Febrero 21 de 2005
El 21 de Febrero de 2005, en la vereda Mulatos Medios, corregimiento de
San José de Apartadó, Antioquia; fue escenario de una cruel masacre donde sus
pobladores fueron víctimas y testigos de torturas y brutales asesinatos que
quedaron para siempre plasmadas en su memoria.
Paramilitares miembros del bloque
Héroes de Tolová, con ayuda de militares del Ejército nacional, incursionaron
en el corregimiento e ingresaron por la fuerza a la casa de Luis Eduardo
Guerra, reconocido líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Luis
Eduardo, junto con su hijo Deyner Andrés Guerra, de 11 años, y Bellanira Areiza
fueron asesinados con machetes y sus cuerpos sin vida dejados a las afueras del
corregimiento. Posteriormente, asesinaron a Alfonso Bolívar Tuberquia junto con
su esposa Sandra Milena Muñoz y sus hijos Natalia y Santiago de 5 y 2 años
respectivamente, quienes según los comandantes alias “Cuatro Cuantro”,
“Makeison”, “Aguila 6” y “Cobra”, del escuadrón paramilitar afirmaron que, “en
el futuro serían una amenaza guerrillera si los dejaban vivos”. También
acabaron con la vida de Alejandro Pérez, un trabajador de la zona.
Estos hechos fueron utilizados como
excusa para que el entonces presidente
de la República Álvaro Uribe Vélez ordenara mayor cubrimiento policial y
militar en esa zona donde hacia años no existía la circulación de armas, puesto
que desde 1997 la comunidad se había declarado neutral ante la presencia
paramilitar y guerrillera. Tras la militarización de la zona, las familias de
la Comunidad se vieron obligadas desplazarse, abandonando todo lo que habían
construido.
En 2010, a pesar de las
declaraciones del ex jefe paramilitar y extraditado Diego Fernando Murillo,
alias “Don Berna”, quien confesó que bajo su mando el Bloque paramilitar Héroes
de Tolová con ayuda del Ejército Nacional habria cometido este crimen, el
Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia absolvió a 10
militares de su responsabilidad en la masacre de San José de Apartadó.
La Fiscalía, la Procuraduría y la
parte civil apelaron el fallo. Luego de revisar pruebas documentadas y
testimonios, el Tribunal Superior de Antioquia decidió retirar la absolución de
cuatro militares con mando y los otros seis mantuvieron el fallo de primera
instancia.
Adriano José Cano, alias “Melaza”,
y Joel Vargas, alias “Pirulo”, paramilitares que participaron en la masacre,
admitieron su responsabilidad; estas confesiones permitieron que la Fiscalía
dictara orden de captura al ex capitán del Ejército Guillermo Gordillo Sánchez
e iniciara una investigación en contra de 66 militares de la Brigada XVII del
Ejército con sede en Carepa.
Con el apoyo de diferentes
organizaciones defensoras de los derechos humanos se ha pedido vincular a la
investigación por la Masacre a los Generales Mario Montoya, Jaime Fandiño y
Luis Alfonzo Zapata, al igual que a los coroneles Néstor Iván Duque y Orlando
Espinosa, por su responsabilidad en la planeación de la operación Fénix, en
medio de la cual se cometió la masacre.
En el proceso de investigación se
han dictado más de 20 condenas a integrantes de grupos paramilitares entre los
que se encuentran: Marcial Hoyos Soñet, Alexander Arrieta Gómez y José Fuentes
Lagares, éstos aceptaron ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH, su
responsabilidad por delitos de homicidio en persona protegida y concierto para
delinquir. Asi mismo Nafer Antonio Guzmán Trujillo y Henry Enrique Payares
Pacheco, Uber Darío Yañez Cavadías comandante militar del bloque, Jorge Luis
Salgado David, José Joel Vargas Flórez, Bionor Vargas Flórez, Rober Darío Muñoz
Hernández, Francisco Javier Galindo Martínez, Edinson Galindo Martínez, Neder
Antonio Mestra Rojas, Juan Alberto Ruiz Yañez, Manuel Antonio Urango Mejía,
Yamid de Jesús Gonzáles Galaraga, Erney Eduardo Portillo Paternina, Aldo
Antonio Agames, Javier Enrique Salgado Martínez, Jorge Luis Gutiérrez Alean,
Esaut José Feria Martínez, y Ulises Burgos a los que les fueron dictadas
ordenes de prisión de entre 12 a 40 años de cárcel.
La Fiscalía condenó por homicidio
en persona protegida y concierto para delinquir a nueve integrantes del grupo
paramilitar que perpetró la Masacre.
El 20 de febrero de 2010 el Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia le impuso 20 años de
cárcel a el capitán (r) del Ejército Nacional Guillermo Armando Gordillo
Sánchez, quien aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona
protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir.
Finalmente, sobre la sentencia
absolutoria dictada a diez militares, tres oficiales y siete suboficiales, por
el Juzgado Segundo Especializado de Antioquia el 4 de agosto de 2010, la
Fiscalía apeló el fallo y aguarda la decisión del Tribunal Superior de Antioquia.
En el proceso, el Ministerio de Defensa se defendió argumentando que no se le
podía responsabilizar por los actos cometidos por un grupo ilegal que nada
tenía que ver con la institucionalidad. La Procuraduría contrarió la posición
del Ministerio, sosteniendo que existía una “flagrante responsabilidad del
Estado por la ejecución extrajudicial de personas protegidas”, con el agravante
de que, tres de ellas eran menores de edad y fueron asesinadas con igual
sevicia.
El tribunal de Antioquia ha ordenado
al Ejército que, en presencia de altos mandos militares, habitantes de la zona
y medios de comunicación regionales y nacionales, ofrezcan una disculpa publica
por la masacre y se comprometa, de forma "contundente", a tomar las
medidas necesarias para que "lo acontecido no vuelva a suceder".
En 2012, la Corte Constitucional en
su Auto 164 del 6 de julio ordenó al Ministro del Interior que “en el término
máximo de un mes contado a partir de la comunicación del presente auto,
coordine y ponga en marcha el procedimiento para la presentación oficial de la
retractación frente a las acusaciones realizadas contra la Comunidad de Paz y
sus acompañantes”. En el 2013, la comunidad de Paz viajó a la ciudad de Bogotá
para recibir el acto de perdón. Sin embargo, en esa ocasión el actual
presidente Juan Manuel Santos incumplió la cita y no se reunió con la
comunidad.
Meses después, el presidente Santos
finalmente le pidió perdón a la comunidad de San José de Apartadó por las
falsas acusaciones que realizó el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y altos
mandos militares en su contra. Dicho perdón fue cuestionado por la comunidad al
no ser presentado directamente con la comunidad y aseguraron que “lamentan
profundamente que las decisiones y omisiones del Señor Presidente, continúen
sin aparente comprensión de que nuestra Comunidad de Paz sigue sufriendo un
proceso de exterminio”
A pesar de todas estas
investigaciones y algunas condenas, las víctimas de la Comunidad de paz de San
José de Apartadó siguen exigiendo e instando al gobierno y al estado
colombiano, a una verdadera justicia, a una verdad real. Que sean juzgados los
militares y paramilitares de más alto rango. Que no solamente sean condenados
los autores materiales sino también los intelectuales. Así mismo, las víctimas
y la población civil del proceso han
solicitado y exigido que también sea
investigado el ahora, ex presidente Álvaro Uribe Vélez por presunto
conocimiento de los hechos.
Los habitantes de la comunidad de San José de Apartadó han soportado continuas amenazas y estigmatizaciones, han sufrido a causa de la desproporcionada militarización de sus caseríos y en numerosas ocasiones sus líderes y diferentes integrantes han sido judicializados con montajes y campañas de desprestigio.
Han pasado varios años desde esos
días de horror y miedo. La comunidad de paz de San José de Apartadó sigue con
su resistencia pacífica en el territorio y denuncia continuamente los graves
atropellos de los cuales aún son víctimas. Luego de haber ocurrido masacre de estos hombres, mujeres y niños, la
comunidad exige justicia y verdad por la memoria de quienes fueron silenciados.
Los habitantes de la comunidad de
San José de Apartadó han soportado continuas amenazas y estigmatizaciones, han
sufrido a causa de la desproporcionada militarización de sus caseríos y en
numerosas ocasiones sus líderes y diferentes integrantes han sido
judicializados con montajes y campañas de desprestigio.
Vítimas de la masacre de San José de Apartadó en la Memoria.
Vítimas de la masacre de San José de Apartadó Sin Olvido.
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