Eduardo Loffsner Torres

20 de noviembre de 1986

Eduardo Loffsner Torres fue un hombre de compromiso político, motivo que lo condujo a organizar el Sindicato de Trabajadores la Universidad Pedagógica Nacional, donde, era trabajador de servicios generales, desde su labor siempre trato de exigir justicia social y procuró hacer paz.

Por su liderazgo social y político desde febrero de 1979 y marzo de 1983 fue detenido en la cárcel La Picota en Bogotá, luego de que miembros del Ejército Nacional lo detuvieran y lo torturaran, por oponerse al Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay, hechos que fueron constatados por medio de un informe de Amnistía Internacional.

Mientras estuvo preso, conoció a Luz Marina Hache, quien era funcionaria del Comité de Solidaridad de Presos Políticos y también, dirigente sindical en Sintrabanca, sindicato del Banco Cafetero, y luego se convertiría en su esposa. Cuando Eduardo obtuvo la libertad, su labor política no ceso, movilizandose constantemente entre Barrancabermeja y Bogotá.

En 1986, desde el 16 de noviembre, Luz Marina había realizado un viaje a Santa Marta por su trabajo, en ese tiempo Eduardo se mantuvo en comunicación; el día 18 de noviembre sobre la 5 de la tarde, le dijo a su esposa que la llamaba el 20 para saber cómo le fue y hablarían de encontrarse el 22 de noviembre en el lugar de siempre; el aeropuerto El Dorado, pero Luz Marina se quedó esperando esa llamada, hasta el día de hoy.

Es así como el 20 de noviembre de 1986 fue desaparecido en la ciudad de Bogotá. Desde ese mismo momento, Luz Marina, inició su búsqueda encontrando más incertidumbres que respuestas.

La cama estaba tendida, un libro abierto encima de la mesa, una rosa amarilla en su florero que era una botella de Postobón y sobre la cama un papelito -él siempre acostumbraba a dejarme notas “amor tal cosa…” un papel de esos. Fui a buscarlo inmediatamente donde una compañera que se llamaba Olga y la respuesta que me dijo: “¿Cómo así el negro no estaba con usted?”

La pérdida fue muy dolorosa, pero Luz Marina siguió adelante con la lucha motivada por la memoria de su esposo. En la actualidad, como lo ha hecho toda su vida, trabaja por los derechos humanos; legado que transmitió a sus hijos quienes desde diferentes lugares, de diferentes maneras de expresar y desde diferentes roles, también defienden, exaltan y promueven los derechos humanos y la memoria de su padre.

Desde aquel noviembre, se arrebató la vida de Eduardo y para su familia inicio una lucha en contra de la violencia política, ha hecho frente al silencio y el olvido que se quiere imponer.

La memoria ha sido un elemento muy valioso para mantener vivo al “Negro” como cariñosamente lo llamaban sus familiares y amigos. Hoy, la desaparición forzada de Eduardo es un crimen más de terrorismo de Estado, donde la desaparición es total frustración no solo para las víctimas, sino ante el perdón y la reconciliación, por eso se exige saber la verdad para que esto no ocurra nunca más y para que sea posible un país con un futuro mejor.

Eduardo Loffsner Torres en la Memoria

Eduardo Loffsner Torres Sin Olvido

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Toma y retoma del Palacio de Justicia

6 y 7 de Noviembre de 1985

Foto: Carlitos Mario

Se cumplen 33 años del Holocausto del Palacio de Justicia y de una lucha generacional por la verdad, la justicia y la reparación. Más de tres décadas de un capítulo que aun no se cierra en la historia de Colombia, manteniendo un manto de incertidumbre para los familiares que aún se preguntan ¿dónde están? y una sombra pasiva para la sociedad civil, que en su mayoría desconoce las motivaciones y responsables de los hechos.

El 6 y 7 de noviembre de 1985, la vida cambio para varias de las personas que se encontraban al interior del palacio y sus familias, y con la retoma, se inició un camino de incertidumbre, preguntas y dolor que no cesan, no solo por lo que representó ser víctimas de tortura, asesinato y desaparición forzada, también, por la impunidad, el incumplimiento de las sanciones internacionales, y por velar los restos de un extraño, en lo que se ha pretendido justificar como errores en la disposición de los cuerpos. 

A los 94 muertos y 12 desaparecidos que habían sido reconocidos inicialmente, sin contar las víctimas de tortura, se vienen sumando los nombres de quienes se creyó descansaban en las tumbas donde sus familiares los visitaron  por años, y que ahora, gracias a pruebas y videos como en el caso del Magistrado Julio César Andrade, se sabe que salieron con vida de la edificación, dando mayores argumentos para quienes consideran que allí se fraguo un "pacto de silencio" entre actores del Estado.

En lo que va corrido del año se han reconocido y/o entregado los restos de Carlos Horacio Urán, Jaime Benítez Prieto, Libardo Duran, Alfonso Jacquin, Noralba García y Héctor Jaime Beltrán en 2017. Mientras que la lucha para los familiares de Cristina del Pilar Guarín, Gloria Stella Figueroa, David Suspes Celis, Lucy Amparo Oviedo, Carlos Augusto Rodríguez, Bernardo Beltrán, Gloria Isabel Anzola, Norma Constanza Esguerra, Luz Mary Portela León y Ana Rosa Castiblanco, sigue a pesar que en algunos de los casos han sido entregados parte de los restos, insistiendo en que mientras no se conozca la verdad seguirán considerándolos desaparecidos.

Hechos 

El miércoles 6 de noviembre de 1985, inició la toma del Palacio de Justicia por parte del Movimiento 19 de abril M-19, cuando aproximadamente 35 guerrilleros liderados por Andres Almares, Alfonso Jacquin y Luis Otero,ingresaron al edificio en el marco de la operación denominada “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, con el que buscaban hacer un juicio político al presidente Belisario Betancur por incumplir las promesas de paz y los acuerdos suscritos en Hobo, Corinto y Medellín un año antes de la toma.

El M19 se tomó el edificio empezando por la cafetería que estaba ubicada en el primer piso del palacio, ingresando entre las 10:30 y las 11:00 a.m., a la que respondieron inicialmente hombres del batallón Guardia presidencial, para luego dar inicio a la retoma militar por parte de las Fuerzas Armadas alrededor de la 1:00 pm, operación que se adelantó a sangre y fuego sin discriminar quien estuviese dentro.

El gobierno encabeza de Betancur, no manifestó su intención de entablar una negociación o de ordenar un alto al fuego por parte de la Fuerza Pública para que se respetara la vida de quienes estaban dentro del edificio, ni siquiera las suplicas y los comunicados emitidos por el entonces presidente de la Corte Alfonso Reyes Echandía. A las 5:30 p.m. se inició un incendio y un enfrentamiento entre M-19 y el Ejercito que se extendió hasta las 2:00 a.m. del 7 de noviembre. 

Los sobrevivientes salieron en mayor número en la tarde del primer día y otros el 7, muchos pudieron sobrevivir y otros fueron llevados a La Casa del Florero que se usó como “puesto de mando avanzado” por agentes del Estado para coordinar la operación e identificar a los sobrevivientes, apartando a quienes consideraban sospechosos de tener algún vínculo con el grupo insurgente, algunos consiguieron salir vivos de la casa museo, pero otros nunca lograron volver al seno de sus familias.

Una vez consumada la retoma, las autoridades militares se encargaron del lugar, trasladaron todos los cuerpos al primer piso, despojándolos de sus prendas, sus pertenencias personales y lavándolos para eliminar evidencias frente a los hechos. Algunos cuerpos ni siquiera figuraron en el edificio, fueron encontrados en fosas comunes, tumbas de otras personas o aún no se sabe que paso con ellos.

El proceso de levantamiento fue controlado por jueces de Instrucción Penal Militar, las actas son inconsistentes, hay sexos mezclados, nombres que no coinciden, posiciones artificiales, toda una serie de irregularidades que han truncado todo el proceso de esclarecimiento de lo ocurrido; sin que se pueda dictaminar incluso el número total de victimas mortales y desaparecidos. 

A partir de 1996, inició la exhumación de los cuerpos que se encontraban en una fosa común del Cementerio del Sur, a donde fueron llevados algunos de los restos del Palacio de Justicia y de la tragedia de Armero ocurrida tan solo 7 días después. Desde entonces, la identificación de las víctimas y la búsqueda de los desaparecidos ha dado mayores resultados que en los años anteriores, aún se espera plena claridad y adjudicación de responsabilidad, puesto que hace más de tres décadas las víctimas han luchado de manera constante a pesar de que esto fue para muchos una fractura personal para su vida, así como lo es para toda la sociedad. 

El duro camino por la verdad

La búsqueda por verdad y justicia ha sido interminable y dolorosa con un sinfín de contradicciones en el camino. En ese escenario los protagonistas han sido miembros del M-19, si bien algunos militantes hoy hacen parte de otros escenarios políticos, quienes planearon y participaron en la toma del Palacio de Justicia no sobrevivieron; por otro lado, están los militares quienes pese a que han sostenido que actuaron siguiendo ordenes, no hubo consideración por la vida, ni los derechos de las personas que estaban al interior del Palacio.

En el marco de las investigaciones, se ha prestado especial foco en el Comandante de la Brigada XIII del Ejército, Jesús Armando Arias Cabrales, quien fue destituido en 1990 pero hasta el 2011 se imputo una condena de 35 años de cárcel; el Coronel en Jefe del B-2 Edilberto Sánchez Rubiano, quien, también fue destituido en 1990 y hasta diciembre de 2015 se le dio una condena de 40 años de prisión junto al mayor Oscar William Sánchez, que esperan casación por parte de la Corte Suprema de Justicia, que les proporcione la libertad. Por otro lado, en el marco del actual proceso de paz Arias Cabrales y Alfonso Plazas Vega negaron presentarte ante la Jurisdicción especial de Paz, solicitud que si fue hecha por el General Iván Ramírez Quintero.

El mismo comandante de la Escuela de Caballería, Coronel Plazas Vega, ha sido uno de los protagonistas principales del caso, no solo por presentarse como un héroe por los hechos ocurridos, siendo la imagen que se presentó ante los medios de comunicación en el momento. El 16 de julio de 2007 fue capturado iniciándose un proceso judicial en su contra por los desaparecidos y los hechos del Palacio, el 9 de junio de 2010 fue condenado a 30 años de prisión y el 16 de diciembre de 2015 fue absuelto de los cargos por parte de la Corte Suprema de Justicia, lo cual para los familiares significo un retroceso, una burla y la destrucción de esperanzas para hacer justicia. 

Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizo al Estado colombiano en 2013 por la desaparición de doce personas en el Palacio de Justicia, en 2014 condena oficialmente a Colombia y ordena continuar con la búsqueda, sentenciar a los responsables y reparar a las víctimas de forma simbólica y económica. En 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos se pidió perdón de manera pública por la responsabilidad estatal, sin embargo se desestimó cualquier tipo de investigación sobre el entonces presidente Belisario Betancur, e incluso Santos le pidió perdón por la solicitud hecha a la CPI por el Tribunal Superior de Bogotá. 

Muchos familiares de las victimas ya fallecieron sin conocer la verdad de los hechos o recibir justicia, hoy siguen otras generaciones emprendiendo la búsqueda, pese a que evidentemente los procesos han sido demasiado tardíos, un caso que en tres décadas no ha podido siquiera acercarse a un final, siendo los familiares revictimizados no solo por la impunidad sino que también, frente a el discurso creado sobre sus parientes, como si no merecieran la vida que se les arrebato y por el silencio que muchos han debido mantener por años dadas los hostigamientos para limitar cada paso hacia la verdad.

A pesar del tiempo transcurrido y que tenga que transcurrir, o de los obstáculos encontrados, las familias han manifestado que no renunciaran a la búsqueda de la verdad y la justicia, se persistirá por mantener la memoria de sus seres queridos, por una herida abierta que continuara así, hasta que no se hallen transformaciones mínimas en los horrores de la violencia y el conflicto estructural en Colombia. Hoy, y después de 33 años sigue viva la exigencia por los derechos de las víctimas y los familiares, porque esto nunca más se repita. 

Víctimas del Palacio de Justicia en la memoria

Víctimas del Palacio de Justicia Sin Olvido

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Operación Orión

 16 de octubre de 2002

“Las lágrimas se nos están acabando de tanto dolor”.

Víctima sobreviviente de la Operación “Orión”

En aplicación de la llamada "seguridad democrática" en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, altos mandos de las fuerzas militares y policiales, como los generales Mario Montoya y Leonardo Gallego, ordenaron a paramilitares al mando de Diego Fernando Murillo alias "Don Berna" participar en una operación de arrasamiento en la Comuna 13 de Medellín, denominada "Orión".

La Comuna 13 está Ubicada al oeste de la ciudad de Medellín, a diez minutos de la Alpujarra, donde está la Gobernación y la Alcaldía. Ha sido durante muchos años golpeada por la pobreza y la exclusión, es un sector deprimido, sujeto a las laderas de una montaña y lleno de caminos, empinadas escaleras, callejones, callejuelas y rincones. Con 200.000 habitantes la mayoría de ellos y ellas víctimas de la exclusión social, expulsados del sistema capitalista. Pese a ello, a las huellas de la violencia y el arrasamiento de la vida los familiares han conseguido resistir en sus territorios y organizarse para reivindicar el respeto a la vida en medio de la guerra y la justicia, verdad y reparación en medio de las numerosas víctimas resultantes luego del operativo.

El día 16 de Octubre del 2002, entró en acción la estrategia armada, bajo el argumento de sacar las guerrillas FARC, ELN y las CAP para recuperar y tener  control territorial sobre la Comuna. Previamente, en mayo de ese mismo año ya se había realizado la Operación militar "Mariscal", en la que se presentaron varias violaciones de derechos humanos. 

En "Orión" fueron empleados cinco batallones de la IV Brigada, el batallón contra-guerrillero del ejército, la policía y el DAS, todos ellos en colaboración con los paramilitares de la región, la operación contó con cerca de tres mil efectivos, dando comienzo antes de la media noche con los largos enfrentamientos. En medio del combate, el desespero y la angustia acrecentaron; la guerra continuó, helicópteros, tanquetas y efectivos dispararon contra todo y contra todos, sin detenerse. Ni siquiera el repliegue de las guerrillas, disminuyó la hostilidad de la fuerza pública la cual continuó con sus ataques sin retroceder un centímetro.

Esas horas de terror, que se prolongan después en sus efectos en el subconsciente colectivo, contaron con allanamientos ilegales, capturas masivas, ejecuciones extrajudiciales, muertes de civiles, desapariciones forzadas, balas pérdidas e incontables violaciones a sus derechos, además de hacer daños colectivos en la Comuna 13.

Años después, con las declaraciones de alias “Don Berna” el país confirmó que los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara colaboraron con la operación Orión de la mano del General de la IV Brigada, Mario Montoya. Con el proceso de desmovilización paramilitar que sumió al país en la impunidad, alias “Don Berna” aseguró que más de 300 personas fueron desaparecidas y asesinadas tras dicha operación y que sus cadáveres se encuentran repartidos en distintas fosas comunes en el botadero de escombros conocido como “La Escombrera”.

Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad y parte civil en el proceso, asegura que cometida esta operación el proceso jurídico se reduce a una palabra: impunidad. Esta corporación logro que la Fiscalía Delgada ante la Corte Suprema de Justicia abriera una investigación preliminar contra el general Mario Montoya y Leonardo Gallego, sin embargo, el proceso jurídico no ha avanzado y tampoco se ha asumido responsabilidad política sobre los hechos. 

Tras el largo enfrentamiento, las AUC aseguraron la supuesta “pacificación” de la zona por medio de la desaparición forzada de los pobladores. Convirtiendo la operación no sólo en el mayor desplazamiento urbano de la historia colombiana, sino en un prolongado sufrimiento e incertidumbre de cientos de familias que vieron desaparecer entre las calles de Medellín a sus seres queridos. La operación militar, no fue entonces una solución a la vulnerabilidad de la población, sino una entrega del territorio a otros actores del conflicto, profundizando la violencia, puesto que, se instalo una hegemonía paramilitar. 

En el mes de Noviembre de 2013 la CIDH, mediante un informe declaró que el Estado de Colombia es responsable de la violación a "el Derecho a la Vida, Integridad Personal, Seguridad y Libertad personal, Propiedad privada, Circulación y Residencia, Asociación, Derechos del niño, Garantías y Protección judicial y Derechos del niño, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará"

En julio de 2015, la Fiscalía inicio una exploración en la Escombrera para hallar restos, luego de 5 meses se detuvieron y el compromiso de esta institución era continuar con el proceso, las victimas aun tienen la esperanza de encontrar a sus desaparecidos, donde, se ha calculado un aproximado de 104 personas.  

Actualmente, la Comuna 13 sigue militarizada, los habitantes continúan pagando vacunas y la violencia es latente por parte de las BACRIM. La operación militar que mató a quienes nada tenían que ver con la guerra y que desapareció a otros tantos para garantizar la supuesta “seguridad democrática” sigue cubierta por el velo de la impunidad. Estas son, a lo sumo, consecuencias de una perspectiva guerrerista de la paz que poco tiene que ver con la justicia y que tanto han herido a Colombia.

En 2018, el general más condecorado del Ejercito colombiano, Mario Montoya Uribe se presentó ante la Jurisdiccion Especial de Paz (JEP), donde, aún las victimas y organizaciones de derechos humanos exigen toda la verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales y las violaciones a DDHH cometidos durante esta operación militar que estuvo bajo su mando.

Pero hoy, la Comuna 13 sigue siendo un territorio de esperanza, de reclamos y reivindicaciones, hoy los habitantes no sólo resisten a la violencia sino que están construyendo Paz desde los territorios,haciendo memoria con apoyo institucional, colectivo e individual, por medio del arte, la danza, la literatura, ferias agroecologicas, intercambio de experiencias, música, entre otros, destacándose la caravana de la memoria de las Mujeres Caminando por la Verdad o Cuerpos Gramaticales, todo ellos, pronuncian una y otra vez ¡Orión nunca más!

Víctimas de la masacre de la Operación Orión en la Memoria
Víctimas de la masacre de la Operación Orión Sin Olvido

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Reinaldo Perdomo Hite

 12 de agosto de 2003

El 12 de agosto de 2003 fue asesinado el líder campesino Reinaldo Perdomo Hite, de 60 años. Reinaldo perteneció al Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta y durante nueve años lideró el Comité de Derechos Humanos en varios municipios, entre ellos el del Alto Ariari.

Reinaldo no era de las personas que se levantaba ante los demás solo con un discurso; él era conocido por ser un excelente líder que con pocas palabras podría motivar a los campesinos a resistir. Su fortaleza interna y pasión por la reivindicación de cientos de campesinos y campesinas que vivieron en carne propia el rigor de la guerra y el terror Estatal, lo animaron a organizar a su comunidad a raíz de las graves violaciones a los derechos humanos y desplazamientos forzados cometidos por la estrategia Paramilitar y militar en la región del Ariari ocurridas en el año 2001.

Desde el año 2000 la región del Alto Ariari, no solo sufrió las consecuencias de las incursiones paramilitares, estas estuvieron precedidas de amenazas a los pobladores y fue consolidada a través de reuniones comunitarias, bloqueos económicos, puestos de control y retenes, de asesinatos y de desapariciones forzadas, ofensivas armadas y saqueos, que originaron el desplazamiento de más de 750 familias de toda la región, todas estas actuaciones paramilitares fueron combinadas con actuaciones regulares del Batallón 21 Vargas, adscrito a la VII Brigada del Ejército Nacional, con el pretexto de perseguir a la guerrilla de las FARC EP.

Pero los desplazamientos forzados fueron una constante en la vida de Reinaldo, que desde pequeño tuvo que vivir las consecuencias del desplazamiento forzado llegando así del Cauca, a la zona del Alto Ariari a la Esmeralda en donde conformó su familia.

En el año 2002 tras la incursión paramilitar, nuevamente tuvo que desplazarse forzadamente, por lo que llegó hasta la ciudad de Villavicencio junto con otras familias. Desde ese entonces con trabajo, dedicación y la creación de comités, logró organizar a más de 35 familias en búsqueda de justicia, verdad, reparación y la firme convicción de regresar al territorio. Sin duda Reinaldo estaba dispuesto a todo por ver felices a las familias campesinas, así tuviera que entregar su propia vida para ello.

Hacia las 8 p.m. del martes 12 de agosto de 2003, después de haber participado en una reunión del Comité de Desplazados y Víctimas de la Violencia del Meta; Reynaldo se encontraba es su casa ubicada en el barrio Ciudad Porfía, mientras cenaba, fue avisado de una llamada telefónica que debía contestar en el billar que quedaba en frente de su residencia; cruzando la calle recibió tres disparos en la cabeza, propiciados según testigos, por un joven alto de cabello claro, quien se alejó del lugar caminando tranquilamente con el arma en su mano y dirigiéndose hacia la calle principal de Ciudad Porfía. Irónicamente, a pocos metros del lugar donde fue asesinado Reynaldo, está ubicada una estación de Policía.

A las 11:30 p.m la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo y durante la diligencia un miembro de la Fiscalía preguntó por la agenda personal de Reynaldo, en la que había consignado algunos datos acerca de la búsqueda que los paramilitares de la zona del Alto Ariari, adelantaban contra personas que organizaban a los desplazados del municipio del Castillo, Meta, debido a las denuncias e investigaciones que se adelantaban para determinar los responsables de los desplazamientos ocurridos en el municipio de El Castillo.

Días antes de su asesinato Reynaldo participó dando su testimonio en la Zona Humanitaria de CAVIDA en el Cacarica Chocó, con motivo de una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, donde presentó la situación de violación de Derechos Humanos del Meta en particular, la del Ariari. Acompañado por diversas organizaciones campesinas, y sociales venía adelantando una propuesta de protección y de animación de la Defensa de la Vida y del Territorio de los desplazados del Ariari que se encuentran en Villavicencio y en otras ciudades del país.

En la actualidad el caso se encuentra en la Fiscalía 08 Especializada de Villavicencio, sin ningún avance en materia jurídica, el asesinato de Reinaldo Perdomo Hite sigue en total impunidad. Este crimen expresa la ausencia de voluntad política del Estado para posibilitar el derecho a la asociación, a la libre expresión, al derecho al retorno con dignidad. La consolidación de las estructuras militares encubiertas en el departamento del Meta, que al ser develadas o denunciadas, por las pocas voces aún existentes en el Meta son acalladas por la Fuerza; expresa la inacción de la Justicia que bajo supuestas investigaciones expía su responsabilidad en la ausencia de esclarecimiento y de sanción de los responsables de millares de crímenes cometidos desde la década de los 80.

El asesinato de Reinaldo exhuma la memoria de Delio Vargas, de Josue Giraldo, de Oswaldo Gonzalez, Gonzalo Zarate, Eder Castaño, Pedro Malagón del Meta, de cientos, de miles y miles de vidas desaparecidas, asesinadas, torturadas, obligadas al exilio, sometidas a la persecución, al exterminio, por la simple razón de apostar en un país distinto, sin exclusiones, con democracia, con pan y con libertad, un país donde el respeto a los derechos humanos integralmente concebidos sean la condición de la paz.

Hoy el Ariari sigue padeciendo, continúa llorando, creyendo en la esperanza de esas resistencias que anónimamente, que silenciosamente defienden la Vida y el Territorio a pesar del Terror del Estado, a pesar de las guerras. 

Ese Vendito Día solo Estaba su cuerpo; Su Alma ya Partía.Con ello entendí la Injusticia que se Cometía con un Hijo; Esposo;Padre;Abuelo y hermano; y con ello toda una esperanza para toda una Comunidad que confiaban en ti.Entendí porque lo Asesinaban.Pero su partida es Símbolo de Esperanza y fe para los que construimos Memoria en Medio del Dolor.Que el Apoyo al SI es para empezar a construir proyectos de Vida de las Comunidades y de todos los Actores Sociales que creemos que es necesario otra Democracia.Si A la Paz.  Deidania Perdomo Ojote

Reinaldo Perdomo Hite en la Memoria.

Reinaldo Perdomo Hite Sin Olvido.

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Jesús Eduardo Hernández

02 de agosto de 1982

Jesús Eduardo Hernández líder social, presidente de la Asociación Provivienda en Puerto Boyacá, vinculado a la Central Nacional Provivienda, CENAPROV, y militante del Partido Comunista Colombiano (PCC). Jesús como presidente creó lazos comunitarios y promovió el trabajo colectivo.

Durante 1982 el líder había sido víctima de amenazas por parte de militares y paramilitares, junto una tentativa de homicidio cuando el Capitán Oscar de Jesús Echandía Sánchez, quien había intentado atropellarlo.

Los hostigamientos y amenazas en su contra persistieron para que dejará el municipio y su labor hasta que el 2 de agosto, fue asesinado y desaparecido por el Capitán Echandía Sánchez quien además ejercía como alcalde militar en este momento, junto al paramilitar Gonzalo de Jesús Peréz de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.

El cuerpo de Jesús Eduardo no fue hallado sus asesinos lanzaron el cadáver al Río Magdalena y le abrieron el vientre para que su cuerpo no flotara.

Posteriormente, el 5 de agosto de 1982 el Juzgado Primero de Instrucción Criminal asumió de oficio la investigación por la desaparición forzada de este líder. Luego de 9 años el 18 de diciembre de 1991 se archivó el expediente y desde entonces el delito contra la humanidad de Jesús Eduardo quedó impune, a pesar de que Echandía Sánchez ejerció algún cargo militar o público en territorios donde se dieron múltiples hechos de violencia contra la población civil y sus líderes.

La memoria de Jesús sigue viva en el intento de que estos hechos no vuelvan a ocurrir y que en algún momento la verdad salga a la luz, y que la impunidad no exista más.

Jesús Eduardo Hernández en la memoria. 

Jesús Eduardo Hernández Sin Olvido.

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Elizabeth Cañas Cano,José Antonio Hernández y Diego Fernando Gómez

Julio 11-21 de 2000

Durante los días 11 al 21 de julio de 2000, fueron asesinados por paramilitares la integrante de Asociación de Familiares Detenidos-Desaparecidos, ASFADDES, Elizabeth Cañas Cano, el asesor jurídico de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, José Antonio Hernández y el dirigente del sindicato de trabajadores del Instituto de Seguros Sociales Diego Fernando Gómez.

Los asesinatos de estas tres personas se dieron por los avances dentro de la investigación que se adelantaba por la Masacre de Barrancabermeja, quienes en calidad de testigos aportaron datos claves para la vinculación de militares y paramilitares. El primer vinculado a este proceso fue el cabo segundo del Ejército, Rodrigo Pérez Pérez, perteneciente al Batallón Nueva Granada con sede en Barrancabermeja, a quién se le dictó medida de aseguramiento el 12 de agosto de 1998. Sin embargo, a los 8 meses este militar recuperó la libertad provisional por el pago de una fianza de aproximadamente US$150.

Aproximadamente tres años después, el fiscal que dirigió la investigación logró vincular al proceso al paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias ‘Panadero’ y a los civiles Álvaro Noriega y Graciliano Alarcón León.

Días antes del asesinato de Elizabeth, el 9 de julio de 2000, la testigo, había sido perseguida por dos hombres armados y dos días después, el 11 de Julio de 2000, fue ejecutada en Barrancabermeja, Santander, mientras se dirigía al Instituto de Seguros, en donde trabajaba; Elizabeth fue interceptada por paramilitares que se movilizaban en una camioneta quienes le dispararon causándole la muerte inmediata.

Elizabeth Cañas era hermana de José Milton Cañas y madre de Giovanny Herrera Cano quienes fueron desaparecidos junto a 25 personas más durante la Masacre de Barrancabermeja, ocurrida el 16 de Mayo de 1998. Esta valiente mujer un año antes de su asesinato ofreció su testimonio en calidad de víctima junto con su sobrina ante el Tribunal Internacional de Opinión realizado en Toronto y Montreal Canadá que se realizó durante los días 14, 15 y 16 de Mayo de 1999.

Y no bastó con asesinar a Elizabeth, también lo hicieron con los otros dos testigos, el 13 de Julio de 2000 fue asesinado Diego Fernando Gómez, quien era el dirigente del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales, además fue un destacado líder deportivo de la ciudad de Barrancabermeja. El asesinato de Diego fue en el Centro Auxiliar de Servicios Docentes, CASD, en el barrio Ciudad Bolívar los disparos que atentaron contra su vida fueron a manos de los mismos paramilitares que cegaron la vida de Elizabeth Cañas,los asesinos se movilizaban en la misma motocicleta de placas RX-115.

Ocho días después el 21 de Julio del 2000 hacia las 8:30 p.m. en el billar San Tropel ubicado en el barrio Tres Unidos, en Barrancabermeja, José Antonio Hernández quien era abogado, economista, dirigente sindical universitario, dirigente popular, miembro del Partido Comunista Colombiano PCC, y asesor jurídico de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos fue asesinado. Sus asesinos fueron identificados como paramilitares quienes se movilizaban en la misma motocicleta Yamaha RX-115.

Años más tarde la verdad y la justicia sigue ocultándose, las víctimas y sus familias, saben quiénes son los responsables, pero su verdad no es acogida, es rechazada, estigmatizada y negada.

El asesinato de Elizabeth Cañas, José Antonio Hernández, Diego Fernando Gómez quienes por ser testigos en los procesos contra paramilitares y altos mandos militares ofrecieron su vida para que algún día la verdad salga a la luz, sin embargo, estos crímenes también se encuentran en total impunidad.

Las afirmaciones de diferentes organismos de derechos humanos siguen vigentes al señalar que una de las causas de la impunidad en el país es que no existe suficiente protección para los testigos, víctimas, reclamantes y defensores y defensoras de derechos humanos que entregan su vida y su labor con el único fin de exigir justicia y verdad.

Eizabeth, José Antonio y Diego Fernando en la Memoria.

Eizabeth, José Antonio y Diego Fernando Sin Olvido.

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Carlos Arturo Guengue

9 de abril de 1987

Carlos Arturo Guengue era un reconocido dirigente popular en el sector de Aguablanca, en Cali, Valle del Cauca, fotógrafo, militante de la Unión Patriótica y del Partido Comunista. Esposo y padre de dos hijos.

El 6 de julio de 1987 el agente de policía Saúl Rentería fue baleado y saqueado de su radio portátil en Cali. Agentes de policía de la SIJIN empezaron a buscar al responsable de los hechos, en donde, de forma irregular fue vinculada Luz Marina Castillo. La mujer y su hija fueron amenazadas, acusadas de haber robado el radio y de conocer a un hombre apodado “El Magnífico”, señalando a Carlos Guengue.

Días más tarde, el 9 de julio de 1987 a las 8 de la noche, hombres vestidos de civil, armados y llamados "los secretos”, miembros del F-2 de la SIJIN, por orden del suboficial Jaime Collazos allanaron la vivienda de Carlos. En la casa estaba Olga María Guerrero, esposa de Guengue, y sus dos hijos, de uno y cinco años. Olga fue interrogada, golpeada e insultada, la sacaron de la vivienda cogiéndola del cuello y la arrastraron hasta un carro, y aunque trato de pedir ayuda los hombres la callaron.  

Los policías en varios autos se dirigieron con Luz Marina y Olga al hospital San Juan de Dios, lugar en el que trabajaba Carlos, al llegar, él ya había salido en dirección a su casa. Mientras tanto Virgelina Chara vecina de la familia Guengue intentó advertirle a Carlos del allanamiento y que su esposa había sido detenida, sin embargo, “los secretos” al ver que Virgelina había constatado los hechos también la detuvieron y subieron al mismo auto con Luz Marina y Olga.

A las 10 de la noche en el barrio Marroquín, Carlos fue detenido, golpeado e insultado por cinco integrantes de “los secretos”, los hombres lo meten en la cajuela de un Renault gris y lo llevan a la Calle 70 con carrera 80. En el lugar, había un depósito de materiales. El vigilante del depósito observó la llegada de hombres vestidos de civil, con armas cortas, ametralladoras y radios portátiles, quienes además se acercaron para pedirle cigarrillos y agua.

Minutos después el Renault gris en cuyo baúl estaba Carlos tomó la autopista hacia la carrera primera y desapareció, desde aquel momento jamás se supo de Carlos. Al día siguiente, el vigilante del depósito de materiales vio el Renault gris en la inspección de policía del barrio las Ceibas.

El auto en el que estaban las 3 mujeres se fue en dirección a la Estación de Policía Fray Damián, en donde, los agentes indicaron haberlas detenido por ser miembros del M-19, y que, la prueba de ello eran boletines que habían encontrado al allanar la casa.

Dado que no existían las pruebas suficientes y las mujeres habían sido detenidas sin orden de captura y tampoco se había hecho la detención en estado de flagrancia, entonces fueron liberadas. Pero la desaparición de Carlos no fue suficiente, puesto que, los victimarios continuaron con amenazas y atentados contra Olga, al dispararle e intentar secuestrarla. La Procuraduría solicitó al DAS medidas de protección, pero las amenazas y los hostigamientos se intensificaron.

Debido a las denuncias realizadas, la Procuraduría Regional estableció que miembros de la policía del F-2 adscritos a la SIJIN habían realizado la detención ilegal vinculando al subteniente y comandante de la unidad antisubversiva Mauricio Nieto Rojas, al suboficial Jaime Collazos, el cabo primero Juan Pablo Colorado y los agentes Rubén Rodríguez y Fernando Valencia.

En el hecho participaron un mayor número de agentes de seguridad estatal, sin embargo, no se determinó quienes, así como tampoco la presunta responsabilidad de un agente de Estado con un rango mayor que estuvo involucrado en los hechos y protegió a los victimarios. Todos negaron la responsabilidad, pese a que, se supo que fue una operación de tipo paramilitar y clandestina, ni la justicia penal, ni militar adjudicaron responsabilidad o se tomaron medidas disciplinarias.

Aunque se imputaron cargos de detención ilegal, abuso de autoridad y secuestro, nunca se consideró en sí mismo el delito de desaparición forzada. El cuerpo de Carlos y sus restos jamás fueron hallados y la pérdida de su vida quedó en completa impunidad, finalmente, su esposa y sus dos hijos debieron exiliarse.

A pesar de que el hecho es impune, la humanidad y el alma de Carlos no han sido olvidadas, su vida y su labor siguen vivas.

Carlos Arturo Guengue en la Memoria.

Carlos Arturo Guengue Sin Olvido.

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Francisco Javier Montoya

4 de Julio de 1998

El 4 de julio de 1998, un sábado, día de actividad comercial en el casco urbano de Dabeiba se encontraba Francisco Javier Montoya y  se dirigió de allí hacia La Balsita. En el punto conocido como “La Recta del Papayero” fue obligado a bajarse del bus por tres paramilitares.

Los armados que operan bajo la dirección de las Fuerzas Militares lo golpearon, lo obligaron a arrodillarse y le preguntaron en qué trabajaba. El líder campesino, respondió con la verdad, “soy promotor de salud”, sus asesinos le replicaron: "Es verdad que usted es promotor, pero es un sapo de la guerrilla” (...) “usted es el que manipula a los desplazados en Dabeiba".

Sus victimarios le dispararon en tres ocasiones. Un tiro en la cabeza, otro en la boca y finalmente uno en el corazón. Posteriormente, los restos de Francisco Javier Montoya fueron transportados por sus asesinos en una camioneta de color azul, de placas KFD 965 de Medellín, que se dirigió hacia el caserío de Urama. El cadáver de Francisco Javier jamás fue hallado. 

Desde ese día en la mente, en las palabras y en el corazón de los desplazados de La Balsita, Francisco Javier está presente. Sus victimarios no lograron su propósito. Ni el despojo de las tierras ni el desarraigo. Más de 300 asesinatos y desapariciones, entre ellos, el crimen de Francisco no ha logrado quebrar los sueños y las esperanzas. Desde ese día del asesinato de Francisco, la Comunidad de Vida y de Trabajo de La Balsita, de la que fue uno de sus animadores, a la que ayudó a enfrentar el terror, buscan que sus restos sean entregados, que haya justicia y que exista un respeto a sus tierras ante las pretensiones ambiciosas.

La labor de Francisco Javier fue muy importante, dedicó su vida a servirle a la comunidad de la Balsita en Dabeiba, Antioquia siendo promotor de salud en el municipio y denunciando los casos de desplazamiento forzado, trabajó por mejorar la calidad de vida de la población desplazada, estableciendo albergues y resistiendo junto al campesinado. 

Francisco en medio del absoluto control paramilitar en Dabeiba denunció ante la comunidad nacional e internacional los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares de las Brigadas IV y XXVII del Ejército, y paramilitares desde 1996 y 1997 que originaron el desplazamiento forzado ocurrido en La Balsita. Francisco hizo público los pasajes de horror que se desarrollaron por parte de las mismas estructuras paramilitares responsables de la Masacre del Aro, en las que se conoce la participación de la Gobernación de Antioquia. De esa verdad hablan los mandos paramilitares de la época, a los que se ha querido silenciar en las cárceles de los Estados Unidos, de esa verdad habla Francisco Villalba, ex paramilitar, asesinado días después de rendir un testimonio en que implicó al célebre presidente de la “seguridad democrática”.

Aún el asesinato de Francisco Javier, todo sigue en la impunidad. La verdad se ha disfrazado de mentira, el municipio de Dabeiba para muchos es "un remanso de paz" como se lee a la entrada del pueblo. "Paz" de las estrategias militares encubiertas con la acción y omisión de unidades militares de las Brigadas IV y XXVII del Ejército, de la Policía Nacional, de las autoridades locales que no hicieron nada para evitar el desplazamiento, para evitar los centenares de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Dabeiba entre 1997 y el 2001. Por lo menos 300 de esos crímenes se encuentran documentados y fueron presentados a la fiscalía a través de Constancias Históricas y Censuras Morales. Nada se ha hecho para esclarecer la verdad, para allanar caminos de justicia y sanción integral.

Años de arrogante impunidad, de inercia investigativa se encuentran enfrentados a la memoria colectiva sellada en un árbol, el árbol de la vida, allí se encuentra Francisco y más de 300 víctimas de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, de mujeres accedidas carnalmente, de quemas de caseríos y millares de desplazados. Nada se ha hecho en concreto para esclarecer la verdad, dar respuesta a la demanda de justicia y para garantizar la vida en los territorios de La Balsita a las comunidades desplazadas cerca de Dabeiba.

La memoria de Francisco y de esos millares de víctimas, los territorios del horror son andados por decenas de habitantes rurales y urbanos de Colombia, que claman por la justicia y la vida en los territorios, objeto de los saqueos y de los intereses empresariales. 

Allá están en la andadura para enfrentar la violencia estatal para afirmar la dignidad en los territorios, en medio de esa impunidad, que ha permitido que hoy, muchos de los paramilitares, sigan disfrutando de sus libertades, sin ningún control, de las posesiones tomadas con sangre y fuego, como mercenarios del capital.

La memoria hoy continúa perpetuándose en las familias campesinas que afirman el Derecho a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación desde la Zona Humanitaria "El Paraíso" de la Comunidad de Vida y de Trabajo La Balsita.

Hoy la comunidad mantiene viva la búsqueda de justicia. Ya no es la esperanza en un aparato de justicia inactivo cómplice de la criminalidad, es la esperanza que nace desde la memoria, desde la expresión de la creación en algo que hunde sus raíces en el monumento, que la propia vida erigió para no olvidar, para arraigar, es el Árbol de la Vida. Porque como dijo en una ocasión una de las matriarcas de la Comunidad "Nos duele recordar, pero más nos duele olvidar". Por ello, hoy la Comunidad conmemora la desaparición forzada de Francisco Javier Montoya, al lado del árbol de la vida.

Francisco Javier Montoya en la Memoria.

Francisco Javier Montoya Sin Olvido.

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Alirio de Jesús Pedraza Becerra

Foto: Observatorio DDHH  Boyacá -Casanare 
4 de julio de 1990 

Alirio Pedraza, sogamoseño, estudió en derecho en la Universidad Nacional en Bogotá, siendo influenciado por Eduardo Umaña Luna y Eduardo Umaña Mendoza. Defensor de derechos humanos y abogado vinculado desde 1982 a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

Desde entonces, en razón de su labor fue convertido por las Fuerzas Armadas como “el abogado de guerrilleros” o como “un guerrillero vestido de civil”.

El 4 de julio de 1990, fue detenido por ocho hombres vestidos de civil, y armados, cuando salía de la panadería San Pablo, en el Centro Comercial de La Campiña, en la calle 145 con carrera 92, cerca de su vivienda en Bogotá, cuando regresaba del trabajo y lo esperaban su esposa Virginia Vargas y su hijo Oscar de 7 años. Detenido, desaparecido y posteriormente asesinado por miembros de organismos de seguridad del Estado.

Cerca al lugar había dos agentes de policía que constataron los hechos, sin embargo, tuvieron conocimiento de que eran hombres que hacían parte de la seguridad del Estado y permitieron el abuso y detención en contra de Alirio.

Hasta 1996, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la nación a pagar una indemnización por la desaparición de Alirio y dictaminó que el crimen fue cometido por agentes de la Policía Judicial.

Alirio tenía 40 años de edad, adelantaba varios procesos representando víctimas en casos de graves violaciones de Derechos Humanos cometidas por miembros de la Fuerza Pública, y representaba 42 sindicalistas detenidos y torturados por miembros del Ejército Nacional en marzo de 1990. Alirio había sido amenazado por paramilitares de Boyacá y la vivienda de su madre había sido allanada por miembros de Batallón Tarqui de Sogamoso en agosto de 1989.

Cada año recordamos públicamente la vida de Alirio, y denunciamos que un día como hoy, la criminalidad del Estado lo aniquiló. Pero cada día y cada momento sigue viva la energía de su proyecto y su apuesta por la dignidad, a través de quienes inspirados con su ejemplo continuamos abogando por los más débiles, por las víctimas que produce la misma criminalidad que él atacó con vehemencia años atrás.

¡ Por la vida, la dignidad y la Justicia. Mantengamos encendida la luz de la memoria !

FUNDACION COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS

Alirio de Jesús Pedraza Becerra en la Memoria.
Alirio de Jesús Pedraza Becerra Sin Olvido. 

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Armando Cerón, Elder Daza, Henry Gaviria y Gerardo Hoyos

Familiares de desaparición forzada Argelia Cauca

2 de junio de 2008 

En la madrugada del 2 de junio de 2008 hombres fuertemente armados, pertenecientes a la estructura paramilitar de Los Rastrojos irrumpieron simultáneamente en las casas de habitación de los campesinos Armando Cerón, Elder Daza, Henry Gaviria y Gerardo Hoyos en el corregimiento San Juan de la Guadua, municipio de Argelia, Cauca.

Con insultos y amenazas obligaron a abrir las puertas de estas casas, posteriormente sacaron a los cuatro campesinos de sus viviendas, los amarraron y los llevaron con rumbo desconocido. Según se conoció posteriormente uno de ellos fue incinerado y los demás fueron asesinados con impactos de bala. Saquearon las pertenencias de las familias, intimidaron a las esposas y los hijos que se encontraban juntos a sus esposos.

Esta acción paramilitar, se dio en un escenario de militarización y control policial sobre el municipio de Argelia, departamento de Cauca, los paramilitares tomaron control de la zona desde el mes de abril de 2008. En su macabro transito asesinaron y desaparecieron campesinos en otros caseríos de este municipio sin ningún tipo de impedimento por parte de autoridades militares, policiales y civiles.

Fueron años en que el terror paramilitar generó un desplazamiento masivo de más de 300 familias del municipio de Argelia. Armando, Elder, Henry y Gerardo son cuatro de las víctimas de desaparición forzosa que ha dejado esta actuación paramilitar, además de años de impunidad, años de incertidumbre por desconocer el paradero de estos cuatro campesinos, años de sufrimiento para sus esposas e hijos.

La comisión Interamericana de derechos benefició con medidas cautelares en julio de 2010 a 29 familias víctimas de desplazamiento forzado, asesinato y abuso sexual, pero frente a las recomendaciones hechas por esta instancia internacional, el proceso de investigación sobre estos hechos no avanza, las familias no han sido reparadas moral, ni materialmente. Los paramilitares que han sido detenidos por algunas autoridades no son investigados por estos hechos.

Los familiares de estas víctimas esperan que se haga justicia en este caso, que se dé celeridad al proceso de ubicación de los sitios donde se presume fueron asesinados y estarían los restos de los cuatro desaparecidos.

Ellos están vivos y presentes en la memoria de sus familiares, ellos como el resto de víctimas de esta actuación paramilitar, esperan un avance en el proceso de investigación por parte de las autoridades competentes para ser encontrados. Aún sus familias esperan que se conozca la verdad, que se sancione a los responsables, que haya resarcimiento de los daños causados. Ellos esperan que se haga justicia sobre este episodio.

Armando Cerón, Elder Daza, Henry Gaviria y Gerardo Hoyos en la Memoria 

Armando Cerón, Elder Daza, Henry Gaviria y Gerardo Hoyos Sin Olvido

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Guillermo Rivera Fúquene

Abril 22 de 2008 

El 22 de Abril de 2008 el líder sindical y político Guillermo Rivera Fúquene fue desaparecido en la Carrera 25 sur No. 51 – 80, en el sector del Tunal en la ciudad de Bogotá mientras trotaba luego de dejar a su hija menor en la ruta del colegio.

Guillermo Rivera era esposo de Sonia Betancur, y padre de dos niñas; fue economista de la Universidad Autónoma, y además cursó una maestría en la Universidad Javeriana, hizo parte del sindicato de la Contralaría de Bogotá, mientras era militante del Partido Comunista Colombiano y del Polo Democrático Alternativo.

El 22 de Abril, no solo se perdió a un líder y asesor político, se perdió un excelente esposo, padre y amigo, que en horas de la mañana llevó a su hija menor a esperar la ruta del colegio, y luego de esto trotó en el barrio en el que vivía en donde creía estaba a salvo, no sabía que agentes policiales lo obligarían a subirse en una patrulla, que lo llevó camino a su ejecución.

Testigos que se encontraban a las afueras del Conjunto Multifamiliar Norte de Santander, ubicado en Bogotá y una cámara de seguridad, proporcionaron las pruebas suficientes para que ese mismo día la Comisión Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD) iniciara la búsqueda urgente de Guillermo Rivera Fúquene ante el Físcal 98 de Unidad Nacional de Derechos Humanos, aun así la búsqueda fue inútil.

El 24 de Abril fueron encontrados los restos de Guillermo Rivera en un botadero de basura en la vía al Río Combeiba en al caserío de Totumo,  que evidenciaron los maltratos y las diferentes torturas que recibió su humanidad como golpes en el rostro y contusiones en diferentes partes del cuerpo, y signos de muerte por estrangulamiento.

Dos días después, el 26 de Abril fue entregado como NN al cementerio San Bonifacio de Ibagué.

84 días después de su desaparición, el 15 de Julio la Fiscalía dactilar, y así pudieron comprobar que se trataba del cadáver de Guillermo Rivera, finalmente sus restos fueron sepultados en Bogotá el 17 de Julio de 2008. En 2015 el crimen fue condenado por las fuerzas políticas y sociales en Bogotá, sin embargo, el crimen continúa en la impunidad.

Cada año su familia, amigos, vecinos y defensores de Derechos Humanos recuerdan a Guillermo Rivera Fúquene, pegando su fotografía en el lugar que fue visto con vida por última vez.

Guillermo Rivera Fúquene en la Memoria.

Guillermo Rivera Fúquene Sin Olvido.

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Julio Henríquez Santamaría

Febrero 4 de 2001 

JULIO HENRIQUEZ SANTAMARIA, Defensor de Derechos Humanos, del ambiente, biólogo protector de la naturaleza, Consejero de Paz en el departamento del Magdalena en 1992, profesor, economista solidario, militante del M19, amigo, hijo, padre, esposo. 

Julio, nació el 29 de marzo de 1952 en Cereté, Córdoba. Hijo de Julio, dedicado al comercio de calzado y Belarmina, modista y comerciante. 

Estudió Biología en la Universidad Libre de Bogotá, en donde fue presidente del Consejo Estudiantil. Hizo parte del comité editorial del periódico de la Unión Revolucionaria Socialista, URS, hasta que se radicó en Santa Marta junto a su hija Nadia y su esposa Zulma Chacín. Allí, se vinculó al M-19 a través del Frente Democrático, con una amplia actividad política local, junto a Ricardo Villa, su gran amigo y compañero. En 1990, Julio se articuló a la Alianza Democrática M-19 con quienes se lanzó como candidato suplente al Consejo Municipal junto con Clementina Cayón de Bateman. Coincidencialmente, para esta fecha se dio el proceso de paz con el M-19. 

Para 1984 decide acogerse a la amnistía propuesta por Belisario Betancur y radicarse en Guacamayal, corregimiento de Ciénaga en la Zona Bananera. 

Sin embargo, para finales de los 80, cuando la presencia paramilitar se hacía intensa en Guacamayal, la ocupación territorial basada en asesinatos selectivos e indiscriminados, amenazas, desplazamiento y abandono de tierras, hicieron que malvendiera sus tierras y regresara a Santa Marta, ubicándose con su familia en Calabazo, zona de amortiguación del Parque Tayrona. 

Trabajó el activismo en derechos humanos desde el Comité Permanente de Derechos Humanos en Santa Marta, y fue nombrado como Consejero de Paz del Departamento del Magdalena en 1992. En este proceso acompañó la desmovilización del EPL y el proceso de conformación de Esperanza Paz y Libertad en el Magdalena, así como acercamientos para la posibilidad de diálogos para la paz. Para ese año se dieron las primeras amenazas en su contra. 

Dejando el cargo en la Gobernación, se dedicó de lleno al trabajo en derechos humanos, siendo presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos en Santa Marta. Para 1993, amenazan fuertemente a todos los miembros del Comité y asesinan a uno de sus miembros. 

Para el año 2000, decidió volver a Calabazo para impulsar junto con los pobladores de la región, un proyecto de ecoturismo y de reforestación, así como la creación de reservas naturales en la zona de amortiguación del Parque Tayrona. 

Posterior a esto continua con su trabajo, en la defensa de los territorios y el respeto a los derechos humanos, hasta el domingo 4 de febrero de 2001, cuando se encontraba reunido con campesinos y parceleros de la región en la asamblea de constitución de la Asociación Ambientalista Comunitaria de Calabazo "Madre Tierra", allí varios hombres armados, paramilitares, bajo el mando de Hernán Giraldo Serna y Francisco ’Pacho’ Muzo, se lo llevaron a la fuerza frente a la mirada impotente de más de 20 personas. 

Luego de seis años de búsqueda, en la que sus amigos y familiares, así como organizaciones de derechos humanos aunaron esfuerzos para encontrarlo y exigir que se castigara este crimen de desaparición forzada, se logró llevar hasta la etapa de juicio y que los victimarios reconocieran el crimen, así mismo, se conocieron las coordenadas del lugar de la fosa individual con sus restos mortales. 

El 11 de octubre de 2007, luego de una diligencia de exhumación en la vereda La Estrella, a cinco minutos de Calabazo, dirigida por la Unidad de Justicia y Paz, se recuperaron sus restos que ya fueron identificados y reconocidos como Julio Henriquez Santamaria. 

La investigación de una Fiscalía de Derechos Humanos y DIH permitió establecer que la desaparición y posterior asesinato de Enriquez fue motivada por el interés del ex jefe paramilitar de la Sierra Nevada de Santa Marta, Hernán Giraldo, de apoderarse de sus terrenos para sembrar cocaina. 

En contra de dicho paramilitar y de Leonidas Acosta, se emitió resolución de acusación, condenándolos a 38 años y cinco meses de prisión quienes antes de ser extraditados a los Estados Unidos, el 13 de mayo de 2008, fueron escuchados en juicio el 20 de marzo del 2007. El proceso penal continúa contra Jairo Musso quien dio la orden final y dirigió el operativo de cuatro personas que sacaron a Julio Henríquez de una reunión. 

El 15 de diciembre de 2007, más de dos meses después de ser hallado, fueron entregados sus restos por parte de la Fiscalía General de la Nación en el Salón Bolívar de la Gobernación del Magdalena. Luego fue llevado hasta el Cementerio San Miguel donde fue enterrado junto a sus padres, abuela y familiares de su esposa.

En palabras de Zulma, su esposa, dignificamos su memoria: “La bandera de Julio es de muchos colores y su vida representa la de tantas y tantos luchadores sociales, ambientales, políticos, comunitarios, de derechos humanos, nuestra mejor gente, la que ya no tenemos junto a nosotros haciendo lindo este país”

La bandera de Julio Henríquez Santamaría es de muchos colores y su vida representa la vida de tantas y tantos luchadores sociales, la que ya no tenemos junto a nosotros transformando este país. 

Julio Henriquez Santamaria en la Memoria 

Julio Henriquez Santamaria Sin Olvido

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