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Palacio de justicia 27 años persistiendo
Las y los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen como lo demuestra el ejercicio incansable de sus familiares por la memoria, verdad y justicia durante más de 27 años.
Ante las afirmaciones indignantes por parte del defensor del estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rafael Nieto Loaiza, las y los familiares se afirman en su persistencia que "los desaparecidos sí existen"
Ante las afirmaciones indignantes por parte del defensor del estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rafael Nieto Loaiza, las y los familiares se afirman en su persistencia que "los desaparecidos sí existen"
Placa conmemorativa desaparecidos/as del Palacio de Justicia
El 23 de Noviembre de 2012, familiares de las personas desaparecidas en el Palacio de Justicia por las fuerzas militares de Colombia convocaron a un acto de dignificación de sus seres queridos y su memoria. 27 años tuvieron que pasar para que por fin se les haya dado permiso para instalar su placa conmemorativa en uno de las columnas de la alcaldía de Bogotá con vista al Palacio de Justicia, y al lado de otra placa que tergiversa la historia de los hechos.
27 años en las que no han visto verdad y justicia, 27 años en las que 19 familiares, madres padres, hermanos, tías murieron sin conocer el paradero, 27 años de persistencia en la que los familiares con tenacidad preguntan como hoy: “Dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia” y la voces de unos pequeños de menos de 10 años continúan clamando “que el estado colombiano responda”. Relevo generacional como resistencia ante la adversidad, ante la impunidad, ante el silencio expresando la duda si la futura sentencia de la Corte Interamericana sea respetado y cumplido por el estado colombiano.
Sin Olvido
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CARTA PÚBLICA DE LOS FAMILIARES DE
LOS
DESAPARECIDOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA
“Si eres neutral en situaciones de injusticia,
has elegido el lado del opresor”
–Obispo Desmond Tutu–
27 años
después de ocurrido el Holocausto del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de
noviembre de 1985, los familiares de los desaparecidos continuamos exigiendo
verdad, justicia, reparación integral,
la búsqueda y entrega de los restos de quienes, estando en custodia de
miembros de la fuerza pública y de los organismos de seguridad del Estado
colombiano, fueron desaparecidos de manera forzada.
No cesamos
de exigir la verdad de lo que hicieron con nuestros familiares, por más
dolorosa que sea, ya que solo de esta manera podremos acercarnos a una justicia
real, acabar con la incertidumbre de su destino y elaborar el duelo que se ha
impedido durante tanto tiempo.
Rechazamos
de nuevo la injerencia y falta de respeto del Poder Ejecutivo hacia las
sentencias. En especial la que profirió el Tribunal Superior de Bogotá, que
ordena continuar las tareas de búsqueda de nuestros familiares o sus restos, la
realización por el Estado de actos de perdón a los familiares y a la sociedad,
así como la solicitud a la CPI para investigara el compromiso del ex presidente
Betancur en la comisión de los crímenes, ya que no fue respetada porque el
presidente Juan Manuel Santos quien expresó que si se debe pedir perdón, es a
los militares y al ex presidente Belisario Betancur, desconociendo las
responsabilidades del jefe de Estado y de los encargados del operativo militar.
Se continuó así con la misma tónica
oficial del ex presidente Álvaro Uribe, actitud que cubre de impunidad un
crimen de lesa humanidad que intenta apenas ser esclarecido un cuarto de siglo
después.
La justicia
ha hecho un avance muy importante con las condenas del ex coronel Luis Alfonso
Plazas Vega en primera y segunda instancia y del ex general Jesús Armando Arias
Cabrales en primera instancia; esperamos que tanto la Corte Suprema de Justicia
como el Tribunal Superior de Bogotá, mantengan las decisiones a pesar de las
presiones y dificultades por las que atraviesa la justicia. El Instituto
Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC) ha incumplido con el sitio de
reclusión que corresponde de acuerdo a la ley en el caso de crímenes de lesa
humanidad, además ha hecho caso omiso a las peticiones que le hemos presentado,
los mantiene en dependencias militares, con toda suerte de comodidades,
convirtiéndose en un nuevo factor de impunidad.
En el caso
del ex general Iván Ramírez Quintero (ex comandante del Comando de Inteligencia
y Contra Inteligencia –COICI–) la sentencia de primera instancia es contundente
en su contenido respecto a la responsabilidad en las desapariciones, no
obstante la juez decidió absolverlo. Esperamos que el Tribunal Superior de
Bogotá si sea consecuente entre su argumentación y su decisión, condenando de
acuerdo a la responsabilidad del procesado.
Consideramos
inadmisible que el proceso contra los cinco ex miembros del grupo de
inteligencia del ejército (B-2), en cabeza del ex coronel Edilberto Sánchez
Rubiano, no haya llegado a una sentencia debido a las actuaciones dilatorias
promovidas por la Procuraduría General de la Nación y los defensores, en un
juicio que ya cumple siete años.
Rechazamos
rotundamente la ampliación del fuero militar, actualmente en discusión en el
congreso. En el caso del Palacio de Justicia la alteración de la escena del
crimen bajo el control militar y la posterior injerencia de la justicia penal
militar que terminó con absoluciones, han contribuido en gran medida a la
impunidad y dificultaron la investigación por parte de la Fiscalía.
Exigimos
que el Estado colombiano asuma de manera responsable la búsqueda de nuestros
familiares, respete las decisiones judiciales y junto con su aparato militar le
cuente a Colombia la verdad de lo que hicieron con nuestros familiares y el
sitio en donde se encuentran ellos o sus restos.
Hoy, más de
un cuarto de siglo después de la tragedia la mayor parte de madres y padres de
los desaparecidos ha fallecido sin que se les haya respetado sus derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación integral.
El crimen
de Estado que desapareció a nuestros familiares en el Palacio de Justicia y
ejecutó a Carlos Horacio Urán no encontrará su epílogo hasta que se obtenga
verdad, justicia y reparación integral.
Hacemos un llamado a la
comunidad de naciones, a la solidaridad internacional, a los grupos y
movimientos de defensa de los Derechos Humanos, para que se mantengan
vigilantes en el desarrollo del caso y velen porque el Estado cumpla con:
- Garantías para la independencia judicial y el cumplimiento de las sentencias.
- El cese de proyectos de ley, de reforma constitucional o de mecanismos como reformas a la justicia y al fuero militar para asegurar la impunidad.
- Adoptar las medidas necesarias para proteger y garantizar la vida e integridad de operadores judiciales, nuestras familias y nuestros representantes legales.
¿Dónde
están los Desaparecidos del Palacio de Justicia:
Ana
Rosa Castiblanco, Cristina Del Pilar Guarín, Gloria Anzola de Lanao, Gloria
Stella Lizarazo, Lucy Amparo Oviedo, Luz
Mary Portela León, Norma Constanza Esguerra, Bernardo Beltrán Hernández, Carlos
Augusto Rodríguez Vera, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, David Suspes Celis e Irma
Franco Pineda?
27
años de impunidad
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