martes, 16 de julio de 2013

Masacre de Mapiripán

                                               Julio 15- 20 1997- Julio 15- 20 2013 

El hecho más notorio que inauguró el ingreso de Carlos Castaño a la zona del Guaviare y del sur del Meta, lo constituyó la masacre de Mapiripán, perpetrada entre el 15 y el 20 de julio de 1997:

Cuarenta y nueve campesinos y pobladores fueron torturados, desmembrados, eviscerados, degollados y arrojados al río Guaviare por un grupo cercano a doscientos hombres que permanecieron en la localidad por cinco días sin ser repelidos y perseguidos por la fuerza pública Colombiana y Estadounidense acantonada en la zona. Carlos Castaño, líder de los paramilitares aceptó públicamente la ejecución de 49 personas, pero la mayoría de ellos permanecen en la condición de desaparecidos.



En Mapiripán, Meta, viven unos 1.200 habitantes. Lo separa del departamento del Guaviare el río del mismo nombre que es su principal vía de comunicación con la inspección de Charras, a donde se puede llegar desde San José del Guaviare, a través de la trocha ganadera o por el río.

Todo este recorrido fue el que hicieron unos 200 paramilitares el 12, 13 y 14 de julio de 1997 hasta Mapiripán para cometer una de las masacres más escalofriantes en su lucha por conquistar las zonas cocaleras.

El recorrido criminal tuvo su inicio el 12 de Julio de 1997 cuando un grupo de paramilitares con material bélico fue transportado desde el municipio de Necoclí, en la zona del Urabá antioqueño a la población de San José del Guaviare en una aeronave comercial tripulada por los señores Juan Manuel Ortiz Matamoros y Pedro Zúñiga, quienes habían sido contratados en Medellín y Villavicencio.

Dicho recorrido se comprobó mediante el registro del itinerario de los vuelos, obtenido mediante inspección judicial practicada en los terminales aéreos de Carepa (Antioquia), Villavicencio (Meta), San José del Guaviare, Bogotá y Medellín. Además del testimonio de Mauricio Becerra, controlador aéreo del aeropuerto de San José del Guaviare y del confeso paramilitar Edison Londoño Niño, alias «Pasaje».

En este grupo de paramilitares que llegó vía aérea fueron identificados los hombres de Carlos Castaño conocidos como alias "El Percherón", "Mochacabezas" o el "diablo" y "Don Miguel". El sitio de aterrizaje de los aviones fue el aeropuerto llamado "Capitán Jorge Enrique González Torres" de San José del Guaviare, donde los esperaba otro grupo de paramilitares al mando de alias René, con unos camiones.

Desde San José del Guaviare los paramilitares arribaron a Mapiripán por vía terrestre y fluvial, pasando por los retenes instalados por la Policía Fluvial al salir de San José del Guaviare y el del Barrancón por personal del Ejército, donde también se encontraba en adiestramiento militar un grupo de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos.

Antes de llegar a Mapiripán entraron a la Inspección de Charras, donde reunieron a todos los pobladores en la plaza principal y repartieron una revista titulada «Colombia Libre», en la cual se anunciaba el origen del Frente Guaviare de las Autodefensas Unidas de Colombia. Pasaron también por Guanapalos. Caño Jabón y la inspección de La Cooperativa, del mismo municipio de Mapiripán, en donde asesinaron a una persona.

Desde el 15 de julio de 1997, la fuerza pública en San José del Guaviare, más concretamente el Batallón Joaquín París, y también la Policía Antinarcóticos, se enteraron de la presencia de los paramilitares en la Jurisdicción del municipio de Mapiripán, pero sobre el particular no realizaron ninguna actividad propia de su función con miras a contrarrestar lo sucedido durante los siguientes 5 días de su permanencia en el lugar.

Ese día en horas de la madrugada, el grupo, cercano a los doscientos hombres, quienes vestían uniformes de camuflaje y portaban armas de diversos calibres, corto punzantes y contundentes, arribaron al municipio de Mapiripán, sembrando el terror y la muerte entre campesinos y pobladores, quienes fueron sacrificados después de un desfile macabro en el matadero municipal.

A la llegada sacaron a los habitantes del pueblo, los hicieron poner en filas, luego los requisaron e inmediatamente seleccionaron de la fila a Alvaro Tovar, lo amarraron y le propinaron cinco disparos en la cabeza. A Antonio María Barrera lo sacaron de su vivienda y se lo llevaron a la fuerza para el matadero, donde lo sometieron a crueles torturas, lo descuartizaron, mutilaron y arrojaron su cuerpo al río Guaviare. Un joven de Pacho, una Señora de Charras y un Joven de raza negra fueron desaparecidos. Otra víctima fue Nelson NN., quien había llegado recientemente a la población, lo interceptaron en cercanías al río, junto con su esposa e hijos, y luego de exigirle la documentación, la cual tenía incompleta, se lo llevaron al matadero de reses. Al día siguiente, su cuerpo sin cabeza fue hallado flotando en el río.

La misma mañana, del hotel residencias Guaviare sacaron por la fuerza a un joven e interceptaron a varias personas, entre ellas una pareja de campesinos jóvenes provenientes de la inspección departamental La Cooperativa, a una señora de tez blanca y a un señor de edad, quien se encontraba en la pista aérea y se disponían a viajar en avión. Estas víctimas fueron llevadas al matadero de reses, sometidas a torturas y en horas de la noche, mutiladas vivas, degolladas y sus cadáveres arrojados al río Guaviare, la mayoría con el vientre abierto con el fin de que no flotaran.

El 16 de julio, los paramilitares se ausentaron del casco urbano, ante este hecho los habitantes aprovecharon para salir de sus viviendas y dirigirse hacia el matadero de reses, donde encontraron la cabeza de Nelson y un saco de la señora de tez blanca.

Hacia el final de la tarde, encontraron flotando en el río el cadáver de uno de los jóvenes campesinos, procedentes de La Cooperativa. Cuando los pobladores intentaban rescatarlo, se hicieron presentes los paramilitares y lo impidieron, amenazando a la comunidad y a quien intentara sacar del río los cadáveres. Les dijeron: «¿les dolió mucho la muerte de él...?".

Ese mismo día interceptaron a un joven estudiante, quien por vía fluvial provenía de la inspección departamental Puerto Alvira, le exigieron los documentos de identidad y al no presentarlos lo acusaron de ser guerrillero y lo llevaron al matadero de reses.

Durante los días 17,18 y 19 de julio se desplazaban de día a las zonas rurales del municipio y en las noches regresaban al casco urbano de Mapiripán, ordenaban suspender el fluido eléctrico y a los pobladores no salir de sus viviendas.

Entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de julio y antes de abandonar el casco urbano del municipio para tomar rumbo a la inspección de policía La Cooperativa, ejecutaron a otros tres pobladores. Los paramilitares también incursionaron en la vivienda de Sinaí Blanco hacia las 9 de la noche y lo sacaron por la fuerza, en presencia de su esposa e hijos. Su cadáver degollado fue hallado al día siguiente en una calle de la población. Ese mismo caso fue cometido con otro poblador, quien fue sacado de su vivienda en presencia de su esposa e hijos, José Roland Valencia, despachador de aviones, empleado de la alcaldía, a quien degollaron vivo y arrojaron su cadáver en la pista de aterrizaje. El 19 de julio, a las 6 de la tarde, fue interceptado el Presidente de La Junta de Acción Comunal de La Vereda Caño Danta, a quien ejecutaron horas más tarde.

El domingo 20 de julio, al enterarse de las muertes ocurridas durante la noche y la madrugada anterior, y tras percatarse de la ausencia del grupo paramilitar que se dirigió hacia la inspección departamental La Cooperativa, los pobladores iniciaron el desplazamiento forzado por vía aérea y terrestre hacia Villavicencio y por vía fluvial hacia San José del Guaviare, quedando prácticamente desocupado el casco urbano, ya que se desplazó el 70% de la población.

Ante las autoridades que se hicieron presentes el 21 de julio, fue denunciada la desaparición de los hermanos Omar Patiño Vacca, Eliecer Martínez Vacca y Jaime Ríaños.
De los identificados se sabe que seis de ellos pertenecían a movimientos políticos diferentes a los del Alcalde quien pertenecía al partido conservador. José Roland Valencia meses atrás había denunciado la corrupción de la administración municipal, que en los contratos de obras municipales pretendía adueñarse de una suma superior a 10 millones de pesos; por ello había sido amenazado desde esa época por el Inspector municipal, Luis Hernando Prieto, y por el Director de la UMATA, Anselmo Trigos, ambos de filiación conservadora. También tuvo serios enfrentamientos con el Alcalde de la localidad por malos manejos de unos recursos de la Red de Solidaridad destinados a los ancianos.

La actitud de la mayoría de los miembros de la administración municipal fue muy sospechosa ya que no se encontraban el día de la llegada de los paramilitares y cuando se enteraron de los hechos no informaron a las autoridades competentes para que actuaran. El Alcalde llegó al municipio al segundo día de la incursión y tampoco actuó para preservar la integridad de los habitantes.

Se afirma por parte de testigos de los hechos, que varios miembros de la administración municipal y de la familia Trigos fueron informantes de los paramilitares; algunos aportaron mapas; otros señalaron personas; otros listas de personas a ejecutar. Se afirma también que la familia Trigos tenía vínculos con los paramilitares, razón por la cual fue obligada por la guerrilla a abandonar el pueblo.

Al día siguiente de salir el último miembro de los Trigos del municipio, se dio la incursión paramilitar.

Dentro de la investigación se pudo establecer que los altos mandos de la Séptima Brigada del Ejército habían tenido, desde antes de la incursión, comunicación con los paramilitares, desde varios meses antes del suceso, los paramilitares hicieron reuniones para organizar la incursión al municipio de Mapiripán en las que participó el Sargento Juan Carlos Gamarra Polo del batallón Joaquín París al mando del Coronel Carlos Eduardo Avila Beltrán, tal como lo declaró el paramilitar Pedro Alex Conde Anaya.

Para la ejecución del crimen, se permitió que los ocupantes de los vuelos irregulares procedentes de Necoclí y Apartado el día 12 de julio ingresaran a la plataforma del aeropuerto de San José del Guaviare, sin ningún tipo de registro ni anotación en los libros, sino abordando libremente los camiones que allí esperaban al grupo al mando del paramilitar Luis Hernando Méndez Bedoya, como si se tratara de una operación militar, exceptuada habitualmente de ese control.

Los militares que tenían el control del aeropuerto y que permitieron el acceso de ese personal y de las armas fueron el Sargento Segundo José Miller Urueña Díaz y el Cabo Leonardo Montoya Rubiana.

La agrupación paramilitar en su recorrido de San José del Guaviare a Mapiripán, transitó por lugares destinados al entrenamiento de las tropas de la Brigada Móvil 2, tal es el caso del sitio conocido como la isla de "El Barrancón", donde tiene asiento la tropa y se estaban efectuado entrenamientos del grupo de Fuerzas Especiales No. 7 del Ejército de los Estados Unidos, más conocidos como los "Boinas Verdes".

Solo para el día 21 de julio las tropas del Batallón Joaquín París hicieron presencia en Mapiripán, pues se devolvieron de Calamar, adonde habían sido enviadas antes de la masacre, posteriormente se pudo confirmar que no había una perturbación del orden público en esta localidad y no era necesaria la presencia de la tropa en Calamar. Paradójicamente los militares llegaron cuando el grupo armado ilegal había abandonado Mapiripán.

Según un informe de inteligencia de la Policía Antinarcóticos entregado a la Fiscalía, el Coronel Lino Sánchez Prado, comandante de la Brigada Móvil No. 2, promovió un plan para introducir paramilitares en las áreas fumigadas aledañas a Mapiripán en el marco del programa a desarrollar en conjunto con los Boinas Verdes.

Se informó, además, que este militar el 21 de junio de 1997 le solicitó colaboración a personal de la Policía Antinarcóticos para participar en una operación en la que, con ayuda de los instructores estadounidenses "le iban a dar una lección a la guerrilla". Este militar por mucho tiempo y en periodos de auge y desarrollo del paramilitarismo en Colombia estuvo prestando servicios en la sección de inteligencia del Batallón Junín y de la Brigada XI con sede en Montería, Córdoba, donde los paramilitares, han tenido más presencia criminal.

Investigadores del diario El Espectador, en el extenso informe que publicaron sobre la masacre de Mapiripán, llegaron a la conclusión de que el «séptimo grupo de operaciones especiales de los Estados Unidos (Boinas Verdes) realizó un entrenamiento en "planeación militar" con la tropa del Coronel Lino Sánchez, mientras éste planeaba la decapitación masiva de civiles en Mapiripán».

Así las cosas, el ingreso de las autodefensas unidas de Colombia al departamento del Meta, especialmente a la subregión conformada por los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y San Martín Granada Fuente de Oro, ya estaba asegurado por toda una estructura estatal, facilitadora del accionar de los grupos paramilitares y del negocio del narcotráfico, la cual se vio favorecida con el apoyo del Comandante de la VII Brigada del ejército, General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez de la manera en que quedó establecido con los hechos sucedidos en el municipio de Mapiripán desde el 15 al 20 de julio de 1997.

Pese a la gravedad y la magnitud de los hechos, el Estado Colombiano no sólo, no garantizó la vida, la libertad, ni la integridad personal de los habitantes de Mapiripán, sino que además no ha respetado los derechos a la justicia y al debido proceso de sus deudos y familiares, e incluso ha intentado que dicha investigación se adelante bajo los postulados de la Justicia Penal Militar.

Hernán Orozco y el general Jaime Humberto Uscátegui dos oficiales de más de 30 años de carrera militar sostuvieron bajo juramento que "importantes sectores del Ejército estaban íntimamente comprometidos con el paramilitarismo". Ambos fueron condenados inicialmente por la justicia penal militar a principios de 2001 por "deshonrar a su ejército", por haber sido negligentes en el ejercicio de sus funciones. Les impusieron una pena de prisión de 40 meses a Uscátegui y de 38 meses a Orozco. Pero la Corte Constitucional anuló la sentencia porque consideró que debía ser la justicia ordinaria la encargada de juzgarlos.

Cuando el caso llegó a manos de un juez los dos realizaron acusaciones muy graves. Uscátegui manifestó al juez en las declaraciones que contaría la verdad si llega a ser condenado a 40 años de prisión. "Si el alto mando militar no me ayuda, sacaré a relucir pruebas que no dejan duda sobre la cercanía del Ejército con las autodefensas", sostuvo el oficial en una conversación privada divulgada por la revista Cambio.

En noviembre de 2009, tanto Uscátegui como Orozco fueron condenados por la justicia colombiana a 40 años de prisión como responsables de la masacre. Desde entonces Uscátegui está detenido en una guarnición militar en Bogotá a espera de que la Corte Suprema de Justicia resuelva un recurso de última instancia para una eventual absolución; Orozco, en tanto, vive desde hace 10 años en Florida, Estados Unidos.

Recientemente el Juzgado Tercero Penal Especializado del Circuito de Villavicencio halló culpable y condenó a 26 años de cárcel, al ex jefe paramilitar Raúl Emilio Hazbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’ o ‘Pedro Hazbún’, quien entrenó durante 15 días a los paramilitares que participaron en esta masacre.

Dicho despacho halló a ‘Pedro Bonito’ responsable de los delitos de homicidio múltiple agravado y secuestro extorsivo agravado.
Según la sentencia, al exjefe paramilitar que se acogió a la Ley de Justicia y Paz le atribuyen los homicidios de José Rolando Valencia, el despachador del aeropuerto de Mapiripán; del comerciante Sinaí Blanco, así como de Álvaro Tovar Muñoz, ‘Tomate’, y de una mujer de nombre Teresa, a la que le decían ‘la Muerte’.

La herramienta paramilitar sigue activa, pese a las maniobras de propaganda del Gobierno Santos y Uribe, pero la realidad es que las masacres continúan, se han intensificado los asesinatos y desapariciones de manera vertiginosa.

Luego de 16 años de esta masacre, la impunidad continua, las victimas no han tenido reparación integral frente a los brutales hechos que ocurrieron hace 16 años, los autores intelectuales que han sido vinculados con el estado, siguen siendo protegidos por el mismo, se niega la dignidad de las comunidades que hoy siguen pasando necesidades debido al desplazamiento forzado producto de la violencia. 

Pese a la gravedad y a la contundente violación de los derechos humanos, el proceso no avanza, los militares protegen a los asesinos del pueblo, la violencia continúa al no reivindicar los derechos de las personas afectadas y al dejarle al olvido los crueles sucesos de esos días.

Hoy recordamos a las personas humildes que fueron masacradas aquel día y hoy se grita por los familiares de estas víctimas, que no es suficiente el mediocre esfuerzo que el estado ha hecho por la reparación de la victimas pues sus victimarios no han sido judicializados, la región se encuentra totalmente desamparada y olvidada, en condiciones de pobreza e inequidad, en el campo de muerte que rodea a Mapiripan recordamos a los campesinos asesinados evocando la esperanza y la lucha por la justicia y la paz.


Víctimas de la Masacre de Mapiripán en la Memoria
Víctimas de la Masacre de Mapiripán Sin Olvido

jueves, 11 de julio de 2013

Elizabeth Cañas Cano,José Antonio Hernández y Diego Fernando Gómez.


Julio 11-21 de 2000- Julio 11-21 de 2013
Durante los días 11 al 21 de julio de 2000, fueron asesinados por paramilitares la integrante de Asfaddes Elizabeth Cañas Cano, el asesor jurídico de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, José Antonio Hernández y el dirigente del sindicato de trabajadores del Instituto de Seguros Sociales Diego Fernando Gómez.



Los asesinatos de estas tres personas se dieron por los avances dentro de la investigación que se adelantaba por la Masacre de Barranca, quienes en calidad de testigos aportaron datos claves para la vinculación de militares y paramilitares. El primer vinculado a este proceso fue el cabo segundo del Ejército, Rodrigo Pérez Pérez, perteneciente al Batallón Nueva Granada con sede en Barrancabermeja, a quién se le dictó medida de aseguramiento el 12 de agosto de 1998. Sin embargo, a los 8 meses este militar recuperó la libertad provisional por el pago de una fianza de aproximadamente US$150.

Aproximadamente tres años después, el fiscal que dirigió la investigación logró vincular al proceso al paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias ‘Panadero’ y a los civiles Álvaro Noriega y Graciliano Alarcón León.

Días antes del asesinato de Elizabeth, El 9 de Julio de 2000, la testigo, había sido perseguida por dos hombres armados y dos días después, el 11 de Julio de 2000, fue ejecutada en Barrancabermeja, Santander mientras se dirigía al Instituto de Seguros, en donde trabajaba; Elizabeth fue interceptada por paramilitares que se movilizaban en una camioneta quienes le dispararon causándole la muerte inmediata.

Elizabeth Cañas era hermana de José Milton Cañas y madre de Giovanny Herrera Cano quienes fueron desaparecidos junto a 25 personas más durante la Masacre de Barranca, ocurrida el 16 de Mayo de 1998, Esta valiente mujer un año antes de su asesinato ofreció su testimonio en calidad de victima junto con su sobrina ante el Tribunal Internacional de Opinión realizado en Toronto y Montreal Canadá que se realizó durante los días 14, 15 y 16 de Mayo de 1999.

Y no bastó con asesinar a Elizabeth, también lo hicieron con los otros dos testigos, el 13 de Julio de 2000 fue asesinado Diego Fernando Gómez, quien era el dirigente del sindicato de trabajadores del Instituto de Seguros Sociales, además fue un destacado líder deportivo de la ciudad de Barrancabermeja. El asesinato de Diego fue en el Centro Auxiliar de Servicios Docentes, CASD, en el barrio Ciudad Bolívar los disparos que atentaron contra su vida fueron a manos de los mismos paramilitares que cegaron la vida de Elizabeth Cañas,los asesinos se movilizaban en la misma motocicleta de placas RX-115.

Ocho días después el 21 de Julio de 200 hacia las 8:30 p.m en el billar San Tropel ubicado en el barrio Tres Unidos, en Barrancabermeja, José Antonio Hernández quien era abogado, economista, dirigente sindical universitario, dirigente popular, miembro del Partido Comunista Colombia PCC, y asesor jurídico de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos. Fue asesinato sus asesinos fueron identificados como paramilitares quienes se movilizaban en la misma motocicleta Yamaha RX-115.

15 años después de la masacre de Barranca, la verdad y la justicia sigue ocultándose, las víctimas y sus familias, saben quiénes son los responsables, pero su verdad no es acogida, es rechazada, estigmatizada y negada.

Han transcurrido 13 años desde el asesinato de Elizabeth Cañas, José Antonio Hernández, Diego Fernando Gómez quienes por ser testigos en los procesos contra paramilitares y altos mandos militares ofrecieron su vida para que algún día la verdad salga a la luz, sin embargo estos crímenes también se encuentran en total impunidad.

Las afirmaciones de diferentes organismos de derechos humanos siguen vigentes al señalar que una de las causas de la impunidad en el país es que no existe suficiente protección para los testigos, victimas, reclamantes y defensores y defensoras de derechos humanos que entregan su vida y su labor con el único fin de exigir justicia y verdad.



Eizabeth, José Antonio y Diego Fernando en la Memoria.
Eizabeth, José Antonio y Diego Fernando Sin Olvido.


jueves, 4 de julio de 2013

Francisco Javier Montoya

Julio 04 1998 - Julio 04 2013


Hace quince años, un sábado, día de actividad comercial en el casco urbano de Dabeiba, en medio del control paramilitar parte de la estrategia de represión de la brigada 4 y 17, Francisco Javier Montoya se dirigió de allí hacia La Balsita. En el punto conocido como “La Recta del Papayero” fue obligado a bajarse del bus por tres paramilitares.

Los armados que operan bajo la dirección de las fuerzas militares lo golpearon, lo obligaron a arrodillarse y le preguntaron en qué trabajaba. El líder campesino, respondió con la verdad, “soy promotor de salud”, sus asesinos le replicaron: "Es verdad que usted es promotor, pero es un sapo de la guerrilla” (...) “usted es el que manipula a los desplazados en Dabeiba".

Sus victimarios le dispararon en tres ocasiones. Un tiro en la cabeza, otro en la boca y finalmente uno en el corazón. Posteriormente, los restos de Francisco Javier Montoya fueron transportados por sus asesinos en una camioneta de color azul, de placas KFD 965 de Medellín, que se dirigió hacia el caserío de Urama. El cadáver de Francisco Javier jamás fue hallado. 

Desde ese día en la mente, en las palabras y en el corazón de los desplazados de La Balsita, Francisco Javier está presente. Sus victimarios no lograron su propósito. Ni el despojo de las tierras ni el desarraigo. Más de 300 asesinatos y desapariciones, entre ellos, el crimen de Francisco no han logrado quebrar los sueños y las esperanzas. Desde ese día del asesinato de Francisco, la Comunidad de Vida y de Trabajo de La Balsita, de la que fue uno de sus animadores, a la que ayudó a enfrentar el terror, buscan que sus restos sean entregados, que haya justicia y que exista un respeto a sus tierras ante las pretensiones ambiciosas.

La labor de Francisco Javier fue muy importante, dedico su vida a servirle a la comunidad de la balsita en Dabeiba, Antioquia siendo promotor de salud en el municipio y denunciando los casos de desplazamiento forzado, trabajó por mejorar la calidad de vida de la población desplazada, estableciendo albergues y resistiendo junto al campesinado. 


Francisco en medio del absoluto control paramilitar en Dabeiba denunció ante la comunidad nacional e internacional los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares de las Brigadas 4 y 17 del ejército, y paramilitares desde 1996 y 1997 que originaron el desplazamiento forzado ocurrido en La Balsita. Francisco hizo público los pasajes de horror que se desarrollaron por parte de las mismas estructuras paramilitares responsables de la Masacre del Aro, en las que se conoce la participación de la Gobernación de Antioquia, donde para la época se hacía visible el nombre visible de Álvaro Uribe Vélez. De esa verdad hablan los mandos paramilitares de la época, a los que se ha querido silenciar en las cárceles de los Estados Unidos, de esa verdad habla Francisco Villalba, ex paramilitar, asesinado días después de rendir un testimonio en que implicó al célebre presidente de la “seguridad democrática”

Hoy, 15 años después del asesinato de Francisco Javier, todo sigue en la impunidad. La verdad se ha disfrazado de mentira, el municipio de Dabeiba para muchos es "un remanso de paz" como se lee a la entrada del pueblo. "Paz" de las estrategias militares encubiertas con la acción y omisión de unidades militares de las Brigadas 4 y 17 del ejército, de la policía nacional, de las autoridades locales que no hicieron nada para evitar el desplazamiento, para evitar los centenares de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Dabeiba entre 1997 y el 2001. Por lo menos 300 de esos crímenes se encuentran documentados y fueron presentados a la fiscalía a través de Constancias Históricas y Censuras Morales. Nada se ha hecho para esclarecer la verdad, para allanar caminos de justicia y sanción integral.


15 años de arrogante impunidad, de inercia investigativa se encuentran enfrentados a la memoria colectiva sellada en un árbol, el árbol de la vida, allí se encuentra Francisco y más de 300 víctimas de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, de mujeres accedidas carnalmente, de quemas de caseríos y millares de desplazados. Nada se ha hecho en concreto para esclarecer la verdad, dar respuesta a la demanda de justicia y para garantizar la vida en los territorios de La Balsita a las comunidades desplazadas cerca de Dabeiba.


15 años después en la memoria de Francisco y de esos millares de víctimas los territorios del horror son andados por decenas de habitantes rurales y urbanos de Colombia, que claman por la justicia y la vida en los territorios, objeto de los saqueos y de los intereses empresariales. Allá están en la andadura para enfrentar la violencia estatal para afirmar la dignidad en los territorios, en medio de esa impunidad, que ha permitido que hoy, muchos de los paramilitares, sigan disfrutando de sus libertades, sin ningún control, de las posesiones tomadas con sangre y fuego, como mercenarios del capital.

La memoria hoy continúa perpetuándose en las familias campesinas que afirman el Derecho a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación desde la Zona Humanitaria "El Paraíso" de la Comunidad de Vida y de Trabajo La Balsita.


Hoy la comunidad mantiene viva la búsqueda de justicia. Ya no es la esperanza en un aparato de justicia inactivo cómplice de la criminalidad, es la esperanza que nace desde la memoria, desde la expresión de la creación en algo que hunde sus raíces en el monumento, que la propia vida erigió para no olvidar, para arraigar, es el Árbol de la Vida. Porque como dijo en una ocasión una de las matriarcas de la Comunidad "Nos duele recordar, pero más nos duele olvidar". Por ello, hoy la Comunidad conmemora los 15 años de la desaparición forzada de FRANCISCO JAVIER MONTOYA, al lado del árbol de la vida.

FRANCISCO JAVIER MONTOYA en la Memoria.
FRANCISCO JAVIER MONTOYA Sin Olvido.