Semana internacional contra la desaparición forzada

Durante la última semana de mayo las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de defensa de los derechos humanos convocan a la realización de jornadas exigiendo que el Estado responda por la vida y la libertad de los desaparecidos, o que se entreguen sus restos a la familia y opere la justicia.

Este año, entre el 25 y el 31 de mayo, se realizaran eventos en muchas ciudades de Colombia y en Bogotá se han unido también el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Entre las actividades que se han programado se inauguran exposiciones en el Centro de Memoria organizadas por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Fundación Familiares Colombia y la Fundación Nidia Erika Bautista y además se realizaran foros, presentación de documentales y multimedias.

La Semana Internacional de las victimas de la desaparición forzada ha pretendido en Colombia vencer el ocultamiento sistemático de este crimen de lesa humanidad pero ha podido más la impunidad, la negligencia y la indiferencia a todos los niveles, incluidos los medios masivos de comunicación. Todos los días aparecen letreros en la televisión con la foto de un niño o joven y el letrero “desaparecido: informar sobre su paradero”. Con frecuencia se habla de decenas de miles de desaparecidos pero nunca ha aparecido un aviso con la foto de una victima y el letrero: “detenido desaparecido” o “victima de desaparición forzada”. Es como si se quisiera refundir este crimen atroz en medio de la dolorosa circunstancia de un familiar que se extravió o que fue asesinado y no se sabe de su destino.

El ocultamiento ha llevado a la indiferencia de la sociedad ante un crimen que por la lucha incansable de los familiares está tipificado en Colombia y se ha incorporado al Código Penal o al ordenamiento constitucional con la aprobación de la Convención de Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada de personas. En el artículo II se encuentra la definición: “… se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

El delegado en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos ha repetido que “La desaparición forzada es una de las violaciones de los derechos humanos más graves que existen, y Colombia, lamentablemente, sufre un récord alarmante en la comisión de este crimen”. Confirmando la alerta de Naciones Unidas, el Registro Único de Victimas presenta en su informe del 1 de abril de 2014 la escalofriante cifra de 122.155 victimas de desaparición forzada, incluyendo 13.448 víctimas directas y sus padres y hermanos. Otras fuentes han hablado de 22.000 victimas directas y entre ellas se incluyen más de 4.000 personas inocentes que en la últimas dos décadas han sido presentadas falsamente como muertes en combate: ejecuciones extrajudiciales falsamente llamadas positivos.
Durante la semana del detenido desaparecido, las organizaciones harán eco a la exigencia al Estado colombiano de ratificación y aplicación plena de la Convención suscrita reconociendo la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir casos que no obtienen justicia a nivel interno. Además la adopción de medidas para que se supere la impunidad y se reconozca la responsabilidad del Estado por esta grave y sistemática infracción a los derechos humanos. Y ante todo, los familiares exigen debida diligencia del Estado para la búsqueda y entrega de los desaparecidos cumpliendo además los mandatos de satisfacción y completa verdad de lo sucedido.

MARTES 27 DE MAYO. 
10AM – Acto publico en el Parque de Lourdes.

MIERCOLES 28 DE MAYO
6PM – Inauguración de las exposiciones:
“Doble oficio por la entrega digna” de la Asociación de Familiares de Colombia
“Prohibido olvidar a los desaparecidos” de la Fundación Nydia Erika Bautista para los DD.HH.
“REQUIEM N.N.” de Juan Manuel Echavarría
“Rastros” ASFADDES
PROGRAMA EN EL CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN:

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Masacre de Barrancabermeja

Foto: vanguardia.com

Mayo 16 de 1998 -  Mayo 16 de 2014

16 años después, la verdad y la justicia sigue ocultándose, las víctimas y sus familias, saben quiénes son los responsables, pero su verdad no es acogida, es rechazada y es negada. 

El 16 de mayo de 1998, a eso de la 8:30 de la noche hora local, tres vehículos penetraron en la parte sur oeste de Barrancabermeja. Ese sábado 16 de mayo del 1998 en el barrio El Campín del puerto petrolero de Barrancabermeja, se esparcieron las huellas por donde el terror lesionó socialmente, paralizó las apuestas de una región distinta.

Los camiones transportaban entre 30 y 50 hombres con armas cortas y largas. Quienes también llevaban machetes y otro tipo de armas blancas. 

Los camiones siguieron su camino hacia el noreste por el perímetro sur de la ciudad. Se detuvieron primero en el bar La Tora y ahí los paramilitares maltrataron a dos jóvenes y los obligaron a subir en uno de los camiones. Uno de ellos fue identificado como Jesús Valdivieso Pabón. Un ciudadano que pasaba por ahí en motocicleta fue detenido y golpeado por un miembro de las fuerzas paramilitares. 

Los camiones cambiaron después de rumbo dirigiéndose al norte, hacia una cancha de futbol en donde se realizaba un bazar popular. Más de cien personas estaban presentes y participaban en las actividades festivas, organizadas con el objetivo de recoger fondos para financiar un grupo infantil de danza. Los paramilitares se bajaron del camión y cercaron la cancha. Otros entraron a un salón de billar cerca de la misma y obligaron a varias personas a seguirlos mientras que los otros en el exterior, obligaron a todo el mundo a tirarse boca-abajo en el suelo, al tiempo que los calificaban de “guerrilleros” y les anunciaban el inicio de una guerra. 

Los paramilitares golpearon salvajemente a varias personas dándoles puñaladas y patadas. Después de haberle dado la vuelta a la cancha, los paramilitares escogieron algunas personas y las obligaron a seguirlos hasta los camiones. Una de las personas escogidas, Pedro Julio Rondón, no quiso subirse al camión y por haber resistido, un miembro del grupo paramilitar lo degolló delante de todas las personas reunidas allí. 

Los testimonios le permitieron al Tribunal determinar el nombre y la identidad de las personas secuestradas en Barrancabermeja el 16 de mayo de 1998. El número exacto es desconocido, pero se admite que las personas secuestradas en la cancha y que no se han vuelto a ver desde entonces son: 

Orlando Martínez, José Octavio Osorio, Wilfredo Pérez Serna, José Milton Cañas, Diego Fernando Ochoa, María Alejandra Ochoa, Geovanny Herrera, Oswaldo Vázquez, Ender González, José Reinel Campos, Fernando Landines, Oscar Leonel Barrera, Luis Fernando Suarez, José Javier Jaramillo, Nayr Guzmán, Eliécer Javier Quintero, Robert Wells Gordillo, Diomido Hernández, Daniel Campos Pérez, Carlos Escobar, Wilson Pacheco y Gary de Jesús Pinedo. 

Sus nombres aún viven, sus rostros la expresión de una persecución sistemática a través del rostro encubierto del Estado por medio de las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar. 

Cerca de veinte minutos más tarde, los camiones se dirigieron nuevamente hacia el sur. Un joven, llamado Jaime Yesid Peña, quien se encontraba en frente de su casa, fue también secuestrado por los grupos paramilitares. 

Tiempo después, los camiones entraron al barrio 9 de abril. Ahí, los paramilitares entraron en un salón de billar, obligaron al dueño a ponerse de rodillas mientras el cañón de un fusil estaba en su boca. Después detuvieron a los tres clientes que se encontraban en el lugar y se los llevaron a la fuerza. Los tres clientes fueron identificados como Daniel Campos Pérez, Juan Carlos Rodríguez Y Luis Argüello Solano. 

Paseándose a pie por el barrio, los paramilitares se acercaron después a un grupo de personas que jugaban tejo y tomaban cerveza. Uno de ellos intentó huir y fue perseguido por un paramilitar que disparaba su fusil en dirección a la casa en donde el civil trató de refugiarse. Otro que intentó huir recibió una bala en la pierna, mientras que otro paramilitar lo acabó acribillándolo de cuatro balazos. Esta víctima fue identificada como Germán León Quintero. 

En el mismo sitio, tres personas fueron capturadas y llevadas en un camión. A Carlos Enrique Escobar Jiménez, su hermano Melquisedec Salamanca Quintero y Carlos Arturo Alaix Prada, no se les ha vuelto a ver desde entonces. 

Habiendo bloqueado la ruta principal, los paramilitares empezaron a disparar después hacia un pequeño bosque, en donde ciertas personas se habían escondido. 

Las fuerzas militares colombianas que se encontraban en el lugar, escogieron permanecer inmóviles y permitir que se perpetrara una masacre, sin intervenir. Las personas desaparecidas en ese momento fueron identificadas como Ricky Nelson García, Eliécer Javier Quintero Orozco, Luis Fernando Suarez, Wilson Pacheco y Gary Pinedo Rangel. 

Al día siguiente, a lo largo de la carretera que tomaron los paramilitares, fueron encontrados los cuerpos de algunas de las personas secuestradas, mientras que otro cuerpo fue encontrado cerca de la plaza La Esperanza: Jesús Argüello Solano, Diomidio Hernández Pérez, Eliécer Quintero Osorio, José Javier Jaramillo Díaz y Nayr Enrique Guzman. 

A pesar de que los periódicos informaron que las víctimas habían muerto por balas, ninguna autopsia fue efectuada por las autoridades del gobierno. En efecto, no se tomó ninguna fotografía, no se buscaron las balas y las autoridades tampoco reclamaron prueba balística alguna. 

Pasa cada año, entre el silencio, el olvido y la memoria que entre retazos pasa de calle en calle, donde los victimarios han pretendido imponer un modelo de sociedad. La justicia no ha esclarecido ni sancionado a quienes planificaron ni ordenaron este crimen, solamente ha individualizado unos cuantos autores materiales. 

En marzo de 2012 el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga condenó a 39 años y 11 meses de prisión a alias ‘Cuca’, por su participación en la masacre. De acuerdo con la investigación, fue el hombre que manejó el camión en el que fueron transportadas las víctimas desde Barrancabermeja hasta zona rural de Sabana de Torres. 

Otro, llamado el "Chino Niño’ confesó su participación en la masacre y se acogió a sentencia anticipada e incluso le entregó información a las autoridades para que en septiembre de 2007 encontrarán seis fosas en las que hallaron igual número de víctimas. 

Hoy tantos años después de la masacre, los otros 19 cuerpos no se han encontrado y para asegurar la impunidad, algunas de las fosas donde enterraron a las víctimas de la masacre fueron saqueadas con el fin de borrar toda evidencia. 

Después de 16 años, las palabras de la carta que los familiares de las víctimas, dirigieron al entonces Presidente Ernesto Samper Pizano para sensibilizarlo de la tragedia que padecieron”, resuenan como un grito que no logra desmoronar la sordera del poder. La máscara de la impunidad que se hace llamar justicia no ha tomado en cuenta la constancia que estas dignas familias dejaron en su escrito del 28 de mayo de 1998. El Estado no ha devuelto con vida a los desaparecidos, no ha sancionado penal y disciplinariamente a todos los responsables de las atrocidades a pesar de que en el escrito se resalta que “en el sector donde ocurrieron los hechos se encuentran acantonadas dos bases del Ejército Nacional”. 

Desde el 2002 todo el proceso de la conocida Masacre del 16 de mayo se encuentra en instancias internacionales, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez trasladó el proceso a la Corte Interamericana de DDHH de la OEA. 

Una vez más el único camino hacia la verdad y la justicia se buscan lejos de las instituciones colombianas que impunemente, en su interior, siguen manteniendo y protegiendo criminales de lesa humanidad. 

Actualización:

En el mes de Mayo de 2013 el Tribunal Administrativo de Santander ordenó al Ministerio de Defensa, que en un acto público el Ejército Nacional debería ofrecer disculpas su por omisión en la Masacre de Barrancabermeja ocurrida el 16 de Mayo de 1998. Esta decisión se dio por el proceso adelantado por el asesinato Jesús Daniel Gil, quien fue una de las víctimas de dicha masacre.

En Diciembre de 2013, la Fiscalía 34 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dictó medida de aseguramiento en contra del Coronel de la policía Joaquín Correa López comandante del Magdalena Medio, el capitán Mario Gusto Camacho Avellaneda comandante de la Ciudad de Barrancabermeja, Teniente Juan Carlos Celis Hernández, jefe de la CIJIN de Barrancabermeja, y a los miembros del ejército el Capitán Oswaldo Prada Escobar, del batallón B2, Antonio Enrique Daza Camargo, John Héctor Guzmán, por el delito de homicidio agravado y desaparición forzada.

Debido al total de los casos en esta masacre, no se ha podido concluir con la investigación, y después de 16 años siguen sin existir garantías necesarias para los testigos, muchos de ellos, en 1.999, han sido asesinados y los demás han sufrido fuertes amenazas, intimidaciones y señalamientos por parte de grupos paramilitares.

Aun después de estos fallos condenatorios y el acto de perdón ordenado por el Tribunal, las familias de los 25 desaparecidos y asesinados siguen sin saber en dónde están los restos de sus familiares, continúan esperando la entrega total de los cuerpos para darles una sepultura digna.

Familiares, vecinos y pobladores siguen a la espera de una justicia y reparación.

Víctimas de la Masacre de Barrancabermeja en la Memoria.Víctimas de la Masacre de Barrancabermeja  Sin Olvido

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Encuentro Internacional de víctimas de crímenes de Estado Colombia

Desde el 24 y hasta el próximo 26 de abril se realizará en la ciudad de Bogotá el encuentro internacional de víctimas promovido por MOVICE, el objetivo del encuentro es promover las experiencias de organizaciones de otro países que han sufrido crímenes de estado, dictaduras militares y regímenes en sus países, entre otros, por otra parte, convocar a la sociedad a reconstruir el papel del Estado en la violencia del país.

Encuentro Internacional de víctimas de crímenes de Estado Colombia: La paz son cambios24, 25 y 26 de abril de 2014, Bogotá (Colombia)

Objetivos

Promover el encuentro de experiencias organizativas de víctimas de crímenes de sistema o de Estado en países que han sufrido guerras internas, dictaduras militares o regímenes autoritarios de cualquier tipo.

Convocar a la sociedad a reconstruir el papel del Estado colombiano en la violencia política desde la voz de las víctimas.

Generar aprendizaje a partir de experiencias de procesos de construcción de paz.

Proponer un gran acuerdo por la verdad, la justicia y contra la impunidad.

Promover reformas que garanticen reparación integral a todas las víctimas, sin discriminación.

Ejes temáticos

Violencia política, paramilitarismo y criminalidad estatal.

Desaparición forzada.

Tortura.

Genocidio.

Ejecuciones extrajudiciales.

Desplazamiento forzado.

Espionaje y operaciones de inteligencia contra civiles.

Criminalización y prisioneros de conciencia.

Violencia de género.

2. Injerencia extranjera y militarismo.

Doctrinas de seguridad.

Intervención y ayuda militar extranjera.

3. Extractivismo y depredación de recursos naturales.

3.1. Acumulación por despojo.

3.2. Costos ambientales y costos sociales.

3.3. Responsabilidad del sector privado y transnacionales.

4. Procesos de paz y tratamiento de crímenes estatales y crímenes de sistema.

Justicia y garantías de no repetición en los procesos de paz.

Tribunales internacionales de guerra.

Participación de las víctimas, políticas de memoria y comisiones de la verdad.

Reparación integral de las víctimas.

El rol de los medios de comunicación.

Justificación

En diciembre de 1928, 25.000 obreros de la zona bananera que vivían como esclavos y trabajaban para la multinacional norteamericana United Fruit Company, habían empezado una huelga general y habían propuesto un pliego de peticiones. El 6 de diciembre se había convocado una concentración en la plaza principal de Ciénaga (Magdalena) y aún no sabemos por qué el presidente Abadía Méndez dio la orden al general Cortés Vargas y a sus soldados para que dispararan contra la manifestación indefensa.

El gobierno de Abadía Méndez trató de minimizar el hecho, manifestando que sólo habían unos cuantos muertos. Jorge Eliécer Gaitán tuvo que encabezar una comisión para investigar en terreno, la verdad sobre la Masacre de las Bananeras y denunció los hechos de barbarie a cargo del Ejército y del gobierno conservador. Desde entonces, no ha parado la campaña estatal para negar su responsabilidad en la guerra y la violencia política.

Entre 1949 y 1958, período que comprende la violencia bipartidista y del genocidio contra el movimiento gaitanista, se cuentan por lo menos 179.820 muertes violentas por causas políticas. Entre 1958 y 2012, el informe general del Centro de Memoria Histórica (CMH) contabilizó más de 220.000 muertes violentas por causa del conflicto armado en el país1. Con el Estatuto de Seguridad de 1978 se detuvieron 16.000 personas por motivos políticos. Entre 1988 y septiembre de 1990 fueron perpetradas 313 masacres, de las cuales 287 fueron cometidas por las Fuerzas Militares y sus grupos paramilitares. No menos de 5.000 militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica fueron asesinados entre 1986 y 1992, constituyendo el más reciente genocidio político del hemisferio occidental.

Durante el gobierno de César Gaviria, mientras se proclamaba la Constitución Política de 1991, se cometieron 9.382 crímenes de Estado. Para el gobierno de Ernesto Samper se tienen 4.916 registros de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Entre 1998 y 2002, periodo que comprende el gobierno de Andrés Pastrana, los grupos paramilitares produjeron 1.089 masacres, asesinando a 6.569 personas. Durante los dos primeros años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez se registraron más de 5.000 detenciones arbitrarias, practicadas de manera masiva. Entre 2002 y 2005, sólo en los primeros 3 años del gobierno Uribe, más de 800 sindicalistas fueron asesinados, presuntamente por grupos paramilitares. Luego se conoció que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) habría participado, en connivencia con grupos paramilitares, en el asesinato de sindicalistas y activistas sociales.

Las cifras más conservadoras de personas desaparecidas en el país superan las escabrosas experiencias de las dictaduras militares en el Cono Sur, solamente que en Colombia todo esto ocurre sin que se interrumpa la democracia formal.

Poderosos intereses han intentado despoblar el campo y despojar a los campesinos de las mejores tierras a sangre y fuego. La política de ’tierra arrasada’ con la que se promovieron grupos paramilitares favoreció la concentración de la tierra y desplazó a millones de personas a los cinturones de pobreza de las principales ciudades.

De la misma forma, las doctrinas de seguridad y las políticas intervencionistas que han instituido el militarismo en la región, han estado acompañadas por un cerco legal contra las organizaciones sociales, afectando los derechos a la protesta y a la oposición política.

En agosto de 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) suscribieron un “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz duradera y estable para Colombia”. Hoy, cuando se encuentran discutiendo el punto tres de la agenda de negociación y han divulgado la subscripción de acuerdos parciales en materia de desarrollo rural y participación política, se avizora el punto sobre la reparación a las víctimas. Precisamente, es en este punto en donde el encuentro cobra importancia, pues intenta mostrar una perspectiva más amplia e integral acerca de la violencia política y de la guerra en el país, así como de la responsabilidad del Estado y las élites políticas en el conflicto armado y fuera de él.

Existe la necesidad de tener un plan de transición que logre que se hagan efectivas transformaciones en materia social y económica, y que éstas susciten una ampliación significativa de la democracia en el país.

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La Fuerza Pública y los paramilitares colombianos acumulan 428 actos de sevicia en este periodo.

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Masacre Jóvenes Punta del Este

Abril 19 de 2005 - Abril 19 de 2014

Un 19 de abril, hace nueve años, en la ciudad de Buenaventura, asesinaron a once jóvenes, sus cuerpos fueron encontrados dos días después con signos de tortura, al lado de ellos colocaron un joven más, asesinado el día anterior.

Ese día los jóvenes fueron sacados uno por uno del barrio Punta del Este en una motocicleta y reunidos frente a una casa ubicada en el barrio Santa Cruz, de Buenaventura. En ese lugar los estaban esperando varios hombres, quienes los invitaron abordar un colectivo de servicio público que los llevaría al sitio donde supuestamente se realizaría el partido de fútbol bajo el engaño de jugar un partido de fútbol donde el equipo ganador se llevaría 200.000 pesos.

Cuando se encontraban a las afueras de la ciudad el vehículo fue desviado de la ruta y abordado por cuatro hombres más, los armados se identificaron como paramilitares. Las unidades de estrategia militar encubierta de tipo paramilitar, desviaron el vehículo hasta el estero de San Antonio-bodegas de Cilano, sitio que se conoce en Buenaventura como el cementerio clandestino creado por las estructuras paramilitares. 

Al llegar al sitio, obligaron bajar del vehículo a los once jóvenes, con los cordones de sus propios zapatos, les ataron las manos a la espalda y de forma abrupta los obligaron a tirarse al piso y posteriormente asesinados con disparos a quemaropa en la cabeza. 

Los cuerpos sin vida de los once jóvenes fueron arrojados al mar, sin piedad alguna, sin sepultura digna, sin decir las últimas palabras, sin despedirse del mundo externo, sin cumplir los sueños, sin construir una vida digna y sin el derecho a seguir viviendo. 

Dos días después, los cuerpos sin vida de los once jóvenes fueron encontrados junto a un cadáver más, otro joven asesinado por las mismas estructuras, parece ser que su asesinato fue el 18 de abril y a la fecha no ha sido identificado. 

La investigación que fue iniciada con el radicado No.2164 por parte de la fiscalía 38 de la unidad nacional de derechos humanos de la fiscalía con sede en Cali. El investigador dijo tener los méritos suficientes para decidir la ruptura de la unidad procesal y pasar a juicio, en la premura de mostrar resultados, a nueve paramilitares varios de los cuales habían participado en procesos públicos de desmovilización con el gobierno. 

En el radicado No. 2006-00117, el Juzgado Segundo Penal de Circuito Especializado de Buga, adelantó la etapa de juicio y declaró sentencia condenatoria contra cuatro de los paramilitares, sin embargo dejó muy claro que para él no hay méritos en la investigación adelantada por la fiscalía que comprueben la pertenencia de los condenados a estructuras paramilitares, por lo que su actuación obedeció a juicios de delincuencia común. 

Los condenados a cuarenta años de prisión fueron: JOSE RAMON RENTERIA VALENCIA, GUIDO FRANCOIS MATAMBA MANYOMA, CARLOS JAVIER CAICEDO GRANADOS Y DAGOBERTO CAICEDO BENITEZ, por delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. 

Del mismo modo, el juez remitió a los restantes cinco paramilitares, uno de los cuales se reconoció como desmovilizado del “Bloque Calima” y conocido como ¨ el chespi¨, su verdadero nombre es JEFFERSON BONILLA GÓMEZ. También fueron absueltos los paramilitares EVERT GONZALEZ VALENCIA, MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ, GOBERT CARABALI GOMEZ Y HAROLD WILSON CASTILLO FIGUEROA. Esta decisión fue tomada por el juez cuando afirmó que no se encontraron méritos que demostraran su pertenencia a un grupo paramilitar ni participación en la masacre. 

La Sentencia fue solicitada por la defensa de los victimarios y fue remitida al Tribunal Superior del Distrito de Buga- Valle, quien confirmó la sentencia de octubre de 2008. Tres de los cuatro condenados interpusieron recurso extraordinario de casación contra la decisión del Tribunal, el cual fue concedido el 02 de marzo del 2009.

Hace 8 años los familiares estaban en espera de la decisión del Tribunal Superior de Cali para que se ratificara la decisión de condena. Y pasaran los años y los familiares seguirán sin respuestas sobre el por qué fueron masacrados sus hijos, quienes dieron la orden, quiénes se han beneficiado con este crimen. 

La justicia solo se ha dirigido algunos autores del crimen, los desconocen como parte de las estructuras paramilitares e hicieron ver este crimen como un ajuste de cuentas. No se ha indagado por la responsabilidad en acción y omisión de la policía del municipio de Buenaventura, además las estructuras que mantienen militarizada la vida de los pobladores del barrio Punta del Este y demás barrios de bajamar en este puerto del pacífico. 

La Fiscalía dentro de la investigación, tan solo ubicó la “responsabilidad”, con frágil material evidenciable, en nueve paramilitares pertenecientes al denominado “Bloque Calima”, pero nunca los vinculó a quienes se han reconocido públicamente como sus comandantes, como el caso de Diego Murillo conocido como “DON BERNA” y de Éver Veloza o Hernán Hernández conocido como “H.H.”. 

Los paramilitares y sus beneficiarios desarrollaron la mejor estrategia de terror. Engañar a jóvenes para jugar un partido de fútbol, y luego en un escenario de alegría asesinarlos. Así fue el inicio del terror que hoy se expresa en las Casas de Pique.

Esa masacre de jóvenes afrocolombianos sigue en la impunidad pero la memoria colectiva no la olvida, sigue clamando justicia, identificación de victimarios o mejor de sus beneficiarios que hoy hablan del desarrollo excluyente, en barrios que se han convertido en parte de un Puerto Dulce, de bodegas modernas. 

En la memoria aún negada de los afros de Buenaventura: Javier Borja, Concepción Rentería Valencia, Carlos Arbey Valencia, Pedro Paulo Valencia Aramburo, Rubén Darío Valencia Aramburo, Pedro Luis Aramburo Cangá, Alberto Valencia, Mario Valencia, Víctor Alfonso Angulo, Leonardo Salcedo García, Iber Valencia, Jhon Jairo Rodallega.

Jóvenes Punta del Este en la Memoria.
Jóvenes Punta del Este Sin Olvido.

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Masacre Pueblo Naya y Juana Bautista Angulo

Abril 2001 - Abril 2014

Paramilitares con la complicidad de los Batallones “Pichincha”, comandado por el Coronel Tony Alberto Vargas y el Capitán Andrés Zambrano, y del Batallón Palacé de Buga, adscritos a la Brigada Tercera del Ejército Nacional con sede en Cali incursionaron en el Naya en Abril de 2001.

El  09 de Abril de ese año paramilitares y militares invadieron el poblado Concepción, y utilizando a niños como escudos zaquearon viviendas y arrojaron las pertenencias de los pobladores al Río Naya. Al llegar la noche los Afronayeros son obligados a dejar atrás sus seres queridos, los desaparecidos, los asesinados y torturados, mientras que ellos avanzan a lo alto del Naya. Con el paso de los días los Afronayeros se alejaban más de sus casas, perdían hijos, padres, familiares, amigos y conocidos.

Dos días después, después de asesinar y torturar a 16 personas en su camino, el 11 de Abril al llegar al poblado el Placer, torturaron a pobladores indígenas. El Viernes 13 a las 5:30 de la tarde llegaron 3 paramilitares armados anunciaron la llegada de más de un centenar de paramilitares que se encontraban en el sitio conocido como “El Saltillo” y desde ese momento se generó el desplazamiento forzado en el bajo Naya. 

Al día siguiente, durante el desplazamiento forzado de los últimos Afronayeros fueron testigos de cómo los paramilitares se dedicaron al festejo, se embriagaron, hurtaron y dañaron lo que encontraron a su paso, mientras otro grupo de paramilitares se dirigió al caserío el Cascajito en donde se encontraba Juana Bautista Angulo, quien sufría problemas mentales por lo que se encontraba sola, sin valorar el peligro al que se enfrentaría.

Juana Bautista vivía junto con sus hermanas, le gustaba participar de las actividades agrícolas de la familia, la pesca, el tejido de paja utilizado como trampa de camarones y transportarse en su potrillo, embarcación de madera.

La Afrodescendiente de 45 años de edad fue torturada, abusada física y psicológicamente y posteriormente asesinada por los paramilitares. Su cuerpo sin vida permaneció dos días a la intemperie, los paramilitares permanecieron en el caserío durante este tiempo e impidieron a los pobladores que se acercaran. 

El 16 de Abril, cuando por fin los paramilitares de éste caserío 8 pobladores que habían sido desplazados decidieron regresar a Cascajito en donde encontraron el cuerpo sin vida de Juana Bauitista, al otro día fue sepultada en el cementerio comunitario, ubicado en el sector de Guadualito. 

Pero a los 9 años de conmemoración de la masacre, y durante el Viernes Santo el cuerpo de Juana Bautista fue exhumado para poder determinar el modo en que había sido asesinada y buscar evidencias de quienes estuvieron detrás del desplazamiento. 

1 año después, el 16 de Abril de 2011, el cuerpo de Juana Bautista fue regresado a su comunidad y a su familia, en donde luego de ceremonias como caminar a la orilla del río Naya fue sepultada definitivamente en el cementerio de La Concepción, en el territorio Nayero,  en presencia de sus hermanas, de su comunidad, tal como el pueblo afro despide a sus seres queridos. La espera de 10 años para realizar este ritual propio de duelo y sepultura deja daños irreparables en la familia y la comunidad.

Juana Bautista Angulo Hinestroza volvió a su tierra, camina con su pueblo, es presencia espiritual, al lado de los ancestros, es presencia viva dentro de la comunidad, acompaña a su pueblo afronayero en la reafirmación de su espíritu de lucha por la vida, por el territorio y contra la impunidad. 

La comunidad del Naya sigue esperando avances en materia de justicia y reparación.

Masacre del Naya y Juana Bautista Angulo EN LA MEMORIA 

Masacre del Naya y Juana Bautista Angulo SIN OLVIDO

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Eudaldo León Díaz

Hace 11 años fue asesinado el ex Alcalde del Roble-  Sucre de  Eudaldo León Díaz más conocido como “Tito” Díaz, quien había denunciado frente al ex presidente Alvaro Uribe Vélez que lo iban a asesinar en el Consejo de Seguridad en Noviembre de 2002.

“Tito” Díaz a pesar de que no duro mucho en su cargo de Alcalde;  pues fue posesionado frente a la multitud en Enero de 2002 realizo fuertes denuncias por irregularidades que se venían presentando en el departamento por parte de funcionarios como Salvador Arana, Álvaro García Romero, Eric Morris Toboada, a quienes responsabilizó de corrupción, malos manejos públicos y conformación de grupos paramilitares. Y por esto pocos días después las amenazas en contra de su vida se hicieron presentes, además fue suspendido de su cargo el 18 de Noviembre de 2002, “por supuestos malos manejos de recursos públicos”. La suspensión la realizó el Procurador Provincial de Sucre, Jaime Gil Ortega.

Al cabo de cinco meses, en Marzo de 2003, luego de la denuncia pública que hizo acerca que lo iban a matar, sus escoltas fueron retirados, dejándolo al cuidado de un solo escolta particular sin armas, que el mismo tuvo que pagar.

Un mes después el 05 de Abril de 2003, al medio día “Tito” Díaz fue retenido por paramilitares a cargo de Rodrigo Antonio Mercado, conocido como “Cadena” llevándolo al sitio conocido como “El Mirador” ubicado sobre la vía que comunica los municipios de Sincelejo y Tolú.

 Luego de una reunieron con varios políticos, y funcionarios públicos a la que “Tito” Díaz decidió ir porque el Coronel Norman León Arango iba a estar presente como le comunicó vía telefónica, en donde supuestamente iban a ayudarle a agilizar su restitución como Alcalde del municipio El Roble.

El 10 de Abril de 2003 el cuerpo de “Tito” Díaz fue encontrado en la vía conocida como “La Boca del Zorro”, que comunica Sincelejo a Sampués, a un Kilómetro de la finca de Said Isaac, (cuñado de Salvador Arana Sus); El cuerpo presentaba nueve impactos de bala, cuatro de ellos en la cabeza, además, señales de tortura, hematomas de golpes recibidos en varias partes del cuerpo, lesiones en los pulpejos de los dedos y manchas de tinta en los mismos.

En 2005 fue archivado el proceso por el cual “Tito” Díaz había sido destituido, y se comprobó con recibos y demás soportes que los recursos utilizados bajo su cargo fueron netamente utilizados en beneficio de la comunidad, en obras de inversión social.

En el momento de hacer el levantamiento del cadáver de “Tito” Díaz, se encontró una carta dentro de sus zapatos, fechada el 08 de abril 2003 (tiempo en el cual se encontraba en cautiverio), dando pistas claras sobre las personas que lo asesinaron. En 2004 la Fiscalía luego de hacer el estudio pertinente comprobó que la letra es completamente autentica, había sido escrita por Tito. 

En el 2009 la sala penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 40 años de prisión al ex Gobernador de Sucre Salvador Arana Sus, por la muerte de Eudaldo, “Tito” Díaz y por sus vínculos con grupos paramilitares.

Después de la captura de los autores materiales e intelectuales del crimen de “Tito” Díaz, se inició un proceso jurídico durante el cual se asesinaron a 12 personas, además se amenazaron fiscales, abogados y testigos a favor de “Tito” Díaz. 

Eudaldo Léon Díaz Salgado en la memoria

Eudaldo Léon Díaz Salgado Sin Olvido 

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Jorge Eliecer Gaitán

Abril 9 1948 - Abril 9 2015

Han pasado  67 años desde el asesinado del Líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, junto con al él moría la esperanza de una nueva Colombia, la esperanza de una democracia justa, y las ilusiones de cientos y miles de personas que la confiaban a él, por ser un líder apasionado, que estaba con el pueblo: “Yo no siento que estoy a la cabeza de las masas, yo siento que las masas me empujan”. Los conocidos gritos del líder liberal, A la carga!, Contra la oligarquía!, Por la restauración moral de la República! Fueron capaces de convocar manifestaciones jamás vistas de nuevo en el País.

Jorge Eliecer Gaitán nació en 1902, hijo de Eliécer Gaitán, y de Manuela Ayala, quien era maestra de Escuela.

Luego que su familia hiciera grandes esfuerzos económicos para que se graduara del colegio, en 1920 ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional, 4 años más tarde obtuvo el título de abogado con su conocida tesis “Las ideas socialistas en Colombia”.  Ocho  años después, en 1928 fue elegido como representante a la Cámara, en junio de ese año encabezó las manifestaciones contra la corrupción.

En 1931, fue elegido como presidente de la Cámara de Representantes de la Dirección Nacional Liberal, y segundo designado a la Presidencia. El año siguiente fue rector de la Universidad Libre. Cinco años después, en 1936 contrajo matrimonio con Amparo Jaramillo, con quien tuvo su única hija Gloria Gaitán.

En 1939 fue elegido como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y el año siguiente ministro de Educación, durante la presidencia de Eduardo Santos.

El 9 de Abril de 1948 a la 1:15 pm Jorge Eliécer Gaitán en la Avenida Jiménez con Carrera 7ma en la ciudad de Bogotá, a la salida de su oficina, fue asesinado por un sicario que propició 3 disparos en contra de su humanidad, una de ellas en la cabeza, dos en el tórax, disparos a los que resistió su cuerpo por pocos minutos llego con vida al al Hospital Central en donde murió.

El día anterior, a su hija Gloria Gaitán en el colegio Mary Mount de Bogotá una compañera de estudio le gritó: "Ojalá maten a su padre".

Según testimonios, ese 9 de abril, dos hombres que habían estado merodeando desde el medio día el lugar, se ubicaron de la siguiente manera, uno cerca de la puerta y el otro a pocos metros de distancia de éste. Al ver salir al Líder Liberal  del edificio, uno de los hombres le hizo una señal al que apretaría el gatillo, quien posteriormente fue identificado como Juan Roa Sierra, actor material del magnicidio.

Luego del asesinato del líder liberal se inició una revuelta popular en Bogotá y en diversas ciudades con la pretensión de derrocar el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez a quién se responsabilizó del Crimen.

Gaitán expresó la necesidad de constituir una democracia directa a cambio de una democracia representativa, evidenció el abismo de la clase dirigente con el pueblo, el uso del engaño para disgregar las posibilidades de acceso al poder de los intereses contrarios a las oligarquías.

Son 67 años de impunidad, que se han enfrentado no sólo al aparato judicial, si no al genocidio del movimiento gaitanista, al olvido propiciado por la historia oficial.

Jorge Eliecer Gaitán en la Memoria.

Jorge Eliecer Gaitán Sin Olvido.

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