sábado, 27 de febrero de 2016

Jesús María Valle.

Febrero 27 1998 - Febrero 27 2016

Hoy se cumplen 18 años del asesinato del defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle, quien nació en Ituango, Antioquia, en una familia humilde; su padre Jesús, su madre Blanca, y sus 10 hermanos sobrevivían gracias a una parcela que tenían.

Años más tarde su familia se trasladó a la ciudad de Medellín, en donde se graduó como bachiller en el Liceo Antioqueño, allí fue líder del movimiento estudiantil; Después con ayuda de sus familiares logró graduarse en Derecho de la Universidad de Antioquia.

Jesús María fue elegido al concejo de Ituango, y fue profesor de la Universidad de Antioquia, y de la Universidad Autónoma, además fue fundador del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia en 1979; desde allí fue de los primeros en denunciar grupos paramilitares en Antioquia, específicamente en Ituango.

En 1996 Jesús María Valle pide al ex presidente Alvaro Uribe, quien en ese entonces era Gobernador de Antioquia, y al comandante de la IV Brigada que proteja la población civil, ya que durante un año se habían presentado más de 150 asesinatos en su pueblo, estas palabras fueron suficientes para que Álvaro Uribe calificara al defensor de DDHH como “enemigo de las Fuerzas Armadas”, y adelantará una denunciado por calumnia.

Denuncias y palabras que no frenaron el trabajo de Jesús María, el cual siguió arraigado a sus principios, y sus ideales, denunciando la complicidad del Ejército en las masacres de La Granja en 1996 y El Aro en 1997, en el corregimiento de Ituango, comandadas por paramilitares.

El 26 de Febrero de 1998 Jesús María Valle se presento ante la Fiscalía para rendir indagatoria por la denuncia de calumnia, en ésta expuso que no había cometido ningún delito, ya que sus denuncias estaban argumentadas y demostraban que ejercito y policía tenia nexos con el paramilitarismo.

Un día después de esto, el 27 de Febrero de 1998 Jesús María Valle, abogado defensor de DH, fue asesinado por dos hombres y una mujer que entraron en su oficina ubicada en el centro de Medellín, y luego de intimidar a su hermana, quien trabajaba con él fue obligado a acostarse boca abajo, en donde recibió dos impactos de bala.

En estos hechos, testigos aseguraron que aproximadamente 16 personas cubrieron la entrada y la retirada de los sicarios que acabo con la vida de Jesús Maria.

En materia de justicia el Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín condenó a 40 años a Álvaro Gómez Mesa y a Jorge Eliécer Rodríguez Guzmán, cooautores del asesinato, éstos no han sido capturados.

Así mismo condenó a Carlos Castaño, como autor intelectual del asesinato de Jesús María Valle.

En 2007 el Consejo de Estado estimó que no se adoptaron medidas para proteger la vida de Jesús María Valle y condenó al Estado al pago de una indemnización para la familia del defensor.

En 2008 el caso fue llevado a la CIDH contra el Estado Colombiano. La CIDH obligó al Estado a reabrir la investigación, y a realizar un acto público donde se reconozca la responsabilidad en este crimen, por otra parte se ordena la colocación de una placa en memoria de Jesús María Valle en el Palacio de Justicia de Antioquia.

El Estado colombiano reconoció ante la Corte Interamericana su responsabilidad por “Omisión”, en las recientes sesiones realizadas en San José de Costa Rica. “Omisión” que pretende ocultar la Actuación estatal. “Omisión” de la responsabilidad de quienes fueron denunciados públicamente por Jesús María como garantes del desarrollo de la estrategia paramilitar en el departamento de Antioquia.

El año siguiente, en 2009 la Fiscalía reabrió el caso y vinculo a Salvatore Mancuso y a Isaías Montes Hernández, alias “Junior”.

En año 2014, 17 años despues del asesinato se instalo la placa en el Palacio de Justicia José Félix Restrepo en memoria del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, allí el Estado hará orden de perdón. 

Hoy recordamos las palabras de uno de sus amigos, pronunciada el día del sepelio y que hoy siguen vigentes en nuestra colombia: “En este país las posiciones diferentes, claras y con argumentos sólidos que hablan de las angustias de un pueblo sometido a un conflicto que le ha quitado toda dignidad son acalladas porque, al decir de algunos, hacen parte de uno de los bandos de la guerra. Seguimos en ese punto donde no hay contradictores sino enemigos que se deben eliminar inmediatamente”.


Hoy, sus opiniones, pensamientos, palabras y sentimientos, retumban en la memoria de hombres y mujeres que construyen día a día justicia y que caminan en busca de la verdad y de un país distinto.

Jesús María Valle en la Memoria.
Jesús María Valle Sin Olvido

viernes, 26 de febrero de 2016

Silvia Margarita Duzán

Febrero 26 de 1990 - Febrero 26 de 2016 - Foto Arcadia

Silvia Margarita Duzán, nacida en Bogotá en 1958, estudió Economía en La Universidad de Los Andes, donde además de su pasión por el rock, le iba creciendo la propia por la verdad, lo que la fue encaminando por el Periodismo Investigativo. Su arduo trabajo y constante empeño, le permitió participar del grupo fundador de Semana e iniciar una carrera como periodista prometedora.

En 1990, Duzán se encontraba haciendo un documental sobre el narcotráfico y el sufragio en Colombia para el canal 4 de la BBC, para el cual realizaba sus investigaciones en Cimitarra, Santander, un municipio del Magdalena Medio azotado por la violencia y que ha estado por muchos años, en medio de las disputas de tres actores del conflicto, la guerrilla, los paramilitares y el ejército nacional.

Esa noche, cerca de las 9:30, SILVIA DUZÁN, SAÚL CASTAÑEDA ZUÑIGA, JOSÚE VARGAS MATEUS y MIGUEL ÁNGEL BARAJAS COLLAZOS, fueron asesinados bajo la orden de alias “Ariel Otero”, comandante paramilitar de la zona. Sus vidas fueron sentenciadas en complicidad con el ejército, y ejecutados a manos de Ramón Isaza de Sonson, Alejandro Ardila "El Ñato"; Hermógenes Mosquera "El Mojao", Armando Suescún. Incluso, se sabe que un trabajador de la ATCC que había tenido contacto con los paramilitares en esos días, fue quien citó a la periodista y a los dirigentes al restaurante en el que ocurrió la masacre.

Sumida en el conflicto armado, la población de la región decidió concretar una iniciativa de paz desde 1987, donde los actores armados no pudieran tener control sobre la salud, la educación, el trabajo y el territorio. Generando entonces, espacios de diálogo y denuncia, en el que se propusieron una construcción de comunidad capaz de autoorganizarse y autodeterminarse, como resultado de esta iniciativa esperanzadora nació la ATCC [Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare], que a pesar de las constantes amenazas que recibían por parte de las tres partes del conflicto, no se detuvo y permaneció enfrente del trabajo por la paz. 

La verdad es imprescindible para que esta comunidad se decidiera por una opción de Paz, en esto trabajaba Silvia incesantemente, para lo que acudió a tres de los líderes de la ATCC, con quienes se entrevistaría la noche del 26 de febrero de 1990, en un restaurante del municipio, donde habría de encontrarlos la muerte.

La investigación, por su parte, nunca arrojó pruebas concretas, lo que impidió la judicialización de los culpables. Ramón Isaza, que fue el más implicado en la investigación, declaró una cínica defensa, diciendo que padecía de Alzheimer, por lo que le era imposible recordar algún detalle acerca de la masacre, cínica pero fructuosa, la defensa impidió que se le judicializara.


Aún hoy, 26 años después, el caso sigue en la impunidad. Un Estado que le teme a la verdad y que no reconoce a las víctimas, mantiene hoy sin justicia el caso de Silvia Margarita Duzán y los tres líderes de la ATCC, extendiendo así a las víctimas a los familiares y a la comunidad.


Silvia Margarita Duzán, 25 años en la memoria, Silvia Margarita Duzán Sin Olvido

martes, 23 de febrero de 2016

Demetrio López

23 de febrero 2013 - 23 de febrero 2016

Hace un dos, un 23 de febrero del 2013, fue acallada la voz de otro líder afrodescendiente en Buenaventura, por intereses económicos que están detrás de los territorios colectivos de las comunidades negras. Demetrio López, de 33 años, era presidente del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de La Caucana, ubicado en zona rural del Distrito Portuario de Buenaventura. 

En varias oportunidades y a raíz de los descubrimientos de manejos irregulares en cuanto a la consulta previa que se debe realizar con su comunidad por los proyectos viales y portuarios que afectan su territorio, como la doble calzada Buga- Buenaventura y el Proyecto Portuario a cargo de la empresa Puerto Industrial Agua Dulce- SPIA, éste último bastante denunciado por otras comunidades negras, por el desarrollo del proyecto de manera inconsulta y afectando bienes de supervivencia de las comunidades; Demetrio tuvo confrontaciones fuertes con el representante legal del Consejo para ese momento y la señora Rosa Solis, quien se desempeñaba como asesora del mismo. 

El 26 de agosto de 2012, se llevó a cabo en la comunidad la asamblea de elección de Junta y Representación Legal, sin haberse hecho en el marco de la legalidad dicha convocatoria, Demetrio se postuló como candidato a la Representación Legal, momento en el cual empezó a recibir llamadas a su celular, en las que lo amenazaban si seguía con la intención de ser Representante Legal, tal situación ocasionó su retiro de la asamblea, luego de anunciarles sus amenazas a los asambleístas, procediendo a poner el correspondiente denuncio en la fiscalía de Buenaventura. 

Pese a las amenazas, Demetrio siguió luchando por los intereses de su comunidad, impugnando la elección que se llevó a cabo el 26 de agosto, aun habiendo anunciado la falta de garantías para continuar con el desarrollo de la asamblea. El 3 de enero de 2013, la Alcaldía Distrital, emitió Resolución No. 001, concediendo la impugnación liderada por Demetrio, ordenando se realizara nuevamente la elección de Junta y Representación Legal. Sin embargo, las amenazas continuaron y la fiscalía no brindó ninguna protección real y concreta para proteger la vida del líder, lo cual terminó con su asesinato el 23 de febrero de 2013, en el Barrio Nueva Frontera en Buenaventura, mientras esperaba encontrarse con una persona que supuestamente iba a ofrecer trabajo a los jóvenes del Consejo. 

Actualmente, la investigación penal por su homicidio cursa en la fiscalía 40 en Buenaventura, en la cual se pudo capturar al presunto autor material; sin embargo, nada se ha investigado aún, sobre los autores intelectuales que están detrás de su muerte y que fueron denunciados en su momento por el mismo Demetrio.

Han pasado tres año del asesinato de Demetrio, hombre que como muchos en Colombia expresaron su fuerte oposición al “desarrollo” éste que desplaza y mata, pero al que hombres valientes han enfrentado con su vida. 

Hoy la comunidad negra de Buenaventura conmemora un dos sin uno de sus líderes, un año de memoria y resistencia, esa que quedo como huella imborrable en la comunidad afrodescendiente.

Demetrio López en la memoria 
Demetrio López Sin Olvido 

domingo, 21 de febrero de 2016

Masacre San José de Apartadó


Febrero 21 de 2005 - Febrero 21 de 2016

Los habitantes de la comunidad de San José de Apartadó han soportado continuas amenazas y estigmatizaciones, han sufrido a causa de la desproporcionada militarización de sus caseríos y en numerosas ocasiones sus líderes y diferentes integrantes han sido judicializados con montajes y campañas de desprestigio.

El 21 de Febrero de 2005, hace once años, en la vereda Mulatos Medios, corregimiento de San José de Apartadó, Antioquia; sus pobladores fueron víctimas y testigos de torturas y brutales asesinatos que quedaron para siempre en su memoria.

Paramilitares miembros del bloque Héroes de Tolová, con ayuda de militares del Ejército nacional, incursionaron en el corregimiento e ingresaron por la fuerza a la casa de Luis Eduardo Guerra, reconocido líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Luis Eduardo, junto con su hijo Deyner Andrés Guerra, de 11 años, y Bellanira Areiza fueron asesinados con machetes y sus cuerpos sin vida dejados en la montaña. Posteriormente, asesinaron a Alfonso Bolívar Tuberquia junto con su esposa Sandra Milena Muñoz y sus hijos Natalia y Santiago de 5 y 2 años, quienes según los comandantes alias “Cuatro Cuantro”, “Makeison”, “Aguila 6” y “Cobra”, del escuadrón paramilitar, “en el futuro serían una amenaza guerrillera si los dejaban vivos”. También acabaron con la vida de Alejandro Pérez, un sencillo trabajador de la zona.

Estos hechos fueron utilizados como excusa para que el entonces presidente de la República Álvaro Uribe ordenara mayor presencia policial y militar en esta zona donde hace años no existía la circulación de armas, puesto que desde 1997 la comunidad se había declarado neutral ante la presencia paramilitar y guerrillera. Tras la militarización de la zona, las familias de la Comunidad se vieron obligadas desplazarse, abandonando todo lo que habían construido. 

En 2010, a pesar de las declaraciones del ex jefe paramilitar extraditado Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, quien confesó que bajo su mando el bloque paramilitar Héroes de Tolová con ayuda del Ejército Nacional había cometido este crimen, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia absolvió a 10 militares de su responsabilidad en la masacre de San José de Apartadó.

La Fiscalía, la Procuraduría y la parte civil apelaron el fallo. Luego de revisar pruebas documentales y testimonios, el Tribunal Superior de Antioquia decidió retirar la absolución de cuatro militares con mando y los otros seis mantuvieron el fallo de primera instancia. 

Adriano José Cano, alias “Melaza”, y Joel Vargas, alias “Pirulo”, paramilitares que participaron en la masacre, admitieron su responsabilidad; estas confesiones permitieron que la Fiscalía dictara orden de captura al ex capitán del Ejército Guillermo Gordillo Sánchez e iniciara una investigación en contra de 66 militares de la Brigada XVII del Ejército con sede en Carepa.

Con el apoyo de diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos se ha pedido vincular a la investigación por la Masacre a los Generales Mario Montoya, Jaime Fandiño y Luis Alfonzo Zapata, al igual que a los coroneles Néstor Iván Duque y Orlando Espinosa, por su responsabilidad en la planeación de la operación Fénix, en medio de la cual se cometió la masacre.

En el proceso de investigación se han dictado más de 20 condenas a integrantes de grupos paramilitares entre los que se encuentran: Marcial Hoyos Soñet, Alexander Arrieta Gómez y José Fuentes Lagares, éstos aceptaron ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH, su responsabilidad por delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. Asi mismo Nafer Antonio Guzmán Trujillo y Henry Enrique Payares Pacheco, Uber Darío Yañez Cavadías comandante militar del bloque, Jorge Luis Salgado David, José Joel Vargas Flórez, Bionor Vargas Flórez, Rober Darío Muñoz Hernández, Francisco Javier Galindo Martínez, Edinson Galindo Martínez, Neder Antonio Mestra Rojas, Juan Alberto Ruiz Yañez, Manuel Antonio Urango Mejía, Yamid de Jesús Gonzáles Galaraga, Erney Eduardo Portillo Paternina, Aldo Antonio Agames, Javier Enrique Salgado Martínez, Jorge Luis Gutiérrez Alean, Esaut José Feria Martínez, y Ulises Burgos a los que les fueron dictadas ordenes de prisión de entre 12 a 40 años de cárcel.

A la fecha la Fiscalía condenó por homicidio en persona protegida y concierto para delinquir a nueve integrantes del grupo paramilitar que perpetró la Masacre. 

El 20 de febrero de 2010 el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia le impuso 20 años de cárcel a el capitán (r) del Ejército Nacional Guillermo Armando Gordillo Sánchez, quien aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir. 

Finalmente, sobre la sentencia absolutoria dictada a diez militares, tres oficiales y siete suboficiales, por el Juzgado Segundo Especializado de Antioquia el 4 de agosto de 2010, la Fiscalía apeló el fallo y aguarda la decisión del Tribunal Superior de Antioquia. En el proceso, el Ministerio de Defensa se defendió argumentando que no se le podía responsabilizar por los actos cometidos por un grupo ilegal que nada tenía que ver con la institucionalidad. La Procuraduría contrarió la posición del Ministerio, sosteniendo que existía una “flagrante responsabilidad del Estado por la ejecución extrajudicial de personas protegidas”, con el agravante de que, tres de ellas eran menores de edad y fueron asesinadas con igual sevicia. 

El tribunal de Antioquia ha ordenado al Ejército que, en presencia de altos mandos militares, habitantes la zona y medios de comunicación regionales y nacionales, ofrezca públicamente disculpas por la masacre y se comprometa, de forma "contundente", a tomar las medidas necesarias para que "lo acontecido no vuelva a suceder".

En 2012, la Corte Constitucional en su Auto 164 del 6 de julio ordenó al Ministro del Interior que “en el término máximo de un mes contado a partir de la comunicación del presente auto, coordine y ponga en marcha el procedimiento para la presentación oficial de la retractación frente a las acusaciones realizadas contra la Comunidad de Paz y sus acompañantes”. Más de un años después, en 2013, la comunidad de Paz viajó a la ciudad de Bogotá para recibir el acto de perdón. Sin embargo, en esa ocasión el actual presidente Juan Manuel Santos incumplió la cita y no se reunió con la comunidad.

Meses después, el presidente Santos finalmente le pidió perdón a la comunidad de San José de Apartadó por las falsas acusaciones que realizó el ex presidente Álvaro Uribe y altos mandos militares en su contra. Dicho perdón fue cuestionado por la comunidad al no ser presentado directamente con la comunidad y aseguraron que lamentan “profundamente que las decisiones y omisiones del Señor Presidente, continúen sin aparente comprensión de que nuestra Comunidad de Paz sigue sufriendo un proceso de exterminio”

A pesar de todas estas investigaciones y algunas condenas, las víctimas de la Comunidad de paz de San José de Apartadó siguen exigiendo e instando al gobierno y al estado colombiano, a una verdadera justicia, a una verdad real. Que sean juzgados los militares y paramilitares de más alto rango. Que no solamente sean condenados los autores materiales sino también los intelectuales. Así mismo, las víctimas y la parte civil del proceso han exigido y solicitado que también sea investigado el ahora, ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

Han pasado once años desde esos días de horror y miedo. La comunidad de paz de San José de Apartadó sigue con su resistencia pacífica en el territorio y denuncia continuamente los graves atropellos de los cuales aún son víctima. A nueve años de la masacre de estos hombres, mujeres y tres niños, la comunidad exige justicia y verdad por la memoria de quienes fueron silenciados.

Vítimas de la masacre de San José de Apartadó en la Memoria.
Vítimas de la masacre de San José de Apartadó  Sin Olvido.

miércoles, 17 de febrero de 2016

Sandra Viviana Cuellar

Febrero 17 de 2011 -Febrero 17 de 2016

Sandra Viviana Cuellar, contaba tan solo con 26 años de edad cuando fue víctima de desaparición forzada mientras se transportaba de la ciudad de Cali al municipio de Palmira, en el Valle del Cauca, en donde era estudiante de la Universidad Nacional.

Sandra Viviana, ingeniera ambiental de profesión, fue parte de la organización CENSAT Agua Viva desde donde lideró diferentes procesos sociales en la defensa del medio ambiente y los derechos humanos, también denunció el saqueo y la destrucción de cuencas, humedales, paramos y bosques en Colombia.

El lunes 17 de febrero de 2011, hace cuatro años, Sandra Viviana fue vista por última vez en el sector de El Terminalito, cuando se dirigía hacia Palmira para continuar dictando clases. Sus padres y amigos, luego de buscar por sus propios medios a Sandra Viviana, llevaron la investigación a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, aún no se sabe de su paradero ni quiénes son los responsables de su desaparición.

Desde ese fatídico día sus padres, amigos y compañeros organizan diferentes actividades para mantener viva la memoria de Sandra Viviana. El primer año, en 2012, realizaron una tarde cultural en el parque Jovita. Cuando se conmemoró el tercer aniversario de la desaparición de Sandra Viviana, se realizó el Carnaval por la vida, un evento lleno de expresiones artísticas- culturales, poesía, danza, un mural con fotografías y mucha música en el teatro al aire libre los cristales.

Hoy, luego de cuatro años de la desaparición forzada de Sandra Viviana, su familia, sus amigos y las organizaciones continuán buscando a ésta mujer que defendio la vida con su vida.




Sandra Viviana Cuellar en la Memoria.
Sandra Viviana Cuellar Sin Olvido.


martes, 16 de febrero de 2016

La danza de la muerte paramilitar en El Salado

16 de febrero 2000 - 16 de febrero 2016 - Foto: Eduardo Herran
Hace 16 años, entre el 16 y el 21 de febrero de 2000 el corregimiento de El Salado fue víctima de una de las masacres más violentas perpetrada por paramilitares. Allí sólo eran posibles dos papeles, ser testigos forzados o ser las víctimas de la danza paramilitar que termino con la vida de más de 80 campesinos de una manera cruenta.

Por testimonios de los sobrevivientes sabemos lo que sucedió. Paramilitares que sin la mínima muestra de arrepentimiento o culpabilidad, narran apartes de lo sucedido, como en la versión libre del paramilitar “Juancho Dique”, quien afirmó que “A algunas de las víctimas de la masacre de El Salado las guindaron con cáñamos en los árboles, y las mataron con bayoneta. Fusiles que tenían bayonetas, y eran degolladas. Eso fue delante de la gente. Mientras mataban, los otros, de puro ocio, tocaban gaitas, tamboras y violines. Eso fue durante la masacre que duró entre 3 o 4 horas".

LA DANZA DE LA MUERTE PARAMILITAR EN EL SALADO

En la noche del 15 de febrero un grupo mayor a 400 paramilitares fuertemente armados bajo el mando del paramilitar conocido como H2 o Jhon Henao, se dividió en tres fracciones uno bajo el mando de” Amaury”, otro bajo el mando de 5-7 y en el ultimo estaba H2, un grupo ingreso a El Salado por la carretera principal de El Carmen. Otro entro por Ovejas, siguiendo la vía Flor del Monte y canutalito, y el último grupo llego por un sitio conocido como la Reforestación. Guiados por un grupo de desertores que se entregaron al ejercito. En los corregimientos de Canutal, Canutalito, y las veredas San Rafael, El Cielito, Patevaca y Bajo Grande, los paramilitares asesinaron a cerca de 42 campesinos. Desde estos puntos, los paramilitares iniciaron su danza de muerte.

Las víctimas fueron amordazadas, torturadas y luego degolladas. Quemaron varias viviendas, sacaban de las casas a sus víctimas y las asesinaban frente a sus mujeres y niños. Las víctimas fueron señaladas por una persona encapuchada que acompañaba a los agresores. En la mañana del 16 en la vía que comunica El Salado y Carmen de Bolívar paramilitares detuvieron un campero de servicio público y asesinaron a Edith Cárdenas y a los demás que se movilizaban en el vehículo, de este hecho sobrevivieron María Cabrera y otro pasajero quienes huyeron corriendo por el rastrojo. Entre el 16 y 17 de febrero se dio el desplazamiento masivo de la región a causa del accionar paramilitar, en el caserío del Salado permanecieron cerca de 200 personas.

En la mañana del viernes 18 de febrero los habitantes que permanecían en el caserío fueron sorprendidos por un grupo de hombres armados que lleno el pueblo. La gente no tuvo tiempo de huir, los paramilitares gritaban “salgan, partida de guerrilleros, que todo el mundo se muere hoy”.
Los paramilitares reunieron a todas las personas en la plaza, junto a la iglesia. Los desertores que servían de guías empezaron a señalar a los que según ellos eran guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla e iban siendo ejecutados. Una Joven fue arrastrada por el pueblo sujetada del cabello luego fue colgada de un árbol y degollada, su nombre era Nayibis y la señalaron de ser compañera sentimental de un guerrillero (Martin Caballero).

Mientras los paramilitares continuaban con sus ejecuciones, un helicóptero sobrevolaba el caserío disparando contra las viviendas, en una de ellas murió el campesino Libardo Trejos, quien se escondía con otro grupo de campesinos. Las víctimas no eran escogidas solo por ser señaladas por los desertores, también eran escogidas al azar como fue el caso de Francisca Cabrera, o Ever Ureta que sufría un retraso mental y fue torturado para que confesara que pertenecía a las FARC.
Las muertes se produjeron cada media hora mientras los pobladores estaban reunidos en la plaza bajo el sol y veían como la plaza se llenaba de cadáveres mientras los paramilitares festejaban. Los paramilitares sacaron tambores, gaitas y acordeones y cada vez que asesinaban tocaban los instrumentos.
Pero para los paramilitares no era suficiente y se ensañaron con las mujeres, violandolas y torturadoras, a una de las habitantes le introdujeron alambres por la vagina. Mientras les gritaban que eso era porque eran amantes de los guerrilleros.

Al caer la noche la gente fue obligada a regresar a sus casas, nadie durmió , sólo los disparos al aire de los paramilitares rompían el silencio que atrapo a El Salado. El sábado 19 los habitantes que permanecían en el salado salieron y el terror continuo pues los paramilitares permanecían en el pueblo y se dedicaron al saqueo de los negocios de comercio, a las 3 de la tarde se escucharon disparos y los paramilitares abandonaron el lugar. Fue en ese momento que las personas del Salado pudieron llorar a sus muertos. Algunas de las víctimas fueron: Roberto Madrid Rodríguez, Luis Pablo Redondo Torres, Marco José Caro Torres, Margoth Fernández Ochoa, Nayibe Contreras, Nelvis Judith Arrieta Martínez, Néstor Tapias Arias, Óscar Antonio Meza Torres, Osnedis Cohen Sierra, Pedro Parra, Pedro Torres Montes, Rogelio Ramos Olivera, Rosmira Torres Gamarra, Saulo Navas, Víctor Arias Julio, Víctor Ureta Castaño, Wilfredo Barrios Parra, Libardo Rafael Trejos Garrido, Dora Torres Rivero, Edgar Cohen Castillo, Alejandro Alvis Garrido, Alejandro Alvis Madrid, Arturo Martínez, Eduardo Alfonso Torres P., Desiderio Francisco Zambrano Salcedo, Justiniano Pedraza Teheran, Eduardo Navas Alvis, Eduardo Novoa, Edwin Cohen Sierra, Eliseo Torres Sierra, Jairo Alvis Garrido, Jose Manuel Tapias Arias, Helen Arrieta Martínez, Freddy Montes Arrieta, Francisca Cabrera De Paternina, Euclides Torres Zabala, Érmides Cohen Redondo, Enrique Medina Rico, Emiro Cohen Torres, Eloy Montes Olivera, Gilfredo Brochero Bermúdez, Luis Pérez Manrique, José Paternina, Marcos Díaz Morales, Mauro González, Miguel Antonio Avilés, Miguel Antonio Martínez, Moisés Gutiérrez, Moisés Martínez, Luis Alfonso Peña Salcedo, Rafael David Núñez, Rafael Antonio Núñez Sánchez, Evert Núñez, Nelson Torres, Daribel Restrepo, Septimo Olivera Correa, Liberio Antonio Cortés Rodríguez, Amaury De Jesús Martínez, Antonio Martínez Montes, Benjamín Jose González Anaya, Dairo De Jesús González Olivera, Daniel Restrepo, Elsy Morales, Emiro Castillo Castilla, José Avilés, Julio César Díaz Martínez, Daniel Francisco Díaz Morales, Jose Manuel Ortega, Jorge Eliécer Mercado Vergara, John Núñez, Felix Antonio Pérez Salcedo, Evert José Verbel Martínez, Juan González .

Ni las tropas del Batallón de Fusileros de Infantería de Marina No. 5, al mando del coronel Harold Mantilla Serrano; ni las del Batallón de Contraguerrilla No. 31, al mando del Teniente Coronel Jorge Castañeda; ambas adscritas a la Brigada No. 1 de Infantería de Marina, al mando del General Rodrigo Quiñones; ni la Policía del Departamento de Bolívar o Sucre, hicieron algo para prevenir la incursión armada, mucho menos para detener la masacre. Su aquiescencia y complicidad con estructuras paramilitares fue mimetizada a través de los medios de información.

Según los medios de información, el comandante del Batallón de Fusileros de Infantería de Marina, Bafim 5, adscrito a la Brigada 1, con sede en el municipio de Corozal (Sucre), teniente coronel Harold Mantilla Serrano, dijo que: ‘los muertos son el resultado de combates entre guerrilla y autodefensas: las autodefensas detuvieron en un comienzo a guerrilleros y ex guerrilleros de las FARC para que les señalaran a las personas que posteriormente serían asesinadas por sus presuntos nexos con la guerrilla”. Pero, según la Personería Municipal de Ovejas, “de acuerdo con la información entregada por los desplazados, no hubo enfrentamientos sino la masacre de los paras”. Así mismo: El comandante de las FFMM, general Fernando Tapias, dijo que ‘en la región de Montes de María vienen registrándose combates entre guerrilleros y autodefensas’. Estamos tratando de establecer si los muertos son por los enfrentamientos o por la incursión”. En un comunicado, los paramilitares afirmaron que: “Hubo combates con las FARC en la zona y que los subversivos “se vistieron de labriegos”. Daban un parte de “47 guerrilleros muertos y 12 capturados”.

“En su declaración, Juan Vicente Gamboa, conocido como “Pantera”.’señaló a los militares como los autores intelectuales de la masacre, el paramilitar Gamboa, quien fue Infante de Marina entre 1992 a 2000, afirmó en el marco de la Ley 975 para la desmovilización paramilitar, que: “el general Rodrigo Quiñonez, comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina; los coroneles Diazgranados Mantilla y Bautista Carcamo; el coronel Harold Mantilla Serrano, comandante del Batallón Quinto Fusileros de Marina, y el capitán Becerra Durán, se reunieron en el Batallón de Infantería de Marina con él y planearon la ejecución de la masacre de El Salado, ocurrida entre el 16 y 19 de febrero de 2000 en el corregimiento de El Carmen de Bolívar”, y aseguró que los oficiales le entregaron una lista con varios nombres y que ofrecieron poner a su disposición un grupo de 25 infantes de marina. En este hecho fueron asesinadas 100 personas por hombres del bloque norte de las Autodefensas, comandado por Salvatore Mancuso”.


Por otra parte, el paramilitar Úber Enrique Bánquez, conocido como “Juancho Dique", del bloque Héroes de los Montes de María, afirmó en una de las versiones libres del 30 de julio de 2008, que parte de los paramilitares estaban al mando del comandante “Gallo”, de las estructuras del Bloque Norte de las AUC, comandado por Rodrigo Tovar Pupo, conocido como “Jorge 40”. Otra parte eran paramilitares conocidos como “Los Niches”, de las estructuras bajo el mando de Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. Las otras unidades paramilitares eran del bloque “Héroes de los Montes de María” al mando de conocido como “Cadena”, y el segundo al mando era “Juancho Dique”.

El paramilitar Jhon Jairo Esquivel, conocido como “El Tigre”, en su versión libre del 30 de octubre del 2008, reconoció haber participado en la masacre de EL Salado bajo el mando de “Jorge 40”. Según “El Tigre”, previo a la masacre “se realizó una reunión en una finca de San Ángel, departamento del Magdalena, donde estuvieron Mancuso, “Jorge 40”, Amaury, “H2” y “5-7”, planificando la incursión a El Salado”.


En sentencia del 28 de febrero del año 2003 del Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, fueron condenados 15 paramilitares por su participación en la masacre del Salado de los cuales sólo uno tenía calidad de jefe de uno de los grupos paramilitares que incursionó en El Salado. Se trata de John Henao, alias “H2”, quien no se encuentra cumpliendo la pena de prisión impuesta, pues se fugó de la cárcel en febrero de 2001. Otro de ellos fue asesinado en el año 2009, por lo que tan solo 13 paramilitares purgan efectivamente una condena a partir de esta sentencia.

En septiembre del 2011 Francisco Robles Mendoza, alias 'Amaury', en diligencia de formulación de cargos para sentencia anticipada reconoció ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, hurto agravado y calificado, daño en bien ajeno, incendio y acceso carnal violento en hechos ocurridos en el corregimiento del salado.

Solamente un miembro de la fuerza pública, el capitán Héctor Martín Pita Vásquez, entonces comandante de la Compañía Orca del Batallón Contraguerrillas n.° 31 de la Infantería de Marina, ha sido acusado penalmente por los hechos de la masacre de 2000, aun cuando existen evidencias que demostrarían la responsabilidad de otros integrantes de la fuerza pública de más alto nivel, como el entonces coronel Rodrigo Quiñónez , comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina, con jurisdicción en la región de los Montes de María.

En enero del año 2006 la Asociación de Desplazados del Salado Bolivar (ASODESBOL) y la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS) Elevaron petición ante la comisión interamericana de derechos humanos por la Masacre y desplazamiento forzado de los montes de maría. Petición que fue admitida por la Comisión.

Por otra parte, en el proceso especial de la ley 975 de 2005, conocida como ley de “justicia y paz”, algunos paramilitares han admitido su responsabilidad en la masacre pero han tratado de minimizarla o justificarla al calificarla como una “operación militar” en la que supuestamente hubo “combates” con guerrilleros. La mayoría de ellos han negado la violencia sexual y las torturas, así como los “sorteos” y la “fiesta” que emprendieron al momento de perpetrar la masacre. Este escenario judicial, antes que convertirse en un espacio para la reconstrucción de la verdad, se ha convertido en un escenario de validación de la impunidad y de justificación de estos crímenes por parte de los paramilitares.
En julio de 2011 el Presidente Juan Manuel Santos pidió perdón a la comunidad de El Salado y se comprometió a reconstruir el municipio, palabras que hoy 15 años después quedaron en el aire para las familias del municipio.

Hoy la impunidad es la última palabra. Las investigaciones ocultan la sistematicidad de cada uno de los hechos, tergiversan y ocultan las responsabilidades institucionales, desenfocan haciendo ver lo que es posible hacer ver pero ocultan la magnitud de los hechos, su intencionalidad. No esclarecen confunden.
Hoy 15 años después del inicio de la Danza de la muerte paramilitar en El Salado, la Verdad, la Justicia y la Reparación es un Derecho para los habitantes de El Salado. En su memoria, desde su memoria, la Justicia.

Información tomada de: la revista Semana, Verdad Abierta, Comisión Colombiana de Juristas, CIDH, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Víctimas de la masacre de El Salado en la memoria
Víctimas de la masacre de El Salado Sin Olvido
16 de febrero de 2016


domingo, 7 de febrero de 2016

Isidro Caballero Delgado

Febrero 07 de 1989 - Febrero 07 de 2016



La desaparición forzada de Isidro Caballero Delgado, ocurrida el martes 7 de febrero de 1989 en San Alberto, Sucre, significó la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Colombiano por su responsabilidad en la desaparición forzada del señor Caballero y de María del Carmen Santana.


Isidro Caballero Delgado se desempeñaba como dirigente sindical del magisterio santandereano desde hacía 11 años. Gracias a su activa participación como dirigente sindical, fue víctima de manera constante de hostigamientos y amenazas, las cuales involucraron su detención en la Cárcel Modelo de Bucaramanga.


El 7 de febrero de 1989, Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, quien pertenecía al Movimiento 19 de Abril (M-19), estaban promoviendo la participación de la comunidad en la realización del “Encuentro por la Convivencia y la Normalización” que se llevaría cabo el 16 de febrero de 1989 en el Municipio de San Alberto. Esta actividad era organizada por el “Comité Regional de Diálogo” y su objetivo era “procurar una salida política al conflicto armado, propiciando encuentros, foros y debates en diferentes regiones”.

Ese día, Isidro Caballero y María del Carmen Santana fueron capturados por una patrulla militar conformada por unidades del Ejército de Colombia acantonadas en la base militar Líbano (jurisdicción de San Alberto) adscrita a la Quinta Brigada con sede en Bucaramanga. Nunca más fueron vistos con vida.

Elida González Vergel, una campesina que transitaba por el mismo lugar en que fueron capturados Isidro Caballero y María del Carmen Santana, fue retenida por la misma patrulla del Ejército y dejada en libertad. Durante su captura, la Sra. Elida vio a Isidro Caballero con un uniforme militar camuflado y a una mujer que iba con ellos. Javier Páez, otro habitante de la región, fue retenido ese mismo día por el Ejército colombiano, torturado y dejado en libertad posteriormente. Por los interrogatorios a que fue sometido y por las comunicaciones de radio de la patrulla militar que lo retuvo supo de la captura de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, así, una vez puesto en libertad, dio aviso a las organizaciones sindicales y políticas a las que ellos pertenecían, las cuales a su vez, informaron a sus familiares.

Al conocer de su captura, la familia de Isidro Caballero Delgado y varios organismos sindicales y de derechos humanos iniciaron la búsqueda de Isidro y María del Carmen en instalaciones militares, donde se negó que ellos hubieran sido aprehendidos. Posteriormente se entablaron acciones para ubicar el paradero de los desaparecidos y sancionar a los responsables pero no hubo resultados positivos. Tampoco se obtuvo reparación de los perjuicios causados.

En diciembre de 1995 la Corte Interamericana de Derechos humanos sentenció por primera vez al Estado Colombiano por haber “violado en perjuicio de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana los derechos a la libertad personal y a la vida contenidos en los artículos 7 y 4 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Sin embargo, 27 años después de los hechos y 19 años después de la Sentencia de la corte, la justicia interna no ha sancionado a los responsables a pesar de contar con material probatorio para tal efecto, razón por la cual el caso continúa en la completa impunidad. Aún los familiares de Isidro y de María del Carmen piden justicia por la desaparición y el asesinato de sus seres queridos y esperan que algún día la justicia condene a los máximos responsables, revele toda la verdad y les repare integralmente. 26 años después los familiares siguen firmes en sus exigencias y sobre todo en la conservación de la memoria de estos desgarradores hechos.

Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana en la memoria

Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana Sin Olvido


Comisión Colombiana deJuristas

Alba Mery Chilito


Foto: El Espectador- Rodrigo Grajales
Febrero 07 de 2013 - Febrero 07 de 2016

Alba Mery luchaba día a día por buscar la verdad, es así que fue parte de la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo, en el Valle del Cauca, exigía el cumplimiento a los derechos de mujeres, hombres y niños de su comunidad, exigía verdad, justicia y reparación para las víctimas del paramilitarismo, en esta región a raíz de las masacres vividas entre 1.987 y 1.994 que dejaron más de 300 víctimas.

Hace tres años  el 7 de Febrero de 2013, aproximadamente a las 8:00 de la mañana, Alba Mery Chilito fue asesinada por paramilitares. La lideresa social como todas las mañanas, llevaba a su nieto de 9 años al colegio; al dejarlo allí se dirigió al puesto de ventas que administraba en el parque recreacional, construido en honor a las víctimas de la violencia narco paramilitar, irónicamente estando en este lugar de salvaguarda de la memoria y dignificación de las víctimas, fue atacada por la espalada recibiendo varios impactos de bala que de inmediato la dejaron sin vida.

Meses antes, paramilitares le habían enviado innumerables amenazas en contra de su vida, y a pesar de las denuncias hechas por pobladores, organizaciones sociales y de derechos humanos y de los fallos de instancias internacionales de justicia como la CIDH, este grupo armado aun controla la zona urbana, rural y alrededores de Trujillo. Su insistencia en que no se sepa lo que pasó durante los años de la masacre sigue presente generando terror en los pobladores. Sin embargo Alba Mery con su fuerza de madre y abuela, asistía día a día al Parque de las Víctimas, allí sembraba flores en memoria de los cientos de asesinados, entre ellos su hija y dos familiares más, siempre estuvo pendiente de los procesos de reparación y además denunció constantemente la complicidad del ejército y la policía con el accionar paramilitar. 

Precisamente, días antes de su asesinato Alba Mery estaba averiguando por el proceso de indemnización correspondiente a la solicitud hecha a través de la CIDH al Estado colombiano por el asesinato de su hija durante la masacre iniciada en 1.984, y que debido a la impunidad en este caso fue llevado a esta instancia internacional en la que años después, se logra condenar al Estado colombiano obligando al presidente de la época, Ernesto Samper, a pedir perdón a los familiares de las víctimas. De este fallo quedaron 12 conclusiones y 9 recomendaciones, de las cuales la mayoría no se han cumplido, una de ellas es paradójicamente, la de garantizar la protección de los testigos y familiares sobrevivientes y que claramente ha sido incumplida, una muestra de ello es el asesinato de esta luchadora comunitaria. 

Lamentablemente Alba Mery murió sin ser reparada. Ahora su asesinato se suma a la lista de crímenes cometidos por las estructuras paramilitares que aun hoy, pasean por las calles de Trujillo y que siguen en la impunidad.

De acuerdo a las denuncias e informes arrojados por las organizaciones sociales y de derechos humanos, esta presencia curiosamente coincide con la actividad empresarial en diversas localidades donde se encuentra la multinacional Smurfit Cartón de Colombia. Aun hoy a 30 años después de la fatídica historia de Trujillo, seguimos viviendo en un país de masacres, de terror y de represión. El asesinato de Alba Mery no fue el único ocurrido en la región, el año pasado con ella más de 15 personas perdieron su vida. 

Alba Mery, siempre será recordada por ser buena gente, por su servicio a los demás en la comunidad, una luchadora incansable por la defensa de los derechos humanos, una mujer recta, trabajadora y de gran resistencia. Los pobladores se mantienen en dignidad conservando la memoria y luchando por encontrar justicia, verdad y reparación. Hoy en el parque central de Trujillo el árbol símbolo de la memoria que no se calla a pesar del miedo, lleva el nombre de Alba Mery, ella sigue viva en el corazón de todas y todos.


Alba Mery Chilito en la memoria
Alba Mery Chilito sin olvido

viernes, 5 de febrero de 2016

JULIO HENRIQUEZ SANTAMARIA

Febrero 4 de 2001 - Febrero 4 de 2016

Han pasado 15 años desde la desaparición forzada y posterior asesinato de JULIO HENRIQUEZ SANTAMARIA, Defensor de Derechos Humanos, del ambiente, biólogo protector de la naturaleza, Consejero de Paz en el departamento del Magdalena en 1992, profesor, economista solidario, militante del M19, amigo, hijo, padre, esposo. 

Julio, nació el 29 de marzo de 1952 en Cereté (Córdoba). Hijo de Julio, dedicado al comercio de calzado y Belarmina, modista y comerciante. 

Estudió Biología en la Universidad Libre de Bogotá, en donde fue presidente del Consejo Estudiantil. Hizo parte del comité editorial del periódico de la Unión Revolucionaria Socialista (URS) hasta que se radicó en Santa Marta junto a su hija Nadia y su esposa Zulma Chacín. Allí, se vinculó al M-19 a través del Frente Democrático, con una amplia actividad política local, junto a Ricardo Villa, su gran amigo y compañero. En 1990, Julio se articuló a la Alianza Democrática M-19 con quienes se lanzó como candidato suplente al Consejo Municipal junto con Clementina Cayón de Bateman. Coincidencialmente, para esta fecha se dio el proceso de paz con el M-19. 

Para 1984 decide acogerse a la amnistía propuesta por Belisario Betancur y radicarse en Guacamayal, corregimiento de Ciénaga en la Zona Bananera. 

Sin embargo, para finales de los 80, cuando la presencia paramilitar se hacía intensa en Guacamayal, la ocupación territorial basada en asesinatos selectivos e indiscriminados, amenazas, desplazamiento y abandono de tierras, hicieron que malvendiera sus tierras y regresara a Santa Marta, ubicándose con su familia en Calabazo, zona de amortiguación del Parque Tayrona. 

Trabajó el activismo en derechos humanos desde el Comité Permanente de Derechos Humanos en Santa Marta, y fue nombrado como Consejero de Paz del Departamento del Magdalena en 1992. En este proceso acompañó la desmovilización del EPL y el proceso de conformación de Esperanza Paz y Libertad en el Magdalena, así como acercamientos para la posibilidad de diálogos para la paz. Para ese año se dieron las primeras amenazas en su contra. 

Dejando el cargo en la Gobernación, se dedicó de lleno al trabajo en derechos humanos, siendo presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos en Santa Marta. Para 1993, amenazan fuertemente a todos los miembros del Comité y asesinan a uno de sus miembros. 

Para el año 2000, decidió volver a Calabazo para impulsar junto con los pobladores de la región, un proyecto de ecoturismo y de reforestación, así como la creación de reservas naturales en la zona de amortiguación del Parque Tayrona. 

Posterior a esto continua con su trabajo, en la defensa de los territorios y el respeto a los derechos humanos, hasta aquel domingo 4 de febrero de 2001, cuando se encontraba reunido con campesinos y parceleros de la región en la asamblea de constitución de la Asociación Ambientalista Comunitaria de Calabazo "Madre Tierra", allí varios hombres armados, paramilitares, bajo el mando de Hernán Giraldo Serna y Francisco ’Pacho’ Muzo, se lo llevaron a la fuerza frente a la mirada impotente de más de 20 personas. 

Luego de seis años de búsqueda, en la que sus amigos y familiares, así como organizaciones de derechos humanos aunaron esfuerzos para encontrarlo y exigir que se castigara este crimen de desaparición forzada, se logró llevar hasta la etapa de juicio y que los victimarios reconocieran el crimen, así mismo, se conocieron las coordenadas del lugar de la fosa individual con sus restos mortales. 

El 11 de octubre de 2007, luego de una diligencia de exhumación en la vereda La Estrella, a cinco minutos de Calabazo, dirigida por la Unidad de Justicia y Paz, se recuperaron sus restos que ya fueron identificados y reconocidos como Julio Henriquez Santamaria. 

La investigación de una Fiscalía de Derechos Humanos y DIH permitió establecer que la desaparición y posterior asesinato de de Enriquez fue motivada por el interés del ex jefe paramilitar de la Sierra Nevada de Santa Marta, Hernán Giraldo, de apoderarse de sus terrenos para sembrar cocaina. En contra de dicho paramilitar y de Leonidas Acosta, se emitió resolución de acusación, condenándolos a 38 años y cinco meses de prisión quienes antes de ser extraditados a los Estados Unidos, el 13 de mayo de 2008, fueron escuchados en juicio el 20 de marzo del 2007. El proceso penal continúa contra Jairo Musso quien dio la orden final y dirigió el operativo de cuatro personas que sacaron a Julio Henríquez de una reunión. 

El 15 de diciembre de 2007, más de dos meses después de ser hallado, fueron entregados sus restos por parte de la Fiscalía General de la Nación en el Salón Bolívar de la Gobernación del Magdalena. Luego fue llevado hasta el Cementerio San Miguel donde fue enterrado junto a sus padres, abuela y familiares de su esposa.


En palabras de Zulma, su esposa, hoy dignificamos su memoria: “La bandera de Julio es de muchos colores y su vida representa la de tantas y tantos luchadores sociales, ambientales, políticos, comunitarios, de derechos humanos, nuestra mejor gente, la que ya no tenemos junto a nosotros haciendo lindo este país

La bandera de Julio Henríquez Santamaría es de muchos colores y su vida representa la vida de tantas y tantos luchadores sociales, ambientales, políticos, comunitarios, de derechos humanos, nuestra mejor gente, la que ya no tenemos junto a nosotros transformando este país 

Julio Henriquez Santamaria en la Memoria 
Julio Henriquez Santamaria Sin Olvido


04 de febrero 2016
Sin Olvido