miércoles, 27 de febrero de 2013

Jesús Maria Valle

27 febrero 1998 -  27 febrero 2013

Jesús María Valle Jaramillodefensor de la vida y los derechos humanos. De sus entrañas, de caminantes a su lado, de la andadura en la memoria contra la impunidad. El defensor incansable de las ideas y las palabras, era un convencido que sin justicia social no podrá existir una verdadera Paz. Jesús María Valle Jaramillo, fue un hombre bueno, sencillo, solidario, un amigo incondicional, un líder polifacético y de una capacidad de trabajo y de entrega sin límites, pero sobre todo un consecuente y valiente defensor de los derechos humanos en Medellín, Antioquia y Colombia. Su voz aún se recuerda, como si estuviera en las calles, en su oficina, en su casa, en los lugares donde compartió con las personas que siempre defendió, por las que abogó.

El 27 de febrero de 1998, siendo las dos y quince de la tarde dos hombres y una mujer entraron al Edificio Colon ubicado en la calle 49 con carrera 51 del centro de la capital antioqueña. Después de intimidar a su hermana, que trabajaba con él, los sicarios le dijeron a Jesús María Valle "usted para nosotros es muy importante, pero también es un problema". Lo obligaron a tenderse en el piso boca abajo y le dispararon en dos ocasiones en la cabeza.

En el sepelio de Valle el sacerdote Joaquín Vargas dijo que “un apóstol nunca piensa en sí mismo sino en los demás”. Por ello, Jesús María Valle representa esa clase de hombres que luchan por la dignidad del otro, aún a costa de su propia vida. 

Quince años de impunidad, las confesiones de paramilitares ocultan a los  culpables detrás de éste crimen, a los culpables de cuello blanco que ordenaron acabar con la vida de éste defensor.

Los bárbaros querían silenciar las contundentes denuncias que realizaba Jesús María Valle, las cuales en muchas oportunidades develaba una convivencia, una complicidad y una ayuda entre comandantes de la policía, del ejército y los paramilitares que cometen una serie de asesinatos en el perímetro urbano. 

Jesús María Valle acompañó a las víctimas, en aquellos momentos difíciles cuando preguntaban por los desaparecidos, cuando defendía a las y los detenidos por razones políticas, a los campesinos desplazados forzosamente de sus tierras, a las víctimas de las masacres perpetradas por los paramilitares, a los estudiantes en sus luchas, a los indígenas, afro descendientes y las y los dirigentes sociales y populares.

Este abogado penalista, puso al alcance de los condenados pobres, el elitista Recurso de Casación ante la Corte Suprema de Justicia e hizo del ejercicio de su profesión una expresión comprometida y consecuente con su proyecto de vida.

Desde el Comité permanente por los derechos humanos, fue uno de los primeros en denunciar el terror de las autodefensas en Antioquia y particularmente en Ituango. “Yo escuchaba decir que el meridiano de la cultura y la política pasaban por Antioquia. Hoy puedo decir que el meridiano de la violencia pasa por Antioquia”, dijo en un recordado discurso el 25 de Agosto de 1997, que dió durante la conmemoración del décimo aniversario del asesinato de los defensores de derechos humanos Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur.

Las actividades de Jesús en defensa de los derechos humanos comenzaron a ser incómodas tanto para los grupos paramilitares como para algunos funcionarios cómplices de estas acciones.

En 1996 en una entrevista, afirmó: “desde el año pasado le pedí al Gobernador y al comandante de la IV Brigada que protegiera la población civil de mi pueblo, porque de septiembre a hoy han muerto más de 150 personas”. No le creyeron. Pocos días después, el entonces gobernador y hoy ex presidente, Álvaro Uribe, lo señaló como “enemigo de las Fuerzas Armadas” y fue denunciado por calumnia ante los tribunales.

Aún así, Valle denunció con gran coraje la complicidad del Ejército en las masacres de La Granja en 1996 y El Aro en 1997, corregimientos de Ituango, perpetradas por comandos paramilitares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) terminó dándole la razón y condenó al Estado colombiano por la relación de algunos militares con esas masacres de Ituango.

Un día antes de su asesinato, se presentó en la Fiscalía para rendir indagatoria por la denuncia por calumnia que cursaba en su contra. Alegó que no había cometido ningún delito, pues su versión sobre los nexos entre miembros del Ejército y la Policía con los grupos paramilitares había sido comprobada por organizaciones internacionales de derechos humanos.

Por el asesinato de Jesús María Valle el Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín condenó a 40 años de prisión como coautores a Álvaro Gómez Mesa y a Jorge Eliécer Rodríguez Guzmán. Sin embargo estas personas aún no han sido capturadas por las autoridades.

El Juzgado también condenó a Carlos Castaño como autor intelectual del crimen, pero fue absuelto en segunda instancia. Varios miembros de la familia Angulo, una prestante familia de Ituango, relacionados con el homicidio, fueron absueltos.

En julio de 2001, el Tribunal Superior de Medellín confirmó la sentencia contra Castaño y otros, pero también la absolución de los hermanos Angulo Osorio. Varios integrantes de la banda de sicarios ‘La Terraza’ se responsabilizaron por el asesinato de Valle en un comunicado publicado que se dio a conocer a través de Tele Antioquia. Allí añadieron que Carlos Castaño les pagó por este y otros crímenes contra defensores de derecho humanos.

En mayo de 2007 el Concejo de Estado condenó a la Nación y ordenó pagar una indemnización de 1.700 millones de pesos a la familia de Valle. Pero varios familiares del abogado la rechazaron al considerar que “no se establece la verdad sobre su crimen”.

El caso pareció quedarse en esta decisión, hasta que fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en busca del esclarecimiento de la verdad y el 27 de noviembre de 2008 La Corte IDH falló contra el Estado colombiano en esta sentencia se obliga al Estado a reabrir la investigación, así como a realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en la universidad de Antioquia además de colocar una placa en la memoria de Valle en el Palacio de Justicia de Antioquia.

En 2009 la Fiscalía reabrió el caso y vinculó a Salvatore Mancuso y a Isaías Montes Hernández, alias ’Junior’ al considerar que según dicho ente: "están surgiendo evidencias que habrán de contribuir a aclarar los hechos". En el proceso además se investigó la participación de militares.

En julio de 2011 en respuesta a las recomendaciones y sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se solicitó una investigación imparcial y exhaustiva para sancionar a los autores materiales e intelectuales del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús Valle Jaramillo, la Corte Suprema de Justicia invalidó las sentencias de absolución contra dos de los principales sindicados del crimen Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio y ordenó reabrir la investigación del caso en un juzgado penal de Medellín.   

A Jesús María lo asesinaron los paramilitares y el Estado de Colombia, por ser quien era. Por su vital compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y la Justicia, por su solidaridad con los desplazados y por su opción por los humildes.

Las múltiples actividades que él realizó, como defensor de los Derechos Humanos sin ninguna exclusión ni discriminación, tenían un objetivo y un propósito únicos: La dignificación de la persona humana, de los hombres, de las mujeres y de los niños, en especial de los más humildes. El parecía llenar todos los espacios y los tiempos: Así fue de vital, intensa, fructífera y consecuente su existencia.

Hoy conmemorando quince años de su asesinato, recordamos su exhaustivo compromiso con la comunidad, su lucha incansable por la justicia, su consecuente obra como defensor de derechos humanos. Hoy se recuerda a un gran hombre.

Pero también familiares, amigos y organizaciones sociales, claman por verdad y justicia por el crimen cometido y reiteran hoy como en su momento lo hizo Jesús María con su voz: “Aquí estamos y estaremos siempre, en el clamor de la lucha o en la quietud de la muerte”.

¡Jesús María Valle en la Memoria!

¡Jesús María Valle Sin Olvido! 

Sin Olvido.

viernes, 22 de febrero de 2013

¿A cuál Santos le creemos?





jueves, 21 de febrero de 2013

Masacre de San José de Apartadó

21 de febrero 2005 - 21 de febrero de 2013
Hace 8 años, el 21 de febrero de 2005 ocho personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fueron torturadas, asesinadas, descuartizadas y posteriormente enterradas en fosas comunes.

Primero asesinaron a Luis Eduardo Guerra, reconocido líder de la Comunidad de Paz; a su hijo Deyner Andrés Guerra de 11 años y a Beyanira Areiza. Después de asesinarlos con machetes, dejaron sus cuerpos en la montaña. Posteriormente, fueron asesinados Alfonso Bolívar Tuberquia, sus hijos Natalia de 5 años y Santiago de 2 años, su esposa Sandra Milena Muñoz y un trabajador de la zona llamado Alejandro Pérez.

Estos descarados hechos sucedieron cuando los miembros del bloque Héroes de Tolová llegaron a la casa de Alfonso Tuberquia y Sandra Muñoz y vieron a los niños, preguntaron a los comandantes ‘paras’ qué hacían con ellos. Sugirieron entregarlos a Bienestar Familiar. Pero alias Cuatro Cuatro, Makeison, Águila 6 y Cobra concluyeron que serían una amenaza en el futuro y se volverían guerrilleros.

Las súplicas de Alfonso Tuberquia fueron en vano. Natalia, de 5 años, fue por ropa para su hermano, de 18 meses y la empacó en una bolsa. Se la entregó y se despidió de él, porque ahí los separaron. La niña fue degollada con un machete.

Los habitantes de la comunidad de San José han soportado amenazas continuas y estigmatizaciones, muchas veces se han militarizado los caseríos y en numerosas ocasiones se ha intentado judicializar a líderes basándose en montajes y en campañas de desprestigio a través de los medios masivos de comunicación.


Así se han presentado los hechos sucedidos en éste caso, a través de los MMC.

Tomando como pretexto la masacre de febrero de 2005, el entonces presidente Alvaro Uribe, ordenó a la policía ingresar al caserío de San José para instalarse dentro de los espacios de paz donde nunca se ha permitido la circulación de armas. Esto obligó a la población a desplazarse y comenzar a construir un asentamiento nuevo en una finca de la comunidad, abandonando todo lo que se había construido durante muchos años.

Así mismo, el presidente de la época, Uribe Vélez, lanzó, tiempo después de la masacre sucedida en la comunidad, falsas acusaciones en contra de sus integrantes.

La Comunidad ha generado a través de la organización comunitaria alternativa, la forma de protegerse y hacerse respetar como población civil; por ello, ante la estrategia de muerte, de arrasar y desplazar al campesinado con intereses económicos sobre el territorio, para 1997 deciden declararse neutral frente al conflicto armado y rechazando, a través de la comunidad de paz, la presencia de todos los grupos armados en su territorio. Pese a ello, las acciones de muerte y terror contra la comunidad no han cesado.

En cuanto al proceso jurídico de los implicados en la masacre del 21 de febrero 2005, el 4 de agosto de 2010, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia había absuelto a diez militares por su responsabilidad en la masacre, a pesar de las declaraciones del extraditado ex jefe paramilitar alias Don Berna quien confesó que el bloque a su mando, Héroes de Tolová, había cometido este crimen colectivo de la mano del Ejército.

En la revisión del fallo absolutorio de primera instancia, los diez militares resultaron favorecidos porque según el Juzgado, no se comprobó la existencia del delito de concierto para delinquir y la responsabilidad de éstos en los crímenes cometidos por los paramilitares.

Por su parte la Fiscalía, Procuraduría y la parte civil apelaron el fallo. Luego de revisar las pruebas documentales y testimoniales, el Tribunal Superior de Antioquia decidió hundir la absolución en el caso de algunos militares con mando y dejó en firme el fallo de primera instancia sobre los restantes. Los paramilitares que participaron en la masacre y admitieron su responsabilidad en el crimen ante las autoridades judiciales fueron Adriano José Cano Arteaga, alias ‘Melaza’, y Joel José Vargas, alias ‘Pirulo’.

Estas confesiones le permitieron a la Fiscalía proferir orden de captura contra el ex capitán Gordillo Sánchez y abrir investigación contra 66 militares de la Brigada XVII del Ejército con sede en Carepa. Con el paso del tiempo se depuraron las responsabilidades penales y hoy la justicia estableció que fueron cuatro los militares involucrados y no diez, como se estableció en la primera instancia.

Organizaciones defensoras de derechos humanos que han acompañado este proceso también han denunciado la participación de los generales Mario Montoya, Jaime Fandiño y Luis Alfonso Zapata, además de los coroneles Néstor Iván Duque y Orlando Espinosa, sin que hayan sido vinculados.

Marcial Hoyos Soñet, Alexander Arrieta Gómez y José Fuentes Lagares aceptaron ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH, en la fase procesal respectiva, ser responsables de los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. Esas conductas punibles también fueron reconocidas por Nafer Antonio Guzmán Trujillo y Henry Enrique Payares Pacheco, quienes esperan decisión del juzgador. A esas tres condenas se suman las de: Uber Darío Yañez Cavadías comandante militar del bloque, Jorge Luis Salgado David, José Joel Vargas Flórez, Bionor Vargas Flórez, Rober Darío Muñoz Hernández, Francisco Javier Galindo Martínez, Edinson Galindo Martínez, Neder Antonio Mestra Rojas, Juan Alberto Ruiz Yañez, Manuel Antonio Urango Mejía, Yamid de Jesús Gonzáles Galaraga, Erney Eduardo Portillo Paternina, Aldo Antonio Agames, Javier Enrique Salgado Martínez, Jorge Luis Gutiérrez Alean, Esaut José Feria Martínez, y Ulises Burgos. De esas personas, tanto Bionor Vargas como Ulises Burgos cumplen 40 años de prisión, cada una; otras 12 purgan 20 años de cárcel, cada una, luego de acogerse a sentencia anticipada.

La Fiscalía ya acusó por homicidio en persona protegida y concierto para delinquir a nueve miembros más del citado grupo armado y aguarda la fecha para la audiencia pública. Con medida de aseguramiento se encuentran otros seis procesados y dos menores de edad quedaron a disposición de las autoridades respectivas.

Con respecto a los militares procesados en este caso cumple condena el capitán (r) del Ejército Nacional Guillermo Armando Gordillo Sánchez, quien aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir, por los que el Juzgado Primero Penal del Circuito

Especializado de Antioquia le impuso 20 años de cárcel el 20 de febrero de 2010. Tal decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Antioquia el 28 de febrero de 2011. Finalmente, sobre la sentencia absolutoria dictada a diez militares (tres oficiales y siete suboficiales) por el Juzgado Segundo Especializado de Antioquia el 4 de agosto de 2010, la Fiscalía apeló el fallo y aguarda la decisión del Tribunal Superior de Antioquia

En el proceso, el Ministerio de Defensa se defendió argumentando que no se le podía responsabilizar por los actos cometidos por un grupo ilegal que nada tenía que ver con la institucionalidad.

La Procuraduría contrarió la posición del Ministerio, sosteniendo que existía una “flagrante responsabilidad del Estado por la ejecución extrajudicial de personas protegidas”. Con el agravante de que, tres de ellas eran menores de edad y fueron asesinadas con igual sevicia. 

La muerte de los pequeños Natalia y Santiago Tuberquia da muestra de la barbarie paramilitar que ocurrió en tantas zonas del país con el beneplácito o el silencio cómplice de miembros de la Fuerza Pública.

El tribunal de Antioquia ha ordenado al Ejército que, en presencia de altos mandos militares, habitantes la zona y medios de comunicación regionales y nacionales, ofrezca públicamente disculpas por la masacre y se comprometa, de forma "contundente", a tomas las medidas necesarias para que "lo acontecido no vuelva a suceder".

A pesar de todas estas investigaciones y algunas condenas, las víctimas de la comunidad de paz de San José de Apartadó siguen exigiendo e instando al gobierno y al estado colombiano, a una verdadera justicia, a una verdad real. Que sean juzgados los militares y paramilitares de más alto rango. Que no solamente sean juzgados los autores materiales sino también los intelectuales. Así mismo, sus víctimas y la parte civil han exigido y solicitado también sea investigado el ahora, ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

Los campesinos y campesinas de la Comunidad de paz, a través del tiempo han dejado por sentado que no se trata solamente de una responsabilidad estatal que se deba resumir e intentar resolver administrativamente sino que por el contrario se trata de un tema estructural, donde las garantías de no repetición siguen sin darse.

Han sido 8 años de este crimen. Ocho años de tristezas, de ausencias de seres queridos en la comunidad, de miedos, pero también de resistencias y anhelos de justicia, verdad.


Por eso las y los campesinos, NIÑAS Y NIÑOS asesinados en la masacre de san José de Apartadó en la memoria 

Por eso las y los campesinos, NIÑAS Y NIÑOS asesinados en la masacre de san José de Apartadó Sin Olvido.

Sin Olvido

lunes, 4 de febrero de 2013

Sin Olvido


Como olvidar a quienes sus vidas han arrebatado bruscamente, cómo no recordar a quienes el flagelo de la violencia mas han marcado, como no tener presente las miles y miles de vidas que se han extinguido a manos de corruptos y delincuentes, como dejar en el olvido a quienes con su muerte honraron a todo un pueblo.

Desvanecieron sus cuerpos, pero su espíritu sigue indeleble mas que ayer, sus pensamientos y acciones serán recordadas cada vez con más frecuencia, porque quisieron callar las verdades que anunciaban, quisieron callar los atropellos e injusticas que denunciaban pero nunca podrán callar a un pueblo que se une a los clamores de muchos que han desaparecido. No es tiempo de omitir lo que debe ser dicho, es tiempo de luchar por quienes fuerzas ya no tienen, es tiempo de desenterrar las memorias de quienes fueron y serán nuestros héroes, es ahora cuando debemos entrelazar nuestras voces y decir a todo grito “ No más desaparecidos”

Texto: Diana Olivares  

martes, 6 de noviembre de 2012

Desaparecidos del Palacio de Justicia

Noviembre 6 y 7 de 1985 - Noviembre 6 y 7 de 2012


Por favor que cese el fuego inmediatamente, divulguen, inmediatamente que cese el fuego...


Hace 27 años el Palacio de Justicia ubicado en la Plaza de Bolívar del centro de Bogotá, en Colombia, fue ocupado hacia el mediodía, un 6 de Noviembre del año 85, por el Movimiento 19 de abril, M 19. Cuatro horas después este era el grito del magistrado Alfonso Reyes Echandía, era el clamor en medio de condiciones de indefensión en la que se encontraba de clamar por una salida humanitaria

Ese medio día, la guerrilla pretendía realizar un juicio político al entonces presidente de la república Belisario Betancourt por el fracaso del proceso de negociación. Pero el uso de la fuerza no logró la respuesta deseada. Por el contrario la reacción de las fuerzas militares fue desproporcionada, excesiva, irracional, bárbara. Al fuego mucho más fuego. Signo de lo que la historia de violencia de Colombia se iba a vivir desde ese día hasta hoy.

Las Fuerzas militares de Colombia iniciaron la retoma de éste. Llegaron entonces los primeros tanques EE-09 Cascabel y Urutú. , poco a poco la voz de Reyes Echandía se iba ahogando

No pasaron más de dos horas cuando el ejército logró ingresar por la puerta principal del Palacio, dos horas antes que la voz de Reyes se convirtiera en un clamor nacional, nunca escuchado…. QUE CESE EL FUEGO

El tanque Cascabel irrumpió en el palacio luego de forcejear la puerta principal. Desde ese momento se intensificaron los ataques y contra ataques de unos y otros. Un combate en el propio centro de la ciudad, un combate a puerta cerrada del que solo se oían estruendos en la calle.


Los guerrilleros junto con algunos de sus rehenes se vieron obligados a dirigirse a los pisos superiores. Entre tanto, quienes iban recobrando su libertad iban siendo trasladados a la Casa del Florero para su identificación y realizarles una serie de preguntas. Algunos allá fueron torturados y otros torturados y desaparecidos, en cuartos especiales, en los que el Teniente Coronel Alfonso Plazas Vega, busca detener, arrasar con los guerrilleros, sin importar los civiles. “Era defender la democracia maestro, como respondió el oficial a periodistas.

Entre los desaparecidos se encontraban los trabajadores de la cafetería del palacio de justicia, algunos visitantes ocasiones del palacio y la guerrillera Irma Franco


Mientras algunos eran torturados y desaparecidos, algunos medios replicaban la voz de Reyes Echandía pidiendo CESE AL FUGO

En medio de la censura de prensa ordenada  por la ministra NOEMI SANIN,  y del golpe de facto negado aún por el presidente BELISARIO BETANCUR… terminado el partido de Futbol, mientras la ciudad dormía se produjeron ataques  con bombas que generaron un  incendio.

 Entre tanto el incendio tomaba fuerza los miembros del M-19 retenían a algunas personas que trataban de escapar del fuego y los llevaban a los baños del segundo y tercer piso. Sesenta personas permanecieron desde la noche del 6 de noviembre hasta el final de la toma en dichos baños de 20 m2.

El 7 de noviembre terminada la operación rastrillo, poco antes de las 2:00 p.m. continúo funcionando la maquinaria criminal del Estado. Los militares tomaron control total de la edificación en ruinas, modificaron la escena del crimen, mientras los desaparecidos se encontraban en el cantón norte, sin ser registrados en los libros de control militar. Otros de los que salieron con vida fueron  ejecutados  y sus cadáver vueltos a ingresar al Palacio de Justicia, como el magistrado Carlos Horacio Urán

Tiempo después se constató que los restos de Reyes Echandía, tenían balas oficiales, su vida fue segada por las fuerzas militares

Hoy los familiares de los desaparecidos siguen exigiendo justicia y verdad. ¿En dónde está Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Súspes Celis, Bernardo Beltrán H., Héctor Jaime Beltrán, Ana Rosa Castiblanco, Gloria Estela Lizarazo F., Luz Mary Portela León; Norma Constanza Esquerra, Gloria Anzola de Lanao, Luz Amparo Oviedo, Irma Franco Pineda…? Hoy la familia de Carlos Horacio Urán exige justicia ante la infame ejecución extrajudicial

“Según investigaciones realizadas por varios juzgados, el Consejo de Estado y la Fiscalía General de la Nación, los desaparecidos del palacio en manos del Ejército son once personas entre empleados de la cafetería y visitantes ocasionales. Una más era guerrillera del M-19.

Así mismo la Fiscalía General de la Nación en documento del 28 de Septiembre del año 2007, manifestó: “las personas que no murieron en el Palacio de Justicia fueron llevadas al Museo Casa del Florero y desaparecidas”

Una Comisión de la Verdad expresó “No hubo ningún plan dirigido a liberar rehenes (…) Desde cuando se dio por finalizada la recuperación del palacio, se empezó a enmascarar la verdad de lo ocurrido allí.” 

En el afán de los militares por "alterar o suprimir la evidencia llegaron a extremos insospechados: una vez llevados a la morgue para la correspondiente necropsia un juez de Instrucción Penal Militar que no cumplía ningún rol dentro de la investigación, el 9 de noviembre ordenó mediante oficio que el receptor de cadáveres del Instituto de Medicina Legal le entregara 23 cuerpos a un suboficial, nueve de personas reconocidas y el resto sin identificar para inhumarlos en el Cementerio del sur que efectivamente fueron sepultados en una fosa común".

La excusa a esta repudiable acción era que se trataba de guerrilleros cuyos cadáveres de seguro serian rescatados por el M-19, y por temor a un nuevo "ataque" se atendió a las órdenes del juez de Instrucción Penal Militar.

 El 9 de Junio del año 2010, la juez Tercera del circuito Especializado de Bogotá María Stella Jara, sentenció a 30 años de prisión al Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega en primera y segunda instancia y al ex general Jesús Armando Arias Cabrales en primera instancia. Aún se espera que la Corte Suprema de Justicia como el Tribunal Superior de Bogotá ratifique la condena del general, en medio de la crisis por la que hoy atraviesa el aparato de justicia con la injerencia uribista de la unidad nacional de Santos y del procurador Ordóñez. Porque 27 años después siguen construyéndose nuevos mecanismos de impunidad.  

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó continuar las tareas de búsqueda LOS FAMILIARES DESAPARECIDOS o sus restos, la realización por el Estado de actos de perdón a los familiares y a la sociedad, así como la solicitud a la CPI para que investigara el compromiso del ex presidente Betancur en la comisión de los crímenes.

Aquí solo hubo absolución del presidente Juan Manuel Santos que llevó más allá de otros mandatarios y pidió perdón a los militares usando el padre nuestro.

Las ambigüedades de la justicia son evidentes, el ex general Iván Ramírez Quintero (ex comandante del Comando de Inteligencia y Contra Inteligencia –COICI–) a pesar de la sentencia de primera instancia que lo responsabiliza en las desapariciones forzadas, una juez decidió absolverlo. Las actuaciones dilatorias del aparato judicial se develan en los cinco ex miembros del grupo de inteligencia del ejército (B-2), en cabeza del ex coronel Edilberto Sánchez Rubiano, gracias al favor de la Procuraduría General de la Nación y sus defensores.

A pesar de las condenas los familiares de los desaparecidos no saben el paradero de sus seres queridos y los condenados disfrutan de los privilegios de las instalaciones militares, clubes y universidades, aparentemente pagando su condena. El Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC) ha incumplido con el sitio de reclusión que corresponde de acuerdo a la ley en el caso de crímenes de lesa humanidad

Nuevas sombras de impunidad se ciernen. La ampliación del fuero militar a punto de ser aprobado en el congreso o un marco jurídico para la Paz demuestran las pretensiones de asegurar que los militares de este caso y de los pocos en que ha avanzado la justicia por otros crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos, aseguren su absolución. Incluso los diálogos con los movimientos guerrilleros para solucionar el conflicto quiere usarse por el establecimiento para crear una suerte de punto final como sucedió en Argentina y Chile.... pero ¿dónde están los desaparecidos? donde están los responsables de la ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán.

Hoy los familiares y amigos conmemoran 27 años de búsquedas, de afirmación de la memoria, de persistencia en la búsqueda de la verdad, de la justicia y la dignificación de la historia de sus seres queridos, de esos seres humanos con sueños, anhelos, con vidas en un porvenir.

Usted sabe dónde están? 

Si tienen información comuniquese a info@comisionbusqueda.com y exija a la Comisión de Búsqueda de personas desaparecidas apoyar un plan de búsqueda para su ubicación y entrega a sus familiares . Teléfono en Bogotá 2102329.

Desaparecidos y Desaparecidas del Palacio de Justicia en la memoria,
Desaparecidos y Desaparecidas del Palacio de Justicia Sin Olvido.

Sin Olvido 

Mario Castro Bueno

Noviembre 1 de 2002 - noviembre 1 de 2012


Memoria y Justicia

Hace cinco años, el día de todos los santos, un viernes 1 de noviembre del 2002, fue asesinado MARIO CASTRO BUENO, por unidades de la estrategia militar encubierta en el municipio El Castillo. Eran las 2:30 p.m., cuando MARIO, quien se desempeñaba como Personero Municipal, fue obligado a bajar del vehículo de servicio público en el que se movilizaba hacia la ciudad de Bogotá para participar en un diplomado de Derechos Humanos. Los paramilitares interceptaron el bus a la altura del sitio conocido como La Bodega, en la vía entre Medellín del Ariari y Pueblo Sánchez.

MARIO fue llevado por los paramilitares, asesinado y solo hasta el siguiente día su cuerpo fue hallado degollado en un paraje rural.

MARIO, un hombre sencillo, de profundas convicciones, nacido en un hogar creyente, nacido en un hogar de cuna crítica. Simplemente coherente, al lado de la justicia, en profunda insensibilidad con la impunidad. De sus miedos asumidos en coraje, defensor de derechos humanos, Personero Municipal, constructor de un nuevo país, en medio de la guerra, entre el oscuro socavón de la impunidad.

MARIO, un hombre querido por los campesinos y campesinas del Alto Ariari. Consecuente con sus convicciones y su labor fue el único funcionario público que escuchó los testimonios de las víctimas, asumió el inicio de investigaciones, de búsqueda por lo menos del esclarecimiento ante la imperante impunidad del departamento del Meta. Cuando EYDER QUIGUANAS fue asesinado por unidades del FUDRA del ejército, MARIO fue hasta la vereda La Floresta, habló con la familia, recogió los testimonios, algunas pruebas y colocó una denuncia por los hechos. Después del asesinato de MARIO, los testimonios, pruebas y denuncias, en su mayoría desaparecieron misteriosamente del despacho de la Personería, entre ellas las del caso de EYDER, el primer asesinato que generó el desplazamiento de los campesinos del Alto Ariari entre el 2002 al 2004.

MARIO, por su consecuencia, por cumplir con su labor de Personero, fue asesinado. Los victimarios quisieron con su muerte acallar, ocultar, enterrar la verdad y la búsqueda de Justicia. MARIO, testigo del desplazamiento del Alto Ariari, testigo de los operativos militares regulares e irregulares a través de la estrategia paramilitar.

MARIO, una vida por la vida, fue militante desde su juventud, un comunista, como muchas veces se presentaba. No dejó de asistir cada año a los festivales del periódico VOZ, desde el primero hasta el último que pudo estar. Fue militante estudiantil, llenó su casa de diplomas, toda la vida fue un estudiante. Participó de la administración municipal de la Unión Patriótica en Apartadó, como Tesorero. Fue Alcalde de Fortúl y Lejanías en el Meta. Y los últimos años dedicado a la Personería del municipio El Castillo.

MARIO, le encantaba viajar, tomar fotos, la música colombiano, los boleros, la música de la nueva trova cubana, del son y la salsa. La de Iraquerí y los Hermanos Escamilla. Coleccionista de botones, el último que adquirió en el 2002 tiene la foto de Manuel Cepeda Vargas.

MARIO, en la memoria de su familia, de sus amigos, de aquellos que lo conocieron en ejercicio de su labor de defensor de la vida, de buscador de justicia y de constructor de sueños. MARIO en la memoria de todos, como lo expresa una de sus sobrinas en este corto escrito:

AMIGO TE ADMIRO NO SOLO POR LO QUE SOS
SI NO TAMBIEN POR QUE DIA A DIA LUCHAS POR EL PAN Y POR LA VIDA. 
SIN IMPORTAR CUAN DIFICIL SEA ESTAR COMBATIENDO TODO EL MAL
Y ES QUE NO SON SOLO ESAS COSAS LAS QUE TE HACEN ESPECIAL.
HAY DIAS EN LOS QUE LA IMPOTENCIA TE DERRIBA
Y TE ASUSTAS AL VER LO QUE EL MUNDO PUEDE SER 
Y SE QUE DUELE CUANDO MATAN LA ESPERANZA Y NOS ATACAN.
HOMBRES COMO VOZ SON SOLO CORAZON SIN CONTAR CON SU RAZON Y REBELION.

TU SOBRINA VANNESSA MORALES CASTRO, SEPTIEMBRE 2004”

Han pasado 10 años del asesinato de MARIO, diez años de crímenes en la región del Alto Ariari, diez años de Impunidad. Han pasado 10 años y la investigación por el asesinato de MARIO CASTRO BUENO aún se encuentra en preliminar, no hay nadie vinculado, nadie para la Fiscalía es responsable de este crimen.

Ante la ausencia de investigaciones, ante la ausencia de justicia, queda la afirmación de la verdad, de la vida de MARIO, de la Memoria, de lo que somos.
Por ello,

Mario Castro Bueno en la memoria
Mario Castro Bueno Sin Olvido 

Bogota. D.C. 2 de Noviembre de 2012

Sin Olvido

miércoles, 24 de octubre de 2012

Orlando Valencia

Octubre 24 de 2005 - Octubre de 2012

Orlando Valencia se caracterizó por ser un empedernido defensor del territorio y por consiguiente de la vida. Era uno de los líderes de las comunidades afro-descendientes que luchaban por sus derechos colectivos y constitucionales, en medio de zonas tan golpeadas por el conflicto armado interno, y por los intereses que se concentran en los recursos naturales en Curvaradó- Jiguamiandó, Bajo Atrato Chocoano.

Un mes antes de su asesinato, ante el gobierno, reivindicó el respeto a la titularidad colectiva de Territorio, denunció problemas medioambientales de las plantaciones de palma africana, exigió el respeto del Estado Colombiano a las Zonas Humanitarias. También, exigió públicamente la restitución del Derecho al territorio ante la ocupación ilegal de las tierras colectivas de las comunidades de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó con la siembra de palma africana de poderosos sectores económicos que se han beneficiado de la estrategia paramilitar.

El 15 de octubre de 2005, hacia las 9:00 a.m., ORLANDO fue detenido por la policía de Belén de Bajirá, de modo extraño e irregular, cuando viajaba con otros nueve miembros de su comunidad, un abogado de Justicia y Paz, y un observador internacional de la organización canadiense Proyecto de Acompañamiento y Solidaridad Colombia. Varios de los testigos observaron cerca de las unidades policiales un vehículo donde se encontraban tres conocidos paramilitares.

Mientras fueron conducidos a la estación policial, los paramilitares se ubicaron enfrente, se reconocieron con las unidades policiales y un empresario se comunicó con el mando de la policía. Hacia 12 30 p.m. cuando los habían dejado en libertad, les siguieron unos paramilitares. Dos de éstos se acercaron a Orlando Valencia en una motocicleta, le obligaron subirse a una motocicleta, mientras intimidaron, amenazaron a los acompañantes. “Vamonos o si no lo pelamos aquí”.


Es un crimen de lesa humanidad, que constituyó detención extrajudicial, desaparición, tortura y asesinato. Aunque el homicidio de Orlando se produjo ese mismo sábado, sus restos solo fueron hallados 9 días después, el 24 de octubre en el río León con un disparo en la frente y marcas de ataduras en las muñecas.

Desde el 26 de octubre de 2005 se inició el Proceso 2297, la Fiscalía General de la Nación dio inicio a diligencias de indagación preliminar por el punible de Homicidio Agravado; profiriéndose resolución de apertura de la instrucción el día 15 de diciembre de 2005. Las declaraciones de pobladores de la región y vecinos del lugar donde se perpetró el hecho, empezaron a perfilar responsabilidades individuales y móviles del crimen.

Con base en el caudal probatorio se expiden órdenes de captura, inicialmente contra HERMEN MUÑOZ (conocido con el alias de DIOMEDES) y ALVARO PADILLA MEDINA (El Boxeador) y en forma posterior de JULIO CÉSAR SILVA, reconocidos por varios pobladores como partícipes de la desaparición forzada y posterior homicidio de ORLANDO VALENCIA.

Todos los mencionados fueron privados de la libertad y afectados con medida de aseguramiento, detención preventiva, ALVARO PADILLA MEDINA, aceptó su responsabilidad individual, acogiéndose a la figura legal de la Sentencia Anticipada, que se encuentra pendiente de resolver.

A la fecha, no existe ningún agente estatal vinculado ni empresario a pesar de la evidencia de su vinculación en el crimen. Ninguna acción tendiente a establecer la responsabilidad de los empresarios de la palma, cuando en el proceso aparecen claramente identificados como beneficiarios del crimen. Tampoco los que han difamado sobre ORLANDO han reconocido ante sus hijas y esposa y ante la comunidad el daño que han hecho.

Orlando Valencia en la memoria
Orlando Valencia Sin Olvido! 

Sin Olvido