martes, 19 de junio de 2012

Pedro Malagón y Elda Malagón

20 de junio 1996 - 20 de junio 2012



Un jueves 20 de junio de 1996, asesinaron a Pedro Malagón y a su hija Elda Milena Malagón en la ciudad de Villavicencio. El día del crimen, Pedro se encontraba en el antejardín de su vivienda en el barrio “El Paraíso”, cuando aparecieron en su residencia un grupo de hombres armados de la estrategia militar encubierta del Batallón 21 Vargas de la brigada séptima del ejercito y dispararon en contra de Pedro. Elda Milena quien tenía 17 años de edad, intentó proteger a su padre abrazándolo, pero murió en el intento.
Pedro Malagón fue diputado a la Asamblea Departamental del Meta por la Unión Patriótica, integrante del comité cívico de Derechos Humanos del Meta, muchos de los miembros ya habían sido asesinados, y él ya había recibido diversas amenazas de muerte y varios atentados, uno de ellos fue organizado por Pedro Bárreto, comandante del puesto de policía de Medellín del Ariari  en conjunto con  los  paramilitares bajo el mando de Víctor Carranza el 11 de febrero de 1987.
 La familia Malagón siempre fue perseguida por  amenazas de muerte, por lo cual se vieron obligados a huir de los caseríos de Viotá, en Cundinamarca, para refugiarse en el Ariari, explorando otros horizontes donde existiera menos violencia. Desde ese entonces Pedro siendo menor de edad se  consagró al campo con sus padres.
Pedro Creció en el Meta, presenciando todos los cambios organizativos de los movimientos agrarios, por eso desde su juventud se interesó por las luchas de la tierra y su comunidad, logrando ganarse el afecto de las personas que lo rodeaban. Como militante y defensor  viajó de un lado a otro, entre los municipios de , Granada, El Castillo, Lejanías y  Mesetas. Tiempo después de nacer la Unión Patriótica, fue elegido como diputado  a  la asamblea del Meta y posteriormente concejal del Castillo.
Conocido por ser un campesino  sin temor a tomar nuevos riesgos en medio de los crímenes cometidos contra la Unión Patriótica, comenzó con su vida política en 1984, siendo reelegido nuevamente a la Asamblea de la región del Castillo en 1996.
Para ese entonces ya habían más de  500 asesinados todos miembros de  la Unión Patriótica en el departamento del Meta, entre estos 500 se encontraba el diputado Rafael Reyes Malagón, hermano de Pedro, el senador Pedro Nel Jiménez,  varios alcaldes, decenas de concejales y cientos de activistas.
 Pedro, Cada vez que iba a su oficina de diputado en Villavicencio recibía amenazas. Y unos días antes de su muerte, el ejército allanó la casa del partido comunista, .  Decomisando varios accesorios de seguridad como revolveres   chalecos antibalas  pertenecientes  al servicio de seguridad de Pedro.
El 20 de junio de 1996, sintiéndose más seguro en casa y agobiado por un dolor de ojos, decidió no ir a su oficina. A las 6 de la tarde salió al antejardín de su casa para examinar unas reparaciones que adelantaba.
En el momento, dos sicarios, de los cuales Pedro ya identificaba  como uno de los que lo había amenazado en repetidas ocasiones,   y quienes habían rentado una habitación en la casa de enfrente, atentaron contra la vida de Pedro entrando repentinamente al patio  en donde el se encontraba con su hija Elda, una vez adentro les disparo. Pedro recibió un disparo en la cabeza y Elda queriendo proteger a su padre, recibió dos disparos  que también acabaron con su vida.
El día del sepelio, acudieron miles de campesinos, recordando a Pedro como un acompañante excepcional en la lucha por la tierra, el que siempre estuvo presente por  la defensa de los derechos de su comunidad, el que tenía un carisma que los envolvía de alegría, el “viejo Peter” así lo llamaban de cariño, asesinado a sus 60 años de edad.  Obligado a dejar a su familia de  siente hijos y su esposa.
Protegiendo a su padre con un abrazo, Elda Milena también perdió la vida, ambos, padre e hija, asesinados por la estrategia militar encubierta de la brigada 7 del ejército.
El recuerdo de Pedro y Elda queda en la memoria de los familiares, de los campesinos de la región, de los sobrevivientes que tienen la posibilidad de terminar los sueños, las afirmaciones de derechos sobre la tierra, la verdad y la justicia.
La justicia internacional culpó al Estado por negligencia en la protección de Pedro Malagón  y fue sentenciado por la Comisión interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, no hay investigados, no juzgados, ni condenados, este crimen continua en la impunidad, los asesinos materiales e intelectuales de Pedro y Elda gozan de libertad.

 Pedro y Elda Malagón en la memoria…
Pedro y Elda Malagón sin olvido…


Sin Olvido

jueves, 7 de junio de 2012

Ana Fabricia Córdoba Cabrera

junio 7 de 2011 - junio 7 de 2012 -
Fotografía Diego Delgado
Memoria y Justicia

Hoy 7 de junio de 2012 en el primer aniversario del asesinato de la lideresa comunitaria, afrocolombiana,  Ana Fabricia Córdoba Cabrera, la evocación de su nombre  inspira con su gracia la  fuerza feminina, misteriosa y profunda, tierna y radical. Ana Fabricia víctima de la violencia con balas, de la violencia mediática.

Ana Fabricia estaba marcada por la resistencia, la esperanza, en medio de la persecución. Los enfrentó con determinación enérgica y renovada de la denuncia y la organización popular contra los atropellos impunes de las fuerzas militares y policiales, sus estructuras paramilitares y sus bandas, contra desplazadas, niños, jóvenes y mujeres. 

Estas denuncias le ocasionaron el desarrollo de los últimos mecanismos de persecución las amenazas de muerte hasta llegar a un proceso de montaje  judicial con la acusación de ser colaboradora de las FARC. Falsa acusación que le  costó dos meses su vida en la cárcel, antes de ser absuelta. 

Por su coherencia, antes de perder su vida, Ana Fabricia tuvo que vivir el insoportable tormento de  una madre frente a la muerte violenta de sus hijos.  Primero, su hijo, Carlos Mario Ospina, y luego en 2010, Jonatan Arley Ospina. Ana Fabricia acusó a la policía del barrio La Cruz como principal responsable, sin que a la fecha,  las investigaciones de la Fiscalía hayan identificado a quien en la verdad real e histórica son los responsables.

Después de la muerte de sus hijos, junto a ese sufrimiento que asumió, esa  piel afrodescendiente tuvo que enfrentar la presión violenta de las amenazas por sus denuncias, rechazando siempre, rotundamente, la protección policial que el Estado le ofreció. Razones de fondo le asistieron tras su persecución identificando en  las fuerzas del orden los responsables materiales de la estrategia paraestatal que la había desarraigado y quitado sus hijos.

Hace un año Ana Fabricia fue asesinada en Medellin, en un bus en la ruta Santa Cruz,  a la luz del  día. La ejecución fue obra de un hombre que con un arma con silenciador que le disparó a la cabeza. Sólo en el mes de abril de 2011, Ana Fabricia, había hecho de público conocimiento las amenazas de las que era víctima en la sesión del Comité Metropolitano de Derechos Humanos. 

La indagación preliminar por su  homicidio ha sido asignada a la Fiscalía 37 de la Unidad de Derechos Humanos de la ciudad de Medellín. La Fiscal del caso ha impuesto múltiples trabas para que las representantes de las víctimas conozcan y examinen el expediente con el fin de hacer seguimiento a la actuación de la Fiscalía. En el marco  de la investigación no se ha tomado en consideración el hecho de que era una mujer que hacía parte de varias organizaciones de derechos humanos y de mujeres, y que lideraba propuestas y acciones a favor de la población desplazada. 

Un año después queda claro que la impunidad juridica y social quiere abrirse paso y consolidarse invisibilizando móviles, desapareciendo  la memoria  del valor feminino, afrocolombiano, materno y político de Ana Fabricia Córdoba Cabrera. Ana en y al margen de esa historia de persecución, de la pretensión de sus victimarios de ser exterminada, está más allá de los barrios de Medellín, del desarraigo sufrido de las tierras del Urabá antioqueño, está viviendo en todas esas esperanzas que nunca serán silenciadas


Bogotá, D.C. 7 de junio de 2012

Sin Olvido

lunes, 4 de junio de 2012

María Mercedes Méndez ,William Ocampo, Rosa Peña Rodríguez, Ernesto Sarralde y Pedro Agudelo

3 de junio 1992 - 3 de junio 2012

20 años de este quintuple asesinato en el paraje conocido como Caño Sibao, 20 años de la expresión del terror, 20 años de una de las fases de exterminio de la Unión Patriótica.
María Mercedes Méndez de García, alcaldesa saliente de El Castillo, Alto Ariari, Meta; William Ocampo, alcalde electo por la Unión Patriótica para el periódo 1992-1994; Rosa Peña Rodríguez, Tesorera de la Alcaldía; Pedro Agudelo, conductor de la alcaldía y Ernesto Zaralde, coordinador de la UMATA, todos parte de una apuesta por un nuevo país en el ejercicio local de poder como integrantes de la Unión Patriótica.


Desde ese miércoles 3 de junio de 1992 se ha labrado en torno a esta masacre una serie de mecanismos de impunidad, existe un esclarecimiento parcial de responsabilidad de los auxiliares de las fuerzas armadas, los paramilitares, otros como los militares que planificaron el crimen, los políticos y potentados económicos de la región siguen asegurados en la impunidad.


Hace 20 años, al atardecer, María Mercedes, con su inseparable cuaderno de actas, y una delegación de la Alcaldía del municipio El Castillo, de la que hacían parte William, Rosa, Ernesto y Pedro que conducía el carro, fue atacada con granadas y armas de fuego. Entre los responsables se conoce que participó el Teniente del ejército de la Brigada 7 de Villavicencio de apellido Rojas.


Trece años después, el 29 de abril del 2005, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Villavicencio – Meta, profirió fallo en primera instancia contra Hector Horacio Triana, conocido como “El Zorro”, Manuel de Jesús Pirabán, conocido como “Omar” o “Pirata”y Edilson Cifuentes Hernandez , conocido como “Richard”, por los delitos de homicidio Agravado en concurso homogéneo y sucesivo. El 13 de diciembre de 2006, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en Sala de Decisión Penal, confirmó la sentencia condenatoria.


En septiembre del 2009, la Fiscalía 95 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos, perteneciente al Grupo de Investigaciones Especiales U.P. (Unión Patriótica), admitió dentro del radicado No. 6923 la demanda de parte civil presentada por las hijas de María Mercedes Méndez de García como Crimen de Lesa Humanidad, donde no todos los presuntos responsables han sido identificados ni vinculados a la investigación.


Dos horas antes de ser asesinadas María Mercedes y el alcalde entrante, William, habían estado en la Brigada 7 del ejército en Villavicencio, reclamando condiciones de seguridad para ellos y los demás integrantes de la Unión Patriótica.


Después de 20 años en la cabecera municipal de El Castillo la memoria sigue indicando, sugiriendo, enfrentando el enquistamiento de las lógicas de operación paramilitar que ha sustentado un modelo de sociedad y de país, excluyente, injusto, desigual, adormecido. Hoy las comunidades del Alto Ariari dignificando su memoria, su historia solicitarán en los próximos días que el parque municipal de El Castillo sea declarado con el nombre de Parque de la Memoria María Mercedes de García, porque su nombre, sus opciones de vida son y han sido parte sustancial de la dignidad de los pueblos.


Pasa el tiempo pero el olvido no ha pasado a definir el sentido de la historia en el Ariari. La memoria que nace del amor filial, la memoria que nace del sentido por un cambio en el país, la memoria que nace como fuerza que anima el presente y la necesidad de transformar, están allí en El Castillo, enfrentando la insensatez de la fuerza que prentende silenciar, aleccionar y aterrorizar, que pretende desterra del alma las libertades, los sueños y las utopías por un país distinto. Sí para eso sirve la memoria, para resignificar los sueños y las utopías, para hacerlas creíbles y posibles, para eso la memoria, para la vida digna de los pueblos.


Sin Olvido
Bogotá, D.C. 3 de junio de 2012

Kimy Pernía Domicó

2 de junio 2001 - 2 de junio 2012




02 de junio 2001 - 02 de junio 2012. Once años de absoluta impunidad por la desaparición forzada del gran líder indígena Embera Katío, nieto de Yari, el gran Jaibaná y Cacique Embera Katío, de las comunidades en el Alto Sinú, Kimy Pernía Domicó, once años trasegando en él, memoria colectiva del pueblo que hoy continúa enfrentando la ocupación empresarial.
Kimy amante de las vidas en los territorios se opuso al proyecto hidroeléctrico de Urrá 1, impuesto a la fuerza con el desarrollo de la estrategia paramilitar consentía, construída y tolerada por la fuerza pública y sectores empresariales del norte de Colombia.


En Tierralta, departamento de Córdoba, ese sábado 2 de junio de 2001, a las 6 p.m. Kimy se dirigía a la sede del Cabildo Mayor del río Sinú y río Verde. En el trayecto paramilitares lo pararon y lo obligaron a subir a una motocicleta de color blanco desde ese momento se encuentra desaparecido forzadamente.
Kimy en ese momento estaba liderando la movilización indígena en la región del Río Sinú por la construcción de la represa de Urrá con graves afecciones a las comunidades indígenas y campesinas y daños irreparables a los ecosistemas.


De su desaparición estructuras paramilitares y mandos que se encuentran en los Estados Unidos extraditados aceptaron su responsabilidad e indicaron en el contexto general de su gestación que contaron con el apoyo e inspiración de la brigada 11 de las Fuerzas Militares, así como de sectores empresariales. A pesar de esas verdades judiciales no han logrado desmoronar el muro de la impunidad que protege a empresarios y militares de alto rango.


Once años después, Kimy vive en la memoria colectiva Embera, en aquellos que de su sangre continúan exigiendo verdad, justicia y un proceso real y verdadero de consulta previa y de negación a operaciones empresariales privadas que imposibilitan la existencia comunitaria, que destruyen el planeta.


Once años después ante la imperante impunidad sobre este crimen de Lesa Humanidad y de los crímenes ambientales alzan su vuelo del norte a sur de las Américas las fuerzas espirituales de la libertad, que exhuman los rastros del etnocidio y que avisoran que algún día este planeta con Kimy y millares y millones de víctimas se harán oír.
Bogotá, D.C. 2 de junio de 2012


Sin Olvido 

jueves, 31 de mayo de 2012

GENARO POTES




Genaro Potes asesinado el 26 de mayo del 2007 en la vereda Campo Alegre por militares del Batallón 21 Vargas de la brigada 7 del ejército quienes manifestaron amenazas de muerte sobre los pobladores del corregimiento de Puerto Esperanza, municipio El Castillo. 

Los hechos ocurrieron un sábado, cuando Genaro se desplazaba desde la casa de su hermano ubicada en la vereda Campo Alegre, del municipio El Castillo (meta), hacia la vereda Puerto Esperanza, movilizándose a caballo con el fin de asistir a una reunión sobre rebajas de impuesto predial de la zona. Siendo las 4 de la tarde fue detenido por militares del Batallón 21 Vargas a cargo del comandante de apellido Ferro. 

Con su camiseta Blanca y pantalón azul, éste campesino tradicional de la región había sido desaparecido sin dejar rastro. Al día siguiente se despertó la preocupación en sus familiares y amigos e iniciaron la búsqueda exactamente el día domingo 27 de mayo, acudiendo al Ejército Nacional establecido en la zona, preguntando si sabían algo de Genaro, pero estos desde un principio negaron que tenían en su poder al poblador, sin embargo la Defensoría Municipal presionó un par de veces, y ellos solo admitieron que habían dado de baja a un guerrillero y que el cuerpo sin vida se encontraba en el municipio de Granada (Meta). 

Según las versiones de algunos campesinos vecinos de la zona, que fueron testigos de los hechos, afirmaron que Genaro fue amarrado en un cultivo de cacao, al lado de una escuela de la vereda Campo Alegre. 

El ejército ya le había preguntado a un campesino que pasaba por el lugar en el momento de la detención, si sabía quién era Genaro, y él indicó que lo conocía como un hombre trabajador y honesto del lugar, aun así los soldados ya lo habían señalado como guerrillero. 

Consecutivamente, algunos miembros de la familia de Genaro, se dirigieron a Medicina Legal del Municipio de Granada para solicitar la entrega del cuerpo, pero su petición fue negada por los funcionarios, argumentando que no poseían la cedula de Genaro, sin embargo su familia testifica que al momento de su detención y asesinato él llevaba sus documentos de identificación. 

Los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI y la Fiscalía, los citaron al reconocimiento del cuerpo, para confirmar hicieron algunas preguntas, lo familiares al responderlas, no sabían de la cicatriz que tenía Genaro en uno de sus dedos de la mano y les negaron la entrega de su cadáver. 

Su cuerpo manifestaba signos de tortura y un disparo en la cabeza, sin piedad y sin justicia alguna, la vida de un ser humano, dedicado a la labor tradicional de la región fue arrebatada por la fuerza militar. 

Ante todos estos crímenes y amenazas, la población de la región, quienes pertenecían al Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, manifestaron gran preocupación por todas las injusticias, ilegalidades y agresiones que realizan las unidades de estrategia militar encubierta de la Séptima Brigada que operaba en la zona. 

Militares de la Brigada 7 después de la ejecución y sepelio de Genaro Potes expresaron a varios pobladores del sector, que si llegaba a llamar el Coronel preguntando sobre el combate, le respondieran que si hubo enfrentamiento y pidieron el numero de algún poblador para que reafirmaran el supuesto combate. Dejando en evidencia el miedo de los militares frente al asesinato de un campesino y no de un guerrillero como ellos lo sostenían. 

Genaro Potes de 51 años de edad presentaba características de salud mental y físicas anormales que se notaban a simple vista, lo cual lo hacia poseedor de un cuidado especial por la gente que lo rodeaba, sin embargo por parte del Ejercito Nacional estos tratos fueron violados. 

El año anterior a su muerte Genaro ya había sido amenazado, según la declaración del registro único de población desplazada del 2006 de la Corte Constitucional, Genaro fue desplazado internamente del municipio El castillo de la vereda Los Alpes, hasta la Vereda Caño Embarrado. 

Hacia las tres de la tarde, el 29 de Mayo, fue entregado el cuerpo de Genaro y trasladado a Medellín para el sepelio. Su crimen quedó en total impunidad, pues la política de “seguridad democrática”, fue la estrategia contrainsurgente en la región del Alto Ariari desde el 2002, presentando a campesinos, menores de edad y personas con enfermedades mentales como “guerrilleros muertos en combate”, sin embargo por parte de la justicia no hay investigaciones sobre la veracidad del crimen ocurrido en la región del Meta. 

Estos crímenes perpetrados por el Batallón 21 Vargas han dejado en la población dolor, lágrimas, injusticia y violación de los derechos a los campesinos de la región. 


SIN OLVIDO

martes, 22 de mayo de 2012

Elsa Constanza Alvarado Canchón, Mario Calderón Villegas y Carlos Alvarado Pantoja

Mayo 19 de 1997 - Mayo 19 de 2012

Murieron amándose, sus victimarios creyeron que la muerte podría vencer el amor, y no fue así.Sus amores superaron los límites hasta de los que pretendieron realizar un crimen perfecto. Elsa Constanza Alvarado Canchón y Mario Calderón Villegas, murieron en su recinto donde se amaron, donde soñaron, donde tejieron sus sueños, murieron al lado de su padre y suegro Don Carlos.


Hoy son 15 años de un crimen que horrorizó por atentar contra el amor, acabar contra la pasión por la protección ambiental y territorial. Ese 19 de mayo del 1997 sobrevivió Iván,el hijo del amor de 18 meses, el hijo de los apasionados defensores de derechos humanos,ambientalistas, y tejedores de la paz.

Tres paramilitares fuertemente armados, que se hicieron pasar por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, irrumpieron en el apartamento de Chapinero Alto en Bogotá, alrededor de las 2:00 a.m. cuando reposaban, allí cumplieron con la orden emanada de Carlos Castaño, obedeciendo a militares y empresarios. Ellos los armados operaron la orden de otros que se mantienen ante los ojos de la sociedad como prohombres.

Diego Fernando Murillo, ex mando paramilitar, extraditaditado en los Estados Unidos, conoce, sabe quién ordenó el crimen, en versiones libres manifestó quienes ejecutaron la orden, hoy esa otra parte de la verdad, los que instigaron y ordenaron el crimen se desconoce, las presiones para que la verdad se niegue siguen operando.

Desde hace 15 años, los amigos de Mario y Elsa en el CINEP el mismo 19 de mayo en la carrera 5ta colgaron una pancarta que decía “Zona de masacre”. Esta pancarta fue el inicio de la indignación colectiva ante el hecho evidente que el crimen se cometió de tal manera para asegurar la impunidad.
En marzo de 2009, Juan Carlos González Jaramillo, alias ’El Colorado’. fue condenado a 40 años de prisión. Otros de los supuestos responsables materiales quedaron absueltos, el 19 de agosto de 1998 mediante resolución, la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a Alexander Londoño alias “El Zarco”, “Alex” o “San Pedro” y a Edward Melguizo Londoño como presuntos coautores de la masacre. En abril de 2007 fueron absueltos de los cargos de homicidio agravado por un fallo proferido por el juzgado segundo penal de circuito especializado de Bogotá por duda probatoria.

Hoy existe una investigación contra los paramilitares extraditados en EU, Salvatore Mancuso y Éver Veloza, alias “H.H” y Diego Fernando Murillo.

En una audiencia de versión libre ‘HH’ aclaró que Carlos Castaño, asesinado en 2004, ordenó el crimen, que la banda de “La Terraza” de Medellin cuyos jefes eran “Don Berna” y otro paramilitar que aparentemente fue asesinado conocido como el “Negro Elkin” ejecutaron el crímen, pero que en ellos participaron de forma directa e indirecta miembros de la fuerza pública.

En 2009 los familiares de Elsa y Mario a través de la Comisión Colombiana de Juristas, decidieron ser parte civil en el proceso contra los jefes paramilitares que ordenaron la masacre, sin reclamar ni imdenizaciones ni reparaciones.

Hoy Iván, el amor, de los amores, su abuela, y millones de colombianas no olvidan que el amor es más fuerte que la muerte, que esa pasión por la vida es trascendente, ,más allá de los muros de la impunidad que protegen a militares y empresarios que se beneficiaron de esta operación barbara. Si, solo el amor es más fuerte que la muerte, el amor por la verdad y por la justicia, Mario y Elsa, Don Carlos siguen vivos en nuestra memoria.

Bogotá, D.C. Mayo 19 de 2012

Sin Olvido - Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

viernes, 18 de mayo de 2012

Rogelio Martínez Mercado

18 de mayo 2010 - 18 de mayo 2012


Tres tiros segaron su vida, tres tiros en su cabeza, pretendieron sepultar su pensar y su corazón, eso fue en la noche del 18 de mayo, hace dos años, cuando iba a encontrarse con su amor, su amada Julia, su familia y su tierra la finca La Alemania, municipio de San Onofre, Sucre.


Desde 1996 se desarrollaron las operaciones paramilitares en Montes de María y Sucre, pero solo fue hasta 2001 cuando lograron controlar el perímetro rural en donde Rogelio, su familia y los copropietarios de la Cooperativa "La Alemania" habitaron la tierra en una propuesta colectiva.

Alias “Rubén”, lugarteniente del jefe paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, “Cadena” del Bloque Héroes de los Montes de María, dio la orden de desalojar porque "el patrón" necesitaba las tierras. La finca "La Alemania" luego del desplazamiento, del despojo fue convertida en desarrollo de la estrategia paramilitar, allí se perpetraron torturas, asesinatos y desapariciones forzadas.

Rogelio en un relato decía que la tierra lo era todo para el amor, luego de recibir la titulación de la propiedad en 1997. Hacia memoria que el amor enfrentaba la ambición. Los «paras» cobraban 5 mil pesos por cabeza de ganado, con un crédito la comunidad logró adquirir 600 reses que finalmente fueron robadas por las mismas estructuras criminales.

Ya desarraigados, las deudas de la cooperativa aumentaron en más de mil millones de pesos hasta que la propiedad entró en embargo y finalmente en remate.

En todo este proceso el INCODER, fijado a una leyes distantes de las condiciones de violaciones sistemáticas de derechos humanos, legitimaban el embargo.

Ese amor que siempre llevó a Rogelio a imaginar posibilidades de dignidad en 2007 motivaron a construir una propuesta por el retorno, junto con sus amores y unas familias decidieron regresar y exigir la restitución de la finca "La Alemania".

Su asesinato en desarrollo de la misma estrategia paramilitar que él denunció no ha sido absolutamente esclarecido. La estructuras criminales continuaron intactas, reflejo de la impunidad y del soporte institucional a una estrategia de control social, político, económico y por supuesto militar.

El 9 de abril de este año un fallo de segunda instancia confirmó la responsabilidad individual de Mario de Ávila Díaz por su homicidio. Junto con Ávila, había al menos 5 personas más que participaron en el crimen, todos, incluso Àvila, se encuentran libres a pesar de las órdenes de captura. No existe ninguna voluntad cierta que se muestre en el proceso penal para esclarecer y determinar las responsabilidades de agentes del Estado,de empresarios y de los ordenadores del crimen.

El entusiasmo con que el gobierno de Santos celebró la condena de Ávila está lejos de satisfacer las demandas de verdad, de de justicia y de reparación. Todo parece ser parte de una costumbre, crear una eficacia simbólica del derecho que sirve en el fondo a la impunidad.

Los victimarios pretendieron acabar con el pensamiento amor de Rogelio, a pesar del dolor de su muerte violenta, su pensamiento amor trasciende, está en su amor, en su familia, en sus amigos, en quienes son parte de esos miles de reclamantes de tierras que afirman su dignidad en un proyecto donde la restitución sea parte de una nueva democracia.

Bogotá, D.C. mayo 18 de 2012
Sin Olvido