viernes, 30 de octubre de 2015

Acto de memoria Bogotá 30 de Octubre




Acto por la memoria el próximo 30 de octubre a las 5 de la tarde en la plaza Eduardo umaña Mendoza antigua plaza de las nieves para recordar a Jorge Ortega García vicepresidente de la central unitaria de trabajadores asesinado hace 17 años, a Luciano Romero Molina dirigente sindical de sinaltrainal asesinado hace 10 años y al compañero Jaime Pardo Leal asesinado hace 28 años, igualmente al compañero Alex Fabián Espinoza asesinado el pasado 31 de mayo dirigente sindical de la rama judicial integrante del movimiento Nacional de víctimas.




Invita: MOVICE




APOYA: CUT. USO. SINALTRAINAL. ASOCIACION NACIONAL SINDICAL DE TRABAJADORES (ANTHOC)

jueves, 8 de octubre de 2015

Gilma Yaneth Pineda Metaute



Martes 8 de octubre de 1996 - 8 de octubre de 2015



Hoy, Gilma Yaneth Pineda Metaute tendría 38 años y habría podido acompañar a su hija en estos 19 años, a dar sus primeros pasos, llevarla a la escuela, acompañar su adolescencia,  asistir a sus grados, celebrar sus 15 años, su mayoría de edad...



Hoy se cumplen 19 años de su asesinato por miembros del Estado colombiano en complicidad con grupos paramilitares en el Departamento de Antioquia.

Yaneth fue la tercera de cuatro hermanas (o), nació en una vereda del municipio de San Roque en Antioquia, al igual que sus hermanas (o) creció entre cafetales, con el arrullo de los pájaros y el hermoso paisaje adornado de exuberantes montañas. Para ese entonces su família tenía una parcela en la que cultivaban productos de pan coger, café y árboles frutales, eso les alcanzaba para sobrevivir sin tantos apuros. 

El padre y la madre de Yaneth, dos campesinos, curtidos de trabajar la tierra, personas honestas e inconformes con la difícil situación que vivían los campesinos de la zona, se involucraron muy pronto en el movimiento campesino, en ese tiempo respaldado y apoyado por comunidades eclesiales de base, hombres y mujeres dedicados a llevar el mensaje de Cristo en todos los rincones de nuestro país, llegaron hasta esta vereda hablándo de un Cristo obrero, trabajador, que se encarnaba en la lucha contra las injusticias y la explotación, un Cristo humanizado, en el que inmediatamente se reconocieron niños y niñas, hombres y mujeres, quienes entendieron que la lucha por la dignidad humana era más que una necesidad, un deber Cristiano. 

En este ejercicio  de memoria aparecen   personas importantes que participaron  en el proceso en  esa coherencia inevitable entre la palabra y la acción, para los que predicar el mensaje de Cristo implicaba un alto sentido de humanidad y compromiso al lado de los oprimidos el padre Jaime Restrepo y la hermana Sor Teresa Ramírez, vilmente asesinados, por optar estar del lado de los oprimidos.

Yaneth creció en este ambiente alentada por la lucha por una vida digna, las novenas comunitarias, el convite, la reunión, los encuentros de niños y de adultos, la formación política, las tomas y recuperaciones de tierra, bajo la consigna “la tierra pal que la trabaja” la tierra para la gente sencilla y trabajadora que diariamente amasaba con sus manos y el azadón el surco y sembraba la semilla para el alimento de todos y de todas.

El compromiso social y político de la familia fue mayor, llegó la participación en marchas, el paro de campesinos que agrupo a centenares de hombres y mujeres junto a sus hijos e hijas en el municipio de Cisneros en 1988, los campesinos y campesinas, habían tomado la decisión de abandonar sus parcelas y salir a los cascos urbanos para dar a conocer las exigencias en un pliego de peticiones para una vida digna, vías de comunicación, energía eléctrica, créditos a bajos intereses, escuelas, apoyo por parte del gobierno para el agro, tierra para todos y todas. 

Después de la participación en este movimiento campesino, su familia, especialmente el padre de esta familia fue víctima de amenazas, persecuciones, detenciones arbitrarias por parte del Ejército Nacional acusado de ser colaborador de la guerrilla. Esta situación obligo a la familia a desplazarse a otro municipio, el miedo y la zozobra lo obligaron a vender la parcela familiar que tenían en la vereda Guacas en el municipio de San Roque Antioquia a un bajo precio, como decía el decía “nos toco regalar la parcela, porque, nunca me la terminaron de pagar”.

La opción por la lucha para exigir los derechos, estaba cobrándole a la familia un alto costo, verse obligados a abandonar la tierra en la que  nacieron, este fue un momento muy difícil. Para ese año 1989, Yaneth tenía 11 años de edad, para ese entonces se empezaba a ver el temple, la sencillez, la humildad, la capacidad de entrega por su familia que la caracterizaron. El corto tiempo que les permitieron vivir, fueron tiempos difíciles y "la mona" como le decían cariñosamente nunca se quebró.

Se trasladaron a una vereda del municipio de Maceos, llegaron a una finca comunitaria, que los campesinos habían ganado en una lucha con sus dueños y era administrada por la comunidad, allí estuvieron tres años, aunque sobrevivían, gracias a la solidaridad de la gente, la situación de seguridad en esta comunidad estaba en máxima alerta, los grupos paramilitares tenían amenazada a la gente de esta comunidad con incursionar y acabar con toda la gente, efectivamente a finales del año 1989 una incursión paramilitar a la hora de la molienda a plena luz del día, tuvo como consecuencia el  asesinato de Don Alfonso Jiménez y se le causaron heridas a cinco campesinos más.

Esta situación y otras que vinieron después, como combates entre guerrilleros y el ejército muy cerca de la vereda, la detención del padre por parte del ejército acusado de ser colaborador de la guerrilla obligaron de nuevo a la familia a desplazarse a una vereda del municipio de Yolombó. Seguido de esto el padre estuvo detenido tres años en el municipio de Puerto Berrio, y la madre asumió la responsabilidad económica y emocional de la familia. 

Cuando él  obtiene la libertad, la familia toma la decisión de salir de la región, cada vez la situación de seguridad se tornaba más difícil, y a través de unos amigos llegaron a vivir al municipio de Guarne, en una finca. Para ese entonces "la mona" tenía 17 años, viendo la difícil situación económica por la que estaba pasando la familia, tomó la decisión de irse a trabajar como empleada doméstica para colaborar económicamente.

La situación económica obligó a la familia a un nuevo desplazamiento, para la ciudad, fue así como llegaron a Medellín, todos comenzaron a trabajar, estudiar, la mona se enamoró, muy pronto quedó embarazada de una hermosa niña.

A los 19 años recién cumplidos, un lunes 7 de octubre, salio de su casa  para acompañar a un amigo que iba para San Roque y, este fue el último día que la vieron, la escucharon, la abrazaron. Esa tarde, se despidió de la madre, de su hija y emprendió su camino hacia la muerte, nunca se supo con claridad la verdad de los hechos, ¿quiénes la asesinaron? y ¿Por qué? Al día siguiente 8 de octubre, en horas de la mañana todos los medios de comunicación daban la noticia que  en un combate que se presentó en el municipio de La Unión (Ant) habían dado de baja a cuatro guerrilleros del ELN, entre los que se encontraba Yaneth, su cuerpo fue vestido con prendas militares, le pusieron armas. Por comentarios se supo que fueron interceptados en el carro en el que se desplazaban, un trooper de color verde, por paramilitares. Según versiones, ellos los entregaron a miembros del ejército y estos los asesinan y los hacen aparecer como muertos en combate, todo esto ocurrió durante la gobernación de Álvaro Uribe Vélez.

Hoy la familia esta convencida que el asesinato de Yaneth fue una ejecución extrajudicial. Estan en el proceso de esclarecer los hechos para que los responsables sean desenmascarados y rindan cuentas ante la justicia y la sociedad colombiana.

Este pequeño relato habla de la vida de un ser maravilloso, hermoso, a la que aman profundamente aún después de su partida, con la que tienen una deuda pendiente, dar a conocer su historia, que se sepa que existió, que tenía sueños que no le permitieron realizar, que quería estudiar, viajar, bailar, enamorarse, que su vida fue arrebatada, y que es necesario buscar el camino de la justicia en su nombre.


Gilma Yaneth Pineda Metaute  en la Memoria.
Gilma Yaneth Pineda Metaute  SinOlvido

miércoles, 7 de octubre de 2015

Desaparición forzada de los 19 comerciantes


28 años de la desaparición forzada de 19 comerciantes

Compartimos el Comunicado de la Comisión Colombiana de Juristas 

Transcurridos 11 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de los 19 comerciantes, ocurrida en octubre de 1987, el Estado aún no ha cumplido con las medidas de investigación y juicio a los responsables, búsqueda de los restos de las víctimas y atención en salud integral a los familiares

En la tarde del 6 de octubre de 1987, 17 comerciantes que salieron de Cúcuta, Norte de Santander, con rumbo a Medellín, Antioquia, fueron desaparecidos forzadamente cerca de la finca “El Diamante”, por el grupo paramilitar de Puerto Boyacá al mando de Henry de Jesús Pérez Baquero, luego de pasar por un retén militar. Otros dos familiares que salieron en su búsqueda, Juan Alberto Montero y José Ferney Fernández, corrieron la misma suerte de los primeros 17 pocos días después.

Las investigaciones realizadas en años posteriores revelaron que los 19 comerciantes desaparecidos fueron asesinados, descuartizados y sus restos lanzados a las aguas del caño “El Ermitaño”, afluente del río Magdalena. Los cuerpos continúan desaparecidos, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia ordenó su búsqueda, y hasta ahora el “Plan de búsqueda” presentado en 2009 por el Estado no ha arrojado ningún resultado. De hecho, en los últimos cinco años los familiares no han recibido ningún informe por parte de las autoridades, a pesar de múltiples solicitudes, y aún los 19 hombres continúan desaparecidos.

Desde aquel octubre de 1987 los familiares de los 19 comerciantes han sido constantes en la búsqueda de verdad y justicia. Después de agotar todas las instancias nacionales, donde predominó la impunidad, los familiares acudieron al Sistema interamericano de Derechos Humanos, donde se reconoció su caso hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 5 de julio de 2004 condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada de los 19 comerciantes.

Por los hechos sólo se han proferido condenas contra algunos paramilitares, pero ninguno de los altos militares vinculados y a quienes se les alcanzó a ordenar la detención preventiva en 1996 han sido condenados. Además, en el caso del General Farouk Yanine Díaz y del Teniente Coronel Hernando Navas Rubio, las investigaciones precluyeron por razón de su muerte.

Otra medida ordenada por la Corte Interamericana que el Estado ha incumplido a los familiares es la relacionada con salud, tanto en relación con el tratamiento médico y psicológico gratuito, desde una perspectiva psicosocial, para todos los familiares, como medicamentos gratuitos, atención en salud integral especializada y preferencial, de manera individual, familiar o colectiva. Varios familiares de las víctimas han fallecido sin recibir reparación efectiva en esta materia.

Después de 8 años el Estado finalmente cumplió con la instalación de un Monumento en el año 2013, como medida de reparación, pero no ha dispuesto todavía de las garantías de seguridad, cuidado y mantenimiento de la obra en homenaje a las víctimas. Es repudiable que este año la placa conmemorativa ordenada por la Corte hubiese sido robada del monumento a unos cuantos metros de una estación de policía en el Parque de los Niños, de la ciudad de Bucaramanga. Los familiares siguen a la espera de que la placa sea reinstalada por el Estado.

Conmemorar 28 años de estos hechos es un llamado de atención sobre la lentitud de los procesos judiciales, que privilegian la impunidad, dado el paso del tiempo y la falta de acción investigativa, y los “Planes de búsqueda de personas desaparecidas” que no se compadecen del dolor de las víctimas ante un crimen tan atroz. 28 años después de la desaparición de los 19 comerciantes recordamos sus nombres esperando que al leerlos llegue a nuestra mente que cada uno de ellos es poseedor de una historia, una familia y unos seres queridos que los recuerdan:




  • Álvaro Lobo Pacheco 
  • Gerson Rodríguez 
  • Israel Pundor Quintero 
  • Ángel María Barrera 
  • Antonio Flórez
  •  Víctor Manuel Ayala
  • Alirio Chaparro Murillo 
  • Álvaro Camargo Gilberto Ortiz 
  • Reinaldo Corzo Vargas
  •  Luis Hernando Jáuregui 
  • Luis Domingo Sauza 
  • Rubén Emilio Pineda
  • Carlos Arturo Riátiga 
  • Juan Bautista 
  • Alberto Gómez 
  • Huber Pérez
  • Juan Alberto Montero
  •  José Ferney Fernández

Como todos estos años, la Comisión Colombiana de Juristas exalta la valentía y la tenacidad de los familiares de los 19 comerciantes que año tras año continúan exigiendo la búsqueda de sus seres amados, justicia efectiva y el cumplimiento de una reparación integral. Permaneceremos con ellas y con ellos preservando la memoria y brindando todo nuestro apoyo a su incansable labor.

Comisión Colombiana de Juristas 6 de octubre de 2015 
page1image22504 

lunes, 5 de octubre de 2015

Masacre de Riofrío

5 de Oct 1993 - 5 Oct 2015
Todo comenzó a las 5 de la mañana del 5 de octubre de 1993 en la vereda El Bosque, corregimiento Portugal de Piedras de la comprensión municipal de Riofrío, departamento del Valle.

Allí llegó un grupo de hombres armados, algunos de los cuales vestían prendas de la Fuerza Pública y ocultaban su rostro mediante el uso de una capucha, quienes ingresaron violentamente a los domicilios de las familias Ladino Ramírez y Molina Solarte, de donde sacaron a Celso Mario Molina Suaza (45 años), Zenaida Ladino Ramírez (38 años), Lucely Colorado Bonilla (35 años), Frederman Molina Solarte (25 años), Hugo Cedeño Lozano (33 años), Edilia Rita Solarte (40 años), Julio César Ladino Ramírez (29 años), Edelcy Tusarma Salazar (16 años), Dora Estela Gaviria Ladino, Carmen Emilia Ladino Ramírez (34 años), Miguel Ladino (73 años), Ricardo Molina Solarte (25 años) y a Miguel Antonio Ladino Ramírez (47 años) , entre otro pobladores, quienes fueron llevados por la fuerza a la escuela de la vereda "San Juan Bosco" con el fin de ser interrogados sobre el paradero de miembros de grupos armados disidentes que habrían frecuentado la zona.

La mayoría de los pobladores fueron dejados en libertad pero Miguel Enrique Ladino Largo, Miguel Antonio Ladino Ramírez, María Cenaida Ladino Ramírez, Carmen Emilia Ladino Ramírez, Julio Cesar Ladino Ramírez, Lucely Colorado, Dora Estela Gaviria Ladino, Celso Mario Molina, Rita Edelia de Molina, Ricardo Molina, Freddy Molina, Luz Edelsy Tusarma Salazar y Hugo Cedeño Lozano fueron llevados a la morada del señor Javier Ladino, aproximadamente a las 8:30 a.m., donde fueron sometidos a actos de tortura , y algunos obligados a vestir prendas militares, para posteriormente ser asesinarlos esto sucede alrededor de las 10:00 am

El accionar de tipo paramilitar se retiró de la escena -aparentemente con excepción del individuo que operaba como informante- los miembros del Batallón Palacé simularon un combate con las víctimas, para lo cual efectuaron una serie de disparos hacia y desde la vivienda del señor Ladino y modificaron la escena del crimen.

A las 11: 00 am arribó a las estribaciones de la meseta en la que está ubicada la casa, miembros del Pelotón Antiterrorista Urbano (PAU) del Batallón Palacé de la Tercera Brigada del Ejército. al mando de Eduardo Delgado Carrillo quien para la época ostentaba el grado de Mayor, e integrado también por el entonces Teniente Alfonso Vega Garzón, el Cabo Primero Leopoldo Moreno Rincón, el Cabo Segundo Alexander Cañizales Núñez y 30 soldados regulares, quienes, simulando ser objeto de ataque, abrieron fuego desde su posición, inferior y sin visibilidad, en contra de la casa donde había ocurrido la masacre, "tomándose" posteriormente el inmueble.

El entonces Mayor Delgado Carrillo, rindió informe en el que dio cuenta de un enfrentamiento con miembros de una columna del grupo guerrillero ELN, con el resultado de 13 bajas de esa organización, el decomiso de abundante material de guerra y la absoluta ausencia de bajas en sus propias filas, afirmando que había llegado al lugar cumpliendo órdenes de su superior, el Comandante del batallón, quien a las 8 de la mañana de ese día le había ordenado recoger en el centro de Buga a "un informante" que indicó la presencia de la "columna guerrillera" en el sitio reseñado, razón para que se diseñara la operación, partiendo del batallón a las 10:30 de la mañana.

Tras el simulacro de combate, el Teniente Coronel Luis Felipe Becerra Bohórquez, Comandante del Batallón de Artillería Palacé y el Brigadier General Rafael Fernández López, Comandante de la Tercera Brigada, dieron a conocer a la opinión pública a través de los medios de comunicación que, como parte de la denominada operación "Destructor", tropas del ejército dieron muerte en combate a 13 reconocidos guerrilleros, pertenecientes a la cuadrilla "Luis Carlos Cárdenas" del auto denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), incautando material.

El 4 de agosto de 1994 un juzgado dictó medida de aseguramiento, consistente en caución prendaria contra el Teniente Coronel Luis Felipe Becerra Bohórquez por el delito de encubrimiento por favorecimiento. El 30 de marzo de 1995 el Juzgado, en forma oficiosa, cambió la medida de caución por la de conminación Por decisión del Comandante de la Tercera Brigada en su calidad de Juez de Primera Instancia, la instrucción se trasladó al Juzgado 17 de Instrucción Penal Militar, con sede en la ciudad de Cali.

El 4 de noviembre de 1994 un Fiscal Regional Delegado de Cali dispuso la apertura de instrucción y la vinculación mediante indagatoria de los oficiales del Ejército Nacional y de los soldados que participaron en la por ellos denominada "operación Destructor", así como la de un civil, supuestamente vinculado con el narcotráfico, que habría promovido la matanza. Al Teniente Coronel Luis Felipe Becerra Bohórquez y al Mayor Eduardo Delgado Carrillo se les recibió indagatoria y se le definió situación jurídica el 21 de noviembre de 1994 con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva como cómplices del homicidio de 13 personas.


En reacción, la Tercera Brigada del Ejército planteó colisión de competencia positiva.

El 30 de julio de 1997 el Juzgado 17 de Instrucción Penal Militar se pronunció en forma provisional sobre la situación jurídica del Teniente Coronel Luis Felipe Becerra Bohórquez y del Mayor Eduardo Delgado Carrillo, resolviendo decretar la detención preventiva de éstos como presuntos responsables del delito de falsedad ideológica de documento público en concurso con el delito de encubrimiento por favorecimiento. Asimismo, se abstuvo de dictar medida de aseguramiento en contra del Teniente Coronel Luis Felipe Becerra Bohórquez como presunto responsable de los delitos de concusión, cohecho y homicidio, por falta de mérito. Esta decisión fue apelada, sin éxito, por la parte civil en el proceso.

La Procuraduría General de la Nación, un Juez Regional de Cali reclamó el 19 de febrero de 1998 el juzgamiento de los militares, por cuanto el material probatorio demostraba que: "(...) la actuación del Ejército en el operativo en cuestión fue simulada, con el fin de proteger la acción delictiva de quienes dieron muerte a las 13 personas cuyos cadáveres fueron inicialmente reportados como pertenecientes a una cuadrilla subversiva y muertos en combate, indicando luego el recaudo probatorio que ya estaban muertos cuando llegó el Ejército, lo cual ciertamente genera una duda más que razonable en cuanto a la relación con el servicio que guardan los actos realizados por el personal militar en aquella infausta oportunidad y tiene incidencia definitiva en materia de competencia para conocer el respectivo proceso".

Hoy pasados 22 años, la impunidad en que se encuentra esta masacre es evidente. La abuela, Héctor, un niño de tan solo cinco años, en la fecha de la masacre siguen llevando su rostros, en su mirada la verdad histórica, la memoria que aún con el paso del tiempo sigue clamando justicia ante la destrucción de vidas humanas de hombres y mujeres campesinas cuyo único delito fue amar la vida, trabajar la tierra, afirmar la dignidad.

Bogotá, D.C Octubre 07 de 2015

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz