar. 

Precisamente, días antes de su asesinato Alba Mery estaba averiguando por el proceso de indemnización correspondiente a la solicitud hecha a través de la CIDH al Estado colombiano por el asesinato de su hija durante la masacre iniciada en 1.984, y que debido a la impunidad en este caso fue llevado a esta instancia internacional en la que años después, se logra condenar al Estado colombiano obligando al presidente de la época, Ernesto Samper, a pedir perdón a los familiares de las víctimas. De este fallo quedaron 12 conclusiones y 9 recomendaciones, de las cuales la mayoría no se han cumplido, una de ellas es paradójicamente, la de garantizar la protección de los testigos y familiares sobrevivientes y que claramente ha sido incumplida, una muestra de ello es el asesinato de esta luchadora comunitaria. 

Lamentablemente Alba Mery murió sin ser reparada. Ahora su asesinato se suma a la lista de crímenes cometidos por las estructuras paramilitares que aun hoy, pasean por las calles de Trujillo y que siguen en la impunidad.

De acuerdo a las denuncias e informes arrojados por las organizaciones sociales y de derechos humanos, esta presencia curiosamente coincide con la actividad empresarial en diversas localidades donde se encuentra la multinacional Smurfit Cartón de Colombia. Aun hoy a 30 años después de la fatídica historia de Trujillo, seguimos viviendo en un país de masacres, de terror y de represión. El asesinato de Alba Mery no fue el único ocurrido en la región, el año pasado con ella más de 15 personas perdieron su vida. 

Alba Mery, siempre será recordada por ser buena gente, por su servicio a los demás en la comunidad, una luchadora incansable por la defensa de los derechos humanos, una mujer recta, trabajadora y de gran resistencia. Los pobladores se mantienen en dignidad conservando la memoria y luchando por encontrar justicia, verdad y reparación. Hoy en el parque central de Trujillo el árbol símbolo de la memoria que no se calla a pesar del miedo, lleva el nombre de Alba Mery, ella sigue viva en el corazón de todas y todos.


Alba Mery Chilito en la memoria
Alba Mery Chilito sin olvido

martes, 14 de enero de 2014

24 años de la desaparición forzada de 43 campesinos en Pueblo Bello

Enero 1990 - Enero 2014 - (fotografia CCJ)  
El 14 de enero de 1990 en horas de la noche, aproximadamente 60 paramilitares del grupo “Los Tangueros”, al mando de Fidel Castaño, ingresaron al corregimiento de Pueblo Bello, municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia, y por la fuerza sacaron varios habitantes del pueblo de algunas viviendas y de la iglesia presbiteriana.

“Los Tangueros” ubicaron a las víctimas en la plaza principal y las forzaron a acostarse boca abajo, tras lo cual seleccionaron a 43 campesinos, entre ellos tres menores de edad, a quienes amordazaron y se los llevaron, sin que se les haya vuelto a ver con vida.

Antes de retirarse en dirección a San Pedro de Urabá, los paramilitares incendiaron tres viviendas y dijeron a los habitantes de Pueblo Bello: "esto es para que respeten a 'Los Tangueros”, refiriéndose al nombre con el cual se conocía al grupo proveniente de la finca "Las Tangas", situada a orillas del Río Sinú en el Departamento de Córdoba.

Los vehículos que transportaron a los paramilitares y a los habitantes de Pueblo Bello pasaron por dos retenes custodiados por los Batallones Vélez y Cóndor, de la Brigada XVII del ejército, sin ser detenidos o cuestionados.

Los 43 campesinos fueron llevados a la finca “Santa Mónica” en el Departamento de Córdoba, donde los esperaba el entonces líder paramilitar Fidel Castaño. Señalan que allí fueron interrogados y brutalmente torturados: “las venas de sus cuerpos punzadas, sus ojos perforados, sus oídos aserrados, sus órganos genitales mutilados. Finalmente fueron ejecutados uno a uno”.

Sus nombres son:


  • José del Carmen Alvares Blanco
  • Fermín Agresor Moreno
  • Víctor Manuel Argel Hernández
  • Genor Arrieta Lara
  • Cristóbal Manuel Arroyo blanco
  • Diomes Barrera Orozco
  • Urias Barrera Orozco
  • José Encarnación Barrera Orozco
  • Ricardo Manuel Bohórquez  Pastrana
  • Jorge Fermín Calle Hernández
  • Jorge Arturo Castro Galindo
  • Ovidio Carmona Suarez
  • Genaro Calderón Ramos
  • Juan Miguel Cruz Ruiz
  • Ariel Euclides Díaz Delgado
  • Camilo Antonio Durando Moreno
  • Juan Luis Escobar Duarte
  • José Leonel Escobar Duarte
  • Cesar Augusto Espinosa Pulgarin
  • Wilson Uberto Flores Fuentes
  • Andrés Manuel Flores Altamira
  • Santiago Manuel Gózales López
  • Carmelo Guerra 
  • Miguel Ángel Gutierrez Arrieta
  • Lucia Úrsula Sotelo
  • Ángel Venito Jiménez Julio
  • Manuel Ángel López Cuadrado
  • Jorge Martínez Pacheco
  • Mario Melo
  • Carlos Melo
  • Juan Mesa Serrano
  • Pedro Antonio Mercado Montes
  • Manuel de Jesús Montes Martínez
  • Luis Carlos Pérez
  • Miguel Pérez
  • Raúl Antonio Pérez Martínez
  • Benito José Pérez Pedroza
  • Euclides Ricardo Pérez
  • Andrés Manuel Pedroza Jiménez
  • José Manuel Petro Hernández
  • Luis Miguel Salgado
  • Selimo Urrutia Urtado
  • Eduardo Zapata.

Según se indica en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos1 (párr 95.42, p. 54), “En la mañana del 15 de enero de 1990 varios familiares de las personas secuestradas se dirigieron a la base militar de San Pedro de Urabá con el fin de obtener información sobre el paradero de los desaparecidos. En la base fueron recibidos por el Teniente Fabio Enrique Rincón Pulido, quien les indicó que los camiones que transportaban a las personas retenidas en Pueblo Bello no habían pasado por el retén militar y mencionó que los pobladores de Pueblo Bello “cambiaron gente por ganado”.

De acuerdo con los testimonios aportados por los familiares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el teniente Rincón se refería a un ganado, propiedad de Fidel Castaño, que había sido robado por la guerrilla en diciembre de 1989, justo en las afueras del corregimiento. En venganza, según cuentan los familiares, Castaño habría dicho que por cada cabeza de ganado robado, se llevaría una persona.


Katy Fuentes habla de tratos  dados por militares: 

Según consta en la Sentencia (párr. 95.44, p. 54), “Ocho días después de los hechos, hombres vestidos de militar, supuestamente provenientes de la base militar de Carepa, llegaron a Pueblo Bello en helicóptero y, con base en una lista, repartieron sobres con 50.000,00 pesos entre familiares de las personas desaparecidas pero muchas de ellas no los recibieron”.

7 años después, en mayo de 1997, la Comisión Colombiana de Juristas, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional denunciaron los hechos ante la Corte Interamericana de Derechos humanos.

Katy Fuentes Familiares, habla sobre el encuentro de los restos:


En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas de reparación a la comunidad de Pueblo Bello, que incluían nueve puntos de los cuales el Estado colombiano sólo ha cumplido dos. El Presidente colombiano para ese entonces Ministro de Defensa quien pidió perdón y se comprometió en cumplir la sentencia en 2009 desconoce y no atienda los llamados de esta comunidad,  en 2013, 7 cuerpos de los 43 desaparecidos fueron entregados a los familiares para darles cristiana sepultura, el resto de los familiares siguen luchando por saber la verdad, y exigen la no repetición.

Mensaje de Katy Fuentes: 

Hoy luego de 24 años las familias recuerdan a sus padres, hermanos, esposos e hijos que un 14 de enero de 1990 vieron por última vez.

Desaparecidos de Pueblo Bello en la memoria 
Desaparecidos de Pueblo Bello Sin Olvido 

Sin Olvido realizado con el comunicado tomado del Comité de familiares de Pueblo Bello.

martes, 11 de septiembre de 2012

LUCIANO ENRIQUE ROMERO MOLINA

Septiembre 11 de 2005 - Septiembre 11 de 2012

Memoria y Justicia 

Luciano integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario, SINALTRAINAL, defensor de derechos humanos de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos fue secuestrado, torturado y asesinado con múltiples puñaladas en desarrollo de operaciones paramilitares con cuatro integrantes del Bloque Norte y dos funcionarios adscritos a la Subdirección Antisecuestro del DAS, hace siete años.

En 2002 Luciano había sido despedido arbitrariamente de la multinacional Nestlé ejerciendo sus derechos laborales gestionaba por vía judicial su reintegro, este hecho y su trayectoria sindical fue su sentencia de su muerte.

Desde muchos años atrás, las estructuras estatales encubiertas paramilitares le presionaron y le amenazaron de muerte lo que llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, adoptará medidas cautelares. Como ha ido sucediendo con este y muchos casos, la única respuesta estatal a las medidas de prevención fue un teléfono celular.

En 2004 Luciano fue acogido por un programa de protección en Asturias, España, poco tiempo después de su regreso fue desaparecido y luego asesinado. El 10 de septiembre de 2005 sus familiares denunciaron su desaparición y el 11 de septiembre lo encontraron atado y su cuerpo con signos de tortura de arma blanca.

El ex jefe paramilitar extraditado a EU, Salvatore Mancuso, en su versión libre en 2007, aseguró que Cicolac empresa de Nestlé era una de las empresas financiadoras de las AUC. 

En un intento de desviar la investigación el múltiple crimen de Luciano quiso presentarse como un atentado pasional, los articuladores de esta estrategia de encubrimiento poco a poco fueron descubiertos. La impunidad no ha sido total debido a la presión internacional. Han sido detenidos y condenados 4 paramilitares del Bloque Norte y se han adelantado investigaciones contra dos funcionarios adscritos a la Subdirección Antisecuestro del DAS, Norberto Sotomayor González y José Antonio Riaño Noriega, que se entregaron voluntariamente ante el CTI de la Fiscalía en Valledupar.

Este crimen del nefasto período de la seguridad "democrática" fue cometido mediante una alianza criminal del DAS estructura dependiente del primer mandatario, Álvaro Uribe Vélez y los grupos paramilitares.

Los autores intelectuales y beneficiarios del asesinato de Luciano Enrique Romero Molina, siguen libres amparados por la impunidad sociopolítica, judicial y mediática. A pesar que el Juez 2 Penal del Circuito especializado de descongestión ordenó la investigación de los directivos de la multinacional Nestlé – Cicolac, no existen mayores avances. Hace un año el asesinato de Luciano fue denunciado en Suiza, sede la multinacional.

Luciano este hombre de las tierras de la  Ciudad de los Santos Reyes del Valle de Upar, sigue siendo parte de la memoria, no solo de las luchas sindicales en Colombia, de la solidaridad con los detenidos políticos si no de la construcciones de fraternidad entre europa y Colombia, entre Asturias y Valledupar.

Sin Olvido