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Genaro Potes asesinado el 26 de mayo del 2007 en la vereda Campo Alegre por militares del Batallón 21 Vargas de la brigada 7 del ejército quienes manifestaron amenazas de muerte sobre los pobladores del corregimiento de Puerto Esperanza, municipio El Castillo.
Los hechos ocurrieron un sábado, cuando Genaro se desplazaba desde la casa de su hermano ubicada en la vereda Campo Alegre, del municipio El Castillo (meta), hacia la vereda Puerto Esperanza, movilizándose a caballo con el fin de asistir a una reunión sobre rebajas de impuesto predial de la zona. Siendo las 4 de la tarde fue detenido por militares del Batallón 21 Vargas a cargo del comandante de apellido Ferro.
Con su camiseta Blanca y pantalón azul, éste campesino tradicional de la región había sido desaparecido sin dejar rastro. Al día siguiente se despertó la preocupación en sus familiares y amigos e iniciaron la búsqueda exactamente el día domingo 27 de mayo, acudiendo al Ejército Nacional establecido en la zona, preguntando si sabían algo de Genaro, pero estos desde un principio negaron que tenían en su poder al poblador, sin embargo la Defensoría Municipal presionó un par de veces, y ellos solo admitieron que habían dado de baja a un guerrillero y que el cuerpo sin vida se encontraba en el municipio de Granada (Meta).
Según las versiones de algunos campesinos vecinos de la zona, que fueron testigos de los hechos, afirmaron que Genaro fue amarrado en un cultivo de cacao, al lado de una escuela de la vereda Campo Alegre.
El ejército ya le había preguntado a un campesino que pasaba por el lugar en el momento de la detención, si sabía quién era Genaro, y él indicó que lo conocía como un hombre trabajador y honesto del lugar, aun así los soldados ya lo habían señalado como guerrillero.
Consecutivamente, algunos miembros de la familia de Genaro, se dirigieron a Medicina Legal del Municipio de Granada para solicitar la entrega del cuerpo, pero su petición fue negada por los funcionarios, argumentando que no poseían la cedula de Genaro, sin embargo su familia testifica que al momento de su detención y asesinato él llevaba sus documentos de identificación.
Los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI y la Fiscalía, los citaron al reconocimiento del cuerpo, para confirmar hicieron algunas preguntas, lo familiares al responderlas, no sabían de la cicatriz que tenía Genaro en uno de sus dedos de la mano y les negaron la entrega de su cadáver.
Su cuerpo manifestaba signos de tortura y un disparo en la cabeza, sin piedad y sin justicia alguna, la vida de un ser humano, dedicado a la labor tradicional de la región fue arrebatada por la fuerza militar.
Ante todos estos crímenes y amenazas, la población de la región, quienes pertenecían al Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, manifestaron gran preocupación por todas las injusticias, ilegalidades y agresiones que realizan las unidades de estrategia militar encubierta de la Séptima Brigada que operaba en la zona.
Militares de la Brigada 7 después de la ejecución y sepelio de Genaro Potes expresaron a varios pobladores del sector, que si llegaba a llamar el Coronel preguntando sobre el combate, le respondieran que si hubo enfrentamiento y pidieron el numero de algún poblador para que reafirmaran el supuesto combate. Dejando en evidencia el miedo de los militares frente al asesinato de un campesino y no de un guerrillero como ellos lo sostenían.
Genaro Potes de 51 años de edad presentaba características de salud mental y físicas anormales que se notaban a simple vista, lo cual lo hacia poseedor de un cuidado especial por la gente que lo rodeaba, sin embargo por parte del Ejercito Nacional estos tratos fueron violados.
El año anterior a su muerte Genaro ya había sido amenazado, según la declaración del registro único de población desplazada del 2006 de la Corte Constitucional, Genaro fue desplazado internamente del municipio El castillo de la vereda Los Alpes, hasta la Vereda Caño Embarrado.
Hacia las tres de la tarde, el 29 de Mayo, fue entregado el cuerpo de Genaro y trasladado a Medellín para el sepelio. Su crimen quedó en total impunidad, pues la política de “seguridad democrática”, fue la estrategia contrainsurgente en la región del Alto Ariari desde el 2002, presentando a campesinos, menores de edad y personas con enfermedades mentales como “guerrilleros muertos en combate”, sin embargo por parte de la justicia no hay investigaciones sobre la veracidad del crimen ocurrido en la región del Meta.
Estos crímenes perpetrados por el Batallón 21 Vargas han dejado en la población dolor, lágrimas, injusticia y violación de los derechos a los campesinos de la región.
SIN OLVIDO
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