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martes, 11 de junio de 2019

Masacre de La Granja


 11 de junio de 1996

La Granja es un corregimiento ubicado en el municipio de Ituango, al norte del departamento de Antioquia. En junio de 1996, un martes 11, incursionaron aproximadamente 30 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) obligando a que la población cerrara los establecimientos y que salieran todos de sus casas.

Cuando reunieron a toda la población torturaron en frente de todos los pobladores, a cinco campesinos, algunos de ellos líderes sindicales, acusados de ser auxiliadores de la guerrilla de las FARC. Los familiares de William de Jesús Villa García, Graciela Arboleda, Jairo de Jesús Sepúlveda y Héctor Hernán Correa García vieron sufrir y morir a sus familiares en manos del grupo paramilitar al mando de Carlos Mauricio García alias “Doble Cero”, asesinado en 2004 y por ordenes de los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso, quienes serían también los presuntos autores intelectuales del crimen. 

Junto a la Masacre de El Aro y San Roque la población abandonó su tierra, más de 700 personas fueron desplazadas forzosamente y perdieron sus cosechas de pancoger, sus viviendas y los espacios comunitarios se deterioraron, el puesto de salud, la institución educativa, el tejido social fue afectado, se dio una desintegración familiar e incluso perdida de sus costumbres. Los hechos ocasionaron graves daños individuales y colectivos.

Esta masacre fue promovida por un grupo de comerciantes y ganaderos que tenían de referente esta zona como un territorio controlado por las FARC, los patrocinadores era supuestas víctimas del grupo guerrillero y por ello promovieron la masacre, ofrecieron 300 millones de pesos a los paramilitares para asesinar a los campesinos, además se contó con la complicidad del Ejército, siendo señalado el general Monsalva.

Luego, el 27 de agosto de 2001, la población volvió a escuchar un rumor que decía “Ya vienen los paras." Los pobladores comenzaron a huir, algunos se encerraron y a las 6 de la tarde comenzó un enfrentamiento entre las Autodefensas y las FARC, por segunda vez, se dio otra masacre dejando a seis personas muertas y nuevamente la comunidad fue desplazada.

La Fiscalía general de la Nación determinó que las víctimas eran solo campesinos y que estos nada tenían que ver con los grupos subversivos.

Años más tarde durante la desmovilización de los paramilitares con la Ley de Justicia y Paz,  Salvatore Mancuso y Franciso Villalba vincularon a Álvaro Uribe de ser uno de los autores intelectuales de la masacre, junto a los hechos ocurridos en El Aro, quien para aquel entonces era gobernador de Antioquia e indicaron que este tenía conocimiento de las incursiones armadas, Mancuso confesó que las campañas presidenciales de Álvaro Uribe en 2007 fueron financiadas por paramilitares en ciertas regiones del país y además se afirmó que se buscaba mantener el control de estos corregimientos por ser parte de un corredor estratégico para la circulación de narcóticos.

En 2015, la magistrada María Consuelo Rincón reiteró investigar a Uribe por acción u omisión en esta masacre y el Tirbunal Superior de Medellín también ordenó que se le investigara por el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien habría advertido de la llegada de los paramilitares a El Aro, La Granja y San Roque, en Ituango.

En las acciones armadas se vinculó al comandante de la IV Brigada, el general Carlos Alberto Ospina,  el comandante de la Policía de Antioquia, Carlos Emilio Gañán, al exgobernador y a Pedro Juan Moreno exsecretario de la gobernación de Antioquia. En 2011, un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos profirió resolución de acusación en contra del Mayor de la Policía, José Vicente Castro, quien era comandante de una subestación de policía, la cual figura como cómplice de lo ocurrido.  

El 1 de julio del 2006 a través de la sentencia “Las Masacres de Ituango VS. Colombia” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se condenó al Estado por la masacre y ordenó pagar una indemnización de 3.400 millones de pesos a los familiares de las víctimas.  En 2018, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaro el homicidio de Jesús María Valle, la masacre de la Granja, El Aro y San Roque como Crímenes De Lesa Humanidad.

Pese a las acusaciones, testigos, testimonios, sentencias y demás pruebas, la impunidad persiste y el silenciamiento de la verdad ha sido uno de los limitantes principales para la reparación de las víctimas y para una verdadera paz. Hoy los jóvenes del corregimiento luchan por mantener viva la memoria de quienes fueron torturados y asesinados para que la historia nunca más se repita.

Víctimas de Masacre de La Granja en la Memoria. 
Víctimas de Masacre de La Granja Sin Olvido. 

Imagen: Luis Benavides. El Espectador. 

miércoles, 27 de febrero de 2013

Jesús Maria Valle

27 febrero 1998 -  27 febrero 2013

Jesús María Valle Jaramillodefensor de la vida y los derechos humanos. De sus entrañas, de caminantes a su lado, de la andadura en la memoria contra la impunidad. El defensor incansable de las ideas y las palabras, era un convencido que sin justicia social no podrá existir una verdadera Paz. Jesús María Valle Jaramillo, fue un hombre bueno, sencillo, solidario, un amigo incondicional, un líder polifacético y de una capacidad de trabajo y de entrega sin límites, pero sobre todo un consecuente y valiente defensor de los derechos humanos en Medellín, Antioquia y Colombia. Su voz aún se recuerda, como si estuviera en las calles, en su oficina, en su casa, en los lugares donde compartió con las personas que siempre defendió, por las que abogó.

El 27 de febrero de 1998, siendo las dos y quince de la tarde dos hombres y una mujer entraron al Edificio Colon ubicado en la calle 49 con carrera 51 del centro de la capital antioqueña. Después de intimidar a su hermana, que trabajaba con él, los sicarios le dijeron a Jesús María Valle "usted para nosotros es muy importante, pero también es un problema". Lo obligaron a tenderse en el piso boca abajo y le dispararon en dos ocasiones en la cabeza.

En el sepelio de Valle el sacerdote Joaquín Vargas dijo que “un apóstol nunca piensa en sí mismo sino en los demás”. Por ello, Jesús María Valle representa esa clase de hombres que luchan por la dignidad del otro, aún a costa de su propia vida. 

Quince años de impunidad, las confesiones de paramilitares ocultan a los  culpables detrás de éste crimen, a los culpables de cuello blanco que ordenaron acabar con la vida de éste defensor.

Los bárbaros querían silenciar las contundentes denuncias que realizaba Jesús María Valle, las cuales en muchas oportunidades develaba una convivencia, una complicidad y una ayuda entre comandantes de la policía, del ejército y los paramilitares que cometen una serie de asesinatos en el perímetro urbano. 

Jesús María Valle acompañó a las víctimas, en aquellos momentos difíciles cuando preguntaban por los desaparecidos, cuando defendía a las y los detenidos por razones políticas, a los campesinos desplazados forzosamente de sus tierras, a las víctimas de las masacres perpetradas por los paramilitares, a los estudiantes en sus luchas, a los indígenas, afro descendientes y las y los dirigentes sociales y populares.

Este abogado penalista, puso al alcance de los condenados pobres, el elitista Recurso de Casación ante la Corte Suprema de Justicia e hizo del ejercicio de su profesión una expresión comprometida y consecuente con su proyecto de vida.

Desde el Comité permanente por los derechos humanos, fue uno de los primeros en denunciar el terror de las autodefensas en Antioquia y particularmente en Ituango. “Yo escuchaba decir que el meridiano de la cultura y la política pasaban por Antioquia. Hoy puedo decir que el meridiano de la violencia pasa por Antioquia”, dijo en un recordado discurso el 25 de Agosto de 1997, que dió durante la conmemoración del décimo aniversario del asesinato de los defensores de derechos humanos Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur.

Las actividades de Jesús en defensa de los derechos humanos comenzaron a ser incómodas tanto para los grupos paramilitares como para algunos funcionarios cómplices de estas acciones.

En 1996 en una entrevista, afirmó: “desde el año pasado le pedí al Gobernador y al comandante de la IV Brigada que protegiera la población civil de mi pueblo, porque de septiembre a hoy han muerto más de 150 personas”. No le creyeron. Pocos días después, el entonces gobernador y hoy ex presidente, Álvaro Uribe, lo señaló como “enemigo de las Fuerzas Armadas” y fue denunciado por calumnia ante los tribunales.

Aún así, Valle denunció con gran coraje la complicidad del Ejército en las masacres de La Granja en 1996 y El Aro en 1997, corregimientos de Ituango, perpetradas por comandos paramilitares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) terminó dándole la razón y condenó al Estado colombiano por la relación de algunos militares con esas masacres de Ituango.

Un día antes de su asesinato, se presentó en la Fiscalía para rendir indagatoria por la denuncia por calumnia que cursaba en su contra. Alegó que no había cometido ningún delito, pues su versión sobre los nexos entre miembros del Ejército y la Policía con los grupos paramilitares había sido comprobada por organizaciones internacionales de derechos humanos.

Por el asesinato de Jesús María Valle el Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín condenó a 40 años de prisión como coautores a Álvaro Gómez Mesa y a Jorge Eliécer Rodríguez Guzmán. Sin embargo estas personas aún no han sido capturadas por las autoridades.

El Juzgado también condenó a Carlos Castaño como autor intelectual del crimen, pero fue absuelto en segunda instancia. Varios miembros de la familia Angulo, una prestante familia de Ituango, relacionados con el homicidio, fueron absueltos.

En julio de 2001, el Tribunal Superior de Medellín confirmó la sentencia contra Castaño y otros, pero también la absolución de los hermanos Angulo Osorio. Varios integrantes de la banda de sicarios ‘La Terraza’ se responsabilizaron por el asesinato de Valle en un comunicado publicado que se dio a conocer a través de Tele Antioquia. Allí añadieron que Carlos Castaño les pagó por este y otros crímenes contra defensores de derecho humanos.

En mayo de 2007 el Concejo de Estado condenó a la Nación y ordenó pagar una indemnización de 1.700 millones de pesos a la familia de Valle. Pero varios familiares del abogado la rechazaron al considerar que “no se establece la verdad sobre su crimen”.

El caso pareció quedarse en esta decisión, hasta que fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en busca del esclarecimiento de la verdad y el 27 de noviembre de 2008 La Corte IDH falló contra el Estado colombiano en esta sentencia se obliga al Estado a reabrir la investigación, así como a realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en la universidad de Antioquia además de colocar una placa en la memoria de Valle en el Palacio de Justicia de Antioquia.

En 2009 la Fiscalía reabrió el caso y vinculó a Salvatore Mancuso y a Isaías Montes Hernández, alias ’Junior’ al considerar que según dicho ente: "están surgiendo evidencias que habrán de contribuir a aclarar los hechos". En el proceso además se investigó la participación de militares.

En julio de 2011 en respuesta a las recomendaciones y sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se solicitó una investigación imparcial y exhaustiva para sancionar a los autores materiales e intelectuales del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús Valle Jaramillo, la Corte Suprema de Justicia invalidó las sentencias de absolución contra dos de los principales sindicados del crimen Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio y ordenó reabrir la investigación del caso en un juzgado penal de Medellín.   

A Jesús María lo asesinaron los paramilitares y el Estado de Colombia, por ser quien era. Por su vital compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y la Justicia, por su solidaridad con los desplazados y por su opción por los humildes.

Las múltiples actividades que él realizó, como defensor de los Derechos Humanos sin ninguna exclusión ni discriminación, tenían un objetivo y un propósito únicos: La dignificación de la persona humana, de los hombres, de las mujeres y de los niños, en especial de los más humildes. El parecía llenar todos los espacios y los tiempos: Así fue de vital, intensa, fructífera y consecuente su existencia.

Hoy conmemorando quince años de su asesinato, recordamos su exhaustivo compromiso con la comunidad, su lucha incansable por la justicia, su consecuente obra como defensor de derechos humanos. Hoy se recuerda a un gran hombre.

Pero también familiares, amigos y organizaciones sociales, claman por verdad y justicia por el crimen cometido y reiteran hoy como en su momento lo hizo Jesús María con su voz: “Aquí estamos y estaremos siempre, en el clamor de la lucha o en la quietud de la muerte”.

¡Jesús María Valle en la Memoria!

¡Jesús María Valle Sin Olvido! 

Sin Olvido.