Semana internacional contra la desaparición forzada

Durante la última semana de mayo las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de defensa de los derechos humanos convocan a la realización de jornadas exigiendo que el Estado responda por la vida y la libertad de los desaparecidos, o que se entreguen sus restos a la familia y opere la justicia.

Este año, entre el 25 y el 31 de mayo, se realizaran eventos en muchas ciudades de Colombia y en Bogotá se han unido también el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Entre las actividades que se han programado se inauguran exposiciones en el Centro de Memoria organizadas por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Fundación Familiares Colombia y la Fundación Nidia Erika Bautista y además se realizaran foros, presentación de documentales y multimedias.

La Semana Internacional de las victimas de la desaparición forzada ha pretendido en Colombia vencer el ocultamiento sistemático de este crimen de lesa humanidad pero ha podido más la impunidad, la negligencia y la indiferencia a todos los niveles, incluidos los medios masivos de comunicación. Todos los días aparecen letreros en la televisión con la foto de un niño o joven y el letrero “desaparecido: informar sobre su paradero”. Con frecuencia se habla de decenas de miles de desaparecidos pero nunca ha aparecido un aviso con la foto de una victima y el letrero: “detenido desaparecido” o “victima de desaparición forzada”. Es como si se quisiera refundir este crimen atroz en medio de la dolorosa circunstancia de un familiar que se extravió o que fue asesinado y no se sabe de su destino.

El ocultamiento ha llevado a la indiferencia de la sociedad ante un crimen que por la lucha incansable de los familiares está tipificado en Colombia y se ha incorporado al Código Penal o al ordenamiento constitucional con la aprobación de la Convención de Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada de personas. En el artículo II se encuentra la definición: “… se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

El delegado en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos ha repetido que “La desaparición forzada es una de las violaciones de los derechos humanos más graves que existen, y Colombia, lamentablemente, sufre un récord alarmante en la comisión de este crimen”. Confirmando la alerta de Naciones Unidas, el Registro Único de Victimas presenta en su informe del 1 de abril de 2014 la escalofriante cifra de 122.155 victimas de desaparición forzada, incluyendo 13.448 víctimas directas y sus padres y hermanos. Otras fuentes han hablado de 22.000 victimas directas y entre ellas se incluyen más de 4.000 personas inocentes que en la últimas dos décadas han sido presentadas falsamente como muertes en combate: ejecuciones extrajudiciales falsamente llamadas positivos.
Durante la semana del detenido desaparecido, las organizaciones harán eco a la exigencia al Estado colombiano de ratificación y aplicación plena de la Convención suscrita reconociendo la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir casos que no obtienen justicia a nivel interno. Además la adopción de medidas para que se supere la impunidad y se reconozca la responsabilidad del Estado por esta grave y sistemática infracción a los derechos humanos. Y ante todo, los familiares exigen debida diligencia del Estado para la búsqueda y entrega de los desaparecidos cumpliendo además los mandatos de satisfacción y completa verdad de lo sucedido.

MARTES 27 DE MAYO. 
10AM – Acto publico en el Parque de Lourdes.

MIERCOLES 28 DE MAYO
6PM – Inauguración de las exposiciones:
“Doble oficio por la entrega digna” de la Asociación de Familiares de Colombia
“Prohibido olvidar a los desaparecidos” de la Fundación Nydia Erika Bautista para los DD.HH.
“REQUIEM N.N.” de Juan Manuel Echavarría
“Rastros” ASFADDES
PROGRAMA EN EL CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN:

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Masacre de Barrancabermeja

Foto: vanguardia.com

Mayo 16 de 1998 -  Mayo 16 de 2014

16 años después, la verdad y la justicia sigue ocultándose, las víctimas y sus familias, saben quiénes son los responsables, pero su verdad no es acogida, es rechazada y es negada. 

El 16 de mayo de 1998, a eso de la 8:30 de la noche hora local, tres vehículos penetraron en la parte sur oeste de Barrancabermeja. Ese sábado 16 de mayo del 1998 en el barrio El Campín del puerto petrolero de Barrancabermeja, se esparcieron las huellas por donde el terror lesionó socialmente, paralizó las apuestas de una región distinta.

Los camiones transportaban entre 30 y 50 hombres con armas cortas y largas. Quienes también llevaban machetes y otro tipo de armas blancas. 

Los camiones siguieron su camino hacia el noreste por el perímetro sur de la ciudad. Se detuvieron primero en el bar La Tora y ahí los paramilitares maltrataron a dos jóvenes y los obligaron a subir en uno de los camiones. Uno de ellos fue identificado como Jesús Valdivieso Pabón. Un ciudadano que pasaba por ahí en motocicleta fue detenido y golpeado por un miembro de las fuerzas paramilitares. 

Los camiones cambiaron después de rumbo dirigiéndose al norte, hacia una cancha de futbol en donde se realizaba un bazar popular. Más de cien personas estaban presentes y participaban en las actividades festivas, organizadas con el objetivo de recoger fondos para financiar un grupo infantil de danza. Los paramilitares se bajaron del camión y cercaron la cancha. Otros entraron a un salón de billar cerca de la misma y obligaron a varias personas a seguirlos mientras que los otros en el exterior, obligaron a todo el mundo a tirarse boca-abajo en el suelo, al tiempo que los calificaban de “guerrilleros” y les anunciaban el inicio de una guerra. 

Los paramilitares golpearon salvajemente a varias personas dándoles puñaladas y patadas. Después de haberle dado la vuelta a la cancha, los paramilitares escogieron algunas personas y las obligaron a seguirlos hasta los camiones. Una de las personas escogidas, Pedro Julio Rondón, no quiso subirse al camión y por haber resistido, un miembro del grupo paramilitar lo degolló delante de todas las personas reunidas allí. 

Los testimonios le permitieron al Tribunal determinar el nombre y la identidad de las personas secuestradas en Barrancabermeja el 16 de mayo de 1998. El número exacto es desconocido, pero se admite que las personas secuestradas en la cancha y que no se han vuelto a ver desde entonces son: 

Orlando Martínez, José Octavio Osorio, Wilfredo Pérez Serna, José Milton Cañas, Diego Fernando Ochoa, María Alejandra Ochoa, Geovanny Herrera, Oswaldo Vázquez, Ender González, José Reinel Campos, Fernando Landines, Oscar Leonel Barrera, Luis Fernando Suarez, José Javier Jaramillo, Nayr Guzmán, Eliécer Javier Quintero, Robert Wells Gordillo, Diomido Hernández, Daniel Campos Pérez, Carlos Escobar, Wilson Pacheco y Gary de Jesús Pinedo. 

Sus nombres aún viven, sus rostros la expresión de una persecución sistemática a través del rostro encubierto del Estado por medio de las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar. 

Cerca de veinte minutos más tarde, los camiones se dirigieron nuevamente hacia el sur. Un joven, llamado Jaime Yesid Peña, quien se encontraba en frente de su casa, fue también secuestrado por los grupos paramilitares. 

Tiempo después, los camiones entraron al barrio 9 de abril. Ahí, los paramilitares entraron en un salón de billar, obligaron al dueño a ponerse de rodillas mientras el cañón de un fusil estaba en su boca. Después detuvieron a los tres clientes que se encontraban en el lugar y se los llevaron a la fuerza. Los tres clientes fueron identificados como Daniel Campos Pérez, Juan Carlos Rodríguez Y Luis Argüello Solano. 

Paseándose a pie por el barrio, los paramilitares se acercaron después a un grupo de personas que jugaban tejo y tomaban cerveza. Uno de ellos intentó huir y fue perseguido por un paramilitar que disparaba su fusil en dirección a la casa en donde el civil trató de refugiarse. Otro que intentó huir recibió una bala en la pierna, mientras que otro paramilitar lo acabó acribillándolo de cuatro balazos. Esta víctima fue identificada como Germán León Quintero. 

En el mismo sitio, tres personas fueron capturadas y llevadas en un camión. A Carlos Enrique Escobar Jiménez, su hermano Melquisedec Salamanca Quintero y Carlos Arturo Alaix Prada, no se les ha vuelto a ver desde entonces. 

Habiendo bloqueado la ruta principal, los paramilitares empezaron a disparar después hacia un pequeño bosque, en donde ciertas personas se habían escondido. 

Las fuerzas militares colombianas que se encontraban en el lugar, escogieron permanecer inmóviles y permitir que se perpetrara una masacre, sin intervenir. Las personas desaparecidas en ese momento fueron identificadas como Ricky Nelson García, Eliécer Javier Quintero Orozco, Luis Fernando Suarez, Wilson Pacheco y Gary Pinedo Rangel. 

Al día siguiente, a lo largo de la carretera que tomaron los paramilitares, fueron encontrados los cuerpos de algunas de las personas secuestradas, mientras que otro cuerpo fue encontrado cerca de la plaza La Esperanza: Jesús Argüello Solano, Diomidio Hernández Pérez, Eliécer Quintero Osorio, José Javier Jaramillo Díaz y Nayr Enrique Guzman. 

A pesar de que los periódicos informaron que las víctimas habían muerto por balas, ninguna autopsia fue efectuada por las autoridades del gobierno. En efecto, no se tomó ninguna fotografía, no se buscaron las balas y las autoridades tampoco reclamaron prueba balística alguna. 

Pasa cada año, entre el silencio, el olvido y la memoria que entre retazos pasa de calle en calle, donde los victimarios han pretendido imponer un modelo de sociedad. La justicia no ha esclarecido ni sancionado a quienes planificaron ni ordenaron este crimen, solamente ha individualizado unos cuantos autores materiales. 

En marzo de 2012 el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga condenó a 39 años y 11 meses de prisión a alias ‘Cuca’, por su participación en la masacre. De acuerdo con la investigación, fue el hombre que manejó el camión en el que fueron transportadas las víctimas desde Barrancabermeja hasta zona rural de Sabana de Torres. 

Otro, llamado el "Chino Niño’ confesó su participación en la masacre y se acogió a sentencia anticipada e incluso le entregó información a las autoridades para que en septiembre de 2007 encontrarán seis fosas en las que hallaron igual número de víctimas. 

Hoy tantos años después de la masacre, los otros 19 cuerpos no se han encontrado y para asegurar la impunidad, algunas de las fosas donde enterraron a las víctimas de la masacre fueron saqueadas con el fin de borrar toda evidencia. 

Después de 16 años, las palabras de la carta que los familiares de las víctimas, dirigieron al entonces Presidente Ernesto Samper Pizano para sensibilizarlo de la tragedia que padecieron”, resuenan como un grito que no logra desmoronar la sordera del poder. La máscara de la impunidad que se hace llamar justicia no ha tomado en cuenta la constancia que estas dignas familias dejaron en su escrito del 28 de mayo de 1998. El Estado no ha devuelto con vida a los desaparecidos, no ha sancionado penal y disciplinariamente a todos los responsables de las atrocidades a pesar de que en el escrito se resalta que “en el sector donde ocurrieron los hechos se encuentran acantonadas dos bases del Ejército Nacional”. 

Desde el 2002 todo el proceso de la conocida Masacre del 16 de mayo se encuentra en instancias internacionales, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez trasladó el proceso a la Corte Interamericana de DDHH de la OEA. 

Una vez más el único camino hacia la verdad y la justicia se buscan lejos de las instituciones colombianas que impunemente, en su interior, siguen manteniendo y protegiendo criminales de lesa humanidad. 

Actualización:

En el mes de Mayo de 2013 el Tribunal Administrativo de Santander ordenó al Ministerio de Defensa, que en un acto público el Ejército Nacional debería ofrecer disculpas su por omisión en la Masacre de Barrancabermeja ocurrida el 16 de Mayo de 1998. Esta decisión se dio por el proceso adelantado por el asesinato Jesús Daniel Gil, quien fue una de las víctimas de dicha masacre.

En Diciembre de 2013, la Fiscalía 34 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dictó medida de aseguramiento en contra del Coronel de la policía Joaquín Correa López comandante del Magdalena Medio, el capitán Mario Gusto Camacho Avellaneda comandante de la Ciudad de Barrancabermeja, Teniente Juan Carlos Celis Hernández, jefe de la CIJIN de Barrancabermeja, y a los miembros del ejército el Capitán Oswaldo Prada Escobar, del batallón B2, Antonio Enrique Daza Camargo, John Héctor Guzmán, por el delito de homicidio agravado y desaparición forzada.

Debido al total de los casos en esta masacre, no se ha podido concluir con la investigación, y después de 16 años siguen sin existir garantías necesarias para los testigos, muchos de ellos, en 1.999, han sido asesinados y los demás han sufrido fuertes amenazas, intimidaciones y señalamientos por parte de grupos paramilitares.

Aun después de estos fallos condenatorios y el acto de perdón ordenado por el Tribunal, las familias de los 25 desaparecidos y asesinados siguen sin saber en dónde están los restos de sus familiares, continúan esperando la entrega total de los cuerpos para darles una sepultura digna.

Familiares, vecinos y pobladores siguen a la espera de una justicia y reparación.

Víctimas de la Masacre de Barrancabermeja en la Memoria.Víctimas de la Masacre de Barrancabermeja  Sin Olvido

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