Noviembre 6-7 1985- Noviembre 6-7 2013
Ayer hace 28 años, poco más de 20 minutos para el medio día, marcaron esta historia, familiar, colectiva, nacional, parte de los retazos de la memoria y de los desencuentros con el olvido, hoy a esta hora de la tarde, el camino de la memoria nos ha llevado a transitar los entuertos del silencio y de la mentira cuando el terror se encuentra descubierto.
A la sede del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, a pocos metros del parlamento y a unos pocos de la casa presidencial, ingresaron 35 insurgentes del Movimiento 19 de Abril, M-19, que pretendían realizar un juicio político al entonces Presidente de la República Belisario Betancourt debido al fracaso en el proceso de conversaciones de paz saboteado por un amplio sector de las fuerzas militares y del establecimiento colombiano.
A menos de dos horas de la incursión armada que cobró la vida de miembros del personal de seguridad del Palacio de Justicia y de algunos agentes estatales, se desató una retoma desproporcionada, excesiva, contra el derecho de gentes por parte de las fuerzas militares con participación de la policía nacional, y con el consentimiento, del presidente Betancour, quien asumió toda la responsabilidad, pero de quien muchos analistas afirmaron sufrió un golpe militar, por más de 28 horas, tiempo del operativo de tierra arrasada.
En menos de 2 horas el ejército logró derrumbar la puerta principal del Palacio y un fuego cruzado inundó el interior de la sede de las cortes.
Pero la operación militar estaba preparada. Días antes fueron trasladados a la capital efectivos militares de la brigada 7 con sede en Villavicencio para reforzar las operaciones planeadas en la brigada 13 de Bogotá. Todo estaba perfectamente planificado. La Casa del Florero a menos de 50 metros de la sede del Palacio de Justicia, dos horas antes de la toma del M 19, había sido habilitada como centro de identificación y de tortura de eventuales integrantes del M 19 o de sospechosos de ser para ellos integrantes del movimiento guerrillero. Todo esto ocurrió de forma premeditada horas antes que el Palacio de Justicia fuera tomado por el M 19, incluso antes que los tanques de guerra EE-09 Cascabel y Urutú ingresaran a la plaza de Bolívar.
Y efectivamente, luego del ataque por tierra, las personas que lograban salir del Palacio eran dirigidas por el ejército hacia la Casa del Florero en donde los identificaban e interrogaban, algunos de ellos allí fueron torturados, sometidos a presiones psicológicas y otros desaparecidos, 11 de ellos sin que los responsables hayan querido reconocer a dónde los trasladaron y qué hicieron con ellos, y otros ejecutados.
Esos cuarteles especiales estaban en el Casa del Florero y luego en las sedes militares a donde les llevaron, les torturaron y en algunos casos claramente les asesinaron. Ese tipo de operaciones contra la dignidad humana tuvieron como testigos y artífice entre otros, al Teniente Coronel Alfonso Plazas Vega, quién expresó que estaba “defendiendo la democracia”.
Al interior del Palacio, los guerrilleros dirigieron a algunos sobrevivientes civiles a los pisos superiores. Los incendios y los hostigamientos en los primeros pisos los acorralaban cada vez más. Sesenta personas permanecieron desde la noche del 6 de noviembre hasta el final de la toma en dichos baños de 20 m2.
Ese 6 de noviembre, la noche bogotana en pleno centro de la ciudad fue campo de batalla, un combate en el que los ataques militares propiciaron el incendió de expedientes en los que se les investigaba por diversos actos y conductas contra la ley, la que ellos dicen proteger y defender. Desde esa noche el camino de la memoria se inició, aún sin que terminara la retoma de las fuerzas militares en medio del silencio forzoso institucional y mediático.
Ese 6 de noviembre se demostró qué soporta y qué no, la democracia colombiana. Noemí Sanin, Ministra de Comunicaciones, ordenó a la radio parar las comunicaciones, en particular, aquella emisión radial que fue descubriendo detalles de las operaciones militares y la reiteración del cese al fuego clamado por Alfonso Reyes Echandía. La posterior candidata presidencial censuró las emisiones radiales, y ordenó emitir un partido de futbol, de los equipos Millonarios - Magdalena.
Es parte una imagen, entre otra memoria, la de un explosivo lanzado desde un tanque ubicado en la plaza de Bolívar, el que abrió un boquete e incendio el lugar en que se encontraban los pocos sobrevivientes, magistrados y guerrilleros del M 19, boquete que permaneció con una humareda hasta el 7 de noviembre, signo de las vidas extinguidas, de lo negado y que con el tiempo se ha develado.
El 7 de noviembre después de las cuatro de la tarde, entre ese olor del holocausto, de los huesos calcinados, del humo perdido de tanta bala, de tanta bomba, terminada la operación rastrillo, continúo el camino de la impunidad. Los militares tomaron control total de la edificación en ruinas, modificaron la escena del crimen, mientras los desaparecidos, que fueron trasladados a la Casa del Florero, una vez más fueron trasladados al cantón norte y sin ser registrados en los libros de control militar fueron nuevamente interrogados y torturados y algunos de ellos, asesinados en los días siguientes.
Al final la muerte de 43 civiles, 33 guerrilleros, 11 miembros de las fuerzas armadas y del DAS, 11 Civiles desaparecidos, la militante del M-19 desaparecida y 4 personas torturadas, entre ellas, dos estudiantes de la Universidad Externado.
Con el tiempo se conoció que algunos salieron con vida y sus cuerpos sin vida ingresados posteriormente por las fuerzas militares, como sucedió con el Magistrado Carlos Horacio Urán.
A pesar de los avances judiciales, de los reconocimientos jurídicos que identificó a responsables de las fuerzas militares, todo en la justicia es endeble, es impunidad.
Según investigaciones realizadas por varios juzgados, el Consejo de Estado y la Fiscalía General de la Nación, los desaparecidos del palacio en manos del Ejército son once personas entre empleados de la cafetería y visitantes ocasionales. Una más era guerrillera del M-19.
El 9 de Junio del año 2010, la juez Tercera del circuito Especializado de Bogotá María Stella Jara, sentenció a 30 años de prisión al Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega en primera instancia, decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá y que actualmente está en estudio de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, el ex general Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado en primera instancia por el Juzgado 55 penal del circuito, decisión que fue apelada ante el Tribunal de Bogotá.
Pero en realidad las dos condenas son una formalidad más, entre tantos expedientes. El Teniente Coronel Plazas Vega, no parece en retiro, vive en una guarnición militar, dicta clases a nuevas generaciones de militares y de abogados, tiene el beneficio de asistir a reuniones y ruidosas fiestas en clubes exclusivos de Bogotá. Ese es el gran hombre, el desaparecedor, que en su defensa pública, expuso una fotografía de gran hombre católico recibiendo una hostia supuestamente sagrada de manos de Juan Pablo II.
Jesús Armando Arias Cabrales con una hoja de vida tachada de cuestionamientos profundos por violaciones de derechos humanos vive su condena en libertad, en un apartamento en una guarnición militar, en el que habita con sus familiares.
Esa es la justicia colombiana, injusticia, como decía, Eduardo Umaña Mendoza, nuestro gran amigo, siendo un brillante y humanista abogado, nuestro amigo asesinado en medio del desarrollo de este proceso judicial, en el que él cimento al lado de las familias la verdad que la memoria ha construido, muy distante de sentencias y de decisiones judiciales…
Porque es bien cierto, que militares como el General Iván Ramírez continúan posando de prohombres. Otros por vencimiento de términos integrantes del B 2 como Sánchez Rubiano, gozando de libertad, por esa llamada justicia. Sobre otros, no cursan órdenes de captura internacional como Bernardo Garzón, agente del Estado que sabe sobre lo sucedido con los desaparecidos. Pruebas y más pruebas, nunca tomadas, otras desaparecidas en manos de los militares.
Pero no solo ha sido la impunidad para militares, también para responsables desde el ejecutivo, aquellos ministros de la época que guardaron silencio ante el poder militar, que cohonestaron con el estado de barbarie. El propio presidente de la época ha dicho recientemente, que en un libro ha consignado la verdad de lo sucedido el 6 y 7 de noviembre de 1985, continúa pasando el tiempo, mientras tanto los padres y madres de los desaparecidos del Palacio de Justicia han ido muriendo, sin saber esa verdad, que quizás Betancur va a dejar ver cuando él muera, qué despropósito ante tanta indignidad.
Pero no se trata solo de la impunidad jurídica, que se ha pretendido asegurar con la perdida de pruebas, con la presión de testigos, con las amenazas a las familias, con el asesinato de Eduardo, con dilaciones injustificadas, con la no recuperación de los cuerpos de los desaparecidos, se trata de constatar el desmoronamiento de esa justicia, de sentencias judiciales que son un papel y que son adobadas con la impunidad jurídica y social.
Incluso, el propio presidente Santos que quiere pasar a la historia como el presidente de la Paz, el mismo presidente de la ley de víctimas, luego de conocer una decisión judicial, pidió perdón al presidente Betancour y a los militares.
28 años después en medio de la impunidad ha sido la terca memoria de los familiares la que ha ido reconstruyendo la verdad histórica y la verdad judicial que los militares y el establecimiento colombiano se han negado a reconocer.
Más y más palabrería, más retórica del silencio, pero más estrategia propagandística para promover las imágenes propias, los egos e protagonismos que se convierten en otra forma de propiciar la impunidad social.
Hoy después de 28 años amigos y familiares continúan buscando los desaparecidos del Palacio de Justicia, luchando por la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la dignificación. ¿Porque, de qué sirven unas condenas, si los militares no reconocen lo qué hicieron? ¿De qué sirve una pena, si ésta es una nueva burla a las víctimas?, ¿De qué sirve esa forma de justicia que es una pena, si la pena es prolongada para los familiares de la víctimas?
Y esa verdad se mostrará, y se demostrará aún más, el próximo 12 y 13 de noviembre en la CORTE INTERAMERICANA DE DH
Ellas y ellos al lado del Magistrado Carlos Horacio Urán, ejecutado por los militares y los torturados sobrevivientes. Eduardo Matson, Yolanda Santodomingo y Orlando Quijano son sus nombres, sus historias al lado de sus familiares, los que nos continúan inspirando en el camino de la memoria para no desfallecer a pesar de nuestras pequeñeces humanas, son ellos y sus familias, los signos de la imposibilidad del olvido cuando la impunidad pretende reinar, cuando la democracia se viste de seda, cuando es un rostro de hierro y de terror, entre ellos, perfumado con la mentira.
Holocausto del palacio de justicia en la memoria.
Holocausto del palacio de justicia sin olvido.
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