Masacre de San José de Apartadó

21 de febrero 2005 - 21 de febrero de 2013

Hace 8 años, el 21 de febrero de 2005 ocho personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fueron torturadas, asesinadas, descuartizadas y posteriormente enterradas en fosas comunes.

Primero asesinaron a Luis Eduardo Guerra, reconocido líder de la Comunidad de Paz; a su hijo Deyner Andrés Guerra de 11 años y a Beyanira Areiza. Después de asesinarlos con machetes, dejaron sus cuerpos en la montaña. Posteriormente, fueron asesinados Alfonso Bolívar Tuberquia, sus hijos Natalia de 5 años y Santiago de 2 años, su esposa Sandra Milena Muñoz y un trabajador de la zona llamado Alejandro Pérez.

Estos descarados hechos sucedieron cuando los miembros del bloque Héroes de Tolová llegaron a la casa de Alfonso Tuberquia y Sandra Muñoz y vieron a los niños, preguntaron a los comandantes ‘paras’ qué hacían con ellos. Sugirieron entregarlos a Bienestar Familiar. Pero alias Cuatro Cuatro, Makeison, Águila 6 y Cobra concluyeron que serían una amenaza en el futuro y se volverían guerrilleros.

Las súplicas de Alfonso Tuberquia fueron en vano. Natalia, de 5 años, fue por ropa para su hermano, de 18 meses y la empacó en una bolsa. Se la entregó y se despidió de él, porque ahí los separaron. La niña fue degollada con un machete.

Los habitantes de la comunidad de San José han soportado amenazas continuas y estigmatizaciones, muchas veces se han militarizado los caseríos y en numerosas ocasiones se ha intentado judicializar a líderes basándose en montajes y en campañas de desprestigio a través de los medios masivos de comunicación.

Así se han presentado los hechos sucedidos en éste caso, a través de los MMC.

Tomando como pretexto la masacre de febrero de 2005, el entonces presidente Alvaro Uribe, ordenó a la policía ingresar al caserío de San José para instalarse dentro de los espacios de paz donde nunca se ha permitido la circulación de armas. Esto obligó a la población a desplazarse y comenzar a construir un asentamiento nuevo en una finca de la comunidad, abandonando todo lo que se había construido durante muchos años.

Así mismo, el presidente de la época, Uribe Vélez, lanzó, tiempo después de la masacre sucedida en la comunidad, falsas acusaciones en contra de sus integrantes.

La Comunidad ha generado a través de la organización comunitaria alternativa, la forma de protegerse y hacerse respetar como población civil; por ello, ante la estrategia de muerte, de arrasar y desplazar al campesinado con intereses económicos sobre el territorio, para 1997 deciden declararse neutral frente al conflicto armado y rechazando, a través de la comunidad de paz, la presencia de todos los grupos armados en su territorio. Pese a ello, las acciones de muerte y terror contra la comunidad no han cesado.

En cuanto al proceso jurídico de los implicados en la masacre del 21 de febrero 2005, el 4 de agosto de 2010, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia había absuelto a diez militares por su responsabilidad en la masacre, a pesar de las declaraciones del extraditado ex jefe paramilitar alias Don Berna quien confesó que el bloque a su mando, Héroes de Tolová, había cometido este crimen colectivo de la mano del Ejército.

En la revisión del fallo absolutorio de primera instancia, los diez militares resultaron favorecidos porque según el Juzgado, no se comprobó la existencia del delito de concierto para delinquir y la responsabilidad de éstos en los crímenes cometidos por los paramilitares.

Por su parte la Fiscalía, Procuraduría y la parte civil apelaron el fallo. Luego de revisar las pruebas documentales y testimoniales, el Tribunal Superior de Antioquia decidió hundir la absolución en el caso de algunos militares con mando y dejó en firme el fallo de primera instancia sobre los restantes. Los paramilitares que participaron en la masacre y admitieron su responsabilidad en el crimen ante las autoridades judiciales fueron Adriano José Cano Arteaga, alias ‘Melaza’, y Joel José Vargas, alias ‘Pirulo’.

Estas confesiones le permitieron a la Fiscalía proferir orden de captura contra el ex capitán Gordillo Sánchez y abrir investigación contra 66 militares de la Brigada XVII del Ejército con sede en Carepa. Con el paso del tiempo se depuraron las responsabilidades penales y hoy la justicia estableció que fueron cuatro los militares involucrados y no diez, como se estableció en la primera instancia.

Organizaciones defensoras de derechos humanos que han acompañado este proceso también han denunciado la participación de los generales Mario Montoya, Jaime Fandiño y Luis Alfonso Zapata, además de los coroneles Néstor Iván Duque y Orlando Espinosa, sin que hayan sido vinculados.

Marcial Hoyos Soñet, Alexander Arrieta Gómez y José Fuentes Lagares aceptaron ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH, en la fase procesal respectiva, ser responsables de los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. Esas conductas punibles también fueron reconocidas por Nafer Antonio Guzmán Trujillo y Henry Enrique Payares Pacheco, quienes esperan decisión del juzgador. A esas tres condenas se suman las de: Uber Darío Yañez Cavadías comandante militar del bloque, Jorge Luis Salgado David, José Joel Vargas Flórez, Bionor Vargas Flórez, Rober Darío Muñoz Hernández, Francisco Javier Galindo Martínez, Edinson Galindo Martínez, Neder Antonio Mestra Rojas, Juan Alberto Ruiz Yañez, Manuel Antonio Urango Mejía, Yamid de Jesús Gonzáles Galaraga, Erney Eduardo Portillo Paternina, Aldo Antonio Agames, Javier Enrique Salgado Martínez, Jorge Luis Gutiérrez Alean, Esaut José Feria Martínez, y Ulises Burgos. De esas personas, tanto Bionor Vargas como Ulises Burgos cumplen 40 años de prisión, cada una; otras 12 purgan 20 años de cárcel, cada una, luego de acogerse a sentencia anticipada.

La Fiscalía ya acusó por homicidio en persona protegida y concierto para delinquir a nueve miembros más del citado grupo armado y aguarda la fecha para la audiencia pública. Con medida de aseguramiento se encuentran otros seis procesados y dos menores de edad quedaron a disposición de las autoridades respectivas.

Con respecto a los militares procesados en este caso cumple condena el capitán (r) del Ejército Nacional Guillermo Armando Gordillo Sánchez, quien aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir, por los que el Juzgado Primero Penal del Circuito

Especializado de Antioquia le impuso 20 años de cárcel el 20 de febrero de 2010. Tal decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Antioquia el 28 de febrero de 2011. Finalmente, sobre la sentencia absolutoria dictada a diez militares (tres oficiales y siete suboficiales) por el Juzgado Segundo Especializado de Antioquia el 4 de agosto de 2010, la Fiscalía apeló el fallo y aguarda la decisión del Tribunal Superior de Antioquia

En el proceso, el Ministerio de Defensa se defendió argumentando que no se le podía responsabilizar por los actos cometidos por un grupo ilegal que nada tenía que ver con la institucionalidad.

La Procuraduría contrarió la posición del Ministerio, sosteniendo que existía una “flagrante responsabilidad del Estado por la ejecución extrajudicial de personas protegidas”. Con el agravante de que, tres de ellas eran menores de edad y fueron asesinadas con igual sevicia. 

La muerte de los pequeños Natalia y Santiago Tuberquia da muestra de la barbarie paramilitar que ocurrió en tantas zonas del país con el beneplácito o el silencio cómplice de miembros de la Fuerza Pública.

El tribunal de Antioquia ha ordenado al Ejército que, en presencia de altos mandos militares, habitantes la zona y medios de comunicación regionales y nacionales, ofrezca públicamente disculpas por la masacre y se comprometa, de forma "contundente", a tomas las medidas necesarias para que "lo acontecido no vuelva a suceder".

A pesar de todas estas investigaciones y algunas condenas, las víctimas de la comunidad de paz de San José de Apartadó siguen exigiendo e instando al gobierno y al estado colombiano, a una verdadera justicia, a una verdad real. Que sean juzgados los militares y paramilitares de más alto rango. Que no solamente sean juzgados los autores materiales sino también los intelectuales. Así mismo, sus víctimas y la parte civil han exigido y solicitado también sea investigado el ahora, ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

Los campesinos y campesinas de la Comunidad de paz, a través del tiempo han dejado por sentado que no se trata solamente de una responsabilidad estatal que se deba resumir e intentar resolver administrativamente sino que por el contrario se trata de un tema estructural, donde las garantías de no repetición siguen sin darse.

Han sido 8 años de este crimen. Ocho años de tristezas, de ausencias de seres queridos en la comunidad, de miedos, pero también de resistencias y anhelos de justicia, verdad.

Por eso las y los campesinos, NIÑAS Y NIÑOS asesinados en la masacre de san José de Apartadó en la memoria 

Por eso las y los campesinos, NIÑAS Y NIÑOS asesinados en la masacre de san José de Apartadó Sin Olvido.

Sin Olvido