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14
de enero de 1990
El
14 enero de 1990 en horas de la noche, ingresaron aproximadamente 60
paramilitares al corregimiento de Pueblo Bello, municipio de Turbo, Antioquia,
los hombres armados se autodenominaban como miembros del grupo “Los Tangueros”,
quienes, habían incursionado en el territorio por órdenes de Fidel Castaño.
Al
ingresar sacaron a los habitantes del pueblo de sus viviendas y a algunos
jóvenes de la iglesia presbiteriana, los paramilitares organizaron a las
víctimas en la plaza principal y los forzaron a acostarse boca abajo, luego,
seleccionaron a 43 campesinos, entre ellos dos menores de edad. Después de
seleccionarlos, los amordazaron y quemaron tres viviendas de Pueblo Bello.
Posteriormente,
transportaron a los habitantes a la finca “Santa Mónica”, en el departamento de
Córdoba, los vehículos que se desplazaron desde Pueblo Bello hasta la finca en
Valencia, pasaron por dos retenes custodiados por los Batallones Vélez y Cóndor
de la Brigada XVII del Ejército Nacional. Al llegar, los campesinos fueron
interrogados y torturados brutalmente, punzaron sus venas, perforaron sus ojos,
aserraron sus oídos y mutilaron sus órganos genitales, finalmente, fueron
ejecutados.
La
masacre se dio porque la guerrilla habría robado 43 reses del paramilitar Fidel
Castaño, que según se decía, habrían sido transportadas a través de Pueblo
Bello hacia otro lugar, considerando a los habitantes del corregimiento como
cómplices de dicho robo. Al día siguiente, los familiares de los desaparecidos
conformaron una comisión de búsqueda para saber sobre sus seres queridos.
Para
ello se dirigieron al capitán del Ejército en San Pedro de Urabá, de este
entonces, Fabio Enrique Rincón Pulido, cuando los integrantes de esta comisión
preguntaron por los campesinos, este respondió: “En Pueblo Bello cambiaron
vacas por gente”, haciendo referencia al robo realizado por la guerrilla en
1989 a paramilitares en la finca “Las Tangas”. Según los familiares de los 43
campesinos, una semana luego de la masacre, militares llegaron al pueblo
ofreciendo 50 mil pesos a cada familia para silenciarlos.
Algunas
de las víctimas eran simpatizantes del Frente Popular, un partido de izquierda
de la región. Algunos cuerpos fueron encontrados en Las Tangas en la finca
Jaraguay y se han entregado los restos óseos de siete personas identificadas:
Juan Roberto Mesa, Ricardo Manuel Bohórquez, José Leonel Escobar Duarte, Jesús
Ovidio Carmona, Andrés Manuel Pedraza Jiménez, Jorge Martínez, Manuel de Jesús
Montes y un menor identificado con las iniciales de J.E.B.O.
Pero
aún se desconoce el paradero de 37 campesinos: José del
Carmen Álvarez Blanco, Fermín Agresott Romero, Víctor Argel Hernández, Genor
Arrieta Lora, Cristóbal Manuel Arroyo Blanco, Diómedes Barrera Orozco, Urías
Barrera Orozco, Jorge Fermín Calle Hernández, Jorge Arturo Castro Galindo,
Benito Genaro Calderón Ramos, Juan Miguel Cruz , Ariel Dullis Díaz Delgado,
Camilo, Antonio Durango Moreno, César Augusto Espinoza Pulgarín, Wilson Uberto
Fuentes Miramón, Andrés Manuel Flórez Altamiranda, Santiago Manuel González
López, Carmelo Manuel Guerra Pestana, Miguel Ángel Gutiérrez Arrieta, Lucio
Miguel Úrzola Sotelo, Ángel Benito Jiménez Julio, Miguel Ángel López Cuadro,
Mario Melo Palacio, Carlos Antonio Melo Uribe, Juan Bautista Meza Salgado,
Pedro Antonio Mercado Montes, Luis Carlos Ricardo Pérez, Miguel Antonio Pérez
Ramos, Raúl Antonio Pérez Martínez, Benito José Pérez Pedroza, Elides Manuel
Ricardo Pérez, José Manuel Petro Hernández, Luis Miguel Salgado Berrío, Célimo
Arcadio Hurtado, Juan Luis Escobar Duarte, Ovidio Carmona Suárez.
El
31 de enero de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)
adjudico responsabilidad internacional al Estado colombiano por la desaparición
y ejecución extrajudicial de 43 campesinos. Luego, la justicia impuso una
sentencia de 20 años de prisión a los hermanos Enrique Rivas Naar, alias Frank
y Oliver Jose Cervantes Naar, alias Abelito, dos exparamilitares que aceptaron
la participación en los hechos.
El
9 de marzo de 2009, el entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos, en
nombre del Estado pidió perdón a los familiares y a la sociedad por lo ocurrido
en Pueblo Bello. En 2018 fue enviado a prisión el militar teniente (R) del
Ejército, Fabio Rincón Pulido, a quien se le perfilo como responsable de
homicidio múltiple agravado, desaparición forzada, terrorismo y tortura.
Hoy
se sigue en búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación con las que debe
cumplir el Estado según la CorteIDH, la búsqueda sigue con incertidumbre y
ausencia de los seres queridos de Pueblo Bello, sin embargo, los
familiares de cada hombre trabajador víctima de la masacre hacen viva la
memoria de cada campesino que fue y es desprotegido por el Estado.
Víctimas de la Masacre de Pueblo
Bello en la Memoria
Víctimas de la Masacre de Pueblo Bello Sin Olvido
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