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Los asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, el desplazamiento se originaron como parte de una operación armada y planificada de narcotraficantes, militares del batallón Palacé de Buga y policías del F2.
Entre 1986 a 1994 se han registrado y denunciado 352 víctimas de asesinatos, desapariciones, y torturas en lo que se conoció como la “masacre de Trujillo”
El asesinato del padre Tiberio Fernández Mafla y la desaparición de las tres personas que lo acompañaban, Alba Isabel, Oscar y José Norbey fueron los crímenes que el 17 de abril de 1990, empezaron a develar un plan de exterminio de la población y de testigos para el control político del municipio y para apropiarse de tierras que hoy en día están ocupadas por la agroindustria de pino de la empresa Smurfit Kappa Cartón de Colombia.
Las actuaciones de tipo paramilitar se realizaron con dos claras motivaciones: las políticas y otras de control social. La primera contra organizaciones comunitarias y de base que exigían derechos y un cambio en las relaciones inequitativas y la segunda bajo la mal llamada “limpieza social” para el extermino de trabajadoras sexuales, consumidores de droga. Durante marzo y abril más de 53 víctimas han sido reconocidas.
El padre Tiberio denunció en el desierto los crímenes de la estructura narcoparaeconómica y política. Poco antes de que lo asesinaran, cerró un sermón con la expresión: “”Si para que en Trujillo amanezca y florezca la paz que tanto estamos necesitando, gustosamente la derramaré’. Cuando terminó la misa, un parroquiano conversó con él y le dijo: ‘Padre ¡váyase! Váyase que usted vale más vivo que muerto’. Y el le dijo: ‘No mijo, no los voy a abandonar en este momento’”.
Después de 25 años de tanta comisión de crímenes de lesa humanidad, la máquina de la impunidad ha trascendido de las instancias judiciales, a las sociales, el silenciamiento, el terror ha ocultado los beneficiarios de tantos crímenes, el paramilitarismo hoy persiste, continúa asesinando, desapareciendo, sin que nadie pueda algo denunciar. Además, del control social paramilitar en las áreas rurales la empresa Smurfit – Colombia ha ido ocupando predios para la industria forestal pinera, poco a poco, los campesinos se quedan sin tierra. La petición de perdón del Presidente Samper, pronunciadas en el 1995, son inconsistentes con la impunidad y la continuidad del paramilitarismo como estrategia de sectores del Estado.
Sobre el jefe paramilitar que lideró parte de las operaciones como Henry Loaiza, alias “El Alacrán”, en septiembre de 2011 se profirió resolución de acusación en su contra, sobre 46 víctimas y se precluyó la investigación sobre otras 42 víctimas. Laoiza en diciembre de 2011 se declaró inocente de todos los crímenes que se le imputan, afirmando ser perseguido político por existir una confabulación entre las organizaciones que representan las víctimas de la masacre y la fiscalía. En este momento la investigación se encuentra estancada por conflicto de competencias entre las fiscalías de la llamada investigación por ley 975 o mal llamada de “justicia y paz” y la justicia ordinaria en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.
Sobre otro de los imputados, Diego Montoya, alias “Don Diego”, aún no ha habido cierre de la investigación, sólo se ha hecho una indagatoria parcial donde este no aceptó los cargos, hoy se encuentra extraditado en los Estados Unidos por los delitos de tráfico de drogas sin que se posibilite el acceso de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación en la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Como es costumbre, con honrosas excepciones, los militares, los altos mando nunca fueron investigados, como si fuera posible tal cantidad de crímenes, como si ellos no hubieran conocido nada. Solamente el Mayor Urueña tuvó una condena de 44 años en primera instancia, que fue apelada por la defensa, y en segunta instancia el Tribunal lo absolvió de su responsabilidad. Así de vergonzosa es la actuación judicial.
Después de 20 años la única esperanza de justicia es el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que en sentencia de revisión del 22 de septiembre de 2010, decidió revisar los fallos del 91 por medio de las cuales se absolvió de responsabilidad a Henry Loaiza, alias ‘El Alacrán’, Diego Montoya, alias ‘Don Diego’, el mayor del Ejército (r) Alirio Ureña y a Diego Rodríguez.
Después de 25 años, los familiares de las víctimas continúan exigiendo justicia, en la memoria que se expresa en un Parque Monumento, en las canciones, en los rituales que casi silenciosa, por no decir, clandestinamente, logran sostener para señalar que solo será posible un Trujillo distinto, cuando exista esclarecimiento judicial y las víctimas dignificadas. Este caso continúa su trámite en la Comisión Interamericana en medio de una solución amistosa parcial que no ha logrado posibilitar por la ausencia de una decisión política eficaz que el paramilitarismo cese en su actuación y que los beneficiarios políticos y económicos no continúen usufructuando el poder basados en el terror, en la sangre, en la impunidad.
MEMORIA Y JUSTICIA
Sin Olvido – Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
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