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sábado, 11 de julio de 2015

Eizabeth Cañas Cano, José Antonio y Diego Fernando

Julio 11-21 de 2000- Julio 11-21 de 2015

Durante los días 11 al 21 de julio de 2000, fueron asesinados por paramilitares la integrante de Asfaddes Elizabeth Cañas Cano, el asesor jurídico de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, José Antonio Hernández y el dirigente del sindicato de trabajadores del Instituto de Seguros Sociales Diego Fernando Gómez.

Los asesinatos de estas tres personas se dieron por los avances dentro de la investigación que se adelantaba por la Masacre de Barranca, quienes en calidad de testigos aportaron datos claves para la vinculación de militares y paramilitares. El primer vinculado a este proceso fue el cabo segundo del Ejército, Rodrigo Pérez Pérez, perteneciente al Batallón Nueva Granada con sede en Barrancabermeja, a quién se le dictó medida de aseguramiento el 12 de agosto de 1998. Sin embargo, a los 8 meses este militar recuperó la libertad provisional por el pago de una fianza de aproximadamente US$150.

Aproximadamente tres años después, el fiscal que dirigió la investigación logró vincular al proceso al paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias ‘Panadero’ y a los civiles Álvaro Noriega y Graciliano Alarcón León.

Días antes del asesinato de Elizabeth, El 9 de Julio de 2000, la testigo, había sido perseguida por dos hombres armados y dos días después, el 11 de Julio de 2000, fue ejecutada en Barrancabermeja, Santander mientras se dirigía al Instituto de Seguros, en donde trabajaba; Elizabeth fue interceptada por paramilitares que se movilizaban en una camioneta quienes le dispararon causándole la muerte inmediata.

Elizabeth Cañas era hermana de José Milton Cañas y madre de Giovanny Herrera Cano quienes fueron desaparecidos junto a 25 personas más durante la Masacre de Barranca, ocurrida el 16 de Mayo de 1998, Esta valiente mujer un año antes de su asesinato ofreció su testimonio en calidad de victima junto con su sobrina ante el Tribunal Internacional de Opinión realizado en Toronto y Montreal Canadá que se realizó durante los días 14, 15 y 16 de Mayo de 1999.

Y no bastó con asesinar a Elizabeth, también lo hicieron con los otros dos testigos, el 13 de Julio de 2000 fue asesinado Diego Fernando Gómez, quien era el dirigente del sindicato de trabajadores del Instituto de Seguros Sociales, además fue un destacado líder deportivo de la ciudad de Barrancabermeja. El asesinato de Diego fue en el Centro Auxiliar de Servicios Docentes, CASD, en el barrio Ciudad Bolívar los disparos que atentaron contra su vida fueron a manos de los mismos paramilitares que cegaron la vida de Elizabeth Cañas,los asesinos se movilizaban en la misma motocicleta de placas RX-115.

Ocho días después el 21 de Julio de 200 hacia las 8:30 p.m en el billar San Tropel ubicado en el barrio Tres Unidos, en Barrancabermeja, José Antonio Hernández quien era abogado, economista, dirigente sindical universitario, dirigente popular, miembro del Partido Comunista Colombia PCC, y asesor jurídico de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos. Fue asesinato sus asesinos fueron identificados como paramilitares quienes se movilizaban en la misma motocicleta Yamaha RX-115.

15 años después de la masacre de Barranca, la verdad y la justicia sigue ocultándose, las víctimas y sus familias, saben quiénes son los responsables, pero su verdad no es acogida, es rechazada, estigmatizada y negada.

Han transcurrido 15 años desde el asesinato de Elizabeth Cañas, José Antonio Hernández, Diego Fernando Gómez quienes por ser testigos en los procesos contra paramilitares y altos mandos militares ofrecieron su vida para que algún día la verdad salga a la luz, sin embargo estos crímenes también se encuentran en total impunidad.

Las afirmaciones de diferentes organismos de derechos humanos siguen vigentes al señalar que una de las causas de la impunidad en el país es que no existe suficiente protección para los testigos, victimas, reclamantes y defensores y defensoras de derechos humanos que entregan su vida y su labor con el único fin de exigir justicia y verdad.

Eizabeth, José Antonio y Diego Fernando en la Memoria.
Eizabeth, José Antonio y Diego Fernando Sin Olvido.

lunes, 26 de mayo de 2014

Semana internacional contra la desaparición forzada


Durante la última semana de mayo las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de defensa de los derechos humanos convocan a la realización de jornadas exigiendo que el Estado responda por la vida y la libertad de los desaparecidos, o que se entreguen sus restos a la familia y opere la justicia.
Este año, entre el 25 y el 31 de mayo, se realizaran eventos en muchas ciudades de Colombia y en Bogotá se han unido también el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Entre las actividades que se han programado se inauguran exposiciones en el Centro de Memoria organizadas por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Fundación Familiares Colombia y la Fundación Nidia Erika Bautista y además se realizaran foros, presentación de documentales y multimedias.

La Semana Internacional de las victimas de la desaparición forzada ha pretendido en Colombia vencer el ocultamiento sistemático de este crimen de lesa humanidad pero ha podido más la impunidad, la negligencia y la indiferencia a todos los niveles, incluidos los medios masivos de comunicación. Todos los días aparecen letreros en la televisión con la foto de un niño o joven y el letrero “desaparecido: informar sobre su paradero”. Con frecuencia se habla de decenas de miles de desaparecidos pero nunca ha aparecido un aviso con la foto de una victima y el letrero: “detenido desaparecido” o “victima de desaparición forzada”. Es como si se quisiera refundir este crimen atroz en medio de la dolorosa circunstancia de un familiar que se extravió o que fue asesinado y no se sabe de su destino.

El ocultamiento ha llevado a la indiferencia de la sociedad ante un crimen que por la lucha incansable de los familiares está tipificado en Colombia y se ha incorporado al Código Penal o al ordenamiento constitucional con la aprobación de la Convención de Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada de personas. En el artículo II se encuentra la definición: “… se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

El delegado en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos ha repetido que “La desaparición forzada es una de las violaciones de los derechos humanos más graves que existen, y Colombia, lamentablemente, sufre un récord alarmante en la comisión de este crimen”. Confirmando la alerta de Naciones Unidas, el Registro Único de Victimas presenta en su informe del 1 de abril de 2014 la escalofriante cifra de 122.155 victimas de desaparición forzada, incluyendo 13.448 víctimas directas y sus padres y hermanos. Otras fuentes han hablado de 22.000 victimas directas y entre ellas se incluyen más de 4.000 personas inocentes que en la últimas dos décadas han sido presentadas falsamente como muertes en combate: ejecuciones extrajudiciales falsamente llamadas positivos.
Durante la semana del detenido desaparecido, las organizaciones harán eco a la exigencia al Estado colombiano de ratificación y aplicación plena de la Convención suscrita reconociendo la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir casos que no obtienen justicia a nivel interno. Además la adopción de medidas para que se supere la impunidad y se reconozca la responsabilidad del Estado por esta grave y sistemática infracción a los derechos humanos. Y ante todo, los familiares exigen debida diligencia del Estado para la búsqueda y entrega de los desaparecidos cumpliendo además los mandatos de satisfacción y completa verdad de lo sucedido.

MARTES 27 DE MAYO. 
10AM – Acto publico en el Parque de Lourdes.


MIERCOLES 28 DE MAYO
6PM – Inauguración de las exposiciones:
“Doble oficio por la entrega digna” de la Asociación de Familiares de Colombia
“Prohibido olvidar a los desaparecidos” de la Fundación Nydia Erika Bautista para los DD.HH.
“REQUIEM N.N.” de Juan Manuel Echavarría
“Rastros” ASFADDES

PROGRAMA EN EL CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN: