Operación Orión

16 de octubre de 2002 - 16 de Octubre de 2012

Memoria y Justicia

En aplicación de la llamada "seguridad democrática" en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, altos mandos de las fuerzas militares y policiales, como los generales Mario Montoya y Leonardo Gallego, ordenaron a paramilitares al mando de Diego Fernando Murillo participar en una operación de arrasamiento en la Comuna 13 de Medellín, denominada "Orión"

Esta fue una de las seis operaciones que se adelantaron en la capital de Antioquia entre febrero y agosto de 2002, entre las que se encuentran las llamadas "Otoño, "Contrafuego", "Mariscal", "Potestad" y "Antorcha" bajo el pretexto de persecución a núcleos urbanos de las guerrillas de las FARC y del ELN.

Como feroces fantasmas de la muerte irrumpieron antes de la media noche del 16 de octubre. La brigada 4 orquestó un plan apoyado con grupos paramilitares del Bloque Metro y del Cacique Nutibara, integrantes que fueron vestidos con prendas oficiales. Esas horas de terror, que se prolongan 10 años después en sus efectos en el subconciente colectivo, contaron con allanamientos ilegales, capturas masivas, ejecuciones extrajudiciales, muertes de civiles, desapariciones forzadas, e incontables violaciones a sus derechos, además de hacer daños colectivos en la Comuna 13.

Hoy en el lugar conocido como “La Escombrera”, se calcula que hay más 300 cuerpos de personas desaparecidas. “En 2002 fui detenida siendo inocente y por eso yo pido que realmente el gobierno de Uribe se haga responsable de todo esto porque gente inocente fuimos encarcelados y asesinados y nos camuflaban y nos hacían pasar por guerrilleros y era falso porque había niños inocentes de 6 y 7 años que los hacían pasar por guerrilleros, para mí la justicia no existe", dice una de las víctimas sobrevivientes.

Pretendiendo asegurar la impunidad los militares ejercieron funciones de policía judicial, así cambiaron escenarios del crimen y ocultaron la participación de sus auxiliares los paramilitares. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó: “Una de las medidas que la Comisión ve con más preocupación es la referente a permitir a miembros de las fuerzas militares ejercer funciones de policía judicial en investigaciones realizadas por la Fiscalía en relación con civiles… La utilización de militares como agentes de policía judicial por parte de los fiscales puede prestarse a la violación de derechos de los ciudadanos, a la realización de pruebas amañadas o al ocultamiento de pruebas cuando puedan indicar responsabilidades por parte de las Fuerzas Armadas a las cuales se sindica con frecuencia de presuntas violaciones a los derechos humanos’’ 

En diciembre de 2011 el General (r) Mario Montoya rindió versión libre como responsables por esta operación con auxiliares paramilitares. Diego Fernando Murillo, en junio de 2009, ante la Corte del Distrito Sur de New York expresó que la operación en la Comuna 13 contó con una alianza con la brigada 4 del ejército, ordenada por este alto militar, que rendía informes al propio presidente Uribe y también al parecer su ministro de Interior, Fernando Londoño Hoyos.

Aún hoy, los responsables en altos niveles no han sido vinculados a investigación alguna, los beneficiarios de una operación de tal magnitud siguen sin develarse judicialmente.

De los desaparecidos solo se conoce la dolorosa verdad que fueron arrojados al río Cauca o enterrados en el lugar conocido como La Escombrera, lugar que en esas fechas se encontraba bajo el control paramilitar. De acuerdo a las declaraciones de Diego Murillo, alias "Don Berna", se sostiene que un gran número de cuerpos de desaparecidos se encuentran enterrados ahí. Desde años atrás y aún hoy, diariamente llegan 300 volquetas con escombros de obras.

Poco a poco se demuestra que no hay voluntad política para encontrar los cuerpos, no se han hecho los estudios necesarios para la contrastación genética con los familiares que buscan a sus desaparecidos, tampoco han cesado las actividades de las empresas administradoras de la escombrera.

En un acto de repudio y dignificación los familiares de los desaparecidos construyeron un monumento y una placa pero estos fueron removidos por la empresa. Diez años después la bendita memoria está ahí resonando los nombres, las historias que el terror oficial ha querido silenciar negar. Esos nombres hoy están asumidos en una Misión Internacional. Expresión de la solidaridad y de la dignificación de las víctimas.

Uno de los comisionados internacionales Santiago Corcuera de México expresó:

“Una de las lecciones que estamos aprendiendo de los testimonios de los jóvenes y mujeres familiares de las victimas es que la opción militar para restaurar el orden no es la respuesta, y hoy hacemos un llamado al mundo para que no sigan acudiendo a la opción militar puesto que rompe el tejido social y produce más violencia” 

“Las lágrimas se nos están acabando de tanto dolor” palabras de una de las víctimas sobrevivientes.

Sin Olvido