24 años de la desaparición forzada de 43 campesinos en Pueblo Bello

Enero 1990 - Enero 2014 - (fotografia CCJ)  

El 14 de enero de 1990 en horas de la noche, aproximadamente 60 paramilitares del grupo “Los Tangueros”, al mando de Fidel Castaño, ingresaron al corregimiento de Pueblo Bello, municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia, y por la fuerza sacaron varios habitantes del pueblo de algunas viviendas y de la iglesia presbiteriana.

“Los Tangueros” ubicaron a las víctimas en la plaza principal y las forzaron a acostarse boca abajo, tras lo cual seleccionaron a 43 campesinos, entre ellos tres menores de edad, a quienes amordazaron y se los llevaron, sin que se les haya vuelto a ver con vida.

Antes de retirarse en dirección a San Pedro de Urabá, los paramilitares incendiaron tres viviendas y dijeron a los habitantes de Pueblo Bello: "esto es para que respeten a 'Los Tangueros”, refiriéndose al nombre con el cual se conocía al grupo proveniente de la finca "Las Tangas", situada a orillas del Río Sinú en el Departamento de Córdoba.

Los vehículos que transportaron a los paramilitares y a los habitantes de Pueblo Bello pasaron por dos retenes custodiados por los Batallones Vélez y Cóndor, de la Brigada XVII del ejército, sin ser detenidos o cuestionados.

Los 43 campesinos fueron llevados a la finca “Santa Mónica” en el Departamento de Córdoba, donde los esperaba el entonces líder paramilitar Fidel Castaño. Señalan que allí fueron interrogados y brutalmente torturados: “las venas de sus cuerpos punzadas, sus ojos perforados, sus oídos aserrados, sus órganos genitales mutilados. Finalmente fueron ejecutados uno a uno”.

Sus nombres son:

• José del Carmen Alvares Blanco
• Fermín Agresor Moreno
• Víctor Manuel Argel Hernández
• Genor Arrieta Lara
• Cristóbal Manuel Arroyo blanco
• Diomes Barrera Orozco
• Urias Barrera Orozco
• José Encarnación Barrera Orozco
• Ricardo Manuel Bohórquez  Pastrana
• Jorge Fermín Calle Hernández
• Jorge Arturo Castro Galindo
• Ovidio Carmona Suarez
• Genaro Calderón Ramos
• Juan Miguel Cruz Ruiz
• Ariel Euclides Díaz Delgado
• Camilo Antonio Durando Moreno
• Juan Luis Escobar Duarte
• José Leonel Escobar Duarte
• Cesar Augusto Espinosa Pulgarin
• Wilson Uberto Flores Fuentes
• Andrés Manuel Flores Altamira
• Santiago Manuel Gózales López
• Carmelo Guerra 
• Miguel Ángel Gutierrez Arrieta
• Lucia Úrsula Sotelo
• Ángel Venito Jiménez Julio
• Manuel Ángel López Cuadrado
• Jorge Martínez Pacheco
• Mario Melo
• Carlos Melo
• Juan Mesa Serrano
• Pedro Antonio Mercado Montes
• Manuel de Jesús Montes Martínez
• Luis Carlos Pérez
• Miguel Pérez
• Raúl Antonio Pérez Martínez
• Benito José Pérez Pedroza
• Euclides Ricardo Pérez
• Andrés Manuel Pedroza Jiménez
• José Manuel Petro Hernández
• Luis Miguel Salgado
• Selimo Urrutia Urtado
• Eduardo Zapata.

Según se indica en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos1 (párr 95.42, p. 54), “En la mañana del 15 de enero de 1990 varios familiares de las personas secuestradas se dirigieron a la base militar de San Pedro de Urabá con el fin de obtener información sobre el paradero de los desaparecidos. En la base fueron recibidos por el Teniente Fabio Enrique Rincón Pulido, quien les indicó que los camiones que transportaban a las personas retenidas en Pueblo Bello no habían pasado por el retén militar y mencionó que los pobladores de Pueblo Bello “cambiaron gente por ganado”.

De acuerdo con los testimonios aportados por los familiares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el teniente Rincón se refería a un ganado, propiedad de Fidel Castaño, que había sido robado por la guerrilla en diciembre de 1989, justo en las afueras del corregimiento. En venganza, según cuentan los familiares, Castaño habría dicho que por cada cabeza de ganado robado, se llevaría una persona.

Katy Fuentes habla de tratos  dados por militares: 

Según consta en la Sentencia (párr. 95.44, p. 54), “Ocho días después de los hechos, hombres vestidos de militar, supuestamente provenientes de la base militar de Carepa, llegaron a Pueblo Bello en helicóptero y, con base en una lista, repartieron sobres con 50.000,00 pesos entre familiares de las personas desaparecidas pero muchas de ellas no los recibieron”.

7 años después, en mayo de 1997, la Comisión Colombiana de Juristas, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional denunciaron los hechos ante la Corte Interamericana de Derechos humanos.

Katy Fuentes Familiares, habla sobre el encuentro de los restos:

En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas de reparación a la comunidad de Pueblo Bello, que incluían nueve puntos de los cuales el Estado colombiano sólo ha cumplido dos. El Presidente colombiano para ese entonces Ministro de Defensa quien pidió perdón y se comprometió en cumplir la sentencia en 2009 desconoce y no atienda los llamados de esta comunidad,  en 2013, 7 cuerpos de los 43 desaparecidos fueron entregados a los familiares para darles cristiana sepultura, el resto de los familiares siguen luchando por saber la verdad, y exigen la no repetición.

Mensaje de Katy Fuentes: 

Hoy luego de 24 años las familias recuerdan a sus padres, hermanos, esposos e hijos que un 14 de enero de 1990 vieron por última vez.

Desaparecidos de Pueblo Bello en la memoria 

Desaparecidos de Pueblo Bello Sin Olvido 

Sin Olvido realizado con el comunicado tomado del Comité de familiares de Pueblo Bello.

Read More

Hortensia Neyid Tunja Cuchumbe y Manuel Tao Pilimnue

Hace 8 años fueron segadas las vidas de Hortensia Neyid Tunja Cuchumbe de 17 años de edad y de Manuel Tao Pilimnue de 21 años de edad, por unidades militares adscritas al Batallón “Cacique Pigoanza” con sede en Pitalito, departamento del Huila.

Con el asesinato de estos dos jóvenes no solo afectaron a sus familias, toda la comunidad se sintió devastada en medio de la celebración de la tradicional fiesta de reyes, silenciada por los tiros de fusil propiciados por los militares.

El 8 de Enero de 2006, a las 3:20 de la mañana militares detuvieron la moto en la que se transportaban Hortensia, Manuel y Wlliam, quienes se dirigían a San Antonio Cauca. Los jóvenes salían de Belén en donde se desarrollaba la fiesta de reyes hacia sus casas, los militares se encontraban escondidos a orillas de la carretera entre un guadual y de repente dispararon sus fusiles dejando sin vida a Hortensia y Manuel, por su parte, William quedó gravemente herido y para salvar su vida logró escapar arrastrándose hasta llegar a San Antonio en donde avisó lo que había sucedido.

Mientras tanto los militares modificaron la escena del crimen cubriendo los rostros de Hortensia y Manuel con pasamontañas, pretendiendo justificar sus asesinatos señalándolos como guerrilleros dados de baja.

Su afán de justificar su operación dentro de la jurisdicción que les correspondía, sobrepasó los límites y el accionar ilegal de las fuerzas armadas, y a pesar de la presión hecha por la comunidad y los familiares, los militares arrastraron los cuerpos de Hortensia y Manuel a la población de Valencia, donde los arrojaron sobre la orilla del camino que limita con los departamentos del Cauca y Huila.

Para asegurar la impunidad los militares transportaron los cuerpos de Hortensia y Manuel a la Plata, Huila y allí realizaron el levantamiento de los cuerpos impidiendo los procedimientos legales y evitando la recolección de pruebas fundamentales para una posterior investigación. 

No siendo suficiente con esto, los nombres de las víctimas y sus familias fueron humillados, Hortensia y Manuel fueron exhibidos ante los medios de información como guerrilleros dados de baja en combate y a quienes supuestamente les habían incautado equipamiento de uso militar.

Entre tanto William José Cunacue Medina fue llevado por sus familiares al hospital de la Plata Huila, en donde lograron recuperarlo de sus graves heridas, sin embargo durante su recuperación William fue hostigado, perseguido y amenazado. En cuanto los militares se enteraron de su presencia en el hospital William fue sacado en un camión del ejército y transportado a un calabozo de la policía de la Plata donde iniciaron un proceso de judicialización en el que lo acusaban de rebelión, solo hasta 4 años después William quedó absuelto de estos cargos.

A un año de los asesinatos las familias de Hortensia y Manuel acompañadas por la comunidad de San Antonio, construyeron una Gruta que simboliza el camino de la memoria, este acto de religiosidad popular dio paso a la construcción de una memoria colectiva, la Gruta de la Vida, como la llaman las madres de las víctimas, se encuentra en el lugar exacto en donde cayeron los cuerpos de Hortensia y Manuel. 

2 años después, Luz Marina, madre de Hortensia, donó al municipio la casa donde su hija había nacido, entonces la comunidad de San Antonio restauró la casa y la declaró como espacio de memoria, espacio de encuentro comunitario, de aprendizaje, de reflexión y de exhumación de los sueños…

6 años después, en 2012, mediante la sentencia 320, el Juzgado Octavo Administrativo de Popayán, ordenó a la Nación, Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional reconocer públicamente su responsabilidad en un acto de perdón.

El 17 de febrero de 2012 la comunidad y los familiares de Manuel y Hortensia se alistaban para recibir el perdón de los militares sin embargo, el día anterior hacia las 8 de la noche, las familias recibieron un mensaje de texto a un celular en el que decían que por “cuestión de seguridad”, no podían ir a cumplir el compromiso, Los familiares de las víctimas consideraron que esto fue una burla más.

Finalmente el 10 de marzo, el ejército nacional de Colombia pidió públicamente perdón a las familias, el lugar escogido por los familiares de las victimas fue la Gruta, pero los militares, del batallón Piguanza en cabeza del coronel López y el teniente Herrera, Hasta última hora intentaron cambiar el lugar del acto, rechazando hacerlo en el monumento de la memoria la “Gruta de la Vida”, ellos pretendían hacerlo en un lugar cerrado como una casa de acción comunal, pero La digna firmeza de los familiares hizo que todo se realizará en la Gruta donde se encuentra un pequeño montículo que recuerda a todos los que allí transitan lo que sucedió ese 8 de enero de 2006.

 

Ejército condenado a pedir perdón por ejecuciones extrajudiciales en Inzá from Cronicas del despojo on Vimeo.

Desde hace 8 años la comunidad de San Antonio, las familias de Hortensia y Manuel han afirmado la dignificación de sus víctimas. Las familias día a día reafirman la memoria frente a la impunidad y mantienen la firme convicción que lo único que les queda es luchar por su comunidad.

Hombres y mujeres que exigen el derecho a la no repetición de estos violentos hechos. Mujeres y hombres que dignifican su proceso comunitario y colectivo ante la impunidad y la inequidad estatal.

Hortensia Tunja Cuchumbe y Manuel Tao Pilimnue en la Memoria.

Hortensia Tunja Cuchumbe y Manuel Tao Pilimnue Sin Olvido.

Read More

Francisco Eladio Gaviria Jaramillo

Diciembre 10 1987 - Diciembre 10 2013

El 10 de diciembre de 1987, Día Internacional de los Derechos Humanos, unidades militares adscritas a la IV Brigada del ejército, en desarrollo de una acción encubierta en el marco de la aplicación del plan de exterminio contra la Unión Patriótica conocido como “Baile Rojo”, detuvieron arbitrariamente, desaparecieron, torturaron y posteriormente asesinaron a Francisco Eladio Gaviria Jaramillo.

Francisco Eladio Gaviria Jaramillo en la Memoria.

Francisco Eladio Gaviria Jaramillo Sin Olvido. 

Read More

Victimas de la masacre de la Balsita

Noviembre 24- 28 1997- Noviembre 24-28 2013 

Han pasado 16 años desde que un grupo de paramilitares vestidos de civil y fuertemente armados incursionaron en los caseríos de Antasales, Buenavista, Tucunal, Galilea, Chambuscado y Argelia, del corregimiento de La Balsita en Dabeiba, Antioquia.

Los participantes de la estrategia paramilitar se identificaron como “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá , como parte de operaciones contrainsurgente ilegales de las brigadas 4, 11 y 17 del ejército nacional, durante los días 24 al 28 de noviembre. Asesinaron y desaparecieron a varios campesinos, entre ellos dos niños, destruyeron caseríos, puentes y saquearon bienes de supervivencia.

La operación armada era continuidad de la masacre del Aro que compromete al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.

Un día antes de que comenzara la masacre, el 23 de Noviembre, paramilitares incursionaron en el río Sinú, allí asesinaron a Annanias Guisao Usuga, presidente de la Junta de Acción Comunal de Antazales y retuvieron a Milton David y Pedro Montoya.

Al día siguiente, el 24 de noviembre, los paramilitares asesinaron a Alejandro Higuita, sus vecinos encontraron su cadáver con señales de tortura y con marcas de cuerda en el cuello.

Ese mismo día la esposa de Ananías Guisao Usuga, Rosalba Usuga junto con su hijo Joaquín Emilio Guisao Usuga, de 18 años, fueron asesinados en presencia de Paula Andrea Guisao quien en ese entonces tenía 5 años de edad. Ella se encontraba al lado de Juan Camilo Guisao Usuga de 7 años, Carlos Mario Guisao de 14 años y Jonathan Guisao Usuga de 16 años. Posteriormente los menores fueron retenidos por el grupo paramilitar.

En la madrugada del 25 de noviembre los paramilitares ingresaron a Tucunal y de allí se trasladaron hacia Antazales, a las 7:00 am pasaron casa por casa, diciéndole a los habitantes que iban a quemar sus habitaciones y que tenían plazo hasta las 6 de la tarde para salir de la zona.

Los jóvenes que se encontraban en esta zona fueron obligados a reunir todo el ganado, minutos después quemaron 8 casas y tumbaron varios puentes que comunicaban las veredas. Los paramilitares se llevaron también el ganado.

Luego se dirigieron a la vivienda de Simón Torres Cardona de 46 años de edad y delante de su sobrina fue golpeado y posteriormente llevado a un puente cercano en donde fue atado a una varilla en donde le accionaron una carga de dinamita.

Horas más tarde detuvieron y desaparecieron a Reinaldo Ramírez de 42 años de edad y en la misma incursión asesinaron con disparos de fusil a Luz Emilda y Marcos Duarte de 48 años de edad.

El 26 de Noviembre los paramilitares llegaron al corregimiento de La Balsita en donde asesinaron a Heriberto Areiza de 32 años de edad quien fue encontrado con un tiro en la cabeza y su rostro despojado de sus ojos. Jesús Areiza de 35 años de edad fue detenido, torturado, colgado y ahorcado.

Horas más tarde los paramilitares detuvieron y asesinaron a los campesinos Ricaurte Monroy de 16 años de edad, quien fue encontrado con quemaduras en los brazos y piernas y posteriormente degollado. Edilberto Areiza de 24 años de edad fue fusilado con un disparo en la cabeza, su rostro despojado de sus ojos y y sus manos heridas con arma corto punzante.

Ese mismo día paramilitares interceptaron a los campesinos Alejandro Higuita y Flor Emilce Rivera que se movilizaban en caballo hacia la verdad Antasales, luego de ser obligados a bajar de los caballos fueron degollados y sus cuerpos fueron arrojados a orillas del camino.

El jueves 27 de Noviembre, en la vereda Tocunal, fueron asesinados Oscar Valdarrama, de 60 años de edad y su hijo Alfonso Valderrama de 25 años de edad, los dos pertenecían a la iglesia Pentecostal.

La muerte violenta, la quema de más de 30 viviendas, la destrucción del espacio de la vida, de la alimentación, del sueño, de la esperanza inundó de terror a la comunidad obligándolos a salir de sus tierras, el 28 de Noviembre, centenares de familias, campesinos y campesinas, se desplazaron forzadamente al casco urbano del municipio de Dabeiba en donde vivieron en condiciones de hacinamiento durante 4 años.

De 1997 a 2005 las víctimas, las desapariciones, las torturas suman más de 300 víctimas. Hoy, pasados 16 años, ninguno de estos crímenes de lesa humanidad han sido investigados, sancionados o imputados a los responsables por el aparato judicial colombiano. Es una “justicia” ciega, asesina e hiriente con las víctimas. Ella expresan que les duele recordar pero más les duele olvidar. Ninguna investigación judicial ha generado el mínimo de investigación. A partir de la ausencia de voluntad política, de la incompetencia e ineficiencia judicial se ha perpetuado la impunidad jurídica incapaz de silenciar la memoria, que es la única que ha sostenido la esperanza para que algún día sea posible el camino hacia la verdad, la justicia y la paz.

Rosalba Úsuga, Joaquín Guisao, Ananias Guisao, Reynaldo Ramírez

Simon Torres, Oscar y Alfonso Valderrama, Ricaurte Monroy

Edilberto Areiza, Alejando Higuita y Flor Emilce Rivera, Marco Duarte y Luz Emilda de Duarte, Milton David y Pedro Angel, Irma Areiza,Felix misa, Conrao Gomez, Jesús Cipriano Varela Rengifo y todas las víctimas de la La Balsita, son parte de nuestra memoria.. 

Victimas de la masacre de la Balsita En la Memoria.

Victimas de la masacre de la Balsita Sin Olvido.

Read More

Gaby May no se rindió ante el conflicto en Tumaco

La hermana Gaby May tenía el mejor balcón sobre la bahía interna de Tumaco. Para un visitante, su casa poseía una vista privilegiada, pero para ella se trataba de otro asunto: desde allí también se podía ver en toda su dimensión la inmensa pobreza del puerto. Aún después de años de vivir allí no le cabía en la cabeza cómo, sus ilustres vecinos, gamonales políticos de esta población a orillas del Pacífico, se negaban a ver el resultado de su corrupción y sus abusos.

Así era May, una monja laica malhablada, fumadora, francota, inmensamente solidaria y, a su manera, dulce. Vivía preocupada por ayudar a resolver las injusticias que cada día presenciaba en la que, desde hace tiempo, consideraba su tierra, luego de 35 años de trabajo con las Misioneras Laicas de Friburgo, una comunidad religiosa suiza que la trajo al país y con la que se dedicó a velar por comunidades indígenas y negras de Nariño y Cauca. 

Gaby fue amiga inseparable y compañera de trabajo de Yolanda Cerón, líder asesinada en 2001 por hombres del Bloque Libertadores del Sur de las Auc, luego de que denunciara públicamente que algunos miembros de la Policía, del DAS y de la Base de Entrenamiento de la Marina eran cómplices de los asesinatos selectivos que estaban cometiendo los paramilitares en Tumaco. 

Por eso tras la muerte de su amiga, la hermana Gaby, continuó aún con mayor ahínco su labor de defensora de los derechos humanos y protectora de los más desvalidos y sufridos en la región. En 2002 creó la Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Tumaco, encargada de la defensa de los derechos y la vida de la población de la Costa Pacífica nariñense. También fue el motor de iniciativas de memoria como las marchas por la paz, la Galería de la Memoria y la Casa de la Memoria, que inauguró hace poco y en donde guiaba a los visitantes y les explicaba en detalle la historia de violencia del puerto.

Gaby conocía como pocos la crisis humanitaria al interior de los barrios y las amenazas que enfrentan todos los días, sobre todo los jóvenes, atrapados en medio de las disputas territoriales entre las Farc y la bandas de narcotraficantes. De ahí que su trabajo variaba con la misma facilidad con que pasan las horas. En la madrugada podían verla vendiendo tamales en la calle para recaudar fondos para las obras de su misión, al medio día, podía estar visitando a personas enfermas a reclamar por sus derechos en las clínicas, en la tarde, consolando a alguna jovencita abusada por hombres armados, y en la noche, en alguna reunión de madres, intentando ayudarles a evitar que paramilitares o guerrillas les recluten a la fuerza a sus hijos adolescentes, como sucede hoy cada semana en ese puerto.

Trabajó con mujeres de barrios sumidos en la miseria como Nuevo Milenio, Viento Libre, Obrero y Centro, en donde enseñaba a tejer. También fue compañera incondicional de las víctimas del conflicto armado de la vereda San Luis Robles y de indígenas Awá del resguardo Magüí, Primavera y Renacer, a quienes animó en la búsqueda de la restitución de sus derechos.

Sin duda su voz era un aliento para los desprotegidos que confiaban más en ella que en las numerosas instituciones nacionales e internacionales que hacen presencia en este puerto. Y muchas veces lograba ayudarles de manera más efectiva, con su amor y su compromiso, que todas estas juntas. Tuvo el coraje de enfrentársele a los grupos armados de cualquier bando sólo con su autoridad moral, y el de batallar también contra la politiquería. 

Gaby murió de un infarto el pasado 19 de noviembre, muy temprano en la mañana, en su casa. Tenía 63 años. Su legado y su visión de cómo construir paz quedan en la memoria de los tumaqueños y de las personas que la acompañaron en su pastoral. VerdadAbierta.com la entrevistó en 2012 y sus respuestas reflejan el compromiso que tenía con su Pacífico.

http://www.youtube.com/watch?v=DSWpdVz18JY

VerdadAbierta.com: ¿Cómo es la presencia del Estado en Tumaco y el Pacífico?

Gaby May: Se limita a uniformes y armas pero no a invertir, no solo en lo social, sino en pensar cuáles son las inversiones para el progreso de todos, no de unos pocos. Aquí, con las locomotoras se hacen grandes planes, legal e ilegalmente, destruyendo zonas que se convertirán en el viejo oeste salvaje, en busca del petróleo o el oro. El negro, igual que como lo hizo con el español, está metido en la chamba lavando el oro y todo el mercurio y los químicos están dañando las aguas.

VA: ¿Cuáles son las secuelas que los grupos armados están dejando en la población?

GM: Luego de la época gloriosa del dinero del narcotráfico, el boom cayó, los que estuvieron en Cali regresaron sin plata, algo muy típico de la gente acá, que cuando ya no puede más regresa con su familia, donde su mamá, y nadie los puede echar de la casa y por eso aumentan los conflictos. Esta es la fragilidad de meterse en negocios ilegales. Hay que reconocer que la mentalidad de la plata fácil sigue existiendo en Colombia y no solo por parte de los pobres. El ejemplo también lo dan los poderosos y los ricos. Solo mire el Congreso, tienen apreciables sueldos y otros contratos.

VA. Pero hay jóvenes que terminan involucrados no solo por la plata fácil.

GM: Hay zonas donde ven que tu hijo está en la edad de llevar un arma, de cargarla, lo invitan, entre comillas, y si se niega toda la familia queda en peligro. Con las niñas es diferente, no tanto para las armas. Uno ve que los muchachos metidos en los grupos se enamoran de una chica y le piden al hermano que se las consiga, que se la preste, y si se niega, este tiene que desaparecer del barrio, ella también y a lo mejor la familia también.

VA. ¿Qué credibilidad tienen las instituciones en la población?

GM: Nadie tiene confianza en las instituciones porque es un Estado que se hace sentir de manera represiva. No genera confianza para proteger a la población desarmada porque ha perdido el monopolio de las armas y en Tumaco varias generaciones han crecido viendo que las armas han marcado el territorio. 

VA. Pero el Gobierno llegó implementando el Plan de Consolidación y ejecutando acciones sociales.

GM: Si, aquí vino, después del atentado contra la estación de policía (a principios de 2012). El ministro de Defensa y el presidente de la República anunciaron que enviarían más fuerza. Esa fue la primera intención y después dijeron: “vamos a reparar las casas afectadas y a las víctimas”. Ahora, si ustedes miran el sitio donde fue el atentado, la estación de Policía fue reconstruida pero los vecinos qué… así que después del discurso, del susto, vendrá otro atentado y otro discurso.

VA. ¿Existe la idea que la paz la construye la Fuerza Pública? 

GM: Todo lo contrario, Colombia no tiene una guerra con un país vecino, el Ejército que tiene está ocupado en la guerra interna, donde la población civil está poniendo la sangre, y los niños y los jóvenes están sacrificando su presente y su futuro.

VA.: Si tuviera el poder para evitar el reclutamiento, ¿Qué haría?

GM: Apostaría por la educación. No estratificar el derecho de la educación, invirtiendo en viviendas dignas, porque teniéndolas se pueden sembrar más fácil valores dignos. Además, le apostaría a una seguridad social en todo el sentido de la palabra, donde pudiera reunirme en la noche con los vecinos sin tener miedo, y en el día enviar a mis muchachos a la escuela, a estudiar con garantías, que tengan dónde trabajar y recibir un pago. 

VA: Una de sus luchas ha sido los derechos a la salud…

GM: Si usted tiene un niño enfermo y no lo atienden, produce angustia y rabia. Todo esto son semillas de la guerra, lo que necesitamos son semillas de paz, a través de servicios que funcionen. Y no hay que mendigarlos, tiene que tratarla como mamá, como ciudadana. 

VA: ¿Cómo sembrar esas semillas de paz en los jóvenes?

GM: Hay que permitir que puedan expresarse, sentirse alguien, que puedan reír, hablar, tener sueños, con el derecho de hablar paja de vez en cuando. Es importante que en un pueblo donde todo el mundo está callado por el miedo, busquemos y fortalezcamos espacios donde se recupere la palabra. También tenemos que hacer el esfuerzo de crear espacios para que los grupos que más están sufriendo no se ahoguen en el dolor, brindándoles la posibilidad de reconstruir un camino de vida y de resistencia. Como dicen los indígenas: “hemos resistido 500 años, ahora queremos tener vida”. 

VA: ¿Y cuál es el papel de la iglesia Católica?

GM: El sitio de la iglesia tiene que estar con la gente y no con los que manejan el poder, a ellos tiene que llamarles la atención o pierde credibilidad. Creo que la iglesia Católica tiene una deuda histórica con el pueblo colombiano.

Tomado de: www.verdadabierta.com

Read More

José Rodrigo Orozco.

Noviembre 26 1992- Noviembre 26 2013

Han pasado 21 años desde el asesinato del Segundo vicepresidente de la Asamblea departamental del Meta, militante de la Unión Patriótica, y del Partido Comunista José Rodrigo Orozco. 

José Rodrigo entre 1986 y 1988 fue el alcalde del Municipio de Puerto Rico, departamento del Meta. Luego, de 1990 a 1992 fue elegido como diputado a la Asamblea del departamento del Meta por la Unión Patriótica y del Partido Comunista. Además de ser docente, dirigente y conocido líder político de la región era esposo de María Mercedes Méndez, ex alcaldesa del Castillo, asesinada el 3 de Junio de 1992 junto con 4 personas militantes de la Unión Patriótica. José además era padre de 5 hijas. 

José Rodrigo militó con el corazón y tenacidad por denunciar los crímenes de lesa humanidad en contra de los militantes de la Unión Patriótica de la región del Meta. 

El 26 de Noviembre 1992, José Rodrigo fue asesinado por cuatro hombres de la estrategia militar encubierta, 2 agentes del F-2 de la Policía y 2 paramilitares, Arnulfo Castillo Agudelo, conocido con el alias de “Rasguño” y un hermano de éste conocido como “Puntillón”. 

Ese día cuando José se dirigía a su casa, sin escoltas pues días antes se los habían retirado, luego de salir de la asamblea departamental, fue abordado por dos agentes de la policía, y requisándolo a la fuerza le decomisaron sus documentos y el arma de protección que el mismo gobierno le había dado. Al no tener motivos para detenerlo hubo un forcejeo; José seguiría luchando por sus hijas hasta el último momento en que su vida le fue arrebatada, entre tanto llegaron 2 paramilitares, “Rasguño” y “Puntillón” que se movilizaban en un vehículo del F-2 y una motocicleta Suzuky color roja, camuflada con cintas blancas y naranjas, y le propinaron 5 impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, minutos después llegaron a este lugar otras unidades policiales, que realizaron el levantamiento. 

Al ser asesinado dejó una nota en su bolsillo, dirigida a sus 5 hijas

“Al morir, no tendré tiempo de decir nada. Es por esto que dejo escrito:

Mi vida fue el amor. Mi amor fue la libertad y la paz.

Salud a los que aman!”

“En mis duras faenas, os amo pequeñas mías.

Mi mejor muestra de este amor, es mi propia entrega por vuestro futuro y vuestros amiguitos y amiguitas del mundo. 

Cuanto os amo.!”

“Nací para vivir. Me niego a esta pequeña muerte. Antes que yo, miles murieron y sin embargo, aun viven.

Que importan sus nuevos nombres!”

Al día siguiente, del asesinato de este valeroso líder del departamento del Meta, las unidades policiales que participaron en el asesinato de José Rodrigo fueron trasladadas, y con este hecho se dio vía libre al camino de la impunidad sobre su asesinato.

Posteriormente alias “Rasguño” fue capturado y al poco tiempo la Fiscalía Sexta Delegada ante jueces de circuitos especializados precluyó la investigación en su contra. 

José Rodrigo, militó con el corazón y con la fogosidad que lo caracterizaba denunció cada uno de los crímenes contra los militantes de la Unión Patriótica en la región del Meta. Se empecinó en que se supiera la verdad, en evidenciar la responsabilidad de la Fuerza Pública en el asesinato de la madre de sus cuatro hijas, del gran amor de su vida.

Han pasado 21 años de total impunidad en materia de justicia, pero también 21 años de construir memoria, de andar los pasos que recorrió José, de recordar sus luchas, de haber nacido para vivir, de negar esa pequeña muerte y de hacer trabajar para que él siga vivo en las diversas miradas y luchas de las personas que aún lo recuerdan. 21 años perpetuando sus palabras que siguen vigentes a pesar del paso del tiempo: “Antes que yo, miles murieron y sin embargo, aun viven”.

José Rodrigo Orozco en la Memoria
José Rodrigo Orozco Sin Olvido

Read More

Holocausto del palacio de justicia

Noviembre 6-7 1985- Noviembre 6-7 2013

Ayer hace 28 años, poco más de 20 minutos para el medio día, marcaron esta historia, familiar, colectiva, nacional, parte de los retazos de la memoria y de los desencuentros con el olvido, hoy a esta hora de la tarde, el camino de la memoria nos ha llevado a transitar los entuertos del silencio y de la mentira cuando el terror se encuentra descubierto.

A la sede del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, a pocos metros del parlamento y a unos pocos de la casa presidencial, ingresaron 35 insurgentes del Movimiento 19 de Abril, M-19, que pretendían realizar un juicio político al entonces Presidente de la República Belisario Betancourt debido al fracaso en el proceso de conversaciones de paz saboteado por un amplio sector de las fuerzas militares y del establecimiento colombiano.

A menos de dos horas de la incursión armada que cobró la vida de miembros del personal de seguridad del Palacio de Justicia y de algunos agentes estatales, se desató una retoma desproporcionada, excesiva, contra el derecho de gentes por parte de las fuerzas militares con participación de la policía nacional, y con el consentimiento, del presidente Betancour, quien asumió toda la responsabilidad, pero de quien muchos analistas afirmaron sufrió un golpe militar, por más de 28 horas, tiempo del operativo de tierra arrasada.

En menos de 2 horas el ejército logró derrumbar la puerta principal del Palacio y un fuego cruzado inundó el interior de la sede de las cortes.

Pero la operación militar estaba preparada. Días antes fueron trasladados a la capital efectivos militares de la brigada 7 con sede en Villavicencio para reforzar las operaciones planeadas en la brigada 13 de Bogotá. Todo estaba perfectamente planificado. La Casa del Florero a menos de 50 metros de la sede del Palacio de Justicia, dos horas antes de la toma del M 19, había sido habilitada como centro de identificación y de tortura de eventuales integrantes del M 19 o de sospechosos de ser para ellos integrantes del movimiento guerrillero. Todo esto ocurrió de forma premeditada horas antes que el Palacio de Justicia fuera tomado por el M 19, incluso antes que los tanques de guerra EE-09 Cascabel y Urutú ingresaran a la plaza de Bolívar.

Y efectivamente, luego del ataque por tierra, las personas que lograban salir del Palacio eran dirigidas por el ejército hacia la Casa del Florero en donde los identificaban e interrogaban, algunos de ellos allí fueron torturados, sometidos a presiones psicológicas y otros desaparecidos, 11 de ellos sin que los responsables hayan querido reconocer a dónde los trasladaron y qué hicieron con ellos, y otros ejecutados.

Esos cuarteles especiales estaban en el Casa del Florero y luego en las sedes militares a donde les llevaron, les torturaron y en algunos casos claramente les asesinaron. Ese tipo de operaciones contra la dignidad humana tuvieron como testigos y artífice entre otros, al Teniente Coronel Alfonso Plazas Vega, quién expresó que estaba “defendiendo la democracia”.

Al interior del Palacio, los guerrilleros dirigieron a algunos sobrevivientes civiles a los pisos superiores. Los incendios y los hostigamientos en los primeros pisos los acorralaban cada vez más. Sesenta personas permanecieron desde la noche del 6 de noviembre hasta el final de la toma en dichos baños de 20 m2.

Ese 6 de noviembre, la noche bogotana en pleno centro de la ciudad fue campo de batalla, un combate en el que los ataques militares propiciaron el incendió de expedientes en los que se les investigaba por diversos actos y conductas contra la ley, la que ellos dicen proteger y defender. Desde esa noche el camino de la memoria se inició, aún sin que terminara la retoma de las fuerzas militares en medio del silencio forzoso institucional y mediático.

Ese 6 de noviembre se demostró qué soporta y qué no, la democracia colombiana. Noemí Sanin, Ministra de Comunicaciones, ordenó a la radio parar las comunicaciones, en particular, aquella emisión radial que fue descubriendo detalles de las operaciones militares y la reiteración del cese al fuego clamado por Alfonso Reyes Echandía. La posterior candidata presidencial censuró las emisiones radiales, y ordenó emitir un partido de futbol, de los equipos Millonarios - Magdalena.

Es parte una imagen, entre otra memoria, la de un explosivo lanzado desde un tanque ubicado en la plaza de Bolívar, el que abrió un boquete e incendio el lugar en que se encontraban los pocos sobrevivientes, magistrados y guerrilleros del M 19, boquete que permaneció con una humareda hasta el 7 de noviembre, signo de las vidas extinguidas, de lo negado y que con el tiempo se ha develado.

El 7 de noviembre después de las cuatro de la tarde, entre ese olor del holocausto, de los huesos calcinados, del humo perdido de tanta bala, de tanta bomba, terminada la operación rastrillo, continúo el camino de la impunidad. Los militares tomaron control total de la edificación en ruinas, modificaron la escena del crimen, mientras los desaparecidos, que fueron trasladados a la Casa del Florero, una vez más fueron trasladados al cantón norte y sin ser registrados en los libros de control militar fueron nuevamente interrogados y torturados y algunos de ellos, asesinados en los días siguientes.

Al final la muerte de 43 civiles, 33 guerrilleros, 11 miembros de las fuerzas armadas y del DAS, 11 Civiles desaparecidos, la militante del M-19 desaparecida y 4 personas torturadas, entre ellas, dos estudiantes de la Universidad Externado.

Con el tiempo se conoció que algunos salieron con vida y sus cuerpos sin vida ingresados posteriormente por las fuerzas militares, como sucedió con el Magistrado Carlos Horacio Urán.

A pesar de los avances judiciales, de los reconocimientos jurídicos que identificó a responsables de las fuerzas militares, todo en la justicia es endeble, es impunidad.

Según investigaciones realizadas por varios juzgados, el Consejo de Estado y la Fiscalía General de la Nación, los desaparecidos del palacio en manos del Ejército son once personas entre empleados de la cafetería y visitantes ocasionales. Una más era guerrillera del M-19.

El 9 de Junio del año 2010, la juez Tercera del circuito Especializado de Bogotá María Stella Jara, sentenció a 30 años de prisión al Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega en primera instancia, decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá y que actualmente está en estudio de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, el ex general Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado en primera instancia por el Juzgado 55 penal del circuito, decisión que fue apelada ante el Tribunal de Bogotá.

Pero en realidad las dos condenas son una formalidad más, entre tantos expedientes. El Teniente Coronel Plazas Vega, no parece en retiro, vive en una guarnición militar, dicta clases a nuevas generaciones de militares y de abogados, tiene el beneficio de asistir a reuniones y ruidosas fiestas en clubes exclusivos de Bogotá. Ese es el gran hombre, el desaparecedor, que en su defensa pública, expuso una fotografía de gran hombre católico recibiendo una hostia supuestamente sagrada de manos de Juan Pablo II.

Jesús Armando Arias Cabrales con una hoja de vida tachada de cuestionamientos profundos por violaciones de derechos humanos vive su condena en libertad, en un apartamento en una guarnición militar, en el que habita con sus familiares.

Esa es la justicia colombiana, injusticia, como decía, Eduardo Umaña Mendoza, nuestro gran amigo, siendo un brillante y humanista abogado, nuestro amigo asesinado en medio del desarrollo de este proceso judicial, en el que él cimento al lado de las familias la verdad que la memoria ha construido, muy distante de sentencias y de decisiones judiciales…

Porque es bien cierto, que militares como el General Iván Ramírez continúan posando de prohombres. Otros por vencimiento de términos integrantes del B 2 como Sánchez Rubiano, gozando de libertad, por esa llamada justicia. Sobre otros, no cursan órdenes de captura internacional como Bernardo Garzón, agente del Estado que sabe sobre lo sucedido con los desaparecidos. Pruebas y más pruebas, nunca tomadas, otras desaparecidas en manos de los militares.

Pero no solo ha sido la impunidad para militares, también para responsables desde el ejecutivo, aquellos ministros de la época que guardaron silencio ante el poder militar, que cohonestaron con el estado de barbarie. El propio presidente de la época ha dicho recientemente, que en un libro ha consignado la verdad de lo sucedido el 6 y 7 de noviembre de 1985, continúa pasando el tiempo, mientras tanto los padres y madres de los desaparecidos del Palacio de Justicia han ido muriendo, sin saber esa verdad, que quizás Betancur va a dejar ver cuando él muera, qué despropósito ante tanta indignidad.

Pero no se trata solo de la impunidad jurídica, que se ha pretendido asegurar con la perdida de pruebas, con la presión de testigos, con las amenazas a las familias, con el asesinato de Eduardo, con dilaciones injustificadas, con la no recuperación de los cuerpos de los desaparecidos, se trata de constatar el desmoronamiento de esa justicia, de sentencias judiciales que son un papel y que son adobadas con la impunidad jurídica y social.

Incluso, el propio presidente Santos que quiere pasar a la historia como el presidente de la Paz, el mismo presidente de la ley de víctimas, luego de conocer una decisión judicial, pidió perdón al presidente Betancour y a los militares.

28 años después en medio de la impunidad ha sido la terca memoria de los familiares la que ha ido reconstruyendo la verdad histórica y la verdad judicial que los militares y el establecimiento colombiano se han negado a reconocer.

Más y más palabrería, más retórica del silencio, pero más estrategia propagandística para promover las imágenes propias, los egos e protagonismos que se convierten en otra forma de propiciar la impunidad social.

Hoy después de 28 años amigos y familiares continúan buscando los desaparecidos del Palacio de Justicia, luchando por la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la dignificación. ¿Porque, de qué sirven unas condenas, si los militares no reconocen lo qué hicieron? ¿De qué sirve una pena, si ésta es una nueva burla a las víctimas?, ¿De qué sirve esa forma de justicia que es una pena, si la pena es prolongada para los familiares de la víctimas?

Y esa verdad se mostrará, y se demostrará aún más, el próximo 12 y 13 de noviembre en la CORTE INTERAMERICANA DE DH

Ellas y ellos al lado del Magistrado Carlos Horacio Urán, ejecutado por los militares y los torturados sobrevivientes. Eduardo Matson, Yolanda Santodomingo y Orlando Quijano son sus nombres, sus historias al lado de sus familiares, los que nos continúan inspirando en el camino de la memoria para no desfallecer a pesar de nuestras pequeñeces humanas, son ellos y sus familias, los signos de la imposibilidad del olvido cuando la impunidad pretende reinar, cuando la democracia se viste de seda, cuando es un rostro de hierro y de terror, entre ellos, perfumado con la mentira.

Holocausto del palacio de justicia en la memoria.

Holocausto del palacio de justicia sin olvido.

Read More