BERNARDO JARAMILLO OSSA

marzo 22 de 1990 - marzo 22 de 2013

 

Se cumplen 23 años del asesinato de BERNARDO JARAMILLO OSSA, segundo candidato de la Unión Patriótica a la Presidencia de la República de Colombia. Con el paso del tiempo la impunidad se ha convertido en un muro infranqueable al esclarecimiento de la verdad y a la justicia. BERNARDO había sucedido en la candidatura a la Presidencia de la República por la Unión Patriótica a JAIME PARDO LEAL, asesinado el 11 de octubre de 1987.

BERNARDO, el “Perestroiko”, como era conocido cariñosamente al interior del partido por su insistente búsqueda de vincularlo a la Internacional Socialista, fue asesinado como miles de miembros de la Unión Patriótica y junto a ellas y ellos se mató una esperanza.

BERNARDO continúa en la memoria de muchas mañanas bogotanas que hacen recordar a esa misma mañana de hace 23 años en el Puente Aéreo de esa ciudad, donde sicarios de la estrategia militar encubierta dispararon en múltiples ocasiones sobre su humanidad.

Con su popular slogan “Venga esa mano país”, BERNARDO fue llenando plazas, parques, auditorios, mostrando la propuesta política de la Unión Patriótica como una alternativa ante una sociedad amalgamada e injusta. Desde la palabra, el pensamiento, la creatividad a flor de piel fue planteando nuevas posibilidades, nuevos caminos, denunciando permanentemente el paramilitarismo como una estrategia del Estado y nombrando a sus beneficiarios.

BERNARDO, oriundo de Manizales, a sus 35 años como abogado había trabajado en el Urabá antioqueño, donde asesoró al Sindicato de los Trabajadores del Banano, hasta que por las amenazas de muerte tuvo que trasladarse a Bogotá. “Garfield”, como era llamado por sus familiares y amigos más cercanos en alusión a su bigote poblado, se mantiene en la memoria del pueblo colombiano, quien lo lloró y junto a él cantó el estribillo “Yo te daré, te daré una rosa, una rosa hermosa, y esa rosa se llama UP".

Las balas de la estrategia militar encubierta de tipo paramilitar segaron su vida el 22 de marzo de 1990 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá poco después de las 8:00 de la mañana.

Herido en brazos de su compañera le dijo a ella:

“Mi amor no siento las piernas Estos hijueputas* me mataron, me voy a morir. Abrázame y protégeme.”

Cuatro disparos bastaron para que el país se estremeciera con la noticia de un nuevo magnicidio. Andrés Arturo Gutiérrez Maya, de 16 años, trabajador de una fábrica que hacía tizas para tacos de billar en Medellín, fue su asesino. Por ser menor de edad, el asesino no fue encarcelado y el capo Escobar, de forma indignante, desmintió ser el autor del crimen y se declaró adolorido por la muerte del candidato presidencial.

Al día siguiente del homicidio, el entonces director del DAS, Miguel Maza Márquez, le atribuyó el crimen a Pablo Escobar y exhibió dos grabaciones en las que el jefe del Cartel de Medellín y su lugarteniente El Zarco hablan sobre el pago de $300.000 a un sicario para ejecutar un atentado. La conversación fue interceptada el 21 de marzo de 1990.

Casi de inmediato, Escobar, desde la clandestinidad negó la autoría del asesinato, se declaró admirador de Jaramillo y dijo que, por el contrario, él había mediado varias veces para que socios suyos no lo mataran.

Lo paradójico es que el mismo día, desconocidos se comunicaron a varias estaciones radiales para decir que el promotor del asesinato había sido Fidel Castaño y que ahora este coloso de la guerra era el reemplazo de Rodríguez Gacha, abatido por la Policía en diciembre de 1989. No obstante, esta hipótesis fue poco investigada. Además, el joven sicario fue asesinado junto a su padre semanas después del crimen, cuando hacía uso de un permiso para salir de su sitio reclusión.

De cualquier manera, la investigación por este homicidio fue empolvándose con el paso de los años y la sucesión de escándalos venideros y de barbarie desatada en la década de los noventa fue relegando el expediente, que nunca avanzó más allá de las confesiones de sus protagonistas. Como quedó registrado en el proceso, el extinto jefe paramilitar Fidel Castaño le reconoció al ex dirigente del M-19 Otty Patiño que había ordenado el magnicidio. Su hermano Carlos Castaño refrendó esa versión en 1999 con su libro Mi confesión.

Pero son tantos los cabos sueltos de este magnicidio, que el fiscal octavo de la Unidad de Derechos Humanos ordenó una serie de entrevistas, verificaciones y declaraciones que buscan que el caso salga del ostracismo.

El asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa sigue en la absoluta impunidad, muy pocos avances se han hecho para esclarecer el caso. Como otro de los tantos asesinatos cometidos con el fin de exterminar la unión patriótica, éste representó una gran pérdida, desesperanza ante un sueño de democracia, justicia y equidad. El sistemático asesinato de los militantes de la UP marco una gran ola de violencia desatada por el narcoparamilitarismo y su alianza con el aparato militar del estado.

De este modo a la UP le asesinaron dos candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y más de 4.000 militantes. La alianza entre el poder mafioso y algunos sectores políticos se prolonga hasta hoy y se refleja en la creación de ejércitos, conocidos como paramilitares, que se apoderaron de municipios y de enormes regiones. Este contubernio se evidencia, también, en más de 20.000 asesinatos y cuatro millones de desplazados, en los últimos años y en el proceso de la parapolítica que vinculó a 83 parlamentarios.

Contra esta alianza funesta luchó Bernardo Jaramillo. Su legado sigue vigente. Para que su muerte no quede impune la Fiscalía determinó que su asesinato es un crimen de lesa humanidad.

Sin embargo hasta el momento, nada se avanzado en el proceso judicial, este crimen esta en absoluta impunidad, pero la muerte sólo llega realmente cuando se olvida, hoy recordamos a Bernardo Jaramillo Ossa y su labor política como una esperanza aún vigente en un país de injusticia, violencia y desigual, lo recordamos, y recordamos su voz fuerte, esperanzadora, en las cadencias sublimes de un tango de Gardel, que tanto le gustaba cantar.

Música recomendada: http://www.youtube.com/watch?v=I5JQ1m3mxKw

Vídeos y Audios de apoyo:

http://www.youtube.com/watch?v=OStm8PVW7bE

http://www.youtube.com/watch?v=_dzyg39Hp4U 

 

BERNARDO JARAMILLO OSSA en la Memoria

BERNARDO JARAMILLO OSSA Sin Olvido 

 

Sin Olvido

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Jaime Enrique Gómez

23 de abril de 2006 - 23 de abril de 2013

Han pasado 7 años desde aquel domingo 23 de Abril de 2006, cuando fue encontrado el cuerpo de Jaime Enrique Gómez; quien desapareció el 21 de Marzo de 2006, mientras trotaba en horas de la mañana en el parque Nacional de la ciudad de Bogotá.
 

Jaime Enrique se desempeñaba como asesor de la ex senadora Piedad Córdoba. Además de ser asesor político, era historiador y dirigente sindical, fue sindicalista de la Empresa de Teléfonos de Bogotá desde la década del setenta por cerca de veinte años, en donde se desempeñó en varios periodos como presidente del Sindicato, fue promotor de la creación de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Concejal de Bogotá en la década del noventa, y docente de diversas universidades en la capital.

Durante 34 días estuvo desaparecido; Las calles se llenaron de afiches con el rostro sonriente de Jaime Enrique. Sus hijos, sus alumnos y amigos tocaron todas las puertas, e iniciaron una campaña para recibir información sobre su paradero.

El 23 de Abril fueron hallados sus restos, sus huesos, lo que dejaron los victimarios de su humanidad, fueron hallados en el mismo parque donde lo desaparecieron, su hija Diana Gómez afirma que se presentaron irregularidades en el levantamiento del cadáver y su traslado a Medicina Legal.

“Días después de enterrarlo, el entonces presidente Uribe en defensa del TLC en Estados Unidos, dijo a Senadores Demócratas que lo sucedido con mi padre había sido un accidente y que tenía como demostrarlo. Desde entonces las irregularidades en Medicina Legal aumentaron, al punto que la entrega de exámenes cruciales para la investigación que corroboraban el homicidio, la tortura, el traslado del cuerpo de un lugar a otro, y el tiempo de muerte, se demoraron demasiado tiempo sin ninguna justificación. En octubre de 2007, la Fiscalía reconoció públicamente que mi padre fue asesinado.” 

En marzo de 2011 se asigno el sexto Fiscal al caso de Jaime Enrique, quien dice que debe iniciar desde cero la investigación, donde se ignoran las causas políticas del asesinato y el hecho de que Jaime Enrique estaba en la listas de Departamento de Seguridad del Estado, DAS.

¿Quiénes lo mataron? ¿Por qué lo mataron? ¿Donde están los responsables de un crimen tan alevoso? La única respuesta del gobierno es que se trató de un accidente. 

7 años después la muerte de Jaime Enrique Gómez su familia, sus amigos, las organizaciones con las que trabajaba, aún piden justicia y exigen que la verdad desmorone la impunidad, su hija Diana Gómez sigue siendo objeto de intimidaciones, seguimientos, teniendo que abandonar su País.


Una memoria viva demanda justicia.

Jaime Enrique Gómez en la memoria
Jaime Enrique Gómez Sin Olvido 

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Recorrido en bicicleta por la dignidad de las víctimas

Conozca al defensor del  Estado colombiano ante el Sistema Interamericano de Derechos humanos, Rafael Nieto Loaiza. Los invitamos a leer las siguientes columnas de información y opinión sobre el representante del Estado ante la SIDH.

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Jesús Maria Valle

27 febrero 1998 -  27 febrero 2013

Jesús María Valle Jaramillo, defensor de la vida y los derechos humanos. De sus entrañas, de caminantes a su lado, de la andadura en la memoria contra la impunidad. El defensor incansable de las ideas y las palabras, era un convencido que sin justicia social no podrá existir una verdadera Paz. Jesús María Valle Jaramillo, fue un hombre bueno, sencillo, solidario, un amigo incondicional, un líder polifacético y de una capacidad de trabajo y de entrega sin límites, pero sobre todo un consecuente y valiente defensor de los derechos humanos en Medellín, Antioquia y Colombia. Su voz aún se recuerda, como si estuviera en las calles, en su oficina, en su casa, en los lugares donde compartió con las personas que siempre defendió, por las que abogó.

El 27 de febrero de 1998, siendo las dos y quince de la tarde dos hombres y una mujer entraron al Edificio Colon ubicado en la calle 49 con carrera 51 del centro de la capital antioqueña. Después de intimidar a su hermana, que trabajaba con él, los sicarios le dijeron a Jesús María Valle "usted para nosotros es muy importante, pero también es un problema". Lo obligaron a tenderse en el piso boca abajo y le dispararon en dos ocasiones en la cabeza.

En el sepelio de Valle el sacerdote Joaquín Vargas dijo que “un apóstol nunca piensa en sí mismo sino en los demás”. Por ello, Jesús María Valle representa esa clase de hombres que luchan por la dignidad del otro, aún a costa de su propia vida. 

Quince años de impunidad, las confesiones de paramilitares ocultan a los  culpables detrás de éste crimen, a los culpables de cuello blanco que ordenaron acabar con la vida de éste defensor.

Los bárbaros querían silenciar las contundentes denuncias que realizaba Jesús María Valle, las cuales en muchas oportunidades develaba una convivencia, una complicidad y una ayuda entre comandantes de la policía, del ejército y los paramilitares que cometen una serie de asesinatos en el perímetro urbano. 

Jesús María Valle acompañó a las víctimas, en aquellos momentos difíciles cuando preguntaban por los desaparecidos, cuando defendía a las y los detenidos por razones políticas, a los campesinos desplazados forzosamente de sus tierras, a las víctimas de las masacres perpetradas por los paramilitares, a los estudiantes en sus luchas, a los indígenas, afro descendientes y las y los dirigentes sociales y populares.

Este abogado penalista, puso al alcance de los condenados pobres, el elitista Recurso de Casación ante la Corte Suprema de Justicia e hizo del ejercicio de su profesión una expresión comprometida y consecuente con su proyecto de vida.

Desde el Comité permanente por los derechos humanos, fue uno de los primeros en denunciar el terror de las autodefensas en Antioquia y particularmente en Ituango. “Yo escuchaba decir que el meridiano de la cultura y la política pasaban por Antioquia. Hoy puedo decir que el meridiano de la violencia pasa por Antioquia”, dijo en un recordado discurso el 25 de Agosto de 1997, que dió durante la conmemoración del décimo aniversario del asesinato de los defensores de derechos humanos Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur.

Las actividades de Jesús en defensa de los derechos humanos comenzaron a ser incómodas tanto para los grupos paramilitares como para algunos funcionarios cómplices de estas acciones.

En 1996 en una entrevista, afirmó: “desde el año pasado le pedí al Gobernador y al comandante de la IV Brigada que protegiera la población civil de mi pueblo, porque de septiembre a hoy han muerto más de 150 personas”. No le creyeron. Pocos días después, el entonces gobernador y hoy ex presidente, Álvaro Uribe, lo señaló como “enemigo de las Fuerzas Armadas” y fue denunciado por calumnia ante los tribunales.

Aún así, Valle denunció con gran coraje la complicidad del Ejército en las masacres de La Granja en 1996 y El Aro en 1997, corregimientos de Ituango, perpetradas por comandos paramilitares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) terminó dándole la razón y condenó al Estado colombiano por la relación de algunos militares con esas masacres de Ituango.

Un día antes de su asesinato, se presentó en la Fiscalía para rendir indagatoria por la denuncia por calumnia que cursaba en su contra. Alegó que no había cometido ningún delito, pues su versión sobre los nexos entre miembros del Ejército y la Policía con los grupos paramilitares había sido comprobada por organizaciones internacionales de derechos humanos.

Por el asesinato de Jesús María Valle el Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín condenó a 40 años de prisión como coautores a Álvaro Gómez Mesa y a Jorge Eliécer Rodríguez Guzmán. Sin embargo estas personas aún no han sido capturadas por las autoridades.

El Juzgado también condenó a Carlos Castaño como autor intelectual del crimen, pero fue absuelto en segunda instancia. Varios miembros de la familia Angulo, una prestante familia de Ituango, relacionados con el homicidio, fueron absueltos.

En julio de 2001, el Tribunal Superior de Medellín confirmó la sentencia contra Castaño y otros, pero también la absolución de los hermanos Angulo Osorio. Varios integrantes de la banda de sicarios ‘La Terraza’ se responsabilizaron por el asesinato de Valle en un comunicado publicado que se dio a conocer a través de Tele Antioquia. Allí añadieron que Carlos Castaño les pagó por este y otros crímenes contra defensores de derecho humanos.

En mayo de 2007 el Concejo de Estado condenó a la Nación y ordenó pagar una indemnización de 1.700 millones de pesos a la familia de Valle. Pero varios familiares del abogado la rechazaron al considerar que “no se establece la verdad sobre su crimen”.

El caso pareció quedarse en esta decisión, hasta que fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en busca del esclarecimiento de la verdad y el 27 de noviembre de 2008 La Corte IDH falló contra el Estado colombiano en esta sentencia se obliga al Estado a reabrir la investigación, así como a realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en la universidad de Antioquia además de colocar una placa en la memoria de Valle en el Palacio de Justicia de Antioquia.

En 2009 la Fiscalía reabrió el caso y vinculó a Salvatore Mancuso y a Isaías Montes Hernández, alias ’Junior’ al considerar que según dicho ente: "están surgiendo evidencias que habrán de contribuir a aclarar los hechos". En el proceso además se investigó la participación de militares.

En julio de 2011 en respuesta a las recomendaciones y sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se solicitó una investigación imparcial y exhaustiva para sancionar a los autores materiales e intelectuales del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús Valle Jaramillo, la Corte Suprema de Justicia invalidó las sentencias de absolución contra dos de los principales sindicados del crimen Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio y ordenó reabrir la investigación del caso en un juzgado penal de Medellín.   

A Jesús María lo asesinaron los paramilitares y el Estado de Colombia, por ser quien era. Por su vital compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y la Justicia, por su solidaridad con los desplazados y por su opción por los humildes.

Las múltiples actividades que él realizó, como defensor de los Derechos Humanos sin ninguna exclusión ni discriminación, tenían un objetivo y un propósito únicos: La dignificación de la persona humana, de los hombres, de las mujeres y de los niños, en especial de los más humildes. El parecía llenar todos los espacios y los tiempos: Así fue de vital, intensa, fructífera y consecuente su existencia.

Hoy conmemorando quince años de su asesinato, recordamos su exhaustivo compromiso con la comunidad, su lucha incansable por la justicia, su consecuente obra como defensor de derechos humanos. Hoy se recuerda a un gran hombre.

Pero también familiares, amigos y organizaciones sociales, claman por verdad y justicia por el crimen cometido y reiteran hoy como en su momento lo hizo Jesús María con su voz: “Aquí estamos y estaremos siempre, en el clamor de la lucha o en la quietud de la muerte”.

¡Jesús María Valle en la Memoria!

¡Jesús María Valle Sin Olvido! 

Sin Olvido.

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¿A cuál Santos le creemos?

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Masacre de San José de Apartadó

21 de febrero 2005 - 21 de febrero de 2013

Hace 8 años, el 21 de febrero de 2005 ocho personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fueron torturadas, asesinadas, descuartizadas y posteriormente enterradas en fosas comunes.

Primero asesinaron a Luis Eduardo Guerra, reconocido líder de la Comunidad de Paz; a su hijo Deyner Andrés Guerra de 11 años y a Beyanira Areiza. Después de asesinarlos con machetes, dejaron sus cuerpos en la montaña. Posteriormente, fueron asesinados Alfonso Bolívar Tuberquia, sus hijos Natalia de 5 años y Santiago de 2 años, su esposa Sandra Milena Muñoz y un trabajador de la zona llamado Alejandro Pérez.

Estos descarados hechos sucedieron cuando los miembros del bloque Héroes de Tolová llegaron a la casa de Alfonso Tuberquia y Sandra Muñoz y vieron a los niños, preguntaron a los comandantes ‘paras’ qué hacían con ellos. Sugirieron entregarlos a Bienestar Familiar. Pero alias Cuatro Cuatro, Makeison, Águila 6 y Cobra concluyeron que serían una amenaza en el futuro y se volverían guerrilleros.

Las súplicas de Alfonso Tuberquia fueron en vano. Natalia, de 5 años, fue por ropa para su hermano, de 18 meses y la empacó en una bolsa. Se la entregó y se despidió de él, porque ahí los separaron. La niña fue degollada con un machete.

Los habitantes de la comunidad de San José han soportado amenazas continuas y estigmatizaciones, muchas veces se han militarizado los caseríos y en numerosas ocasiones se ha intentado judicializar a líderes basándose en montajes y en campañas de desprestigio a través de los medios masivos de comunicación.

Así se han presentado los hechos sucedidos en éste caso, a través de los MMC.

Tomando como pretexto la masacre de febrero de 2005, el entonces presidente Alvaro Uribe, ordenó a la policía ingresar al caserío de San José para instalarse dentro de los espacios de paz donde nunca se ha permitido la circulación de armas. Esto obligó a la población a desplazarse y comenzar a construir un asentamiento nuevo en una finca de la comunidad, abandonando todo lo que se había construido durante muchos años.

Así mismo, el presidente de la época, Uribe Vélez, lanzó, tiempo después de la masacre sucedida en la comunidad, falsas acusaciones en contra de sus integrantes.

La Comunidad ha generado a través de la organización comunitaria alternativa, la forma de protegerse y hacerse respetar como población civil; por ello, ante la estrategia de muerte, de arrasar y desplazar al campesinado con intereses económicos sobre el territorio, para 1997 deciden declararse neutral frente al conflicto armado y rechazando, a través de la comunidad de paz, la presencia de todos los grupos armados en su territorio. Pese a ello, las acciones de muerte y terror contra la comunidad no han cesado.

En cuanto al proceso jurídico de los implicados en la masacre del 21 de febrero 2005, el 4 de agosto de 2010, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia había absuelto a diez militares por su responsabilidad en la masacre, a pesar de las declaraciones del extraditado ex jefe paramilitar alias Don Berna quien confesó que el bloque a su mando, Héroes de Tolová, había cometido este crimen colectivo de la mano del Ejército.

En la revisión del fallo absolutorio de primera instancia, los diez militares resultaron favorecidos porque según el Juzgado, no se comprobó la existencia del delito de concierto para delinquir y la responsabilidad de éstos en los crímenes cometidos por los paramilitares.

Por su parte la Fiscalía, Procuraduría y la parte civil apelaron el fallo. Luego de revisar las pruebas documentales y testimoniales, el Tribunal Superior de Antioquia decidió hundir la absolución en el caso de algunos militares con mando y dejó en firme el fallo de primera instancia sobre los restantes. Los paramilitares que participaron en la masacre y admitieron su responsabilidad en el crimen ante las autoridades judiciales fueron Adriano José Cano Arteaga, alias ‘Melaza’, y Joel José Vargas, alias ‘Pirulo’.

Estas confesiones le permitieron a la Fiscalía proferir orden de captura contra el ex capitán Gordillo Sánchez y abrir investigación contra 66 militares de la Brigada XVII del Ejército con sede en Carepa. Con el paso del tiempo se depuraron las responsabilidades penales y hoy la justicia estableció que fueron cuatro los militares involucrados y no diez, como se estableció en la primera instancia.

Organizaciones defensoras de derechos humanos que han acompañado este proceso también han denunciado la participación de los generales Mario Montoya, Jaime Fandiño y Luis Alfonso Zapata, además de los coroneles Néstor Iván Duque y Orlando Espinosa, sin que hayan sido vinculados.

Marcial Hoyos Soñet, Alexander Arrieta Gómez y José Fuentes Lagares aceptaron ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH, en la fase procesal respectiva, ser responsables de los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. Esas conductas punibles también fueron reconocidas por Nafer Antonio Guzmán Trujillo y Henry Enrique Payares Pacheco, quienes esperan decisión del juzgador. A esas tres condenas se suman las de: Uber Darío Yañez Cavadías comandante militar del bloque, Jorge Luis Salgado David, José Joel Vargas Flórez, Bionor Vargas Flórez, Rober Darío Muñoz Hernández, Francisco Javier Galindo Martínez, Edinson Galindo Martínez, Neder Antonio Mestra Rojas, Juan Alberto Ruiz Yañez, Manuel Antonio Urango Mejía, Yamid de Jesús Gonzáles Galaraga, Erney Eduardo Portillo Paternina, Aldo Antonio Agames, Javier Enrique Salgado Martínez, Jorge Luis Gutiérrez Alean, Esaut José Feria Martínez, y Ulises Burgos. De esas personas, tanto Bionor Vargas como Ulises Burgos cumplen 40 años de prisión, cada una; otras 12 purgan 20 años de cárcel, cada una, luego de acogerse a sentencia anticipada.

La Fiscalía ya acusó por homicidio en persona protegida y concierto para delinquir a nueve miembros más del citado grupo armado y aguarda la fecha para la audiencia pública. Con medida de aseguramiento se encuentran otros seis procesados y dos menores de edad quedaron a disposición de las autoridades respectivas.

Con respecto a los militares procesados en este caso cumple condena el capitán (r) del Ejército Nacional Guillermo Armando Gordillo Sánchez, quien aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir, por los que el Juzgado Primero Penal del Circuito

Especializado de Antioquia le impuso 20 años de cárcel el 20 de febrero de 2010. Tal decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Antioquia el 28 de febrero de 2011. Finalmente, sobre la sentencia absolutoria dictada a diez militares (tres oficiales y siete suboficiales) por el Juzgado Segundo Especializado de Antioquia el 4 de agosto de 2010, la Fiscalía apeló el fallo y aguarda la decisión del Tribunal Superior de Antioquia

En el proceso, el Ministerio de Defensa se defendió argumentando que no se le podía responsabilizar por los actos cometidos por un grupo ilegal que nada tenía que ver con la institucionalidad.

La Procuraduría contrarió la posición del Ministerio, sosteniendo que existía una “flagrante responsabilidad del Estado por la ejecución extrajudicial de personas protegidas”. Con el agravante de que, tres de ellas eran menores de edad y fueron asesinadas con igual sevicia. 

La muerte de los pequeños Natalia y Santiago Tuberquia da muestra de la barbarie paramilitar que ocurrió en tantas zonas del país con el beneplácito o el silencio cómplice de miembros de la Fuerza Pública.

El tribunal de Antioquia ha ordenado al Ejército que, en presencia de altos mandos militares, habitantes la zona y medios de comunicación regionales y nacionales, ofrezca públicamente disculpas por la masacre y se comprometa, de forma "contundente", a tomas las medidas necesarias para que "lo acontecido no vuelva a suceder".

A pesar de todas estas investigaciones y algunas condenas, las víctimas de la comunidad de paz de San José de Apartadó siguen exigiendo e instando al gobierno y al estado colombiano, a una verdadera justicia, a una verdad real. Que sean juzgados los militares y paramilitares de más alto rango. Que no solamente sean juzgados los autores materiales sino también los intelectuales. Así mismo, sus víctimas y la parte civil han exigido y solicitado también sea investigado el ahora, ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

Los campesinos y campesinas de la Comunidad de paz, a través del tiempo han dejado por sentado que no se trata solamente de una responsabilidad estatal que se deba resumir e intentar resolver administrativamente sino que por el contrario se trata de un tema estructural, donde las garantías de no repetición siguen sin darse.

Han sido 8 años de este crimen. Ocho años de tristezas, de ausencias de seres queridos en la comunidad, de miedos, pero también de resistencias y anhelos de justicia, verdad.

Por eso las y los campesinos, NIÑAS Y NIÑOS asesinados en la masacre de san José de Apartadó en la memoria 

Por eso las y los campesinos, NIÑAS Y NIÑOS asesinados en la masacre de san José de Apartadó Sin Olvido.

Sin Olvido

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Sin Olvido

Como olvidar a quienes sus vidas han arrebatado bruscamente, cómo no recordar a quienes el flagelo de la violencia mas han marcado, como no tener presente las miles y miles de vidas que se han extinguido a manos de corruptos y delincuentes, como dejar en el olvido a quienes con su muerte honraron a todo un pueblo.

Desvanecieron sus cuerpos, pero su espíritu sigue indeleble mas que ayer, sus pensamientos y acciones serán recordadas cada vez con más frecuencia, porque quisieron callar las verdades que anunciaban, quisieron callar los atropellos e injusticas que denunciaban pero nunca podrán callar a un pueblo que se une a los clamores de muchos que han desaparecido. No es tiempo de omitir lo que debe ser dicho, es tiempo de luchar por quienes fuerzas ya no tienen, es tiempo de desenterrar las memorias de quienes fueron y serán nuestros héroes, es ahora cuando debemos entrelazar nuestras voces y decir a todo grito “ No más desaparecidos”

Texto: Diana Olivares @dianaolivares03 

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